El litio se está convirtiendo poco a
poco en la estrella del futuro entre los minerales, al ser utilizado como
componente principal para la creación de baterías de teléfonos celulares, así
como de vehículos eléctricos. Algunos lo llaman el “oro
blanco” o el “nuevo petróleo” dada la relevancia estratégica
que posee. Es clave de la inminente nueva generación de baterías y nuevo
protagonista en cualquier debate sobre energías renovables.
En los últimos años, las causas ambientalistas han tomado mayor
protagonismo e impulso tras el Acuerdo de París en 2015, donde los países se
comprometían a reducir sus emisiones contaminantes, y de esta forma, limitar
los efectos del cambio climático. ¿Cómo lo harían? Con el aumento de
energías limpias. A diferencia de los combustibles fósiles, las energías renovables no
producen gases de efecto invernadero, ni tampoco emisiones contaminantes.
Lo relevante es que en el ranking se encuentran dos de los países con
mayores reservas, Chile y Argentina, aunque aún se encuentra ausente la nación
que acumula las mayores reservas mundiales, pero que todavía no ha logrado
iniciar su industria de forma efectiva: Bolivia.
El “Triángulo” incipiente
Argentina, Bolivia y Chile conforman lo
que se conoce como el “Triángulo del Litio”, donde se concentran más del 85% de
las reservas mundiales de dicho recurso, según detalla el último reporte de la
consultora Torino Economics.
En el caso de Australia (6,3 millones de toneladas), a pesar de ocupar el
quinto lugar en la lista, se ha convertido en el mayor productor de litio. La
mina de litio de Greenbushes en Australia Occidental (una empresa conjunta
entre Albermarle y Tianqi Lithium de China) se considera el proyecto más grande
del mundo para extraer el metal.
A pesar de la importancia que ha adquirido el mineral en la última década
como insumo de la industria electrónica, “los países que
conforman el triángulo del litio siguen muy lejos del nivel de explotación
esperado”, señala Torino Economics. De los tres países que forman parte
del Triángulo, Chile es el más avanzado en ese aspecto.
Sin embargo, el país sigue avanzando hacia la
explotación del litio. Hace pocos días, se dio a conocer que a través de una operación de USD
3.100 millones se fusionaron dos importantes compañías mineras australianas,
Orocobre y Galaxy, emergiendo así la quinta empresa de productos químicos de
litio más grande del mundo. Cabe destacar que la casa matriz de esta nueva
compañía se ubicará en Buenos Aires. Tanto Orocobre como Galaxy ya tenían
operaciones en Argentina: la primera tiene una participación en el proyecto
“Solar de Olaroz” en Jujuy, mientras que la segunda posee operaciones en la
mina “Sal de Vida” en Catamarca.
Sin embargo, una vez pasado el super ciclo de las materias primas, su
peso dentro del presupuesto de la nación ha ido perdiendo relevancia año a año.
En marzo pasado, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados rechazó la
idea de legislar una modificación al royalty, aunque la Comisión de Minería de
la misma cámara lo había aprobado con anterioridad.
Basado en un proyecto de ley presentado en 2018 por parlamentarios de
oposición, el proyecto busca gravar con un 3% del valor nominal de los
minerales extraídos tanto para el cobre como para el litio. Esto, modifica la
ley actual (que ya cambió la legislación de 2005), la cual grava con una tasa
variable el margen operacional minero, que puede ir entre una tasa efectiva de
5% y 14%.
El caso paradigmático de Bolivia
Desde hace varios años, los distintos presidentes de Bolivia han
mantenido la promesa de que el mineral es el camino que se debe seguir para
alcanzar el crecimiento económico esperado. Sin embargo, todo se ha quedado en
palabras. Los bolivianos llevan más de una década escuchando que el
país va camino a convertirse en la capital mundial del litio.
En el 2018, el expresidente Evo Morales anunció que la era de la
industrialización de ese metal liviano arrancaba en su país y, por ende,
Bolivia le pondría precio al metal para todo el mundo. El expresidente hizo
declaraciones similares prácticamente desde que llegó al Palacio de Gobierno en
2006. Pero el esperado despegue no se llegó a producir durante su mandato.
En la actualidad, las dudas siguen vigentes dada la crisis económica del
sector minero provocada por el coronavirus, aunque la esperanza boliviana se
mantiene atada a la producción de baterías. El país sudamericano administra el
litio a través de la empresa estatal Yacimientos de Litio Boliviano (YLB). En
febrero del 2020, YLB realizó un informe de rendición de cuentas en el que
reportó avance en las cuatro fases de la estrategia de industrialización.
En agosto de 2019, cuando Evo Morales era presidente, YLB y la empresa
china Xinjiang TBEA Group formaron una empresa mixta para la construcción de
plantas de carbonato de litio en los salares de Coipasa. Según señala Torino
Economics, “China se erige como un aliado estratégico, ya que, hay un mercado
garantizado para la producción de baterías”. Se estima que para el 2025, el
gigante asiático necesite aproximadamente 800.000 toneladas de litio.
Sin embargo, no solo el cómo y con quién se industrializa es un tema
álgido. A pesar de que en la Constitución se explica que el Estado boliviano es
el dueño de los recursos naturales (como el litio), los uyuneses, así como las
autoridades de los 11 gobiernos municipales que bordean al salar de Uyuni, defienden su derecho a decidir el destino del litio de su
región. En su visión, deberían tener una voz en temas como su explotación, los
socios de su industrialización y hasta el nombramiento del titular de YLB.
“Con una producción incipiente, será fundamental el fortalecimiento de
alianzas estratégicas que permitan la incorporación de tecnología e inversiones
al proceso de extracción directa del litio, dentro de un marco normativo que
incentive la participación de las empresas más destacadas en el proceso de
industrialización de este recurso”, afirma Torino en su informe.
“Si bien YLB ha optado por abrir la participación de actores extranjeros,
debe destacarse que el gobierno boliviano ha mantenido condiciones estrictas,
en comparación con Argentina y Chile, para la asociación con actores
extranjeros. La más exigente ha sido la de mantener una posición mayoritaria en
la asociación estratégica, demandando, además, que el socio garantice mercados
para los productos elaborados”, concluye la consultora. El Clarín de Argentina (https://bit.ly/3bAktqO)
NARCOS EN SANTIAGO: LA CAÍDA DE LOS HOMBRES DE CONFIANZA DE LÍDER DE LA
DROGA QUE OPERA DE BOLIVIA
Radio Bio Bio
de Chile (https://bit.ly/3hD4qfE)
La banda chileno-boliviana cayó en medio de una operación. Sus
integrantes enfilaban rumbo a la capital desde el norte, cargados con drogas,
cuando detectives se dejaron caer sobre ellos. Esperaban, como lo habían hecho
antes, distribuir casi 3 toneladas de estupefacientes en el sector sur de
Santiago. Sin embargo, seguimientos, escuchas telefónicas -que publica hoy en
exclusiva BBCL- y análisis de cuentas bancarias permitieron no sólo desbaratar
el grupo sino también detectar cómo blanqueaban las jugosas ganancias
provenientes del narcotráfico, todo liderado en las sombras desde Santa Cruz,
en el país vecino, por "El Negro". La historia es de la Unidad de
Reportajes de BioBioChile.
-Ya hijo, ¿qué querí tú?
– Un whisky y tráeme un perfume.
– Ya
-Ni una hueá más.
-Ya, ya, chao.
Fin de la llamada entre padre e hijo. El interés de este papá por saber
qué quiere su retoño no recae en una simple compra al supermercado. Ese 17 de
marzo, Jorge Cabrera Orellana (54) maneja un camión rumbo a la Zofri, en
Iquique, una zona comercial destacada por vender productos a un menor precio.
En este caso, además de ir en búsqueda del trago escocés, tiene un
objetivo planificado hace días: entregar un bolso con $410 mil dólares en efectivo al brazo
operativo de Bernardo Jara, alías el
“Negro”, quien es sindicado como el líder, un capo del narcotráfico, radicado
en Santa Cruz, Bolivia.
Según quedó establecido en la indagatoria liderada por el persecutor
Cristián Suárez, estas no sólo contemplaban el tráfico de cocaína, pasta base y
marihuana, sino también un entramado que les permitía blanquear las ganancias
que le dejaba la venta de estupefacientes en la capital chilena.
El último viaje al norte de la banda terminó con ocho imputados tras las rejas y tres
toneladas de droga fuera de circulación.
Corría fines de 2019, cuando la Fiscalía Metropolitana Sur en conjunto
con la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones, iniciaron el
seguimiento a la banda chileno-boliviana dedicada a la adquisición y
distribución de drogas en distintas comunas de la zona sur capitalina,
principalmente en La Granja y San Joaquín.
Lo primero fue detectar a los escalafones más bajos de la pirámide. Es
decir, aquellos miembros de la organización que participaban de la repartición
de la droga. Poco a poco, la estructura comenzó a dilucidarse: vendedores,
brazos operativos y seguridad.
En la cúspide aparecía El Negro, Bernardo Jara, líder de la organización
que operaba desde Bolivia, junto a Jorge Cabrera Orellana, cuñado del capo de
la organización y Jorge Cabrera Jara (hijo de este último y sobrino de El
Negro), más conocido como “Chochito” (27). Ambos con residencia en Chile.
Una vez identificados los mandos jerárquicos, una de las primeras
pesquisas que realizaron los investigadores fue analizar las transferencias
bancarias y examinar el patrimonio de cada uno de ellos, percatándose que
manejaban abultadas sumas de dinero, principalmente en dólares.
Durante abril de 2021 llegó la prueba definitiva: los detectives pudieron
establecer diversas coordinaciones realizadas por padre e hijo. Ambos tenían el
objetivo de adquirir un nuevo camión con
trompo (conocido también como betonero o de cemento) para ser utilizado en una
operación. Casi tres toneladas de estupefacientes internadas desde Bolivia,
esperaban en el norte de Chile.
El viaje de la droga
15 de abril, 23:00 horas. Comenzó el traslado de la droga al interior del
camión con trompo con destino a la región Metropolitana. Avanzó por la ruta 5
norte, kilómetro 615, siendo escoltado por el furgón Hyundai y una camioneta
Terrano, encargados de custodiar y detectar si había personal policial.
03:00 horas. Los tres vehículos continuaron su marcha al sur cuando se
les une una nueva compañía: un camión Chevrolet y una camioneta Dodge, que se
posicionan detrás del trompo y comienzan diferentes maniobras de chequeo para
estar alertas a cualquier sospecha.
Pese a todo, el cortejo fue inútil.
En las cercanías del peaje de Pichidangui, Coquimbo, los detectives se
dejaron caer. La comitiva fue controlada por la Brigada Antinarcóticos.
Lo que encontraron al interior de su estructura cilíndrica giratoria no
fue cemento, sino poco más 2.947 kilos de droga. La cocaína,
marihuana y pasta base venían en sacos arpilleros y bolsas de basura, envueltas
en cinta adhesiva.
Ocho horas después, a las 11:00 de la mañana ya habían caído seis
miembros del convoy, exceptuando la camioneta Terrano que logró darse a la fuga
por los interiores del sector Huaquén, Valparaíso.
Al primero que capturaron fue a Jaime Ramos, que según la investigación
era quien estaba encargado de receptar los vehículos para ser utilizados. En
este caso manejaba el camión con trompo principal.
La lista seguía con Abedrego Gutiérrez, Milton Ayca, y Cristian Mamani,
los primeros de nacionalidad boliviana y el último chilena. Los tres hombres se preocupaban de darle vigilancia
al camión principal; vendrían siendo los escoltas vehiculares o “punta de lanza” de la comitiva.
Se desconoce quiénes se dieron a la fuga en la camioneta Terrano.
El negocio familiar
Pese a todo lo ocurrido, no había rastro de Jorge Cabrera y Chochito.
Ambos eran los integrantes principales de la banda. Tal como se dijo, el
primero es cuñado y el último es sobrino de El Negro, el líder que tiene su
residencia en Santa Cruz, Bolivia, y quien aún no ha podido ser llevado ante
los tribunales de justicia.
Según las pesquisas, padre e hijo coordinaron el transporte, adquirieron
vehículos de alto tonelaje y recibían la droga en Santiago en compañía de las
ganancias, para más tarde blanquearlas y
entregárselas fraccionadamente al Negro.
Para dar con el paradero de ambos, la fiscalía gestionó ese mismo 16 de
abril una orden de incautación y registro de dos casas ubicadas en Maipú. En la
primera morada se encontraron dos cajas de seguridad. Las estructuras grises
sumaban un poco más de 2 millones de pesos en efectivo.
En el registro de la segunda vivienda, el infaltable velador de la
habitación principal albergaba $599 mil pesos y un revólver calibre 22, cargado
con cinco cartuchos, mientras otros cuatro se esparcían a su alrededor. El
dueño de esta arma sin sus papeles era Jorge padre, según quedó establecido en
la investigación.
Los dólares
– Hijo
– Aloha
– Estamos listos. Está bien po hijo, si eran 19 paquetes de 20 mil, son 380
mil, po.
– ¿Ah?
-380 mil dólares. Más uno que iba con … Dice que le mandes el cómputo.
-Ya, al tiro te lo mando.
-Ya hijo, ya, si se fue. Estamos listos.
-Se lo mando después, al rato.
Esta nueva escucha telefónica da cuenta de la divisa favorita que
manejaba la banda: los dólares. 380 mil dólares equivalen a $256 millones
aproximadamente. Es decir, cada paquete tenía un valor de 1.052 dólares, unos
$750 mil pesos chilenos.
Las transacciones en dinero norteamericano no eran casuales. De ahí la
segunda arista de la indagatoria: el blanqueo de las
jugosas ganancias que les reportaba el narcotráfico.
Según se desprende de los antecedentes, padre e hijo efectuaron maniobras
para ocultar y disimular el origen ilícito de los dineros, introduciendo de
manera progresiva las ganancias a la economía formal y vulnerando los controles
existentes.
La manera de disimular las abultadas sumas de dinero que recibían fue
crear la casa de cambio Moneyex, correspondiente a Cabrera
Jara Spa y Jormax Inversiones Spa, esta última creada por
el padre en noviembre de 2020. El negocio familiar estaba instalado en
Providencia, y era la apariencia “legítima” del narcotráfico.
Así, se concluyó que realizaron sucesivos cambios de divisas. El dinero
que recibían por el tráfico de drogas lo transformaban en monedas extranjeras y
luego efectuaban progresivas transferencias y traspasos fraccionados al
extranjero. Ellos mismos lo entregaban o reclutaban a personas de tal manera
que evadían los controles existentes. Esto último se desprende de otra escucha
telefónica:
El mismo 16 de abril también se incautó todo el dinero de la casa de
cambio. Entre dos cajas fuertes, cajones y el mesón principal, el desglose es
el siguiente: 70.732 dólares, 322.150 pesos argentinos y un poco más de 40
millones en pesos chilenos. El resto eran dólares australianos, reales, soles
peruanos, pesos colombianos y euros.
Entre todo lo encontrado, la suma llegaba a los casi $101
millones.
Justamente cuando padre e hijo salían de la casa de cambio, caminando en
dirección a Avenida Providencia, fueron detenidos por la PDI.
Delitos
Los ocho miembros acusados por delito de tráfico de drogas quedaron en
prisión preventiva. Las tres toneladas que le incautaron junto a los vehículos
utilizados para estas misiones, pasaron a ser pruebas de la fiscalía.
Por su parte, a Jorge Cabrera y a Chochito se les acusa de dos delitos
más: lavado de activos y tenencia ilegal de armas. Toda la
fortuna que albergaban en su negocio familiar fue decomisada, al igual que lo
que se encontraba en sus inmuebles personales, como el arma y dinero.
LA EXTREMA IZQUIERDA PRETENDE CONVERTIR CHILE EN LA NUEVA BOLIVIA DE LA
REGIÓN
La Gaceta de
España (https://bit.ly/3u16bpw)
La extrema izquierda iberoamericana acaba de dar nuevamente uno de los
pasos más importantes de los últimos 30 años en la región, habiendo ganado este
domingo las elecciones de delegados para escribir una nueva Constitución en
Chile con alrededor del 70% de los escaños. Aunque entre todos ellos hay mucha
heterogeneidad, también hay de los que incluso proponen copiar la Constitución
de Evo Morales en Bolivia.
Pese a que los resultados no fueron necesariamente una sorpresa para
quienes han vivido ya un proceso constituyente como en Venezuela, Ecuador o
Bolivia, el hecho de que Chile Vamos -coalición de cuatro partidos de
centroderecha y derecha- no haya logrado ni siquiera un tercio de los asientos
de la Convención Constituyente que esperaban los mercados, ha incrementado la
incertidumbre sobre el futuro chileno de manera considerable.
Para ilustrar inicialmente el problema al que Chile se enfrenta, en la
apertura de mercados de este lunes la bolsa chilena se desplomó un 10% y el
peso chileno cayó casi un 3,5%, una caída que no se registraba desde el
incesante terrorismo de finales de 2019.
Al mismo tiempo, bancos privados de inversión como JPMorgan, Goldman
Sachs y Citi se han visto forzados a cambiar sus expectativas, pues antes del
domingo parecían mostrarse optimistas: si Chile Vamos obtenía al menos 52
escaños, existía la posibilidad de frenar cualquier propuesta radical para la
nueva Constitución.
En este sentido, JPMorgan ha afirmado que ahora “la composición de la
Convención Constitucional es peor de lo que esperaba el mercado y aumenta las
posibilidades de ver cambios poco ortodoxos en el marco económico incluidos en
la nueva Constitución”.
Por su lado, Goldman Sachs aseguró que “la nueva Constitución validará un
estado más grande e intervencionista y la ampliación de la red de seguridad
social para satisfacer las demandas sociales de mejores servicios públicos de
salud y educación, pensiones más altas y menor desigualdad.”
Igualmente, Citi también ha dicho que “es probable que la nueva
Constitución reconozca más derechos sociales, algo que podría impulsar el gasto
fiscal y, por ende, los impuestos, haciendo la economía menos competitiva”.
Desde luego, estos temores están fundados en los temas sobre los que los
1268 postulantes a la Convención Constitucional estuvieron más de acuerdo
durante la campaña, aunque luego serán definidos una vez que se hayan
establecido los 155 escaños.
En un estudio conjunto de las empresa Táctico y Tironi con base en los
planteamientos de los candidatos en sus distintas redes sociales, se encontró
que entre los temas que generan mayor rechazo están:
– Chile debería pasar a un sistema parlamentario.
– Chile debería pasar a ser un Estado Federal.
– La nueva Constitución debería rechazar expresamente la independencia
del Banco Central.
– La nueva Constitución debería eliminar expresamente la independencia de
la Comisión del Mercado Financiero (CMF).
– Chile debería pasar a un sistema legislativo unicameral.
De la misma forma, entre los temas sobre los que mayor acuerdo existe
están:
– La nueva Constitución debería reconocer expresamente los pueblos
originarios y afrodescendientes.
– La nueva Constitución debería asegurar expresamente una mayor
participación del Estado en el resguardo de derechos de las personas.
– La nueva Constitución debería reconocer expresamente la igualdad de
género en derechos, dignidad y deberes.
– Cada región debería tener autonomía presupuestaria.
Claramente, entonces, Chile va a terminar con algunos de los elementos
principales de la actual Constitución que han permitido edificar la
institucionalidad que permitió a Chile pasar de ser uno de los países más
pobres de América Latina hace sólo unas décadas, al país más próspero. Entre
estos elementos están:
– Autonomía del Banco Central (Capítulo XIII).
– Los impuestos no pueden ser manifiestamente desproporcionados (Artículo
19, inciso 20).
– Libertad de trabajo (Artículo 19, inciso 16).
– Iniciativa exclusiva del Ejecutivo en proyectos de ley que involucran
gasto fiscal (Artículo 65).
– Iniciativa exclusiva del Ejecutivo para modificar las normas sobre
seguridad social (Artículo 65).
Dado que el 70% de los escaños están en manos de las listas independientes
–mayoritariamente compuestas por la izquierda extrema–, es de esperarse que lo
construido en varias décadas en Chile –tanto por políticos de derecha como de
izquierda moderada– sea sustituido por un libreto por demás conocido en un país
como Bolivia.
Por ejemplo, el primer paso para establecer y consolidar el Estado
Plurinacional fue la reforma de la Constitución. El segundo paso fue ganar las
próximas elecciones. Y finalmente, el tercer paso para garantizar la profunda
crisis económica y democrático institucional por la que atraviesa el país, fue
manipular el mandato del Banco Central, estatizar empresas privadas (que
incluyen las Administradoras de Fondos de Pensión) y anular las instituciones
de control como el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público y las
contralorías, tomar el órgano electoral, etc.
Como práctica permanente estuvo el gasto para favorecer a distintos
grupos de interés que le permitieran a Morales y el Movimiento al Socialismo
mantener el poder por medios electorales y –desde luego– atacar a los
opositores.
También financiaron a los miembros del partido y todos sus adláteres -que
incluyen muchos empresarios cazadores de privilegios- estatizando el negocio
gasífero para que las rentas fuesen distribuidas de forma absolutamente
arbitraria o convirtiendo el mandato de prestamista de última instancia del
Banco Central de Bolivia en prestamista de primera instancia, entre varios
otros.
Fue justamente esto lo que provocó el inicio de la desaceleración
económica de Bolivia incluso antes de la caída de la cotización internacional
de materias primas de 2014: la pretensión de incrementar todavía más el control
del Estado sobre la economía y extender su mandato de manera indefinida
–incluso por encima de la propia Constitución y el referéndum para tratar de
reformarla en 2016–. A esto hay que agregar el monumental fraude de 2019. Es
justamente el peligro que están advirtiendo los mercados.
Parece ser que Chile pretenda convertirse en la nueva Bolivia de la
región.
En todo caso, si de algo sirve como motivo de optimismo, Chile no tiene
un personaje tan funesto como Evo Morales ni una región tan difícil de
controlar como el Chapare en Bolivia.
Además, en estas últimas elecciones se ha registrado una baja
participación de los votantes -apenas por encima del 40%-, sobre todo si la
comparamos con la participación de algo más del 51% en el plebiscito del pasado
año.
Finalmente, aunque tal vez no sea lo más probable, Chile todavía tiene
algunas oportunidades para evadir el camino de Bolivia: en caso de que la
Convención Constitucional fracase en la redacción final de una nueva
Constitución (legítimamente emanada de sus delegados y no de un grupo de
“expertos extranjeros que la tengan lista” debajo de la mesa), los ciudadanos
todavía podrán votar por el rechazo en un eventual plebiscito.
IMPLEMENTAR MODELOS BOLIVIANO Y ECUATORIANO SERÍA PERJUDICIAL PARA EL
PERÚ
Así lo
señalaron especialistas en el foro virtual “Modelos de Desarrollo para el
Sector Hidrocarburos implementados en Bolivia, Ecuador y Perú”, organizado por
la Escuela de Post Grado GĚRENS.
Caretas de
Perú (https://bit.ly/33QDS2z)
Los modelos boliviano y ecuatoriano no deben replicarse en la industria
hidrocarburífera peruana, por sus fracasos y grandes riesgos que plantean para
el crecimiento de la inversión, la producción y las reservas petroleras y
gasíferas. Así lo señalaron el exministro de Hidrocarburos de Bolivia, Mauricio
Medinaceli Monrroy y el ex Secretario de Hidrocarburos de Ecuador, Andrés
Donoso Fabara, durante su participación en el foro virtual “Modelos de
Desarrollo para el Sector Hidrocarburos implementados en Bolivia, Ecuador y
Perú”, organizado por la Escuela de Post Grado GĚRENS.
El economista y exministro de Hidrocarburos de Bolivia, Mauricio
Medinaceli, explicó que entre los años 2005 y 2014, la participación del fisco
en la exploración y explotación de hidrocarburos -el llamado upstream- se
incrementó debido a la aprobación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos-
(IDH), equivalente al 32% de la producción bruta de las empresas, y en menor
medida, a la llamada “nacionalización” de los hidrocarburos, que se produjo en
el 2006 durante el gobierno de Evo Morales.
Comentó que el gobierno del expresidente Morales estableció que la
petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)
participará de hasta un 32% adicional de la producción de hidrocarburos en
aquellos campos de gas natural que producían 100 millones de pies cúbicos
diarios (mpcd) al año 2005.
Bajo este esquema, -anotó- a las regalías del orden de18% se añadió
el IDH ascendiente al 32%, y en algunos casos, también se consideró la
participación de YPFB que fluctuó entre 10% y 15%, con lo que la participación
total del Estado boliviano en algunos campos llego a ingresos en boca de pozo
que oscilaban entre 60 y 65%.
Asimismo, se tomó el control y la regulación de toda la cadena operativa
del sector, desde la explotación, refinación, transporte, almacenaje, hasta la
comercialización. Estas medidas -sostuvo- provocaron un incremento efímero de
los ingresos fiscales para el Estado boliviano. “Esto se produjo no solamente
como resultado de la nacionalización, sino también como consecuencia del
aumento de la producción de proyectos que ya estaban en marcha antes de la
llegada de Evo Morales; y por el alza de los precios internacionales en la
segunda mitad de la década del 2000 (el precio del gas se multiplicó por 10 y
el barril de petróleo cotizó sobre los US$ 100)”, añadió.
Medinaceli dijo que en dicho periodo no se brindó ningún tipo de
incentivos a la inversión privada y que más bien la política del gobierno se
focalizó en la sobreexplotación de los campos gasíferos ya descubiertos, más no
se alentaron nuevos proyectos que garanticen la reposición de las reservas de
gas natural.
“Las reservas de gas natural disminuyeron de 24 trillones de pies cúbicos
en el 2005 a 10 trillones en el 2018, por lo que el Gobierno boliviano se vio
obligado a renegociar los contratos de exportación de gas hacia Argentina y
Brasil, debido a su incapacidad para cumplir con los compromisos establecidos”,
comentó.
Medinaceli, remarcó que, “todas las reformas de corte fiscal y político
partidario que se aplicaron en Bolivia dañaron seriamente la estructura
institucional del sector hidrocarburífero, generando mayores trabas a la
inversión y prácticamente la política energética perdió claridad y horizonte”.
Por el contrario, en el Perú -señaló- aún existe un ordenamiento legal e
institucional que permite reglas claras y transparentes, lo que facilita las
labores de control y regulación; y da garantías para que el sector privado
realice inversiones con un menor riesgo.
Por su parte, Andrés Donoso Fabara, ex Secretario General de
Hidrocarburos de Ecuador, manifestó que los cambios que imprimió el ex
presidente Rafael Correa en la política energética de su país a partir del 2017
frenaron el crecimiento de la inversión privada en la industria
hidrocarburífera.
“Mientras que los precios del petróleo eran bajos, el Estado ecuatoriano
estuvo de acuerdo y fomentó la suscripción de contratos de participación que
auspiciaban las inversiones de riesgo de las compañías operadoras, pero cuando
los precios del petróleo se incrementaron internacionalmente, el Gobierno optó
de manera arbitraria por llevar adelante renegociaciones con el fin de adoptar
la modalidad actual de prestación de servicios, donde existe el pago de una
tarifa por barril producido”, indicó.
Asimismo, explicó que al igual que el caso boliviano la bonanza de los
precios internacionales del petróleo significó una mayor captura de la renta
petrolera que fue destinada al gasto social; no obstante este esquema se cayó
ante la drástica reducción del precio del petróleo en los últimos años, mermando
los ingresos fiscales.
Donoso subrayó que el modelo de contratación (en el sector de
hidrocarburos) ecuatoriano ha traído serias desventajas a la inversión privada
nacional y extranjera por la falta de claridad, certeza y seguridad jurídica
que han estado asociados a los constantes cambios normativos, así como a los
desincentivos para la fase de exploración.
“Los límites impuestos a las actividades de exploración y explotación han
ocasionado que en la actualidad Ecuador sufra una gran incertidumbre en torno a
sus reservas petroleras. No se ha descubierto ningún campo significativo, ni se
ha desarrollado ningún nuevo horizonte en las regiones en donde se estima que
hay un potencial hidrocarburífero”, citó.
En tanto, Arturo Vásquez, ex viceministro de Energía del Perú, expresó
que no es exacto que la industria del gas y petróleo obtiene muchas ganancias y
deja poco para nuestro país.
“Las operaciones de producción de hidrocarburos en la industria del gas y
el petróleo en el Perú aportan cada año, entre impuestos, contribuciones y
otros pagos al Estado, entre el 56% y el 67.7% de sus utilidades en promedio.
La carga fiscal efectiva del Lote 88 de Camisea ascendería a un máximo de 75%
de sus utilidades”, destacó. Además, refirió que esta industria genera aproximadamente
el 3% del PBI y que en los últimos 12 años el valor agregado generado por el
sector asciende a US$ 58,315 millones.
Vásquez expresó que el Modelo Peruano de Gestión de la Industria
Hidrocarburífera constituido a partir de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de
1993 ha generado recursos suficientes para que las autoridades públicas
realicen obras que permitan cerrar las brechas sociales en las zonas de extrema
pobreza del país.
“En los últimos 20 años el sector hidrocarburos ha contribuido con S/.
99,177 millones de soles en tributos internos y regalías. Además, se han
redistribuido a los gobiernos regionales y locales S/. 47,120 millones de soles
entre 1991 y el 2020 por concepto de canon y sobrecanon petrolero y gasífero.
Solo en el Cusco, los recursos generados por la industria del gas natural han
financiado más del 50% del presupuesto de los gobiernos regional y locales en
esta región del sur del país”, precisó.
Sin embargo, -anotó- que la falta de capacidad de gestión de los
gobiernos subnacionales para invertir de manera oportuna y eficiente los fondos
provenientes por la explotación de los hidrocarburos es un reto que debe
abordar el Estado peruano en su conjunto, a fin de contribuir a la lucha contra
la pobreza, cerrar las brechas sociales, y mejorar la calidad de vida de los
peruanos.
BOLIVIA. ALTO
MANDO DE LA IGLESIA CATÓLICA BENDIJO EL GOLPE DE ESTADO Y LA DICTADURA DE ÁÑEZ
El
exsecretario general adjunto de la Conferencia Episcopal de Bolivia, José
Fuentes, estuvo presente en esas reuniones, y confirmó a un medio local que en
esos encuentros se planificó el nombre de Jeanine Áñez para asumir el mando del
país
Kaos en la
Red (https://bit.ly/3eYAAAK)
El expresidente del Senado, René Martínez, aseguró que la
autoproclamación de la dictadora Áñez formó parte de un plan conspirativo
tramado, además de otros lugares, en la Universidad Católica Boliviana, el 11 y
12 de noviembre de 2019, por lo esas reuniones deben ser investigadas.
Martínez añadió que en esa cita se resolvió el Plan A y el Plan B, que
resultó en la autoproclamación de Áñez, situaciones que deben ser investigadas
por la Fiscalía de manera independiente a otros procesos, ya que los asistentes
a ese encuentro se tomaron ilegalmente atribuciones de la Asamblea Legislativa
Plurinacional.
El exsecretario general adjunto de la Conferencia Episcopal de Bolivia,
José Fuentes, estuvo presente en esas reuniones, y confirmó a un medio local
que en esos encuentros se planificó el nombre de Jeanine Áñez para asumir el
mando del país, e inclusive se la telefoneó para coordinar.
El cura reveló el papel protagónico de Jorge Tuto Quiroga, quien fue la
persona que activó el altavoz de su teléfono celular para conversar con Áñez.
Asimismo, articuló con las Fuerzas Armadas para que los militares
permitieran la salida de Evo Morales en una avión a México.
En el mismo sentido, el procurador Wilfredo Chávez indicó que los
asistentes a esa reunión deben dar explicaciones sobre su rol, ya que fueron
protagonistas del golpe de Estado, sin contar con ninguna atribución para ello.
Wilfredo Chávez dijo que en esa reunión la cúpula de la Iglesia Católica
participó en las sesiones en las que se decidió quién sería el sucesor de Evo
Morales.
DICTADURAS DEMOCRÁTICAS
La
flexibilización de los limites a la reelección presidencial refuerza la
tendencia hacia el presidencialismo
El Heraldo de
México (https://bit.ly/33SwJ1F)
La reelección y la extensión de mandato no es un fenómeno nuevo en América Latina. La ola de
mandatarios de izquierda en la región ha intentado, y en muchos casos
prosperado, en eliminar límites constitucionales bajo el pretexto que necesiten
más tiempo para instaurar un verdadero cambio en sus distintos países. Utilizan
mayorías legislativas para manipular y reformar las constituciones para
extender su estancia en el Ejecutivo.
En 2015, el expresidente Rafael Correa en Ecuador presentó a la
Asamblea Nacional un proyecto de enmienda constitucional para que los
dignatarios pudieran postularse de manera indefinida y consecutiva. El
presidente Daniel Ortega asumió su tercer mandato en 2012 y el Congreso de
Nicaragua aprobó una reforma parcial de la Constitución que elimina los límites
a la reelección.
Ahora, la reelección o la extensión de mandato no es la única opción.
AMLO puede cumplir con su palabra y a la vez asegurar la continuación de su
Cuarta Transformación posicionado a su correligionaria, Claudia Sheinbaum, como
su sucesora. Así lo hizo Lula Da Silva con Dilma Rousseff en Brasil, al igual
que Evo Morales con Luis Arce, por solo mencionar unos ejemplos.
La flexibilización de los límites a la reelección presidencial en América
Latina refuerza la tendencia hacia el liderazgo personalista y hegemónico
inherente al presidencialismo y al caudillismo. La concentración del poder en
el Ejecutivo atenta contra los pilares fundamentales que sostienen a cualquier
democracia: la separación de poderes, las instituciones, la alternancia entre
mandatarios, una sólida cultura cívica y la celebración de elecciones libres y
justas.
Pone el relieve la grave crisis por la que atraviesan los partidos y
sistemas políticos y la intensa polarización que existe en la región. La
inhabilidad de resolver los problemas inherentes a la sociedad latinoamericana
como la desigualdad, la pobreza, la economía, la salud, agraviada por la
pandemia de Covid-19, le abre la puerta a líderes populistas con
características autocráticas, dispuestos a cambiar las reglas constitucionales
para mantenerse en el poder. Son una especie de mesías con el coraje de
cruzados, no les importa el sacrificio que implique su tal “revolución” o
“transformación”, siempre y cuando sean ellos o alguno de sus discípulos que
abanderen el proyecto. Lo que esta en riesgo son los sistemas democráticos que
tanto le costaron a la región construir.
EL LIBERTADOR DECRETÓ UN PUERTO MARÍTIMO PARA BOLIVIA
Diario VEA de
Venezuela (https://bit.ly/3foEd1L)
El 18 de mayo de 1825 el Libertador Simón
Bolívar, encontrándose en Arequipa, camino al Alto Perú (actual Bolivia), emitió
decreto mediante el cual dispuso la construcción de una Ciudad Marítima en
costas del Pacífico suramericano y que formaban parte del territorio
altoperuano; ello con el propósito de conectar de modo directo, dar acceso
directo, al territorio de la actual Bolivia. El Pacífico Sur era vía
natural de salida e ingreso para viajeros y productos comerciales del nuevo
Estado.
La idea de progreso que bullía en la mente del Libertador conjuga el
fomento económico con la moral y las luces, y el propósito de felicidad
posible. Dichos, postulados, originados en el Iluminismo del siglo XVIII,
tenían en el socialista utópico Gabriel de Mably -cuyo pensamiento confiesa
haber estudiado el Libertador-, un pionero.
Contando con el lago de Titicaca y corrientes
fluviales como el Abuná, Beni, y otros que confluyen en el caudaloso río
Madera, Bolivia se plantea una circunstancia que desde su nacimiento como
Estado Nacional debía ser atendida: su población se asienta en altiplano, a
varios miles de metros de altitud sobre el nivel del mar, requiriendo un acceso
costero directo, para el flujo de su comercio externo.
BOLIVIA: NIÑOS Y MADRES DESNUTRIDOS RECIBEN APOYO A TRAVÉS DE FONDOS DE
DONANTES
Misión News Wire
de EEUU (https://bit.ly/3opkdQJ)
El Centro Don Bosco para Niños Desnutridos en San Carlos, Santa Cruz, Bolivia ,
recibió fondos de donantes de Misiones Salesianas ,
el brazo de desarrollo estadounidense de los Salesianos de Don Bosco, para
ayudar a apoyar a niños y familias necesitadas. Actualmente, 150 niños y
niñas acceden cada año a los servicios del Centro Don Bosco para Niños
Desnutridos. La duración de la estancia en el centro está determinada por
el grado de desnutrición que enfrenta el niño.
Como parte de
un nuevo modelo de tratamiento para los niños, las madres participan en el
proceso de recuperación. Para facilitar esto, el centro ha establecido
alojamientos temporales para las madres y ha definido claramente sus roles y
responsabilidades durante su estadía.
Las madres
participan en talleres de capacitación sobre desnutrición y su prevención,
cuidado de sus hijos, crecimiento, salud y medicina preventiva. Luego
pueden aplicar lo que han aprendido hasta que se convierta en un hábito diario.
Una de las madres que participa en el programa es María Choque. Su
hija Estefany llegó al Centro Don Bosco para Niños Desnutridos a finales de
2020 con desnutrición severa. Estefany recibió los cuidados necesarios
hasta que se recuperó por completo. El centro se ha convertido en su
segundo hogar. Le tomó cerca de tres meses recuperar el índice de masa
corporal apropiado para su edad.
La formación
de Choque ha sido fundamental para el éxito a largo plazo de Estefany. Choque
dijo: “En el centro, he podido aprender muchas cosas sobre nutrición y alimentación
adecuada para mi hija. El centro ha sido como mi casa y las hermanas nos
han tratado muy bien. Tener agua limpia todos los días para la limpieza
personal y la cocina ha sido fundamental para la recuperación de Estefany. Cuando
regrese a la comunidad donde vivo, replicaré todo lo que he aprendido y
enseñaré a otras madres ”.
El Centro Don
Bosco para Niños Desnutridos también realizó recientemente mejoras en su acceso
al agua potable. Se pudo conectar a la red municipal de agua potable. El
centro ahora puede proporcionar acceso a agua potable las 24 horas del día, los
siete días de la semana.
Bolivia es el
país más pobre de América del Sur y tiene la distribución de ingresos más
desigual del continente. Es común que los bolivianos luchen por encontrar
una nutrición adecuada, refugio y otras necesidades básicas. La geografía
de Bolivia contribuye a la abrumadora pobreza de sus residentes. Grandes
extensiones del país permanecen sin desarrollar con falta de carreteras e
infraestructura.
DESTRUYEN TRES 'MEGA FÁBRICAS' DE CRACK EN BOLIVIA
Las fábricas improvisadas cubiertas con lona fueron encontradas por la
policía escondidas en reservas forestales y parques nacionales en la provincia
oriental de Beni, el centro de Cochabamba y el centro-sur de Santa Cruz,
indicaron los ministerios de aplicación de la ley.
Telediario de
México (https://bit.ly/3uWTYDv)
Las autoridades bolivianas asestaron un duro golpe a los productores de
cocaína en el país tras el descubrimiento y destrucción de tres
"megafábricas" que, según dijeron, podrían producir hasta 910
kilogramos de crack al día.
Las fábricas improvisadas cubiertas con lona fueron encontradas por la
policía escondidas en reservas forestales y parques nacionales en la provincia
oriental de Beni, el centro de Cochabamba y el centro-sur de Santa Cruz,
indicaron los ministerios de aplicación de la ley.
Jaime Mamani, viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas,
dijo que durante los últimos cuatro meses los escuadrones antidrogas bolivianos
habían incautado un récord de 7,41 toneladas de cocaína.
"Estamos realizando operaciones en todo nuestro territorio, a lo
largo de fronteras y zonas donde antes no había llegado la lucha contra el
narcotráfico", señaló.
La policía antidrogas boliviana también ha retomado la destrucción de
cultivos de coca en sus zonas habituales de cultivo de Los Yungas y El Chapare
que habían sido suspendidas durante la pandemia de coronavirus.
El expresidente de Bolivia Evo Morales, que fue un cultivador de coca,
aumentó las cuotas para el cultivo legal de las cosechas, determinación que ha
sido mantenida por su sucesor Luis Arce, pero cualquier cultivo que exceda las
cantidades acordadas se destruye.
Thierry Rostan, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito en Bolivia, dijo que la pandemia y las dificultades
económicas asociadas y el desempleo habían determinado un repunte tanto en el
cultivo de coca como en la producción de drogas.
"El narcotráfico nunca se detiene, los delincuentes siempre
exportarán, intentarán traficar sustancias controladas y en este período de
crisis económica algunas personas están buscando formas de sobrevivir, así que
unirse a los grupos del crimen organizado es un problema real", dijo.
"Hay un aumento significativo de cultivos porque el año pasado casi
no hubo erradicación de cultivos", agregó.
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