EXMINISTRO DE DEFENSA BOLIVIANO PLANEÓ UN SEGUNDO GOLPE CON MERCENARIOS ESTADOUNIDENSES

UN ALTO FUNCIONARIO del gobierno boliviano saliente planeó desplegar a cientos de mercenarios de Estados Unidos para anular los resultados de las elecciones del país sudamericano de octubre de 2020, según documentos y grabaciones de audio de llamadas telefónicas obtenidas por The Intercept.
El objetivo del reclutamiento de mercenarios era impedir por la fuerza que Luis Arce asumiera la presidencia del Movimiento al Socialismo, o MAS, el partido del ex presidente boliviano Evo Morales. La trama continuó a pesar de que Arce, un protegido de Morales, derrotó a un campo abarrotado, ganó el 55 por ciento de los votos en la primera ronda y eliminó la necesidad de una segunda vuelta.
En una de las grabaciones filtradas, una persona identificada como el ministro de Defensa boliviano dijo que estaba "trabajando para evitar la aniquilación de mi país". Las fuerzas armadas y el pueblo tenían que “levantarse”, agregó, “y bloquear una administración de Arce. ... Las próximas 72 horas son cruciales ".
Los desacuerdos entre ministros y divisiones dentro de las fuerzas armadas, tensos por el peso de la contundente victoria de Arce el 18 de octubre de 2020, parecen haber socavado el plan. Nunca se ejecutó, y varios altos funcionarios del gobierno saliente huyeron de Bolivia o fueron arrestados por cargos separados relacionados con la corrupción y su presunto papel en el golpe de 2019.
Durante más de un año antes, Bolivia se había hundido en una crisis continua. En octubre de 2019, cuando Morales estaba en la boleta electoral para un controvertido cuarto mandato, la oposición lo acusó de manipular las elecciones, y la Organización de Estados Americanos, u OEA, rápidamente se hizo eco de la acusación. En medio de protestas generalizadas, un motín policial y la presión del ejército, Morales se vio obligado a dimitir y huir del país. Jeanine Áñez, una senadora evangélica poco conocida, juró apresuradamente como presidenta interina y prometió celebrar nuevas elecciones en unas semanas.
En cambio, reorientó al gobierno lejos del enfoque izquierdista de Morales y hacia la Casa Blanca de Donald Trump, adoptó un tono cristiano estridente en contraste con la defensa de Morales de la cultura indígena andina y emitió un decreto que protegía preventivamente a los soldados del enjuiciamiento. Poco después, las fuerzas armadas llevaron a cabo  múltiples masacres mientras reprimían la oposición al nuevo gobierno interino.
Fiscales y pandillas persiguieron a los simpatizantes del MAS en los tribunales y las calles. Después de 14 años de crecimiento bajo Morales, miles de personas fueron arrastradas a la pobreza durante la pandemia de Covid-19 - el cual Áñez citó en varias ocasiones como una razón para posponer una repetición de la votación. En medio de manifestaciones masivas que exigían nuevas elecciones, Áñez finalmente permitió la votación el otoño pasado. Ella también se postuló para la presidencia, solo para abandonar la carrera después de que las encuestas la ubicaron en un distante cuarto lugar.
La eventual victoria de Arce el otoño pasado, en unas elecciones muy escrutadas, fue un sorprendente rechazo al cambio de derecha supervisado por Áñez. Arce, ministro de Economía durante mucho tiempo de Morales, también se distanció de su exjefe. "Hemos recuperado la democracia", dijo Arce a sus partidarios, y prometió trabajar para estabilizar y unificar el país.
La derecha boliviana, sin embargo, no estaba dispuesta a renunciar al poder. La llamada con el ministro de Defensa de Áñez, en la que los oradores sugieren que es probable que varios otros altos funcionarios estén a bordo, esboza un complot golpista aún más flagrante que el de octubre de 2019.
Varios de los conspiradores discutieron el envío de cientos de mercenarios extranjeros a Bolivia desde una base militar estadounidense en las afueras de Miami. Estos unirían fuerzas con unidades militares de élite bolivianas, escuadrones de policía renegados y turbas de justicieros en un intento desesperado por evitar que el mayor movimiento político del país regrese al poder.
Las llamadas telefónicas, junto con los correos electrónicos filtrados sobre un despliegue masivo de pistoleros contratados para coincidir con las elecciones, revelan cómo Bolivia pudo haber visto un nuevo derramamiento de sangre a fines del año pasado.
Dos fuentes militares estadounidenses confirmaron que los comandos de Operaciones Especiales para los que trabajan se habían enterado del complot golpista en Bolivia. Pero nunca salió nada de eso, le dijeron a The Intercept. Una fuente de operaciones especiales agregó: "Hasta donde yo sé, nadie los tomó en serio".
“El Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas”
La más larga de las grabaciones es una llamada telefónica de 15 minutos con una persona que The Intercept identificó como Luis Fernando López, un ex paracaidista y empresario nombrado ministro de Defensa por Áñez en noviembre de 2019. López, a quien se hace referencia en la llamada como “Sr. . Ministro ”, se puede identificar a través de referencias a su trabajo como ministro en las fuerzas armadas, y al comparar la voz del orador relevante y las afirmaciones que hace en la grabación con sus discursos disponibles públicamente.
El otro participante principal parece ser Joe Pereira, un ex administrador civil del Ejército de los Estados Unidos que tenía su base en Bolivia en ese momento. Pereira, quien anteriormente se jactó de tener vínculos con las fuerzas especiales de Estados Unidos y estuvo detenido en una cárcel boliviana en espera de juicio por cargos de fraude, es identificable por las referencias al uso de una empresa que ha dirigido, así como por el texto filtrado de los correos electrónicos que describen él como organizador de una misión con mercenarios en Bolivia. Dos de las personas incluidas en los correos electrónicos confirmaron a The Intercept que los correos electrónicos son auténticos y que Pereira era el organizador principal. Un ex empleado de Pereira que escuchó el audio dijo que no tenía dudas de que la voz en las grabaciones era su exjefe. Los miembros de la iglesia de Pereira dijeron lo mismo.
En una grabación separada, Pereira identifica a su traductor como "Cyber Rambo", mientras que en una llamada telefónica posterior se le conoce directamente como "Luis". "Cyber Rambo" es un apodo que se le da a Luis Suárez, un ex sargento del ejército estadounidense de origen boliviano conocidopor crear un algoritmo que impulsó los tweets anti-Morales durante la crisis política de 2019. Contactado para comentarios por The Intercept, Suárez negó haber estado en contacto con López y Pereira o haber estado involucrado en el complot golpista. Dijo que después de que The Intercept lo contactara en junio, encontró un mensaje de Pereira que no había sido leído ni respondido. Suárez especuló que Pereira podría haber estado tratando de engañar a López haciéndole creer que estaba involucrado. López no respondió a las preguntas enviadas a través de su abogado, quien dijo que su cliente no quería hablar con la prensa y buscaba asilo en el extranjero. Pereira no pudo ser contactado para hacer comentarios por teléfono y no respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico en octubre o mayo.
Las referencias a la victoria de Arce en las elecciones indican que la convocatoria se realizó después del 18 de octubre, y parece que se hizo antes del 5 de noviembre, cuando López huyó de Bolivia al vecino Brasil, tres días antes de la toma de posesión de Arce.
La grabación comienza en mitad de la conversación, con el hombre identificado como López diciendo: "Los armamentos y otros equipos militares obviamente son muy importantes para reforzar lo que estamos haciendo".
“El alto mando militar ya está en conversaciones preliminares”, continúa. “La lucha, el grito de guerra, es que [el MAS] quieren reemplazar a las fuerzas armadas y policías bolivianos por milicias, cubanos y venezolanos. Ese es el punto clave. Ellos [la policía y las fuerzas armadas] van a permitir que Bolivia se levante nuevamente y bloquee una administración de Arce. Esa es la realidad ".
López sugiere además que el comandante de las fuerzas armadas "ya" está reflexionando sobre un golpe de Estado preventivo y será quien "inicie la operación militar".
“Quiero enfatizar lo siguiente. El comandante de las Fuerzas Armadas está trabajando en todo esto ”, dice López. El máximo general designado por Áñez fue Sergio Orellana. Se cree que  huyó de Bolivia a Colombia en noviembre, pero no pudieron ser contactados para hacer comentarios.
“Hemos estado trabajando en esto toda la semana”, enfatiza López. “Les puedo garantizar que ahora mismo tenemos fuerzas armadas unidas, no al 100 por ciento, porque obviamente hay azules”, estipula, en aparente referencia al color oficial del MAS. Es probable que algunos oficiales militares respalden "al caballo ganador [Arce] porque ganó las elecciones", admite, pero insiste en que son "muy pocos".
“Les garantizo que el 95, 98 por ciento son súper patriotas y no quieren desaparecer”, concluye. “Llevo 11 meses trabajando para que las fuerzas armadas tengan dignidad, moral, sean probadas y piensen en la patria por encima de todo. Te garantizo que esto no fallará ".
Un día antes de la toma de posesión de Arce, Morales, en ese momento todavía exiliado en Buenos Aires,  afirmó que Orellana había estado tratando de persuadir a los oficiales superiores para que establecieran una “junta militar”, con el argumento de que Arce planeaba reemplazar las fuerzas armadas con milicias. Morales sugirió que un general pro-MAS había anulado a Orellana, y que aunque se habían dado órdenes para movilizar tropas de élite, estas habían sido canceladas rápidamente. En ese momento, los medios internacionales ignoraron en gran medida el reclamo de Morales.
“Escuché rumores al respecto, pero nada concreto, nada sobre movimientos [de tropas]”, dijo Tomás Peña y Lillo, general retirado y jefe de operaciones del ejército hasta 2010, cuando The Intercept le preguntó sobre el complot. "Me imagino que no fue más que un deseo".
Sin embargo, las figuras militares bolivianas siguen estando realmente preocupadas de que el MAS tenga intenciones de marginar al ejército armando a sus propios partidarios, argumentó Peña y Lillo. “Esta es la intención del gobierno [de Arce]”, agregó. “Obviamente les gustaría hacer eso, podrían intentarlo. Pero la constitución no lo permite. Y el ejército acatará la constitución ".
"Milicias armadas del pueblo"
Durante sus 14 años en el poder, una relación cordial entre Morales - él mismo un conscripto cuando era joven - y las fuerzas armadas de Bolivia, gran parte de cuyo alto mando fue entrenado por Estados Unidos, se deterioró hasta convertirse en una brecha abierta.
Su elogio a Ernesto “Che” Guevara - quien fue capturado y asesinado en Bolivia con el apoyo de la CIA en 1967 - y la creación de una academia militar “antiimperialista” enfureció a muchos soldados. La policía también compartió las quejas sobre el pago. Su negativa a sofocar las protestas a raíz de la impugnada votación de 2019 fue fundamental para forzar al exilio al presidente más antiguo de Bolivia, primero en México y luego en la vecina Argentina.
Pero la sugerencia de que los principales generales estaban deliberando sobre cómo impedir que el MAS regresara al poder bajo Arce un año después, sin tener en cuenta el resultado de las elecciones de 2020 y contraviniendo la constitución, indica que la desconfianza en el movimiento popular dominante del país entre algunas figuras militares de alto nivel se ha desviado. en la paranoia.
En su llamada con Pereira, López destacó: “Mi trabajo ahora mismo está enfocado en evitar la aniquilación de mi país y la llegada de tropas venezolanas, cubanas y de Irán”. En un discurso pronunciado en octubre de 2020 para conmemorar el aniversario del asesinato de Guevara, López también prometió que los invasores extranjeros "de cualquier nacionalidad, cubanos, venezolanos o argentinos ... encontrarán la muerte en nuestro territorio".
La afirmación de que operativos cubanos, venezolanos e iraníes se han infiltrado con éxito en gobiernos, partidos de izquierda y movimientos de protesta en América Latina se ha convertido en un tema frecuente de conversación de derecha en toda la región en los últimos años, pero, fuera de la propia Venezuela , se ha convertido en un tema de conversación frecuente. poca evidencia concreta que lo respalde.
En enero de 2020, mientras estaba exiliado en Buenos Aires, Morales les dijo a los partidarios del MAS que si regresaba a Bolivia, buscaría organizar “milicias armadas del pueblo” siguiendo las líneas venezolanas. Sus rivales alegaron que sus comentarios traicionaron planes para una fuerza paramilitar pro-MAS. Posteriormente Morales afirmó que se refería a una tradición de patrullas de autodefensa locales en las comunidades andinas.
Eduardo Gamarra, politólogo boliviano y profesor de la Universidad Internacional de Florida, sugirió una razón más simple por la que los generales que ayudaron a derrocar a Morales podrían haber querido mantener a Arce fuera del poder. “¿Hubo disturbios en las fuerzas armadas? ¿Estaban preocupados? Sí ”, dijo Gamarra. “Estaban preocupados con razón de que iba a haber una gran purga. El MAS se iba a poner furioso ”.
Pereira también estaba monitoreando el paradero del exlíder del MAS. En otra llamada telefónica, habla amigablemente con un hombre mayor, Manuel, quien le informa que Morales se ha mudado de una residencia temporal cerca de una escuela estadounidense en el suburbio La Lucila de Buenos Aires.
"Que dolor. Qué dolor ha tenido nuestro amigo Evo ... haber salido de ese lugar ”, dice Pereira.
“Tendremos que averiguar dónde está”, responde Manuel. "Tiene que estar en alguna parte".
"Puedo conseguir hasta 10,000 hombres sin ningún problema"
Durante la llamada de 15 minutos, Pereira dice que la solicitud de armas "no es un problema" y pregunta cuántos aviones Hércules C-130 tiene disponibles el ministro de Defensa. La respuesta de López: Solo hay tres C-130 en todo Bolivia, y él solo tiene el control de uno, mientras que la Policía Nacional tiene dos. Pereira lo tranquiliza: “Después de la llamada telefónica que tengo contigo, voy a hacer lo mismo para coordinar con las autoridades policiales. Con alto mando ".
Los aviones, dice Pereira, son necesarios "para recoger personal en el Comando Sur en la Base de la Fuerza Aérea Homestead en Miami".
“Para cuando los C-130 lleguen, los contrataré, los prepararé y ... todas sus armas estarán listas”, agrega.
El traductor detalla además el arreglo: las tropas serán recolectadas "de tal manera como si fueran contratistas privados, sin representación del estado estadounidense".
“Vamos a poner a todas esas personas bajo contratos fantasma para empresas bolivianas que ya operan en el país”, continúa Pereira, con López de acuerdo en cada punto.
“Puedo conseguir hasta 10.000 hombres sin problema. No creo que necesitemos 10.000 ”, estipula. “Todas las fuerzas especiales. También puedo traer alrededor de 350 lo que llamamos LEP, Profesionales de la Aplicación de la Ley, para guiar a la policía. … Conmigo [en Bolivia] tengo una plantilla de personal que puede manejar varios trabajos diferentes. … Si hay algo más que necesito, los haré volar como encubiertos, como si fueran fotógrafos, fueran pastores, fueran médicos, fueran turistas ”.
David Shearman, uno de los reclutadores con sede en Estados Unidos que Pereira había pedido que organizara a esos hombres, le dijo más tarde a The Intercept que el número de 10,000 era absurdo. "No podría conseguir 10.000 personas incluso si Blackwater volviera al negocio y volviera a Irak", dijo Shearman a The Intercept en junio.
Pereira, en el audio, sugiere que esta cohorte de mercenarios será recibida con los brazos abiertos por los bolivianos, de los cuales 3,2 millones habían votado para devolver al MAS al poder unos días antes. “Hemos hecho mucha infiltración. … No van a ir a tratar de persuadir a la gente para que siga al MAS. Más gente quiere libertad para su país ".
Pereira agrega que necesitará hablar con Arturo Murillo, entonces ministro del Interior y responsable de la Policía, “para que no se equivoque, tenga miedo”. En las semanas previas a las elecciones de 2020, Murillo advirtió repetidamente en público y en privado que el MAS estaba planeando una insurrección armada si perdía la votación. En octubre, Murillo viajó a Washington, DC, para reuniones con diplomáticos estadounidenses, la OEA y la Casa Blanca, donde dijo que se discutieron temas de “seguridad nacional” y “amenazas” a las elecciones. En ese momento, Murillo dijo a la prensa que "Estados Unidos puede ayudar en muchas cosas", confirmando más tardeque Bolivia compraba armas para "defender la democracia" a "cualquier precio". En mayo de 2020, se jactó de haberse reunido con la CIA, alegando que Mauricio Claver-Carone, la persona clave de la administración Trump en asuntos latinoamericanos, nos había "abierto muchas puertas". Murillo no respondió a las solicitudes de comentarios hechas por The Intercept en octubre.
Pero Pereira, en la convocatoria, sostiene que no debe haber rastro de participación estadounidense. “Ya sea que nos vean como mercenarios o nos vean como [un] estado contratado o como quieran mirarnos, no podría importarme menos mientras no puedan vincularnos directamente con las Fuerzas Especiales, el Ejército o la Fuerza Aérea [participación] ," él dice.
El traductor le hace una pregunta al ministro directamente "como boliviano". ¿Qué tan listos “están todos ustedes”, pregunta, “para hacer que esto funcione? ¿Estás listo para realizar operaciones psicológicas, estás listo para manipular información de la misma forma que el MAS? ” La respuesta es inequívoca: "Cien por ciento".
“Realmente no tengo ni idea de eso”, dijo Suárez a The Intercept, estipulando que ahora era un ingeniero de software con sede en Texas pero que no estaba involucrado en trabajos relacionados con la seguridad cibernética o el gobierno.
"No tenía ninguna intención de evitar que Arce tomara el poder", dijo Suárez, "creo que ganó las elecciones en forma justa y no como Evo Morales con fraude".
"Ven y ayúdanos"
Otra llamada íntegramente en español, que Pereira parece haber realizado después de su conversación con el ministro, indica que Pereira pudo haber exagerado el nivel de apoyo militar al golpe planeado.
“Anoche estuve despierto hasta las dos de la madrugada, casi las 2:30, [con] informes de inteligencia, contrainteligencia… hablando de rumores, maniobras y estrategias”, se queja Pereira al destinatario, quien no se identifica. “Es muy preocupante. … La gente va de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, como les plazca. … Tienen miedo ”, conjetura, y agrega que los sobornos, el interés propio e incluso las redes sociales están afectando la lealtad de los soldados.
“Estamos buscando las armas, ya tengo toda la información que me pediste. Ya sabemos con quién podemos contar ”, lo tranquiliza el interlocutor de Pereira, mencionando a un coronel de la policía que“ no quiere nada con el MAS ”, está“ 100 por ciento con nosotros ”y“ tiene mucha gente que lo respalda ”.
“Están cansados de que sus jefes obtengan todo mientras se exponen a las balas por nada. Hay personas estratégicas en cada unidad que están completamente para nosotros ”, explica.
Pereira destaca la necesidad de asegurar el respaldo de las fuerzas especiales con base en la academia de paracaidistas de los Cóndores y los regimientos de élite de los Rangers de Bolivia.
“Necesitamos ver todo lo que hablamos hace varios meses”, dice Pereira en la llamada. “Hablamos del plan de acción, [el] caso de la demostración de fuerza, de tomar lugares estratégicos. Creo que con lo que tenemos ahora estamos en una posición mucho mejor, en el sentido de que no tendremos que enfrentarnos a las tropas bolivianas. Tendremos que mostrar eficiencia, seriedad, mano de obra, y una vez que lo vean por sí mismos, creo que nos invitarán a entrar y dirán 'Ven y ayúdanos' ”.
"Las cosas están avanzando"
Las promesas de Pereira de traer aviones cargados de armas de alquiler para ayudar a la insurrección probablemente fueron exageradas. Pero la evidencia vista por The Intercept sugiere que los planes para desplegar a cientos de mercenarios, incluidos ex miembros del servicio estadounidense, para coincidir con las elecciones, estaban muy avanzados en las semanas previas al 18 de octubre.
En el texto de los correos electrónicos compartidos antes de la votación con The Intercept por un contratista de seguridad retirado, que pidió no ser identificado porque temía represalias, se menciona a Pereira como uno de los tres organizadores de la misión. Los otros dos, David Shearman y Joe Milligan, tienen una amplia experiencia en operaciones encubiertas y de contrainsurgencia en el extranjero.
El primer mensaje, escrito por Milligan y cuyos destinatarios se describen como pertenecientes a la "cadena de correo electrónico LEP / Medic", indica que al menos 250 contratistas, incluidos profesionales de las fuerzas del orden y médicos, se han inscrito en "el proyecto de Bolivia". Estipula que aquellos que hayan "puesto en el equipo rojo" serán contactados por separado. En la llamada entre López y Pereira, el traductor se refiere a Pereira con el nombre en clave "Rojo".
Según el correo electrónico, el despliegue se retrasó debido al aplazamiento de las elecciones del 23 de julio, del 6 de septiembre al 18 de octubre. “Todavía estamos en camino de que llegue lo suficientemente temprano para hacer el tema del tren y el engranaje”, continúa Milligan.
“Este proyecto es muy delicado en este momento”, advierte Milligan. “Solo lo publiqué en unos pocos sitios de Facebook en los que sé que están los LEP y los médicos y en algunas páginas de la policía. Entonces, mantengamos esto lo más seguro posible. Hay muchas partes móviles en esto y no queremos atascar a los otros muchachos que están trabajando en el terreno para que esto suceda ".
A los destinatarios del correo electrónico se les pide que llamen a un número registrado a nombre de Milligan, un comerciante de armas autorizado en Dallas, Texas. Una página de LinkedIn describe a Milligan como entrenador policial y militar y jefe de seguridad de una empresa de chatarra de metales de Dallas. Entre 2006 y 2012, trabajó en operaciones de contrainsurgencia y eliminación de bombas en Afganistán con la empresa militar privada MPRI, y entrenó a la policía iraquí con Blackwater, conocido por perpetrar una masacre de civiles en Bagdad en 2007.
Contactado por teléfono al número dado antes de las elecciones, Milligan negó tener conocimiento de la operación, diciendo primero que era un camionero y luego que trabajaba en una empresa de chatarra. “Debe ser otro Joe Milligan, hay varios en Facebook”, agregó, antes de colgar. Contactado nuevamente en junio, reconoció que los correos electrónicos eran auténticos y que Pereira, organizando el esfuerzo, se había comunicado a través de una red mutua. Sostuvo que no tenía conocimiento específico de lo que estaba planeando Pereira en Bolivia.
“Realmente no le doy mucha importancia a lo que la gente me dice hasta que veo un cheque de pago o un boleto de avión. He trabajado en el extranjero durante años, así que ni siquiera me preocupo por lo que piensan que van a hacer o de lo que están hablando hasta que realmente se materializa con un cheque de pago ”, dijo.
Shearman, el otro contacto que figura en la lista, se describe a sí mismo en una biografía en línea como un ex marine estadounidense que ha trabajado "en todo el mundo" en una variedad de "operaciones encubiertas", incluida la protección de funcionarios estadounidenses en Irak y Sudamérica. En un segundo correo electrónico, el nombre, el correo electrónico, el número de teléfono y el blog de Shearman, llamado Viper One Six por su distintivo de llamada militar en Afganistán, se adjuntan en forma de firma.
“Las cosas están avanzando. Seguimos buscando más profesionales interesados con experiencia en el cumplimiento de la ley y que estén interesados en este tipo de misión única ”, comienza el mensaje de Shearman. Procede a pedir a los destinatarios interesados que envíen por correo electrónico un acuerdo de no divulgación a Pereira para recibir más instrucciones y que "piensen en un perfil bajo ... Jeans, pantalones casuales, camisas de manga larga y corta que se puedan llevar ocultas".
“Si tiene una licencia de piloto, la compañía pagará todas las tarifas relacionadas con las renovaciones, etc., mientras esté allí. School up y Guerilla Group - MSA, el principal enemigo allá abajo ”, agrega Shearman, potencialmente codificando la abreviatura de MAS. "Nuestro programa se está agregando a un programa existente y nuestro programa todavía se está poniendo en práctica".
Los correos electrónicos insinúan que el proyecto es políticamente delicado. “La línea de tiempo actualizada parece ser desde finales de septiembre hasta principios de octubre. La fecha gira en torno a la política allí. Los grupos se moverán de forma escalonada y se le informará de su grupo de movimiento y habrá más información sobre viajes a medida que avanza en el proceso ”, escribe Shearman. "Todos ustedes recibirán información cuando viajemos, y obtendrán una visión más mejorada de la operación, la misión y las preocupaciones / sensibilidad de la misma".
Shearman concluye prometiendo que un "HQ Sur" se encargará de todas las "condiciones de procesamiento, problemas de equipos y rango de la empresa", en referencia a los certificados de armas de fuego, y ofrecerá un "centro médico / dental completo". No está claro si el grupo tuvo el uso de una base nueva o preexistente en Bolivia o no.
Contactado por teléfono antes de las elecciones, Shearman dijo que estaba jubilado y negó estar involucrado en ningún proyecto en Bolivia. Advirtiendo que manejar los mensajes filtrados podría ser ilegal, dijo: "Si una persona liberara documentos confidenciales, podría ser una responsabilidad legal grave para cualquier individuo involucrado".
En junio, Shearman reconoció que había enviado los correos electrónicos y explicó que Pereira se había acercado a él para pedirle ayuda con el reclutamiento y la administración de lo que él había entendido como un proyecto legítimo de capacitación policial. "Desafortunadamente, si tuviera que hacerlo de nuevo, no los habría ayudado, pero esos correos electrónicos parecen pintar una imagen de algo fantástico, por lo que puedo ver la intriga desde afuera mirando hacia adentro", dijo. , y agregó que el contenido de los correos electrónicos había sido proporcionado en gran parte por Pereira. "Muchas de esas cosas simplemente se repitieron de Joe".
Shearman también dijo que no le pagaron por el trabajo y que no ha tenido noticias de Pereira en meses. Dijo que Pereira le dijo que el proyecto implicaba “trabajar con el gobierno boliviano para proporcionar capacitación policial, capacitación de sus agencias policiales en tácticas policiales habituales. … Ese es el alcance de lo que sé y el alcance del esfuerzo de reclutamiento. Cualquier cosa más allá de eso, no tengo ni idea porque no estaba al tanto de nada de eso ".
"SOCOM nunca me fallará"
Pereira llegó a Bolivia hace aproximadamente una década. Miembros de una iglesia bautista en la ciudad oriental de Santa Cruz, un hervidero de oposición a Morales, dijeron que se creía que era un ex soldado y pastor que trabajaba en la industria petrolera. Durante un tiempo, dirigió la Fundación Bridge 2 Life, que pretende traer pastores, médicos y maestros a trabajar en América Latina y el Medio Oriente. Un anuncio de 2014 de una charla motivacional de Pereira lo describe como un "exoficial del Ejército de las Fuerzas Especiales" y un "exmarine", aunque la documentación pública se refiere a él como un contratista civil. Según un boletín interno, había trabajado anteriormente como planificador de movilización de asuntos de reserva en el Centro y Escuela de Guerra Especial John F. Kennedy en Fort Bragg, Carolina del Norte, un centro de entrenamiento del Ejército para el Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos, o SOCOM, en 1999. Otra publicación lo describe como contratista civil en el mismo cargo en 2002.
Una página de Facebook de Pereira lo enumera como "Presidente de Petróleo y Gas del Grupo Nacional de China" desde marzo de 2017 en adelante. Con sede en Santa Cruz, la página de Facebook ahora inactiva de la empresa la describe como ocupando una "plataforma" dejada por una empresa anterior que trabajaba con inversores chinos.
En octubre de 2020, las oficinas de China National Group en el centro de Santa Cruz estaban vacías y en alquiler. Un registro oficial mostró que la empresa se había cerrado oficialmente antes de fines de marzo de 2019. Sin embargo, los correos electrónicos filtrados de septiembre de 2019 añaden la dirección de correo electrónico de Pereira con las letras "cng" y se les pide a los contratistas que firmen un acuerdo de no divulgación con la etiqueta "CNG-NDA". "
Una citación judicial de noviembre de 2016 describe los cargos de fraude contra Pereira y su esposa. Un fallo judicial de julio de 2019 indica que Pereira se encontraba en prisión preventiva el 5 de noviembre de 2018 y que un coronel de la policía había amenazado con trasladarlo a otro bloque de celdas a menos que Pereira le devolviera 80.000 dólares. Se desconoce si el caso prosiguió o si Pereira fue condenado o absuelto.
La sugerencia de prácticas comerciales engañosas concuerda con sus promesas a López de que podría usar "contratos fantasma" para traer mercenarios extranjeros a Bolivia "encubiertos" disfrazados de pastores, médicos y turistas.
El primer registro registrado de Pereira en Facebook fue en Santa Cruz el 16 de noviembre de 2019: seis días después de que Morales huyó del país y Áñez asumió el poder. En febrero de 2020, publicó capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp en Facebook , afirmando estar a cargo de las tropas en una base en Bolivia y bromeando, en el contexto de una apuesta perdida en el Super Bowl, que “SOCOM nunca me fallará.
Entre los 535 amigos de Pereira en Facebook hay docenas de personal militar actual y anterior y contratistas de seguridad privada. Las llamadas telefónicas a un número del Grupo Nacional de China no recibieron respuesta. Pereira no respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico. Se desconoce su ubicación actual.
"Vivo, libre o como presidente de Bolivia"
Otro par de conversaciones grabadas revisadas por The Intercept sugieren que los desacuerdos entre el ministro de Defensa López y Murillo, como ministro del Interior, en última instancia en control de la policía, pueden haber descarrilado el golpe. Parece que tuvieron lugar poco antes de que López huyera del país el 5 de noviembre. Las grabaciones sugieren que López no solo estaba involucrado, sino también que los conspiradores habían colgado la posibilidad de que él se convirtiera en presidente en lugar de Arce.
Una mujer que se refiere a sí misma como pariente de López dice en una llamada que está bajo presión “para no desenmascarar el plan de Murillo”, refiriéndose al ministro del Interior. “Parece que tiene miedo, dice que ni siquiera él sabe lo que va a hacer”, agrega.
“Entonces el tema es simple”, responde el locutor, quien es llamado por el primer nombre de Suárez, Luis, el mismo nombre que el “Cyber Rambo” que Pereira dijo traducía en la llamada entre y López. “Es Murillo el que está poniendo un obstáculo en nuestro camino”. La mujer responde: "Exactamente, él dice que lo están amenazando".
Lejos de la bravuconería de unos días antes, el ex paracaidista parece haberse hundido. “Dígale a la madre de López”, continúa el locutor, “que probablemente su única opción para salir vivo, libre o como presidente de Bolivia es que atienda nuestra llamada. … Su hijo ya está en mucho peligro ”, agrega,“ tengo que hablar con él y tiene que dejar de cometer errores ”.
En una grabación posterior, Pereira concluye: “Ahora mismo se está cagando en los pantalones”.
En el evento, el golpe nunca se materializó y la amenaza a la democracia boliviana parece haber disminuido. Arce prestó juramento como presidente de Bolivia el 8 de noviembre de 2020, un día después de que la mayoría de los principales medios de comunicación llamaran a las elecciones presidenciales de Estados Unidos para Joe Biden. Morales regresó a Bolivia poco después y ha aparecido en mítines del partido MAS, pero no ha asumido un cargo oficial en el gobierno. Arce despidió a los comandantes militares promovidos por Áñez, incluido Orellana, y los reemplazó por oficiales que se creían más leales.
Murillo y López huyeron juntos a través de la frontera con Brasil el 5 de noviembre con la ayuda de un avión de la Fuerza Aérea de Bolivia, poco antes de que se presentaran acusaciones de corrupción en su contra. Se sospecha que han recibido sobornos después de que una empresa de seguridad privada con sede en Florida, Bravo Tactical Solutions, consiguiera un contrato para suministrar gas lacrimógeno a las fuerzas de seguridad de Bolivia a precios enormemente inflados.
Murillo, sin embargo, no encontró refugio fuera del país. El 26 de mayo de este año, el FBI anunció que lo había arrestado acusado de conspirar para cometer lavado de dinero relacionado con el caso del gas lacrimógeno. El mismo día, el ministro del Interior de Arce indicó que también buscaría la extradición de López de Brasil en relación con el caso. López ha negado haber actuado mal y tuiteó el mes pasado que "el pueblo boliviano sabe que trabajé incansablemente por el país, de acuerdo con la constitución".
Orellana, quien huyó a Colombia en noviembre, tiene órdenes de arresto en su contra por su papel en el derrocamiento de Morales y el posterior asesinato de manifestantes por parte de las tropas. En marzo, la propia Áñez fue arrestada por su participación en el golpe de 2019. Ella insiste en que su presidencia provisional fue constitucional.
Pero hay continuos rumores de inquietud entre los militares. Peña y Lillo, el general retirado, dijo que al encarcelar a oficiales militares “como delincuentes comunes”, el gobierno de Arce buscaba “aterrorizar y vengarse de las fuerzas armadas” por su papel en la destitución de Morales. Describió el golpe de 2019 como una intervención constitucional para "defender la sociedad".
"Hubiera habido tanto derramamiento de sangre"
Los golpes abortivos a menudo parecen descuidados en retrospectiva, pero tales complots no necesitan ser ejecutados a la perfección para tener éxito. El gobierno de Estados Unidos derrocó notoriamente a líderes elegidos democráticamente en Irán y Guatemala en la década de 1950, ambas veces en operaciones muy reducidas que terminaron victoriosas en medio del caos resultante. El golpe de Guatemala de 1954 tuvo éxito porque los militares locales percibieron correctamente que Estados Unidos estaba detrás.
Pero la trama que estaba vendiendo Pereira no parece haber tenido el respaldo del gobierno de Estados Unidos. Se parece más a los esfuerzos de mayo de 2020 de Silvercorp USA, una empresa militar privada con sede en Florida que lanzó un fallido intento de golpe de Estado contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. Ocho participantes murieron y 17 fueron capturados. Entre los que ahora están presos en Venezuela se encuentra el ex Boina Verde que dirige la operación, quien luego afirmó que fue autorizada por la Casa Blanca de Donald Trump. La administración Trump negó su participación.
“Estos [son] yahoos que están por encima de su peso tratando de enriquecerse rápidamente”, dijo Sean McFate, profesor de estrategia en la Universidad de Georgetown y ex contratista militar que revisó los correos electrónicos compartidos con The Intercept. “Es sólo hora de aficionados. Y hemos visto mucho de eso [recientemente] ".
Gamarra, de la Universidad Internacional de Florida, argumentó que las afirmaciones de Pereira de contar con el apoyo del ejército estadounidense eran probablemente falsas, pero que resaltaban el problema de la débil supervisión de los soldados convertidos en mercenarios en todo el mundo.
Tales grupos de soldados de fortuna se volvieron más peligrosos luego de que la administración Trump los alentara a "trabajar por cuenta propia", agregó, refiriéndose al supuesto respaldo discreto de la Casa Blanca a las actividades de Silvercorp en Venezuela.
“Estos tipos son un centavo la docena, todos creen que son generales. … Son peligrosos por lo que prometen ”, dijo Gamarra. “Las conspiraciones son generalmente solo eso, conspiraciones, pero causan mucho daño, especialmente en lugares frágiles como Bolivia. Todo lo que necesitas es un Pereira para estropear las cosas ".
Si la operación boliviana de corta duración fuera financiada por el gobierno de Estados Unidos, o disfrutara de su "aprobación tácita o explícita", mostraría cuán profundo se había adentrado en "territorio de vaqueros imprudentes" la política de la administración Trump en América Latina, dijo Adam Isaacson, director de el programa de Supervisión de la Defensa en la Oficina de Washington para América Latina.
“Es imposible creer que los diplomáticos profesionales o los comandantes militares aprobarían una misión a medias como esta”, agregó Isaacson.
“Lo último que necesita esta región en este momento son bandas de mercenarios pagados por quién sabe quién para intentar instalar a sus líderes preferidos por la fuerza”, coincidió Eric Farnsworth, exdiplomático estadounidense y vicepresidente del Consejo de las Américas, quien también revisó la correos electrónicos y estuvo de acuerdo en que la trama parecía muy avanzada. "No es democrático y no se puede perdonar".
Un ejemplo sombrío de lo que pudo haber ocurrido ocurrió en noviembre de 2019, cuando al menos 19 manifestantes, principalmente pobres e indígenas simpatizantes del MAS, fueron asesinados a tiros por las fuerzas de seguridad bolivianas bajo la supervisión de Áñez, Murillo, López y Orellana. Entre los muertos se encontraba Omar Calle Siles, de 28 años, un entusiasta futbolista que dejó atrás a un hijo de 5 años.
“Lloramos todos los días”, dijo la hermana de Omar, Angélica Calle Siles. “No hemos podido comer juntos en los últimos 17 meses porque sentimos su ausencia en la mesa”.
“Todo lo que queremos es justicia”, agregó, “para que la gente que ha destruido tantas familias humildes pague, para que mi hermano descanse en paz”.
Si el golpe planeado en 2020 hubiera despegado, advirtió Gamarra, “habría habido tanta sangría en Bolivia”. https://bit.ly/3q0ZeEy
 
 
 
 
 
¿TROFEO O REMEDIO? UN ENORME CAIMÁN NEGRO CONMOCIONA A PUEBLO AMAZÓNICO DE BOLIVIA
 
Sputnik News de Rusia (https://bit.ly/2S6xodC)
 
Un gigantesco caimán negro —de casi cinco metros de largo y cerca de 400 kilos de peso— fue avistado el fin de semana pasado en un río amazónico de Bolivia y en cuestión de horas pasó a ser trofeo de caza prohibida y muestra de lo que puede provocar el miedo colectivo.
El enorme reptil, ya muerto, fue paseado el lunes por las calles de Madgalena, pueblo ribereño del río Itonamas en el departamento de Beni, colgado en un tractor, desatando el festejo de lugareños y la protesta de autoridades, expertos y activistas ambientales que denunciaron el hecho como un "biocidio", que afectaba a una valiosa especie en peligro de extinción.
Pese a leyes y decretos que prohíben la caza de especies silvestres en todo el país, cazadores furtivos persiguen todavía a caimanes negros (Melanosuchus niger) y lagartos comunes por los incontables benianos, interesados tanto en su piel como en su grasa, de la cual se extrae un aceite ampliamente usado como remedio de enfermedades respiratorias, y ahora de COVID-19.
La policía detuvo a dos presuntos cazadores del caimán negro pero el fiscal que se hizo cargo del caso los liberó de inmediato, arguyendo falta de pruebas y presionado por centenares de personas que salieron en defensa de sus vecinos en ruidosa manifestación, según mostraron imágenes divulgadas en las redes sociales.
En las mismas redes, se divulgaron escenas en las que varias personas desmembraban luego al reptil, para aprovechar su carne y extraer la grasa, antes de que las burocracia intente practicar una autopsia del animal, muerto a balazos según algunos testigos, o que ya estaba muerto cuando fue avistado en el río, según otros.
Miedo colectivo
"Fue una desgracia, porque el caimán negro no está catalogado como agresivo para las personas, pero parece que ver un animal de tamaño poco común provocó un miedo colectivo que desató el suceso", dijo a Sputnik el veterinario Marco Greminger, experto en conservación de fauna silvestre y docente de la Universidad Autónoma de Beni.
Indicó que el hecho ocurrió en una confluencia de corrientes de agua en las afueras de Magdalena, donde suelen concentrarse los pobladores en busca de descanso y para disfrutar de un balneario natural.
"Lamentablemente, el animal estaba de paso, lo que es frecuente estos días de inicio de la época seca, y por una cuestión que solo se puede explicar como un problema cultural o de falta de conocimiento la gente tuvo mucho miedo al ver semejante animal, y reaccionó agresivamente, en un acto de supuesta preservación de la propia vida, dando muerte al caimán", relató Greminger, quien citó testimonios de vecinos de Magdalena.
Las causas precisas de la muerte del caimán no han sido establecidas aún, aunque el experto dijo tener relatos de que fue primero atrapado con lazos, sujetado cerca de un pequeño embarcadero y allí ultimado con disparos de un arma de fuego.
"El problema ya se dio y queda como triste muestra de la falta de planes de educación ambiental. Tenemos muchas leyes de protección que no se cumplen y los gobiernos nacional y regionales deberían activar proyectos de protección de biodiversidad, con campañas agresiva de educación ambiental, para preservar nuestro gran tesoro de fauna silvestre", dijo Greminger.
Sostuvo que, idealmente, el caimán negro capturado por los vecinos debió ser entregado a las autoridades y llevado a una reserva en vez de terminar muerto.
"Hay que concienciar a la gente de las leyes de protección a los animales, que se entienda que es delito matar un animal protegido por riesgo de extinción", señaló.
¿COVID-19?
Greminger confirmó versiones de medios locales que señalaron que la caza furtiva de caimanes y lagartos no está motivada solo por el valor de las pieles y la carne de esos animales, de alto precio en mercados internacionales, sino por los beneficios curativos de su grasa, de la que se extrae un aceite.
Descartó sin embargo la posibilidad de que haya aumentado la caza de esos reptiles en el último año, tras haberse extendido el uso de su aceite como preventivo y curativo de COVID-19.
"El uso de aceite de caimán o de lagarto contra enfermedades respiratorias es una de muchas recetas milenarias de las etnias del Beni; esto siempre se ha dado, antes de la actual pandemia", dijo, aunque apuntó que de los efectos del tratamiento se conocen más experiencias populares que reportes científicos.
Según Greminger, "en los pueblos amazónicos todos o casi todos han tomado alguna vez de niños el aceite de lagarto, al iniciarse el invierno, administrado en pequeña cantidad seguida de una porción abundante de jugo de limón con miel de abeja, y santo remedio".
El experto explicó que este tratamiento provoca un rápido aumento de la temperatura corporal, por lo que la persona que lo ingiere debe darse un baño a los pocos minutos, para volver a la normalidad.
"Si ese fuerte calor previene el resfrío, parece lógico pensar que también es suficiente para matar al nuevo coronavirus", añadió.
Otra especialista, la bióloga Ninón Ríos, confirmó al diario Página Siete que en la Amazonía boliviana "se cree que la grasa de la cola del caimán negro cura las dolencias de los pulmones y ahora creen que cura el COVID-19".
Ríos dijo que en los últimos meses el precio de las grasas de caimán y lagarto se ha triplicado en los mercados informales de Beni, donde se los encuentra fácilmente a pesar de la veda oficial.
 
 
 
 
 
BOLIVIA QUIERE LLEVAR A LOS EXPRESIDENTES JEANINE ÁÑEZ Y LENÍN MORENO ANTE UN TRIBUNAL INTERNACIONAL
 
El País de España (https://bit.ly/3iOyZjk)
 
El Gobierno de Luis Arce quiere entablar un proceso judicial internacional contra el expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, y la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, por delitos de “lesa humanidad”. Iván Lima, el ministro boliviano de Justicia, hizo el anuncio y, aunque que no especificó el tribunal al que Bolivia acudirá, mencionó como instancias a la Corte Interamericana o la Corte Internacional de Justicia. El Ejecutivo de Arce argumenta su deseo en el supuesto préstamo de Moreno a Áñez, en noviembre de 2019, de gases lacrimógenos destinados a controlar las protestas que en ese momento se producían en Bolivia tras el derrocamiento del presidente Evo Morales.
En Ecuador, también se ha convertido en un tema de agenda el supuesto apoyo de Moreno a Áñez en las protestas de 2019. El legislador Fausto Jarrín presentó ante la Fiscalía una denuncia contra el expresidente Moreno por “el hecho de haber entregado, sin ninguna razón o justificación, pertrechos militares y bombas lacrimógenas al Gobierno de Jeanine Áñez en noviembre de 2019, [material] con lo cual obviamente el Gobierno de facto reprimió a la ciudadanía en el hermano pueblo de Bolivia”, declaró a la prensa Jarrín, que pertenece al partido del expresidente Rafael Correa, actualmente en la oposición.
El escándalo estalló con la difusión en Bolivia, hace una semana, de una carta, fechada en mayo de 2020, del excomandante de la Policía de Ecuador, Hernán Patricio Carrillo Rosero, al entonces agregado de Defensa de la Embajada boliviana en Ecuador, José Frías. En ella, el policía le pedía al diplomático la devolución de “5.000 granadas de mano GL-302; 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 mm; 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 mm y 500 granadas de sonido y destello para exteriores” que su institución había prestado a Bolivia. Los cartuchos de 37 mm sirven para disparar químicos, como gases lacrimógenos y otras sustancias irritantes.
Según el Gobierno boliviano, el cargamento llegó al país “con bajo perfil” el 16 de noviembre de 2019, al día siguiente de la llamada masacre de Sacaba, en la que murieron 11 personas y fueron heridas 120, y tres días antes de la masacre de Senkata, en la que también fallecieron 11 personas y fueron heridas 78. Las investigaciones sobre estos sucesos, que aún no concluyeron, establecieron que todos los manifestantes anti-Áñez perdieron la vida por heridas de bala.
Cuando el Gobierno interino asumió el 12 de noviembre de 2019 la policía boliviana sufría un total desabastecimiento de gases lacrimógenos, luego de los 21 días de conflictos callejeros que antecedieron a la caída de Evo Morales. Esta carestía llevó a que el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, comprara suministros policiales no letales a través de una empresa intermediaria en Miami. Hoy, Murillo se encuentra encarcelado en esta ciudad de los Estados Unidos, donde residía después de dejar su cargo, acusado de haber recibido sobornos y haber lavado dinero proveniente del sobreprecio que Bolivia pagó por esta compra. El préstamo de gases de Ecuador se produjo supuestamente antes de esta operación.
Según un exministro de Áñez interrogado por la Fiscalía, la persona que hizo la gestión ante Ecuador fue la ministra de Comunicación de entonces, Roxana Lizárraga. Esta política ha sido vinculada a instituciones latinas de extrema derecha en Estados Unidos, donde hoy se encuentra tramitando su asilo político. Según la denuncia de su excolega, hizo una llamada telefónica en medio de una reunión del Gabinete que discutía “acaloradamente” la falta de material para la Policía en un momento de convulsión social, y así logró la ayuda de Ecuador. La Fiscalía espera ahora una declaración suya a distancia.
El periódico boliviano Página Siete informó que había tenido un contacto con un miembro del equipo de Lenín Moreno. La fuente, que no quiso ser identificada públicamente, desmintió que se hubiera mandado “munición de guerra” a Bolivia, tal como declararon inicialmente las autoridades bolivianas. Sin embargo, no quedó claro si también rechazó el envío de munición no letal, como la que está señalada en la carta del comandante Carrillo.
 
 
 
 
 
SITUACIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LAS BICENTENARIAS REPÚBLICAS DE ABYA YALA
 
Telesur de Venezuela (https://bit.ly/3wyZiht)
 
Estos pueblos están distribuidos, de manera diversa, en los diferentes países de la región. Países como Bolivia, Guatemala, Perú, México, entre otros, tienen una elevada demografía indígena. Países como Colombia, Ecuador, Argentina, Honduras, Costa Rica, entre otros, tienen población indígena minoritaria. Aunque dichos datos estadísticos siempre son generados por los estados criollo mestizos donde no participan indígenas.
En los dos siglos de República, los pueblos indígenas siempre fueron asumidos como “no sujetos políticos” por los estados. Recién a partir de las primeras décadas del siglo pasado, las y los indígenas fueron considerados, por algunos estados, como “comunidades campesinas” o “comunidades indígenas”.
El concepto de “pueblo indígena” ingresó, en la narrativa oficial de algunos estados de Abya Yala, a partir de la última década del siglo pasado, con la ratificación del Convenio Internacional nº 169 sobre los derechos de pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Desde entonces, muy a pesar a la resistencia de los funcionarios estatales, las y los indígenas comenzaron a ser reconocidos como “pueblos” (sujetos de derechos políticos), por algunos estados, pero únicamente a nivel discursivo.
Del mismo modo, el concepto de “indígena” también estuvo ausente, y aún lo está, en los mismos pueblos de raíces precoloniales. Será con el devenir del Convenio nº 169 de la OIT, y los actos “reflexivos” con motivo de los “500 años de la llegada de europeos” (1992) que algunos originarios se auto afirmarán como indígenas. Muchos aún se asumen como campesinos, no como indígenas. Es el caso del Perú, por ejemplo.
A dos siglos de la existencia de las repúblicas y casi tres décadas de vigencia de los derechos colectivos contenidos en el Convenio nº 169 de la OIT, los derechos colectivos  como el de la autodeterminación, consentimiento previo, derecho a tierra y territorio, a la identidad, etc., aún son desconocidos para muchos pueblos originarios o indígenas del Continente. Ausentes por completo en el ordenamiento jurídico interno de los países, incluso en países con mayoría población indígena.
Países como Bolivia y ecuador, producto de la emergencia política de actores indígenas en los espacios de toma decisiones políticas, incorporaron algunos derechos colectivos en sus respectivos ordenamientos jurídicos internos. Aunque, incluso en estos países, la implementación de dichos derechos colectivos, producto de la falta de voluntad política de sus gobernantes y el “desinterés” de los pueblos indígenas, no avanzó como se debiera. En el caso boliviano, al momento, con dificultades, apenas 3 pueblos (de los 36) disfrutan del derecho colectivo del territorio y autogobierno. En el caso del Ecuador, el derecho a la autonomía territorial no está reconocido legalmente aún.
El derecho colectivo que ingresó en el ordenamiento constitucional, en varios países, promovidos por la ideología multiculturalista, fue el derecho colectivo a la identidad (idioma, vestimenta, ritos), el mismo que es mercantilizado como un recurso por la industria transnacional del turismo.
El otro derecho colectivo de los pueblos que fue y es debatido, y en algunos casos regulado en el ordenamiento jurídico de varios países de la región, es el derecho al consentimiento libre, previo e informado. Esto, a raíz de la “conflictividad socio ambiental” que ocasionan en los países la presencia de las empresas extractivas.
Pero, los derechos colectivos, cuyos ejercicios, constituyen a las y los indígenas como “sujetos sociopolíticos”, como son el derecho al territorio y el de la autodeterminación (gobierno propio) son expresamente resistidos por los gobiernos, incluso en países que ratificaron el Convenio nº 169 de la OIT, como es el caso de Guatemala.
En el caso particular de Guatemala, los mismos gobernantes aún prohíben al funcionariado público el uso del término de “territorio”, para referirse a los pueblos indígenas. Los derechos culturales, se afianzaron en las narrativas oficiales y en los discursos de muchos indígenas, pero los derechos sociopolíticos aún son desconocidos o están ausentes en la narrativa hegemónica de los pueblos originarios del país.
Los derechos culturales colectivos de los pueblos indígenas, en países como Guatemala, están vigentes desde hace tres décadas. Pero, incluso con políticas públicas culturalistas, las condiciones de vida de los pueblos indígenas continúan degradándose aún más. En este sentido, la opción por el conocimiento y el ejercicio de los derechos políticos colectivos de los pueblos, como son el del territorio y autodeterminación indígena, en el marco de estados plurinacionales, se constituye en una apuesta trascendental y oportuna que con seguridad abonará al fortalecimiento de los buenos vivires de los pueblos.
 
 
 
 
 
BOLIVIA: ¿CUÁLES FUERON LAS RAZONES DETRÁS DE LA CREACIÓN DE LAS NUEVAS ÁREAS PROTEGIDAS?
 
Mongabay de Indonesia (https://bit.ly/3xtnMIR)
 
Entre diciembre de 2020 y abril de 2021, cinco áreas protegidas fueron creadas en Bolivia. Todas son regionales y la intención ha sido proteger las fuentes de aguas, resguardar los bosques y su biodiversidad de las invasiones, así como preservar la cultura de pueblos originarios.
Ecosistemas en el Chaco, la Chiquitanía y los Andes bolivianos están ahora bajo protección por el impulso de autoridades locales, organizaciones conservacionistas y, sobre todo, por quienes viven en estos lugares.
Serranías del Igüembe, Bajo Paraguá de San Ignacio de Velasco, Bajo Paraguá Concepción, San Lorenzo y Serranía Incahuasi son las cinco nuevas áreas protegidas en Bolivia creadas en solo cinco meses. ¿Cuáles son las razones para la creación de cada una de ellas?
1.- La protección del agua: Serranía del Igüembe
En el distrito de Igüembe, en el municipio de Villa Vaca Guzmán, las comunidades guaraníes decidieron proteger el bien más preciado de ese territorio seco: el agua. Así surgió la propuesta de crear el Área Natural de Manejo Integrado Serranías de Igüembe que se extiende sobre 122 000 hectáreas de bosques en el Chaco boliviano.
Ese paisaje montañoso de la Cordillera Oriental de los Andes bolivianos, por donde discurre el río Parapetí, es el hogar del oso de anteojos (Tremarctos ornatus), llamado jucumari en Bolivia. Los bosques húmedos montanos y las praderas de altura de esta área protegida albergan también otras especies como el puma (Puma concolor); el gato de monte (Leopardus pardalis); el tapir o anta (Tapirus terrestres) y el pecarí, también conocido como sajino (Tayassu tajacu). También se han registrado 205 especies de plantas, 92 de aves, 31 especies de mamíferos y 10 de reptiles, indica la Fundación Natura.
En Serranías de Igüembe la presencia de la comunidad guaraní Tentayapi —una de las 14 comunidades establecidas en este territorio— es fundamental para la protección de estos bosques. En 2004, Tentayapi fue declarada Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de Bolivia, por mantener sus tradiciones culturales ancestrales prácticamente intactas. Años después, en 2010, fueron ellos quienes lograron frenar el avance de la exploración de hidrocarburos en sus tierras.
La propuesta de creación de la nueva área protegida llevaba varios años, pero recién se concretó en diciembre de 2020. “Es una constante que encontramos en los países andinos. Los municipios están afectados por el cambio climático y quieren proteger sus fuentes de agua. Así surgen las iniciativas locales para conservar sus territorios”, señala Renzo Paladines, director Ejecutivo para América Latina de Naturaleza y Cultura Internacional (NCI).
2.- Detener invasiones y asentamientos humanos ilegales: Dos áreas protegidas en Paraguá
Dos áreas protegidas fueron creadas este año en la zona del Bajo Paraguá, en Santa Cruz, en el oriente boliviano, cerca de la frontera con Brasil: el Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá de San Ignacio de Velasco y el Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá Concepción.
Su creación responde a la presión por el cambio de uso de suelo y la llegada de poblaciones de migrantes que se instalan en los bosques de la Chiquitanía, amenazando este ecosistema de transición entre el Bosque Seco Chiquitano y la Amazonía
Ambas reservas son contiguas y se extienden por más de un millón de hectáreas que, además de la presión de por el avance de asentamientos humanos ilegales, también están expuestas a la deforestación, incendios forestales y el aprovechamiento no sustentable de los recursos naturales.
“Existe gran presión en la zona y un movimiento de colonización permanente. Es un problema de tráfico de tierras, pues llegan personas que se instalan en los bosques, los desmontan y luego venden esas tierras”, dice Oswaldo Maillard, coordinador del Observatorio del Bosque Seco Chiquitano, de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC).
El Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá San Ignacio de Velasco se creó el 12 de febrero de 2021 con 983 mil hectáreas de bosques primarios de la Chiquitanía, luego de cinco años de espera desde que la población y las autoridades locales plantearon convertir estos bosques en áreas protegidas para detener la deforestación. En tanto, el Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá Concepción fue declarada el 16 de marzo de 2021, con un territorio de 154 mil hectáreas.
En estas áreas protegidas de Bajo Paraguá han sido registradas 79 especies de árboles, arbustos y palmeras, entre ellas el asaí (Euterpe oleracea), que se ha convertido en fuente de trabajo para las comunidades indígenas.
3.- Frenar la deforestación y la expansión agrícola: Serranía Incahuasi y Serranía San Lorenzo
El Área Natural de Manejo Integrado y Comunitario de la Serranía Incahuasi tiene 29 mil hectáreas de bosques húmedos y submontanos en los Andes bolivianos, en el departamento de Chuquisaca, una de las regiones con mayor producción de hidrocarburos en Bolivia.
La presencia y explotación de gas en esta zona ha sido una de las razones que llevó a las comunidades campesinas que habitan en este territorio que han visto como una alternativa convertir sus bosques en un área protegida.
También se trata de un territorio que permite el almacenamiento de entre 3 toneladas a 254 toneladas de CO2 por hectárea, según indica ‎Henry Bloomfield, Coordinador de Unidad de Áreas Protegidas de la ‎Fundación Natura.
El área protegida Serranía Incahuasi, creada el 7 de abril de 2021, es un espacio de 29 mil hectáreas que también conserva las principales las fuentes de agua para la ciudad de Muyupampa.
Serranía Incahuasi alberga una gran variedad de vida silvestre que incluye 141 especies de plantas, 14 de ellas en peligro de extinción o vulnerables, como la Cedrela angustifolia. En esta área protegida también se encuentra 67 especies de aves, incluido el guacamayo militar (Ara militaris).
Otra zona reservada que ha sido creada recientemente en Bolivia es el Área Natural de Manejo Integrado Serranía San Lorenzo, un territorio de 54 mil hectáreas. Henry Bloomfield, coordinador de la Unidad de Áreas Protegidas de la ‎Fundación Natura, señala que los bosques de esta área protegida son una isla en un sector altamente afectado por la agricultura y ganadería en La Chiquitanía.
“Es una zona ganadera, de donde sale el agua para el centro poblado de San Lorenzo. Cada año veían que el caudal se iba reduciendo, por ello, el municipio impulsó la creación de esta área protegida”, dice Bloomfield.
4.- Los nuevos corredores biológicos
Los corredores biológicos o corredores de conservación son espacios geográficos que tienen como función mantener la continuidad de los ecosistemas para evitar el aislamiento de las poblaciones de fauna silvestre y mantener el aprovisionamiento de los servicios ambientales.
En esos territorios pueden unirse áreas protegidas o remanentes de ecosistemas originales con las zonas reservadas. Y aunque en Bolivia no existe una figura legal para estos corredores, hay muchos espacios que han sido identificados como tales.
Con la creación de las cinco nuevas áreas naturales protegidas en Bolivia, también se han establecido corredores biológicos. Uno de ellos está formado por las dos nuevas áreas protegidas de Bajo Paraguá junto con el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, la Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro, la Reserva Científica, Ecológica y Arqueológica Kenneth Lee y el Parque Nacional Copaiba que han formado un nuevo corredor biológico natural.
En estos bosques existen especies como el jaguar (Panthera onca) y otros mamíferos grandes que requieren extensos territorios, además de ser el hábitat de especies en peligro de extinción como los perros de monte (Speothos venaticus).
El otro corredor que se ha formado está compuesto por Área Natural de Manejo Integrado y Comunitario de la Serranía Incahuasi y el Área Natural Municipal de Manejo Integrado de Igüembe, convirtiéndose en un espacio protegido para especies emblemáticas como el oso de anteojos (Tremarctos ornatus). En este territorio también habitan pumas (Puma concolor), leopardos (Panthera pardus) y ocelotes (Leopardus pardalis).
 
 
 
 
 
ORO BLANCO AMAZÓNICO: CONOCE QUÉ ES LA SHIRINGA Y LA IMPORTANCIA DE SU MANEJO SOSTENIBLE
 
Agencia Andina de Perú (https://bit.ly/3gCmEvS)
 
El árbol de la shiringa es una especie forestal amazónica de la cual se extrae el látex natural o silvestre con el cual se produce cuero vegetal que sirve para elaborar productos impermeables como bolsos, mochilas, suelas para calzado, capas, llaveros y artículos artesanales, entre otros.
Esta especie, presente en los bosques amazónicos de Perú, Brasil, Colombia y Bolivia, pertenece al género Hevea que deriva del término indígena hevé o jebe, que significa “goma”.
Entre todas las especies de Hevea existentes, la que destaca es la Hevea Brasiliensis, dado que tiene mayor capacidad productiva y genera un látex de buena calidad. Por ello, el 99 % de todo el látex producido pertenece a esta especie.
En el Perú, el árbol de shiringa, cuya altura puede superar los 20 metros, crece de manera natural en todas las regiones amazónicas, aunque la mayor población se encuentra en Madre de Dios, Ucayali, Loreto, Amazonas, Pasco y San Martín. 
Durante el siglo XIX se produjo la “fiebre del caucho” debido a la gran demanda mundial de este producto del látex obtenido del árbol de la shiringa. Lamentablemente, esta situación generó graves estragos en la población indígena amazónica peruana, debido a que fue sometida a trabajos forzados para la extracción del látex. Fue la época, además, donde se talaron miles de hectáreas de bosque para extraer shiringa para obtener el que fue bautizado desde entonces como “oro blanco amazónico”.
La demanda por el látex natural producido en Perú y Sudamérica decayó a inicios del siglo XX cuando se empezó a sembrar el árbol de shiringa en países asiáticos, y luego con la industria de látex sintético el “boom” desapareció.
Renacer auspicioso en Madre de Dios
En la actualidad, existe un renacimiento de la demanda de látex vegetal, pero con un enfoque que valora la conservación de los bosques, los productos orgánicos y el aprovechamiento sostenible de este recurso natural.
Por ello, las personas dedicadas a esta labor en las comunidades amazónicas organizadas, conocidas como “shiringueros”, han mejorado los procesos de manejo del látex y ofrecen al mercado productos provenientes de bosques manejados de forma sustentable.
En Madre de Dios, por ejemplo, la extracción del látex del árbol de la shiringa renació en 2005 en la provincia de Tahuamanu, donde un conjunto de pobladores creó la Empresa Comunal Jebe Natural del MAP Tahuamanu (Ecomusa).
 
Ecomusa ha sabido encontrar valiosos aliados, como WWF Perú y la empresa Evea Ecofashion, encargada de comercializar los productos derivados del látex, como suelas para zapatos, bolsos, mochilas, capas impermeables, llaveros y productos artesanales.
Ecomusa cuenta con 7,900 hectáreas de bosque concesionado en la provincia de Tahuamanu por un periodo de 40 años. A ellas se unen otras 1,000 hectáreas de predios privados, y de todas ellas se puede extraer látex, castañas, resina y madera bajo planes de manejo que son fiscalizados por el Estado.
Desarrollo sostenible en Amazonas
En 2018, un total de siete comunidades nativas en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, se beneficiaron mediante el proyecto “Mejoramiento de los Servicios para la Promoción y el Aprovechamiento Sostenible del Recurso Shiringa”, presentado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y la Municipalidad Provincial de Condorcanqui.
Se trata de las comunidades nativas de Kachi, Saasa, Inayuam, Kagkas, Yutupis, Villa Gonzalo y Kuith de las cuencas de Santiago y Dominguza que, con una inversión de 972,451.30 soles aprovecharon este recurso en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Tuntanain.
Según informó el Sernanp, el proyecto contempla también la formación de promotores comunales forestales, la adquisición de equipos e instrumentos para el aprovechamiento de la shiringa y acciones de sensibilización a la población sobre los beneficios directos que ofrece el bosque a las familias de las comunidades a través del manejo sostenible de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad.
Por su parte, la Municipalidad Provincial de Condorcanqui refirió que existe un compromiso y apuesta por el desarrollo sostenible, dado que el 90 % de la provincia está compuesta por bosques y el 40 % son áreas naturales protegidas (Parque Nacional Ichigkat Muja - Cordillera del Cóndor, Reserva Comunal Tuntanain y Zona Reservada Santiago-Comaina).
El proyecto fue ejecutado por la municipalidad y contó con una serie de aliados estratégicos como el Ejecutor del Contrato de Administración (ECA) Tuntanain y la Asociación de Productores de Shiringa de Condorcanqui (Aproshico), que participaron activamente en su implementación.
Trabajo articulado en la Reserva Comunal El Sira
Otro caso exitoso es el protagonizado por la Asociación de Familias Productoras de Caucho del Río Pichis (Afaprocap), conformada por 120 socias y socios de 25 comunidades nativas pertenecientes a la Reserva Comunal El Sira, que comprende territorios de los departamentos de Pasco, Huánuco y Ucayali.
Gracias al trabajo articulado con el Sernanp y el Ejecutor del Contrato de Administración de la Reserva Comunal El Sira (Ecosira), y con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a través del proyecto Amazonia Resiliente, las familias productoras de shiringa de las comunidades Madre de Dios y Loreto reciben capacitación técnica para el manejo, transformación y comercialización de látex de shiringa o caucho.
Actualmente, ambas comunidades pueden aprovechar más de 1,200 hectáreas de bosque de shiringa, contando con casi 2,000 árboles productores, según la declaración de manejo de látex de shiringa, aprobado por la autoridad forestal de Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Así, estas comunidades se vienen preparando para ofrecer al mercado látex y láminas de caucho de color, y próximamente productos artesanales.
Manejo sostenible
Los meses de mayor producción anual de látex son abril, mayo, junio, julio y agosto. Antes de empezar con la extracción del látex vegetal, los shiringueros deben hacer un inventario, identificando y marcando los árboles productivos de shiringa, porque no cualquier árbol sirve.
El diámetro mínimo del árbol a la altura del pecho de la persona dedicada a la extracción del látex debe ser superior a 20 centímetros, y tener una edad mayor de 6 años. Además, hay que dejarlo descansar dos días después de que se haya realizado la primera jornada de extracción del látex para que la zona de corte se seque y cicatrice adecuadamente. Solo así se podrá volver a trabajar en la misma zona de corte tras un lapso de cuatro a seis años.
El árbol de la shiringa es un regalo de la madre tierra, una especie que alberga una inmensa riqueza en sus entrañas. En promedio, cada ejemplar da entre 200 y 500 mililitros de látex por corte, lo que significa que un shiringuero en la zona de Tahuamanu puede llegar a extraer alrededor de 25 litros al día.
Además, esta especie forestal es agradecida. Cuando un árbol se encuentra en la fase de descanso y posteriormente su corteza vuelve a ser cortada, los primeros cortes son de apenas 100 mililitros durante los dos o tres primeros meses. Sin embargo, cuando se vuelve a rallar de manera continuada, la productividad se recupera hasta alcanzar las cifras iniciales.
Sin embargo, el árbol de la shiringa no se raya para extracción del látex en días de lluvia para que los hongos no ataquen las zonas de corte y para que el látex no se mezcle con el agua. Cuando el árbol está en floración también se interrumpe el corte para no perturbar el ciclo.
Amenazas
Pese a ello, sobre los árboles de la shiringa existen amenazas como la tala que deja paso a campos aptos para la agricultura y la ganadería, así como la minería ilegal que destruye el bosque amazónico. A estos flagelos se suma el cambio climático que modifica de manera impredecible las estaciones del año, complicando las etapas de extracción del látex vegetal.
Ante esta situación, en la región de Madre de Dios han surgido plantaciones agroforestales de shiringa que, operadas por organizaciones comunales y empresas privadas autorizadas que aprovechan este valioso recurso con un enfoque sustentable.
 
 
 
 
 
ALERTA: LITIO, FEDERALISMO Y CONSTITUCIÓN
 
El Tribuno de Argentina (https://bit.ly/2S4EJdH)
 
Un proyecto de ley que embiste de frente a las provincias productoras de litio, Jujuy, la principal entre ellas, se está elaborando en Buenos Aires, como siempre, ignorando la Constitución y de espaldas a los intereses de los estados federales. Se trata de una idea generada en el corazón del núcleo más duro del cristinismo y que ya tuvo esbozos parlamentarios en el trabajo de los legisladores ultra kirchneristas Carlos Heller, Marcelo Koenig, y curiosamente también de la jujeña María Carolina Moisés.
La idea es declarar el mineral como "recurso natural estratégico" lo que, con base en el artículo 124 de la Constitución Nacional, habilitaría un mayor -o casi total- control de la Nación sobre la exploración y explotación del recurso, y mayor -y casi total- injerencia sobre el "triángulo del oro blanco" que forman Jujuy, Salta y Catamarca. En el sistema federal argentino, por imperio de la cláusula del art. 124 CN, la titularidad del dominio de los recursos naturales corresponde a las provincias y, consecuentemente, por vía de principio, la jurisdicción, la que sólo por excepción, podrá ser de la Nación (18). Esa es la excepción que buscan lograr, obviamente para avanzar sobre los estados federales y reservarse el control del "oro blanco".
El litio es, sin dudas, el combustible del futuro. Viene desplazando a los hidrocarburos, y a medida que se imponga la nueva movilidad eléctrica, será el tesoro de los dueños de los yacimientos. Hoy el litio no sólo alimenta baterías de juguetes, computadores y de los celulares de todo el mundo. Ya comenzó con fuerza a captar el gigantesco mercado automotor. La acumulación de energía en baterías litio, es el combustible de automóviles, camionetas, camiones y ómnibus, y solamente quedarían las naftas para motores de altísima potencia, como aviones o barcos de gran porte.
Con esta visión, Jujuy, Salta y Catamarca conformaron el 4 de junio pasado la "Mesa del Litio" para unificar criterios y esfuerzos de explotación y aprovechamiento de este recurso natural de la región. Tal vez por eso, llama especialmente la atención que la diputada jujeña Moisés haya sido la impulsora de estos proyectos, con que la Nación pretende controlar el recurso. Los gobernadores de Salta, Gustavo Sáez, de Jujuy, Gerardo Morales, y de Catamarca, Raúl Jalil, rubricaron el nacimiento de la "Mesa del Litio", y cabe destacar que previamente el titular del Poder Ejecutivo catamarqueño visitó al presidente del PJ de Jujuy Rubén Rivarola, preocupado por dialogar precisamente sobre este tema.
En la ocasión, Rivarola comprometió ante la eventualidad de la recuperación del gobierno local por parte del justicialismo, la continuidad de un gobierno peronista jujeño, en los trabajos y proyectos jujeños y regionales en torno al litio por considerarlo vital para el desarrollo provincial. A ello debe agregarse que como en las otras provincias de la región, corresponderá a las universidades el rol protagónico del aporte científico y académico que en Jujuy, lo realizará la Unju, tras la decisión impulsada por el rector RODOLFO TECCHI. Toda esa estructura asegura y garantiza que las provincias están en óptimas condiciones para buscar inversiones, formalizar sociedad y acuerdos para la explotación racional de sus recursos de litio.
Los catorce "proyectos avanzados" de explotación de litio en la Argentina distribuidos entre Jujuy, Catamarca y Salta, las tres provincias de la "Mesa del Litio" son: Cauchari, Olaroz (el yacimiento más grande), Sal de Vida, Pastos Grandes, Salar del Rincón, Tres Quebradas, Marijana, PPG (Pozuelos Pastos Grandes), Sal de Los Ángeles, Salar del Rincón (Argsy), Hombre Muerto Norte, Sal de Oro, Rincón, Pular, Río Grande y Cachi, sobre los que el proyecto kirchnerista pretendería avanzar.
Desde el Gobierno nacional, se está alentando una sociedad con el gobierno del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, para crear un ente binacional para la explotación del litio, con lo que las provincias quedarían definitivamente en un segundo o tercer plano en las decisiones y la participación. Jujuy, Salta y Catamarca han expresado oficialmente su oposición a la movida nacional en defensa constitucional de sus recursos. También por la consolidación del sistema federal que a pesar de estar consagrado en el origen de la Nación, sigue siendo una expresión de deseos poco efectiva en la realidad. Y por supuesto, de fondo, por una sólida defensa de la Constitución Nacional.
El litio, el oro blanco del futuro, plantea la posibilidad de un duro enfrentamiento (como tantos otros) entre estados federales y el nacional. Es un recurso natural estratégico, claro que lo es, pero de propiedad de las provincias.
 
 
 
 
 
EL MACRISMO SE OPONE A LA NACIONALIZACIÓN DEL LITIO
 
Agora Digital de Argentina (https://bit.ly/3iNHdI9)
 
Un proyecto de ley del diputado del Frente de Todos Marcelo Koenig declara el litio como “recurso estratégico nacional“. Juntos por el Cambio rechazó categóricamente la propuesta y manifestó su “profunda preocupación” a través de un comunicado.
Koenig, abogado de profesión, ex director de la escuela de Gobierno durante el último gobierno de Cristina y autor de una frondosa bibliografía crítica del capitalismo del siglo 21.
En diálogo con Radio Gráfica, sostuvo que si su proyecto no prospera Salta, Jujuy y Catamarca, las provincias con reservas de litio, no lo pondrían al servicio de la nación. “Ahora negocian con empresas multinacionales que dejan menos del 5% de las ganancias, y el resto se lo llevan“.
“Bolivia, Chile y Argentina tienen, cerca del 60% de las reservas de litio en el mundo. Es como si fuéramos Arabia Saudita, Venezuela e Irán juntos. Todo este caudal puede ser una condena o una gloria“, celebró.
En su proyecto no excluye a las provincias, pero las ubica como parte de una comisión junto al Estado nacional y el sistema científico técnico argentino, para que “entre lo tres decidan quien, cómo y para qué es el litio, no sea llevado afuera y pueda ser industrializado en la Argentina“.
“La segunda etapa es elaborar un proyecto de industrialización en origen, para que los recursos y el trabajo que se genere beneficien a las provincias. Y el tercer paso constituirnos en un productor de electromovilidad, de autos, camiones y micros, que no solamente puedan proveer a la demanda nacional. Ya tiene fecha de vencimiento el combustible fósil. Los autos eléctricos necesitan el litio para acumular ésta energía“, destacó Koening.
El diputado comparó su proyecto al sistema que utilizó Evo Morales en Bolivia, donde llegó a presentar un modelo de auto con baterías propias, pero a Juntos por el Cambio no le convence y a través de un comunicado hacen uso del artículo 124 de la Constitución “delega en las provincias el control de los recursos naturales de su territorio”.
“Delegar por ley al gobierno nacional el control de las etapas de exploración, explotación y procesamiento del litio en el triángulo del oro blanco (conformado por las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca) es un atentado contra la autonomía de las provincias” (sic), señaló.
“Entendemos el gran potencial del sector minero y la esperanza de atraer inversiones que tengan un impacto positivo en las economías regionales. Por eso, consideramos que el rol del estado no es arrebatarle el futuro a las provincias, sino apoyarlas más que nunca para que nuestro norte avance”, cerró el comunicado.
El proyecto aún no tiene fecha de tratamiento pero su presentación inquietó además a los gobernadores de las provincias productoras, que ya le habían pedido al presidente del YPF Pablo González crear una división para el litio que se asocie a las provincias. Esta ley no lo haría necesario, porque la mayoría del Estado en YPF lo pondría en igualdad de condiciones para la explotación.
 
 
 
 
 
DEMOCRACIA SEGÚN LOS COLORES
 
Diario El Argentino (https://bit.ly/3iO4BW0)
 
Es difícil entender la decisión del Gobierno nacional de abstenerse en la votación sobre la resolución de la OEA condenando las detenciones arbitrarias de políticos opositores en Nicaragua. La abstención fundamentada en la “no intromisión en los asuntos internos” rompe una apreciada postura de la Argentina en defensa de los derechos humanos.
No hace falta ir muy lejos para recordar la Carta Democrática Interamericana aprobada en la Asamblea General de la OEA en septiembre 2001 o el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR del 24 de julio de 1998 a la cual se sumaron los Estados asociados de Chile y Bolivia. Esos documentos reflejaban la convicción de construir una región basada en el respeto a los derechos humanos y principios democráticos para construir un modelo de convivencia social en oposición a otras regiones.
El Gobierno de Néstor Kirchner y sus Ministros de Relaciones Exteriores, Rafael Bielsa y Jorge Taiana, después, hicieron de la democracia un valor fundamental en la política exterior. El MERCOSUR suspendió a Paraguay en 2012 y a Venezuela en 2017 por considerar que habían incumplido con los compromisos del Protocolo de Ushuaia.
El Gobierno argentino también se manifestó en contra de los hechos que condujeron a la destitución del Presidente de Bolivia, Evo Morales, en noviembre de 2019.  El gobierno del presidente Fernández tuvo una participación activa desconociendo al Gobierno de Jeanine Añez y reclamando el rápido llamado de elecciones. También vale la pena recordar que el presidente Fernández se retiró de la reunión del MERCOSUR en el momento en el cual debía hacer uso de la palabra Jeanine Añez invitada como representante de un Estado asociado por la Presidencia de Brasil.
Esta abstención también se da en el marco de la reciente llamada del Secretario de Estado, Anthony Blinken, al Canciller Felipe Solá para solicitar su intermediación ante el Gobierno de Daniel Ortega. La Cancillería argentina se preocupó de divulgar esta solicitud para resaltar la importancia que el Gobierno de los Estados Unidos concedía al país en los asuntos latinoamericanos. En este contexto, es oportuno tener presente que el G-7 más Australia, Corea, Sudáfrica e India acaba de finalizar una reunión donde se destaca la creación de una Alianza en Defensa de la Democracia para hacer frente a los desafíos de los regímenes autoritarios.
El gobierno de Nicaragua no deja de tener simpatizantes en la Argentina. Ortega es el líder del Frente Sandinista de Liberación que rememora las luchas contra las dictaduras militares de la década del 70;  gobernó elegido en elecciones libres entre 1985/1990 y volvió  en 2006, 2011 y 2017. El FSLN también enfrentó los intentos de desestabilización de los “contras” financiados por los Estados Unidos con la venta de armamentos a Irán.  El dictador Somoza falleció en un atentado en Asunción en 1980 realizado por un comando del ERP.
La democracia y los derechos humanos son conceptos absolutos que no cambian de acuerdo a las circunstancias. Podrá haber variaciones sutiles de interpretación pero escudarse en la retórica de décadas pasadas que servían para avalar las rupturas constitucionales resulta hoy incomprensible. En el oficialismo podrán existir simpatías por el pasado del FSLN pero las violaciones a los derechos humanos no son de derecha o izquierda. Las abstenciones según el color del partido van marcando un definido alineamiento internacional que quiebra  la posición tradicional del país desde 1983.