¿CONTROL SOCIAL O REGULACIÓN DISIMULADA? LECCIONES DEL TRÓPICO DE COCHABAMBA (BOLIVIA) PARA COLOMBIA

Según el último informe de drogas de Oficina de las Naciones Unidas para el Droga y el Delito (UNODC), se estima que 20 millones de personas son consumidoras de cocaína en el mundo, un derivado ilegal de la hoja de coca que se cultiva en Colombia, Perú y Bolivia. A lo largo de las últimas tres décadas, los porcentajes de hectáreas cultivadas de coca (principalmente para cocaína) que aporta cada país a la producción total de la región han cambiado (ver grafica 1). Sin embargo, la suma de las hectáreas cultivadas se ha mantenido entre las 120.000 y 246.000 hectáreas para satisfacer una demanda global constante. La guerra contra las drogas no ha logrado disminuir a cero ni la producción ni el consumo.
Según UNODC (2004), y de acuerdo con las estimaciones de Estados Unidos, en la década de los noventa la región del Trópico de Cochabamba fue el centro del cultivo de coca en Bolivia. La producción estaba fuera de control y los esfuerzos de erradicación mantenían a la población en constante tensión y conflicto con la Fuerza Pública. Garrote con la erradicación forzada y zanahoria a través de proyectos de desarrollo alternativo, fueron las estrategias de la política de drogas boliviana, así como en los demás países de la región (Unlu, 2012).  A partir de 1999, según UNDOC (2004), los niveles de coca del Trópico cayeron por detrás de los de Yungas de La Paz por la erradicación y los programas de desarrollo alternativo.
Sin embargo, en el 2004 en la región del Trópico, de donde es oriundo el expresidente Evo Morales, se hizo el Acuerdo Cato y se dio inicio al control social de la hoja de coca (Farthing y Ledebur, 2015). En este acuerdo se autorizó a cocaleros miembros de sindicatos (organizaciones de base agrícolas) catos o parcelas legales de 1.600 mts2 a cada uno para cultivar coca para el consumo local. En el 2006, el gobierno de Evo, después de un estudio de demanda, amplió el techo de producción de coca de la región del Trópico de Cochabamba de 3.200 a 7.000, lo que equivale al 35% de la producción total hoy permitida de Bolivia. Con esta ampliación de la superficie cultivada legal en el Trópico, se otorgaron licencias a quienes no pudieron registrarse cuando se hizo el Acuerdo Cato en el 2004 y a otras personas que producían coca.
El control social se entiende como un sistema de regulación con carácter participativo con al menos cuatro componentes de monitoreo comunitario y estatal: los tres primeros sobre el cultivo y un último componente sobre el transporte y comercialización. El primer componente de supervisión está a cargo de los vecinos que hacen parte de una misma comunidad o sindicato y del monitoreo a nivel sindical:  inspecciones regulares a los cultivos que el mismo sindicato organiza en conjunto.  En un segundo componente de control se encuentra Unidad de Desarrollo Económico Social del Trópico de Cochabamba (UDESTRO), institución estatal encargada de la supervisión de la coca y la medición sistemática del terreno cada dos años. En caso de que el control sindical y de UDESTRO no resulte efectivo, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), tercer componente, entra al terreno a hacer las correspondientes erradicaciones de manera concertada y anunciada. El cuarto componente de supervisión está a cargo de Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (DIGCOIN), entidad encargada de vigilar el transporte y comercialización de la coca en el Trópico de Cochabamba, mediante puestos de control y certificaciones de la venta de la coca en los mercados legales (principalmente en el municipio de Sacaba).
Los productores están carnetizados y con registros biométricos, sus cultivos georreferenciados, sus tierras tituladas y deben cumplir unos trámites ante la organización y el gobierno para poder vender la coca en los puntos de venta autorizados. Las sanciones que imparten los sindicatos, a quienes exceden los límites permitidos de las plantaciones de coca o a quienes incumplen con los trámites, no necesariamente son las mismas en todos los sindicatos (Pearson, 2016a). Varían entre multas o erradicación total o parcial del cato. Esto dependerá de la negociación entre los dirigentes del control social de los sindicatos y las autoridades de centrales y federaciones, quienes agrupan a los sindicatos.
A Lin Ostrom le hubiera encantado este sistema anidado de diferentes instituciones apuntándole al mismo objetivo: controlar la producción y el mercado de la coca con sanciones graduales. Se trata de acción colectiva en vivo y en directo. Ahora, claramente, el sistema no es perfecto y hay muchos problemas: muchos cocaleros se quedaron sin legalizar su cato y no es claro qué va a pasar con la nueva generación de cocaleros pues los catos no son heredables;  los cultivos se expanden donde no hay control social como en los parques nacionales (Salazar, 2018); se usan fertilizantes y pesticidas masivamente para el cultivo (Pearson, 2016b);  y hay desviaciones importantes de la hoja de coca para el narcotráfico (Grisaffi, 2019): la diferencia entre lo permitido y lo cultivado es clara incluso en los datos agregados (ver grafica 2 y 3).
De hecho, hay quienes dicen que esto es una regulación disimulada, lo cual no parece mala idea pues el sistema ha tenido ventajas evidentes: i. reducción de la violencia estatal y las violaciones de los derechos humanos, asunto que no es menor para una población que fue estigmatizada y violentada por décadas (Farthing y Kohl, 2012); ii. Un control de la oferta moderado pues si se compara con Colombia, los cultivos se han mantenido más o menos estables (el aumento reciente en la región lo atribuyen a la pandemia por falta de erradicación y control de las autoridades locales y estatales); iii. Aumento y estabilización de los precios de la coca, que varían según calidad de la hoja (Farthing y Ledebur, 2015). Cuando hay sobreoferta, baja el precio y entonces se aprieta el control social. Actualmente no hay mucha diferencia entre lo que paga el mercado legal y el mercado ilegal. La ventaja del ilegal es que se lo compran en la puerta de la finca (chaco) de contado, y se ahorran los costos de transporte.
El sistema del control social y los encargados del monitoreo no se meten con quienes cultivan por fuera del sistema, pero aun así el control de los cultivos, y en general el control territorial lo tienen los sindicatos, no los narcos. Por lo tanto, hay menos violencia que en las regiones cocaleras colombianas. De acuerdo con Grisaffi (2021), el tráfico de cocaína en el Chapare no presenta los niveles de violencia que en otros países como Colombia puesto que este comercio forma parte de un “orden moral local” que prioriza el parentesco, las relaciones recíprocas y el bienestar de la comunidad.
Un sistema como este no puede ser trasladado tal cual al caso colombiano pues a nivel nacional no hay consumo generalizado de la hoja de coca como en Bolivia, donde estiman que se consumen 20.960 toneladas anuales para pijchar (masticar la hoja de coca) o para infusiones. Ese mercado, más allá de comunidades indígenas y ciertos círculos sociales en Colombia, aún está por crearse. En Bolivia, incluso, está por crearse el mercado de otros productos industrializados que se podrían hacer con la hoja de coca. Los intentos de industrialización pasada para producir pasta dental, licor, harina, entre otros productos sin una demanda creada, han fracaso en el pasado.
Sin embargo, el caso del control social, aunque es solo la tercera parte de la producción boliviana, es sin duda relevante para los esfuerzos regionales y, en particular, para el caso colombiano si estamos hablando de reformar la política de drogas. Este caso abre los ojos para plantear sistemas de control y vigilancia con participación comunitaria, étnica y campesina, incluso, para el mercado legal del cannabis que hoy se discute en Colombia. Pero este caso también resulta relevante para el mercado de la coca para fines ilícitos si queremos evitar la mayor expansión de los cultivos, por ejemplo, a zonas estratégicas en términos ambientales como ocurre actualmente.
Las organizaciones étnicas y campesinas en Colombia tienen el capital social necesario y la experiencia en ejercicios similares de monitoreo social (ver 1 y 2) para organizarse y participar, por ejemplo, de un eventual licenciamiento para regular las parcelas productoras de cannabis para uso recreativo – tema que ya se está hablando en el Congreso Colombiano con el Proyecto de Ley 108/22 del senador Gustavo Bolívar. Sin la participación comunitaria, la amenaza del mercado ilegal siempre será mayor. Asimismo, y para el caso de la coca, unos acuerdos sociales de contención como condición para entrar a nuevos programas de transformación territorial pueden ser evaluados en lugar de condicionarlos a erradicación total de los cultivos. Ambos sistemas serían un buen ejercicio para un eventual mercado regulado de la coca para cocaína, una conversación para la cual US parece no estar listo todavía, pero toca ir pensando y diseñando.
El sistema de control social requiere organizaciones de base que lideren y promuevan mecanismos comunitarios del manejo del cultivo de coca y cannabis. Para esto, el Estado debe dar garantías para que las organizaciones étnicas y campesinas tengan incidencia sobre la formulación de las políticas asociadas a la regulación de estos cultivos. Más allá del tema de control, en Bolivia como en Colombia, el cultivo de coca y cannabis son asuntos del sector agrícola. Por lo tanto, se debe consolidar una institucionalidad dedicada al tema de coca y el cannabis en el Estado. Por ejemplo, en Colombia una dirección de capacidades productivas y generación de ingresos en zonas productoras de coca, cannabis y amapola, en el Viceministerio de Desarrollo rural, es necesaria.  Se deben generar mecanismos para garantizar la efectividad y permanencia de estas instituciones y debe haber inversión estatal y un fortalecimiento de todos los eslabones de la cadena de producción de la hoja de coca y del cannabis para su industrialización y para la generación de un mercado doméstico de usos alternativos.
La nueva política de drogas necesita un poco más de creatividad para que realmente implique un cambio. Es necesario replantear la relación con el Estado, asumir el control del territorio, fortalecer y apoyar las organizaciones comunitarias para regular estos mercados hoy ilícitos. El cannabis es un primer paso y la coca debe seguirle, pero si no se hace con participación comunitaria, no resolveremos los problemas de violencia en los territorios que hoy cultivan plantas en Colombia declaradas ilícitas. Foro Económico de Latam (https://bit.ly/3DAz1nJ)
 
 
 
 
 
DANIEL JIMÉNEZ, EXPERTO EN LITIO: «CHILE PERDIÓ LA OPORTUNIDAD DE ESTE BOOM»
 
Ante la idea de crear un “cartel del litio” que estudian las cancillerías de Chile, Argentina y Bolivia, explica el especialista: “Es una práctica anticuada que no ha funcionado bien en ninguna parte”.
 
El Líbero de Chile (https://bit.ly/3fftXNk)
 
Polémica generó en Chile cuando -de acuerdo a lo expresado por el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales José Miguel Ahumada-, se conoció la idea de crear una suerte de «cartel del litio» entre Chile, Argentina y Bolivia, con el objetivo de fijar un precio de venta para el mineral.
Este es un proyecto que estaría dando vueltas desde Argentina, por lo que ya hay quienes han alertado sobre los riesgos que generaría una estrategia de este tipo.
Además, esta semana el Gobierno acogió a trámite una solicitud de Codelco, que podría convertirse en la única firma para explotar litio en el salar de Maricunga.
En un nuevo Especial Mirada Líbero el socio de iLiMarkets -consultora en el mundo del litio-, director de Galan Lithium -compañía australiana con un proyecto de Litio en Argentina-, exvicepresidente comercial de SQM, y consultor en litio de empresas nacionales y extranjeras Daniel Jiménez, conversó sobre las implicancias de estas ideas.
«Es una práctica anticuada que no ha funcionado bien en ninguna parte»
«Tomando la arista de un cartel con el objetivo de fijar o mantener precios altos, más allá de que es una práctica anticuada y que no ha funcionado bien en ninguna parte, hay que considerar que Chile hoy produce el 30% del litio que se extrae en el mundo, pero dadas las proyecciones que hay en 2030 el país va a hacer un 13%», explica el exvicepresidente comercial de SQM.
«Argentina hoy es un 5%, Bolivia es cero. Entonces estamos hablando de actores vecinos que hoy son chicos. Hacia 2030 Bolivia probablemente va a seguir siendo chico y Argentina va a crecer mucho, probablemente del tamaño de Chile en términos de producción. Pero este cartel, en el mejor de los casos, podría representar un 25% o 30% de la oferta mundial«, sostiene.
Agrega que «hay actores que son muy grandes. Australia hoy es y va a seguir siendo el mayor productor en el mundo La capacidad de poder influir en los precios de forma determinante con un cartel es baja. Por otro lado, en esta asociación de países, el know how productivo está en Chile, entonces no veo un gran beneficio de una asociación, para Chile no va a haber mucho aprendizaje«.
«Chile y Bolivia son los únicos que tienen alguna restricción con respecto al litio»
Daniel Jiménez dice, además que «el litio es un producto abundante en el mundo, no nos engañemos. Efectivamente el Salar de Atacama, así como Greenbushes en Australia, son dos recursos extraordinarios, con otro nivel de costos de producción respecto a otros recursos promedio en el mundo, pero tienen una capacidad limitada de producción. A los precios actuales, cualquier recurso de litio, por malo que sea, es un buen proyecto. Entonces la oferta va a venir».
El experto explica el hecho de que en el país el litio sea declarado de interés nacional y no concesible. «Este es un tema que viene de la Guerra Fría (…). Hoy, de los países relevantes con producción de litio en el mundo, Chile y Bolivia son los únicos que tienen alguna restricción con respecto al litio».
Desde el punto de vista económico, agrega: «Las cuentas alegres que se sacan hoy hay que sacarlas bien. En términos de ventas de ingresos de litio, asumiendo ciertos precios razonables, va a ser 10 veces mayor la venta de cobre en Chile en 2030 que de litio, de eso estamos hablando. Es una industria pequeña y que va a tener un ciclo de vida. Las tecnologías no tienen vida de más de 20 años y el litio ya tiene más de 20 años, y se está trabajando en sustitutos».
Y profundiza: «Viene el reciclaje y todo el litio que estamos extrayendo hoy se va a reciclar, va a ser muy fácil la recolección. No tenemos un recurso que se consuma como el petróleo, es un recurso que, una vez extraído, va a tener varias vidas. El litio nunca debió haber sido considerado estratégico en Chile».
«En Chile no ha habido ningún incentivo para la exploración de litio»
Con respecto a Codelco, que podría convertirse en la única firma para explotar litio en el salar de Maricunga, el experto afirma que «es, aparte del Salar de Atacama, la única empresa que tiene un CEOL, un permiso de contrato especial de operación de litio en Chile, lo que significa que puede explorar y explotar. Y ese es el gran problema que tiene Chile. No ha habido ningún incentivo para la exploración de litio, porque si descubres litio, este no pertenece al dueño de la concesión minera, y tienes que tratar de conseguir un CEOL».
Distinto es el caso del país trasandino: «En Argentina hoy hay 30 proyectos de litio, y va producir más litio que Chile en siete años más, porque este ha sido considerado un mineral más, por lo que hay incentivos de exploración, inversión y empresas dispuestas a tomar mucho riesgo… en Chile eso no existe», apunta Jiménez.
«Hay un componente ideológico importante en esta decisión»
El consultor en litio añada: «Codelco es una empresa enorme, pero con un perfil de riesgo muy distinto al que tiene una júnior, que está dispuesta a perder todo e invertir 10 millones de dólares… En las grandes empresas, las velocidades, el desarrollo es mucho más lento».
«Hay un componente ideológico importante en esta decisión. Miraría lo que está pasando en el mundo, con Australia, que se convirtió en el mayor productor de litio, nos pasó por encima, nos pisoteó, simplemente porque dejó que se desarrollara esa industria», enfatiza.
Así, sostiene: «Chile perdió la oportunidad de este boom, porque aunque hoy se hicieran todas las cosas perfectas, un proyecto de litio demora entre ocho y diez años en estar en producción».
«Chile tiene que liberar el litio, la política no puede seguir obsesionada con que es estratégico, porque no lo es. Y aunque lo fuera, lo tenemos enterrado y no le podemos sacar valor», afirma.
«Lo que sí debiese hacer el país -plantea- es facilitar la electromovilidad y el almacenamiento estacionario de energía con baterías. Existen estas ganas de hacer baterías, pero no vas a producir baterías en Chile para satisfacer la demanda en Europa o Estados Unidos, porque tienes que traer el 90% de las materias primas en Asia».
Una Empresa Nacional del Litio con «objetivos claros»
Sobre la idea del Gobierno de crear una Empresa Nacional del Litio, señala: «Cualquier objetivo que tenga que ver con desarrollo de ciencia y ciencia aplicada va a ser de valor, ya sea en las tecnologías de extracción de litio, refinación y aguas abajo también, ahí veo la posibilidad de que el Estado aporte».
Pero precisa: «El Estado, en ninguna parte del mundo, ha sido muy eficiente en la producción de bienes, y la idea de una Empresa Nacional del Litio, que no está muy definida, debe tener ciertos objetivos claros, y no ir por el lado de ser un productor de litio».
 
 
 
 
 
LA CARRERA POR EL LITIO EN AMÉRICA LATINA ENFRENTA UN CAMINO EMPINADO
 
Chile, Argentina y Bolivia poseen casi el 60% de la reserva mundial; aunque atraen interesados en extraer el recurso, el impacto social y ambiental que provoca su explotación genera resistencias
 
El País de Uruguay (https://bit.ly/3DbEdhs)
 
El inmenso rompecabezas de piscinas turquesa contrasta con un desierto de sal que parece infinito, paisaje recurrente en los confines de Chile, Argentina y Bolivia, donde el «triángulo del litio» aglutina esperanzas, miedo y desilusión.
Esa árida triple frontera de Sudamérica atesora en depósitos subterráneos de salmuera el 56% de los recursos mundiales identificados del codiciado metal que da vida a celulares, computadoras y automóviles.
El llamado «oro blanco» ha visto su precio dispararse desde US$ 5.700 la tonelada en noviembre de 2020 a US$ 60.500 en septiembre gracias al boom de los autos eléctricos, cuando el mundo busca alejarse de los combustibles fósiles.
Pero el lado oscuro del litio es que cada planta consume millones de litros de agua por día y las comunidades agrícolas de este rincón de Sudamérica, azotado por la sequía, temen por su medio de vida.
La ruta del litio empieza en el norte de Chile. Del salar de Atacama, salió el 26% de la producción mundial en 2021, según el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS).
La cifra fue solo superada por Australia, con el 55%, pero extraído de rocas.
En Atacama, los camiones zigzaguean entre albercas donde la salmuera, una mezcla de agua y sales, se evapora lentamente antes de ser llevada a una planta química para separar el litio del líquido.
«Es, por lejos, el mejor salar del mundo», asegura Juan Carlos Guajardo, director de la consultora Plusmining.
En Chile se extrae litio desde 1984, y lo hace más rápido que sus vecinos porque la escasa lluvia y una radiación solar extrema aceleran la evaporación.
Pero sus leyes dificultan otorgar concesiones de explotación desde que la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) declaró al litio de «interés nuclear» por su uso en la fabricación de bombas de hidrógeno.
Los derechos están en manos de la estadounidense Albemarle y la chilena SQM, que pagan regalías de hasta el 40% de las ventas, además de cifras millonarias a comunidades aledañas.
Solo en el primer semestre del año, la recaudación fiscal por el litio llegó a superar la del cobre, conocido popularmente como el «sueldo de Chile».
Ante semejante auge, el presidente Gabriel Boric prometió crear una empresa nacional de litio, pero sin excluir la participación privada.
Más allá de los acuerdos alcanzados con los pueblos de la región de Atacama, algunos siguen viendo el litio como amenaza.
Este año, un estudio en la revista Proceedings of the Royal Society B asoció la minería de litio a una caída del número de flamencos en Atacama.
En 2013, una inspección a SQM constató la muerte de un tercio de los algarrobos del predio. La causa probable, según un estudio posterior, fue la falta de agua.
La empresa informó haber usado cerca de 400.000 litros por hora este año.
«Queremos saber, a ciencia cierta, cuál ha sido el real impacto de la extracción de agua de las napas», reclama Claudia Pérez, residente del valle del río San Pedro y trabajadora de un programa estatal de apoyo a comunidades indígenas.
No está contra del litio, pero exige «minimizar el impacto negativo a la gente».
Del otro lado de la puna andina, la ruta serpentea entre Olaroz, Cauchari y otros salares de las provincias argentinas de Jujuy, Salta y Catamarca, que albergan el segundo mayor depósito de litio del mundo.
Con pocas restricciones para su explotación y regalías de solo 3%, Argentina figura como cuarto productor mundial con dos minas: la estadounidense Livent tiene una desde los 90 y la otra, más reciente, es de Allkem Limited, una sociedad de Australia, Japón y una empresa pública argentina. Entre ambas producen y exportan unas 40.000 toneladas anuales.
Unos 20 proyectos de firmas estadounidenses, chinas, francesas, surcoreanas y locales hacen que Argentina, en medio de una grave crisis económica, proyecte extraer más litio que Chile antes de 2030.
Según Roberto Salvarezza, presidente de las estatales YPF-Litio e YPF-Tec, la producción se quintuplicaría hasta las 200.000 toneladas hacia 2025.
«YPF ha mirado el litio como una oportunidad semejante a Vaca Muerta», sostuvo Salvarezza. «Tenemos recursos muy importantes, 40% del triángulo del litio», que Argentina conforma junto a Bolivia y Chile. «Nuestro litio es competitivo, porque tenemos altas tasas de evaporación y poseemos también bajos niveles de contaminantes», resaltó el directivo.
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, incluso invitó en abril vía Twitter al líder del gigante de la electromovilidad Tesla, Elon Musk, a invertir en la provincia cuando este se quejó del alto precio del litio.
Pero en Salinas Grandes, desierto entre Salta y Jujuy, los visitantes se topan con un cartel que dice: «No al litio, sí al agua y a la vida». En 2019, sus pobladores expulsaron a dos mineras que pretendían instalarse allí.
«No es, como dicen, que ellos van a salvar al planeta... Nosotros tenemos que dar la vida para salvar al planeta», sentencia Verónica Chávez, presidenta de la comunidad indígena kolla Santuario de Tres Pozos, junto a Salinas Grandes.
Hotel Lithium
Unos 300 kilómetros al norte de Jujuy, el salar de Uyuni, en Bolivia, guarda más litio que ningún otro: un cuarto de los recursos identificados en la Tierra, según USGS.
Está en Potosí, región rica en plata y estaño que movió por siglos la economía del imperio español. Pero hoy, más de la mitad de los potosinos son pobres.
Al inicio de su mandato, el expresidente Evo Morales (2006-2019) nacionalizó los hidrocarburos y otros recursos, entre ellos el litio.
«Bolivia va a poner el precio para todo el mundo», llegó a decir Morales, quien llamó al resto de la región a seguir su ejemplo y el de México, donde el litio se nacionalizó en abril.
Sus palabras trajeron esperanza a Río Grande, un pequeño poblado cercano a la planta de la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).
Lleno de optimismo, Donny Alí construyó allí su Hotel Lithium. Pero la prosperidad no llega y Bolivia aún no produce el metal a escala industrial.
«Nuestras comunidades están olvidadas. Esperábamos un gran desarrollo tecnológico industrial y, sobre todo, mejores condiciones de vida. Eso no ha llegado», lamenta Alí.
Tras años de estancamiento, el gobierno se ha abierto a la participación privada, pero no se sabe cómo se implementará porque la ley la prohíbe.
«Hay quienes opinan que Bolivia ‘va a perder el tren’ del litio. Yo pienso que eso no va a suceder», afirma Juan Carlos Zuleta, economista especializado en litio que dirigió YLB brevemente en 2020.
La pregunta, en cambio, es «si esa extracción de litio va a beneficiar a los bolivianos».
Mientras tanto, el hotel Lithium sigue vacío y las comunidades de los salares, en pie de guerra por el agua.
Ser «la próxima China»
El año pasado, un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, atribuyó a «climas de inversión desfavorables y condiciones geográficas más desafiantes» el rezago de Argentina y Bolivia frente a Chile en aprovechar sus vastos recursos de litio.
Pese a las diferencias, los tres países tienen como objetivo ir más allá y empezar a fabricar baterías.
Argentina está más cerca, con una fábrica estatal piloto que prevé comenzar a operar en diciembre.
«La batería es el componente más caro de un coche. Si Argentina empieza a ver la batería como un elemento importante, es probable que en el momento de conversión del coche del coche eléctrico pueda ser un proveedor de parte de la cadena de valor de esa industria automotriz», dijo Salvarezza.
Para Zuleta, «en Sudamérica están todas las materias primas necesarias para producir baterías y vehículos eléctricos». El experto agregó que eso «significaría una posibilidad concreta de convertir a Sudamérica en la próxima China».
 
 
 
 
 
EXTRACTIVISMO: ARGENTINA, BOLIVIA Y CHILE PLANEAN POLÍTICAS COMUNES PARA FIJAR PRECIO DEL LITIO
 
Se señaló que el litio ha alcanzado un valor récord, prácticamente en 70,000 dólares la tonelada, un precio considerado “altísimo”
 
El Ciudadano de Chile (https://bit.ly/3zmt1NK)
 
La Agencia China Xinhua, destacó que Argentina, Bolivia y Chile estudian la posibilidad de avanzar en políticas comunes que permitan fijar el precio del litio con impacto a nivel mundial, en base a reciente reportaje de la agencia estatal de noticias de Argentina, Télam.
Fuentes oficiales citadas por ese medio noticioso dijeron que hay una necesidad de los tres países, que conforman el denominado “Triángulo del Litio”, de avanzar en “la fijación de precios y en las buenas prácticas de la producción internacional que contribuyan a impulsar el entramado productivo”.
Télam dijo que la conformación de una especie de “OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) del litio está en conversaciones avanzadas y será analizada en un aparte entre los cancilleres y vicecancilleres” de los países mencionados que visitan Argentina al 39 Período de Sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que se desarrolla en Buenos Aires del 24 al 26 de octubre.
Expertos y funcionarios consultados por Xinhua dijeron que Argentina está trabajando a nivel oficial, con la participación de al menos dos ministerios, para avanzar con Bolivia y Chile en una estructuración y en coincidencias regionales similares a una OPEP del litio.
La OPEP es la alianza de países petroleros que fija niveles de producción para incidir en los precios del barril de crudo, y serviría como modelo para un mecanismo similar entre Argentina, Bolivia y Chile, en el caso del litio.
Las fuentes al tanto de las negociaciones remarcaron ante esta agencia que el litio ha alcanzado un valor récord, prácticamente en 70.000 dólares la tonelada, un precio considerado “altísimo”.
El incremento de la producción, dijeron las fuentes, va a llevar a un amesetamiento o a una caída del precio, pero estimaron que igualmente continuará “en precios altos, más altos de los 6.000 o 7.000 dólares por tonelada de hace algunos años”.
Se ha estimado que la producción de litio podría aumentar 500% hacia el 2050. El 11 de mayo del 2020, un informe del Banco Mundial, señaló que la producción de minerales, como el grafito, el litio y el cobalto, podría “experimentar un aumento de casi un 500 % de aquí a 2050, para satisfacer la creciente demanda de tecnologías de energía limpia”, indicaba el informe.
Chile es el segundo mayor productor de litio a nivel mundial en 2020, alcanzó 124.600t —el 26,5% del total mundial— y se ubicó después de Australia (48,8%) y antes de China (17,1%), según los últimos datos del servicio geológico Sernageomin.
El extractivismo es definido como la explotación de grandes volúmenes de recursos naturales, que se exportan como commodities y generan economías de enclave (localizadas, como pozos petroleros o minas, o espacialmente extendidas, como el monocultivo de soja, palma, forestales o salmones).
 
 
 
 
 
Resistencia de las provincias litíferas a que Nación negocie sus recursos
 
UNA "OPEP" PARA EL LITIO: CANCILLERÍA NEGÓ NEGÓ LA EXISTENCIA DEL PROYECTO
 
“Cualquier medida o esquema que se quiera diseñar en relación al litio tiene que tener como principales actores a las provincias”, dijo la secretaria de Minería de Nación.
 
Página 12 de Argentina (https://bit.ly/3f9TlUJ)
 
La Cancillería negó que existiesen negociaciones con Chile y Bolivia para la creación de una Organización de Países Exportadores de Litio (OPEL). La consulta a Cancillería se hizo desde la Mesa del Litio que conforman las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy.
El rumor de que la Nación quisiera armar para la comercialización del litio el mismo modelo de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), trajo el inmediato repudio de los gobernadores Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Gerardo Morales, que ven la medida como una injerencia sobre los recursos que por Constitución les pertenece a las provincias. Pero también temen que una OPEL desanime la lluvia de inversiones extranjeras que Catamarca, Salta y Jujuy están recibiendo a partir de la fiebre del “oro blanco”.
La catamarqueña Fernanda Ávila, secretaria de Minería de Nación, dijo a Catamarca/12 que “Cualquier medida o esquema que se quiera diseñar en relación al litio y la gestión del litio tiene que tener como principales actores a las provincias”. En este sentido señaló: “La plataforma para discutir estas medidas y las políticas públicas alrededor del litio ya está diseñada y es la Mesa del Litio”.
La mira está puesta en que el Estado pueda garantizar precios justos sin que se incurra en una transferencia de riquezas de los países productores a las empresas trasnacionales. El caso reciente de las subfacturaciones a la casa matriz en Estados Unidos de la minera Livent, radicada desde hace 25 años en Catamarca, despertó las alarmas y motivó que la AFIP interviniera y fijara este año un precio testigo para el kg de litio.
En este sentido, desde la Mesa del Litio afirmaron que se está comenzando una cooperación internacional para abordar la regulación y comercialización, “pero con las provincias y AFIP en la mesa”, afirmaron.
Una OPEP para el Litio
El año pasado también las provincias repudiaron proyectos presentados en el Congreso de la Nación para la declaración del litio como recurso estratégico nacional. La importancia de este mineral en el cambio del paradigma energético mundial está obligando al Estado a discutir las falencias en la gestión y distribución de la actividad minera, así como la necesidad de salir de una producción primaria para crear cadena de valores como la producción de baterías y autos eléctricos.
En este contexto YPF entró como actor en el mercado litífero en agosto de este año. La empresa de bandera firmó un convenio con CAMYEN (Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado) para el desarrollo de un proyecto exploratorio en una superficie de 20 mil hectáreas ubicadas en Fiambalá.
YPF invertirá en litio en Catamarca
Las aguas por ahora están divididas, entre quienes piensan que una OPEL garantizará una posición fuerte de los países productores ante los grandes capitales mineros, y aquellos que defienden los recursos como dominio de las provincias y que ven en el litio una oportunidad para un crecimiento económico siempre postergado de la región del Noroeste.
 
 
 
 
 
MAYOR REGIÓN DE BOLIVIA, EN PARO Y CERCADA, SIENTE LA ESCASEZ DE COMBUSTIBLES
 
Swissinfo de Suiza (https://bit.ly/3SINdk2)
 
El departamento de Santa Cruz, motor económico de Bolivia, cumple este jueves la sexta jornada de paro por el censo 2023, que impulsan sectores cívicos, en medio de la escasez de combustible y la toma de una planta de la red de gas domiciliario por parte de sectores afines al oficialismo.
En la mañana de este jueves un grupo que se identificó como perteneciente a las "juntas vecinales", contrarias al paro cívico, se apostó fuera de la estación de red de gas domiciliario para evitar el ingreso de personal.
El conflicto en Santa Cruz tiene, por un lado, a los sectores cívicos que impulsan el paro indefinido para que el censo se realice el próximo año y, por otro, a los grupos afines al Gobierno que aplican un "cerco" para que se levante la medida de presión.
Milton Soliz, dirigente de las juntas vecinales, dijo a EFE que los líderes cívicos de Santa Cruz "están quitando el derecho a seguir trabajando" con el paro, pero que en contradicción muchas de las empresas que pertenecen a los miembros de esas instituciones "siguen trabajando".
"Si queremos parar, paremos todos", añadió.
La red de gas domiciliario alimenta a un 70 % de la ciudad de Santa Cruz, incluido el sector industrial que opera en los márgenes de esa urbe con la cría de aves, la producción de oleaginosas, bebidas, inclusive de medicamentos.
Esta medida se suma al bloqueo que las organizaciones afines al Gobierno han instalado en la principal refinería de la región y que ha causado el desabastecimiento de gasolina y diésel, por lo que varias estaciones de combustible han cerrado.
Esta jornada, en la que los cívicos permitieron que por unas horas la población fuera a los mercados a abastecerse, se registraron filas extensas en los pocos surtidores de combustible que operaron.
Por medio del "cerco" a Santa Cruz se han bloqueado también cuatro carreteras que comunican a esta urbe con el resto del país, además, de la obstaculización al ingreso del vertedero de basura.
El Gobierno "nuevamente nos ha atacado, ha cercado nuestra ciudad y ha prohibido las exportaciones", manifestó en un video el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo.
Pese a esto, Calvo expresó que después de seis días de paro la población mantiene un ánimo "inquebrantable".
Por su parte, la Defensoría del Pueblo alertó que el llamado "cerco" y el paro "vulneran los derechos humanos" e instó a las partes en conflicto a "encontrar caminos para un diálogo".
Para este viernes el Ejecutivo nacional convocó a un "encuentro plurinacional" para tratar con gobernadores y alcaldes los conflictos relacionados con el censo.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la mayor patronal del país, urgió este jueves a retomar el diálogo ante la "escalada de violencia y el descontrol" por "decisiones políticas" que se están tomando dentro del conflicto por el censo de población y vivienda.
La patronal boliviana expresó en un comunicado su posición "ante la escalada de violencia y descontrol generados nuevamente por decisiones políticas que están conduciendo peligrosamente a un escenario de confrontación entre bolivianos y a una vulneración generalizada de los derechos y garantías constitucionales".
Frente a esto, consideraron necesario "de manera urgente retornar a la senda de la prudencia, sensatez y diálogo".
Santa Cruz encabeza la protesta por el censo para que los resultados de la encuesta se apliquen en 2025, año en el que están programas las elecciones presidenciales.
De la realización del censo depende una nueva distribución de recursos para las regiones y la asignación nuevas cuotas de representación política en el Parlamento.
El Gobierno aún se mantiene firme en que la encuesta nacional se realice en 2024, basado en aspectos "técnicos" y de calidad de los resultados, pese a que inicialmente garantizó que se haría en noviembre de este año.
 
 
 
 
 
ACUERDOS RECÍPROCOS DE AGUA: EL MODELO DE CONSERVACIÓN QUE PROTEGE MILLONES DE HECTÁREAS DE BOSQUES EN BOLIVIA
 
Las familias campesinas que habitan en la cuenca alta se comprometen a conservar sus bosques productores de agua y a cambio reciben beneficios para desarrollar proyectos productivos sostenibles y para conectar sus casas al agua potable. El financiamiento de dichos proyectos, que proviene principalmente de las empresas de servicio de agua potable a través de un pago mensual que realizan los usuarios, y también del municipio, ha permitido que el modelo se expanda con rapidez en Bolivia y que comience a replicarse en Colombia, Perú, Ecuador y México.
 
Revista Mongabay de Indonesia (https://bit.ly/3DEVzVm)
 
Hace más de 10 años, Bolivia vio nacer un innovador proyecto de conservación en el que, por primera vez, todos los habitantes de una misma cuenca, tanto los que viven en las zonas rurales como en las ciudades, trabajarían juntos para proteger los bosques y el agua que en ellos brota.
El proyecto, llamado Acuerdos Recíprocos de Agua, buscaba crear conciencia de que la protección del agua no solo es responsabilidad de quienes habitan junto a las nacientes de los ríos en lo alto de la montaña o a lo largo de los caudales en la cuenca media, sino de todo aquel que se beneficia del recurso. Ese entendimiento permitiría que los habitantes de las ciudades, en la parte baja de la cuenca, crearan un fondo para reunir recursos económicos y apoyar a los agricultores río arriba en la labor de proteger las fábricas de agua.
Este programa, que nació con cinco personas que decidieron poner parte de su territorio en conservación, para el 2019 ya contaba con 8000 agricultores conservando 350 000 hectáreas en 58 municipios bolivianos. “Esa conservación —asegura un estudio científico que investigó los resultados del modelo— fue a cambio de 500 000 dólares en proyectos de desarrollo aportados anualmente por 250 000 usuarios de agua”.
Hoy, “son 24 000 los agricultores que están conservando casi 600 000 hectáreas en alrededor de 80 municipios en Bolivia”, asegura María Teresa Vargas, directora ejecutiva de Fundación Natura, organización gestora de los Acuerdos Recíprocos de Agua (ARA). Además, el modelo se ha convertido en un referente de éxito para la conservación y ha logrado la creación de 23 áreas protegidas equivalentes a 3.4 millones de hectáreas en Bolivia y se está comenzado a replicar en Colombia, Perú, Ecuador y México.
¿De qué se tratan los ARA?
María Binda Gutiérrez Padilla creció en el campo, en la comunidad Quebrada León, en Santa Cruz y allí vivió hasta que cumplió los 30. Esa era su edad cuando, hace 14 años, compró un terreno que la llena de orgullo en la comunidad Forestal Alto Espejo, en el municipio de El Torno.
Por él pasan vertientes de donde saca el agua que ella y sus animales necesitan para beber. “Tengo agua, no necesito que alguien me la venda”, dice. También pasa un río que la agricultora ocupa para regar sus árboles frutales y para bañarse. “A la hora que yo quiera voy y me baño porque está ahí, al ladito”, cuenta.
A María Binda Gutiérrez le encanta su terreno “porque es muy bonito”, dice, y “comprarlo fue una bendición”, asegura con un tono en su voz que revela su sonrisa al otro lado del teléfono. Por eso cuando su prima le contó que se había suscrito a los Acuerdos Recíprocos de Agua (ARA) para proteger su bosque, ella no dudó ni un minuto en hacer lo mismo. Además, “en mi territorio tengo montes delicados y frágiles y yo no los iba a ocupar”, explica.
El primer convenio con Fundación Natura lo firmó hace seis años. El acuerdo consistió en que ella protegería su bosque y a cambio recibiría cuatro cajones de abejas más todos los implementos necesarios para cosechar la miel. Hoy, ya tiene seis cajones y de cada uno de ellos obtiene, por cosecha, entre 17 y 20 kilos de miel. En total, son entre 5000 y 6000 bolivianos anuales (alrededor de 800 dólares) que se suman a las ganancias que María Binda Gutiérrez consigue de la venta de limones, naranjas y mandarinas que cosecha en su huerto y de los peces que cría en un par de pozas.
Así como los cajones de abejas, otros agricultores que se han unido a los ARA han recibido insumos para desarrollar la fruticultura, principalmente cítricos, y también la piscicultura. Sin embargo, el proyecto estrella del programa, asegura Vargas, es el acceso al agua.
“Les decimos cuidá tu bosque y convertilo en un jardín para vos y para la sociedad y a cambio de eso nosotros te vamos a conectar con agua limpia en tu casa, vas a tener un grifo, vas a tener un sistema de agua para tu comunidad”, precisa la directora ejecutiva de Natura.
Los resultados de ese acuerdo han sido tan beneficiosos que cada vez son más los agricultores que se comprometen a conservar su bosque; tanto que incluso científicos se han interesado en entender cuál es la razón de ese éxito.
Según un estudio publicado en la revista World Development, “desafortunadamente el sector de la conservación rara vez ha podido identificar soluciones escalables, y la mayoría de las intervenciones comprenden proyectos únicos adaptados a circunstancias locales específicas”. Lo grave de esto es que “a menos que los conservacionistas puedan desarrollar soluciones replicables, y evaluar rigurosamente si funcionan más allá de un lugar, simplemente no podrán resolver la crisis climática”, sostiene la investigación.
Los Acuerdos Recíprocos de Agua, sin embargo, no solo han logrado sortear esa dificultad, sostiene el estudio, sino que, además, de acuerdo con los resultados de una segunda publicación científica, los ARA han demostrado tener “un impacto positivo en los valores ambientales”. Según precisa la investigación, en los lugares en donde se implementaron los ARA “aumentó la probabilidad de que las personas elijan la protección del medio ambiente como un valor que debe priorizarse para sus hijos”.
¿Qué es lo que ha marcado la diferencia en este modelo? La clave parece ser la reciprocidad. “Reciprocidad con mi bosque, con mi vecino, con el que vive en la cuenca media y con la gente que vive en la cuenca baja que también necesita de este recurso esencial y que entre todos tenemos la corresponsabilidad de cuidar”, dice Vargas.
Un financiamiento basado en la reciprocidad
Para Richard Estrada, Director Técnico de Natura, el modelo de financiamiento ha sido fundamental para lograr que el programa no solo sobreviva, sino que también escale. ¿Cómo funciona? El dinero para financiar los beneficios que los agricultores reciben por proteger su bosque proviene de un fondo en el cual participa la entidad prestadora del servicio de agua potable, que en Bolivia son cooperativas y empresas públicas, a través de un pago que mensualmente los usuarios hacen y que viene incluido en el recibo de agua. Además, participan los municipios y Fundación Natura.
Renán Seas, vicepresidente del consejo de administración de la cooperativa CEAPA, una de las entidades prestadoras del servicio de agua potable en el municipio de El Torno, asegura que los usuarios de dicha cooperativa aportan al programa con un boliviano mensual (0.15 dólares). “Todos somos conscientes de que ese boliviano está yendo allá arriba, a las fábricas del agua. Se ha generado la conciencia de hacer ese aporte, porque de lo contrario nuestro suministro de agua, que es vital para la vida, va a verse afectado”, dice Seas.
El monto, al ser voluntario, varía dependiendo de la cooperativa. “A veces es porcentual y a veces es un montón fijo”, explica Estrada. Así, hay cooperativas con 8000 o 9000 usuarios que recaudan cerca de medio millón de bolivianos (unos 72 000 dólares)”, asegura el Director Técnico de Natura.
En cuanto al aporte del municipio, este contribuye con el 1 % de sus ingresos propios. “De todos los ingresos por tasas que una alcaldía recauda, impuestos que cobra su ciudad por las casas y por los autos, el 1 % va al fondo de agua”, explica Estrada. Además, el municipio también aporta el 0.5 % del presupuesto que recibe del gobierno central.
Por último, la participación de Fundación Natura es de tan solo 7000 dólares. La razón de ese monto radica en que “el convenio con los agricultores es de 10 años, entonces cuando la fundación sale del esquema, su aporte no equivale ni al 20 %, por lo que no existe un golpe financiero negativo y le permite al fondo de agua ser sostenible financieramente”, explica Estrada. Eso, asegura, ya lo han comprobado. El convenio con El Torno, por ejemplo, ya terminó y “a ellos no les afectó financieramente nuestra salida”, dice.
De hecho, según Seas, en el programa “cada vez hay más gente, más comunarios que viven cuenca arriba. Antes teníamos que ir nosotros a buscarlos para que ellos entren al sistema, ahora ellos vienen y más bien nos están faltando recursos para seguir poniendo más predios en conservación”, asegura.
De cómo el sistema interesó a los políticos
Los resultados del programa han motivado también a que ciertos municipios decidan poner bajo protección áreas de mayor tamaño. Actualmente, bajo los Acuerdos Recíprocos de Agua “se han creado 23 áreas protegidas en 20 municipios, lo que suma más o menos 3.4 millones de hectáreas de bosques productores de agua”, asegura Vargas.
Además, en esos casos la fundación ha establecido convenios con los agricultores dueños de los terrenos que se encuentran en los alrededores de aquellas áreas protegidas, creando una especie de cinturón de protección. Eso ha permitido que “esas áreas estén mucho mejor manejadas que las áreas naturales protegidas nacionales que no tienen presupuesto y que no tienen gente que las defienda. Aquí hay gente que las defiende y que además está vinculando sus propias áreas de conservación personales con esta área de conservación mayor que ha creado el gobierno municipal”, explica Vargas.
Para la directora ejecutiva de Fundación Natura, el agua ha sido la llave maestra que ha permitido alcanzar metas que, de lo contrario, no se habrían podido lograr. “Es muy difícil cuando vives en países tan pobres como los nuestros decirle a la gente que tiene que conservar porque moralmente es importante, porque es bueno para el cambio climático, porque es bueno para la sociedad”, dice. El agua, en cambio, “ha permitido poner a mucha gente alrededor de la mesa y tomar decisiones sobre qué espacios conservamos y qué hacemos para ese propósito”, explica Vargas.
Además, “a favor del agua confluyen las decisiones de los políticos”, sostiene, no solo porque asegurar el abastecimiento de agua potable es uno de los asuntos que deben ser atendidos por las autoridades, sino también porque “los gobiernos municipales van, entregan los incentivos, hacen una gran fiesta y es más voto”, explica Vargas a quien la experiencia le ha confirmado, según dice, que “la conservación bien pensada puede arrastrar a mucha población”.
María Binda Gutiérrez lo sabe muy bien. En 2020, una empresa que buscaba explotar piedra caliza se le acercó con permiso ambiental y concesión minera en mano ofreciéndole comprar su terreno. Cuando la respuesta de la agricultora fue “mi tierra no está a la venta”, la oferta se convirtió en amenaza. “Me dijo que si no lo vendía, ella me iba a expropiar”, cuenta.
Sin dejarse amedrentar, Gutiérrez buscó ayuda en los sindicatos agrarios, en la alcaldía de su municipio, reunió a más agricultores con los que organizó bloqueos en la carretera, interpuso recursos de protección, hasta que finalmente, en marzo de este año, el permiso ambiental de la empresa fue revocado. “Para mí es un logro muy grande”, asegura Gutiérrez, pero está convencida de que no habría sido posible sin el apoyo de la alcaldía. “Gracias a Dios las autoridades me defendieron”, dice, y “defendieron el territorio porque en realidad el problema no era mío, era del municipio porque si explotan en ese lugar se va a cortar el agua, porque de ahí proviene”, asegura la agricultura.
Para Vargas, “todo servidor público a nivel local, a nivel intermedio y a nivel nacional debería estar pensando cómo conservar sus ecosistemas de humedad”, y los Acuerdos Recíprocos por Agua, asegura, “es una tecnología súper sencilla que ayuda a los municipios locales en sus programas de adaptación y mitigación al cambio climático”.
 
 
 
 
 
IAN TAYLOR TRAMITÓ EL DESEMBARQUE DE 5.000 COCHES CON DESTINO A BOLIVIA
 
Noticias y Logística de Chile (https://bit.ly/3WdJuO4)
 
En el puerto de Iquique, en Chile se han desembarcado más de 5.000 vehículos en procedimientos agenciados por Ian Taylor, y que tienen a Bolivia como destino.
El más reciente desembarque fue con la “M/N Morning Calypso” de EUKOR Car Carriers Inc., filial de Wallenius Wilhelmsen Ocean (WWO) que arribó al puerto con 786 unidades que irán a Bolivia.
Juan Carlos Pereira, country manager de Ian Taylor Bolivia, celebró la cifra como una gran noticia. “Continuamos aportando en satisfacer la demanda interna de vehículos. Este año ya vamos en más de 5 mil unidades descargadas junto a las navieras que representamos en este país: Wallenius Wilhelmsen Ocean y EUKOR, filial del Grupo Wallenius Wilhelmsen. Esperamos seguir por esta senda en este último tramo del año”.
Hace más de 5 años que Ian Taylor Bolivia, filial de Empresas Taylor, entrega Soluciones Logísticas integrales a sus clientes en la ciudad de Santa Cruz. Con procesos innovadores de alta eficiencia operacional y de excelente calidad, brinda principalmente servicios de flete marítimo para cargas rodantes, Break Bulk, proyectos y carga a líquida a granel.
 
 
 
 
 
TERMINAL PUERTO ARICA DESTACA IMPORTANTE INVERSIÓN EN SISTEMA DE ROTAINERS PARA EMBARQUES DE MINERALES
 
Además, próximamente implementará sistema de descarga automatizado para camiones procedentes de Perú y Bolivia
 
Mundo Marítimo de Chile (https://bit.ly/3Nmlmoz)
 
Terminal Puerto Arica (TPA) es un puerto multipropósitos ubicado en el norte de Chile que movilizó cerca de tres millones de toneladas en 2021. Respecto a la carga, un 60% corresponde a contenerizada, 30% graneles y un 10% de carga break bulk. Actualmente, el puerto se encuentra realizando inversiones importantes para automatizar sus operaciones con un especial enfoque en la sustentabilidad.
TPA tiene dos características, es multipropósitos y además atiende a tres mercados: el chileno, el boliviano y el del sur del Perú. El puerto en particular tiene complementos aduaneros diferentes, por lo que el sistema operativo se ha adaptado y ha ido mejorando en el transcurso del tiempo, dijo a MundoMarítimo, Hermann Gratzl, gerente comercial de TPA.
Respecto a las inversiones que han realizado, Gratzl comenta que resalta el término del proyecto de profundización, donde el puerto mejoró su calado de 10 metros a 11,4 metros. Asimismo, destaca la futura implementación del sistema de contenedores rotainers para el embarque de minerales, el cual “viene a complementar los que realizamos a través de cintas encapsuladas. Es una tecnología de punta que contó con una inversión bastante importante y comenzará a funcionar en enero del próximo año”.
Descarga automatizada de camiones
Además, TPA en unos meses inaugurará un sistema de descarga automatizado para los camiones que vienen de Perú y Bolivia con granos “estamos innovando siempre, la carpeta de proyectos es bastante grande”, afirma Gratzl.
En ese sentido, el ejecutivo destaca que “nosotros hemos sido reconocidos en Chile tres veces como una de las empresas que cuenta con un desarrollo e implementación de una cultura de innovación, estamos siempre buscando soluciones creativas a los problemas que se nos presentan. Las principales líneas navieras del mundo están trabajando con nosotros y eso no es casualidad, es porque estamos haciendo un buen trabajo”.
Por otro lado, Gratzl explicó que han estudiado los efectos del cambio climático respecto a las marejadas. Por ello, han buscado tecnologías, optando por una originada en Países Bajos que ayuda al atraque seguro de las naves bajando aproximadamente un 30% los días de cierre.
Finalmente, en el marco de TOC Américas, Gratzl respecto al proyecto del puerto de Chancay, dijo que “felicito al Estado de Perú por su política de inversiones en los puertos, es algo digno de igualar. Chancay genera oportunidades para todos los terminales, pues la competencia es lo que nos hace mejorar. Chancay le va a poner presión al mercado y en el caso de TPA, que estamos al sur del Perú y norte de Chile, nos va a motivar a seguir creciendo, invertir y mejorar para tener un servicio de calidad”..
 
 
 
 
 
SOLICITARÁN LA EXTRADICIÓN POR VÍA DIPLOMÁTICA DE GUSTAVO ROLDÁN DESDE BOLIVIA
 
Estaba prófugo luego de chocar a Diego Gabriel Rolando Ríos quien como consecuencia del impacto falleció. Familiares lo habían ayudado a escapar al país vecino.
 
El Tribuno de Argentina (https://bit.ly/3SMB8u1)
 
La jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Nacional y Culto, a fin de solicitar se haga efectiva la detención con fines de extradición por vía diplomática de Gustavo Leandro Roldán.
El hombre se encuentra demorado conforme al operativo realizado por el CEIP, Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia, en las oficinas de Interpol.
Roldán fue acusado provisoriamente del delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor. El hecho ocurrió el 6 de noviembre de 2016 pasadas las 11 de la noche.
El imputado conducía una camioneta por avenida Paraguay cuando embistió una motocicleta que transitaba delante de él. Debido al impacto, Diego Ríos golpeó contra el capot de la camioneta. El acusado continuó su marcha para darse a la fuga, mientras que la víctima falleció por politraumatismo, traumatismo encéfalo craneano grave y traumatismo grave en columna dorsal.
Atento a que el acusado se había dado a la fuga luego de ocurrido el hecho, la audiencia de imputación aún no fue concretada por la fiscalía interviniente.
 
 
 
 
 
BLOQUEAN PASOS ILEGALES EN LA FRONTERA NORTE
 
El Tribuno de Argentina (https://bit.ly/3FpGVmn)
 
Hubo una reunión entre autoridades de La Quiaca y Villazón, también participaron los carritos de mano de ambas ciudades fronterizas con el objetivo de combatir el trabajo ilegal.
Acordaron con la ayuda de maquinaria pesada y el apoyo de Gendarmería Nacional, bloquear con montículos de tierra los pasos ilegales por donde ingresan y egresan personas.
Los trabajos se realizaron al final de la calle Jujuy del barrio Santa Clara y en avenida España norte y Circunvalación donde existen pasos alternos e irregulares al puente internacional.
Los trabajadores quiaqueños venían denunciando agresiones, falta de seguridad en el límite y que personas extranjeras cruzaban la frontera para trabajar ilegalmente.
La situación se hizo más tensa, cuando el propio presidente del Sindicato de Carritos de Mano "1º Mayo", Abel Mamaní de La Quiaca, fue brutalmente agredido por ciudadanos bolivianos con una llave francesa en la cabeza.
Por lo que acordaron una reunión en el edificio del Concejo Deliberante quiaqueño, en la cual participaron los sindicatos de mano de La Quiaca y Villazón; el cónsul de Bolivia en la ciudad norteña Esteban Coico y la delegada de la Gobernación de Potosí Elizabeth Alvizu. Además del presidente del Concejo Deliberante, Jorge Tejerina y demás ediles.
El punto tratado fue la grave situación en la zona norte de La Quiaca, en el río internacional.
Desde el lado boliviano señalaron que los trabajadores legalmente registrados para el cruce de mercaderías en carritos de mano, cumplen la normativa vigente de hacerlo por las antiguas vías del exferrocarril Belgrano.
Mientras, del lado argentino denunciaron que cientos de trabajadores bolivianos cruzan a La Quiaca ilegalmente, dejan sin fuente laboral a los quiaqueños, y especialmente trasladan la mercadería por pasos clandestinos.
"Tuvimos que juntarnos en grupos de diez para defendernos y evitar que nos quiten el trabajo, nosotros cumplimos con las ordenanzas y respetamos los convenios existentes. Ellos saben pueden cruzar la mercadería por el lugar habilitado, no pueden ingresar a La Quiaca, es ilegal", sostuvo Abel Mamaní.
Se adoptó la decisión en horas de la mañana de ayer de cavar grandes fosas y con montículos de tierra bloquear los lugares por donde cruzaban los carritos de mano ilegales del lado boliviano. La labor fue respaldada por efectivos del Escuadrón 21.
El bloqueo no cayó bien en la sociedad de Villazón, que expresó su malestar por las redes sociales.