Cuando a Edith le segaron la vida tenía 26 años y a su hijo de solo seis le quitaron el derecho de crecer junto a su madre. El delito se consumó en abril de este año y horas después su esposo y victimario se quitó la vida argumentando en una carta póstuma que el “feminismo era la causa de los asesinatos” y que se debía “volver a la era pasada”, cuando “todo estaba bien” y las mujeres “obedecían a los hombres”.
En
lo que va de 2021, los crímenes en razón de género engrosan una lista de 55
víctimas fatales en Bolivia. El promedio de feminicidios es de uno cada tres
días, una cifra prácticamente invariable en los últimos ocho años, desde que
rige en el país la “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre
de Violencia Nº 348”, cuya aplicabilidad es cuestionada hoy desde diversos
frentes.
Un
total de 840 mujeres han muerto a manos de sus feminicidas desde 2013, según el
registro oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras que datos
recogidos por una comisión legislativa dan cuenta de que únicamente en el 37,8%
de los casos —es decir, solo en cuatro de cada diez— se logró una sentencia
ejecutoriada contra los criminales.
“Queremos
celeridad en los procesos, que las autoridades judiciales y los operadores de
justicia actúen en el marco de la normativa vigente. Queremos justicia para
todas las familias de los casos de feminicidio”, dice la diputada Estefanía
Morales, presidenta de la Comisión Especial Mixta de Investigación Sobre la
Retardación en la Atención y Resolución de casos de Feminicidios y Violencia
hacia las Mujeres de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
La
comisión fue creada el 17 de diciembre de 2020 precisamente para indagar qué es
lo que demora los procesos judiciales en contra de los feminicidas. Los
legisladores que la conforman recorrieron diversas regiones del país recogiendo
información y este 18 de junio debían presentar un informe a la Asamblea, pero
su tiempo de trabajo fue ampliado hasta diciembre de este año. Por ahora,
Morales adelanta que el número de criminales castigados conforme a la ley ni
siquiera llega al 40%.
En
reuniones con el Órgano Judicial, la Defensoría del Pueblo y la Policía también
se acordó dar seguimiento a 87 casos en los que los familiares solicitaron una
auditoria jurídica del proceso. Con un sistema judicial y una Policía acusados
de incompetencia, corrupción y falta de compromiso con esta problemática, la
comisión también ha denunciado a fiscales y a vocales de las Cortes Superiores
de Justicia por incumplir sus funciones.
El
tercero con las tasas más altas
El
feminicidio es la forma de violencia más extrema ejercida por los varones sobre
las mujeres y en la mayoría de los casos es acompañado o precedido de otras
formas de violencia. En Bolivia, este delito se encuentra tipificado en el
artículo 252 del Código Penal, incorporado mediante la Ley Nº 348.
De
acuerdo con el estudio “Los rostros de la violencia de género”, publicado este
15 de junio y que aborda un periodo de nueve años (de 2010 a 2018), Bolivia
ocupa el tercer lugar entre los países de América Latina y el Caribe con las
tasas más altas de feminicidio: 2,3 por cada 100.000 mujeres, solo precedido
por El Salvador y Trinidad y Tobago.
“Esto
nos muestra que Bolivia está en un tercer lugar al nivel de los países
centroamericanos, considerados los de mayor violencia contra las mujeres, a
gran distancia de México o Brasil, que son más cercanos y que si bien presentan
un número elevado de feminicidios, tienen tasas más reducidas (1,4 y 1,1,
respectivamente)”, expone Marlene Choque, la investigadora a cargo del estudio.
Añade
que en el 75% de los casos, es decir, tres de cada cuatro, las víctimas fatales
tenían entre 20 y 44 años. “Las mujeres en Bolivia están siendo asesinadas en
la edad reproductiva, en la edad en que conforman sus familias y cuando están
estableciendo sus proyectos personales de vida”.
Con
respecto al victimario, la investigación confirma que los feminicidios son
cometidos por personas con vinculación íntima y sentimental (esposo, concubino,
novio y expareja) en el 65% de los casos.
El
año con mayor número de víctimas fue 2018, con 128 asesinatos, y 2020 cerró con
113. El primer caso de 2021 se produjo dentro de un centro penitenciario en la
ciudad de Pando, frontera con Brasil, donde una mujer que ingresó de visita fue
asesinada por su propio esposo sin que el sistema carcelario hubiera evitado la
tragedia.
“La
prevención de la violencia debe enfocarse no solo en la víctima; el estudio nos
exige tomar en cuenta al círculo social y la importancia que tiene el grupo
para salir del círculo de violencia (…) Como Estado debemos exigirnos medidas
más asertivas contra la violencia y el enfoque debe ser multinivel y
multisectorial”, dice Claudia Peña, directora de Prevención e Eliminación de
Toda Forma de Violencia, dependiente del Ministerio de Justicia.
Otro
de los ejes de trabajo de la comisión es reducir las cifras de violencia
intrafamiliar. “Nos llama la atención el número de casos. Vamos a coordinar
para que funcione mejor el botón de pánico, queremos las mujeres puedan
denunciar desde sus casas para que la Policía acuda de inmediato a auxiliarlas”,
adelanta la diputada Morales sobre este mecanismo creado hace dos años para que
las víctimas sean socorridas, pero que por ahora solo se activa en casos de
denuncia previa ante la autoridad competente.
Solo
en 2020, y pese a que el confinamiento por la pandemia representó un obstáculo
para las denuncias, en especial entre abril y junio, el país reportó cerca de
35.000 casos de violencia intrafamiliar.
Causas
de la violencia
“El
machismo reacciona ante un factor que es por el que peleamos: el manejo de
poder sobre la vida y el cuerpo de las mujeres. Lo que más violenta a una
persona es la pérdida de poder sobre algo que considera de su propiedad, que es
lo que regularmente hacen los machistas. Cuando ya no pueden hablar ni
chantajear, usan la fuerza física como única forma de ejercer dominio, y si aun
así la otra persona no se deja, les queda matarla”, reflexiona Carla Gutiérrez,
directora ejecutiva del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza.
Gutiérrez
coincide con Choque en que el feminicidio es un proceso precedido de diversos
tipos de violencia que van en escalada. “No es un evento aislado, ni un crimen
conyugal ni fruto de arrebatos pasionales u hormonales. En la relación hay
cambios de estrategias discursivas donde el varón infringe daño, pide perdón,
promete cambio y esto lleva a la pérdida de autonomía de las víctimas, a lo que
se suman la baja autoestima de las mujeres y el debilitamiento de los lazos
sociales de auxilio”, afirma Choque.
Por
consiguiente, la comprensión de esta problemática no se reduce solo a
culpabilizar a la víctima, y la Ley Nº 348 poco ha conseguido al respecto.
“El
gran problema es su implementación y no su formulación. Si no hay presupuesto
suficiente para que se operativice y si las entidades no tienen claridad respecto
de sus contenidos no vamos a poder conseguir resultados. La ejecución de la ley
se centra en la atención de los casos de violencia y muy poco se trabaja en la
prevención y la recuperación de las víctimas”, sostiene Gutiérrez.
Cita
como ejemplos que los procesos judiciales resultan costosos, que los litigantes
deben correr con los honorarios del abogado y el pago de memoriales, incluso
costear el pasaje de los policías a cargo de la investigación, lo que deriva en
el abandono de las causas.
Se
suma la alta rotación en los cargos que deberían estar institucionalizados,
como los de los funcionarios del Ministerio Público, las alcaldías y las
gobernaciones a cargo de esta temática, a quienes, además, no se capacita
adecuadamente para atender las 16 formas de violencia reconocidas en la norma.
En
el ámbito penal, “el proceso es muy burocrático y se alarga. El agresor
presenta recursos y llega a obtener detención domiciliaria, con escaso control
de parte de la Policía, y vuelve a las calles y amedrenta a familiares. El
proceso inicia viciado. Hay que hablar de la integridad de ciertos policías y
fiscales cuando habiendo pruebas los procesos son retardados”, afirma.
En
la línea de promover un cambio desde los cimientos, la comisión mixta de
legisladores que se ocupa del tema propuso la semana pasada al Ministerio de
Educación incluir el tema en los contenidos del currículo educativo, desde el
nivel inicial.
En
el caso más reciente de feminicidio en Bolivia, Ana L.M.G., de 23 años de edad,
perdió la vida al caer del tercer piso de un edificio en la ciudad de El Alto,
en el departamento de La Paz. El Ministerio Público sostiene que todos los
indicios apuntan a que se trató de un crimen en razón de género cometido por
dos hombres que estaban con ella en ese momento. La familia de Ana clama y
espera que se haga justicia. AA de España (https://bit.ly/3q4MnBg)
TRAS
AVALAR EL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA, AHORA MACRI SE ERIGE EN CUSTODIO DE LA
DEMOCRACIA
Minuto Uno de Argentina
(https://bit.ly/3q6EoDE)
El
ex presidente Mauricio Macri sigue recorriendo el país para presentar su libro
"Primer Tiempo" y adelantar la campaña electoral de cara a las
elecciones Legislativas de noviembre próximo. Mientras sigue defendiendo su
gestión, repartiendo culpas hacia afuera y evitando cualquier atisbo de
autocrítica por los fracasos de su Gobierno, Macri adopta cada vez más un tono
apocalíptico al mejor estilo Elisa Carrió en lo que se prevé será el cariz de
la campaña de Juntos por el Cambio, una nueva "campaña del miedo".
Ahora
Macri se autoerigió en custodio de la democracia. Macri, que en tanto
presidente la Argentina avaló el Golpe de Estado que depuso al gobierno
constitucional de Evo Morales en Bolivia, ahora pretende presentarse como
garante de los valores democráticos.
O
somos nosotros o no hay más democracia, dijo palabras más palabras menos en la
presentación de su libro en lo que puede ser interpretado también como una
amenaza.
"Creo
que esta es la elección más importante desde la vuelta a la democracia,
definimos si vamos a seguir viviendo en democracia en libertad o en lo que hoy
se llama autocracia, que es la pérdida de las libertades y de la convivencia
republicaba", sentenció Macri.
CORRUPCIÓN,
GOLPE DE ESTADO Y UNA OPOSICIÓN DESARMADA
Tras la detención del ex ministro
Arturo Murillo, la oposición al gobierno del MAS se ha quedado sin argumentos
para negar la existencia de un golpe de Estado en noviembre de 2019.
Alianet Org. De España
(https://bit.ly/3zz8RPh)
La
detención e inicio de un proceso penal por soborno y lavado de dinero al
Ministro de Gobierno y hombre fuerte del gobierno de facto de Bolivia
(2019-2020) Arturo Murillo y sus cómplices en Miami, donde buscaban refugio
seguro, ha dejado a toda la oposición política, mediática y social al
Movimiento Al Socialismo (MAS) y al gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca
totalmente desconcertada. Sin capacidad y argumentos para mantener el discurso
de que en Bolivia no hubo Golpe de Estado en noviembre de 2019, y que lo que se
habría establecido entonces fue un gobierno constitucional.
Murillo,
junto al que fuera Ministro de Defensa, Fernando López, hizo compras dolosas de
material de represión con la aprobación de varios Decreto Supremos,
consiguiendo beneficios ilegales de más de dos millones de dólares “blanquedos”
en bancos norteamericanos; este hecho de corrupción se suma a otros como la
compra de respiradores chinos y españoles (inservibles para enfrentar casos de
Covid), material sanitario, así como negociados en las empresas de telecomunicaciones,
hidrocarburos y otros.
Mediante
decretos, ese gobierno también autorizó y ejecutó las masacres de Senkata,
Pedregal y Sacaba, consecuencia del Golpe de Estado, donde murieron casi
treinta personas por disparos de armas militares y policiales. Fue el propio
Murillo quien realizó la persecución y apresamiento de centenares de dirigentes
políticos y sociales que se manifestaron en su contra.
Tanto
Comunidad Ciudadana (CC) de Carlos Mesa como CREEMOS de Fernando Camacho han
intentado por todos los medios negar su implicación directa con el gobierno de
facto de Jeanine Añez, cuando ellos fueron parte de la conspiración, junto a
Jorge Quiroga, Samuel Doria, algunos obispos católicos, los embajadores de
Brasil y la Unión Europea y un funcionario de la Embajada de Estados Unidos.
Estos actores nombraron e impulsaron, al margen de la ley, a Añez, y fueron
parte de la distribución de cuotas de poder en el malhadado régimen.
Recientemente
los obispos de la Conferencia Episcopal -no así la iglesia católica y sus
diversas manifestaciones-, han intentado justificar su rol protagónico en la
gestación y ejecución del Golpe de Estado mediante un documento oficial que
reconoce que en las oficinas de la Universidad Católica se realizaron reuniones
con dirigentes políticos opositores y parlamentarias del MAS para buscar una
salida a la situación de crisis; sin embargo no hacen ninguna referencia a sus
reuniones con Añez a pocas horas de autoproclamarse presidenta, a las masacres
de manifestantes populares en La Paz y Cochabamba y a su campaña favorable al
gobierno de facto.
De
igual manera medios escritos como El Deber de Santa Cruz y Pagina Siete de La
Paz, televisoras como UNITEL o emisoras de radio como Panamericana, Fides y
Erbol, han dado la espalda a Murillo cuando fueron estos medios de comunicación
los que impulsaron y dieron cobertura a la ruptura constitucional y las
acciones más nefastas de la represión y la persecución política y social. Como
parte del Golpe de Estado, sectores de la Policía Nacional llevaron adelante un
motín y levantamiento en tanto que el Comando de las Fuerzas Armadas demandaron
la renuncia del presidente Evo Morales.
Asimismo,
la oposición, después de haber reclamado por la detención de la presidenta de
facto Jeanine Añez y de dos de sus ministros, ha quedado enmudecida, en tanto
que la Fiscalía General del Estado ha iniciado una serie de procesos e
investigaciones a las autoridades del gobierno de facto y la Asamblea
Legislativa Plurinacional está preparando un Juicio de Responsabilidades por la
ruptura de la democracia en Bolivia y por todos los actos de corrupción y
desgobierno durante la gestión de Añez.
BOLIVIA
Y EL MAS NO NEGOCIAN LA IMPUNIDAD
Kaos en la red de España
(https://bit.ly/3vzweF3)
La
anterior semana se llevó a cabo, en la Cámara de Diputados de la Asamblea
Legislativa de Bolivia, la interpelación a Eduardo Del Castillo, Ministro del
Gobierno actual. Los asambleístas tanto de la oposición como del oficialismo
llevaban pancartas, cuyos textos hacían alusión a hechos que ocurrieron antes
de la toma de posición de Luis Arce Catacora. Fue una interpelación tensa llena
de insultos, descalificaciones y griteríos. Del Castillo empezó leyendo los
nombres de los muertos en las masacres de Senkata y Sacaba. Y, al mismo tiempo,
pedía justicia por los caídos. Luego se mostró un largo video, en donde se
vieron atropellos contra los Derechos Humanos durante la dictadura de Jeanine
Añez y su Gobierno. La bulla era cada vez más intensa en el parlamento. El
Ministro, Del Castillo, muchas veces tuvo que alzar la voz para ser escuchado.
Se presentó también documentos fehacientes, un par de ellos firmados por la
propia Añez, que justifican la detención de la señora Jeanine Añez. Asimismo,
se exhibió documentos fidedignos que atestiguan que en ningún momento hubo
fraude electoral, sino más bien golpe de Estado. El interpelado invitó a la
oposición a presentar pruebas del “supuesto fraude”. Lo cierto es que todas
estas verdades minuciosamente acreditadas, se convirtieron en una cadena pesada
para la oposición. No pudieron aguantar. Las injurias y los chillidos se
incrementaron. El ministro, en un momento dado, gritó por el micrófono:
“cómplices, cómplices asesinos, cómplices de la corrupción, cómplices del
narcotráfico” haciendo referencia a los asambleístas de los partidos fascistas
Comunidad Ciudadana y Creemos.
No
podemos olvidar a las personas que participaron en el golpe de Estado. A los
jinetes y las sirenas del Apocalipsis en Bolivia como: Carlos Mesa (agente de
la CIA), Roxana Lizárraga (acusada de genocidio, prófuga de la justicia),
Samuel Doria Medina, Karen Longaric (prófuga de la justicia), José Luis Parada,
María Elba Pinker (prófuga de la justicia), Marcelo Navajas, Yerko Núñez
(prófugo de la justicia), Jorge “Tuto” Quiroga (agente de la CIA), Ricardo Paz,
Luis Fernando López (acusado de genocidio, prófugo de la justicia), Erik
Foronda Prieto (agente de la CIA), Williams Kaliman, Yuri Calderón, Arturo
Murillo (acusado de genocidio, prófugo de la justicia), Jerjes Justiniano, Carlos
Sánchez Berzaín (acusado de genocidio, prófugo de la justicia), Marco Pumari,
Luis Fernando Camacho (agente de la CIA) Waldo Albarracín, Óscar Ortiz, Jeanine
Áñez (acusada de genocidio, recluida en la Cárcel de Miraflores) y otros. Tampoco podemos ignorar la intromisión
fascista de la Iglesia Católica en el golpe de Estado, el autoritarismo
infundado y aberrante de la Universidad Católica en La Paz, las blasfemias de
algunos pastores que asistieron al Palacio Quemado para lanzar gritos
hitlerianos bajo una cruz, la injerencia
en asuntos de Bolivia por parte de Brasil, Ecuador, Inglaterra y la Comunidad
Europea.
No
podemos olvidar las amenazas, las torturas, los chantajes infames, las
persecuciones, los incendios, las violaciones a mujeres indígenas, las
mentiras, el gabinete de ministros de la señora Añez adictos a la cleptomanía
en grado superlativo, los ataques a periodistas, los negocios turbios con sobre
precio, la quema de la Whipala, el nepotismo, los robos de las arcas del
Estado, etc.
No
podemos olvidar los muertos, las calumnias de periodistas “pititas” a sueldo,
los secuestros a militantes del MAS, las masacres de Senkata, de Sacaba y de
otros lugares del país, las patadas a mujeres de pollera, los medios de
comunicación vendidos al fascismo y difundiendo noticias falsas con ventilador,
los amedrentamientos a la población por parte de grupos paramilitares como la
Unión Juvenil Cruceñista y la Resistencia Cochala que fueron protegidos por el
Gobierno de Añez, etc.
El
Ejército y la Policía oprimían al pueblo. Y como si fuera poco, los grupos
paramilitares torturaban y atemorizaban a la población. ¿En qué país se ha
visto semejante barbarie? El ex ministro
del Gobierno de Añez, Arturo Murillo, prometió “ir a la cacería y perseguir” a
militantes del MAS. Pidió a la Fiscalía ejecutar una purga, y amenazó a los
jueces y fiscales en caso de liberar a los “delincuentes del MAS”. Todo este
aparato de represión generó susceptibilidad, miedo y pánico en la población. No
había libertad de expresión, nadie caminaba tranquilo por las calles, nadie
confiaba en nadie, muchos militantes del MAS fueron encarcelados sin
motivo. Por ejemplo, personas por haber
creado “memes” en Internet, por simpatizar con las ideas del MAS, por protestar
contra las violaciones, el Trópico de Cochabamba y las calles de las ciudades
de Bolivia fueron militarizadas bajo el decreto 4078 que eximia a los militares
y policías de cualquier responsabilidad penal. A los miembros del MAS se los
tildó de animales y “bestias humanas” (palabras de Rómulo Calvo, presidente del
Comité Cívico pro Santa Cruz), violadores de sus hijos (palabras de Arturo
Murillo) y hordas salvajes (palabras de Jeanine Añez).
Conozco
a padres de familia, cuyos hijos son militantes del MAS (Movimiento al Socialismo).
Tenían terror de hablar acerca de la opresión que reinaba durante la gestión de
Añez, se sentían perseguidos y acosados. Es más, a veces negaban la militancia
de su hijo o hija, en el partido del MAS,
por temor a tremendas represalias. Quizá el ejemplo más patético es el
de la señora Patricia Hermosa, quien fue la responsable de llevar a cabo los
trámites de Evo Morales para su postulación como asambleísta. Por este encargo
la secuestraron de forma ilegal y arbitraria. Además, le quitaron todos los
documentos que portaba, entre ellos, la libreta del servicio militar de Evo
Morales Ayma que según informes, Arturo Murillo, ordenó quemarla. En otras
palabras, todo lo que tenía que ver con el MAS y con Evo Morales era destruido
y fusilado con aborrecimiento, con rabia y con gran desprecio. Es decir, existía un silencio forzado, una
aniquilación individual y colectiva y, por supuesto, temor a la muerte por
parte de las fuerzas represivas del Estado. Así, se instaló, en las estructuras
de la sociedad, un odio entre los que apoyaban la democracia y los que
pregonaban por la instalación de un régimen fascista. Al mismo tiempo la
pandemia azotaba a la sociedad.
El
discurso de fraude versus golpe de Estado causó y sigue causando acalorados
enfrentamientos. Al contrario de los movimientos sociales, las pruebas y
documentos veraces que presentó el Ministro Del Castillo para demostrar que en
Bolivia se dio un golpe de Estado, el fascismo ha fabricado la narrativa de
“fraude electoral” sin poder demostrarlo. Esa narrativa se convierte en
violencia simbólica (Pierre Bourdieu). Al no ser reconocida la violencia de
Estado y los crímenes de lesa humanidad; se viola nuevamente la ley, la
justicia y los sentimientos de todo un pueblo masacrado en muchos aspectos.
Sigmund Freud, médico austriaco padre del psicoanálisis decía: “En los hechos
traumáticos de origen social, los individuos pueden presentar estupor inicial,
paulatino embotamiento, abandono de toda expectativa o formas de narcotización
de la sensibilidad frente a estímulos desagradables”. Este cuadro social encaja
perfectamente con los partidarios del fascismo boliviano que sufren de estupor
intelectual, de narcotización de justicia frente a muchas verdades que ellos
perciben como estímulos desagradables. Y para justificar la violencia de Estado
y los crímenes de lesa humanidad, durante el Gobierno de Añez, se apoyan en
calumnias y mentiras. ¿Con qué fin?
Conseguir la “impunidad” de los que participaron en el golpe de Estado y
de los que violaron y mataron en Senkata, en Sacaba y en otros lugares de
Bolivia.
Todo
el trauma vivido entre opresores y oprimidos, organizado por el Gobierno de
Jeanine Añez, ha dejado graves secuelas en la sociedad, como toda dictadura. Y,
por supuesto, ha afectado a la parte psíquica de las víctimas, pero también de
todos los bolivianos y las bolivianas. Bolivia ya no es lo que fue antes. Hoy
en día es una sociedad dividida con mucho odio de por medio. La pelea a puños,
en el Parlamento boliviano, entre el senador Henry Montero del partido Creemos
y el diputado Antonio Colque del MAS, es una muestra de ese odio. La pelea con
empujones, jalones de pelo, insultos y arañazos, en el mismo parlamento, entre
la diputada Tatiana Áñez (Creemos) y la diputada Gloria Calisaya (MAS) es una
muestra de intolerancia, falta de inteligencia y rencor entre dos partidos
rivales. Son actos infantiles y muy vergonzosos. No voy a especular quién
provocó a quién. Considero que estas cuatro personas deberían ser suspendidas
de sus labores en el parlamento, tomando en cuenta la incapacidad de empatía.
No
hay olvido, ni perdón; menos habrá clemencia para los asesinos y los que
desmantelaron Bolivia en el Gobierno de Añez. Actualmente no existen
persecuciones políticas en Bolivia. Lo que existe, en este país andino, es una
“hambre de justicia”. Y en esa dirección apunta el Gobierno de Luis Arce
Catacora. ¡Enhorabuena! Por fin hay un Gobierno que se empeña en sacar a
Bolivia de las tinieblas. Más allá del partido x o z, Bolivia quiere paz,
trabajo, salud, educación, desarrollo y una buena economía. Nunca más se
repetirá lo que sucedió en octubre de 2019. Y lo más importante: para que en
Bolivia reine la paz, “tiene que haber justicia”. Bolivia y el MAS no negocian
la impunidad.
BOLIVIA:
CONSENSOS Y GOBERNABILIDAD, MÁS ALLÁ DE LA CONFRONTACIÓN DE PODER
Revista Analítica de Venezuela
(https://bit.ly/3gGrwjq)
La
urgencia de consensos y gobernabilidad pone a prueba a los políticos
bolivianos. En el nuevo escenario político de Bolivia, luego de las recientes
elecciones de autoridades locales, se plantean desafíos ante el desgaste y la
confrontación de fuerzas que en los últimos años han acentuado la inestabilidad
del país. Es urgente plantear salidas, más aún debido a la crisis sanitaria,
pero siempre queda la duda de si hay la voluntad política para hacerlo.
El
escenario ya estaba anticipado. Las elecciones subnacionales del 7 de marzo y
la segunda vuelta para cuatro regiones el 11 de abril no solo definirían a más
de 2.600 autoridades a nivel departamental y municipal, sino también la
relación de fuerzas y la ruta de la gobernabilidad en Bolivia.
Con
el Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Gobierno central, el oficialismo
esperaba asegurar su presencia en la mayoría de los espacios regionales, pero
sobre todo en las ciudades del eje. De lejos su primer objetivo se cumplió
ganando las alcaldías de 240 de los 336 municipios del país. Tal es su alcance
que incluso en 19 municipios obtuvo el 100 % de los votos. Respecto a los anteriores comicios realizados en
2015 también superó expectativas, porque entonces solo había logrado 227
alcaldías, 13 menos que en esta gestión.
Es
innegable la cobertura que tiene el partido del expresidente Evo Morales, que a
pesar de los conflictos y sombras que lo envolvieron en la crisis política de
2019 y desde antes, mantiene su alcance y fuerza nacional. Aunque probablemente
este fenómeno no sea solo mérito de esta fuerza de izquierda, sino también de
la otra vereda, esa en la que las demás ofertas políticas no logran calar en la
preferencia del electorado.
Sin
embargo, la oposición le arrebató las ciudades del eje. En La Paz, Iván Arias;
en El Alto, Eva Copa; en Cochabamba, Manfred Reyes Villa; y en Santa Cruz,
Jhonny Fernández. Lo interesante de este escenario es que son personajes que el
MAS conoce muy bien.
Iván
Arias, en la sede de Gobierno, no es una figura con la que se sienta cómodo el
Movimiento Al Socialismo, porque fue ministro de Obras Públicas del gobierno
interino de la expresidenta Jeanine Áñez, que a toda costa el oficialismo quiere
deslegitimar instalando nuevamente el discurso de golpe. El burgomaestre paceño
enfrenta actualmente la imputación por los delitos de nombramientos ilegales,
incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias cuando fue ministro.
Eva
Copa, expresidenta del Senado, que dejó las filas del Movimiento Al Socialismo
cuando no tuvo el respaldo para su candidatura en la ciudad de El Alto, fue
señalada por el expresidente Evo Morales como traidora. «Señor Evo Morales, no
mienta al pueblo boliviano, tampoco quiera cubrir la derrota de su partido
lanzando injurias y falsedades», fue la respuesta de la alcaldesa. Sin embargo,
Copa, con un liderazgo en crecimiento, aclara que representa las convicciones
de un partido de izquierda.
Manfred
Reyes Villa, de amplia trayectoria política, asume por quinta ocasión la silla
edil de Cochabamba. Estuvo refugiado en Estados Unidos y regresó al país
durante el gobierno de la expresidenta Áñez. En abril, en un efusivo discurso
desde el trópico, Evo Morales dijo: «Si la justicia en diciembre del año pasado
hubiera detenido a los golpistas no había (Luis Fernando) Camacho gobernador,
no había Iván Arias alcalde, ni Manfred Reyes Villa alcalde».
En
Santa Cruz, el MAS no pudo dar pelea por la alcaldía y Jhonny Fernández,
concejal en la anterior gestión, salió vencedor. De los cuatro es el que tiene
menos historia de confrontación con el partido oficialista.
En
este escenario, y a pesar de su fuerza territorial, el MAS no es un ejemplo de
armonía y cohesión. Hay quienes han expresado serios cuestionamientos al
liderazgo de Evo Morales y piden renovación en filas del partido. Pero desde
una ala más radical están quienes consideran que se debe eliminar a
«renovadores y disonantes» para «limpiar la casa». La razón es simple: allanar
el camino del líder indígena para que sea candidato en las elecciones
presidenciales de 2025.
En
el informe Bolivia elecciones subnacionales 2021, del Observatorio de Reformas
Políticas en América Latina, las politólogas María Teresa Zegada y Erika
Brockmann concluyen que en dichos comicios han reafirmado que «un solo partido,
el MAS-IPSP, tiene cobertura geográfica en todo el país y que las demás fuerzas
políticas son organizaciones más regionalizadas, antes que nacionalizadas. Sin
embargo, más allá de las organizaciones partidistas, los elementos
estructurales analizados permiten reconocer un país altamente diverso en lo
político-electoral, lo que profundiza un proceso de consolidación de la
competencia multinivel observado desde, al menos 2015».
Tanto
a nivel central como regional es evidente la fragmentación. Las gestiones
demandarán, y ya se está viendo desde ahora, acercamientos forzados para la
toma de decisiones, consensos para procurar gobernabilidad más allá de los
colores políticos.
Pandemia,
gestiones y liderazgos
La
mayor prueba de los nuevos gobiernos es cómo afrontar la gestión de la
pandemia, y a más de siete meses del presidente Luis Arce en el poder central,
la dramática situación del país con más de 15.000 muertes acumuladas y cifras
récord de contagios de entre 3000 y 3500 cada día, demuestra que las acciones
realizadas no han sido suficientes. La letalidad del virus por las nuevas
variantes pone nuevamente a los bolivianos ante el colapso en las unidades de
terapia intensiva, el contrabando de medicamentos, la escasez de oxígeno
medicinal y la incertidumbre por vacunas.
Suman
las críticas al mandatario que en medio de esta emergencia ha preferido
mantener un perfil bajo y hacer solo algunos anuncios en redes sociales o en
actos de entrega de obras sin, por ejemplo, brindar una conferencia para
responder los cuestionamientos de la prensa sobre las problemáticas sanitarias.
Patricio
Thompson, en su texto «Comunicación para gobiernos locales»,[1] asegura: «Es
fundamental la decisión política a la hora de determinar cuál es el camino a
seguir, qué problemáticas se enfrentarán, cuáles serán los plazos, etc. […] no
como un determinante de nuestro accionar, pero sí como una influencia
importante en la percepción de la opinión pública sobre nuestra gestión».
Como
se mencionó en el artículo «Claves para entender la agenda política de
Bolivia», el tema prioritario son las vacunas y el plan trazado para lograr la
inoculación en el tiempo estimado, aunque con los retrasos registrados hasta
ahora es poco probable que se logre el objetivo fijado.
Algunos
ministros señalan a los gobiernos locales para que asuman responsabilidades
dentro de sus competencias y estos piden mayor colaboración del Gobierno
central. Nuevamente, la confrontación de poderes deja en medio a los
bolivianos. Aunque, algunas luces se visibilizan en acciones concretas como el
reciente acuerdo entre subnacionales y el Ejecutivo para viabilizar la compra
de vacunas por las alcaldías, sorteando las trabas de la burocracia nacional.
Es un hecho que, sin importar de dónde venga la gestión, la gente demanda
acceder a las vacunas.
En
la reciente publicación de Diálogo Político «¿Gobernar es vacunar?», los
autores Daniela Barbieri, Javier Cachés y Augusto Reina hacen un análisis sobre
las campañas de vacunación y el liderazgo político, con una relación de datos
por países con los que «se evidencian dos tiempos: los países desarrollados
parecen estar dando —por ahora— vuelta la página, mientras Latinoamérica (y sus
gobiernos) siguen atrapados por el virus».
La
conclusión de este análisis es que «no hay una relación lineal y directa entre
popularidad presidencial y tasa de inoculación. La vacuna, sin dudas, acelera
la recuperación económica y descomprime el frente sanitario, pero no es en sí
misma una garantía de éxito para los líderes políticos».
La
gestión eficiente ahora implica ceder y dejar protagonismos para promover
acciones inmediatas, porque el tiempo no es un lujo con el que contamos.
¿Podrán los poderes políticos enfrentados dar cabida a los consensos?
¿CUÁL
FUE LA GUERRA DEL PACÍFICO QUE ENFRENTÓ A CHILE CONTRA BOLIVIA Y PERÚ?
Goal de España
(https://bit.ly/2S9eUt1)
El
historial entre la Roja y la Verde no se limita solo a temas deportivos, sino
también a conflictos sociales que involucró hasta a los hincas.
A
eces la enemistad de dos equiposnace por algo que nada tiene que ver con el
deporte. La historia y los conflictos ecónomicos, sociales y geopolíticos a
veces son suficientes para que dos naciones no puedan verse ni en pintura.
Así
le pasa a Chile, Bolivia y Perú, países que cuentan con cierta enemistad en el
fútbol, luego de verse involucrados en la Guerra del Pacífico, considerada uno
de los mayores conflictos bélicos en la historia de Latinoamérica.
Este
acontecimiento data del Siglo XIX, justo cuando la mayoría de los países
hispanoamericanos se independizaron de España. Si no recuerdas este
aconcecimiento histórico, en Goal te lo contamos a detalle.
¿POR
QUÉ SE PRODUJO LA GUERRA DEL PACÍFICO?
Todo
se originó por la decisión de Bolivia de confiscar los bienes de las empresas
chilenas que explotaban el desierto de Atacama.
En
un principio, Bolivia y Chile tenían un acuerdo. Mediante el tratado de límites
de 1874, los andinos podían explotar los recursos de algunas zonas, siempre y
cuando le pagaran un impuesto a los bolivianos. En este convenio se estableció
que dicho impuesto no se iba a subir en los próximos 25 años. También, ambos se
comprometieron a someter arbitraje internacional, o sea, meter a un tercero
para mediar cualquier problema que pudiera surgir.
El
problema vino cuando en 1878, el país Verde entró en una fuerte crisis
económica. Para sanear sus finanzas se les hizo fácil cobrarle más a las
empresas chilenas por la explotación del salitre, lo cual se trató de una
violación al acuerdo inicial. Evidentemente los andinos se negaron a pagar y
los bolivianos decidieron embargar y rematar todos sus bienes para cobrar los
nuevos impuestos. Aquí empezó la guerra.
Para
acabarla, Perú decidió aliarse con Bolivia, ya que ambas naciones tenían un
tratado de alianza defensiva firmado desde 1873.
¿CUÁNDO
INICIÓ LA GUERRA DEL PACÍFICO?
El
conflicto empezó en febrero de 1879 cuando el Presidente de Chile, Aníbal
Pinto, ordenó la ocupación de Antofagasta, la cual fue realizada sin
resistencia y dónde los soldados fueron recibidos como héroes ya que la
poiblación del lugar era mayoritariamente chilena.
De
ahí se desencadenaron los enfrentamientos, que tuvo como gran vencedor a Chile,
pese a que en número Bolivia y Perú contaban con más elementos.
¿CUÁNDO ACABÓ LA GUERRA DE PACÍFICO?
En
1883, los gobiernos involucrados accedieron a firmar un armisticio que puso fin
a la guerra. De ahí se firmaron nuevos tratados de paz que beneficiaron a
Chile, ya que a partir de ahó consiguió ventajas económicas y se adjudicó
territorios que anteriormente le pertenecieorn a Bolivia y Perú.
¿QUÉ
CONSECUENCIAS TUVO LA GUERRA?
Con
el Tratado de Ancón, Chile se adjudicó los territorios de Tancna, Arica y
Tarapacá, pero en 1929, con el Tratado de Lima, los chilenos le devolvieorn
Tacna a Perú.
Bolivia
perdió su litoral costeros y se salió del Oceáno Pacífico.
Perú
debió soportar una ocupación militar por tres años, que los llevó a una severa
crisis económica.
Evidentemente,
Bolivia se vio obligado a devolver los bienes embargados a las empresas
andinas.
Chile
se benefició al controlar territorios ricos en salitre, guano, cobre, hierros y
otros minerales.
En
total perdieron la vida 18 mil personas durante la Guerra del Pacífico.
EL
LITIO ES NUESTRO
La Ley de Actividades Nucleares de
1997 exige que el Estado recupere la soberanía perdida sobre el litio
Radio Gráfica de Argentina
(https://bit.ly/3iQ4Kbz)
El
litio no es una novedad para la Argentina. O al menos no debería serlo. Nuestro
país lleva más de dos décadas produciendo y exportando litio hacia Estados
Unidos, Europa y Asia, sin obtener a cambio más que la proliferación de
conflictos sociales por el elevado consumo de agua y la distribución de magras
regalías mineras. Es cierto que la activa política de Ciencia y Tecnología
(CyT) impulsada desde 2008 derivó en numerosos proyectos de Investigación y
Desarrollo (I+D) en torno a la cadena productiva del litio, pero la
persistencia de un marco legal que permite a las empresas apropiarse de los
yacimientos sin plazos ni condiciones se tradujo en una sistemática
frustración, tanto en materia de sustentabilidad ambiental y fiscal como de
desarrollo industrial y de vinculación tecnológica. Y aunque hoy vuelvan a
circular en las provincias del NOA nuevos proyectos de Inversión Extractiva
Directa, reeditando las mismas promesas de derrame económico del pasado, la
experiencia acumulada, tanto a nivel nacional como internacional, ofrece
sobrados argumentos técnicos y geopolíticos que justifican la necesidad de
recuperar el control público sobre los recursos de litio.
En
medio de las urgencias impuestas por la pandemia, estos argumentos se ven
reforzados por la aceleración de la transición energética impulsada por las
principales potencias industriales del mundo, produciendo en nuestro país un
notable aumento de eventos virtuales sobre las “nuevas oportunidades del
litio”. El grueso de estos debates públicos, sin embargo, se ven
sistemáticamente limitados por una dificultad objetiva: la imposibilidad de
afrontar en el corto plazo una reforma normativa que –necesariamente– deberá
alcanzar también a las leyes de fondo.
No
obstante, la actual legislación nacional relacionada con el sector nuclear,
acaso el mayor ejemplo de vinculación tecnológica de la historia argentina,
establece de manera inequívoca (y hasta ahora inadvertida), la propiedad del
Estado Nacional sobre todos los productos de litio que fueran desarrollados en
el país. Veamos.
Material
fusionable especial: entre la guerra y la paz
Las
principales potencias industriales del mundo consideran hoy al litio como un
factor clave para el desarrollo de baterías eléctricas recargables, utilizadas
por tres industrias especialmente relevantes: la electrónica portátil, la
electro-movilidad y las energías renovables, las dos últimas en pleno despegue
tecnológico por las distintas estrategias globales de transición energética.
Sin embargo, el ingreso del litio al podio de los “recursos estratégicos” se
dio por otro tipo de aplicaciones tecnológicas: el desarrollo nuclear impulsado
a partir de la Segunda Guerra Mundial.
Como
sabemos, existen dos tipos de reacciones nucleares: las de fisión nuclear, cuyo
dominio permitió el desarrollo de las dos bombas atómicas arrojadas por Estados
Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki, como también la construcción de todos los
reactores nucleares que hoy están produciendo energía eléctrica en el mundo; y
las reacciones de fusión nuclear, que dieron lugar a las más poderosas bombas
atómicas desarrolladas por Estados Unidos y la Unión Soviética durante la
Guerra Fría (bombas de hidrógeno o termonucleares) y que, en la actualidad,
permiten el desarrollo de una nueva generación de reactores que aún se
encuentran en etapa experimental, protagonizando los más ambiciosos programas
de cooperación internacional en I+D de la historia. Y es aquí, en la fusión
nuclear, donde entra el litio como “recurso estratégico”, por ser un material
fusionable especial: las tecnologías de fusión nuclear, tanto para uso bélico
como pacífico, requieren isótopos 6 y 7 de litio para producir combustible
nuclear a base de hidrógeno en forma de tritio (3H).
Fue
por eso que, en 1997, la “Convención tipo sobre armas nucleares” de las
Naciones Unidas, suscrita para regular la prohibición, pruebas, producción,
arsenal, transferencia, empleo, amenazas y eliminación de armas nucleares,
decidió extender el sistema de salvaguardias hacia los materiales fusionables
especiales, a los que definió como “todo material fusionable que pueda
emplearse para producir armas nucleares, como el deuterio, el litio, el helio-3
y el litio-6” (ONU A/C.1/52/7).
Ese
mismo año de 1997, meses antes de que la empresa norteamericana FMC Lithium
Corp. comenzara a producir y exportar litio en gran escala desde el norte
argentino, el Congreso Nacional aprobó la Ley Nacional de la Actividad Nuclear
(Ley 24.804), que si bien significó el ingreso de nuestro país al Régimen de No
Proliferación Nuclear, afirma de manera irrefutable el dominio público sobre
los yacimientos de materiales nucleares, tanto fisionables(uranio y torio) como
fusionables, es decir litio:
Artículo
32 – “El Estado nacional será el único propietario de los materiales
fisionables especiales […] así como de los materiales fusionables especiales
que pudieren ser introducidos o desarrollados en el país”.
No
obstante, el ejercicio efectivo de este dominio público podría haber quedado en
una pura abstracción, de no haber sido adjudicado explícitamente a una entidad
estatal concreta:
Artículo
2 – “La Comisión Nacional de Energía Atómica […] continuará funcionando como
ente autárquico […] y tendrá a su cargo”, entre otras responsabilidades:
g)
“Ejercer la propiedad estatal de los materiales radiactivos fisionables
especiales”
h)
“Ejercer la propiedad estatal de los materiales fusionables especiales que
pudieren ser introducidos o desarrollados en el país”.
El
espejo sudamericano
Sin
ir más lejos, este mismo criterio es el que prima hoy en Chile. Allí el litio
fue declarado como recurso estratégico, adjudicando a la Comisión Chilena de
Energía Nuclear (CCHEN) el dominio sobre todos los concentrados, derivados y
compuestos de ese metal (Decreto Ley 2.886 de 1979). Es cierto que el dominio
estatal no impidió que las empresas Albemarle y SQM pudieran acceder a las
reservas del Salar de Atacama, pero al menos las obligó a hacerlo a través de
contratos públicos de explotación firmados con la estatal CORFO, previa
autorización de la CCHEN, y no por medio de una simple concesión minera como
ocurre con los minerales ordinarios. No por nada en 2012 el gobierno de
Sebastián Piñera intentó eliminar esa barrera proteccionista, pero una serie de
escandalosas “irregularidades” motivaron la caída de aquel intento
desregulador, llevando al nuevo gobierno de Michelle Bachelet a crear una
Comisión Nacional del Litio que, en 2015, ratificó el carácter “estratégico”
del recurso y recomendó la revisión de los contratos de explotación. Así, las
dos empresas extractivas no sólo debieron aumentar las regalías mineras (que
ahora pueden alcanzar el 40%), sino también sumar nuevos aportes para las
comunidades locales (3%), financiamiento para I+D, venta de litio en el mercado
interno a precio preferencial (hasta un 25%) y nuevos mecanismos de
fiscalización técnica, contable y financiera.
En
Bolivia, el gobierno de Evo Morales
decidió ir aún más lejos y lanzó en 2008 un novedoso plan nacional de
industrialización, sobre la base de la reserva fiscal sobre todos los salares y
la creación de una empresa 100% estatal. Única habilitada por las leyes de
fondo para la exploración, explotación y comercialización del litio boliviano,
la empresa YLB creada en 2017 contempla además la producción de materiales
catódicos y baterías de ion-litio, para lo cual puede asociarse con empresas
privadas a cambio de transferencia tecnológica, siempre y cuando detente la
mayoría accionaria y no comprometa la soberanía sobre las reservas públicas de
litio.
Mientras
tanto, en la Argentina, desconociendo el carácter estratégico que todos los
países del mundo otorgan al litio por sus aplicaciones en el desarrollo de
tecnologías para la transición energética (fusión nuclear y acumulación
electroquímica) y en abierta contradicción con la Ley de Actividades Nucleares
24.804 vigente desde 1997, el Código de Minería sigue incorporando al litio
entre las “minas de primera categoría” que pueden ser adquiridas por cualquier
agente privado, nacional o extranjero, vía concesiones mineras provinciales,
otorgadas sin condiciones y a perpetuidad (Ley 1.919).Las empresas que de esta
forma adquieren yacimientos de litio en Catamarca, Salta o Jujuy, por otra
parte, se benefician de La Ley de Inversiones Mineras de 1993, que les ofrece
0% de tasa para importaciones de equipos e insumos, amplias desgravaciones
impositivas, el pago de regalías provinciales por debajo del 3% y una
estabilidad fiscal garantizada durante 30 años (Ley 24.196). Y por si esto
fuera poco, también se benefician con el Régimen especial para exportaciones
mineras del NOA, que les otorga un reintegro del 5% de las ventas (Ministerio
de Economía, Resoluciones 762/93, 479/98 y 56/02).
Un
recurso estratégico para la transición energética
La
clasificación de las sustancias minerales en críticas y estratégicas surgió a
mediados del siglo XX frente a la necesidad de asegurar el abastecimiento y las
reservas necesarias en períodos de escasez o de graves tensiones
internacionales. Así, un mineral es “crítico” cuando las reservas de un país
son inferiores a sus necesidades, y “estratégico” cuando su “importancia en el
desarrollo del potencial de un país, o de terceros países, hace conveniente,
por razones de seguridad, mantener una política de restricciones y reservas,
aunque el abastecimiento interno actual resulte suficiente” (Catalano E.,
1999).
La
importancia de los salares andinos de América del Sur no sólo se destaca por la
gran cantidad de litio que contienen sino también por la calidad de los
yacimientos. Bolivia, Chile y la Argentina concentran, en ese orden de
importancia, cerca del 90% de los recursos mundiales de litio en salmueras
(USGS, 2021). A diferencia de los yacimientos mineros convencionales
(espodumeno), estos recursos permiten obtener carbonato de litio con los costos
económicos más bajos del mundo (entre U$S 2.000 y U$S 4.000 por tonelada, con
precios promedios que sobrepasan los U$S 12.000 la tonelada), sin utilizar
explosivos ni dejar eternos diques de cola para las generaciones futuras.
En
cuanto a los salares de la puna argentina, donde hoy se extraen más de 30 mil
toneladas anuales de carbonato de litio, fueron inicialmente explorados por el
químico y geólogo Luciano Catalano desde la década de 1920, cuando aún formaban
parte del Territorio Nacional de los Andes. En 1964, siendo subsecretario de
minería de Arturo Illia, Catalano alegó la necesidad de declarar el dominio
estatal sobre las reservas de litio, en términos que hoy pueden reproducirse
textualmente para exigir la aplicación de la Ley de Actividades Nucleares:
“Siendo
el litio uno de los más livianos metales, y a su vez, uno de los frenadores más
eficientes en los procesos del gobierno y conducción de los reactores
nucleares, adquiere, este elemento químico, una extraordinaria importancia en
los nuevos procesos de obtención de energía […]. Ello impone restablecer con
urgencia la reserva fiscal de todas nuestras reservas nacionales” (Catalano L.,
1964: 17-19).
A
la luz de los antecedentes locales y de la experiencia regional, resulta
imperioso sustraer al litio del Código de Minería para suspender la
especulación financiera en torno a las concesiones y excluir del Régimen de
Inversiones Mineras a las dos empresas que hoy tienen proyectos extractivos en
marcha, reformulando las condiciones de explotación, comercialización y
gobernanza en la firma de nuevos contratos públicos con el Estado Nacional y el
Estado provincial correspondiente. Adicionalmente, el Estado Nacional podría
lanzar una convocatoria a la presentación de proyectos de I+D con el propósito
de industrializar una parte de la producción litífera local en función de la agenda
de la transición energética nacional, garantizando en los nuevos contratos de
explotación el financiamiento de los proyectos y la provisión de litio a
precios preferenciales. Sin perjuicio del porcentaje de participación de una
empresa pública en cada proyecto, ni del nuevo esquema de regalías provinciales
y aportes específicos para las comunidades locales y para el sector de CyT, los
nuevos esquemas tributarios deberán financiar un programa de investigación
integral y multidisciplinario sobre los salares del altiplano, con el objetivo
principal de reforzar las capacidades de fiscalización, control social y
cuidado ambiental.
LA
GUERRA CONTRA “LAS DROGAS”: MEDIO SIGLO DE DERROTAS PARA AMÉRICA LATINA
Hace 50 años, Nixon declaró a las
drogas como el enemigo número uno de EE UU y puso en marcha una maquinaria
burocrática y propagandística que ha transformado la vida en América Latina.
Documentos y expertos de la región dibujan el recorrido de un fracaso rotundo:
producción, salud pública, violencia, inclusión; todo ha empeorado desde
entonces.
Dossier Político de Argentina
(https://bit.ly/35uV4LQ)
El
primer día que el abogado peruano Ricardo Soberón asumió como encargado de
“combatir la droga” para el Gobierno de Ollanta Humala, en agosto de 2011, un cultivador
de coca de la Selva Alta lo llamó con urgencia: la DEA y la policía estaban
erradicando su chacra, le dijo. Soberón llamó al presidente y “el mismo día
ordenó que todas las unidades de la policía y la DEA retornaran a sus bases”.
Era su debut como funcionario, pero ya había marcado el final de su gestión. Su
modo de actuar enfureció al ministro del Interior —un exmilitar— e inquietó a
la entonces embajadora de Estados Unidos en Perú, Rose Links, y al Bureau of
International Narcotics de su país.Ocho meses después estaba fuera del
Gobierno. En el lapso que fungió como “zar antidrogas” de Perú, Soberón vivía
las quemas públicas de cocaína incautada con frustración. “Porque soy
consciente de los límites de un operativo que no hace ningún efecto al circuito
ilegal”, dice. Duró poco en el puesto por la misma razón que lo había llevado a
la función pública: Soberón no es un político antidrogas sino un “cocólogo”,
como le dicen sus colegas con aprecio. Hoy es director del Centro de
Investigación de Drogas y Derechos Humanos de Perú que fundó en 2009, donde
canaliza sus trabajos como consultor. Además, su experiencia con la coca viene
de familia.A principios del siglo XX, los abuelos de Ricardo Soberón —Rafael y
Esther— eran propietarios de una gran hacienda en Huánuco, entonces principal
sembradío cocalero en Perú, donde se dedicaban a transformar la hoja en sulfato
de cocaína cuando era legal. El país era el mayor exportador global de coca y
sus derivados: una quincena de ingenios la empaquetaban para The Coca Cola
Company o hacían el sulfato para el laboratorio Merck de Alemania y
farmacéuticas estadounidenses como Parke-Davis, que la refinaban en destino y
la distribuían en farmacias del mundo. En 1919, cuando su abuelo Rafael murió
de una pulmonía, Esther quedó viuda con 21 años, cinco hijos, dos chacras
tupidas de coca y el ingenio. Entonces llegó el hermano de Rafael, Andrés
Avelino, y convenció a su abuela de que le transfiriera el negocio.
Tripulantes
de la Patrulla de Guardacostas de la Armada del Perú realizan labores de
control y vigilancia en el Río Ucayali el 02 de marzo de 2018 en Pucallpa,
Perú. Manuel Medir/CON / Getty Images“Ella se deshizo de todas sus propiedades
y Andrés Avelino se convirtió en un gran exportador de sulfato de cocaína entre
los años 19 y 39. Mi familia nunca lo olvidó”, cuenta el abogado. La historia
de los Soberón sirve para iluminar, desde lo privado y lo público, lo rápido
que se torcieron las cosas cuando entró en juego la prohibición: para 1949, su
su tío abuelo Andrés Avelino tuvo que cerrar la fábrica por las presiones
estadounidenses y buscaba la manera de contrabandear cocaína. Ese mismo año,
Perú creó la Empresa Nacional de Coca (ENACO), un monopolio estatal destinado a
atender la demanda legal de la hoja de coca, tanto su uso tradicional como su
industrialización. Pero también a acabar con el cultivo.Soberón sueña con una
ENACO fuerte y una coca legal que sea comprendida en el mundo. Con ese objetivo
en la mira, en mayo de este año entregó a la presidencia del Consejo de
Ministros de Perú una hoja de ruta para reformar la empresa estatal. El
monopolio que debía acabar con los sembradíos y gestionar la producción legal
está actualmente en bancarrota. En Perú hay unas 52.000 hectáreas cultivadas de
coca; de ellas, ENACO solo controla 1.000 y paga mal. Soberón quiere una ENACO
que supervise la planta sagrada andina mediante control comunitario en
asociación con las organizaciones cocaleras. Imagina una coca orgánica, de
calidad y “con paz social”, dice. Como en Bolivia.El país protege a su coca
“ancestral” como “patrimonio cultural, recurso natural” y “factor de cohesión
social” en la nueva Constitución de 2009 y su control está a cargo de los
gremios cocaleros. Ellos son los que fiscalizan, sancionan, otorgan licencias de
cultivo, mensuran los predios con drones y llevan el registro biométrico de los
campesinos que comercializan en mercados locales.Un año antes de sancionar la
Constitución, en 2008, Evo Morales expulsó a la DEA del país. El efecto de todo
este proceso es una evidencia incómoda: desde entonces se ha puesto freno a la
violencia y se ha disminuido la destilación de cocaína. Bolivia incauta más
pasta base y cierra más laboratorios de reciclaje de manera pacífica que con
“guerra”. Los analistas coinciden en que el control social boliviano destruye
más laboratorios y cristalizaderos que antes y también ha hecho bajar el área
de cultivo, la producción de cocaína y el contrabando de la hoja. El control
social no genera violencia contra los campesinos azotados durante décadas con
muertos, cientos de heridos y reiteradas violaciones a los Derechos Humanos.
Campesinos
cocaleros laboran en uno de los centro de Enaco en Ayacucho, Perú. JOHN VAN
HASSELTEn 1992 Bolivia llegó a producir 550 toneladas de cocaína. En 2017, su capacidad
de producir se había reducido a una cuarta parte, según lo ha reconocido la
Embajada estadounidense en La Paz.Derechos Humanos, desarrollo económico,
inversión en infraestructura, sostenibilidad ambiental y sobre todo confianza
en la forma indígena de resolver conflictos son algunos de los pilares del
sistema. Cuando los campesinos plantan más de lo permitido son castigados por
su comunidad. Algo que ha hecho bajar los encarcelamientos notoriamente. Al
reducir la oferta ilícita, se fortaleció y diversificó la economía lícita. Y el
precio de la hoja se estabilizó al alza.Para poder concretar ese plan, Bolivia
debió abandonar también las convenciones únicas internacionales de drogas en
2011, que volvió a firmar en 2013. Entonces se estabilizaron las hectáreas de
coca sembradas, apenas sobre el límite de las 22.000 permitidas por el
Gobierno. La coca genera unos 500 millones de dólares anuales, o sea un 1,3%
del PIB, la décima del sector agrícola. El caso boliviano es una excepción. A
la regla se le llama guerra.De Nixon a Calderón: narcos más ricos que Bill
GatesEl miércoles 17 de junio de 1971, hace exactamente 50 años, el
expresidente Richard Nixon apareció recio en la sala de prensa de la Casa
Blanca y dijo, en aquel discurso famoso, que el “enemigo número uno” de Estados
Unidos era “el abuso de drogas” y lanzó una “ofensiva mundial para lidiar con
los problemas de las fuentes de oferta”.Nixon se mostró preocupado por los
opiáceos que los combatientes en Vietnam requerían como bálsamo para apaciguar la
dureza de la guerra. Su intención, dijo, era preservar la salud de los más
jóvenes: “El único camino realmente efectivo para terminar con la heroína es
terminar con la producción de opio”. Desde entonces, la producción de opio ha
crecido como nunca.
ASESOR
DE CASTILLO DICE QUE “NO HABRÁ EXPROPIACIONES, NI NACIONALIZACIONES, NI
CONTROLES DE PRECIOS” EN PERÚ
Mercopress de Argentina
(https://bit.ly/35ykxE5)
Pedro
Francke, profesor de economía y asesor del aspirante a la presidencia Pedro
Castillo, ha anunciado que “no habrá expropiaciones, ni nacionalizaciones ni
controles de precios” en Perú, informó el diario madrileño El País.
El
izquierdista Castillo superó a la candidata conservadora Keiko Fujimori por
44.000 votos en la segunda vuelta presidencial del 6 de junio, pero aún no
puede ser declarado ganador debido a que ambos contendientes han peticionado la
anulación de algunas mesas de votación y las autoridades electorales deben
emitir un juicio sobre estas presentaciones. Dada la exigua diferencia de
votos, técnicamente puede pasar cualquier cosa.
Sin
embargo, la perspectiva de un presidente con la misma mentalidad que el ex
gobernante venezolano Hugo Chávez ha llevado a las familias y empresas más
ricas de Perú a tomar precauciones y trasladar sus activos y liquidez a otra
parte. Pero Francke dijo que no había de qué preocuparse.
“No
habrá nacionalizaciones, ni expropiaciones, ni controles de precios. Nos hemos
puesto un poco más a favor del mercado”.
También
se informó que desde la llegada de Francke al equipo de campaña de Castillo, el
líder rural ha suavizado muchas de sus propuestas iniciales.
Francke
ha sido un funcionario de alto rango durante los mandatos de los ex presidentes
Alejandro Toledo y Ollanta Humala. Su visión económica se puede resumir en una
cita publicada por El País: “De las experiencias latinoamericanas, la que más
me gusta es la uruguaya”.
Durante
su campaña, Castillo recorrió el país con un discurso contra la inversión
extranjera y a favor del proteccionismo donde, por ejemplo, los mineros
tendrían los días contados. Una postura tan dura llevó a la comunidad
empresarial a apoyar masivamente a Fujimori, incluso a quienes vieron en Keiko
un mal menor.
Francke
cree que Castillo era alguien en busca de atención: “Dijo todo eso cuando no
tenía una candidatura muy fuerte”. Pero la verdad es que el maestro de escuela
rural está a las puertas del Palacio de Gobierno, a bordo del partido Perú
Libre, que se declara marxista-leninista.
Francke
recordó que bajo la presidencia de Humala se planteó una revisión de contratos
transnacionales o hipotéticas nacionalizaciones, pero fue rechazada por la
comunidad empresarial.
Pero
ahora “la diferencia es que el precio del cobre, nuestra principal exportación,
es muy alto y los analistas internacionales dicen que esto lleva un tiempo. No
es una cosa del año, hay razones como el crecimiento de China, la política del
[presidente estadounidense] Joe Biden y un fuerte cambio tecnológico debido a
la alta demanda de cobre para electricidad. Calculo que las empresas, solo en
cobre, tienen un ingreso adicional de US $ 9 mil millones ”.
En
su primer debate con otros candidatos, Castillo comenzó asegurando que
propondría la redacción de una nueva Constitución. Eso implica un largo proceso
para lograr una mayoría en el Congreso - improbable - para convocar un
referéndum y convocar una Asamblea Constituyente. ¿Qué quiere decir exactamente
cuando dice que el gobierno debería tener mayor poder sobre la economía? “La
Constitución actual”, explica Francke, “tiene unos candados que dificultan la
toma de algunas medidas. Dice que la inversión extranjera tiene los mismos
derechos que la inversión nacional. Ninguna constitución en el continente
americano tiene un artículo así”, afirmó.
“Así
es. Si gana la izquierda, puede aplicar políticas de izquierda. Con algunos
límites, claro. Como, por ejemplo, la autonomía del Banco Central. Sí, eso se
debe mantener porque es el equilibrio de poderes, pero también porque es la
gestión global de las instituciones de la economía. Pero con estas otras cosas,
no entiendo por qué es positivo que una Constitución te diga que la inversión
extranjera tiene que ser igual a la inversión nacional”, dijo Francke.
El
dólar alcanzó su máximo histórico en Perú después de la victoria numérica de
Castillo. Ahora parece haberse estabilizado. La visibilidad de Francke ha sido
clave para ello. El economista asegura que el salario mínimo no se verá
afectado por los malos tiempos económicos que atraviesan las empresas con la
pandemia. El sistema privado de pensiones no se eliminará, como había insinuado
Castillo, lo que hizo temer a algunos trabajadores por el futuro de sus
ahorros. Sin embargo, intentará reformar el sistema de pensiones porque
considera que el actual es ineficiente.
Francke
no descarta aplicar aranceles a determinados productos como la papa. Pero
”debería haber un límite razonable. No volveríamos a la década de 1970, cuando
el arancel era del 70%, por los tratados internacionales que tenemos y porque
no es conveniente (...). Pero importamos 30.000 toneladas de papas congeladas,
Perú con poco esfuerzo podría producirlas” localmente.
Francke
también abordó el tema de los peajes y la corrupción. Dijo que le disgustaba el
hecho de que siempre que “paso por uno y sé que el 25% de lo que pago es para
Odebrecht (una constructora brasileña que sobornó a decenas de funcionarios
para ganar concesiones de obras públicas) la verdad es que sí me enfado”.
El
profesor Francke es un candidato probable para convertirse en ministro de
Finanzas en caso de que Castillo finalmente asuma la presidencia.
Castillo
ha sido acusado a menudo de intentar iniciar el mismo camino de nacionalización
que emprendieron Cuba y Venezuela pero Francke dijo que eso en Perú “no tiene
ningún sentido”.
Francke
también señaló que Perú era uno de los pocos países con una gran población que
vive en áreas de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Agregó que eso se da sólo
en Bolivia, Etiopía y China “... y creo que Nepal”. Manifestó que “algunos
empresarios me dicen que llevar su madera a Lima les cuesta más que llevarla de
Lima a Tailandia”.
LOS
COMUNISTAS PERUANOS AMENAZAN CON EXPULSAR A LA DEA DEL PAÍS
Israel Noticias
(https://bit.ly/2S7aYJ5)
En
2008, dos años después de llegar al poder, el presidente (y ex cocalero) Evo
Morales expulsó a la DEA de Bolivia.
La
agencia estadounidense -parte del Departamento de Justicia- y sus acciones
contra el narcotráfico en el exterior eran, al parecer, muy incómodas para el
también bolivariano Morales. Siempre amenazó con sacarlos y elaboró un
“argumento” señalando a la DEA como una entidad que intentaba derrocarlo
mediante “espionaje” y “conspiraciones”. También expulsó al embajador Philip
Goldberg. Estados Unidos respondió de la misma manera con el embajador
boliviano.
Por
cierto, han sido muchas las acusaciones e investigaciones que alertaron durante
años sobre los posibles vínculos del ex cocalero Morales y el narcotráfico. Y
como es sabido, el ex presidente también forma parte del círculo internacional
e íntimo de los ejes regionales del castro-chavismo que tiene bajo su sombra al
ya conocido “Cartel de Los Soles” (ahora encabezado por Nicolás Maduro, según
el Departamento de Justicia en 2020); la estructura cívico-militar que tiene,
nada menos, que el control del poder político y oficial en Venezuela.
Hugo
Chávez ya había hecho lo mismo. Tres años antes, en 2005, dio la puntilla a la
DEA (además de a la Policía británica que también estaba tras la pista de los
narcotraficantes en suelo venezolano).
Documentos
y expedientes de la agencia antidroga (13/09/2019. El Mundo. España) señalan
que se trató de un acto premeditado, un plan calculado para facilitar la
conversión de Venezuela en una plaza clave y sin obstáculos para el
narcotráfico internacional. Por supuesto, la narcoguerrilla colombiana Farc, en
cooperación con los chavistas, se vio favorecida con esta oportunidad y habría
suministrado la droga a cambio de armas e impunidad.
Tal
y como pensaba hace años el colombiano Pablo Escobar, líder del Cártel de
Medellín, uno de los objetivos resultantes de la narcodictadura venezolana en
gestación era “inundar” de droga a EEUU y debilitar su base social e
institucional. Chávez esgrimió el mismo “argumento” contra la DEA que luego
utilizaría Morales: “Estados Unidos hacía inteligencia en Venezuela contra el
Gobierno”.
En
Perú, en medio de la estresante y acalorada competencia electoral, el
congresista electo (8.241 votos) Guillermo Bermejo, partidario del candidato
chavista Pedro Castillo, de “Perú Libre”, anunció la intención de expulsar a la
DEA antinarcóticos del país si gana la segunda vuelta presidencial del 6 de
junio.
Bermejo
está siendo procesado por sus conexiones con los remanentes de Sendero Luminoso
que operan en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, VRAEM (actualmente
hay seis personas investigadas que habrían formado parte de la cúpula
narcoterrorista y podrían incriminar a Bermejo).
Para
Bernejo, quien está potencialmente vinculado (según los sistemas de
inteligencia peruanos y las investigaciones policiales y fiscales) con fuerzas
antigubernamentales de carácter violento, terrorista y criminal, la DEA “es el
principal cártel de la droga en el mundo” (19/4/2021. Canal N. Perú). También
dijo que “el diseño de la política antidrogas debe estar bajo control nacional
y no extranjero”.
¿Lograrán
los operativos del narcosenderismo -ahora con posible representación política
oficial gracias a Pedro Castillo- su objetivo de “liberar” al Perú de la
presencia “imperialista norteamericana” a través de la DEA, como ocurrió en la
Venezuela y Bolivia bolivarianas?
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