CÓMO EL ENCARCELAMIENTO DE ARTURO MURILLO HUNDE A LA OPOSICIÓN EN BOLIVIA

La escandalosa captura del exministro de facto Arturo Murillo en Estados Unidos generó en Bolivia un sinfín de acusaciones y desconocimientos entre políticos que apoyaron el golpe de 2019. El Órgano Judicial sigue investigando los delitos cometidos por el Gobierno de Jeanine Áñez.
El arresto en Estados Unidos de Arturo Murillo, exministro de Gobierno de la presidencia de Jeanine Áñez (2019-2020), provocó un temblor en la política interior boliviana, que amenaza con tumbar a varias fichas, protagonistas del golpe de Estado del 2019. Mientras los líderes de la oposición se despegan de los exfuncionarios de Áñez presos —ella encarcelada también—, se observa una avanzada judicial sobre algunos opositores que ganaron en las elecciones subnacionales de abril pasado.
Con la caída de Murillo, "se derrumbó la imagen política del Gobierno de la señora Áñez. Seguido a ello, este hecho de corrupción desportilla a todo el bloque de oposición política al MAS", dijo a Sputnik el politólogo Marcelo Arequipa.
El gobierno de facto de Áñez gozaba de cierto apoyo en la población, el mismo sector que aún asegura que Evo Morales (2006-2019) cometió fraude en las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019. Bajo esa sospecha —que no pudo constatarse judicialmente— se avaló el derrocamiento del líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), también la matanza de 37 personas en varias masacres, como las de Sacaba (Cochabamba) y de Senkata (La Paz).
La caída en desgracia de Murillo causó, en un primer momento, una avalancha de negadores: nadie lo conocía, nadie lo había recomendado para el cargo, todos los integrantes del gabinete de Áñez aseguraron que siempre lo habían criticado, aunque por lo bajo.
Luego de esta primera reacción, continuó una segunda ola de desconocimientos y críticas, esta vez entre los mismos políticos que habían participado o apoyado al gobierno golpista.
Casi todos se desentendieron de Áñez, quien también está implicada en el caso Gases —llamado así por la compra fraudulenta de gases lacrimógenos en EEUU a cargo de Murillo—: la expresidenta firmó la salida de 5,6 millones de dólares del Banco Central para la transacción.
Esta investigación "encuadra al señor Murillo como uno de los personajes más peligrosos y funestos de la historia política reciente de este país", agregó Arequipa.
En definitiva, "este hecho termina siendo una victoria moral del masismo sobre el antimasismo", dijo el doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid.
Desde que volvió al poder, el MAS anhela realizar un juicio por responsabilidades contra Áñez y sus colaboradores por los crímenes que habrían cometido durante su mandato inconstitucional. Para ello necesitaría los votos de dos tercios del Parlamento, pero actualmente el MAS solamente tiene el 50% de asambleístas.
Sin embargo, tal daño generó el caso Murillo en la oposición que incluso Carlos Mesa, líder del mayor partido opositor (Comunidad Ciudadana), dijo que sus asambleístas viabilizarán los juicios por responsabilidades contra Áñez y su gente solamente si están "adecuadamente fundamentados, sin dejar de lado la exigencia de que se garantice el debido proceso y que se realicen respetando la independencia y transparencia en la administración de Justicia".
La caída del Nº 2 de Áñez
Murillo fue detenido en Florida, EEUU, acusado de lavado de dinero y de participar en sobornos para la compra de material represivo para la Policía boliviana. Si bien esta causa se desarrolla en el país del norte, en Bolivia se iniciaron investigaciones por el mismo hecho.
Fueron llamados quienes integraron el gabinete de Áñez. Ella misma declaró por siete horas, hasta que se descompensó.
En EEUU hay cinco personas involucradas en este caso, entre ellas Murillo. En Bolivia hasta ahora son cuatro los detenidos: dos exfuncionarios del Ministerio de Defensa, así como el excuñado de Murillo, Daniel Aliss, y su exedecán, el capitán Daniel Bellot.
Sobre la detención de Murillo, la socióloga Rocío Estremadoiro dijo a Sputnik que "así debería caer todo corrupto de cualquier Gobierno. Pero lamentablemente eso está supeditado a quienes manejen coyunturalmente el poder".
Por ello, evaluó que el MAS "está haciendo un uso politiquero de lo que ha pasado a Murillo", que se enmarca "en esta permanente pugna de poder que desde 2019 se da entre el masismo y la fragmentada oposición partidaria".
"Ya con Áñez vimos cómo los malos manejos en gestión pública se ventilaban solamente cuando le convenía al Gobierno de ese entonces, por ello se persiguió a algunos exfuncionarios y exautoridades del MAS", dijo Estremadoiro, quien posee una maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Salamanca, de España.
Para la socióloga, "es igual en el actual Gobierno. Solamente se ventilan los casos de corrupción cuando se trata de dañar al rival político".
Y repuso: "Si cuando estás en el poder persigues a tus opositores, pero tú como gobernante eres prácticamente impune —así hayas cometido delitos semejantes o parecidos a los del opositor político— entonces la lucha contra la corrupción se desvirtúa".
'Pititas' reciclados
El apresamiento de Murillo propició la caída del aparato discursivo que sostuvo al Gobierno de Áñez y que dio argumentos a algunos opositores para legitimarse en las elecciones subnacionales de abril pasado, cuando varios políticos pititas accedieron a cargos de poder, como alcaldías y gobernaciones.
Uno de ellos es el exministro de Obras Públicas de Áñez, Iván Arias, devenido alcalde de La Paz. Fue citado a declarar como testigo del caso "Gases". A la salida del juzgado, sermoneó ante la prensa: "Uno de los aspectos que más ha afectado a la credibilidad de la democracia es la corrupción. En estas circunstancias, el peso de la ley debe sancionar a cualquiera que sea encontrado culpable".
Agregó que "en el caso de los gases lacrimógenos, el gabinete firmó un decreto. Tras cumplir todas las formalidades, se aprobó que se compren gases lacrimógenos. No se aprobó un decreto para que un exministro se corrompa", dijo en referencia a Murillo.
Como presidente del Comité Pro Santa Cruz, el empresario cruceño Luis Fernando Camacho lideró varias movilizaciones contra Morales en los días previos a su derrocamiento. Incluso le había llevado a La Paz una carta para su renuncia. Actualmente es gobernador de Santa Cruz de la Sierra (este), el departamento más grande del país.
Camacho habría designado a dos ministros del primer gabinete de Áñez: Jerjes Justiniano como ministro de Gobierno y Luis Fernando López como ministro de Defensa. Este último también está involucrado en el caso Gases, pero estaría escondido en Brasil.
Camacho, rápido de reflejos, sacó un tuit apenas supo lo de Murillo: "En su momento fuimos claros: el pueblo luchó contra el fraude, pero después los viejos políticos se apropiaron del poder y traicionaron nuestra lucha".
Días atrás, José Luis Camacho, padre del gobernador cruceño, viajó a Estados Unidos. Está incluido en la denuncia por el golpe de Estado de 2019, formulada por la exdiputada Lidia Patty. Por esta misma causa se encuentra tras las rejas Áñez.
También quienes fueron sus ministros de Justicia, Álvaro Coímbra, y de Energías, Rodrigo Guzmán.
José Luis Camacho fue involucrado en esta denuncia por su propio hijo, quien apareció en un video asegurando que su papá "había arreglado" con militares para que apoyaran el golpe.
El actual río revuelto fue aprovechado para avanzar en el enjuiciamiento de otro opositor al MAS: Manfred Reyes Villa, quien estuvo 10 años exiliado en Estados Unidos luego de que fuera derrotado por Morales en las elecciones presidenciales de 2009.
Regresó a Bolivia luego del derrocamiento de Morales, a pesar de que sobre él pendían denuncias, procesos y condenas por sus gestiones como alcalde y prefecto de Cochabamba. No obstante, en las elecciones de abril pasado fue elegido alcalde de esta ciudad.
A principios de junio, la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa aprobó tres informes para iniciar juicios de responsabilidades por los hechos de 2007 recordados como Enero Negro, cuando tres personas fueron asesinadas en peleas entre civiles y fue incendiada la Prefectura cochabambina. Uno de los acusados es Reyes Villa, en ese momento prefecto de Cochabamba —actualmente este cargo corresponde al de Gobernador—.
Para Arequipa, "creo que las investigaciones van a continuar. Me da la impresión de que van a seguir apareciendo en las siguientes semanas casos parecidos probablemente al de Murillo".
Huida desbandada
Ante la actual avanzada judicial, cada opositor escapa por su lado. "La oposición partidaria tradicional al partido hegemónico, que es el MAS, siempre ha sido fragmentada, nunca ha podido unificar un proyecto político", dijo Estremadoiro.
La socióloga describió a la oposición como poseedora "precariamente de una ideología conservadora que rescata algunos aspectos del falangismo. Por otra parte, está constituida por el llamado 'neoliberalismo tradicional'. Pero creo que la oposición no representa una ideología clara por su misma fragmentación. Los une simplemente la oposición al MAS".
Entre detenciones y acusaciones, sigue vigente en Bolivia el antiguo debate de si lo que ocurrió el 10 de noviembre de 2019 fue golpe de Estado o no.
"Creo que esta discusión de golpe versus fraude es maniquea y simplista. Así se desvía el análisis de un proceso que fue mucho más complejo que lo ocurrido en 2019", advirtió Estremadoiro.
Y agregó: "Simplificar las cosas a 'golpe' o 'fraude' nos lleva a una dicotomía que nos hace perder de vista el proceso".
El 21 de febrero de 2016 se hizo un referéndum para que la población decidiera si viabilizaba una cuarta postulación presidencial para Morales, en 2019. Aunque esta posibilidad fue rechazada en las urnas, el entonces presidente recurrió al Tribunal Constitucional, que finalmente habilitó la nueva reelección.
"La hegemonía del MAS empezó a decaer luego del famoso 21 de febrero [de 2016]. Esa pérdida de hegemonía finalmente se condensa en lo que ocurrió en 2019. Efectivamente, esa expresión de malestar de cierto sector de la población hizo que se precipite el Gobierno de Morales", afirmó Estremadoiro.
"Obviamente, ahí pescaron en río revuelto los partidos tradicionales opositores, que finalmente tomaron la vanguardia ideológica de ese proceso", continuó.
De este modo, el proceso que encaramó a Áñez "tiene pues ribetes ideológicos falangistas, ultraconservadores; plantea discusiones sumamente anacrónicas, como la vuelta de la Biblia al Palacio de Gobierno, como si viviéramos en plena Edad Media".
El falangismo, surgido en España en la década del 30, fue un movimiento de extrema derecha que prendió con fuerza en los países de América Latina. En Bolivia tuvo su partido en la Falange Socialista Boliviana (FSB), que enaltecía el nacionalismo y el catolicismo, más que nada.
"Ni Camacho ni Áñez ni Murillo deben saber lo que es el falangismo. No creo que tengan mucha lectura de la historia política del país. Pero en términos ideológicos expresan eso, aunque no sepan qué es", comentó Estremadoiro. Sputnik News de Rusia (https://bit.ly/3iwOmMW)
 
 
 
 
 

¿EL FIN DEL GRUPO DE LIMA? EL CHAVISMO SE ENTUSIASMA CON UN NUEVO ALIADO
 
El eventual triunfo de Pedro Castillo en Perú, acabaría con uno de los principales enemigos regionales del régimen de Maduro
 
La Nación de Argentina (https://bit.ly/3zooclI)
 
Era un as bajo la manga, pero tan oculto que ni siquiera contaban con él. La gran apuesta para ensanchar la Patria Grande en el país andino tenía nombre de mujer, Verónika Mendoza. Tanto el Grupo de Puebla como los gobiernos izquierdistas de la región, incluso el entonces vicepresidente español, Pablo Iglesias, bendijeron a la candidata de Juntos por el Perú.
El fracaso de Mendoza fue el segundo puñetazo tras la derrota de Alfonso Arauz en Ecuador, pero el inesperado alivio estaba muy cerca. Pedro Castillo, el candidato elegido por Vladimir Cerrón, viejo amigo de las revoluciones, acaricia el sillón de Pizarro. En Caracas se ha desatado el entusiasmo: sus nuevos aliados en Perú, como poco, acabarán con el “nombre” del Grupo de Lima, la alianza de países creada para combatir al régimen de Nicolás Maduro.
El segundo aliado regional para Caracas se sumará así a Bolivia, más la actitud condescendiente de la administración de Alberto Fernández, sobre todo en materia de derechos humanos. La oposición venezolana y organizaciones civiles esperan de forma inminente que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional confirme la apertura de la investigación por crímenes de lesa humanidad contra Maduro y varios miembros del generalato que lo mantienen en el poder.
La gran sorpresa electoral del año latinoamericano también cuenta con el apoyo del Grupo de Puebla, que reúne a dirigentes izquierdistas y populistas de la región que mantienen como una de sus principales piedras filosofales el blanqueo de la revolución bolivariana. “Atención con Perú. Fujimori comienza a hablar de irregularidades. Esperamos que Luis Almagro (secretario general de la OEA) y compañía no se presten para repetir la historia de Bolivia”, destacó ayer el Grupo de Puebla en sus redes.
“El mismo discurso de la derecha racista, fascista y golpista: denuncia fraudes sin pruebas y atenta contra la democracia que dice defender. Trump en Estados Unidos, Mesa en Bolivia y Fujimori en Perú repiten la misma mentira y desconocen el voto del pueblo. Que se respete el resultado”, clamó por su lado el expresidente boliviano Evo Morales, para arrimar el ascua a su sardina revolucionaria.
La cancillería venezolana está además convencida de que entre 2021 y 2022 rematarán al Grupo de Lima con los triunfos electorales en Chile, Colombia y Brasil, con lo que regresaría un escenario muy parecido al que ya disfrutaron Hugo Chávez, Lula da Silva y Néstor Kirchner, con el añadido de la joya de la corona: la Colombia presidida por otro de sus aliados, Gustavo Petro. Desde Caracas ya alentaron con fuerza la candidatura del senador izquierdista de Colombia Humana durante la campaña de 2018.
La pandemia y sus efectos colaterales han conformado en América Latina “el mayor foco, hoy por hoy, de inestabilidad política y social del mundo”, según los analistas de Eurasia Group. Un escenario que comenzó a dibujarse con las protestas antigubernamentales de 2019, que incendiaron Ecuador, Chile, Colombia, Venezuela y Haití.
“Sin duda, existe una crisis de representación. Los gobernantes tradicionales no logran sintonizarse con segmentos sociales más desfavorecidos. Hay desconexión con las necesidades y expectativas de este segmento, incluidos los movimientos indígenas. Y, por ende, la izquierda o los movimientos indígenas se apropian del relato y hacen un trabajo silencioso de base, que luego tiene estos resultados”, explica el analista Matías Abad.
Entre los planes de Castillo y su mentor, el exgobernador Vladimir Cerrón, entra no solo sacar a Perú del Grupo de Lima, sino también de la Alianza del Pacífico. Cerrón es un médico que estudió en Cuba, e incluso coincidió con Maduro en La Habana. Su cercanía al castrismo y al chavismo es pública y notoria. Castillo sí ha navegado entre los eufemismos, pero ha dejado claro con ciertas dificultades argumentativas que usará las excusas de la soberanía para no criticar a la Venezuela bolivariana.
“Castillo argumenta en su plan de gobierno la ‘revisión, regulación o anulación de los tratados internacionales’. Entre estos, la Alianza del Pacífico, evidenciando así su poca voluntad de continuar fortaleciendo este bloque comercial. Con cierta ambigüedad, el mencionado plan también propone ‘impulsar fronteras vivas’, iniciativa que, a partir de dotar de infraestructura a la frontera, busca ‘generar una muralla que sirva de contención a la invasión extranjera’”, apunta Abad con preocupación.
Las reiteradas alusiones xenófobas de Castillo en relación con el millón de emigrantes venezolanos que viven en Perú vaticinan próximos conflictos con la presidencia encargada de Juan Guaidó. El apoyo de Leopoldo López a Keiko Fujimori durante los días previos al 6 de junio provocó que el candidato de Perú Libre amenazara con expulsar a extranjeros durante las primeras 72 horas de su gobierno, de encaramarse a la presidencia.
 
 
 
 
 
EL FANTASMA DEL FRAUDE ELECTORAL QUE GOLPEÓ ECUADOR Y BOLIVIA AGITA AHORA PERÚ
 
El Mundo de España (https://bit.ly/3gkbWdc)
 
Indicios de fraude en las mesas electorales y fraude sistemático. Keiko Fujimori está dispuesta a luchar por último voto de Perú, pese a que no tenga pruebas de lo denunciado en la noche del lunes. "Han venido ocurriendo una serie de irregularidades que nos preocupan y creemos que es importante evidenciarlo. Hay una clara intención de boicotear la voluntad popular", aseguró la hija del dictador.
La candidata de Fuerza Popular (FP) marcha por detrás del maestro y sindicalista Pedro Castillo en la última actualización del escrutinio electoral realizada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El abanderado de la izquierda radical acumula el 50,20% de los apoyos frente al 49,79% de la populista de derechas, más de 70.000 votos de ventaja con el 97,89% de las actas procesadas.
Ambos candidatos permanecen en sus cuarteles generales rodeados por sus colaboradores en espera de un recuento que más parece una película de Hitchcock. La ventaja inicial de Fujimori gracias al voto urbano se convirtió en desventaja cuando comenzaron a llegar las actas rurales, lo que permitió a Castillo en la madrugada de ayer rozar los 100.000 votos de diferencia.
El impacto del voto exterior, donde Keiko acumula 2/3 partes de las preferencias, comenzó a reducir la ventaja del aspirante de Perú Libre (PL) cuando todavía faltan por contar actas de Ayacucho, Cusco y Huancavelica, proCastillo, y la amazónica Loreto, donde Fujimori es mayoría. Hasta ahora, Castillo se ha impuesto en 16 regiones y la lideresa populista en nueve.
El anuncio de Fujimori fue matizado por sus aliados, que desmintieron que haya acusado de fraude a los organismos electorales. "Las advertencias, muy justificadas, han sido todas contra los métodos mafiosos que Perú Libre está empleando para burlar la voluntad popular, no contra la ONPE", subrayó Álvaro Vargas Llosa.
En el comando de campaña de Keiko aseguran que Castillo ha impugnado actas en Lima donde son mayoría. Incluso un interventor de PL estuvo detenido acusado de marcar actas, algo que realizó "involuntariamente", según declaró tras ser liberado. "Nos han impugnado de una manera grosera, porque si no la votación sería de otra manera", fustigó Luis Galarreta, candidato a vicepresidente de FP.
Por su lado, la ONPE advirtió sobre una campaña de fake news promovida desde el círculo cercano a Fuerza Popular para hacer creer que existe un mecanismo perverso con las actas observadas. Las que contienen errores, son ilegibles o incompletas son enviadas a la Junta Nacional de Elecciones para que dictamine, un proceso que puede alargar la resolución final.
La respuesta de PL, a través de sus redes sociales, fue contundente: "Rechazamos las declaraciones de la candidata de Fuerza Popular, recordándole que Perú Libre jamás recurrió al fraude electoral. Por el contrario siempre fue víctima de este, y pese a todo supimos enfrentar y vencer".
Castillo también defendió la labor de sus "personeros" (interventores), señalados desde el bando de Fujimori, a quienes definió como "héroes y heroínas de la democracia".
Semejante tesitura mantiene a Castillo como favorito para alzarse con la victoria, lo que el lunes provocó el hundimiento de los mercados bursátiles y de la moneda nacional, el sol, frente al dólar. En un intento por frenar la hemorragia financiera, los asesores económicos de Castillo reiteraron al país que respetarán la autonomía del Banco Central de Reserva (culpable de las mejores cifras de inflación de la región durante este siglo), que no impondrán el modelo chavista de expropiaciones, controles de cambios y de precios (los mismos que han destruido la economía venezolana) ni que tampoco prohibirán las exportaciones, pese a las idas y venidas de su candidato.
La gran sorpresa electoral del año latinoamericano también cuenta con el apoyo del Grupo de Puebla, que reúne a dirigentes izquierdistas y populistas de la región y que mantienen como una de sus principales piedras filosofales el blanqueo de la revolución bolivariana. "Atención con Perú. Fujimori comienza a hablar de irregularidades. Esperamos que Luis Almagro (secretario general de la OEA) y compañía no se presten para repetir la historia de Bolivia", destacó el Grupo de Puebla en sus redes.
SIN PRUEBAS
"El mismo discurso de la derecha racista, fascista y golpista: denuncia fraudes sin pruebas y atenta contra la democracia que dice defender. Trump en EEUU, Mesa en Bolivia y Fujimori en Perú, repiten la misma mentira y desconocen el voto del pueblo. Que se respete el resultado", clamó el expresidente boliviano Evo Morales para arrimar el ascua a su sardina revolucionaria.
El nuevo enredo electoral repite escenarios ya vividos en las últimas elecciones en la región. Este año, el candidato indígena Yaku Pérez denunció fraude tras la primera vuelta electoral en Ecuador, tras no acceder al balotaje por apenas 32.000 votos frente a quien sería el vencedor final, Guillermo Lasso. No pudo demostrar sus acusaciones.
En 2019, el fraude promovido por el oficialismo boliviano provocó la caída del todopoderoso Morales. La gran diferencia con Perú es que en aquella ocasión la Organización de Estados Americanos (OEA) demostró las irregularidades promovidas desde el poder, algo que no sucede en Perú, donde la misión enviada al país andino felicitó a la ONPE y al pueblo peruano por la jornada electoral.
 
 
 
 
 
ELECCIONES 2021: GRUPO DE PUEBLA PIDE QUE NO SE “REPITA LA HISTORIA DE BOLIVIA” EN PERÚ
 
La República de Perú (https://bit.ly/3iwM1l8)
 
El Grupo de Puebla, organización progresista iberoamericana, se pronunció este martes 8 de junio sobre la incertidumbre que se vive en Perú mientras avanza el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para saber quién gobernará el país los próximos cinco años.
“Atención con Perú. Keiko Fujimori comienza a hablar de irregularidades”, escribió el organismo en Twitter a pocas horas de que la candidata de Fuerza Popular denunciara “indicios de fraude”. En conferencia de prensa habló de “una clara intención de boicotear la voluntad popular”.
Al 98,243% de actas procesadas y 96,680% contabilizadas, el postulante Pedro Castillo (Perú Libre) se mantiene arriba con 50,296% de votos válidos, seguido de Fujimori con 49,704%.
El Grupo de Puebla mencionó en su tuit puntualmente al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien hasta el momento no se ha referido a la situación en Perú.
“Esperamos que Almagro y compañía no se presten para repetir la historia de Bolivia”, afirmó la organización en referencia al informe de la OEA que alertaba que “no se aplicaron buenas prácticas” el 20 de octubre de 2019, cuando Evo Morales había ganado otra reelección.
A pesar de que no se encontraron pruebas concretas de fraude en Bolivia, el informe de la OEA agitó unas intensas protestas en contra del exmandatario (2006-2019) que lo llevaron a renunciar, tras la “sugerencia” de las Fuerzas Armadas.
Y precisamente Morales tuiteó en la mañana de este martes 8 de junio también para fustigar las declaraciones de Fujimori por “repetir el discurso” de los expresidentes Donald Trump (EE. UU.) y Carlos Mesa (Bolivia).
“El mismo discurso de la derecha racista, fascista y golpista: denuncia ‘fraude’ sin pruebas y atenta contra la democracia que dice defender. Trump en EE. UU., Mesa en Bolivia y Fujimori en Perú, repiten la misma mentira y desconocen el voto del pueblo. Que se respete el resultado”, dijo.
 
 
 
 
 
CLAVES DEL SUPUESTO "FRAUDE SISTEMÁTICO" DENUNCIADO POR KEIKO FUJIMORI
 
Swissinfo de Suiza (https://bit.ly/351Cmen)
 
Los "indicios de fraude sistemático" en las elecciones presidenciales de Perú denunciados por Keiko Fujimori han sido rebatidos y desmontados por los entes electorales nacionales y especialistas en la materia que consideran que la candidata cruzó una línea roja al hacer sin pruebas una denuncia de ese calibre.
Fujimori lanzó la hipótesis del fraude cuando se ve al borde de perder por tercera vez consecutiva la Presidencia de Perú en segunda vuelta, en unos comicios cuya corrección fue destacada por las misiones electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore).
1.- LAS ACTAS IMPUGNADAS
El mayor argumento de Fujimori es que el izquierdista partido Perú Libre, del candidato izquierdista Pedro Castillo, ha impugnado maliciosamente más de 1.300 actas electorales que contienen alrededor de casi 400.000 electores, a un promedio de 300 votantes por acta.
Según los datos del recuento, hay 1.369 actas bajo observación por distintos aspectos, pero solo cuatro anuladas y una impugnada, mientras que 461 contienen algunos votos impugnados por parte de ambos partidos, que una vez resueltos no afectará al cómputo del resto sufragios de cada acta.
"De ninguna manera se puede concluir que dichos resultados van a una única candidatura. No se dejen sorprender y menos compartir noticias falsas, cuyo único propósito es no reconocer el resultado de las urnas. Acusar de fraude sí es irresponsable", advirtió el exjefe de la ONPE Fernando Tuesta.
Las demás actas aún no contabilizadas serán revisadas y analizadas por el Jurado Nacional de Elecciones por estar incompletas (104), no haber sumado bien los votos (397) o estar escritas de manera ilegible (60), entre otras vicisitudes que impiden de momento ser computadas.
2.- LA MESA SIN VOTOS POR KEIKO
Otra presunta irregularidad presentada por Fujimori fue un acta electoral donde Castillo tenía 187 votos y ella ninguno, cuando en la mesa del costado su rival se llevaba 124 y ella 50. "Es estadísticamente imposible", afirmó el candidato a vicepresidente por el partido Fuerza Popular, Luis Galarreta.
Sin embargo, la ONPE aclaró que "no hay lugar a duda sobre las cifras de los votos que consigna el acta de escrutinio" porque "dicho documento está firmado por los tres miembros de mesa y no ha sido observada por ninguna de las partes".
El acta es de Huarango, municipio de Cajamarca, región del norte de los Andes peruanos de donde es oriundo Castillo, quien en ese distrito se llevó 52.683 votos (78,8 %) frente a los 14.130 de Fujimori (21,1 %).
No es extraordinario que en una mesa todos los votos vayan para un solo candidato en zonas donde se concentra el voto por uno de los dos.
Ya pasó en anteriores elecciones en una mesa de San Cristóbal, de la sureña región de Moquegua, donde 127 personas votaron por Pedro Pablo Kuczynski y ninguna por Fujimori en 2016, y ha vuelto a pasar nuevamente allí esta vez, donde hay una mesa con 206 votos a favor de Castillo, cuatro nulos y ninguno por Fujimori.
3.- LA MESA DE LOS CATACORA
Al partido Fuerza Popular también le pareció un "indicio de fraude sistemático" que en una mesa del municipio de Ácora, a orillas del lago Titicaca, sus tres miembros llevasen de apellido Catacora.
La acusación de fraude viene por el hecho de que los tres serían miembros de una misma familia orientada a copar la mesa para favorecer a Castillo, que se llevó 197 votos frente a uno solo de Fujimori.
Sin embargo, Catacora es un apellido de origen aimara muy común, especialmente en Ácora, como aseguró a Efe Tito Catacora, natural de ese municipio y productor de la premiada película Wiñaypacha.
Catacora también era el apellido del anterior alcalde del distrito así como un excongresista de la sureña región de Puno, donde se ubica Ácora, e igualmente del actual presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora.
Puno es una de las regiones con mayor apoyo a Castillo, pues el candidato de izquierda se llevó 644.095 votos (89,2 %) sobre los 77.461 (10,7 %) de Fujimori.
4.- LOS VOTOS ADULTERADOS
El día de la elección tuvo repercusión mediática la detención por parte de la Policía de dos personeros (representantes) de Perú Libre que habían supuestamente marcado a favor de su partido varias cédulas de votación, algo a lo que se acogió el fujimorismo para lanzar la hipótesis de que puede haber sucedido a escala nacional.
Según aclaró la ONPE, en el primero de los casos, donde se encontraron 87 cartillas adulteradas, el personero de Perú Libre no había marcado el símbolo de su partido sino que había firmado "donde le correspondía", pero de manera irregular, ya que esto debía hacerlo en todo caso después del recuento.
Algo similar ocurrió en el otro caso, donde una mujer hizo lo propio con otras 256 cédulas en la norteña ciudad de Chiclayo, donde en el lugar de la firma había puesto las siglas de su partido, pero de momento no se han reportado incidentes similares en el resto del país, por lo parecen dos hechos aislados.
 
 
 
 
 
DESBARATAN UN CONTRABANDO HACIA BOLIVIA DE 62.400 LATAS DE CERVEZA
 
Además, se hallaron 500 latas de bebida energizante en el mismo cargamento. El camionero fue demorado al no contar con la documentación de la mercancía.
 
El Tribuno de Argentina (https://bit.ly/3v72T4z)
 
La vaivenes cambiarios y la caída del peso frente a su homólogo de la vecina República Plurinacional de Bolivia hizo en los últimos meses invertir la dirección de los contrabandos de mercadería, granos, bebidas y comestibles en general, los que atraviesan la permeable frontera norte con diversos ardides propios de la zona caliente de frontera.
Fuentes de la Policía Federal aseguraron que son decenas los camiones que intentan llegar a distintos puntos de la frontera, muchos de ellos cargados de mercancías cuyo destino o remito son localidades o parajes inexistentes en la ampliada frontera norte.
En horas de la tarde de ayer personal de la Policía Federal, apostado en un control en la localidad fronteriza de Salvador Mazza, secuestró un camión cargado con bebidas alcohólicas y otras, cuyos papeles no eran legítimos.
El personal de la División Unidad Operativa Salvador Mazza, de la Policía Federal Argentina, realizó un procedimiento por "tentativa de contrabando de exportación", a un hombre con nacionalidad argentina, mayor de edad, quien conducía un camión marca Volvo, que transportaba como carga 2.600 packs de cerveza enlatada.
Cada packs contiene un total de 24 latas de cerveza cada uno, lo cual hace un total de 62.400 latas de la bebida alcohólica que el camionero pretendía contrabandear hacia la vecina República Plurinacional de Bolivia.
Además, en el mismo camión transportaba un total de 19 packs de bebida energizante, lo que hace un total casi cercano a las 500 latas.
El secuestro de la mercancía se hizo posible al controlar los remitos correspondientes y la carga, como así el destinatario final y los impuestos correspondientes a una exportación encubierta e ilegal.
La maniobra es ampliamente conocida en los últimos meses en la frontera, donde llegan decenas de camiones cargados con mercancías que son trasladadas por pasos ilegales en la modalidad hormiga.
Fuentes de la fuerza federal dijeron anoche que el valor aproximado de la carga de bebidas secuestrada rondaría los 5.400.700 pesos de la moneda nacional.
El procedimiento fue realizado en el marco de controles fronterizos y de prevención que viene llevando a cabo personal de Delitos Económicos de la Policía Federal.
 
 
 
 
 
POLICÍA BOLIVIANA ENCUENTRA Y DESTRUYE TRES 'MEGAFÁBRICAS' DE COCAÍNA CRACK
 
The Organization For World Peace de Polonia (https://bit.ly/3vbcVl7)
 
En un reciente anuncio al público, las autoridades policiales bolivianas informaron del descubrimiento de tres “mega fábricas” de crack encontradas en las regiones del centro de Cochabamba, centro-sur de Santa Cruz y este de Beni. Los tres sitios, que estaban ocultos en parques nacionales y reservas forestales en las regiones, han sido destruidos por las fuerzas policiales.
Las fábricas supuestamente podrían producir hasta 910 kilogramos de cocaína crack por día. En una entrevista concedida a Reuters, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, dijo que las fuerzas policiales bolivianas "incautaron un récord de 7,41 toneladas de cocaína en los últimos cuatro meses". Mamani también confirmó que las autoridades están “realizando operaciones en todo [el] territorio, a lo largo de fronteras y áreas donde antes no había llegado la lucha contra el narcotráfico”.
La mayor supervisión e intervención de la industria del tráfico de drogas es fundamental para mantener un sentido de orden y paz inmediatos entre las áreas de alto tráfico. Sin embargo, de cara al futuro, es fundamental que se produzca un cambio sistémico que pueda crear instituciones que sirvan como soluciones a largo plazo a la crisis de los estupefacientes. Si bien la intervención policial en la producción de cocaína es ciertamente importante para mitigar el impacto actual del crimen, estas acciones no brindan una resolución sostenible que limitará la producción futura de sustancias y los delitos violentos, así como mejorará la calidad de vida en general en Bolivia.
Según Reuters, parte de este aumento en la producción de coca se puede atribuir parcialmente a decisiones de liderazgo. “El ex presidente boliviano Evo Morales, él mismo un ex cultivador de coca, aumentó las cuotas para el cultivo legal del cultivo” durante su mandato, que desde entonces “ha sido mantenido por el actual presidente Luis Arce”. Si bien se destruye la producción de drogas que excede estas cuotas, muchos especulan que ha alentado la continuación y prosperidad de la industria ilegal de narcóticos. Además, según información de RT News, los funcionarios del gobierno boliviano “extraditaron a un destacado criminal a Brasil por cargos de tráfico internacional de drogas a lo largo de la frontera amazónica con Brasil” a principios de este mes en un esfuerzo por hacer cumplir una regulación más estricta de la actividad de las drogas.
Además, "la pandemia y las dificultades económicas asociadas y el desempleo" han provocado una mayor demanda de trabajo "tanto en el cultivo de coca como en la producción de drogas". Debido a que muchas personas están luchando actualmente para mantenerse económicamente, la industria de los narcóticos y los "grupos del crimen organizado" asociados han servido como un medio de ingresos para quienes necesitan desesperadamente trabajo.
Teniendo en cuenta el impacto de estos factores económicos, es más vital que nunca implementar programas que puedan ofrecer empleo y ayuda a quienes se encuentran agobiados económicamente por el desempleo. Al brindar otras opciones para ingresos y recursos estables, el gobierno boliviano podría frenar efectivamente la necesidad de encontrar empleo en la industria de narcóticos y, posteriormente, limitar la cantidad de drogas producidas y exportadas.
Las Naciones Unidas han comenzado a poner en marcha programas de este tipo, como la "formación profesional y la promoción de microempresas" para invertir en proyectos económicos alternativos en "turismo, agricultura e industria alimentaria" y subvencionar muchos de los costos asociados. Además, la ONU tiene proyectos dirigidos a la “gestión sostenible e integrada de los recursos naturales” con el fin de desarrollar y gestionar mejor los recursos agroforestales en Bolivia y reutilizar las tierras originalmente utilizadas para la industria de los estupefacientes. En colaboración con el gobierno boliviano, estas iniciativas han brindado otras oportunidades económicas y beneficios a largo plazo para las familias de la región.
Si bien muchos de los procedimientos típicos de detección y destrucción de cocaína se suspendieron debido a la pandemia, desde entonces las fuerzas policiales los han reanudado. Debido a la falta de erradicación reciente de cultivos y al aumento de la tensión económica, se espera que la industria de los estupefacientes experimente un resurgimiento tanto en la producción como en la exportación en los próximos meses.