CIJ: "BOLIVIA TIENE EL DERECHO DE DESMANTELAR LAS CANALIZACIONES EN EL SILALA CUANDO CONSIDERE OPORTUNO"

El canciller Rogelio Mayta manifestó que entre los logros más importantes a favor de Bolivia con el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), respecto a las aguas del Silala, se tiene que Chile reconoce soberanía sobre las canalizaciones artificiales, pues de ese modo acepta el derecho boliviano de desmantelarlas cuando considere oportuno.
“La Corte ha considerado que, Bolivia, en función de las propias declaraciones de Chile, a lo largo del proceso, tiene el derecho de desmantelarlas cuando considere oportuno”, manifestó Mayta, en conferencia de prensa dictada desde La Haya, sede de la CIJ.
El jefe de la diplomacia boliviana también destacó que Chile acusó a Bolivia de incumplir obligaciones de derecho internacional, pero esta pretensión fue rechazada por todo el tribunal, pues sus miembros consideran que el Estado Plurinacional nunca incumplió esas obligaciones.
“La Corte también ha expresado, en sus consideraciones, que Chile no tiene ningún derecho adquirido al uso total de las aguas del Silala, como pretendía en su demanda, aunque es prudente apuntar que a lo largo del desarrollo del proceso, y en particular en la fase de los alegatos orales, Chile se ha visto en la necesidad de aclarar esta su pretensión”, resaltó.
En ese marco, subrayó el hecho de que se haya impuesto la estrategia boliviana, dirigida a que el caso se dirima en base a criterios científicos y al derecho internacional. “Ha sido importante que, con base en investigaciones de campo, realizadas por una importante institución internacional, se haya verificado que las aguas del Silala se originan en manantiales que están ubicados en territorio boliviano, pero que discurren y cruzan la frontera con Chile”, señaló.
Estudios del Instituto de Hidráulica Danés (DHI) afirman que las canalizaciones y obras de drenaje y tuberías, ejecutadas en territorio boliviano para aumentar el caudal de agua hacia Chile, incrementó a 160 litros por segundo la cantidad del recurso hídrico que se mueve hacia el vecino país, afirmó el equipo jurídico boliviano citado por la ABI en abril de este año.
Dichos estudios señalan que si Bolivia desmantela esas obras y restituye los bofedales que las originan a su estado natural, la proporción del agua podría bajar entre 11 a 33 litros por segundo, de acuerdo con datos citados por La Razón, en una columna publicada en su suplemento Animal Político.
Relaciones con Chile
El Ministro de Relaciones Exteriores aclaró que el fallo no constituye un escenario para retomar relaciones con Chile, toda vez que el Estado Plurinacional de Bolivia desarrolla una política de continuidad con el vecino país y por lo tanto el relacionamiento bilateral no se alteró.
“No hay que olvidar que somos países vecinos, y eso nos lleva incluso a una relación necesaria; y, producto de eso, quiero recordar que el año 2021 nos pusimos una hoja de ruta entre Chile y Bolivia, más allá que inclusive como gobiernos pudiéramos tener diferencias ideológicas en lo interno, pues, la relación internacional, nos obligó a tener esta hoja de ruta, para tratar temas tan importantes para Bolivia como el libre tránsito y temas preocupantes como el contrabando”, afirmó. https://bit.ly/3Vpic6B
 
 
 
 
 

PRESIDENTE SEÑALA QUE FALLO EN LA HAYA FACULTA A BOLIVIA PARA DECIDIR SOBRE EL DESMANTELAMIENTO DE LOS CANALES ARTIFICIALES EN EL SILALA
 
El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, se pronunció sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), respecto a las aguas del Silala, y destacó que el dictamen ratifica el derecho del país para desmantelar los canales artificiales construidos en ese sector, en el marco de su soberanía.
“La Corte Internacional de Justicia ratifica nuestros derechos sobre las aguas del #Silala y nuestra soberanía sobre el desmantelamiento de los canales artificiales”, señala el mensaje escrito por el Jefe de Estado boliviano, difundido en sus redes sociales.
En el párrafo 145 del fallo emitido hoy en La Haya, la CIJ señala que: “Chile ha aceptado los siguientes puntos presentados por Bolivia: soberanía sobre los canales y mecanismos de drenaje; el derecho soberano de Bolivia a mantener o desmantelar dichos canales y mecanismos de drenaje; el derecho soberano de Bolivia a restaurar los humedales; y el hecho de que estos derechos deben ejercerse en cumplimiento de las obligaciones consuetudinarias aplicables con respecto al daño transfronterizo significativo”.
Por tanto, el fallo manifestó que: “La Corte concluye que con respecto a estos puntos ya no existe ningún desacuerdo entre las partes”.
En ese marco, el presidente Arce destacó el dictamen de la Corte Internacional de Justicia, toda vez que estableció una resolución a la controversia sostenida con Chile, con base en estudios científicos, que fueron la base de la estrategia adoptada por el Estado boliviano.
“Bolivia resolvió la controversia con un pueblo hermano gracias al trabajo basado en estudios científicos y a nuestra estrategia de relaciones internacionales. Continuaremos esta labor en beneficio de los pueblos”, concluyó el Presidente boliviano.
El 2016, Chile presentó una demanda contra Bolivia ante la CIJ, sobre el estatus y uso de las aguas del Silala.
El 2018, Bolivia contrademandó a Chile y pidió que la corte establezca la soberanía del país sobre los canales artificiales y de drenaje construidos en su territorio, para conducir un mayor flujo de agua hacia el vecino país.
 
 
 
 
 

RODRÍGUEZ VELTZÉ AFIRMA QUE NO HAY ‘NI GANADORES NI VENCIDOS’
 
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, estableció que Bolivia y Chile tienen “derecho al uso equitativo y razonable” de las aguas del Silala.
Con ese fallo se puso fin a la disputa legal entre ambos países.
El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, tras conocer el fallo, señaló en su cuenta de Twitter que en ese fallo “ni ganadores ni vencidos”.
Y apuntó que a lo que se insta es a mejorar políticas sobre recursos hídricos transfronterizos.
El exmandatario agregó también que la “CIJ reconoce coincidencias en aplicación del Derecho Internacional, estudios científicos y alienta acuerdos” entre las partes.
Rodríguez Veltzé se desempeñó como agente de Bolivia ante la CIJ en el caso Silala en 2016.
Sin embargo, renunció en medio de la crisis política que se vivió en noviembre de 2019.
Un hecho peculiar de este caso fue que se trató de dos procesos en uno: la demanda de Chile contra Bolivia (iniciada en 2016) y la contrademanda de Bolivia contra Chile (2018).
En otro tuit, respondió algunos comentarios e indicó que el fallo también favorece a Bolivia por el allanamiento de Chile a varios puntos de la contrademanda. “Las coincidencias eliminaron los objetos de las demandas, hoy son desafíos para acuerdos sobre los recursos transfronterizos”, acotó.
La presidenta de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la jueza estadounidense Joan E. Donoghue, también convocó a ambos países a mantener “consultas de manera continua” para garantizar sus derechos sobre las aguas del Silala y promover su protección.
“La Corte invita a las partes a tener en cuenta la necesidad de realizar consultas de manera continua con un espíritu de cooperación, a fin de garantizar el respeto de sus respectivos derechos y la protección y preservación del Silala y su medioambiente”, señaló Donoghue al concluir la lectura de la sentencia de la Corte, que fue recogido por la agencia ABI.
La disputa legal entre Bolivia y Chile llegó a la CIJ en 2016.
El país vecino pidió a la Corte de La Haya que declarase al Silala como un curso de agua internacional, sujeto a normas específicas, para garantizar sus derechos sobre el uso de ese recurso hídrico en su territorio.
El país respondió en 2018 con una contrademanda para que la Corte le reconozca sus derechos sobre el flujo artificial del río, por el sistema de canales construidos.
Además, exigió que se pague una indemnización por el uso de las aguas.
 
 
 
 
 
MORALES POR EL SILALA: ESTE FALLO QUE RECONOCE NUESTRA SOBERANÍA ES PRODUCTO DE UNA POLÍTICA DE ESTADO
 
"El tribunal más alto de justicia del mundo también determina el uso equitativo y razonable de las aguas dentro el marco de la cooperación continua entre ambos países", expuso el exmandatario boliviano. También dijo que el tribunal estableció que su país "tiene el derecho soberano de desmantelar esa infraestructura y cualquier reducción en el flujo de las aguas hacia Chile no constituirá una violación".
 
Radio Cooperativa de Chile (https://bit.ly/3VrlhTQ)
 
El expresidente boliviano Evo Morales destacó que las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre el litigio con Chile por el Silala reconocen la soberanía de su país sobre esas aguas y que esto fue "producto de una política de Estado".
"Saludamos la sentencia de la CIJ que reconoce y consolida el derecho soberano de Bolivia sobre las Aguas del Silala y los canales artificiales. Chile, según el fallo, "no reclama ningún derecho adquirido" sobre el uso de ese recurso natural", señaló Morales en un hilo en Twitter.
El exgobernante también aseguró que el alto tribunal de Naciones Unidas estableció que su país "tiene el derecho soberano de desmantelar esa infraestructura y cualquier reducción en el flujo de las aguas del Silala hacia Chile no constituirá una violación" boliviana a sus obligaciones internacionales.
"El tribunal más alto de justicia del mundo también determina el uso equitativo y razonable de las aguas dentro el marco de la cooperación continua entre ambos países. Este fallo que reconoce nuestra soberanía sobre las Aguas del Silala es producto de una política de Estado", añadió Morales.
También agradeció a exembajadores, excancilleres, exministros y expertos internacionales "que trabajaron con dedicación y patriotismo en esta causa".
En marzo de 2016, siendo presidente, Morales anunció que iba a presentar una demanda en la CIJ por lo que consideraba un uso abusivo del recurso hídrico del Silala por parte de Chile. No obstante, Chile se adelantó e interpuso en junio de ese año una demanda en el mismo tribunal para defender su teoría de que se trata de un curso internacional de aguas que deben ser compartidas, a lo que Bolivia respondió con tres contrademandas.
La CIJ subrayó este jueves en su sentencia que "no está llamada a tomar ninguna decisión" sobre la disputa entre Bolivia y Chile por las aguas del Silala, ya que las partes están de acuerdo en que se trata de un cauce internacional, y consideró que la mayoría de las reclamaciones y cuestiones quedaron resueltas durante el proceso.
REACCIONES DISPARES EN BOLIVIA POR LA SENTENCIA
Las reacciones políticas en Bolivia fueron dispares, ya que para algunos supuso una derrota y mostró improvisaciones del Gobierno de Luis Arce, mientras que otros opinaron que no hubo triunfadores ni vencidos. "La decisión de la CIJ sobre el Silala, muestra la debilidad de la política exterior boliviana y devela la improvisación, irresponsabilidad y sobre todo opacidad por parte del Estado en un tema tan importante", tuiteó el expresidente Carlos Mesa (2003-2005).
Para Mesa, que también lidera a la principal fuerza opositora en el Parlamento, Comunidad Ciudadana (CC), el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Arce y del expresidente Evo Morales "debe una explicación clara y urgente al país".
"Silala: CIJ reconoce coincidencias en aplicación del Derecho Internacional, estudios científicos y alienta acuerdos. Ni ganadores ni vencidos, a mejorar políticas sobre recursos hídricos transfronterizos", expresó el exmandatario Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006), quien fue designado durante el Gobierno de Morales como agente de Bolivia ante la CIJ para atender la demanda contra Chile por un acceso soberano al mar.
 
 
 
 
 
LA HAYA FALLA A FAVOR DE CHILE EN UN DIFERENDO CON BOLIVIA POR EL USO DE LAS AGUAS DEL RÍO SILALA
 
Santiago no debe compensar a La Paz por la utilización histórica que ha hecho del recurso natural
 
El País de España (https://bit.ly/3XNQaU2)
 
La Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas (CIJ) le ha dado la razón este jueves a los argumentos presentados por Chile en su demanda contra Bolivia sobre el río Silala, que nace en el municipio boliviano de Potosí y cruza la frontera hacia la región chilena de Antofagasta. En 2016, el entonces presidente boliviano, Evo Morales, amenazó con demandar a su país vecino ante La Haya por “robar” las aguas del río altiplánico, negando que fuese un río internacional, y frenar su afluente hacia Chile. Antes de que esos escenarios ocurriesen, el segundo Gobierno de Michelle Bachelet demandó a La Paz ante la CIJ en busca de certeza jurídica sobre el carácter internacional de las aguas del río y el derecho de ambos países al uso equitativo y razonable de estas.
Durante el juicio, Bolivia reconoció el curso internacional de las aguas del Silala y el derecho de su uso equitativo y razonable desde su territorio y también del chileno. Lo que hizo la ofensiva boliviana fue derivar su argumentación en la supuesta existencia de un “flujo artificial” versus un “flujo natural”. Alegaban que el flujo artificial, producto de canales construidos en 1928 por la empresa británica Ferrocarril Antofagasta Bolivia (FCAB) habría mejorado el volumen de las aguas al territorio chileno y reclamaban la soberanía de este.
Como explicó en EL PAÍS el excanciller del Gobierno de Bachelet, Heraldo Muñoz, no existe en el derecho internacional una distinción entre “flujo natural” y “flujo artificial”, y Bolivia no contaba con una base jurídica para reclamar una soberanía exclusiva en la supuesta parte artificial del caudal, como lo que confirmó esta mañana La Haya. En la lectura del fallo, la CIJ sostuvo que las modificaciones que aumentan el flujo superficial de un curso de agua no guardan relación con su caracterización como curso de agua internacional. “La Corte indica a este respecto que los expertos nombrados por ambas partes concuerdan en que las aguas del Silala, ya sean superficiales o subterráneas, constituyen un conjunto unitario que fluye desde Bolivia hacia Chile y hacia una desembocadura común”.
El cambio de postura de Bolivia durante los seis años de litigio provocaron que la CIJ dejara “sin objeto” los principales aspectos de la demanda, ya que actualmente no existen discrepancias respecto a que el Silala es un curso de agua internacional. La Corte constató que ambas partes están de acuerdo en que Chile tiene un derecho a un uso equitativo y razonable de las aguas del Silala, independiente de si se trata de aguas naturales o artificiales. Además, “Bolivia no declara en este procedimiento que Chile deba compensación a Bolivia por los usos del pasado del agua del Silala”, afirmó la jueza Joan Donoghue, presidenta de la Corte.
Chile logró que Bolivia aceptara cuatro de sus cinco demandas. Sobre la petición de que La Paz deba cooperar y notificar oportunamente las medidas sobre el Silala que puedan tener efectos adversos en los recursos hídricos compartidos, la Corte ha señalado que esta obligación aún no es parte del derecho internacional consuetudinario, por lo que no puede ser aún reclamada como tal.
El presidente chileno, Gabriel Boric, celebró esta tarde desde La Moneda el “sólido, fundamentado y categórico” fallo a favor de Chiole. “Nuestro país puede estar tranquilo con la sentencia de la Corte, hemos obtenido la certeza jurídica que fuimos a buscar y los temas en disputa han quedado resueltos de manera definitiva bajo el derecho internacional conforme a la pretensiones de Chile”, ha asegurado el mandatario.
Sin relaciones diplomáticas desde 1962, Bolivia demandó a Chile en 2014 ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por una salida soberana al Pacífico. En 2018, por 12 votos a favor y 3 en contra, los jueces fallaron que Santiago “no está jurídicamente obligado a hacerlo, porque ninguno de los acuerdos o tratados firmados por ambos países a lo largo de los años así lo indica; tampoco lo indican otras resoluciones internacionales”.
 
 
 
 
 
DOS EPISODIOS DESCONOCIDOS DEL CASO SILALA: UN VIAJE SECRETO Y UNA PROPUESTA DE ACUERDO QUE BOLIVIA DESECHÓ
 
En junio de 2016, el Gobierno de Michelle Bachelet sorprendió a Evo Morales con la demanda ante La Haya. Y en junio de 2019, Sebastián Piñera buscó un acuerdo con el mismo Morales para suspender un litigio que ya se veía favorable a Chile.
 
Ex-Ante de Chile (https://bit.ly/3VNFuDg)
 
Viaje. Al menos desde 1999 que los gobiernos bolivianos habían acusado a Chile de un uso inadecuado del río Silala, que surge en el departamento de Potosí, en Bolivia, y cruza la frontera hasta la Región de Antofagasta, en Chile.
A inicios de 2016, el presidente de Bolivia, Evo Morales, había intensificado las declaraciones que planteaban que Chile había “usurpado” esas aguas, cuyo caudal -sostenía La Paz- era exclusivo de ese país. En ese entonces, el argumento del gobierno boliviano es que la trayectoria del río había sido alterada en forma artificial por empresas para conducir las aguas a Chile. Y advertían con demandar a Chile.
Lo que no se esperó Morales fue que Chile pasara a la contraofensiva. Ocurrió que Santiago se enteró de que Bolivia había iniciado consultas muy preliminares a especialistas en derecho de aguas internacionales y científicos. Entonces, la Cancillería -encabezada por Heraldo Muñoz- calculó los riesgos de presentar la demanda antes. Podía ser política y diplomáticamente costoso, sobre todo porque ese mismo año ya existía un litigio entre los dos países que se ventilaba en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya: la demanda de Bolivia para obligar a Chile a negociar una salida soberana al mar (que Bolivia terminaría perdiendo).
En la Cancillería de la época se adelantaron, desclasifica ahora Heraldo Muñoz: “Conseguimos a los abogados y científicos top en temas hídricos”.
Ximena Fuentes, entonces directora de la Difrol, se había especializado en la materia y tenía también numerosos contactos en otros países.
Y en un episodio desconocido, Muñoz revela: “Fuimos con algunos de ellos secretamente al Silala antes de interponer la demanda. No queríamos que Bolivia se enterara. Después de la subida al Silala, nos reunimos con los abogados y expertos hidrólogos reservadamente en un hotel de Santiago, no en la Cancillería. Ahí me quedó claro que teníamos un caso sólido. Al día siguiente fuimos a ver a la Presidenta en La Moneda y se decidió demandar”.
El El 6 de junio de 2016, Chile presentó una demanda contra Bolivia ante La Haya para que se declare que el Silala es un curso de agua internacional y que Chile, como Estado ribereño, tiene derecho al uso de sus aguas.
El excanciller dice que Evo Morales no creía que fuese cierto. “No atinaron a responder durante más de 24 hrs después de presentada la demanda . No lo podían creer. Creían que era declaración de prensa más, y no se daban cuenta de que habíamos presentado la ‘aplicación’ con nuestras peticiones a la Corte, físicamente en La Haya”, dice.
Fue tal el nivel de sorpresa, que los abogados y científicos que trabajaron con Chile recibieron después solicitudes de los bolivianos para trabajar con ellos. Ya era muy tarde.
Propuesta de acuerdo. Bolivia presentó una contrademanda contra Chile en 2018. Pero con los meses, en sus alegatos escritos y orales La Paz fue desarticulando sus acusaciones originales y, de hecho, concordó con Chile con que el Silala era un río internacional sobre el cual ambos países usaban sus aguas en forma racional y equitativa.
Entre medio, en octubre de 2018 La Haya le dio la razón a Chile sobre la demanda marítima boliviana. La única controversia pendiente era el caso Silala, pero La Paz ya no sostenía sus reclamos iniciales en ese tema.
Con la nueva posición boliviana, el Gobierno de Sebastián Piñera consideró que no tenía sentido continuar con el litigio ante La Haya. En junio de 2019 Piñera le hizo una propuesta a Evo Morales: firmar un acuerdo, abandonar el litigio y darle un nuevo impulso a la agenda bilateral. “Le ofrecimos un acuerdo porque no tenía ningún sentido seguir adelante, porque habían reconocido todo lo que Chile sostenía. ¿Para qué íbamos a ir a los alegatos orales? Pero no contestaron nunca”, dice Carolina Valdivia, coagente chilena del caso Silala y entonces subsecretaria de Relaciones Exteriores.
El acuerdo se hizo en absoluta reserva y nunca se filtró su existencia. Hubo pocas personas involucradas.
Bolivia continuó hasta el final. Y este jueves 1 de diciembre la corte determinó el triunfo de Chile.
 
 
 
 
 
CHILE Y BOLIVIA SELLAN EL FIN DEL CONFLICTO EN LA HAYA SOBRE EL RÍO SILALA
 
Se cierra un capítulo conflictual entre Chile y Bolivia, sobre el estatuto de las aguas del río Silala. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió un fallo este jueves. Decretó que se trata de aguas territoriales internacionales y que por lo tanto ambos países tienen acceso.
 
Radio Francia Internacional (https://bit.ly/3VHMDoq)
 
El río Silala se origina en Bolivia y pasa por Chile. La Corte Internacional de Justicia en La Haya declaró que "no hay dudas" de que el Silala es un curso de agua internacional y no de propiedad boliviana y que ambas se pusieron de acuerdo.
EL fallo es inapelable y la sentencia aporta lo que ambos países pedían: un marco legal internacional claro para sellar el conflicto entre Santiago y La Paz.
En el terreno, la situación seguirá siendo la misma. Chile seguirá operando como lo ha hecho en el río Silala durante años, sin tener que cambiar ni una coma, tras dos años de negociaciones diplomáticas o de ataques verbales entre ambos países.
“Bolivia durante 100 años, entre 1904 a 1999, reconoció que el Silala era un curso internacional y por razones políticas del presidente Morales anunció que iba a demandar a Chile por el uso de las aguas”, recuerda Alfonso Silva embajador y coagente chileno en La Haya.
“En consecuencia, iniciaron este procedimiento de establecer la posibilidad de una demanda que Chile anticipó con el objeto de obtener certeza jurídica y, en consecuencia, no tenemos temas pendientes que pudieran generar una situación muy controvertida entre Bolivia y Chile. Esperemos que no surjan nuevamente situaciones de esta naturaleza”, afirma Silva y agrega que hubiera podido evitarse este costoso pleito para ambos países.
Un giro inesperado
Bolivia apoya el fallo. Según el abogado boliviano Arturo Yáñez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, existe un punto oscuro en la gestión del conflicto por parte del gobierno boliviano. Se pregunta por qué hubo un cambio de posición en pleno juicio de La Haya que le fue favorable a Chile.
“Bolivia, en la contrademanda que planteó inicialmente señalaba que las aguas del Silala no eran de curso compartido, más bien eran bofedales que estaban en Bolivia y que habían sido incluso artificialmente modificadas para llegar a Chile. Si nos atenemos a eso, muy a pesar nuestro como bolivianos tenemos que reconocer que Bolivia perdió ante La Haya. Creo que ese es el elemento fundamental que al menos desde el punto de vista jurídico nos llama la atención”, apunta Yáñez.
Según Bolivia, los canales construidos sobre el Silala aumentan artificialmente el caudal y por ello Chile puede alegar derechos adquiridos para su beneficio. Chile argumentó que Bolivia carece de base legal para llegar a esa conclusión.
La CIJ decretó que Chile no debe ninguna indemnización y determinó también que Bolivia tiene libertad sobre los canales.
 
 
 
 
 
LA DERROTA DE BOLIVIA Y EVO MORALES EN LA HAYA EN LA DISPUTA POR EL RÍO SILALA
 
La Corte Internacional de Justicia respondió a una demanda planteada por el ex mandatario en 2016 sobre un curso de agua que nace en territorio boliviano y desde 1908 es canalizado hacia territorio chileno
 
Infobae de Argentina (https://bit.ly/3VMRvbO)
 
Por Humberto Vacaflor Ganam.- Bolivia y Chile tienen muchas diferencias referidas al agua, comenzando por la salida boliviana al Pacífico que el ejército chileno ocupó en 1879, además de disputas sobre ríos fronterizos de agua dulce que amargan sus relaciones.
Este jueves 1 de diciembre, la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) respondió a una demanda planteada por Evo Morales en 2016 sobre un río que nace en Bolivia y desde 1908 es canalizado hacia territorio chileno. “Vamos a demostrar que el Silala no es un río”, prometió.
Por eso mismo, ahora la CIJ se excusa de fallar porque, dice el documento entregado en La Haya, ambos países están de acuerdo en que se trata de un “río de curso internacional”, aunque su caudal sea de solamente 0,16 metros cúbicos por segundo. Los litigantes habían coincidido.
Es decir que Bolivia presentó la demanda pero, extrañamente, admitió al mismo tiempo que se trataba de un “río internacional”, favoreciendo la postura chilena. Cometió autogol.
El presidente Luis Arce y su homólogo de Chile, Gabriel Boric, se han declarado conformes con la palabra de la CIJ, pero en Bolivia se habían anticipado las exigencias de un juicio de responsabilidades contra Evo Morales, a quien acusan de no haber preparado una buena defensa de la causa boliviana, que aspira a que se corte el paso del agua hacia Chile.
El Comité Cívico de Potosí denuncia al ex gobernante y lo acusa de haber conducido al país, en los últimos cinco años, a dos derrotas en la corte de La Haya.
La primera derrota, en 2018, cuando la CIJ dictaminó que Chile no tiene ninguna obligación de conceder a Bolivia una salida al Pacífico en compensación por lo que perdió en la guerra de 1879. Fue el fin del famoso “lamento boliviano”.
El caso de los ríos que corren por los territorios de ambos países tiene historias conflictivas.
Hace sesenta años, Chile desvió las aguas del río internacional Lauca cortando su curso que iba hacia territorio boliviano, lo que provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos países, que se mantienen rotas.
Chile defendió su decisión con el argumento de que el río nace en su territorio, en unas vertientes o “bofedales”, y que tiene el derecho de retener sus aguas y no compartirlas con Bolivia.
El caso Silala es parecido, pero al revés. Las vertientes están en Bolivia, en unos 90 “bofedales”, y fue el prefecto del departamento de Potosí que, en 1908, autorizó a una empresa ferroviaria chilena hacer obras de canalización de las aguas hacia territorio chileno.
En este caso, Bolivia no hizo ningún esfuerzo por construir represas que impidan el paso del agua hacia Chile, como había hecho ese país con el río Lauca.
En 1962, cuando se produjo el conflicto por el Lauca, Bolivia no acudió a tribunales internacionales y Chile consolidó el desvío de las aguas para que no penetren en territorio boliviano.
Ahora, el gobierno boliviano tiene que hacer malabarismos para convencer a los ciudadanos que no se trató de una derrota en el caso del Silala, y que no todo está perdido.
El canciller boliviano, Rogelio Mayta, preocupado por la sensación de derrota que existe en Bolivia, llegó a decir que ahora se podrían destruir las obras de canalización hechas por Chile, lo que parece imposible, porque ambos países admitieron ante la CIJ que se trata de un río internacional.
Y toda la protesta boliviana se estrella contra Evo Morales. Se le acusa de haber gastado muchos millones de dólares para el juicio sobre la reivindicación marítima, y haber puesto en manos de ineptos funcionarios bolivianos la defensa del Silala.
También se le reprocha el haber rechazado la oferta chilena, hecha en 2009, de pagar cada año 6,2 millones de dólares anuales por el agua de esos manantiales. Ahora, esa oferta no podría cumplirse porque ambos países admiten que se trata de un río de curso internacional, una actitud generosa de parte de Bolivia.
En las redes sociales de habla de “traición a la patria”, de juicios de responsabilidades a Morales y a todos los funcionarios que hubieran tenido algo que ver con el caso.
Luis Arce mira el conflicto y se mantiene en silencio. Desde su círculo más íntimo surgen alusiones a la posibilidad de que, con esta otra derrota, las relaciones con Chile entren en una nueva etapa, que podría ser beneficiosa para Bolivia.
Confían en el gobierno de Arce que Gabriel Boric mantenga su postura favorable a un acuerdo con Bolivia sobre el tema marítimo.
 
 
 
 
 
PROMUEVEN UN JUICIO A EVO MORALES ANTE UNA NUEVA DERROTA LEGAL DE BOLIVIA EN EL PLANO INTERNACIONAL
 
La Gaceta de España (https://bit.ly/3FlQUZu)
 
La política internacional de Bolivia desde que Evo Morales asumió el máximo cargo en el país en 2006 hasta hoy, nunca ha tenido de qué presumir. Más aún, ha sido verdaderamente funesta. No se recuerda un solo juicio internacional que el Estado Plurinacional haya ganado, y ahora con Arce Catacora como presidente, el caso por las aguas del río Silala por el que se ha desafiado a Chile a dirimir el asunto ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya desde 2016, no es distinto.
Cuando el jefe cocalero fue presidente de Bolivia, llevó adelante una serie de juicios por distintos motivos, entre los que destacan las expropiaciones (mal llamadas “nacionalizaciones”) a empresas extranjeras, o el haber decidido emprender una maniobra judicial con el histórico conflicto marítimo con Chile ante La Haya, y que perdió estrepitosamente en 2018: por 12 votos contra 3, la CIJ determinó que “la República de Chile no contrajo la obligación de negociar un acceso soberano al mar para el Estado Plurinacional de Bolivia».
En ese entonces, Morales decidió asistir al anuncio del fallo en Países Bajos junto a una nutrida comitiva de su Gobierno y asesores legales internacionales, y a medida que se daba lectura a las determinaciones, se le fue desfigurando el rostro. El problema fue que el juicio en sí mismo fue mal planteado desde un inicio, con la ayuda y asesoría -dicho sea de paso- de los expresidentes Carlos Mesa y Rodríguez Veltzé, quienes nunca han dudado en oxigenar el proyecto político del jefe cocalero cada vez que lo ha necesitado.
Pues luego de un proceso de seis años, ahora acaba de suceder algo comparable. Después de que Morales decidiera politizar otro conflicto histórico con Chile ante La Haya, la CIJ acaba de pronunciarse en favor de Chile determinando que ambas partes reconocieron previamente que las aguas del río Silala son internacionales, y que, por tanto, su uso está sujeto al derecho consuetudinario internacional, ya ni siquiera tiene objeto que se pronuncie al respecto.
Este fallo no ha representado sorpresa alguna para Bolivia, mucho menos para la ciudadanía de Potosí y las comunidades aledañas al Silala. Ricardo Ramos, presidente del Comité Cívico Potosinista, afirmó un día antes del fallo: “La irresponsabilidad del expresidente, el señor Evo Morales, ha hecho que el Estado chileno nos demande y estemos en una situación muy complicada. Fue mal planteada la contrademanda, la aceptación de la demanda y sobre todo la puesta en juicio de nuestra soberanía. El único responsable es el señor Evo Morales por su incapacidad y su traición a la patria por haber otra vez entregado nuestros recursos estratégicos”.
Sucede que, además, fue el propio Morales quien reconoció en 2018, en pleno juicio, que parte del curso de las aguas del Silala eran internacionales. Esto fue algo que también Karen Longaric, ex ministra de Relaciones Exteriores durante el gobierno de la expresidenta Jenine Áñez (2019-2020), advirtió en febrero de 2020: “El gobierno del MAS perdió la demanda marítima ante la CIJ, (que nunca debió haber interpuesto). Luego afirmó que una parte del agua del Silala fluye de manera natural a Chile. Con gusto explicaré al diputado Borda las consecuencias de la improvisada política exterior del MAS”.
Entonces, claramente, lo que ahora corresponde ante la incuestionable derrota, es llevar a Evo Morales y al equipo que encaró la defensa del Silala, a asumir un juicio de responsabilidades, como afirma el exdiplomático y actual diputado opositor paceño, Gustavo Aliaga.
De igual manera, Lissa Claros, diputada potosina, aseguró que llevará adelante procesos legales contra Morales, su asesor Rodríguez Veltzé y el equipo judicial a cargo: “Nos han pedido acciones en contra los responsables, en caso de que la demanda salga negativa, estamos trabajando eso. Si la sentencia es negativa, corresponde un juicio de responsabilidades contra Evo Morales y quienes fueron parte de este proceso”.
Por su parte -quién sabe si a modo de consuelo-, Rodríguez Veltzé escribió en sus redes sociales ante el fallo claramente desfavorable para Bolivia, que aspiraba a ser redimida si acaso se reconocía soberanía de Bolivia sobre el Silala: “Silala: CIJ reconoce coincidencias en aplicación del Derecho Internacional, estudios científicos y alienta acuerdos. Ni ganadores ni vencidos, a mejorar políticas sobre recursos hídricos transfronterizos.” En definitiva, esta es solamente un caso más de otros incontables sobre el fracaso de las políticas de Estado durante el gobierno de Morales, el Movimiento al Socialismo, y ahora también de Arce Catacora y David Choquehuanca (ex canciller del jefe cocalero), quienes no se ha pronunciado aún al respecto. Es de esperarse que las acciones legales hasta que los juicios de responsabilidades anunciados por la oposición en el país prosigan, y den cuenta de las responsabilidades de cada uno de sus actores con el mayor detalle posible.
 
 
 
 
 
CONTRATOS INADECUADOS Y ACUERDOS SECRETOS ESTIMULAN LA EXTRACCIÓN DE ORO EN LA AMAZONÍA BOLIVIANA
 
En las regiones del norte del departamento de La Paz, Bolivia, la extracción de oro ha llevado a la deforestación generalizada y la contaminación por mercurio. La Amazonía boliviana, incluidas áreas protegidas como el Parque Nacional Madidi, se enfrenta a un riesgo cada vez mayor de destrucción ambiental en los próximos años. Mongabay visitó minas , entrevistó a inversionsitas y revisó sus contratos laborales para entender mejor cómo funciona la industria en zonas aisladas de la Amazonía. Los mineros aprovechan la falta de recursos del gobierno y la lentitud de los trámites burocráticos para evitar rendir cuentas por el daño que hacen al entorno. En otros casos, dependen de acuerdos ilegales y secretos con inversores extranjeros que cuentan con recursos para maximizar la producción.
 
Revista Mongabay de España (https://bit.ly/3H5jYFN)
 
El oro es la segunda exportación más importante de Bolivia, que representa más de mil millones de dólares anuales y la creación de cientos de miles de puestos de trabajo para el país. Sin embargo, gran parte de ese oro tiene orígenes inciertos, viene de algún lugar en las profundidades de la selva del Amazonas en donde no se aplican las regulaciones ambientales.
Las empresas mineras montan sus campamentos en zonas aisladas de la selva y realizan sus excavaciones a horas o incluso días del pueblo más cercano. Obstruyen los caminos con excavadoras o, en otros casos, trabajan en dragas en medio de los ríos, lo que dificulta el rastreo de su producción. Algunos mineros también son cada vez más violentos: lanzan piedras y explosivos a barcos desconocidos y amenazan con tomar como rehenes a los visitantes.
Tanto funcionarios gubernamentales como medios de comunicación locales han reconocido las dificultades para acceder a los focos de la extracción de oro y para regular su impacto ambiental. La zona de mayor preocupación es el Parque Nacional Madidi, área protegida de casi 19 000 km² con algunos de los índices de biodiversidad más altos de América. El área se ha convertido en el núcleo de la extracción de oro en Bolivia. Cada año, las operaciones mineras se extienden en el interior del parque.
“Te da pena, porque el cambio es total”, dijo Jairo Gómez, funcionario ambiental en la pequeña ciudad minera de Guanay. “Es inmenso, es un trabajo monstruo. Deshacen extensiones sin fin… Lo único que te dejan son piedras y escombros”.
Mongabay consiguió visitar varias minas, entrevistó a inversores y revisó sus contratos laborales para entender mejor cómo funciona la industria en zonas aisladas del Amazonas. Este trabajo reveló negligencia gubernamental generalizada y la presencia de una red de intereses internacionales que tala el bosque y contamina los ríos con impunidad.
Contratos a terceros y falta de licencias
Durante la última década, Bolivia ha creado una serie de normativas nacionales —como registros de derechos y permisos de trabajo— pensadas para controlar la actividad minera. Sin embargo, la falta de recursos gubernamentales y la burocracia facilitan el camino a las empresas mineras para que manipulen el sistema.
Muchos de esas empresas obtienen la autorización inicial del gobierno para estudiar la viabilidad del terreno, pero no esperan los otros permisos que se necesitan para empezar a excavar con maquinaria pesada, según varios funcionarios locales e inversores de la minería que hablaron con Mongabay. En cambio, se aprovechan de una ambigüedad legal que les permite tener su documentación en proceso de tramitación y, por lo tanto, no atraer visitas de funcionarios gubernamentales.
En la provincia de Franz Tamayo, en el departamento de La Paz, solo una decena de derechos mineros habían recibido autorización plena en un área de 25 hectáreas, mientras que varias decenas de derechos mineros a su alrededor todavía estaban en proceso de ser evaluados. No obstante, ya había empezado la excavación en toda la zona, de acuerdo con una revisión realizada por Mongabay.
“Por ley, si solicitas una zona, no la autorizan de inmediato”, explicó a Mongabay un inversionista en minería que solicitó permanecer en anonimato debido a su participación en la actividad ilegal. “Durante ese tiempo, se supone que no puedes entrar con maquinaria pesada. No puedes hacer nada, puedes trabajar de manera artesanal, pero no puedes extraer al máximo. Generalmente no esperas por los permisos. Los permisos son caros y algunos han tardado hasta 10 años en ser aprobados”.
Datos del consejo municipal en Teoponte, ciudad minera a las afueras del parque, indican que en la zona hay más de cien operaciones mineras y que solo unas pocas operan legalmente.
Obtener un permiso puede llevar hasta una década, es por ello que muchos operadores mineros prefieren no realizar el proceso completo, o bien, «pedir un favor» a funcionarios del gobierno nacional, indica una fuente consultada. “Hay que buscar la forma de tener amistades en la ciudad para poder acceder al tipo de trámite que uno hace con el Ministerio de Minería”, dijo Milton Pinto Pimentel, responsable de la Cooperativa del Oro 19 de Marzo Wituponte.
La ley señala que solo los bolivianos pueden solicitar permisos para extraer oro. Los antecedentes de la colonización española y los malos negocios con empresas extranjeras llevaron al gobierno a nacionalizar la industria minera con la esperanza de que la riqueza se quedara en el país. Las empresas extranjeras tienen prohibido participar en el proceso, excepto en circunstancias muy especiales.
Como lo explica el Ministerio de Minería y Metalurgia de Bolivia, en una nota de prensa publicada el 29 de junio de este año, «las cooperativas mineras no pueden delegar la explotación de minerales en las áreas que la AJAM les autorizó, ni arrendar o transferir sus derechos mineros y menos asociarse con terceros». Esa es la razón por la que una jueza dictó medidas legales contra 22 personas asiáticas, colombianas y bolivianas intervenidas el 26 de junio en el río kaká, en la zona de Confucio, «al haberse evidenciado de manera flagrante la actividad minera ilegal».
Sin embargo, las cooperativas mineras, que funcionan como sindicatos que representan a los trabajadores locales, según las versiones recogidas de distintas fuentes en territorio, han aprendido cómo burlar la ley para tener inversionistas internacionales, muchos de ellos colombianos y chinos, indica un documento del Servicio de Áreas Protegidas de Bolivia (Sernap).
“Los chinos tienen bastante maquinaria”, dijo la directora de operaciones de una mina en Guanay, quien solicitó que solo se le identificara como Rocío, debido al carácter sensible de su trabajo. “Cuando tienes bastante maquinaria —destacó— puedes hacer muchas cosas en el trabajo minero”.
Una operadora minera china, que también tiene una tienda de piezas de repuesto de maquinaria en la ciudad de Guanay, dijo a Mongabay que ella y su marido llegaron a Bolivia hace siete años con la intención de aprovechar el auge de la minería. Ahora importan y venden piezas de repuesto a otros mineros a la vez que supervisan una operación ilegal en la pequeña aldea de Mariapu.
Según varios testimonios recogidos en territorio, a menudo, las empresas extranjeras se asocian con cooperativas que ya tienen asignados terrenos en forma legal. Firman subcontratos a terceros para ayudar a financiar la excavación, incluido el suministro de herramientas para la minería, gasolina, mercurio, así como dragas para excavar los ríos.
El gobierno no tiene registros de los contratos que han concertado las cooperativas, señalan las mismas fuentes, por lo que es casi imposible rastrear la actividad de los inversionistas o hacerlos responsables de su impacto ambiental.
En algunos casos, según las versiones de las fuentes entrevistadas en territorio, los funcionarios locales son conscientes de la presencia de las empresas, porque estas se inscriben para obtener una “licencia de funcionamiento” que les permite existir legalmente en el país. Sin embargo, la patente no siempre especifica qué tipo de trabajo están realizando esas empresas.
Uno de los contrato ilegales obtenidos por Mongabay reveló que una empresa minera era la responsable de establecer los parámetros del yacimiento, extraer el oro y gestionar las tareas administrativas en la zona. El contrato también autorizaba a la empresa a traer sus propias excavadoras, palas cargadoras, camiones de basura, cribas y tolvas, así como motores, bombas y otras herramientas para extraer oro durante un periodo de tres años, con la posibilidad de renovar el contrato una vez vencido.
A cambio, la cooperativa prometió mantener las licencias de la mina al día, y presentar la documentación necesaria para asegurar la entrega de gasolina. Según lo acordado, el 40 % de los beneficios iban a la empresa minera y el 60 % a la cooperativa.
Funcionarios en las ciudades mineras de Guanay, Teoponte y Mayaya dijeron a Mongabay que habían contratos que daban a las empresas un mayor porcentaje de los beneficios. “Las cooperativas no tienen la inversión para obtener la maquinaria necesaria para la extracción de oro, por lo que tienen que llegar a acuerdos o contratos temporales con empresas que les dan el 50 %, el 60 % y hasta el 80 %”, dijo Jairo Gómez, funcionario ambiental en Guanay.
Los beneficios solo se dividen una vez que se vende el oro a compradores intermediarios, muchos de los cuales, según fuentes consultadas, han establecido tiendas en las ciudades mineras. Los trabajadores de la empresa Royal Bol, en Guanay, dijeron a Mongabay que compran oro en función del precio de mercado de los Estados Unidos y luego lo envían en camiones a la capital La Paz, de ahí se transporta a Estados Unidos,  India, Emiratos Árabes Unidos y otros países.
La Dirección General de Desarrollo Productivo Agrícola de Guanay, así como varios inversores mineros y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) confirmaron que estos son destinos internacionales populares para el oro.
Cooperativas poderosas, supervisión deficiente
El contrato minero que revisó Mongabay también especificaba que es responsabilidad de la cooperativa gestionar cualquier reacción negativa por parte de las comunidades locales, dice que “concurrirá materialmente y asumirá la defensa del yacimiento en casos de incursión, invasión o perturbación de los trabajos por parte de grupos sociales y comunarios del sector, así como resolver cualquier conflicto con autoridades locales o cooperativas vecinas del lugar”.
En un párrafo separado, la cooperativa prometió “mantener relaciones cordiales con las comunidades vecinas”.
Inversores, residentes y funcionarios locales confirmaron a Mongabay que poderosos intereses mineros trabajan arduamente para mantener el control sobre las comunidades en donde excavan, tanto con regalos como amenazándoles con violencia.
Muchas comunidades indígenas, ante un territorio ancestral cada vez más reducido y ríos contaminados de los cuales dependían para la pesca y el agua potable, sufren las consecuencias del desplazamiento, enfermedades y luchas internas. Algunos integrantes de estas comunidades señalan que no tienen otra opción que trabajar con los mineros para sobrevivir.
Alejandro Machado, fundador del grupo Pueblo Indígena Leco y Comunidades Originarias de Larecaja (PILCOL), dijo: “Nos quitaban, nos botaban, pues entonces nos veíamos sin trabajo, sin de dónde ganarse el pan del día”.
Al dirigirse al norte hacia la ciudad de Apolo, ubicada a solo cinco kilómetros al sur del Parque Nacional Madidi, el control de los mineros en la vida local se vuelve cada vez más violenta, con algunas cooperativas que bloquean carreteras con maquinaria pesada, confiscan teléfonos móviles de las personas ajenas al lugar y celebran reuniones para votar quién puede o no tener acceso a distintas partes del parque.
Para fortalecer su influencia, algunas cooperativas se unen para formar coaliciones más grandes conocidas como centrales. Una de ellas, llamada Central Local de Cooperativas Mineras Auríferas de Apolo (Celcomap), está formada por al menos 20 cooperativas y coordina asistencia médica, tareas administrativas, así como “vigilancia” de la zona, según la agenda de una reunión que obtuvo Mongabay. Celcomap no estuvo disponible para hacer algún comentario.
Un guardaparques de Madidi dijo a Mongabay que habían perdido el control de la zona cerca de Apolo y no podían llevar a cabo iniciativas de conservación en áreas con actividad minera intensa.
A principios de este año, la senadora de La Paz Cecilia Requena hizo una serie de viajes en secreto a yacimientos cerca de Apolo con la esperanza de documentar el daño que se ha causado al parque y a las comunidades indígenas. Sin embargo, se vio forzada a huir, después de que unas personas empezaran a tirar piedras a su barco. Otros levantaron barricadas para retrasar su vuelta a la ciudad, según su oficina.
Uno de los hombres “gritó a los que estaban alrededor, que eran muchos comunarios, para que nos bloquearan el bote”, dijo Cecilia Requena a Mongabay. “Y eso sí hubiera sido muy preocupante”.
Requena, presidenta de la comisión senatorial sobre tierra y territorio, recursos naturales y medio ambiente, reconoció que la minería en el parque podría empeorar en los siguientes años, ya que muchas operaciones trabajan hacia el norte a través de los ríos de la región. Según funcionarios locales en Guanay, el oro en algunas partes de los ríos Tipuani y Mapiri ya se ha agotado y los mineros se desplazan ahora hacia el cercano río Challana.
En otras ciudades, como Teoponte, el oro está en proceso de agotarse, así que los mineros buscan nuevos territorios. Muchos de ellos se han establecido en Mayaya, localidad ubicada a solo 16 kilómetros de Madidi. La comunidad es tan pequeña que no tiene carreteras asfaltadas o su propio edificio gubernamental, aun así, su plaza central está llena de operadores chinos que conducen camionetas pickup nuevas.
“Se ha vuelto una economía ilegal, muy parecida a la economía del narcotráfico”, dijo Requena. “No tan violenta por el momento, pero sí impositiva”.
Las operaciones mineras deben someterse a inspecciones del Ministerio de Minería y Metalurgia y de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). Sin embargo, los inspectores de estas agencias casi nunca las visitan, dijeron funcionarios locales en Teoponte y Guanay. “El Ministerio de Minería nunca ha bajado”, dijo Víctor Ticona, alcalde de Guanay.
Tanto funcionarios de la AJAM como del ministerio declinaron responder a varias solicitudes de entrevista. El Sernap, que participa en la concesión de licencias de derechos de explotación minera en zonas de uso múltiple de Madidi, también declinó a realizar comentarios.
Los gobiernos locales  aseguran que han intentado desarrollar sus propias estrategias para controlar el impacto ambiental de la minería. En Guanay, Ticona lanzó un programa este año para crear un registro de las cooperativas en la zona, con el objetivo de entender mejor sus operaciones.
“Hay que trabajar profundamente el tema de la regulación de las cooperativas para que nos podamos adecuar a cuidar la madre Tierra”, dijo Víctor Ticona.
Sin embargo, muchas de las cooperativas se han resistido al proyecto. Durante una visita a una draga en el río Mapiri, trabajadores colombianos apagaron sus máquinas y se retiraron al interior del barco, decididos a esperar hasta que los funcionarios en la orilla se diesen por vencidos.
“Hemos tenido que rogar para que nos entreguen (información)… es el único modo que vamos a poder llegar con ellos”, dijo María Verónica, ingeniera agrícola en la oficina del alcalde de Guanay.
Completar el proyecto sería más fácil si participase el gobierno nacional, dijo el alcalde Ticona. “Si este ministerio coordina con el gobierno municipal con mucha más fuerza y con mucha más responsabilidad, estas cooperativas van a cumplir todo lo que tienen que cumplir”, dijo Ticona, “y así vamos a tener una minería sana, responsible y una minería que genere economía que no dañe a la Madre Tierra”.
 
 
 
 
 
ANÁLISIS. CENSO, POLARIZACIÓN Y FASCISMO EN BOLIVIA. 36 DÍAS DE PARO EN SANTA CRUZ
 
El censo de población tiene profundas implicaciones políticas y económicas para Bolivia, puesto que determina el equilibrio de poder de los territorios y las posibilidades de optar a recursos del Estado. En el departamento de Santa Cruz, controlado por la reacción, se ha levantado en una protesta por la postergación del censo.
 
El Salto Diario de España (https://bit.ly/3XPTBJW)
 
Durante 36 días —del 22 de octubre al 26 de noviembre— la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra y algunas zonas aledañas, fueron tomadas por un “paro indefinido”, un eufemismo utilizado por las élites políticas de la región para nombrar a un conjunto de medidas, principalmente bloqueos de calles y carreteras, que afectaron con violencia y amenazas a la actividad cotidiana de importantes sectores de la población cruceña.
Este paro fue impulsado por el Comité Interinstitucional de Santa Cruz, una instancia de la sociedad civil que aglutina a los segmentos más conservadores y reaccionarios de la élite política y económica de esta región.
Es un grupo de poder que ha logrado relanzar su proyecto político de derecha radical durante los últimos años (en especial luego de la crisis política de 2019), en el marco de la exacerbación de la polarización que aqueja al país. Apoyando activamente a este paro se encuentra la Gobernación del departamento, a la cabeza de Luis Fernando Camacho.
El argumento que dio forma a esta medida es la postergación del Censo de Población y Vivienda, que debía realizarse el 16 de noviembre de 2022, según lo que el propio gobierno de Luis Arce Catacora decretó en 2021, ya que la Constitución Política del Estado establece que la encuesta censal deben realizarse cada 10 años.
Sin embargo, luego de una serie de situaciones poco regulares en los primeros meses del presente año, incluida la renuncia del presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), el pasado julio, el gobierno decidió postergar la realización de dicho empadronamiento hasta “mayo o junio” de 2024, pese a que un mes antes había vuelto a garantizar su realización en 2022 e, incluso, se habían aprobado millonarios préstamos con dicho objetivo.
Inmediatamente después de esta postergación, a nivel nacional, muchas instituciones de la sociedad civil, juntas barriales, municipios y gobernaciones se pusieron en alerta y amenazaron con medidas de presión para revertir este aplazamiento. Entre las principales instituciones estaba el Comité Interinstitucional de Santa Cruz.
¿Por qué un censo es un tema tan delicado?
Según la normativa de Bolivia, dos hechos fundamentales suceden —entre muchos otros— a partir de los datos que emergen de un censo. Primero, se definen los porcentajes de distribución de los recursos públicos que se destinarán a diferentes entidades políticas, que van desde las Organizaciones Territoriales de Base (OTB) —una forma de organización barrial— hasta los gobiernos departamentales. Más población en una entidad significa más recursos económicos.
Por otro lado, el censo permite que el Órgano Electoral Plurinacional reformule el nuevo rompecabezas de circunscripciones electorales que define la distribución de representantes a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Más población relativa implica tener un número mayor de representantes respecto a otros departamentos.
Es decir, el censo tiene profundas implicaciones políticas y económicas para el país.
Por ejemplo, entre otros sectores, se conoce que están muy interesados en este empadronamiento los barrios más pobres y nuevos de las ciudades. Una OTB que no tenga más de nueve o diez años de creación pero que ha tenido un rápido crecimiento poblacional, probablemente, en el presente, no se beneficie de ninguna transferencia de recursos debido a que su población no está empadronada. El censo se convierte, así, en una oportunidad para contar con recursos para alcantarillado, construcción de calles y otras medidas necesarias para el barrio. Lo mismo sucede con municipios y gobernaciones que, en términos relativos, han tenido un crecimiento poblacional superior a la media nacional.
Así, la reivindicación en torno al Censo de Población y Vivienda tiene una dimensión de legitimidad que no puede ser desconocida. Responde a un principio básico de redistribución de recursos económicos y representación política en el marco de un Estado que se rige por un régimen democrático.
Sin embargo, en Bolivia existe una gran susceptibilidad respecto a esta temática. Hace 10 años se realizó un controvertido censo que fue duramente cuestionado por no haber cumplido una serie de criterios técnicos imprescindibles para garantizar la rigurosidad de una encuesta de esta naturaleza. Recientemente, el propio presidente Arce confirmó que aquel censo fue realizado sin una actualización cartográfica, lo que pone en duda su credibilidad.
Estos cuestionamientos técnicos, sin embargo, tienen un trasfondo político, ya que se acusó al gobierno de Evo Morales de generar un manto de opacidad sobre el censo de 2012 con el fin de beneficiar a municipios y gobernaciones en los que este partido tenía más apoyo electoral.
Por este precedente, distintos actores sociales reaccionaron inmediatamente frente a la postergación de la fecha del censo que debía realizarse este 2022, ya que no quedaba claro si los resultados censales finales estarían disponibles con suficiente antelación para modificar la distribución de los escaños electorales en las elecciones generales de 2025, lo que podría entenderse como una medida de manipulación electoral. Además, se retrasaría la redistribución de recursos económicos para las entidades políticas por más de dos años.
Es en este contexto que el Comité Interinstitucional de Santa Cruz logró sintetizar un reclamo en torno al proceso censal, lo que le permitió monopolizar la demanda e instrumentalizarla en función del poder de las élites regionales.
El paro promovido por la derecha cruceña
El lunes 8 y martes 9 de agosto de 2022, Santa Cruz paró por 48 horas. Esta medida se presentó como una amenaza de lo que vendría después: un “paro indefinido” si es que el gobierno no fijaba la fecha del censo, a más tardar, antes de finalizar el año 2023.
Eso no sucedió, y durante dos meses las grescas entre el gobierno y quienes estaban a la cabeza del paro en Santa Cruz escalaron. En ese periodo, el gobierno no hizo ningún esfuerzo real por desarmar esta medida que se presentaba inminente.
Esta situación acrecentó la sensación de polarización política que se ha establecido con mucha claridad en el país desde 2019, luego de la caída de Evo Morales en la crisis poselectoral y de la configuración de un escenario político regido por el discurso binario de golpe/fraude, que ha sido capitalizado, por un lado, por el gobierno de Morales y, por el otro, por todas las facciones liberales y de derecha del país, entre ellas la élite de Santa Cruz.
El día 4 de octubre, en un cabildo convocado por el Comité Interinstitucional, cientos de miles de personas se congregaron a los pies de la estatua del cristo en la ciudad de Santa Cruz, en respaldo a la propuesta de dicho comité, para iniciar un “paro indefinido” desde el 22 de octubre, con la consigna de que el censo se realice el año 2023.
Si bien estos cabildos no son espacios reales de deliberación, ya que las decisiones son tomadas de manera previa por las cúpulas que dirigen el Comité Interinstitucional, se convierten en una puesta en escena del músculo político que, en este caso, tenía este comité y los sectores allegados.
Desde los primeros días del paro, distintos sectores seguidores del Comité Interinstitucional —principalmente “clases medias” hacia arriba— tomaron las calles, avenidas y rotondas de la ciudad de Santa Cruz y de varias regiones en las que este comité ejerce algún tipo de influencia.
En muchos casos estas medidas se impusieron con violencia, improperios racistas y amenazas hacia los peatones, ciclistas y motociclistas. Algunos puestos de bloqueo se convirtieron en espacios de fiesta o rezos colectivos, mientras que muchos otros, con el pasar de los días, degeneraron en lugares de extorsión, que cobraban por el paso de vehículos y personas.
También se conoce que, en barrios residenciales, los vecinos encargados de sostener los puntos de bloqueo pagaban a otras personas —probablemente muchas de ellas sin trabajo por el mismo paro— para que se hagan cargo de estos bloqueos durante la noche, y así poder descansar.
Como era de esperar, los sectores populares fueron los más golpeados, ya que su actividad laboral se ha visto afectada de manera significativa. La gente se ha encontrado en la obligación de trasladarse hasta sus fuentes laborales a pie o simplemente ha visto disminuir dramáticamente sus ingresos.
Por otro lado, es importante destacar que durante el paro operaron muchas actividades económicas destinadas a la dispersión de clases medias-altas, como cafés, restaurantes y otros establecimientos de este tipo.
También, las grandes empresas de Santa Cruz, así como la agroindustria, continuaron operando con bastante normalidad, muchas de éstas contaban con permisos específicos para ello, además que muchas de las zonas productivas están situadas fuera de las áreas de bloqueo. Así pues, los grandes intereses de las élites se han visto afectadas en menor medida.
Cuando el paro se levantó, la ciudad estaba devastada. No solo por las calles llenas de basura y obstáculos que sirvieron para los bloqueos, sino por la desesperación debido a las condiciones económicas que dejaron esos 36 días.
El paro terminó principalmente por la gran presión popular. Era insostenible. El Comité Interinstitucional no logró que el censo sea en 2023, aunque sí se aprobó en la cámara de diputados una normativa que establece que, aunque el censo será en 2024, se garantiza una redistribución de escaños antes de las próximas elecciones generales, así como una pronta reorganización del esquema de distribución de recursos económicos para las entidades políticas.
La actualización la derecha fascista de Santa Cruz
Este paro tuvo un trasfondo que va mucho más allá del censo: su impronta fascista. En estos últimos años, y en especial estos meses que pasaron, el poder económico de Santa Cruz se ha actualizado en torno al núcleo político más rancio de las élites cruceñas. Un núcleo que muchos pensaban como debilitado y/o marginado.
Luis Fernando Camacho y Rómulo Calvo (presidente del Comité Interinstitucional), que representan la veta más conservadora de estos grupos de poder, hasta hace unos años eran actores insignificantes en el escenario público nacional. Las dirigencias más “moderadas” –muchas aliadas explicitas del Movimiento Al Socialismo– habían ganado terreno.
Por tanto, vale la pena comprender cómo estas élites más conservadoras se han recreando y actualizando en los últimos tiempos, adquiriendo una dimensión fascista acorde al escenario de las derechas que emergen en toda la región latinoamericana
Las luchas sociales que se suscitaron a principio de este siglo debilitaron a la élite del oriente del país, una élite blanca, gamonal [cacique] y latifundista que operaba en una región de la cual se sentían dueños absolutos, y así lo hicieron hasta muy entrado el siglo XX. Luego, desde los años 80 y 90 mutaría hacia el gran desarrollo agroindustrial y a un conjunto de actividades derivadas de ella.
Para ello, estos grupos produjeron un discurso autonomista —e, incluso, secesionista—, promocionando una identidad camba-oriental, que articulaba también a las élites del departamento de Pando y Beni y, en menor medida, de Tarija.
Pero el ciclo de luchas populares que entre 2000 y 2005 cimbró el escenario nacional frente al neoliberalismo, también arrinconó a estas élites y devaluó su legitimidad simbólica en el interior de la sociedad boliviana.
Luego, en el marco de la negociación y disputa por la Asamblea Constituyente, en 2008, el sector más pragmático del empresariado cruceño pactó con el gobierno, desplazando a los sectores más ideologizados de esta derecha conservadora.
Este pacto con el MAS, que se consolidó progresivamente, marcó un punto de inflexión, ya que determinó que el partido de gobierno asumió como suyos los intereses de este sector, como se hizo evidente en la Cumbre Agropecuaria “Sembrando Bolivia” en 2015.
Aunque ya desde antes el gobierno venía aprobando una serie de normativas que beneficiaron a este sector, como la postergación de la Función Económica y Social de la tierra (que garantiza el latifundio en el país), o la legalización de desmontes ilegales (lo que convierte a Bolivia en uno de los países con la mayor tasa de deforestación per cápita del mundo), pasando por una serie de leyes y decretos contrarios a las aspiraciones históricas de los pueblos indígenas y sectores populares, así como contra los ecosistemas del país.
Era el momento en que el gobierno fue totalmente complaciente con la agroindustria oriental y se dirigía a ésta de la siguiente manera: “díganos que hay que hacer, que ley hay que cambiar, que procedimiento hay que modificar, que decreto hay que corregir”. No por nada, Julio Roda, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), en 2016, señalaba que Evo Morales había favorecido más a Santa Cruz que el mismo exdictador Hugo Banzer Suárez.
Sin embargo, por el otro lado, en un plano discursivo y en la búsqueda de legitimidad, el gobierno del MAS ha propiciado un juego peligroso. Desde el pacto con estas élites, recreó un discurso antagónico ante ellas, evocando heridas históricas, lo que le ha servido para reproducir imaginarios de lucha que, a su vez, han sido anulados y/o devaluados por el propio gobierno en ese momento.
Esta es la base de la polarización política sobre la que se ha sostenido la conflictividad social del país en los últimos años, y en especial en Santa Cruz. Ya que es en la acentuación de estos ataques discursivos –de ida y vuelta– que el núcleo conservador de Santa Cruz encontró la posibilidad de actualizarse y reafirmarse en el escenario local. Es decir, un juego de dos polos que se hostigan mutuamente frente a sus seguidores, pero que en el plano económico pactan sistemáticamente, recreándose estos extremos políticos como una estrategia de poder.
Pero lo anterior no sería posible sin la desarticulación de las resistencias y luchas populares.
Frente a la alianza del gobierno con las élites regionales de Santa Cruz, era de esperar que organizaciones como la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) o la Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), entre otras, impugnaran estos pactos. Es por ello por lo que el gobierno arremetió contra las formas orgánicas de estas organizaciones. Lo hizo a través de la represión o de la generación de estructuras paralelas, como sucedió con la CIDOB luego del conflicto por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Con ello, el gobierno no solo se quitó un peso de encima, sino también se lo quitó a las élites del oriente boliviano que se habían visto presionadas por las luchas de estos sectores.
Con un poder económico creciente, con la desarticulación de las fuerzas populares que oponían resistencia y con la actualización simbólica y discursiva de un núcleo político que, finalmente, tiene rasgos fascistas y que se mantuvo latente gracias a la misma estrategia del gobierno del MAS, era de esperar que cuando el gobierno perdiese legitimidad —como sucedió cuando desconoció el referéndum de 2016, en el que ganó el No a la reelección indefinida—, este núcleo comenzaría a desplegarse paulatinamente y a capitalizar el malestar que fue generando el creciente autoritarismo del MAS. Ya para 2019 logró capitalizar la crisis política derivada de las fallidas elecciones generales.
Esta es una derecha cuyos rasgos fascistas tienen que ver con distintos elementos, que van desde el hecho de que sus seguidores enaltecen símbolos y prácticas nazis, hasta la misoginia, el clasismo y el racismo con el que desprecian a los que consideran “collas”. Pasando por un conjunto de prácticas autoritarias y violentas.
Llama la atención, además, cómo utilizan la religión como mecanismo de cohesión social. Desde pastores evangelistas hasta las vertientes más conservadoras de los grupos católicos, se unen a los cabildos y azuzan a la población a participar activamente de los mismos y de los bloqueos y actos promovidos por el Comité Interinstitucional, que, dicho sea de paso, también se auto considera como un “Gobierno Moral” de los cruceños.
Por otro lado, también se debe tener en cuenta que este comité, en medio del paro por el censo, ha renovado la noción de federalismo o secesionismo, a partir de reposicionar la idea de que el departamento de Santa Cruz, al igual que Beni y Pando, han sido históricamente abandonados y menospreciados por el resto del país.
Es esta derecha, para nada democrática y profundamente violenta, la que se ha apropiado y posicionado sobre una demanda que tiene razón de ser y legitimidad social, pero que ha instrumentalizado con el fin de fortalecer la postura más conservadora de las élites cruceñas.
Para ello, nada le sirve más que la exacerbación del clima de polarización. Ya que eso también le permitió alargar este paro más allá de la demanda inicial de la fecha del censo. Eso es lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas, cuando de una demanda se pasó a otras, dando continuidad a un clima de violencia y confrontación.
El cálculo político del MAS y su disputa interna
Durante las semanas previas al inicio del “paro indefinido”, el MAS no hizo otra cosa que agravar el clima de confrontación. Por un lado, no dio ninguna respuesta técnicamente aceptable que explicase por qué el censo debía realizarse en 2024 y menos por qué se garantizó un censo en 2022 que no podía ser realizado. Tampoco aclaró que la redistribución de recursos económicos sería rápida y menos que la nueva repartición de escaños se concretaría antes de las elecciones generales de 2025.
Es más, después de unas semanas, el propio expresidente Evo Morales confirmó que en su partido se consideraba problemática la redistribución de escaños antes del 2025, politizando un tema que debería ser considerado estrictamente técnico, lo que generó más tensión.
De la misma manera, llama la atención como, en distintos momentos, el MAS apostó por acentuar la confrontación a través de la movilización de sectores sociales afines al gobierno, para enfrentarse a quienes organizaban los bloqueos del paro. La policía operó como una instancia complementaria, que apoyó a estos sectores afines al partido de gobierno.
Esta es una estrategia utilizada por el gobierno del Movimiento Al Socialismo en varias oportunidades, propiciando enfrentamientos entre sectores de la sociedad civil o no haciendo nada por evitarlos, como lo sucedido en Cochabamba en enero de 2007, en El Porvenir (Pando) en 2008 y en varias regiones del país en 2019. O lo que pasó con el asesinato del viceministro Illanes, en 2016, cuando mineros cooperativistas lo secuestraron en medio de una movilización de dicho sector.
En estos casos, el gobierno ha buscado victimizar a algún movimiento social afín –aunque ello haya implicado muchos muertos– o victimizarse a sí mismo, para utilizar ese hecho como una excusa de intervención militar y policial, o como moneda de cambio para una negociación posterior.
Un día antes del paro indefinido (21 de octubre), sectores afines al MAS convocaron al “Cabildo del Pueblo”, que rechazaba las resoluciones del cabildo convocado por el Comité Interinstitucional y llamaba a la movilización social para enfrentar en las calles a los bloqueos. Al día siguiente, ni bien empezó el paro, los enfrentamientos civiles ya habían dejado un muerto en la localidad cruceña de Puerto Quijarro
Asimismo, el 25 de octubre, tres días después de iniciarse el paro indefinido, sectores cercanos al gobierno realizaron un cerco a Santa Cruz, es decir, un bloqueo a los bloqueadores, lo que incrementó aún más la tensión y los episodios de violencia, además que principalmente afectó al abastecimiento de los sectores más empobrecidos.
De la misma manera, cuando el paro ya venía desinflándose, el 11 de noviembre, grupos de choque afines al gobierno se enfrentaron con los bloqueadores del paro en zonas céntricas de Santa Cruz. Esta situación derivó en una gran escalada de violencia, incrementando los ánimos beligerantes del bando afín al Comité Interinstitucional, que se volcaron con mucha violencia a las calles e incendiaron las oficinas de la Federación Sindical de Campesinos de Santa Cruz.
Así pues, la violencia ha sido resultado también de la postura asumida por el gobierno central, que no intentó resolver este conflicto, sino instrumentalizarlo, mostrándose como la única opción contestataria a la postura de las élites cruceñas. De esta manera, sus acciones también pueden asumirse en muchas ocasiones como procesos de fascistización social, ya que se sostienen en la exacerbación de la violencia civil como un recurso de legitimación y gestión política.
Pero hay otro elemento con el MAS y que tuvo repercusiones importantes en este conflicto: la disputa al interior de este partido.
Es evidente que dentro del Movimiento Al Socialismo existen importantes contradicciones entre el bloque cercano al expresidente Morales y el otro que es afín al actual presidente, Luis Arce, y a su vicepresidente, David Choquehuanca.
Sin mucha claridad de lo que está en juego y cómo se están moviendo las fichas al interior del partido de gobierno, las acusaciones van en ambos sentidos, señalando que la “otra” facción habría negociado con la “derecha camachista”, además de otras acusaciones, como la que ambos bandos estarían vinculados al narcotráfico. Es decir, se observa una lucha intestina con una importante descomposición interna.
El problema es que el “paro indefinido” de Santa Cruz se ha convertido en una ficha más de esta disputa, lo que ha significado que, al interior del MAS, se antepongan los intereses partidarios a la situación de zozobra que afecta a la gente que vive las consecuencias del paro en su día a día.
Una situación política que busca silenciar voces críticas
Lo que hace la polarización política es producir una ilusión y una sensación de que la realidad se reduce únicamente a dos polos aparentemente antagónicos e irreconciliables entre sí.
Es un reduccionismo violento, que intenta obligar a que toda lectura sobre lo que sucede deba interpretarse desde un tamiz relativo a uno de los dos polos. Así, se silencian las voces que critican está lógica binaria, se las trata de situar en uno de los polos y cuando no logran hacerlo, se las oprime.
Complejizar el análisis permite comprender que lo que sucede en realidad es una situación de violencia y polarización derivada de la disputa por el poder estatal entre partidos y grupos de poder. A ellos, en realidad, lo último que les importa es lo que les pasa a las personas en su diario vivir.
Al final de cuentas —como la historia lo demuestra—, son los sectores más empobrecidos quienes ponen la vida y el hambre, mientras que quienes toman las decisiones terminan pactando sobre los muertos, heridos y la pobreza de la gente.
Lo llamativo ha sido cómo muchas voces críticas, gran parte de ellas cercanas al MAS, han perdido fuerza debido a la propia disputa interna de este partido. En muchos casos, solo han atinado a criticar al paro y al Comité Interinstitucional, sin nombrar la responsabilidad que tiene el Movimiento Al Socialismo en todo este conflicto.
Ahora bien, se debe tener en cuenta que una vez que el paro fue levantado, el núcleo fascista de las élites de Santa Cruz ha retomado mucho terreno y se encuentra con más vigor que hace unos meses atrás.
Este motivo de preocupación va mucho más allá de la miope disputa interna del MAS y de sus aspiraciones electorales. Este partido está jugando a ganar una elección en 2025 y a posicionar a un candidato –cualquiera que sea–, pero lo hace sobre la base de que el pueblo boliviano pague un alto precio: el reposicionamiento de una derecha rancia cada vez más fuerte que va tomando forma no solo en el departamento cruceño, sino también en el resto del país.
 
 
 
 
 
RED ESTATAL DE PROMOTORAS COMUNITARIAS EN BOLIVIA
 
Las lideresas Gladys Bolívar Baltazar y Toribia Flores Willca han sido invitadas por Alianza por la Solidaridad para participar en el encuentro “Visibles de Sur a Norte: Mujeres liderando la agenda de cambio”.
 
Revista SEM de México (https://bit.ly/3uk2Q7G)
 
Gladys Bolívar Baltazar se convirtió en lideresa hace 10 años cuando creó el “Club de Madres Barrial” en Bolivia, para ayudar a otras mujeres a formarse y conocer sus derechos. Hoy forma parte de una red estatal de promotoras comunitarias municipales, una figura legal recogida en la Constitución de Bolivia cuya finalidad es la de constituir una red de apoyo y protección a mujeres que viven cualquier situación de violencia. “Somos mujeres comunes y corrientes de barrios que informamos y acompañamos a las mujeres para hacer las denuncias.”
La violencia de género y en concreto la violencia sexual contra mujeres y niñas en Bolivia alcanza cifras espeluznantes. Se contabilizan 28 casos de violencia sexual por día, más de uno por hora. Según un estudio realizado por UNICEF, al menos 7,5 de cada 10 mujeres sufren algún hecho de violencia a lo largo de su vida, mientras que más de 100 mujeres en promedio son asesinadas cada año por su condición de mujer. Además, según datos de la Coordinadora de la Mujer y la Fiscalía General del Estado de Bolivia los datos de feminicidios en los hogares se han incrementado un 30 por ciento respecto al año anterior.
En el año 2013, tras una intensa lucha de las organizaciones de mujeres se logró aprobar la Ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias. A pesar de esta cobertura legal, la falta de conocimiento por parte de la población general, la naturalización de la violencia, la insuficiencia de recursos, la escasa formación y también ausencia de interés de las autoridades, genera una brecha entre los avances normativos y su implementación. Por eso es necesario la existencia de la figura de las promotoras comunitarias: “Nosotras nos ocupamos de apoyar a las víctimas y fiscalizamos la ley para que se cumpla, vamos a las instancias de denuncia de violencia y vemos por qué no se ha tomado la denuncia, por qué no se investiga, por qué no se está protegiendo a las mujeres.”
Para realizar este importante trabajo, las mujeres han de formarse durante cinco años en distintos ámbitos -derechos humanos, atención a víctimas, tener empatía y sororidad, conocer la ley 348 en su totalidad- y pasar un examen realizado por el Ministerio de Educación. Casi todas las integrantes de la red son mujeres que han sido maltratadas. “Es una forma de sanar las heridas mientras te formas y ayudando a otras mujeres que están en la misma situación”. “Además, sus hijos y sus maridos nos ven y se empiezan a unir a nosotras, tienen sus grupos de masculinidad, aunque todavía son pocos. Han visto que en algún momento han tratado de apartarnos de nuestra labor activista, pero como no lo han logrado, ahora se están uniendo”.
Para muchas mujeres acceder a la justicia es difícil. “Muchas no tienen recursos ni para ir a denunciar. Desde algunos lugares hacerlo puede suponer tres o cuatro horas de caminata cargadas con sus bebés hasta el centro policial más cercano. Los hombres las controlan y no las dejan ir a denunciar”. Además, “en las comunidades, las normas se desconocen y la violencia está naturalizada”.
“La normalidad es que las mujeres sufran gritos, insultos, puñetazos y patadas. Las organizaciones sociales son las que impulsan las leyes y animan a las mujeres a no aceptar la violencia, a denunciar, a pedir que se cumplan las leyes. La mayoría de las veces, ni las autoridades dan credibilidad cuando las víctimas denuncian y las culpan a ellas”.
Violencia política
Gladys Bolívar Baltazar está en Madrid junto a otra lideresa, Toribia Flores Willca. Ambas han sido invitadas por Alianza por la Solidaridad, en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y de cara al proyecto “Garantizando el ejercicio del derecho a una vida libre de violencias de las mujeres desde el empoderamiento personal, social, económico y político en La Paz y Chuquisaca”, con el objetivo de llevar a cabo acciones de sensibilización en las Comunidades de Madrid y Valencia.
Justo en los días de la visita y la realización de esta entrevista el tema de la violencia y acoso que reciben las mujeres que participan en la vida política está en el centro de la agenda mediática en España, con motivo de los insultos desde la propia tribuna del Congreso a la ministra de Igualdad, Irene Montero. En países como Bolivia, el asesinato de la concejala aimara Juana Quispe en 2012 terminó por impulsar la promulgación de la Ley Nº 243 contra el Acoso y la Violencia Política contra las Mujeres, convirtiendo al país en el primero en tipificar y vetar esta discriminación. En efecto, desde enero a septiembre de 2018 se han registrado un total de 71 denuncias por acoso y violencia política en todo el país; pero, según explica Gladys, “desde que se aprobara la normativa solo ha habido dos sentencias ejecutadas”.
Y es que la naturalización de la violencia contra las mujeres impregna todos los ámbitos, también el del activismo y la participación política. “Hemos avanzado en el acceso a la educación, las mujeres ya estamos en la universidad, pero todavía no alcanzamos la paridad y cuando una adolescente se queda embarazada, por ejemplo, se acabó todo”, explica la lideresa, antes de describir las resistencias y el acoso que tienen que enfrentar las mujeres en el entorno más inmediato cuando deciden participar en el espacio público: “los propios maridos y las familias nos critican por participar en reuniones con hombres, nos atacan especialmente cuando asumimos un cargo y esta violencia puede llegar a ser física e incluso llegar al feminicidio”.
“A pesar de la existencia de la ley, para una mujer es muy difícil estar en los espacios de poder. Nos han preparado para estar en la casa, ser obedientes, no generar conflictos, así que no quieres ocupar cargos en ninguna organización, tenemos baja autoestima. Tenemos que enfrentarnos al entorno, a las familias. Y cuando entras, los hombres también nos presionan para que abandonemos los cargos y nos presionan con violencia”.
Pero las cosas están cambiando. Gladys, que no tuvo acceso a la educación en su niñez, estudia, poco a poco, una carrera universitaria y se ocupa de que sus hijas puedan ir a la universidad. Se ha cualificado en distintas materias, ayuda a muchas mujeres, es defensora de los derechos humanos y con su acción construye un tejido social de mujeres activas que fueron decisivas en momentos complicados como la pandemia y que hoy son una red de cuidados que las sostiene. Es una referencia y no es la única.
 
 
 
 
 
El Gobierno enviará camiones cisterna de manera urgente
 
FUERTE SEQUÍA EN BOLIVIA: HAY MÁS DE 2000 COMUNIDADES AFECTADAS
 
Página 12 de Argentina (https://bit.ly/3EZBjgA)
 
Bolivia atraviesa una sequía que afecta a más de 100 mil familias. Según informó el gobierno de Luis Arce, la escasez de agua dañó más de 140 mil hectáreas de cultivos en siete de sus nueve regiones. Las autoridades ambientales también advirtieron sobre el aumento de incendios forestales en ecorregiones como Los Yungas, ubicada en La Paz.
Miles de comunidades bolivianas enfrentan una intensa sequía en su territorio. "Son 2.020 comunidades y estamos hablando de 102.440 familias afectadas y una superficie de 140.852 hectáreas" dañadas por la sequía, precisó el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales.
Además, 153 municipios hicieron un pedido urgente de agua y 84 localidades informaron que la sequía está afectando la producción agrícola. Gonzales aseguró que el requerimiento de agua será atendido de manera inmediata y que los agricultores recibirán apoyo con semillas y fertilizantes.
Las regiones afectadas por la sequía son La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz.
La situación ambiental fue expuesta en la presentación del "Plan Plurinacional de Respuesta Inmediata a la Sequía" en la que también participaron los ministros de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos, y el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes.
El plan presentado por las autoridades ambientales cuenta con 17,5 millones de dólares de presupuesto, de los cuales 3,9 millones serán canalizados para la primera fase de respuesta inmediata.
La primera fase estará enfocada en garantizar el suministro de agua para consumo humano, riego y ganadería a través de tanques de PVC, camiones cisternas y pozos, confirmó el ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos. Para el funcionario esta intervención también contribuirá a reducir los impactos de los incendios forestales registrados por la sequía.
Incendios forestales
El ministro de Desarrollo Rural indicó que el fenómeno climatológico La Niña trajo “bastante adversidad y problemas” debido a las heladas en algunas zonas y actualmente por la sequía que además contribuye al incremento de incendios en el país.
El incremento de incendios forestales preocupa a las autoridades que indicaron que en parte se debe a la falta de lluvia y al incremento de temperatura. Aunque, el director general de Gestión y Desarrollo Forestal, Omar Tejerina, precisó que en algunos casos los incendios son consecuencia de la quema que realizan los productores para preparar los terrenos para el cultivo y que pueden salirse de control. Según Tejerina, actualmente existe un alerta por siete incendios forestales, tres de ellos en la zona subtropical de Los Yungas de La Paz.
 
 
 
 
 
"OPERACIÓN ETILOX": HISTÓRICA INCAUTACIÓN DE 690 TONELADAS DE QUÍMICOS USADOS PARA PRODUCIR COCAÍNA EN ARICA
 
El operativo de brigadas especializadas de la PDI con el Servicio de Aduanas, en conjunto con la policía de Bolivia, permitió sacar de circulación elementos avaluados US$9,6 millones.
 
24 Horas de Chile (https://bit.ly/3OW89U7)
 
En un operativo coordinado entre la Policías de Investigaciones (PDI), Servicio de Aduanas y el Ministerio Público, sumado a la cooperación de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narco Tráfico (FELCN) de Bolivia, se logró la histórica incautación de 690 toneladas de químicos usados para producir cocaína en Arica.
En concreto, desde el país vecino proporcionaron información a la Brigada Investigadora de Sustancias Químicas Controladas (Brisuq) la presencia de 46 contendores en el puerto de Arica con precursores químicos al interior de barriles que permitirían elaborar en su conjunto cerca de 60 toneladas de clorhidrato de cocaína
En detalle fueron hallados los siguientes componentes avaluados en US$9,6 millones:
576 toneladas de Acetato de Etilo
64 toneladas de Cloruro de calcio
26 toneladas de Hidróxido de Sodio
24 toneladas de Metabisulfito de Sodio
De acuerdo con información de Aduanas, los contenedores eran procedentes de China y tenían como destino final Bolivia, siendo catalogadas como "mercancía en tránsito" y "un golpe histórico  al crimen organizado transnacional".
Al respecto, el fiscal Raúl Arancibia destacó que "este es un gran golpe para las organizaciones criminales vinculadas a la producción de drogas y su posterior comercialización que operan no sólo en los países vecinos, sino también en Chile".
En tanto, el subprefecto Marcelo Atala, jefe de la Prefectura Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Norte, destacó que la indagatoria "data desde fines de 2020" y que fue un "trabajo interagencial" que logró "concretar un procedimiento exitoso de alrededor de 700 toleladas de sustancias químicas controladas. En su origen, es un hecho inédito".