El
Silala no es un "río" con cauce natural que desemboca en Chile. Es un
manantial artificialmente canalizado y conducido a través de obras hacia Chile.
Por tanto, según el derecho internacional, el Silala es de soberanía nacional,
no chilena. El Silala proviene de 94 ojos de agua que afloran en territorio
boliviano. Antes de ser canalizado sus aguas se dispersaban o escurrían
nuevamente en territorio boliviano.
El canciller
chileno, Heraldo Muñoz, exhibió un —apócrifo— mapa anexo al Tratado de 1904 y
dijo que, según su gobierno, en dicho mapa “se define al Silala como un río
internacional”. Al respecto, por una parte, hace varios años venimos
denunciando que el Tratado de 1904 (lo principal) y por ende todos sus anexos
como el apócrifo trazado del Silala como “río internacional” (lo accesorio) son
nulos.
Por otra
parte, remontándonos a los antecedentes sobre la concesión administrativa del
derecho temporal de proveer el servicio de agua para locomotoras “a vapor” con
las aguas del Silala, cabe afirmar que en julio de 1908 The Antofagasta (Chili)
and Bolivia Railway Company Limited (ABRCL) le otorgó a Benjamín Calderón
(sustituido después por T. Graz) un poder especial “para que en nombre y
representación de la sociedad nombrada, solicite de la Prefectura de Potosí, en
la provincia de Porco o Sud Lípez del departamento, las aguas de ‘Siloli’,
situadas en la comprensión de dicha provincia, para la alimentación o
abastecimiento de las máquinas del ferrocarril” (Salguero, M. E.; Importantes
Documentos Sobre El Silala). Así, Calderón se presentó ante el prefecto de
Potosí, R. Calvo, y le presentó un memorial solicitando: “la autorización
necesaria para aprovechar las aguas públicas de las vertientes de ‘Siloli’,
situadas en la provincia de Sud-Lípez de este departamento, para el servicio de
la Empresa Ferrocarriles de Antofagasta (…)” (Ibídem). Con lo cual queda
probado que ABRCL y Chile siempre reconocieron que las aguas del Silala
pertenecen al Estado boliviano y no tenían un curso internacional. Tan es así
que le pidieron a la Prefectura de Potosí que les concediese el derecho de
prestar el servicio de provisión de agua para el ferrocarril.
Mucho más
interesante en el referido memorial es el párrafo que dice: “Haciendo obras de
captación y de canalización, podrían utilizarse las dichas vertientes, aunque
con costo crecido; y la empresa proyecta ejecutar esas obras para utilizarlas
en el servicio de su línea (...)”. (Ibídem). Confesión que prueba que incluso
antes de obtener la concesión, ABRCL planeaba ejecutar obras (violando la
soberanía nacional) con las cuales, hasta el día de hoy, le “inventó cauce”
internacional a las aguas bolivianas del Silala, conduciéndolas ilícitamente a
“territorio” chileno (en realidad territorio boliviano usurpado por Chile).
Ahora bien,
con relación al contrato administrativo de “concesión” de 1908, es menester
afirmar que en el mismo sospechosamente no se estipuló la obligación que ABRCL
debía cumplir como contraprestación, menos se estipuló el objeto sobre el cual
dicha obligación recaería. Entonces, el objeto sobre el cual debió haber
recaído la obligación de ABRCL no existió y, por ende, tal contrato
administrativo careció de objeto, siendo nulo ab initio. Además de que el
motivo expresado por ABRCL a momento de solicitar la concesión fue únicamente
“el aprovechamiento de las aguas para el abastecimiento de ferrocarriles”, en
el marco del Art. 217 de la Ley de Aguas de 1906 (inconstitucional por cierto).
Ergo, cuando las locomotoras a vapor fueron sustituidas por máquinas a diésel,
las finalidades que motivaron el contrato variaron tanto que lo extinguieron;
aunque demostramos que tal contrato de concesión fue nulo de inicio.
Finalmente,
por todo lo expuesto, queda claro que ha llegado la hora de “cerrarle el grifo”
del Silala a Chile. A tal efecto es necesario afirmar que el único camino
constitucionalmente viable para Bolivia es agotar de facto y de cualquier modo
las aguas del Silala en territorio boliviano; puesto que el Art. 373 de la
Constitución Política del Estado de 2009 prohíbe que los recursos hídricos (en
todos sus estados) y sus servicios sean objeto de “apropiaciones privadas” y
concesiones. (LA RAZON)
USO
DE AGUAS DEL SILALA FUE AUTORIZADO EN 1908
Autoridades
de Potosí entregaron documentos legalizados sobre la concesión de vertientes
del Silala, la que fue anulada en 1997, un año después de la denuncia de EL
DIARIO que reveló el uso arbitrario de los recursos hídricos bolivianos por
parte de Chile. Gobernación anuncia la reactivación del proyecto del criadero
de truchas con aguas de los manantiales del Silala
En el marco
de la acumulación de documentos para elaborar la demanda contra Chile, la
Gobernación de Potosí entregó al Gobierno una copia legalizada de Derechos
Reales del documento de concesión de las vertientes del Silala, la anulación de
la misma, mediante resolución administrativa, y varios estudios geotécnicos.
La autoridad
potosina dijo que se hizo una recopilación de varios documentos, en DDRR, se
tiene el documento protocolizado de la concesión que otorgó a una empresa
ferroviaria para que use las aguas del Silala en 1908; también, dijo, se
entregó la resolución administrativa de la exprefectura que revoca esa
concesión.
Cabe recordar
que en mayo de 1996, el matutino EL DIARIO denunció que las aguas de los
manantiales del Silala eran utilizadas de manera ilegal, además de ser
desviadas arbitrariamente a través de canalizaciones en beneficio de Chile, que
hasta la fecha no pagó ni un centavo al país.
Por otro
lado, el Gobernador anunció la reactivación del proyecto del criadero de
truchas con aguas de los manantiales del Silala, el incremento en la población
camélidos, entre otros.
Potosí
entrega al Gobierno pruebas legales del Silala
Una copia
legalizada de Derechos Reales del documento de concesión de las vertientes del
Silala, la anulación de la misma, mediante resolución administrativa, y varios
estudios geotécnicos fueron los documentos que entregaron ayer al presidente
Evo Morales, representantes del departamento de Potosí, encabezados por el
gobernador Juan Carlos Cejas. La delegación estuvo integrada por alcaldes
municipales, docentes universitarios y dirigentes de la Federación Regional
Única de Trabajadores Campesinos del Suroeste Potosino (Frutcas).
“Hemos hecho
una recopilación de varios documentos, en Derechos Reales tenemos el documento
protocolizado de la concesión que otorgó a una empresa ferroviaria para que use
las aguas del Silala, de 1908; hemos logrado obtener una copia legalizada de
ese documento, de la misma forma, (entregamos) la resolución administrativa de
la exprefectura que revoca esa concesión. Ese es otro documento que tenemos en
Potosí”, informó Cejas, en reuniones que tuvo con autoridades del Gobierno
Nacional.
TEMA DE
AGENDA
Desde el 23
de marzo, después de casi 20 años, el tema del uso de las vertientes del Silala
volvió a ser tema de agenda del Gobierno Nacional con el anuncio de Morales de
iniciar una demanda internacional contra el gobierno de Michelle Bachelet, por
el uso arbitrario de los manantiales que se encuentran en territorio potosino,
cerca de la frontera con el vecino Chile y el desierto de Atacama.
En ese marco,
al igual que las Fuerzas Armadas de la Nación, que entregaron documentos y
estudios para respaldar la tesis de la demanda, representantes de Potosí
también hicieron entrega de documentos y otros estudios.
“A ellos se
suman aportes de estudiosos potosinos, ingenieros, abogados, escritores y otros
documentos que ayudan mucho para fundamentar la demanda nacional. Igualmente,
hemos presentado documentos que muestran el proceso de privatización de las
aguas del Silala en gobiernos pasados”, precisó la autoridad.
RECOPILAN
DOCUMENTACIÓN
Según
instrucción del Primer Mandatario, la Dirección Estratégica de Reivindicación
Marítima (Diremar) será la encargada de recopilar toda la documentación
necesaria para elaborar la demanda internacional por el uso ilegal de las
vertientes del Silala.
Fueron varios
representantes potosinos que se reunieron con el Presidente y autoridades de la
Cancillería, entre ellos el gobernador Cejas, los alcaldes de Potosí y de los
municipios de la región del Silala, autoridades académicas de la Universidad
Tomás Frías, empresarios, parlamentarios del oficialismo dirigentes de la
Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Suroeste Potosino
(Frutcas) y periodistas de la región.
“Aquí no hay
colores políticos, para nosotros es un tema de Estado que interesa a todos los
bolivianos (…) Nuestro compromiso, desde el departamento de Potosí, es apoyar
esa decisión que ha tomado el Gobierno Nacional”, afirmó Cejas.
SIN COMCIPO
A la reunión
de la delegación potosina con el Gobierno central no asistió representante
alguno del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), organización que es
políticamente contraria al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y que en
el referéndum constitucional hizo campaña por el NO.
TEMA DE
ESTADO
Para el
senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), René Joaquino, la defensa de las
aguas del Silala es un tema de Estado y debe unir al pueblo boliviano, al igual
que la demanda marítima.
“El tema
Silala nuevamente nos ha unido a los potosinos y potosinas, las organizaciones
sociales, los ciudadanos y ciudadanas del departamento de Potosí apoyan la
propuesta del Gobierno Nacional de iniciar una demanda para que pueda
resarcirse los daños que se han hecho al país”, manifestó el legislador.
VISITAS
En el marco
de socializar el tema de las vertientes del Silala, el gobernador Cejas informó
también que gestionarán varias visitas a la región donde se encuentran los
manantiales y los bofedales que forman las vertientes del Silala.
En especial,
se priorizará la visita a las vertientes del Silala de estudiantes de educación
secundaria, universitarios y organizaciones sociales de todo el país, según la
autoridad.
BOLIVIA
APUESTA POR LA INDUSTRIA DEL LITIO CON RECURSOS Y CIENTÍFICOS NACIONALES
Sputnik News de Rusia (www.mundo.sputniknews.com)
Bolivia está
apostando por la industrialización del litio en el salar de Uyuni (sur) del departamento
de Potosí con recursos económicos propios y científicos nacionales lo que hace
que este proyecto sea uno de los más importantes de la historia boliviana, dijo
a Sputnik Novosti el especialista en temas mineros Héctor Córdova.
"Sin
duda el único mineral que nos permitiría tener un protagonismo industrial en el
mundo, es el litio. Este es un proceso que se está encarando con tecnología
boliviana y con técnicos bolivianos, considero que es el proyecto más
importante de la historia boliviana", declaró el experto y exgerente de la
Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).
En criterio
del experto, Bolivia tiene un retraso de al menos cien años en la industria
minera y a lo largo de su historia mantuvo su condición de productor de
materias primas mineras para la exportación.
Al respecto
el gerente nacional de Recursos Evaporíticos, Luis Alberto Echazú, en una
entrevista con el canal estatal, señaló que hay optimismo en Bolivia ya que los
precios del carbono del litio están al alza, contrariamente a la situación de
otras materias primas exportables.
"Han
subido los precios del carbonato de litio y esto es muy importante",
afirmó Echazú y precisó que uno de los mercados estratégicos para el litio está
en los países del Asia.
La
industrialización del litio ha abierto una nueva perspectiva la minería
boliviana que no ha tenido un adecuado aprovechamiento y por el contrario ha
significado pérdidas para el Estado, advirtió Córdova que considera que por
mucho tiempo más, "Bolivia seguirá siendo un país minero".
El 2015, la
minería aportó con 7% al Producto Interno Bruto (PIB) y representó el 30% del
total de las exportaciones del país.
Con relación
al proyecto de industrialización del litio, el gerente nacional de Recursos
Evaporíticos señaló que "la perspectiva es seguir investigando, tenemos
que explotar el boro, el sodio y sus sales mixtas; es una industria que como
ninguna otra tiene perspectivas de ir creciendo generando más riqueza, más
conocimiento y potencial económico, tecnológico y científico".
El Gobierno boliviano
ha invertido más de 33 millones de dólares para la instalación de la planta
industrial de carbonato de litio que actualmente produce a escala experimental
y pretende general al menos 500 empleos directos y unos 2.000 indirectos y en
los próximos dos años se espera lograr una producción a escala industrial.
BOLIVIA
PREPARA PRIMERA EXPORTACIÓN EXPERIMENTAL DE CLORURO DE POTASIO A ARGENTINA
El Gobierno
boliviano prepara para mayo la exportación de las primeras 200 toneladas de
cloruro de potasio a Argentina que de manera experimental produce el país en su
planta piloto del Salar de Uyuni del departamento de Potosí.
"Se
están ultimando detalles para concretar la exportación de al menos 200
toneladas de cloruro de potasio por mes a la República Argentina", dijo a
Sputnik Nóvosti el director de Comunicación de la Gerencia Nacional de Recursos
Evaporíticos dependiente de la Corporación Minera de Bolivia, Honorio Carlo.
De acuerdo
con los datos de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos, Bolivia recibiría
un promedio de 100.000 dólares mensuales por la exportación de cloruro de
potasio, uno de los principales productos utilizados como fertilizantes en la
industria agrícola.
Entre 2014 y
2015, esta Gerencia vendió a productores nacionales unas mil toneladas y tiene
requerimientos abastecer del producto a una escala comercial.
La COMIBOL
impulsa la industrialización del cloruro de potasio en el salar de Uyuni y
proyecta convertirse en los próximos años en un importante proveedor de este
producto.
Bolivia considera
además de Argentina, Brasil y Venezuela se constituyen en los mercados seguros
y próximos para el cloruro de potasio que ya se está produciendo a escala
semiindustrial en el país.
EL
LITIO, EL NUEVO ORO DE AMÉRICA LATINA
Sputnik News de Rusia (www.mundo.sputniknews.com)
El nuevo oro
del siglo XXI es el metal más liviano del mundo, y sus propiedades lo hacen
fundamental para las baterías que alimentan los automóviles eléctricos, los
teléfonos y los más diversos computadores portátiles.
Este “oro
blanco” se encuentra en grandes cantidades en los salares andinos de Chile,
Bolivia y la Argentina, que concentran el 90% de las reservas mundiales de
litio en salmuera.
El precio del
carbonato de litio, como se lo extrae de los salares, es de 6500 dólares la
tonelada, más del doble de lo que costaba hace diez años, según la periodista
especializada en temas científicos Nora Bär, del diario La Nación de Buenos
Aires.
El litio como
recurso estratégico empezó a usarse en la fabricación de la bomba de hidrógeno
o termonuclear, pero luego empezó a ser utilizado en la industria automotriz
para el desarrollo de baterías eléctricas.
En los años
noventa, se empezó a utilizar para las baterías ion-litio en la industria
electrónica (telefonía celular, reproductores de audio, computadoras), y más
adelante, en el desarrollo de los futuros vehículos eléctricos.
La
explotación de este importante recurso se hace de distintas maneras en los tres
países: Bolivia impulsa desde 2008 un plan a cargo de una empresa pública.
Chile es el
mayor productor de carbonato de litio del planeta, en el salar de Atacama, en
manos de Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), cuyos accionistas
mayoritarios son la sociedad de inversiones local Pampa Calichera y el grupo
japonés Kowa; y la Sociedad Chilena de Litio (SCL), controlada por el grupo
Rockwood Lithium, con sede en Alemania.
En la
Argentina, las concesiones privadas han avanzado “sobre la casi totalidad de
los yacimientos evaporíticos provinciales”, señala el investigador Federico Nacif
en la revista Herramienta.
Según Nacif,
los proyectos para explotar el litio abarcan la casi totalidad de los salares
del Noroeste, con la participación de las principales empresas automotrices. El
Proyecto Salar del Rincón, de Salta, el Proyecto Sales de Olaroz (Jujuy) a
cargo de la australiana Orocobre y la japonesa Toyota Tsusho, el Proyecto
Cauchari & Olaroz (Jujuy)a cargo de la canadiense Lithium Americas Corp., y
el Proyecto Sal de Vida (Catamarca y Salta) a cargo de la australiana Galaxy Resources.
A partir de
la dictadura militar argentina (1976-1983), el litio se convirtió en un recurso
concesionable, y en 1994, durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999), la
reforma constitucional provincializó los recursos mineros, facilitando así su
privatización y el ingreso de empresas multinacionales.
Pero en 2011
y 2012, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, las legislaturas de
las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca declararon al litio como “recurso
natural estratégico” y las tres provincias crearon empresas estatales con el
objetivo de participar en los principales proyectos de litio.
Gracias a
estos proyectos, el litio, que durante años sólo se extrajo de las salinas y se
exportó sin procesar, podrá ser purificado e integrado en baterías que en el
mercado internacional cuestan entre 20.000 y 25.000 dólares, con tecnología
argentina. Esto permitirá evitar el uso de millones de litros de agua y
utilizar energía solar.
"Nosotros
estudiaremos procesos que permitan extraer el litio de los salares más
eficientemente y analizaremos qué se les puede cambiar a las baterías para
hacerlas mejores. Por ejemplo, para evitar que el celular se te muera a las
siete de la tarde. O que los automóviles eléctricos puedan funcionar con mayor
autonomía, ya que la mayoría de los que se venden en la actualidad no superan
los 100 o 200 km”, señaló Victoria Flexer, una de las investigadoras a cargo
del proyecto, citada por el diario La Nación.
Gustavo
Bianchi, director de Y-TEC, que tiene a cargo la investigación para la
producción de litio, cree que, "si Bolivia, Chile y la Argentina se
pusieran de acuerdo, podrían manejar el mercado mundial del litio. Y nosotros
somos los únicos que desarrollamos tecnología para aprovecharlo".
BOLIVIA
APUESTA POR LA UNIÓN EUROPEA
Fashion
mag de Colombia (www.pa.fashionmag.com)
A diferencia
de la Mercosur, la CAN es una comunidad con tratados comerciales bilaterales
que permite a los países miembros, conservar su independencia comercial, de ahí
la libertad de firmar tratados propios y externos a la comunidad sin requerir
los votos de todos.
Un caso muy
específico es la Unión Europea, quien firmó un tratado especial con Colombia y
Perú por medio del cual el 94% y 95% respectivamente, de los productos
exportados la UE gozan de aranceles favorables o 0%.
Bolivia
estaría interesado en firmar un tratado similar, las exportaciones del país
hacia la Unión Europea son además de las agrícolas, la joyería artesanal y los
cueros, sectores que podrían beneficiarse ampliamente de una mejora tributaria
y poder ampliar su potencial de exportación.
Actualmente,
las exportaciones de Bolivia a la UE suman más de $729 millones de dólares, de
los cuales cerca del 8% corresponden a joyas, cueros y textiles. De lograrse un
acuerdo entre los países europeos y Bolivia, que sería similar a los trazados
con Colombia y Perú, las exportaciones podrían aumentar hasta un 10% por encima
de lo previsto.
SILALA
O SILOLI
El
Demócrata de Chile (www.eldemocrata.cl)
Por Cristián Le Dantec,
Investigador del Centro de Estudios Estratégicos de la Academia de Guerra.- El
reciente anuncio del Presidente de Bolivia Evo Morales de la presentación ante
la Corte Internacional de Justicia de la Haya de una nueva demanda contra
Chile, conforme a sus palabras: “para defender nuestros recursos naturales y
sentar soberanía en nuestras fronteras”; junto con poner nuevamente en la
atención internacional al citado río, ha motivado una serie de declaraciones y
replicas entre las autoridades de ambos países, las que, difiriendo en el fondo
del asunto, son coincidentes en denominar al curso de agua como Silala, dejando
de lado la denominación de Siloli que históricamente se le daba en Chile.
Sin perjuicio
de lo anterior, un aspecto
diferenciador es la forma de nombrar el acueducto lo constituye el hecho de que
para el Presidente Boliviano el Silala es un manantial, entendiendo como
tal, “las aguas subterráneas que fluyen naturalmente a la superficie de la
tierra donde permanecen sin movimiento, formando humedales”, por su parte, las autoridades chilenas lo
consideran como río, ya que como lo indicara el Coronel Julio Von
Chrismar, destacado estudioso de la geopolítica, al referirse al Silala o
Siloli, “sus aguas nacen en la alta cordillera de Bolivia, a 4350 metros de
altura y a unos 3,5 kilómetros al este del límite entre ambos países, su caudal
se forma de 94 vertientes o manantiales ubicadas en territorio boliviano, que
forman un curso de agua común, con un caudal aproximado de 230 (lts./seg.),
denominado Silala para Bolivia y Siloli para Chile.”
Como se puede
apreciar, no siempre se ha coincidido
en la denominación del curso de agua, ya que en Bolivia se le conoce además por
un tercer nombre destinado a apoyar su tesis de que dicho acueducto no es un
río al llamarlo “Aguas del Quetena”, afirmando que por sus características no
constituye un río internacional, catalogándolo de un simple manantial nacional.
Quienes han
vivido en el norte y han visitado la zona, quedan con la impresión, transmitida
más bien por la tradición, de que el citado río internacional se conoce como
Silala en Bolivia y Siloli en Chile, situación que como hemos podido apreciar
este último tiempo, contrasta con lo manifestado por nuestras autoridades y los
medios de comunicación social que han dejado de nombrarlo como Siloli,
centrándose en la denominación de Silala.
El doble apelativo que recibe el río de la discordia, tiene su origen en
los mapas elaborados a partir de 1902, inicialmente por el inglés Josias
Harding, ingeniero encargado de la construcción del ferrocarril que une
Antofagasta vía Ollagüe hasta La Paz. Dicho
ingeniero, que posteriormente fue el gerente de la empresa “The Antofagasta and
Bolivia Railway”, en sus mapas le dio el doble apelativo en consideración a que
los vecinos de Inacaliri, donde el acueducto confluía con el Río San Pedro,
conocían este afluente de aguas superficiales que, sin estar encausadas como
ahora, corrían de Este a Oeste, llamándole como río Siloli.
Por su parte,
el apelativo de Silala se origina en el nombre de los accidentes geográficos en
las cercanías al río. Es del caso que en el listado de nombres de accidentes
geográficos elaborados por el Instituto Geográfico Militar, bajo dicho
apelativo aparecen tres accidentes geográficos que se encuentran en el mismo
sector, el portezuelo de Silala el cerrito Silala y el río del mismo nombre,
indicando que este último continúa como río San Pedro de Inacalari.
Para los efectos de la disputa que se avecina, llamar al curso de agua
Siloli o Silala no aparece un factor de mayor relevancia, ya que las
descripciones que se hacen bajo cualquiera de las dos denominaciones
corresponden al mismo río cuya existencia es reconocida desde su inclusión como
Siloli en el mapa N°3, anexo al tratado de paz entre Chile y Bolivia de 1904.
Este aspecto no tendría ninguna importancia si no fuera porque algunos medios
bolivianos ingenuamente le dan importancia a la diferencia de nombre del río,
manifestando que al estar bajo otro nombre en el citado mapa no corresponde al
río Silala, lo que queda descartado por el hecho de que numerosos documentos
oficiales de ambos países nombran al río como Siloli o Silala o conjuntamente
le dan ambas denominaciones.
Desde la
perspectiva nacional el río en controversia corresponde a un río afluente o sub
afluente de carácter internacional. Este último concepto es el que centrará la
discusión, donde Bolivia intentará
demostrar que el río no tiene carácter de tal y menos la característica de
internacional y Chile, por su parte, buscará afirmar el tratamiento que desde
1904 se le ha dado al curso de agua, quedando finalmente la discusión de los
nombres de Siloli o Silala como un hecho meramente anecdótico.
RÍO
O MANANTIAL
Equilibrio
Informativo de Ecuador (www.equilibrioinformativo.com)
El Presidente
de Bolivia, Evo Morales, ha denunciado hace un uso "ilegal y
abusivo" de las aguas del río
Silala. Militares, pobladores y medios de comunicación recorrieron el
trayecto del manantial.
Para el
Canciller chileno, siempre según 'La Tercera' la confirmación de la nueva demanda "demuestra lo que
los chilenos ya sabemos, no se trata de justicia ni de derecho, sino que una política de hostilidad permanente
hacia Chile, que por supuesto no aceptamos". Chile advirtió con una contrademanda
de presentarse esta acción judicial de parte del país.
Por la tarde,
Muñoz dijo que "Bolivia
intenta amenazar y eso no lo permitiremos".
El presidente de Bolivia, Evo Morales, criticó ayer la
posibilidad de que Chile se
retire del Pacto de Bogotá.
"Si vamos a defender la soberanía del río Silala para el consumo de los ciudadanos de Chile, del norte de Calama o para las
empresas privadas que hoy usufructúan de este recurso hídrico tan importante en
el desierto de Atacama".
Argumentó que
en 1908, cuatro años después de la firma del tratado, Chile pidió al gobierno regional de Potosí, en cuya jurisdicción
está el Silala, un permiso de concesión para que esas aguas fueran usadas en el
ferrocarril chileno de la zona.
En abril de
2013, Bolivia demandó a Chile ante la CIJ para que ese país se
siente a negociar de buena fe para que los bolivianos accedan de manera
soberana y pacífica a las costas del océano Pacífico. "Con tranquilidad,
pero con firmeza, yo quiero anunciar a los compatriotas que en caso de que Bolivia materialice su anunciada
demanda, Chile va a contrademandar a
Bolivia".
"Si
alguna autoridad (chilena) no conoce Silala, la siguiente semana invito (y)
estaré en Silala para demostrar que no es río internacional", agregó.
La disputa
sobre el Silala había estado hasta ahora en un segundo plano frente a la
histórica reclamación de Bolivia
a Chile de una restitución de su
salida al Pacífico perdida en una guerra en 1879.
Asimismo,
apuntó a que "el gobierno tiene la obligación de sentar soberanía sobre
sus recursos y sobre su territorio", además de lamentar que algunas autoridades continúen dañando a su
pueblo y a sus vecinos.
PACTA SUNT SERVANDA
Nos permitimos sugerir que se explore una tesis
intermedia, cual sería denunciar el tratado (Pacto de Bogotá), pero únicamente
en relación con el Estado Plurinacional de Bolivia.
El Mercurio de Chile (www.economiaynegocios.cl)
"Lo
pactado ha de ser cumplido". Así reza en español el adagio latino que
sirve de título a estas líneas y que expresa un principio medular del Derecho
Internacional, desde los tiempos de Hugo Grocio, padre fundador de la
disciplina. Era lógico que la Presidenta Bachelet, invitada por la American
Society of International Law (ASIL) a dictar la tradicional Grotius Lectures,
lo mencionara como el mayor legado del célebre jurista holandés y como uno de
los pilares para garantizar la paz y la estabilidad internacional. Para la
vigencia del principio es necesario no solo que los tribunales internacionales
lo acojan en sus sentencias, sino también que los Estados se abstengan de utilizar
esas instancias con fines ajenos a su delicada función. La Presidenta advirtió
que "el abuso de tribunales internacionales a través de demandas
artificiales podría contribuir a erosionar los mecanismos existentes".
Aunque la
frase, dado el contexto de la conferencia y las necesidades diplomáticas, es
genérica, no hay que ser muy agudo para darse cuenta de que la alusión tenía
nombre y apellido. Pocos días antes, el Presidente de Bolivia, Evo Morales,
había anunciado una nueva demanda contra Chile ante la Corte Internacional de
Justicia, ahora por las aguas del río Silala.
Por lo mismo,
se ha renovado la controversia sobre la conveniencia de que Chile se retire del
Pacto de Bogotá, un tratado suscrito en 1948 por el cual se convino que los
países que lo ratificaran podían obligarse entre sí a someter sus diferendos a
la competencia de la Corte de La Haya. Bolivia no ratificó dicho tratado sino
hasta el año 2011, y lo hizo con una reserva que fue objetada por Chile, lo que
impidió que el tratado entrara en vigencia entre ambos Estados. Con el único
objeto de presentar una demanda en contra de nuestro país reclamando una salida
soberana al océano Pacífico, el Estado boliviano procedió el año 2013 a retirar
la reserva. Antes de que Chile haya contestado dicha demanda ante los jueces de
La Haya, el gobierno boliviano ya anuncia un nuevo libelo en su contra.
Por ahora las
autoridades chilenas se han mostrado renuentes al retiro unilateral del
tratado, al estimar que una actitud como esa podría mermar la imagen de Chile
como Estado respetuoso del Derecho Internacional y defensor del pacta sunt
servanda . Este argumento no parece definitivo: por hacer uso de una facultad
que está contemplada en el mismo tratado, Chile no será menos respetuoso de
dicho principio y de las normas internacionales. Por cierto, nuestro país
seguiría reconociendo a la Corte de La Haya y se acudiría a ella, como la
mayoría de los Estados integrantes de las Naciones Unidas, cuando haya un
acuerdo en tal sentido entre las partes en conflicto.
En todo caso,
nos permitimos sugerir que se explore una tesis intermedia, cual sería
denunciar el tratado, pero únicamente en relación con el Estado Plurinacional
de Bolivia, de modo de mantener su vigencia respecto de los demás países que lo
han ratificado. No vemos obstáculo para que la denuncia pueda ser parcial, esto
es, aplicable solo a uno o más de los Estados partes del Pacto de Bogotá. El
texto del tratado no la prohíbe y un adagio jurídico similar al pacta sunt
servanda enseña que quien puede lo más, puede lo menos; si se puede poner
término al tratado respecto de todos los Estados que lo integran, con mayor
razón será válido que esa facultad se limite a solo uno de ellos. Por cierto,
la denuncia produciría sus efectos en el plazo de un año. Pero esto podría ser
útil para que Bolivia haga valer todas las pretensiones que pretende llevar en
contra nuestra a la Corte de La Haya y no las vaya administrando con
cuentagotas y según los vaivenes de la política interna de su gobierno.
La
instrumentalización que ha hecho Bolivia del Pacto de Bogotá como arma para
agudizar los conflictos en vez de contribuir a resolverlos provee de una razón
más que suficiente para justificar la denuncia parcial que proponemos.
EDITORIAL. NUEVA ACUSACIÓN DE EVO MORALES
El Mercurio de Antofagasta (www.mercurioantofagasta.cl)
Los juicios del
presidente boliviano fueron inmediatamente desmentidos por Aguas Antofagasta y
ni siquiera fueron comentados por la Cancillería. Expertos nacionales insisten
en que el Silala es un río internacional. Debe agregarse que hace 20 años, la
Cancillería de Bolivia dio la razón a Chile, luego de que la prensa boliviana
nos acusó de uso ilegal.
A esta altura
es evidente que la relación entre Chile y la administración del presidente
boliviano, Evo Morales, pasa por uno de sus momentos más difíciles. No puede
decirse que las relaciones con el país completo son complejas, pero no se
exagera al sostener que el actual gobierno altiplánico logra incomodar en su
máximo a nuestro país.
Como fue conocido,
lo último es la serie de acusaciones de Morales, por el uso que Chile -varias
empresas incluidas- harían de parte del río internacional.
Lo más reciente
ocurrió en un acto en la región andina de Potosí, por donde nace el Silala,
sitio en el que el mandatario acusó que la empresa colombiana Empresas Públicas
de Medellín (a cargo de la sanitaria Aguas Antofagasta) de vender el recurso
hídrico a mineras que operan en la zona.
Desde el punto
de vista boliviano, el reclamo por el uso del Silala podría ser comprensible,
aunque los tratados y la legalidad internacional, están a favor de Chile. Pero
lo que sorprende es la persistente ligereza de las reclamaciones.
Varios
analistas insisten en que esto sólo es justificado por el impacto político que
tiene a nivel interno mantener en tensión permanente el vínculo con Chile.
Fue la propia
sanitaria la que rechazó la versión de Morales afirmando que no tienen derechos
de aprovechamiento de aguas del Silala. En efecto, el grueso del agua potable
que ofrece la compañía proviene de la planta desalinizadora de nuestra ciudad y
otros afluentes cordilleranos que no consideran al Silala.
El gobierno no
comentó el tema y Bolivia tampoco retrucó los dichos.
Pero el daño
comunicacional queda instalado.
Es cierto -y lo
hemos dicho en otras ocasiones- que el diálogo entre Chile y Bolivia es
asimétrico, en el entendido que nuestra nación aparece como la más desarrollada
y rica. Esto es un factor demasiado determinante a la hora de casi a obligarnos
a mantener abiertos los canales de comunicación.
En el otro
extremo, las autoridades bolivianas deben ser criteriosas y pretender dialogar
genuinamente. Y, en ningún caso, alterar las verdades a beneficio propio, ya
que sólo aumentan las desconfianzas.
LA DESIGUALDAD COMO UN INSUMO DEL NARCOTRÁFICO
Nuevo Diario de Argentina (www.nuevodiarioweb.com.ar)
El narcotráfico
tiene interrelaciones con factores exógenos al negocio, que al mismo tiempo son
facilitadores de su expansión: la desigualdad, el nivel educativo en relación a
la calidad de la enseñanza y el índice de desempleo. Asimismo, la tasa de
crímenes cometidos anualmente es un indicador del nivel de violencia que es
posible explicar como consecuencia de lo antedicho.
En los negocios
que se llevan a cabo en el marco de la normativa establecida, los
desequilibrios tanto positivos como negativos, producidos por el mercado o por
cualquier tipo de regulación, se ajustan en términos generales a través de la
variación de los factores de producción, tierra (locaciones, edificios, sucursales),
trabajo (mano de obra calificada o no), capital (inversiones financieras o
capital acumulado) y conocimiento (desarrollos o benchmarking).
Asimismo, en
los casos donde esos desequilibrios tienen un origen por fuera del marco legal,
toma intervención el Estado impartiendo justicia y restableciendo de alguna
manera el equilibrio, para que todos los actores se sientan contenidos en ese
marco consensuado socialmente. Tanto la generación del marco legal como
la contención o no de los actores económicos genera consecuencias políticas,
económicas, sociales y culturales.
La instalación
de los negocios ilegales como el narcotráfico, su desarrollo y masificación,
constituyen una paradoja que resulta de difícil explicación desde la
perspectiva de una variable.
El último
informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señala
que entre 1990 y 2010 la desigualdad de ingresos aumentó un 9% en los países de
altos ingresos y un 11% en los que se denominan “en vías de desarrollo”.
La desigualdad monetaria es medida tradicionalmente a través del coeficiente de
Gini (0% es perfecta igualdad y 100% es perfecta desigualdad). En este caso,
luego de analizar los índices de Gini de 127 países, es posible establecer
promedios por región, siendo Europa (del este y oeste) el continente con menor
desigualdad (31,7 entre ambas), mientras que América Latina promedia un 49,2%.
La mayor parte
de los gobiernos ve la problemática desde la perspectiva de la pobreza y
trabaja en la creación de programas para reducirla o mitigarla a través de
programas de asistencia alimentaria o económica, cuando en realidad la pobreza
es una consecuencia de la desigualdad como factor de desequilibrio social.
La desigualdad
es más compleja para su comprensión y lleva más tiempo la generación de
propuestas para reducirla o establecer resultados mensurables respecto de su
reducción, y no genera beneficios electorales para la política en el corto
plazo, porque es un factor cuya modificación es de carácter estratégico.
Latinoamérica
es la región más desigual del planeta, pero asimismo es también donde se
concentra, según datos de la Undoc (Oficina de Naciones Unidas contra el Delito
y la Droga), el 60% de la producción y los mayores niveles de
consumo. México, Bolivia y Colombia lideran en cuanto al cultivo y
procesamiento de drogas, mientras que Argentina (2,8%) es número uno a nivel
mundial junto con España, en porcentual de consumo respecto de su población.
Pobreza cero
Los programas
generados a nivel gubernamental, destinados a paliar situaciones de crisis
alimentaria y de ingresos, son todos de corto plazo, generan beneficios
electorales a 2 y 4 años, pero en ningún caso reducen los factores que generan
la desigualdad.
En el contexto
de lo analizado, la seguridad como política pública juega un rol ambiguo.
Mientras las fuerzas policiales y/o represivas de los negocios de marco ilegal,
con el transcurso del tiempo y los procesos de ajuste económico llevados a cabo
por los distintos gobiernos, se transforman en fuerzas genéticamente corruptas,
su acción represiva produce efectos de corto plazo, pero no modifica la matriz
de causas que propician la producción y el consumo de drogas, así como tampoco
la corrupción policial.
Un país puede
destinar la mitad de todo su presupuesto al “combate al narcotráfico”, pero si
no ataca los verdaderos factores que generan la desigualdad, jamás podrá
cambiar la realidad. Esto es así, porque al mismo tiempo en el que se puede
incrementar la compra de armas y el reclutamiento de efectivos, crecen las organizaciones
delictivas que en base al crecimiento económico del narcotráfico se encuentran
en condiciones de “comprar” voluntades, callarlas, disponer de pandillas que
patrullen zonas y hasta financiar candidatos a distintos estamentos del Estado
nacional, quienes luego de acceder al gobierno “no pondrán el mayor énfasis en
combatir lo ilegal”.
En nuestro
país, las zonas más vulnerables son espacios donde existe una seguridad
paralela a la que brinda el Estado. Con similares características a los
servicios de seguridad que se brindan en las zonas de mayor poder adquisitivo,
en las zonas más pobres el narcotráfico brinda un servicio de seguridad
paralelo, que se alimenta del “silencio” de los vecinos, a quienes el negocio
ilegal beneficia con acceso a servicios como iluminación, cloacas, etc. o
inclusive con la posibilidad de brindar “empleos” como empaquetadores,
distribuidores, seguridad, etc.
En la
convivencia institucionalizada del Estado y el capitalismo con el narcotráfico
y el narcocapitalismo, se juegan el financiamiento los negocios derivados como
la venta de armas cuyos ingresos crecen a través del incremento del gasto en
seguridad ciudadana por un lado y la seguridad de la ilegalidad por el otro.
Asimismo, la inversión en campañas de dirigentes políticos (en Argentina es
cada vez más frecuente), a través de redes financieras de lavado y la
corrupción policial, constituyen actores de un nuevo sistema integral y
paralelo del cual sólo estamos viendo el principio.
El problema no
se reduce a la intervención de una fuerza u otra, a la cantidad de balas o los
planes de reducción de la pobreza. El narcotráfico es un problema mucho más
importante y complejo, al cual no se le da la trascendencia que requiere, ni se
ponen a disposición los especialistas transdisciplinarios que la realidad
demanda.
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