TODOS MIRAN AL LITIO. EL NUEVO MILENIO SE TIÑE DE BLANCO.

El nuevo milenio se tiñe de blanco. Ya sea por un sincero deseo de orientarse hacia una economía ambientalmente sustentable o por las ventajas comparativas que subyacen en la explotación de un recurso abundante para países como Argentina, Chile o Bolivia: estados y empresas transnacionales se han lanzado a la conquista del litio.
En el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, a principios de marzo, Alberto Fernández anunció la presentación de proyectos de ley para promover la transición hacia una economía verde. Una consigna que acompaña al actual presidente desde la campaña y que tiene en la extracción de litio el primer eslabón en una cadena de valor que contempla la producción de baterías para la fabricación de autos eléctricos.
El triángulo andino
Argentina integra, junto a Bolivia y Chile, el denominado “triángulo del litio”: una región que concentra más de la mitad de las reservas del mundo. Según estudios de la Secretaria de Minería, nuestro país ocupa el tercer lugar, por detrás de Chile y Australia. Esto ha convertido a las provincias del noroeste argentino en un atractivo destino para las empresas mineras. En la actualidad, existen dos proyectos en operación: uno en el Salar de Olaroz en Palpalá, Jujuy, bajo explotación de Orocobre y Toyota Tsusho (con un 8,5% de participación de la empresa público-privada jujeña JEMSE), y otro en el Salar del Hombre Muerto de Catamarca, un desarrollo de la firma estadounidense Livent Corp. Además, hay otros dieciocho emprendimientos avanzados y cuarenta en etapas preliminares.
El litio es uno de los recursos de mayor crecimiento en los últimos años, insumo esencial para la fabricación de las baterías que usan celulares y computadoras portátiles, pero también utilizado en la industria metalúrgica, farmacéutica y del vidrio. Es clave en la transición energética que buscan promover los países comprometidos con el Acuerdo de París de la ONU, en el que la movilidad eléctrica aparece como el objetivo a alcanzar, ya que reduciría la emisión de gases de efecto invernadero y resolvería los problemas asociados al empleo de combustibles fósiles, cuya escasez solo aumentará.
Por eso, el Ministerio de Desarrollo Productivo ha impulsado estudios para evaluar las condiciones de inserción del país en el nuevo paradigma mundial de electromovilidad. Fernando Porta, Director del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Ciencia, Tecnología e Innovación (CIECTI), lideró el equipo de investigación para determinar las posibilidades de producción de baterías y automóviles eléctricos: “Es necesario un cambio en la matriz productiva. Nosotros tenemos una oferta energética insuficiente y al mismo tiempo basada en una matriz de producción que es bastante costosa”. Una vez instaladas estas fábricas, podrían aplicarse incentivos a la demanda, como beneficios fiscales específicos para quien acceda a un vehículo eléctrico.
La construcción de baterías y la consecuente fabricación de automóviles impulsados eléctricamente es el fin de la cadena. En el principio está la extracción de litio, el cual debe ser purificado para su utilización. En la actualidad, Argentina solo produce el mineral en grado técnico, como carbonato y cloruro de litio. A pesar de que, de acuerdo a informes de la Secretaria de Minería, para el año 2019 estas exportaciones representaron 189 millones de dólares, el monto es despreciable en comparación con los valores que se obtienen en instancias posteriores de procesamiento. Las estimaciones realizadas por Livent muestran que la renta obtenida por el carbonato y el cloruro de litio constituye solo el 5,74 % del total, mientras que productos derivados como el hidróxido de litio, cuyo refinamiento se efectúa en las filiales de Estados Unidos, China o Gran Bretaña; reditúan más del 55 %.
¿Están dadas las condiciones para agregar valor a la cadena productiva en Argentina? Para Porta, el obstáculo es institucional antes que técnico: “Argentina tiene un sistema científico tecnológico robusto. Lamentablemente nuestra legislación no ha protegido al litio como a otros minerales en términos de darle su carácter estratégico y, por lo tanto, el Estado nacional y los provinciales no tienen disposición sobre las reservas. Estas han sido concesionadas bajo el imperio de la Ley Minera, que es lo suficientemente laxa como para permitir que quienes han obtenido los derechos de concesión no estén obligados a desarrollar ningún tipo de eslabonamiento hacia adelante”.
En este contexto, el gobierno se reúne con empresas para expandir los actuales emprendimientos mineros, así como elaborar conjuntamente proyectos que apunten a agregar valor a la producción de litio. Recientemente, en un seminario organizado por el Wilson Center, con patrocinio del Banco Interamericano de Desarrollo, algunos potenciales inversores se mostraron escépticos respecto a la posibilidad de concretar operaciones similares a futuro y Alberto Carlocchia, presidente de la cámara que agrupa a los empresarios mineros (CAEM), aseguró que no hay condiciones para expandir la inversión, ya que “los costos laborales aún son altos”.
Según Porta, “las mineras no son empresas que tengan un alto nivel de ocupación, por lo que este no es un factor importante en su estructura de costos. La Ley de Minería vigente les asegura ganancias extraordinarias bajo distintos mecanismos: una muy baja imposición, estabilidad fiscal por 30 años y escaso control sobre sus números, puesto que sabemos de sus operaciones lo que ellas mismas declaran”. Para el economista, este es un problema general del capitalismo argentino, caracterizado por “baja productividad, baja inversión por años y por una estructura que maximiza las rentas del corto plazo y las oportunidades financieras”.
Por otro lado, algunos especialistas desconfían de los anuncios del gobierno. El investigador de CONICET e integrante del Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes, Bruno Fornillo, afirma que no hay una estrategia integral que apunte en una dirección distinta a la que desarrollaron gestiones anteriores: “Por un lado, la política litífera la está llevando adelante el Ministerio de Desarrollo Productivo, sin un contacto fuerte con áreas como Ciencia. A su vez, el instituto creado por la Ley de Movilidad Eléctrica no se relaciona ni se financia con las rentas litíferas. Lo más patente respecto al impulso actual es la expansión de la frontera extractiva”.
El mes pasado, un memorándum de entendimiento celebrado con la firma china Ganfeng Lithium incluyó la voluntad de que esta empresa fabrique baterías en el país, aunque no establece plazos ni montos concretos. “Hace años que los gobiernos provinciales dicen que hay compañías con intenciones de fabricar baterías en Argentina -recuerda Fornillo-, pero incluso si eso llegara a suceder, esas empresas no nos compartirían la tecnología de punta, y perderíamos la oportunidad de utilizar el mercado local para un crecimiento y un desarrollo endógeno. Una empresa como INVAP o YTEC debería tener la tecnología; no una extranjera que venga a llevarse el litio casi regalado y nos venda productos manufacturados acá, en lugar de importarlos”; afirma quien también es Doctor en Geopolítica por la Universidad de Paris VIII. La observación es aún más pertinente si se considera que esta semana el gobierno de Salta anunció una inversión de 580 millones de dólares por parte de la empresa china para la ampliación de las operaciones de extracción.
Minería del agua
No obstante, y como es habitual en las discusiones sobre explotación minera, el factor económico es solo uno entre los principales a considerar. Como señala Fornillo, la del litio es, en particular, una minería del agua: “Las técnicas actuales extraen una cantidad de agua potable que, en un par de décadas, convierte a esa zona en inhabitable. Una zona que de por sí es árida y endorreica, con cuencas cerradas”. El procedimiento consiste en extraer la salmuera que se encuentra bajo tierra y depositarla en enormes piletones a cielo abierto para que, una vez que se evapore el agua, las sales resultantes sean sometidas a un proceso de purificación para lograr el grado técnico necesario. Esta última instancia, a su vez, demanda grandes cantidades de agua dulce. Según estimaciones de las mismas empresas, para obtener una tonelada de carbonato de litio se necesitan alrededor de 30.000 litros de agua dulce, que se adicionan a los 600.000 evaporados de la salmuera inicial. Las 40.000 toneladas que se extraen anualmente (entre los dos proyectos en operación, según Secretaria de Minería) requieren así de más de 25.000.000.000 de litros de agua.
Si bien existen grupos de investigación que han desarrollado métodos alternativos para la extracción, estos no han podido implementarse en gran escala, y su utilización implica un costo mayor, que las empresas no están obligadas a asumir. El método de separación electroquímica que han desarrollado científicos del CONICET a través de YTEC, la empresa de base tecnológica de YPF, por ejemplo, permitiría obtener litio sin necesidad de evaporar el agua de la salmuera, obteniendo, adicionalmente, agua salubre del proceso. Para Fornillo, la ausencia de presiones legales a las empresas se combina con la falta de visión estratégica del Estado: “No existe vínculo entre el área extractiva y el área de crecimiento tecnológico. Nosotros hemos conformado el Foro de Especialistas de Litio en la Argentina, donde nos reunimos alrededor de 200 investigadores que trabajamos en esto hace por lo menos 10 años. Tratamos de ver de qué manera podríamos aportar en la creación de valor tecnológico y demás, a partir de investigaciones que hoy están atomizadas, descoordinadas. Y hay iniciativas individuales de sectores productivos interesados: Fabricaciones Militares; INVAP; IEASA; YTEC está interesada en hacer celdas; Astillero Río Santiago podría producir barcos movidos eléctricamente. Pero no hay una política estratégica conjunta, orientada y con un financiamiento acorde”.
El impacto ambiental y la falta de acuerdos con los pobladores locales conducen a distintas medidas de resistencia. “Se los considera como un sujeto a ser removido o a quien se le ofrece una serie de dádivas menores. Además, las comunidades originarias, los pueblos atacameños de la Puna habitan los salares hace miles de años y en verdad son los dueños naturales de esa zona”, dice Fornillo. Se trata de un fenómeno que atraviesa a la mayoría de las explotaciones de recursos minerales en el país, como sucede con el cobre en Andalgalá.
¿De quién es?
En 2015, Chile conformó una Comisión Nacional del Litio para establecer una normativa en la que los distintos actores tuvieran participación. No solo se acordaron mayores ganancias para las comunidades locales (alrededor de 25 millones de dólares anuales), sino que las empresas son obligadas a tributar el 40 % de sus ganancias, y parte de ese monto es utilizado para financiar investigaciones tendientes a desarrollar la cadena de valor.
El litio es central en el mapa geopolítico actual y futuro, y otros países ya lo han entendido así. En Bolivia el control de todos los yacimientos es estatal, en Chile es un recurso estratégico, también en Brasil, en México se han revocado las concesiones privadas y se piensa en armar una empresa estatal. Existen voluntades de coordinar esfuerzos a nivel regional, pero la discrepancia entre los distintos modelos dificulta los planes de articulación.
En este sentido, una parte de la coalición de gobierno se ha manifestado a favor de avanzar en una ley que asegure la participación del Estado argentino en la industria litífera. El proyecto elaborado por los diputados Marcelo Koenig y Carlos Heller propone declarar al litio como recurso estratégico y conformar una Comisión Nacional que integre al sistema científico en el desarrollo de la cadena de valor. Una iniciativa resistida por los gobiernos provinciales nucleados en la Mesa del Litio, que buscan mantener las rentas locales aseguradas por la minería.
También lo han entendido los principales actores de la economía mundial. Elon Musk, dueño de la compañía de autos eléctricos Tesla (cuyas ganancias aumentaron 700 % durante la pandemia), llegó a bromear con el golpe de estado en Bolivia y “atribuírselo” en función de una liberalización de la explotación de los yacimientos nacionalizados por aquel gobierno. Un gesto risueño de los que el empresario acostumbra hacer en Twitter (como aquel que le costó millones en pérdidas a la criptomoneda Bitcoin), pero que señala con claridad en qué medida los grandes capitales miran hacia las reservas minerales del sur mundial. Dossier de Político de México (https://bit.ly/3gSiD7S)
 
 
 
 
 

"AMÉRICA LATINA RESPIRA AIRES NUEVOS": ANALISTAS VEN UNA NUEVA ETAPA DE PROGRESISMO
 
Z-1 de Brasil (https://bit.ly/3zRpNR3)
 
A pesar de la pandemia del covid-19 , América Latina sigue sumida en la confusión. Tanto 2020 como 2021 fueron años marcados por una serie de protestas y elecciones que podrían sugerir un cambio en el equilibrio de fuerzas en la región.
Comenzando con  el proceso constituyente en Chile , resultado de manifestaciones que comenzaron en octubre de 2019 y garantizaron, en 2020, un plebiscito popular y la elección de una Convención Constitucional, en abril de este año, con mayoría de mujeres y constituyentes independientes.
“Se respira aire nuevo en América Latina, fruto de la lucha de los pueblos de cada país. El enemigo principal es el sistema neoliberal en el que vivimos, que nos oprime día a día, que no nos permite avanzar, que no permite que nuestra gente acceda a todo lo que necesita ”, dice Rita Farfán de la Federación Democrática Internacional de Mujeres. (Fedim).
También en 2020, el pueblo boliviano aseguró el  regreso del Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP),  eligiendo a  Luis Arce  y  David Choquehuanca , un año después del  golpe de Estado  contra Evo Morales y Álvaro García-Linera.
En Argentina, aunque el peronismo volvió a tomar el poder con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, las mujeres no salieron a la calle, garantizando el calvario de la ley de legalización del aborto con una marea verde que se apoderó de las principales ciudades del país.
El año 2021 comenzó con los  paraguayos marcando la agenda y condenando la administración de Mário Abdo Benítez  durante la pandemia del covid-19. Las manifestaciones no ganaron el juicio político del representante del Partido Colorado, pero fueron suficientes para desenmascarar la corrupción en el Ejecutivo.
Después de Paraguay, fue el turno de Colombia, que vive el mayor  paro nacional de su historia . La población lleva dos meses en la calle, ganando la suspensión de la reforma tributaria y sanitaria, propuesta por el presidente Iván Duque, así como la dimisión de dos ministros. Ahora el movimiento sigue exigiendo reforma policial y justicia para los 76 muertos.
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“Con este despertar que está sucediendo en Colombia, en la lucha del pueblo peruano, en la resistencia indígena en Bolivia, en las luchas en Brasil o Venezuela que están resistiendo el bloqueo de Estados Unidos, así como Cuba. Aquí está el pueblo chileno. Con Salvador Allende en mente, estamos trabajando por la integración de los pueblos, por esta otra posible América Latina ”, defiende Carlos Casanueva Troncoso del Partido Comunista de Chile.
Además de las manifestaciones, en las urnas el pueblo latinoamericano volvió a optar por el campo progresista. En Venezuela, el chavismo ganó el 90% de los escaños en la Asamblea Nacional en diciembre del año pasado. En Chile, además de la asamblea constituyente, también hubo  elecciones para gobernadores,  en las que la izquierda salió victoriosa.
“La Asamblea Constituyente que está por instalarse en Chile es un gran logro del pueblo movilizado en las calles contra el modelo neoliberal y contra los legados políticos fascistas de Augusto Pinochet”, afirma Troncoso.
En México, el gobernante  Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha consolidado su presencia en varios estados  en las elecciones más importantes de la historia del país.
“De 15 gobiernos que tuvieron elecciones, Morena ganó 11, incluso en lugares donde la derecha siempre ha gobernado. Esto es algo que hay que reconocer, pero por supuesto que deben seguir funcionando.
Mientras en Perú aún se espera la confirmación del resultado por parte de la justicia electoral,  Pedro Castillo  obtuvo el triunfo en los resultados de las urnas, rompiendo con una tradición de gobiernos conservadores.
Leer más:  Peruanos protestan por resultado oficial luego de dos semanas de elecciones
“En cierto modo, logró reestructurar esta izquierda, que estaba muy fragmentada. El cambio más importante es una asamblea constituyente, esto es básico para nuestro país, porque tenemos una Constitución del fujimorismo, que no representa al pueblo peruano, que lo oprime ”, defiende Rita Farfán.
Simpatizantes de Pedro Castillo se reunieron en Puente Piedra, en la zona norte de Lima, con el lema “Perú hacia un bicentenario sin corrupción” / Daniela Ramos
Este nuevo marco sugiere una nueva etapa de progresismo en América Latina. Para algunos analistas, podríamos estar viviendo en la antesala de una nueva “década ganada”, los primeros diez años del siglo XXI, marcados por gobiernos progresistas en la mayoría de los países de la región.
“Creo que llegará una etapa en la que la gente se levante. La gente está levantando la voz y evidentemente debemos seguir luchando. ¿Cual es el problema? Es que la derecha no nos deja solos ”, dice Carol Morán.
Y esta nueva etapa tiene edad y género. Son los jóvenes y las mujeres quienes han sido los protagonistas de los últimos procesos de transformación en las naciones latinoamericanas.
“La juventud y las mujeres chilenas jugaron un papel protagónico en todo este proceso. No solo organizando y liderando estas organizaciones y protestas, sino también logrando el éxito electoral en procesos recientes ”, dice Carlos Casanueva Troncoso del PC chileno.
Buscando impulsar una agenda de unidad para los movimientos sociales de la región, el gobierno venezolano realiza el Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo.
Además de celebrar el  200 aniversario de la Batalla de Carabob , decisiva para la independencia de Venezuela, el encuentro también contará con una reunión de  la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba-TCP).
“Estamos bajo un constante acoso, pero tenemos grandes ejemplos como el pueblo venezolano, el pueblo cubano que sigue resistiendo. Tenemos que luchar por una cuarta transformación que nos permita tener soberanía, empoderamiento y, con eso, unidad latinoamericana”, concluye Carol Morán.
 
 
 
 
 
OPINIÓN: EL POPULISMO DE IZQUIERDA ESTÁ PROSPERANDO EN AMÉRICA LATINA
 
Washington Post de EEUU (https://wapo.st/3dbZueH)
 
El populismo de derecha ha sido a menudo el centro de atención desde 2016, cuando Reino Unido decidió abandonar la Unión Europea y Donald Trump fue elegido presidente en Estados Unidos. Sin embargo, el populismo de izquierda también está prosperando, como lo demuestran las elecciones recientes en México y Perú.
Ya sea en Estados Unidos o Europa, el populismo de derecha casi siempre es más fuerte en las zonas deprimidas rurales y obreras. Ese sin duda es el caso en Estados Unidos y Reino Unido, donde millones de electores de la clase trabajadora dejaron de votar por partidos de centro-izquierda y comenzaron a apoyar a conservadores populistas. También sucede en lugares como Polonia, donde la coalición populista conservadora del partido Ley y Justicia ha obtenido sus mejores resultados en las zonas rurales de Polonia cercanas a la antigua Unión Soviética y no le ha ido bien en las ciudades relativamente prósperas. El partido gobernante de Hungría, Fidesz, no es popular en Budapest, la región más rica del país, pero le va fenomenal en las zonas rurales más pobres, donde su principal competencia ha sido un partido antiinmigración (Jobbik) que está incluso más a la derecha en el espectro político.
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No es nada difícil entender por qué. El populismo de derecha sostiene que las élites no están atendiendo bien a la nación y que están priorizando darle cabida a inmigrantes o a instituciones globales como la Unión Europea o la Organización de las Naciones Unidas que a garantizar la prosperidad de todo el país. Ese mensaje, naturalmente, resonará en las personas a las que no les esté yendo bien en la parte económica, en especial comparadas con las de las ciudades. Las encuestas a boca de urna en las elecciones de Alemania en 2017 revelaron que los votantes del partido populista Alternativa para Alemania (AfD por su sigla en alemán) fueron por lo general hombres con bajos niveles de educación que eran obreros o estaban desempleados. Los votantes del Partido de la Libertad de Austria y de la francesa Marine Le Pen también han sido en su mayoría trabajadores con bajos niveles educativos de las zonas rurales.
Entonces, podría ser una sorpresa para los lectores saber que exactamente ese mismo tipo de votantes ha apoyado a los populistas de izquierda en las elecciones de México y Perú. Los partidos que respaldan al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), obtuvieron una victoria decisiva en las elecciones federales de junio, en las que capturaron 184 de los 300 escaños disponibles en la Cámara de Diputados. Pero los logros de su coalición fueron muy regionales: superaron a la alianza opositora por un margen de 81 a 13 escaños en los estados más pobres del sur de México. Ambos bandos estuvieron igualados en el resto del país, donde la oposición ganó o empató en seis de los siete estados con los niveles más bajos de pobreza. En otras palabras, la campaña populista antiélite de AMLO atrajo al mismo tipo de votantes que gravita hacia la derecha en Europa y Estados Unidos.
Lo mismo sucedió en las recientes elecciones presidenciales de Perú. La contienda terminó casi en un empate y el resultado sigue en disputa. Sin embargo, lo que no está en disputa es que el candidato populista de izquierda, Pedro Castillo, ganó de forma contundente en las ocho regiones más pobres de Perú con hasta 89% de los votos. Su oponente conservadora, Keiko Fujimori, ganó de manera clara en Lima, la capital y región más rica del país, con 64%. El patrón no es tan claro como en otros países, pero la tendencia es la misma: los lugares donde no se ha alcanzado todavía un crecimiento económico son muy propensos a ser receptivos con las ofertas populistas.
Los resultados en América Latina también muestran cómo la exclusión cultural o social genera un terreno fértil para el populismo. Las áreas relativamente más prósperas que votaron por Castillo, como Cuzco y Pasco, también tienden a tener un alto número de pueblos indígenas que siguen siendo culturalmente diferentes a las élites inmigrantes y descendientes de españoles. Las regiones más pobres del sur de México que respaldaron de forma abrumadora a la coalición de AMLO también tienen un alto porcentaje de personas que hablan lenguas indígenas además —o incluso en lugar— del español. Es difícil para los candidatos mantenerse en sintonía cultural con personas que literalmente hablan otro idioma.
Escucha el pódcast El Washington Post para conocer las últimas noticias en español
Los populistas de izquierda de América Latina comparten otra característica con sus primos de derecha: son nacionalistas sin reservas. La coalición de Castillo se llama “Perú Libre” y el partido principal del gobierno de AMLO es el Movimiento Regeneración Nacional, o Morena. Esto contrasta de forma notable con muchos de los partidos de izquierda europeos, que evitan los nombres o identidades nacionalistas y prefieren los relacionados a la lucha de clases. Una excepción notable es el Sinn Féin de Irlanda, que solía ser el brazo político del Ejército Republicano Irlandés. Quizás no sea una casualidad el hecho de que el Sinn Féin sea el único partido de extrema izquierda en la Unión Europea que lidera las encuestas de opinión pública.
A nivel mundial, los votantes con menor nivel de educación quieren el mismo tipo de cosas: nacionalismo, justicia económica, inclusión cultural. Las élites —de izquierda o de derecha— tendrán que ofrecer lo que quieren estos electores. De lo contrario, los votantes encontrarán a alguien —de izquierda o de derecha— que sí lo haga.
 
 
 
 
 
LOS BOLIVIANOS HACEN CAMPAÑA EN LONDRES PARA CREAR CONCIENCIA TRAS LAS CONTROVERTIDAS ELECCIONES DE 2019
 
SW Londer de Londres (https://bit.ly/3zP6Bnf)
 
Se lanzó una nueva campaña para educar al público sobre la historia reciente de Bolivia y pedir justicia luego de las controvertidas elecciones de 2019 del país.
Wiphalas Across the World es un grupo de campaña organizado por bolivianos que viven en el Reino Unido y que quieren que más personas conozcan las violentas secuelas de las elecciones de noviembre de 2019.
La campaña de 14 días se lanzó el viernes pasado con una exhibición virtual de un mural en Shoreditch, que describe los eventos y continuará durante las próximas dos semanas con paneles sobre los derechos de los pueblos indígenas y el papel de la comunidad internacional.
La líder de la campaña, Claudia Turbet-Delof, dijo: “Estamos trabajando para empoderarnos a nosotros mismos, para ganarnos el respeto de los demás y no hacernos sentir invisibles.
“No estamos protestando en las calles, sino que estamos trabajando para crear conciencia y educar a la gente.
“Queremos arrojar luz sobre el impacto de la interferencia internacional en países como Bolivia”.
Para la activista, es importante que sus vecinos del Reino Unido, donde ha vivido durante muchos años, conozcan el impacto de la interferencia internacional en otros estados soberanos.
El grupo argumenta que las secuelas electorales, que resultaron en el exilio del entonces presidente Evo Morales, fueron un golpe de estado, una posición respaldada por una investigación del Centro de Investigación Económica y Política , una organización estadounidense de reflexión, pero contrarrestada por la Organización de Estados Americanos .
Según Human Rights Watch , nadie ha sido considerado responsable de 36 asesinatos durante la protesta que siguió a las elecciones, incluidas 20 personas que murieron en dos masacres que los testigos atribuyeron a que las fuerzas estatales abrieron fuego contra los manifestantes.
Entre los firmes partidarios del grupo se encuentra el exlíder laborista Jeremy Corbyn .
Corbyn dijo: “En 2019, la bandera de Wiphala se hizo conocida como un símbolo de resistencia contra la opresión en todo el mundo tras un golpe de Estado de derecha en Bolivia.
“El mundo se inspiró en la insistencia del pueblo boliviano en la soberanía, la democracia y el progreso social y la determinación de revertir el golpe a través de movilizaciones masivas y en las urnas.
“Me enorgullece apoyar el trabajo de Wiphalas Across the World en Londres, su reciente lanzamiento de obras de arte públicas para conmemorar a las víctimas del golpe boliviano y su trabajo de solidaridad más amplio con las comunidades latinoamericanas en todas partes”.
Wiphalas Across the World continuará su trabajo con eventos en línea a los que se puede acceder libremente.
 
 
 
 
 
EL MITO DE LA DERECHA DEMOCRÁTICA
 
Rebelión de España (https://bit.ly/3qn3bn7)
 
La derecha nunca fue democrática, no lo es hoy y jamás lo será.
Pese a que el veredicto de la historia es irrefutable el saber convencional de las ciencias sociales y la opinión establecida difunden sin cesar la errada concepción de que la derecha latinoamericana se ha reconciliado con la democracia; que ya cortó amarras con su génesis oligárquica, racista, patriarcal y colonial; que puso fin a su historia como conspicua instigadora y frecuente ejecutora directa de innumerables golpes de Estado, atentados, sabotajes, masacres y toda clase de violaciones a los derechos humanos y las libertades políticas. Pese a ese origen perverso ahora, dicen algunos académicos y “opinólogos” despistados (o que juegan para la derecha), ésta se ha “aggiornado” y acepta a las reglas del juego democrático.
Trágico error, confirmado, como decíamos al principio, por la vida práctica: la derecha nunca fue democrática, no lo es hoy y jamás lo será en el futuro. Por su raigambre e intereses de clase está llamada a defender con uñas y dientes el orden social del capitalismo dependiente del cual es su exclusiva beneficiaria. Por eso apela a todos los inmensos recursos de que dispone (dinero, huelga de inversiones, fuga de capitales, evasión y elusión tributarias, ataques especulativos contra la moneda local, despidos de personal, cierre de establecimientos, terrorismo mediático, invocación al intervencionismo militar, el favor de jueces y fiscales, protección de “la embajada”, etcétera) ante cualquier amenaza, por moderada que sea.
En mi “Siete tesis sobre reformismo, revolución y contrarrevolución en América Latina” (incluido en el libro de descarga gratuita que compilara CLACSO bajo el título Atilio Boron. Bitácora de un Navegante ) aporto algunos antecedentes decisivos sobre el tema. Por eso sugiero a las personas interesadas en el tema que lean dicho artículo para acceder a una elaboración más completa sobre este argumento.
De momento, me conformo con este breve recordatorio sobre la conducta de la derecha latinoamericana para que los lectores extraigan sus propias conclusiones.
En la Argentina, en el año 2015, aquélla representada por Mauricio Macri triunfó en la segunda vuelta de la elección presidencial sobre Daniel Scioli. La diferencia fue de un 3 por ciento, y la coalición perdedora admitió la derrota esa misma noche. En 2017 el narcopolítico Juan O. Hernández se impuso en la elección presidencial hondureña gracias a un escandaloso fraude que fue tan descarado que postergó por varias semanas el reconocimiento de Washington, del cual aquél era su alfil. Pese a las protestas de la oposición ésta no tuvo más remedio que admitir su “derrota.” En las presidenciales brasileñas del 2018 triunfó Jair Bolsonaro, vocero de los golpistas que desalojaron, lawfare mediante, a Dilma Rousseff de la presidencia. Pese a las groseras y múltiples violaciones de la legislación electoral (entre las cuales la no comparecencia de Bolsonaro el debate presidencial); al siniestro papel jugado por el poder judicial -que ilegalmente impidió que Lula fuese candidato- y los medios de comunicación, férreamente controlados por la derecha, la derrotada alianza opositora respetó el veredicto de las urnas. Los políticos brasileños en el Congreso, la “justicia” de ese país y los grandes medios de comunicación de masas, a cuál más corrupto, están haciendo pagar un precio inmenso al pueblo de ese país por haber instalado en el Palacio del Planalto a un sociópata como Bolsonaro, que con su negacionismo de la pandemia envió a más de medio millón de sus compatriotas a la muerte.
En Uruguay, en 2019, el candidato de la derecha Luis Lacalle Pou derrotó a Daniel Martínez, del Frente Amplio por un 1.5 por ciento de los votos válidos, y el perdedor admitió su derrota sin chistar. A poco de asumir la presidencia Lacalle Pou hizo gala de un suicida negacionismo, proclamando con una actitud chauvinista que al Uruguay no le ocurriría lo mismo que a sus vecinos argentinos y brasileños. Tuvo que tragarse sus palabras y hoy Uruguay está pagando un precio muy elevado por la soberbia de su presidente.
En México, el candidato izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas iba ganando la elección presidencial de 1988 hasta que una sospechosa “caída del sistema” de la Comisión Federal Electoral obró el milagro: al reiniciarse computadoras el candidato de Washington, Carlos Salinas de Gortari, aparecía disfrutando de una amplia ventaja sobre su oponente y fue proclamado ganador. De nada valieron las protestas populares ante un fraude tan descarado como ese. La derecha quería ganar “a como diera lugar” y, con el visto bueno de Washington y la OEA lo hizo.
También en México, en el 2016, la derecha produjo otro atraco electoral. Varios días después de finalizado el reñido comicio el Instituto Federal Electoral emitió un comunicado anunciando el fin del conteo de los votos y que el candidato conservador Felipe Calderón se imponía por una diferencia del 0,62 por ciento de los sufragios sobre Andrés M. López Obrador. Pese al generalizado repudio ante tan descarada estafa electoral –por ejemplo, en numerosas mesas de votación sufragó mucha más gente de la que estaba registrada- Calderón fue proclamado ganador de la contienda electoral.
En la elección presidencial de Nicaragua (25 febrero de 1990) triunfó la candidata de la Unión Nacional Opositora, Violeta Barrios de Chamorro. Obtuvo el 55 por ciento de los votos, doblegando a Daniel Ortega, a la sazón presidente de Nicaragua y candidato del Sandinismo, que fue apoyado por el 41por ciento del electorado. Dos días después de finalizado el comicio Ortega reconoció públicamente su derrota y felicitó a la candidata triunfante. Ortega recién volvería a ser electo como presidente en el año 2007.
En la Argentina de la década de los años treinta el fraude de la derecha adquirió un status cuasi institucional, bajo el nombre de “fraude patriótico”. El propósito: impedir a cualquier costo que la “chusma radical” y los socialistas y comunistas accedieran a cualquier cargo de elección popular. El fraude era exaltado como un servicio que una virtuosa oligarquía, con sus partidos, jueces y diarios rendían a la patria. Hasta el día de hoy persisten en esa actitud de pretender burlar la voluntad popular, claro que apelando a las nuevas tecnologías del neuromarketing político para manipular, mediante el odio y el temor, las actitudes y las conductas de las masas. La derecha no sólo apeló al fraude; además proscribió durante dieciocho años al peronismo, la principal fuerza política del país. Y cuando ni el uno ni el otro eran suficientes, la “carta militar” siempre estaba a mano: una interminable sucesión de “planteos militares” carcomían a los débiles e ilegítimos -a causa de la proscripción del peronismo- gobiernos civiles surgidos después del derrocamiento del peronismo en 1955. Dos brutales dictaduras jalonaron este proceso de descomposición política: primero, la encabezada por Juan C. Onganía en 1966 y, diez años después, la apoteosis del crimen y el genocidio con la dictadura cívico-militar instaurada con el golpe militar del 24 de marzo de 1976 que sumiría al país en un inolvidable e imperdonable baño de sangre. En ambos casos, la colaboración de la derecha argentina fue esencial proveyendo ideas, proyectos, funcionarios, diplomáticos y poniendo su aparato mediático al servicio de los dictadores.
Por contraposición, el 20 de octubre del 2019 Evo Morales ganó las elecciones presidenciales de Bolivia al obtener el 47.08 por ciento de los sufragios contra el 36.51 del candidato de la oposición Carlos Mesa. La legislación electoral de ese país establece que si ningún candidato alcanza el 50 por ciento de los votos válidos debería llamarse a una segunda vuelta electoral, salvo cuando se superase el 40 por ciento y hubiese una diferencia de diez por ciento o más en relación al segundo, cosa que efectivamente se verificó por aproximadamente el 0.60 por ciento del caudal electoral. No obstante ello, sendos informes de la OEA, uno anterior y otro posterior a la votación, señalando supuestas irregularidades en el recuento de los votos instalaron un clima de fraude y sospecha que potenció hasta el infinito las denuncias de una derecha que ya antes del comicio había afirmado que no reconocería otra victoria que no fuera la del candidato de la oposición. Luego de una serie de violentas manifestaciones y ante la incomprensible indefensión oficial, los altos mandos del Ejército y la Policía apoyaron las denuncias de la derecha racista y exigieron la dimisión del presidente Morales. Pocas semanas más tarde diversos informes de organismos académicos estadounidenses, especializados en la temática electoral, confirmaban la transparencia y honestidad de las elecciones bolivianas, pero ya era tarde y Bolivia se desangraba ante la violencia del nuevo régimen. Un año después, el MAS boliviano recuperaba la presidencia aplastando electoralmente a la derecha golpista.
El más reciente capítulo de esta fraudulenta saga de la derecha latinoamericana se está escenificando en estos días, en junio del 2021, en el Perú, donde el candidato presidencial de la izquierda, Pedro Castillo, se impone ante la corrupta representante de los poderes fácticos en ese país, Keiko Fujimori. Pese a los virulentos reclamos de la oposición el conteo definitivo le otorga una ventaja clara, aunque pequeña, al candidato de Perú Libre. Complejos procedimientos de chequeo de actas con irregularidades realizadas por organizaciones especializadas concluyen que en ningún caso éstas alteran el resultado electoral. Pese a ello la coalición derechista ha apelado a toda clase de recursos, incluyendo el subrepticio llamado a un golpe militar hecho por Mario Vargas Llosa para impedir que Perú “caiga en las garras del totalitarismo chavista.” Hubo inclusive un pronunciamiento de militares retirados en ese sentido, enérgicamente repudiado por el presidente Francisco Sagasti. De todos modos no se descarta que pueda producirse un golpe parlamentario encaminado a anular las elecciones o a descalificar a su ganador, Pedro Castillo.
Desgraciadamente, el Congreso de la República del Perú, compuesto por 130 miembros, cuenta con atribuciones para destituir al presidente por múltiples causas, entre ellas la muy enigmática “incapacidad moral”. La presidenta de esa institución, Mirtha Vásquez -frenteamplista de extensa experiencia en defensa de los derechos humanos en su país- ha llamado a la reflexión a sus colegas para evitar convertirse en cómplices de la maniobra destituyente o golpista de la derecha. Para que tal cosa suceda ésta debe controlar los dos tercios de los votos en el Congreso, o sea 87 congresistas. Que por ahora no tiene pero, como se rumorea en Lima, “no los tiene pero los puede alquilar.” El éxito o no de esta maniobra dependerá, como siempre, de la capacidad de movilización y organización de las fuerzas de izquierda que se opongan a la misma. El desenlace de esta elección lo conoceremos en los próximos días.
Conclusión de este breve repaso: cuando gana la derecha, la izquierda admite el veredicto adverso de las urnas; cuando gana la izquierda, la derecha apela al chantaje, al fraude o al golpe militar o institucional, ratificando por enésima vez que la derecha no es ni será democrática. No olvidemos esta lección. A la derecha no se le puede confiar ni un tantito así, ¡nada!, como decía el Che Guevara en relación al imperialismo. Y la misma actitud conviene seguir con los hijos putativos del imperio, esparcidos por toda América Latina y el Caribe.
 
 
 
 
 
 
INFORME MUNDIAL SOBRE DROGAS: IMPORTANTE DESCENSO DE CULTIVOS DE HOJA DE COCA EN COLOMBIA
 
El Informe Mundial sobre las Drogas de la ONU fue presentado en Viena. El reporte constata un descenso de cultivo de hoja de coca, pero advierte de que la crisis provocada por la pandemia puede revertir la tendencia.
 
DW de Alemania (https://bit.ly/2So6Lkp)
 
El Informe Mundial sobre las Drogas de Naciones Unidas, difundido este jueves (24.6.2021) en Viena, estima que alrededor de medio millón de personas murieron en 2019 por causas directamente relacionadas con el consumo de drogas, una cifra similar a las de 2018, pero el doble que hace una década. En ese período, también se ha incrementado un 22 por ciento el consumo. Según la ONU, el aumento de muertes se debe a que "el consumo de drogas se ha vuelto más dañino", ya que hay más disponibles y son más potentes.
Las drogas más letales son los opioides, como la heroína, responsables de muertes por sobredosis y vinculadas a enfermedades como el VIH o la hepatitis C. El aumento de los fallecimientos se debe también al gran incremento de las sobredosis atribuidas al uso de opioides sintéticos como el fentanilo. Solo en EE. UU. se registraron en 2019 alrededor de 50.000 muertes por sobredosis por ese tipo de estupefacientes.
El informe de la ONU señala que en 2019, el último año del que se aportan datos, unos 20 millones de personas consumieron cocaína. Eso supone un 0,4 por ciento de la población mundial, un porcentaje sin cambios desde hace diez años, aunque en términos absolutos ha crecido un 22 por ciento en una década debido al aumento de la población total.
Menos cultivos de hoja de coca
El informe de la ONU ha detectado importantes cambios en el mercado de la cocaína. Por un lado, en el año 2019 se produjo una caída del 5 por ciento en el cultivo de hoja de coca, la primera en cinco años, especialmente por un importante descenso en Colombia, que sigue siendo, con diferencia, la principal fuente de esta droga del mundo. La superficie cultivada se mantuvo sin cambios en Perú y se redujo en Bolivia.Pese a ello, el reporte advierte de que la crisis económica generada por la pandemia puede provocar que muchos agricultores en la región se vean forzados a volver o seguir cultivando coca.
Paralelamente a la caída del cultivo, la producción de cocaína se ha duplicado entre 2014 y 2019, hasta un récord de 1.784 toneladas. El análisis de las aguas residuales indica un aumento de la cantidad de cocaína consumida en Europa, uno de los dos principales mercados, junto a Estados Unidos. "Todo ello apunta a un aumento en toda la cadena de suministro de cocaína", se afirma en el informe.
Competencia entre bandas
Pero, además, la ONU señala que nuevos grupos criminales están entrando en el negocio del tráfico de cocaína desde Sudamérica a Europa, controlado por organizaciones italianas a través de alianzas con bandas en España y Colombia. "Ahora, sin embargo, organizaciones de los Balcanes están involucrándose cada vez más en el tráfico y el suministro, y están suprimiendo intermediarios y abasteciendo cocaína directamente desde las zonas de producción en la región andina", afirma el reporte. Esta creciente competencia, explica ese organismo de la ONU, provoca que haya más cocaína disponible y de mayor calidad.
Más consumo y consumidores
Un acceso más fácil a esa droga provocará, probablemente, tanto un aumento del número de consumidores, como de la cantidad que usan quienes toman ya esa droga. Para evitar eso será necesario "una sólida inversión en el tratamiento y la prevención del uso de drogas", alerta el reporte. También sería necesario aumentar la cooperación judicial y policial entre Europa y América para atacar a las redes criminales.
Además, hay que reforzar el control ante las nuevas estrategias para mover la droga desarrolladas por las redes criminales en respuesta a las restricciones a los vuelos comerciales provocadas por la pandemia. La ONUDD habla, por ejemplo, de cómo ha aumentado el uso de aviones ligeros para transportar cocaína desde Latinoamérica durante la pandemia, o el creciente tráfico a través de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Así, pide tanto más control de las licencias de piloto o la compra de fuel de aviación y vigilancia en los puertos que conectan varios países con el Atlántico.
 
 
 
 
 
CARABINEROS DE SAN PEDRO DE ATACAMA RESCATAN A 12 PERSONAS CON PRINCIPIO DE HIPOTERMIA EN CERCANÍAS DE FRONTERA CON BOLIVIA
 
La Tercera de Chile (https://bit.ly/3xTZQyJ)
 
Personal de la Segunda Comisaría de Carabineros de San Pedro de Atacama concretó este martes el rescate de 12 personas con principio de hipotermia en las cercanías de la frontera con Bolivia, en la Región de Antofagasta.
La personas, 10 hombres y dos mujeres de nacionalidad boliviana, fueron encontradas caminando hacia el complejo fronterizo Hito Cajón, ubicado en la ruta CH- 27, a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar.
Carabineros informó que se le prestaron los primeros auxilios a los rescatados y que se dispuso la concurrencia de personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), esto, debido a que habría un grupo de 20 personas aproximadamente que aún se mantendrían atrapados dentro de vehículos, producto de las malas condiciones climáticas.
De acuerdo a información policial, el rescate se registró cerca de las 16.30 horas. El grupo habría ingresado de manera ilegal al país. El operativo se concretó a la altura del kilometro 45 de la ruta fronteriza.
El martes la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso anunciando vientos de intensidad normal a moderada en cordillera y precordillera de la Región de Antofagasta, una condición propicia para la ocurrencia de ventiscas en cordillera y levantamiento de polvo en sector precordilleranos, que tuvieron lugar durante la jornada de este miércoles. Además se adelantó que se registrarían nevadas normales a moderadas en la cordillera, por lo que se actualizó la Alerta Temprana vigente para la Provincia de El Loa y las comunas de Antofagasta y Taltal, por evento meteorológico, que se mantiene vigente desde el sábado.
 
 
 
 
 
VACUNACIÓN VIP Y ANTICIPADA DE LA HIJA DE EVO MORALES DESTAPA CASOS SIMILARES EN BOLIVIA
 
Cuando el calendario oficial recién inició la inmunización a los mayores de 50 años, Evaliz Morales, de 26 años, recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V el 24 de mayo, mismo día que el Presidente Luis Arce.
 
La Tercera de Chile (https://bit.ly/3ql0QJs)
 
“Se saltó la fila”. Así la prensa internacional calificó la inmunización anticipada contra el Covid-19 de Evaliz Morales Alvarado, de 26 años. La hija del expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) recibió la primera dosis del fármaco ruso Sputnik V el 24 de mayo, sin cumplir el requisito de la edad en el cronograma oficial que divide a los bolivianos por rangos etarios y que para esa fecha establecía la inoculación para los mayores de 50 años tras completar recién el proceso en el personal médico. La polémica destapó casos similares con familiares o parejas de autoridades que han recibido un trato preferencial en el manejo de la pandemia.
Cuando Bolivia atraviesa por una nueva ola del coronavirus que amenaza con repetir los trágicos escenarios del año pasado marcados por los colapsos en los centros hospitalarios y la escasez de oxígeno, el país supera los 424 mil casos, con más de 1.500 nuevos contagios en 24 horas, y con un total de 16 mil fallecidos por el virus.
Después de cerrar tratos con Rusia, el mecanismo de reparto internacional Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la reciente donación de México con dosis de AstraZeneca, el Ejecutivo liderado por el Presidente Luis Arce -que recibió la primera dosis de la vacuna el mismo día que Evaliz Morales- ha inmunizado con al menos una dosis de la vacuna a un 14,1% de la población de más de 11 millones de habitantes.
En este complejo escenario y hace una semana se divulgó el carnet de vacunación Covid-19 de la primogénita del líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) y Francisca Alvarado, exdirigente del movimiento Eje Pachakuti. El documento del Ministerio de Salud, que cuenta con un código QR, confirmó los rumores al mostrar los datos oficiales como la fecha y lugar de la inoculación de la joven abogada, que en enero fue contratada en la Dirección General de Defensa de Derechos Humanos y el Medio Ambiente de la Procuraduría General de Bolivia.
Aunque cumple un cargo público, Evaliz debería haber recibido la primera dosis en agosto, cuando el gobierno prevé comenzar la vacunación para las personas de entre 29 y 18 años, fecha en la que la litigante ya tendría completo el esquema de dos vacunas del fármaco desarrollado por Rusia.
El exmandatario por 13 años en primera instancia señaló que desconocía la información y posteriormente defendió a su hija señalando que “alguna información nos dieron, así como en el magisterio están vacunando a todos sin control de edad, me informaron, ojalá que se confirme, que todo el personal de la administración pública que tiene contacto con la ciudadanía tiene que hacerse vacunar”.
Según el diario boliviano Los Tiempos, el país no cuenta con una política preferencial de vacunación a funcionarios públicos de cualquier edad como sí se estableció para los funcionarios sanitarios y el personal del sector educativo.
La vacunación anticipada de Evaliz Morales -reconocida legalmente por su padre en 2002, cuando era diputado y después de una demanda judicial en su contra- se habría realizado en una clínica de la Caja Bancaria Estatal de Salud (CEBS). Tras la denuncia, la Autoridad de Supervisión de la Seguridad de Corto Plazo (ASUSS) realizó una “severa llamada de atención” al director del CEBS, Edgar Flores, quien fue destituido del cargo después de emitir un “informe exhaustivo del tema”.
De acuerdo al diario paceño Página Siete, el encargado del CEBS defendió que la aplicación de la dosis a Evaliz fue debido a que desde el 6 de mayo el “ente gestor empezó a inmunizar a los asegurados mayores de 18 años con patología de base”. Sin embargo, hoy el mismo medio reveló que la hija de Evo Morales se comprometió a volver al lugar para presentar un certificado médico para confirmar una enfermedad de base, hecho que nunca ocurrió.
Vacunas VIP
El caso de Evaliz Morales, que dejó Bolivia acompañada de su hermano Álvaro Morales tras la renuncia de su padre por las protestas de 2019 y volvieron en diciembre pasado, se suma a una investigación lanzada en marzo pasado, cuando el gobierno anunció que en cuatro de las nueve regiones del país se estaban registrando “presuntas vacunaciones irregulares” de personas al margen del calendario oficial. Según el diario boliviano Gestión, en ese momento las autoridades anunciaron procesos judiciales contra el personal que administra las vacunas y los beneficiados.
La viceministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Susana Ríos, señaló esta semana que están solicitando “información permanente de las cajas de salud, servicios departamentales de salud y Ministerio de Salud para hacer el control sobre el uso de las vacunas. Para evitar que haya este tipo de vacunaciones VIP”.
En las últimas horas, la prensa boliviana confirmó que la base de datos del Ministerio de Salud confirmó que la novia del gobernador opositor de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, la odontóloga Fátima Jordan Bravo, de 29 años, recibió la primera dosis del fármaco chino Sinopharm el 10 de marzo y su segunda dosis estaba programada para el 31 de marzo.
Tras una revisión a la información en el Registro Nominal de Vacunación Electrónica (RNVE) y el Sistema Único de Salud (SUS), el diario Página Siete constató que cuando el país pasó a inmunizar oficialmente a los mayores de 40 años, la esposa del ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, Adriana Omonte, de 34 años, al igual que las hijas del fiscal general, Juan Lanchipa, Roxana, de 32 años, y Liz, de 37 años, ya fueron inoculadas.
 
 
 
 
SENADOR ANDRÓNICO RODRÍGUEZ: «TODOS DEBEMOS SENSIBILIZARNOS Y SOLIDARIZARNOS CON QUIENES MÁS LO NECESITAN EN ESTE MOMENTO COMPLICADO QUE VIVE EL PAÍS»
 
El joven boliviano relata su experiencia durante el Golpe de Estado en su país y reafirma la importancia de trabajar por y para el pueblo de Bolivia
 
El Ciudadano de Chile (https://bit.ly/3zWeV4k)
 
Nacido en una familia cocalera, formado por Evo Morales, el senador Andrónico Rodríguez es uno de los líderes jóvenes surgidos en los turbulentos meses que rodearon al golpe de Estado de 2019. En diálogo evaluó los grandes cambios registrados en el país en solo un año.
Con el derrocamiento de Evo Morales (2006-2019) y la persecución a dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) por parte del Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020), surgieron varios líderes sociales jóvenes. El más destacado es Andrónico Rodríguez, de 32 años, quien es presidente del Senado y, por consiguiente, tercero en la línea de sucesión presidencial, por detrás del primer mandatario Luis Arce Catacora y su vicepresidente David Choquehuanca.
Rodríguez se hizo conocido en todo el país tras el golpe de Estado, el 10 de noviembre de 2019. En ese momento era vicepresidente de las organizaciones campesinas cocaleras reunidas en las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, la organización social más fuerte del país, en la que Morales inició su carrera política en la década del 80.
«Estuve prácticamente a un pelo de ser detenido por algunos personeros del Ejército, por ayudar a la gente que más lo necesita», comentó. Se refería a la actividad solidaria que desempeñó con las organizaciones durante la primera ola de contagios de COVID-19, que arrasó al país entre marzo y octubre de 2020.
En ese momento, varios sindicatos campesinos reunieron su producción de alimentos y las llevaron en camiones a las ciudades, donde las regalaron a las familias de barrios empobrecidos.
En varias ocasiones fueron detenidos por el Gobierno de facto, con la excusa de que vulneraban la cuarentena rígida dispuesta por Áñez para evitar contagios. Tener a toda la población encerrada también ayudaba a la expresidenta a evitar las protestas de quienes la acusaban de haber usurpado el cargo.
Un año después, Rodríguez es senador del Estado Plurinacional, mientras Áñez y muchos de sus colaboradores enfrentan procesos judiciales en la cárcel por su participación en la ruptura del orden constitucional en 2019.
Desde su actual cargo, Rodríguez está enfocado fuertemente en seguir apoyando a las familias bolivianas que pasan necesidades: «Ahora continuamos con nuestro gesto solidario hacia quienes más lo necesitan. Esperemos también que muchos hermanos y hermanas compartan lo poco que tienen», dijo el senador.
La llegada de la ansiada ayuda
Katerin y su hijo Sebastián, que ese día cumplía siete años, esperaban a la llegada del vehículo oficial por la calle polvorienta y pedregosa de El Abra, el barrio de Cochabamba donde viven en una habitación alquilada. El niño, quien sufre de parálisis, pasaba la mayor parte del día en un carrito de bebé, que ya estaba derruido y de donde sobresalía su frágil cuerpo.
Días antes, la mamá había escuchado hablar al senador por la Radio Kawsachun Coca (RKC). Sin dudarlo, se comunicó con la emisora y les contó todo el sufrimiento que atraviesan ella y sus dos pequeños hijos.
El pedido de ayuda llegó a oídos de Rodríguez, quien organizó una colecta en el Parlamento para comprarle una silla de ruedas, alimentos y otros productos de primera necesidad, que trabajadores del Senado descargaron en la vivienda del niño.
También estaba presente la diputada Pamela Terrazas, del MAS, quien regaló a Sebastián una torta decorada con la cara de un dinosaurio. De repente, el chiquito se encontró rodeado de funcionarios y periodistas con barbijo que le cantaron el feliz cumpleaños.
El senador preguntó a la mamá por su marido. Ella le dijo que los había abandonado. Katerin también le contó que está tapada de deudas con el banco, lo cual le impide dar a su hijo el tratamiento médico necesario.
«Todo va a salir bien, mi hermana. Lo gestionaremos», se comprometió Rodríguez. Como integrante de la Comisión de Gestión Social, el senador visita cotidianamente a familias con problemas, a las cuales ayuda.
«Estoy muy contento de al fin conocer a Sebastián, justo hoy, el día de su cumpleaños. Me conmueve la historia de la madre, enterarme del abandono del padre de Sebastián», dijo Rodríguez.
«Su mamá está con deudas económicas y no tiene productos de primera necesidad, lo cual es lamentable en este momento de crisis sanitaria, que también está causando crisis económicas a las familias», comentó.
Explicó que la Comisión de Gestión Social del Senado funciona con aportes del 50% del salario de algunos legisladores, así como recursos donados por privados y otras instituciones. «Todos debemos sensibilizarnos y solidarizarnos con quienes más lo necesitan en este momento complicado que vive el país», aseguró el senador, que realiza visitas de este tipo los sábados y domingos, cuando lo permite su labor parlamentaria.
Sobre el pedido de la mamá para dar tratamiento médico a Sebastián, el senador afirmó que se contactará con el Ministerio de Salud. También vería la posibilidad «de que algunas clínicas privadas ayuden. Tenemos algunos casos en los cuales se han sumado y, en vez de cobrar un monto determinado, cobraron el 50%. Nosotros tratamos de juntar dinerito y pagamos».
«Vamos a ayudar en su tratamiento a Sebastián. Esperemos que vaya mejorando. Hasta hace un momento no tenía silla de ruedas. Pero desde hoy comenzaremos a aliviar a la madre también», sostuvo Rodríguez.
Cocalero de origen
El presidente del Senado nació en 1988 en Sacaba, la misma alcaldía donde vive Sebastián. A los ocho años se fue con su familia a vivir al municipio de Entre Ríos, en el Trópico de Cochabamba, porque su papá Carlos se dedicaba al cultivo de la hoja de coca.
Don Carlos lo llevaba a las reuniones con los campesinos, donde el pequeño Andrónico notó que tenían convicciones muy fuertes, pero en algunas ocasiones les faltaban recursos argumentativos para defender sus verdades. Por ello, a los 18 años entró a estudiar Ciencias Políticas a la Universidad Mayor de San Simón, donde se recibió en 2011, a los 23 años.
Entonces empezó a trabajar políticamente con las juventudes de las Seis Federaciones y, hasta ahora, no paró de ascender y de crecer su influencia en la población.
De hecho, cuando el MAS tuvo que elegir candidatos a la presidencia para las elecciones de octubre de 2020, gran parte de la militancia pedía que la fórmula fuera Choquehuanca a la presidencia, Rodríguez a la vicepresidencia.A pesar de que Morales se encargó en gran medida de su formación, finalmente descartó a Rodríguez porque lo consideró «muy joven para ser candidato». Aunque reconoció que encabezaba las primeras encuestas, realizadas en enero de 2020.
Luego del golpe contra Morales, el todavía vicepresidente de las Seis Federaciones encabezó varias movilizaciones y protestas contra el Gobierno de facto. En este sentido, el ahora senador reafirmó que Bolivia sufrió en 2019 una ruptura del orden constitucional, al contrario de lo que afirman quienes todavía reivindican al gobierno de Áñez.
«La narrativa del golpe de Estado se construyó en base a varios hechos irregulares. Entre ellos se suman las masacres, el daño económico al Estado, la convulsión desmedida en nuestro país», enumeró Rodríguez.Y agregó: «Desde el inicio de su mandato hemos mencionado que no hay donde perderse, que se han cometido irregularidades, ilegalidades y actos inconstitucionales».
Rodríguez recordó que «la señora Áñez simuló ser presidenta de la Asamblea, así de manera muy rápida se autoproclamó. Fue investida por un militar, además que no hay ninguna resolución del Tribunal Constitucional, mucho menos de la Asamblea, para avalar ese acto».
Por ello, se preguntó: «¿Desde qué punto se puede decir que es legal y constitucional la asunción de la señora Áñez?».
«No fue un golpe de Estado tradicional, como se los conoce, con militares. Sin embargo, los hechos irregulares de forzar las renuncias de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados han roto el orden constitucional y han allanado el camino para la asunción ilegal de Áñez», consideró.
La oposición escandalosa
El senador también se refirió a los últimos escándalos que salpican a la oposición boliviana, especialmente a quienes estuvieron inmiscuidos en el Gobierno de Áñez, presa desde marzo pasado por varios delitos que habría cometido durante su irregular asunción.
Primeramente, Rodríguez habló del «préstamo» de gases y agentes químicos de parte del Gobierno de Lenin Moreno (2017-2021), de Ecuador, para que los funcionarios de Áñez reprimieran a quienes protestaban contra su mandato.
«Nuestros hermanos parlamentarios de Ecuador están estudiando de manera muy detallada esta situación. Nos preocupan estos acuerdos entre ambos Gobiernos, que hayan llegado al extremo de prestarse gases para reprimir al pueblo boliviano», dijo Rodríguez.
El caso se conoció a raíz de una carta del Gobierno ecuatoriano, solicitando la devolución de los gases prestados. «En las cámaras de Diputados y Senadores vemos la posibilidad de viajar allá si es necesario», comentó, y detalló que varios ministerios del Gobierno realizan las investigaciones correspondientes para saber de qué manera reaccionar a este pedido.
ara Rodríguez, deberían responder los exministros de Gobierno Arturo Murillo —que fue detenido en EEUU y luego liberado bajo fianza— y el de Defensa, Luis Fernando López —escondido posiblemente en Brasil—, «quienes finalmente negociaron este préstamo. La responsabilidad debería recaer sobre estas exautoridades. Pero, como Estado, es nuestra responsabilidad sin duda hacer la devolución».
El caso Audios
Días atrás, la revista digital The Intercept, de Estados Unidos, dio a conocer audios que pertenecerían al exministro López, en los cuales negociaba con ciudadanos norteamericanos la llegada a Bolivia de 10.000 mercenarios extranjeros para evitar la asunción del presidente Arce, en noviembre del año pasado.
«Teníamos información extraoficial antes de que juramente el presidente Lucho. Nos decían que había la posibilidad de que sectores de las Fuerzas Armadas y de la Policía ejecutaran un plan para impedirlo», comentó Rodríguez.
Senadores del MAS pidieron a la Fiscalía investigar la veracidad de los audios. De ser así, se buscará sancionar a los involucrados «de manera muy drástica, según el Código Penal, para que estos hechos nunca más vuelvan a ocurrir», afirmó.
«El pueblo tiene que saber la verdad de sus planes de la derecha para generar inestabilidad en nuestro país. La convulsión se ha iniciado antes de las elecciones de 2019 y se extendió hasta el último día de su gestión», aseguró.Y evaluó que «esos delitos deben ser sancionados desde todo punto de vista. Ojalá la Fiscalía pueda promover estas investigaciones».
El informe de la Iglesia
El presidente del Senado ofreció su análisis sobre el informe presentado por la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) el pasado 15 de junio, en el cual desvirtuaban la teoría de que Morales fue derrocado por un golpe de Estado.
«La Iglesia está envuelta en un mundo de incoherencias e incongruencias. Desde un inicio ha sido supuestamente mediadora para pacificar el país. Sin embargo, se ha visto a sus representantes en varias oportunidades reunidos con la señora Áñez», dijo Rodríguez.
Y recordó que la CEB también se reunió con políticos opositores y embajadores extranjeros «para allanar el camino que ha permitido a la señora Áñez simular su presidencia del Senado, de la Asamblea y finalmente del Estado, autoproclamándose en un espacio muy tenso».
Evaluó como «lamentable que algunos personeros de la Iglesia utilicen su nombre para avalar la transición totalmente irregular de la señora Áñez».Y agregó: «A estas alturas pretenden justificar los hechos de los cuales han sido partícipes para enlutar al pueblo boliviano con las masacres de Sacaba, de Senkata, con la megacorrupción, con el daño económico. Han perjudicado al país entero, no solo a Evo o al MAS».
 
 
 
 
 
ESTABLECEN ALIANZA DE COMUNICACIÓN PARA FORTALECER RUNASUR
 
Con Runasur se concreta la idea, largamente acariciada por las organizaciones populares del continente, de posibilitar un proceso de integración desde los pueblos que complemente y enriquezca a las instancias oficiales interestatales de integración.
 
Alainet Org de Argentina (https://bit.ly/3x6hJdH)
 
Bajo los buenos auspicios del año nuevo 5529 de los pueblos andino-amazónicos y del Chaco, tuvo lugara comienzos de esta semana una reunión virtual para forjar un principio de colaboración entre la naciente RUNASUR y el Foro de Comunicación para la Integración de NuestrAmérica (FCINA).
Con Runasur se concreta la idea, largamente acariciada por las organizaciones populares del continente, de posibilitar un proceso de integración desde los pueblos que complemente y enriquezca a las instancias oficiales interestatales de integración.
La concepción fundante del proyecto, sin embargo, va mucho más allá. Se trata de labrar una América Plurinacional desde las múltiples identidades habitantes de la región con un carácter decididamente antiimperialista, como alternativa al sistema colonial neoliberal, que pretende continuar con la indebida apropiación de riquezas y depredación de recursos.
El impulso cobró volumen a partir de la iniciativa del ex presidente de Bolivia Evo Morales Ayma, quien convocó a un primer evento en Diciembre de 2020 en San Benito (Cochabamba) bajo el lema “Encuentro de los Pueblos del Abya Yala hacia la construcción de una América Plurinacional”.
Del cónclave, en el que participaron delegaciones de trece nacionalidades, entre ellas integrantes de agrupaciones sindicales de Argentina, del movimiento indígena originario campesino de Bolivia, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y de movimientos sociales de Venezuela, surgió el mandato de conformar la “Unasur de los Pueblos”, RUNASUR (del quechua runa: persona, gente).
A partir de allí se configura una Comisión Técnica, compuesta por delegados de Bolivia, Argentina, Ecuador y Venezuela, cuya misión es proponer ejes ideológicos, una estructuración y modos de funcionamiento de características algo diferentes a las utilizadas en los organismos interestatales, propuesta a ser debatida próximamente en el marco de una Asamblea Plurinacional, como máximo órgano de decisión de RUNASUR.
Entre los temas abordados por la Comisión Técnica, destaca el rol estratégico de la comunicación política, que entre sus objetivos coloca la consolidación de un proceso de articulación comunicacional, una red de redes de las voces populares para hacer frente a la maquinaria de producción de sentidos de los medios monopólicos.
En esa estrategia de conexión con las múltiples expresiones comunicacionales de los pueblos latinoamericanos se enhebra la relación con el Foro de Comunicación para la Integración de NuestrAmérica (FCINA), una articulación surgida desde la necesidad de mancomunar esfuerzos para colocar la participación popular como una clave de los procesos de integración regional, sin la cual éstos – tal como sucedió – se debilitarían irremediablemente.
Al mismo tiempo, desde su creación en 2013 el FCINA señaló el imperativo de instalar en la agenda continental la democratización de la comunicación como requisito impostergable para el avance de las justas demandas populares y su convergencia regional.
Acuerdo de colaboración entre RUNASUR y FCINA
Ante el intencional vacío informativo de los medios corporativos sobre la creación de Runasur y la falta de conocimiento de la ciudadanía, incluso de muchos movimientos organizados en territorio, sobre la propuesta se acordó la colaboración mutua en las acciones de difusión a ser desarrolladas para dar a conocer las pautas y el posicionamiento del organismo en vías de gestación.
Del mismo modo, se entablaron vías de contacto fluido para generar y distribuir de manera permanente información sobre RUNASUR a través de las más de 30 redes, medios de comunicación y coordinaciones sociales que integran el FCINA.
En el encuentro se pudieron también concretarse primeras imágenes de actividad a ser realizadas en lo inmediato, entre las que estarían la realización una entrevista colaborativa y la coordinación de una campaña en el ámbito digital.
De la reunión participaron por la Comisión Técnica RUNASUR, las responsables de comunicación Cecilia Urquieta y María Fernanda Ruiz junto a miembros de diversas redes de comunicación y organizaciones sociales nucleadas en el foro.
El acuerdo se cerró con expresiones de sintonía y deseos de empujar juntos un proceso continental que emane de las más profundas aspiraciones de los pueblos.