MERCURIO EN LA SANGRE: EL PRECIO DEL ORO PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA

Decenas de familias indígenas que viven en los márgenes del río Beni tienen en la sangre hasta 27 veces más mercurio del recomendable, lo cual les ocasiona múltiples enfermedades. Las comunidades piden la intervención del Gobierno para evitar la pérdida de vidas y ecosistemas.
El parque nacional Madidi, en la Amazonía, es uno de los paraísos que tiene Bolivia. Pero para las comunidades indígenas que viven allí y alrededores, su propio hogar se convirtió en un territorio hostil y envenenado, donde los peces vienen rellenos de mercurio a causa de la explotación ilegal de oro en los ríos.
Más de 60 organizaciones sociales y de la sociedad civil local exigieron al Gobierno de Luis Arce que regularice esta actividad minera, que amenaza los medios de vida de varios pueblos originarios amazónicos.
En su pronunciamiento destacaron que desde hace varios años, y cada vez con mayor intensidad, «cooperativas auríferas, aliadas a ambiciosos intereses privados y extranjeros explotan oro en la región, actividad que incluye desmontes, presencia amenazante de personas foráneas, con algunos colaboradores locales, para explotar el metal con dragas y uso de mercurio», el cual contamina ríos, aire y tierra, con riesgos para la salud humana y de otras especies.
Recientemente, un estudio de la Universidad de Cartagena, Colombia, determinó que «las concentraciones de mercurio en los organismos de los indígenas de la cuenca amazónica del río Beni, en Bolivia, tienen entre siete y hasta 27 veces más de lo tolerable por el organismo humano», se lee en el documento de las organizaciones. El pescado está en la cima de la pirámide alimentaria de las familias indígenas. Al comer carne contaminada, en varios comunarios «detectaron pérdida de memoria, temblor en las manos y problemas sensoriales, sobre todo en aquellas personas con elevada contaminación por mercurio».
Explotación al margen de la ley
Alex Villca Limaco es de la comunidad de San José de Uchupiamonas, en el parque Madidi. En diálogo con Sputnik, aseguró que las cooperativas mineras que actualmente explotan oro de los ríos amazónicos «son una fachada para el interés de las grandes transnacionales en esta región».Villca explicó que la ley 535, de Minería, «prohíbe la alianza de cooperativas mineras con empresas privadas, ya sean nacionales o transnacionales. Sin embargo eso está ocurriendo, a la vez se han ido masificando las cooperativas».
En cambio, pagan el 2,5% de regalías al Estado por los minerales que venden. «Vemos que los pasivos ambientales no pueden ser compensados con los irrisorios beneficios que deja la actividad minera», dijo Villca, quien es vocero de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey. La explotación minera en los ríos amazónicos «no compensa en absoluto los daños irreversibles que causa esta actividad al contaminar nuestros medios de vida», comentó.
Y agregó: «Muchas poblaciones no tienen acceso al agua potable, por ello se ven obligados a usar las aguas envenenadas de ríos, arroyos y lagos».Villca evidenció que se requieren más estudios para conocer el nivel de contaminación en la cuenca del Beni, ante la sospecha de que hay otros metales pesados, aparte del mercurio.Además, «áreas que eran usadas para otras alternativas económicas, como la producción de plátano, de yuca, o de cítricos, han sido destruidas totalmente por las maquinarias que usan las cooperativas mineras», denunció.
La propuesta del ecoturismo
Tres décadas atrás, en varias comunidades indígenas de la región comenzaron a desarrollar emprendimientos de ecoturismo. Recibían turistas de todo el mundo, a quienes alojaban en cabañas construidas en sus territorios y a quienes guiaban durante días por la asombrosa selva amazónica.Con mucho esfuerzo personal, Villca se licenció en Turismo en la Universidad Mayor San Andrés (UMSA) y creó varios emprendimientos comunitarios, como Chalalán y Madidi Jungle.
Además, desde agosto de 2021 está cerrado el aeropuerto de Rurrenabaque, que es la población desde la cual se parte hacia diversos rumbos amazónicos en el departamento de Beni y el norte de La Paz.
Ante la paralización del turismo, «en su desesperación, muchos hermanos están optando por trabajar en estas cooperativas», contó Villca. Para él, sumar mano de obra local «es una estrategia de los actores mineros para justificar que el aprovechamiento de estos recursos es una necesidad de la gente que vive en esos territorios».De esta manera, «están prácticamente saqueando nuestros recursos naturales. Y están destruyendo nuestros medios de vida».
El rol del Estado
Para Villca, un principio de solución requeriría que el Estado boliviano haga cumplir las leyes vigentes. «En nuestro país, al menos un 85% de actividad minera, sobre todo aquella cooperativizada, no cumple con los procedimientos o las normas vigentes en nuestro país».Y aseguró que «si el Estado boliviano hiciera cumplir las normas nacionales e internacionales, gran parte de los actores mineros dejarían de explotar oro, porque no están enmarcados en nuestra normativa vigente».
También consideró importante «que el pueblo boliviano conozca esta grave problemática, porque no es una cuestión que afecta a los pueblos indígenas, sino a todo el país».
Por este motivo, el Estado Plurinacional es el segundo mayor importador de mercurio en el mundo, con 220.000 toneladas anuales. Esta situación motivó que dos relatores especiales de las Naciones Unidas enviaran una carta al presidente Arce para recibir más información al respecto.
Otros problemas en el paraíso
Estas no son las únicas dificultades y amenazas que enfrentan a diario las comunidades de los pueblos Esse Ejja, Tacana y Uchupiamona, entre otras. El río Beni pasa por el estrecho de El Bala, donde años atrás el Gobierno proyectó construir una represa para una hidroeléctrica, que habría cubierto con agua a varias comunidades indígenas. Este conflicto, con otros que transcurrían en el país, motivó la conformación de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), cuyo vocero también es Villca.
«Sufrimos una presión fuerte de militares navales, quienes nos exigen matricular nuestras canoas peque-peque. Exigen un pago de cabotaje o derecho de zarpe. Para nosotros es algo ilógico, que vulnera nuestros derechos, porque los pueblos de esta región siempre hemos hecho uso de nuestros ríos», contó Villca.»Pareciera que las fuerzas del orden no reconocen que nuestro país, a partir de 2009, reconoce fundamentalmente los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de la naturaleza», agregó«
Los hermanos indígenas esse ejja, tacana, chimán, mosetén y todos los pueblos de la región somos altamente vulnerables. No tenemos los fondos para que los militares nos permitan entrar a nuestra propia casa. Además, no corresponde y es una vulneración a nuestros derechos fundamentales», sostuvo Villca. El Mercurio Digital de España (https://bit.ly/3wT3StI)
 
 
 
 
 
“EL ESTADO BOLIVIANO NO ESTÁ CONTROLANDO LAS IMPORTACIONES Y EL POSIBLE CONTRABANDO DE MERCURIO HACIA OTROS PAÍSES”: ÓSCAR CAMPANINI
 
El 15 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia para tratar el problema de la importación en exceso de mercurio en Bolivia y su relación con el tráfico ilegal de este producto en la región. Mongabay Latam conversó con Óscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) sobre cuáles son los problemas alrededor del mercurio en Bolivia y en el resto de la región.
 
Revista Mongabay de Indonesia (https://bit.ly/36AC0Qy)
 
Desde el año 2015 Bolivia empezó a importar grandes cantidades de mercurio, a niveles que llegan hasta el doble de lo que necesita y utiliza. Desde entonces han crecido las sospechas de que el país está abasteciendo de mercurio para la minería ilegal a países como Perú, Brasil y Colombia.
Como experto en los problemas de las actividades extractivas, agua, medio ambiente y derechos humanos, Óscar Campanini, actual director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) se dedicó a investigar qué estaba pasando con este elemento. La más reciente investigación que lidera en Cedib, en coordinación con la Universidad de Cartagena en Colombia, aún en proceso, tiene entre sus primeros resultados cifras alarmantes: de las 350 personas que han sido evaluadas —entre ellas indígenas Tacana y Uchipiamona— todas superan, en promedio, siete veces los límites permitidos en sangre.
Campanini también le ha seguido la pista al mercurio en exceso que ingresa a Bolivia y sus investigaciones han presentado indicios suficientes del tráfico ilegal hacia otros países del continente. Es por eso que Cedib, en coordinación con la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), solicitaron, en enero de este año, una audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Dicha audiencia, en la que también participó el Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Marcos Orellana, se realizó el 15 de marzo. En esta entrevista, Campanini habla sobre lo que se debatió en el evento, el avance del tráfico de mercurio en el continente, los problemas de la minería ilegal en Bolivia y el Convenio de Minamata.
—El 15 de marzo se realizó la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de las poblaciones indígenas afectadas por la contaminación por mercurio en Bolivia. ¿Por qué se solicitó esta audiencia?
—Nosotros desde la sociedad civil, como Cedib y junto con una red de organizaciones sociales afectadas por actividades extractivas denominada Contiocap [Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia], solicitamos una audiencia para presentar nuestras preocupaciones respecto a la vulneración de Derechos Humanos por el mercurio de la minería aurífera en el caso de Bolivia pero, además, por la situación de la importación de mercurio en el continente en su conjunto. Fue muy interesante porque estuvo presente el Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Marcos Orellana. El año pasado, Orellana y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas  presentaron un carta manifestando estas preocupaciones hacia el Estado boliviano.
En la audiencia se pudo reiterar y hacer énfasis sobre estas preocupaciones, particularmente sobre el rol que estaría jugando Bolivia a nivel del continente y muy particularmente con Perú. También estuvo presente el Estado boliviano para responder sobre el tema. Creo que hubo un consenso por parte del propio Estado, así como de los comisionados, sobre el problema significativo del mercurio en Bolivia.
—¿Cuáles son las consecuencias sobre los derechos humanos que está ocasionando el mercurio?
—La primera preocupación es la cantidad de mercurio que está importando Bolivia legalmente. Desde el año 2015 está importando un promedio de 180 toneladas de mercurio al año, cuando las estimaciones del propio Ministerio de Minería dan cuenta de que se necesitan solo entre 60 y 90 toneladas. Significa entonces que el 50 % de lo que se está importando legalmente termina fuera de Bolivia, aportando a un contrabando ilegal de mercurio. Una de las vulneraciones más importantes es que el Estado no está controlando estas importaciones legales, menos aún el comercio, uso y el posible contrabando de mercurio hacia otros países.
El segundo punto es el impacto directo que está teniendo sobre la salud de las personas. Hay estudios del año pasado que dan cuenta que comunidades indígenas en el río Beni ya tienen un nivel de mercurio en el cuerpo muy alto. En la audiencia estuvo presente también un experto de la Universidad de Cartagena, Colombia, que está realizando con nosotros [Cedib] un estudio aquí en Bolivia y dio datos del monitoreo que se ha realizado en las personas a lo largo de la cuenca del río Beni y del río Madre de Dios. Hasta el momento hay 350 muestras y todas superan el límite máximo establecido por la OMS [Organización Mundial de la Salud] a nivel internacional que es de una parte por millón. Por encima de ese límite, el mercurio puede generar daño a la salud. De estas 350 muestras casi todas tenían, en promedio, siete veces más del límite máximo y había casos de hasta 27 veces más de ese límite. El estudio está aún en proceso, pero este es un adelanto de información que fue contundente. Esto es algo que está ocurriendo en la cuenca del río Beni pero seguramente está ocurriendo en toda la Amazonía boliviana y, por supuesto, en toda la Amazonía a nivel continental. En el pasado también se han hecho otros estudios.
—¿Qué resultados han arrojado esos estudios?
—Hay múltiples estudios desde el año 2000 o incluso desde 1999. Casi todos son realizados por académicos y se han realizado en diferentes zonas y en diferentes momentos. En el 2014, el gobierno boliviano sistematizó todos estos resultados y logró identificar un riesgo potencial por mercurio en diferentes zonas del país, así como una idea de del grado de contaminación en varias regiones, particularmente en pueblos indígenas. Sin embargo, esto no llevó a una mayor acción. Recientemente la red internacional denominada IPEN [Red Internacional de Eliminación de los Contaminantes Orgánicos Persistentes] ha elaborado un estudio y, actualmente, el Cedib con la Universidad de Cartagena está desarrollando el estudio que he comentado.
—¿El estudio que aún está en proceso se ha hecho en comunidades indígenas?
—Las 350 muestras que se han tomado corresponden a personas de comunidades indígenas de los pueblos Tacana y Uchipiamona y de centros poblados que están en el punto medio de la cuenca del río Beni. Es un estudio que abarca principalmente las comunidades que consumen pescado de este río, porque es la principal vía para la contaminación de mercurio. El estudio comprende también la cuenca del río Madre de Dios que compartimos con Perú, pero los resultados de esa cuenca aún no están concluidos.
—En la audiencia también se abordaron los compromisos asumidos por el gobierno de Bolivia como parte del Convenio de Minamata. Uno de ellos es el avance del plan de acción del gobierno de Bolivia para eliminar gradualmente el uso del mercurio ¿Qué tanto ha avanzado el país?
—El convenio de Minamata, al cual está suscrito  Bolivia, establece la obligación de todos los países que son parte de ir eliminando gradualmente el uso del mercurio y para los países que tienen actividad minera es importante que se establezca un Plan Nacional de Acción, es decir, una estrategia que los gobiernos establecen para ir controlando y disminuyendo el uso, el comercio y los desechos de mercurio. En el caso de Bolivia esto desafortunadamente no avanza, aún no tiene su Plan Nacional de Acción.
—¿Qué debe contemplar este plan?
—Una de las primeras medidas que se deben tomar es controlar la importación legal de mercurio en Bolivia, porque está entrando demasiado mercurio, cantidad que supera lo que lo que el país necesita. Bolivia tiene una responsabilidad con el país y con el continente, entonces se deberían tomar medidas al respecto, que no dependen del Plan Nacional de Acción. Desde el 2019 existía una propuesta de decreto supremo para crear un registro para el control del mercurio que se importa y saber hacia dónde va y cómo se usa, desafortunadamente, el gobierno boliviano no la ha aprobado hasta ahora. También es importante el control de la comercialización del mercurio en Bolivia y ahí pasa por el registro de quiénes compran, dónde venden, y para qué venden, porque si no hay un control adecuado este mercurio puede terminar contrabandeado en otros países. Y finalmente está el cómo se usa y se dispone del mercurio. Obviamente el sector minero es el principal usuario del mercurio y deberían establecerse mecanismos para un control mucho más estricto de cómo se almacena, cómo se usa y cómo se desecha.
—¿Actualmente existen normas que regulan el uso del mercurio?
—En Bolivia existe una normativa ambiental que establece la obligación de que la minería aurífera que usa mercurio sí o sí lo recupere a través de ciertos mecanismos. Esta normativa existe desde 1997, sin embargo, el propio Gobierno ha reconocido que el 90 % del oro que se extrae en Bolivia no recupera mercurio. Ahí hay un tema de incumplimiento que el Plan Nacional de Acción debería ver cómo aborda y cómo se fortalece esta normativa para que realmente se implemente.
—El plazo para que se tenga listo este plan está por vencer. ¿Cree que se concrete a tiempo?
—El primer argumento del gobierno era que no tenía fondos, lo cual no es cierto porque el gobierno apoya al sector minero en aspectos que ni siquiera son necesarios, por ejemplo, ha financiado un edificio entero a una organización de cooperativas del departamento de Cochabamba por más de 700 mil dólares cuando este Plan Nacional de Acción cuesta 500 mil dólares. Esto evidencia que el Gobierno tiene otras prioridades. Si en tres años y medio el gobierno no ha podido iniciar el Plan Nacional de Acción, pensamos que será muy complejo que en dos meses pueda concluirlo.
—¿Qué dijo el gobierno durante la audiencia?
—No ha podido dar respuestas concretas y quedó en evidencia que el problema del mercurio es grande, que tiene serios impactos y que el Estado no está ejecutando las acciones necesarias.
El tráfico ilegal de mercurio en Latinoamérica
—Usted ha mencionado que se importan 180 toneladas de mercurio al año, cuando el mismo gobierno ha dicho que  el país solo necesita entre 60 y 90. ¿Cuáles son los indicios de que el mercurio va a Perú, Brasil y Colombia?
—Ha habido varios operativos en Perú para el control de la minería ilegal y también del mercurio. En algunos de estos operativos hay testimonios de gente detenida que dice que parte de este mercurio provendría de Bolivia, y hay declaraciones en medios de comunicación, incluso de autoridades peruanas del Ministerio de Ambiente de Perú, sobre esta problemática. Además, en nuestro estudio sobre el comercio del mercurio en Bolivia hemos identificado que al menos cuatro importadoras bolivianas tienen muy estrecha relación con importadoras o personas involucradas en la minería en el Perú. También está el cálculo de la cantidad de oro que extrae Perú versus el mercurio que importa, en donde hay una diferencia significativa. Las importaciones legales de mercurio en Perú han disminuido muchísimo, prácticamente se han eliminado, sin embargo, la cantidad de oro que se extrae en Perú no ha bajado y sigue siendo una cifra importante.
—¿Y sobre Colombia y Brasil?
—En el caso de Brasil y de Colombia no existen indicios suficientes, pero se sabe que en el río Madre de Dios, en la frontera con Brasil, hay un flujo constante y regular de mercancías y obviamente de contrabando, incluido el oro, combustibles y otros bienes más. Entonces, es muy probable que también haya un flujo de mercurio, sin embargo, no existen datos como en el caso de Perú. Sin embargo, la cantidad de mercurio que aparece como excedente en Bolivia es significativa, entonces es muy probable que no solo sea a Perú, sino también a Brasil e incluso hasta Colombia, un país que está implementando el Convenio de Minamata y tiene un control muy estricto, tal vez tan o hasta más estricto que Perú respecto de la minería del oro y del comercio de mercurio. Sin embargo, Colombia tiene una actividad aurífera relevante que usa mercurio, entonces, no se explica fácilmente de dónde proviene el mercurio que se usa en ese país. Hay estudios que dan cuenta de que un posible flujo de mercurio de manera ilegal ocurra a través de las Guyanas y de Venezuela, pero también existe la otra hipótesis, de que probablemente sea desde Bolivia.
—¿De dónde proviene el mercurio que importa Bolivia?
El principal proveedor en los últimos siete años, que es el periodo en el que más mercurio se ha importado, ha sido México. Sin embargo, no es el único. En los últimos tres años Bolivia ha diversificado sus fuentes de abastecimiento de mercurio y han aparecido nuevos países como India, Rusia, Vietnam.
—¿En Bolivia no existe ningún tipo de control para la importación de mercurio?
—Se está intentando implementar desde hace un par de años un mecanismo del Convenio de Minamata que consiste en que el gobierno del país importador debería dar un consentimiento escrito a las empresas, así como el país que exporta, pero como esto no ha sido normado, hay una gran cantidad de importadores que no quieren cumplir este requisito. Entonces lo único que se necesita legalmente en Bolivia para poder importar es pagar un arancel del 5 %, como lo hacen la mayoría de las mercancías.
Mercurio para la minería ilegal de oro
—¿Cuál es la situación de la minería ilegal en Bolivia?
—En el caso de Bolivia hay un límite muy difuso entre la legalidad y la ilegalidad. El sector cooperativista minero aparece como organizaciones con fines sociales, pero en la práctica se han convertido en pequeñas empresas con grandes capitales. Bajo el argumento de que tienen un fin social se les ha flexibilizado muchos requisitos para los trámites y el cumplimiento de muchas normativas, por ejemplo, para empezar sus actividades muchas cooperativas arguyen que han iniciado un trámite y que eso sería suficiente para ir operando.
Por otro lado, también hay actividades totalmente ilegales pues ni siquiera han iniciado sus trámites y están realizando actividades mineras en zonas en las que no se permitirían estas actividades. Actualmente hay un gran debate en Bolivia respecto de las áreas protegidas y la norma que permite que se realicen ciertas actividades mineras en ellas. El propio Estado ha sido cómplice al modificar los planes de manejo de áreas protegidas para viabilizar minería en varias áreas protegidas. Eso ha ocasionado un descontrol total de la minería aurífera. Hace unos días hubo una reunión entre la comisión de Medio Ambiente del Senado y la autoridad jurisdiccional administrativa minera y esta última ha reconocido que el Estado no tiene capacidad para controlar la minería ilegal y que incluso hay mineros ilegales que usan armamento.
—¿Entonces se está agudizando la violencia?
—Nosotros realizamos un estudio hace cinco años en el río Madre de Dios, cerca a la frontera con el Brasil y recogimos testimonios de personas que decían que el contrabando del oro estaba asociado al narcotráfico y al contrabando de combustible con el lado brasilero. Estos testimonios incluían autoridades públicas en ese momento. Es un tema complejo en un contexto de demasiada violencia pero que da cuenta de que podrían existir estos vínculos entre diferentes actividades ilegales.
—La semana pasada se realizó la COP 4 del Convenio de Minamata.  ¿Qué resultados ha tenido esta reunión y qué se espera para Bolivia?
—En el caso del convenio de Minamata hay varias críticas de organizaciones que ven la problemática del mercurio. Una de ellas es que el Convenio de Minamata no es lo suficientemente rígido para procurar la disminución del mercurio y ponen como caso central y principal el de la minería. La minería de oro es uno de los principales consumidores de mercurio en todo el mundo y para los países que tienen esta actividad, el Convenio establece un plan nacional de acción, pero sin suficientes criterios para asegurarse que tenga una acción contundente para disminuir el mercurio. Desafortunadamente, el caso de Bolivia demuestra que esa crítica es correcta.
Lo que me pareció interesante es la declaración de Bali [en Indonesia] contra el contrabando ilegal de mercurio. Eso es positivo porque demuestra que más allá del convenio de Minamata hay muchos países que identifican una urgencia por abordar esta problemática del contrabando ilegal de mercurio. Bolivia tiene un rol central en el continente americano en este aspecto.
—¿Qué tan preocupante es el contrabando de mercurio en Latinoamérica?
—Es un tema sobre el cual no se tiene suficiente información. Como le comenté se han realizado dos estudios: uno de ellos fue el nuestro respecto al rol de Bolivia y estos indicios con el Perú y el segundo estudio sobre cómo buena parte del mercurio que se utiliza en Colombia y en Venezuela provienen de las Guyanas. En la Comunidad Andina de Naciones se aprobó hace un par de años un observatorio y una decisión específica sobre el control del comercio ilegal de mercurio, sin embargo, otra vez los tiempos son muy lentos. Hasta donde tenemos conocimiento no se ha avanzado en la implementación de este observatorio ni en la implementación de esta decisión. Se realizan muchas acciones en el papel pero, en la práctica, estas decisiones no llegan a concretarse.
 
 
 
 
 
Reciprocidad sanitaria, censo a bagayeros y el paso para Los Toldos, entre los temas abordados
 
EL EMBAJADOR ARGENTINO EN BOLIVIA CONTESTÓ PREGUNTAS DE LEGISLADORES SALTEÑOS
 
Ariel Basteiro conversó con Salta/12 a raíz de una serie de pedidos que realizó la Cámara de Diputados con respecto a las relaciones de frontera.
 
Página 12 de Argentina (https://bit.ly/3r9qOl1)
 
A raíz de un pedido que elevaron desde la Cámara de Diputados de Salta a la Embajada Argentina en Bolivia para avanzar con algunos puntos en los que consideran se debe profundizar la reciprocidad, el representante nacional, Ariel Basteiro, aseguró a Salta/12 que en muchos casos ya existen convenios de reciprocidad y que las relaciones entre los mandatarios Alberto Fernández y Luis Arce gozan de excelente salud.
El primer pedido surgió del diputado Bernardo Biella, presidente del Bloque Salta Independiente, quien el pasado 15 de febrero ya le había expuesto las consultas a la subsecretaria de Asuntos Nacionales y Legislativos, la embajadora Marina Cardelli, con motivo de su visita a Salta. A raíz de esa exposición, desde la Cámara se decidió elevar un documento de trabajo a la Embajada.
Entre los puntos más destacados, se mencionaba avanzar en la “reciprocidad en la atención en los hospitales de los ciudadanos argentinos en suelo boliviano”, para que reciban la misma asistencia “que se brinda de forma gratuita en los límites del país a cualquier extranjero que así lo requiera”. También, profundizar y agilizar el comercio exterior con la provincia; establecer surtidores de combustibles específicos para usuarios radicados en el exterior del país, con un cupo predeterminado de litros para carga y tarifas diferenciadas; censar a los trabajadores informales de zona de frontera vinculados al tráfico de mercaderías, y gestionar pases para que los residentes de Los Toldos puedan ingresar o salir de su localidad por Bolivia sin tener que hacer trámites.
Si bien no había recibido aún el documento, Ariel Basteiro accedió a conversar con Salta/12 y afirmó que el diálogo es permanente para avanzar en política de integración regional en las fronteras que unen a Salta con Bolivia. Aclaró que ya existe desde 2017 un acuerdo bilateral para que en el país vecino se atienda a argentinos “fundamentalmente en los casos de emergencias”, ya que recordó que el servicio de Salud en Bolivia “no es gratuita para nadie”, y subrayó que lo mismo sucede “en gran parte del mundo”. En Bolivia “no tienen un sistema tan amplio y que garantice el acceso como el nuestro”, agregó.
Pero aseguró que desde la Embajada intervinieron y siguieron casos puntuales de urgencia que fueron atendidos “sin mayores inconvenientes”. Aunque también reconoció que por la falta de infraestructura, muchas veces los argentinos necesitan atención en zonas alejadas “y no hay servicio o desconocen el convenio”, y aclaró que siempre que llega algún tipo de información al respecto, inmediatamente lo solucionan estableciendo contacto con las autoridades de salud locales.
Comercio a pequeña escala
Con respecto a las zonas de frontera y el control del comercio que se genera entre localidades como Salvador Mazza y Pocitos, o Aguas Blancas y Bermejo, Basteiro resaltó que desde que “Lucho (Luis) Arce” está en el gobierno “hay una política muy activa para tratar de combatir el contrabando y realizar controles fundamentalmente en frontera, algo que antes no era muy frecuente y reinaba la irregularidad comercial”. Subrayó que hoy la mayoría de esos productos son comprados del lado argentino “y se paga el IVA en nuestro país”, por lo que el problema se genera para el fisco boliviano.
“Pero para eso está Gendarmería y Aduana, a quienes les prestamos toda la colaboración y son quienes persiguen los hechos irregulares”, declaró. Recordó que el mercado en pequeña escala está legalizado y pautado para que alguien que transporta en pequeñas cantidades pueda pasar una o dos veces al día, “es un mecanismo no de ahora, sino que lleva muchos años”.
Con respecto a la propuesta que surgió durante la pandemia de establecer pequeñas ferias para quienes compran y venden de un lado y del otro, y que eso esté controlado y regulado por la Aduana para permitir el paso, sostuvo que ese comercio, una vez abiertas las fronteras, ya existe porque “son ciudades hermanadas históricamente” con una circulación permanente, y que siempre lo que se compra o vende es en su gran mayoría “para consumo en local”. “El problema es otro, son los grandes camiones de soja y trigo que trafican sin declarar nada y sin pagar ni impuestos ni retenciones, eso sí es contrabando”, manifestó el embajador.
Del lado argentino hay unas 3.000 personas que se dedican cotidianamente a “pasar” mercadería de un lado al otro, solo en la zona de Orán y Aguas Blancas, mientras que en Bermejo la cantidad de bagayeros sería similar. La propuesta de los legisladores es generar un censo para saber quiénes son y poder acercar políticas públicas a esa población, algo que desde el mismo sector rechazan por miedo a persecuciones como las que ya vivieron con Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad de la Nación.
Una de las referentas de ese sector, Elena Reynoso, dijo a este medio que todo ese tipo de actividades estatales les generan resquemores, “porque después vienen como la Bullrich a decir que nos quieren pasar al monotributo y esas cosas y lo único que quieren hacer es prohibirnos trabajar de lo que nos queda”.
De todas maneras, Reynoso adelantó a Salta/12 que ya están haciendo un censo propio para avanzar con la creación de una Asociación de Trabajadores de la Frontera, “para tener identificados a todos los trabajadores, choferes y pasadores” y de esa manera impedir “que venga cualquiera a quitarnos el trabajo como pasa muchas veces”.
Precisó que el trabajo que ellos realizan está autorizado, ya que pasan de día solamente con los bultos y mercadería permitidas y por zonas controladas como el puesto 28, “venimos en vehículos y Gendarmería nos revisa como corresponde”. Pero destacó que debido a las restricciones por la pandemia y a la devaluación de la moneda argentina, la circulación ha disminuido sustancialmente.
La representanta de los bagayeros explicó que en toda esa región no hay muchas salidas laborales, por lo que el bagayeo “es la única fuente que tenemos, la empresa más grande, la que más trabajo da en toda Orán y Aguas Blancas”.
Por su parte, el embajador argentino contó que del lado boliviano sí está planificado realizar un censo de pasadores para este año, así poder generar un mayor control y fundamentalmente, para que no aumente su número. “La idea es después avanzar del lado argentino”, especificó, aunque consideró que hay que ser cuidadosos. Como Reynoso, recordó la visita de Patricia Bullrich por esa zona, que lo único que generó fue el enojo de los habitantes: “Regularizar su labor a través de mecanismos como el de hacerlos monotributistas lo veo muy difícil, pero hay que estudiar alguna manera y consensuarla con ellos”, expresó Basteiro, a la vez que subrayó que “es una actividad de supervivencia, no comercial”.
Reconoció que en Jujuy hay un mayor control y “está mucho más regulado”, pero describió que está facilitado por las condiciones geográficas, mientras que en Salta “los pasadores no están sobre la frontera, sino en un punto distante en donde hay un mínimo control de Gendarmería que regula el paso a lo permitido”.
Deuda de Salta con Los Toldos
Con respecto a buscar mecanismos para agilizar el paso de los habitantes de Los Toldos, que deben ingresar a Bolivia y recorrer más de 100 kilómetros para llegar a su municipio, explicó que cuando se normalice el tránsito fronterizo, luego de las disposiciones especiales dispuestas por la pandemia de coronavirus, se volvería a normalizar la regularidad del tráfico permitido “donde cada ciudadano contaba con su pase y había hasta autos autorizados para ir y venir”. Pero aclaró que quien está en deuda es el Estado argentino y particularmente la provincia de Salta, “que es la que debe garantizarles un tránsito interno a través de Orán”.
Otro de los temas que reclaman quienes viajan asiduamente al vecino país tiene que ver con las complicaciones que se presentan a los argentinos a la hora de cargar nafta del lado boliviano. Sobre ese punto, los legisladores salteños pedían establecer surtidores específicos para usuarios radicados en el exterior del país, con un cupo predeterminado de litros para carga y tarifas diferenciadas.
Basteiro detalló que ya existen mecanismos que obligan a los expendedores a vender combustible, aunque con un precio no subsidiado como el que pagan los ciudadanos nativos de aquel país. “Es un problema, porque Bolivia tiene subvencionado para su mercado interno el combustible”, aceptó, y explicó que esto se debe en parte a que la mayor parte se importa “y sería muy cara para ellos, por eso en su momento Evo Morales decidió que el Estado enfrente una parte del precio, pero no puede sostener ese costo para los que no son de allí”.
De todas maneras, reiteró que las estaciones de servicio están obligadas a cargar combustible a extranjeros, aunque al precio sin subsidio, y que “si en alguna estación alejada sucediera (que se niega la provisión) se puede denunciar”. Por lo que consideró que pedir un permiso o pase para aquellos que van con más frecuencia sería prácticamente lo mismo.
 
 
 
 
 
FRENAN "SUPUESTO" CONTRABANDO A BOLIVIA: LLEVABAN 3.600 PACKS DE CERVEZAS, LECHE Y ACEITE
 
El Tribuno de Argentina (https://bit.ly/3tQrBsJ)
 
Detectaron en la ruta nacional 34, dos camiones transportando mercaderías de contrabando valuadas en más de 10 millones de pesos. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Escuadrón 54 “Aguaray”, en el kilómetro 1.466. Uno de los vehículos, un Mercedes Benz con acoplado llevaba un cargamento de insecticidas, cajas de aceite, leche y bebidas energizantes. Se dirigía desde Jujuy a la frontera con Bolivia. Mientras que un segundo vehículo, también Mercedes Benz, con semirremolque, transportaba 3.600 packs de cervezas de diferentes marcas hacia Salvador Mazza.
En ambos procedimientos, se tomó contacto con AFIP-DGA delegación Pocitos, quien dispuso que se proceda a interdictar los camiones con la mercadería, quedando a resguardados en la sección “Santa Victoria Este”. También se dispuso que las personas involucradas queden supeditadas a la causa por presunta infracción a la Ley 22.415, a fines de corroborar la documentación correspondiente.
Una modalidad que crece
En el primer semestre del año pasado, la Aduana Nacional de Bolivia decomisó mercaderías de contrabando valuadas en más de 125 millones de bolivianos (casi 2 mil millones de pesos argentinos o 18 millones de dólares), según informó en ese momento la presidenta de esa institución, Karina Serrudo. El producto de contrabando más codiciado en el país vecino es la cerveza que se fabrica en la Argentina, de diferentes marcas.
En las denominadas ferias mañaneras que se montan en Yacuiba abundan los fardos de latas y botellitas de cerveza argentina, que desde ahí se distribuyen a todo el territorio boliviano. La lata suelta cuesta entre 4 y 5 bolivianos, una “bicoca” comparado con lo que sale una cerveza boliviana. En los locales se ofrece, además, todo tipo de productos que se pueden ver en un súper salteño, por ejemplo.
Más allá del comercio montado con mercadería argentina, que a pesar de ser ilegal no tiene demasiados impedimentos para transcurrir a la vista de todos, desde la Aduana boliviana empezaron a alertar que el contrabando beneficia a narcotraficantes que lavan dinero con la mercancía ilegal junto a intermediarios que la distribuyen. Como es un entramado criminal que se concreta entre dos países, es lógico que lo advertido en Bolivia también deba tener su contraparte en estas tierras.
 
 
 
 
 
SECUESTRARON A UN HOMBRE Y EXIGÍAN 50.000 DÓLARES
 
El joven, que se dedicaba a pasar droga desde Bolivia, fue torturado por una banda de tucumanos ya detenidos, pero aún no aparece.
 
El Tribuno de Argentina (https://bit.ly/3qPf8ng)
 
Siete personas fueron detenidas acusadas de integrar una banda que cometió en Tucumán el narcosecuestro de un hombre de nacionalidad boliviana que actuaba como "mula" y a quien sus captores torturaron con un taladro para que se pague un rescate de 50.000 dólares, pero aunque la organización quedó desarticulada, la víctima aún no apareció.
Todo se inició el 21 de este mes cuando un ciudadano boliviano de 56 años se presentó en un Juzgado de Paz de la ciudad jujeña de La Quiaca para denunciar que su hijo de 33 años había sido secuestrado.
El hombre fue derivado a la Delegación La Quiaca de la Policía Federal (PFA), donde radicó formalmente la denuncia.
Allí explicó que su hijo había partido de su domicilio en la ciudad boliviana de Cochabamba hacia la provincia de Tucumán, presuntamente para hacer trabajos en una obra en construcción, pero que al cabo de unos días comenzaron a recibir vía WhatsApp comunicaciones extorsivas en las que les informaban que lo tenían secuestrado.
Los secuestradores se comunicaban con la pareja de la víctima, en Bolivia, y exigían un rescate de 50.000 dólares por su liberación.
Además, a modo de "pruebas de vida" y como método de presión a la familia para que pague el rescate, los secuestradores enviaron mensajes de audio y videos donde se veía cómo torturaban a golpes con un rebenque y con un taladro a la víctima.
Al tratarse de un secuestro extorsivo y con la presunción de que la víctima estaba cautiva en Tucumán, el caso comenzó a ser investigado por el fiscal federal de esa provincia José Agustín Chit, quien de inmediato recibió el asesoramiento de los especialistas de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese), a cargo del fiscal federal Santiago Marquevich.
A nivel policial convocaron a los detectives de la PFA, que trabajaron con la policía tucumana. Una fuente explicó que tras las primeras averiguaciones, los investigadores pudieron determinar que la víctima se dedicaba a traer droga desde Bolivia, es decir que trabajaba como "mula", y que el suyo era un "narcosecuestro".
Los efectivos realizaron amplias tareas de campo y de análisis telefónicos, y lograron identificar a todos los integrantes de la organización criminal, entre los que había mujeres, una de las cuales, incluso, fue la que realizó las comunicaciones extorsivas, todo ello vinculado al tráfico de drogas.
El fiscal Chit ordenó ocho allanamientos en la ciudad de San Miguel de Tucumán, que se hicieron el miércoles pasado por la noche, donde se logró la detención de siete personas, tres hombres de 29, 31 y 32 años y cuatro mujeres, de 26, 32, 34 y 36, varios de los cuales tenían antecedentes penales.
 
 
 
 
 
 
SECUESTRO EXTORSIVO DE UN CIUDADANO BOLIVIANO
 
Telefe de Argentina (https://bit.ly/3IKRmik)
 
La Fiscalía Federal N° 2 de Tucumán, a cargo del fiscal Agustín Chit, dio a conocer que la causa inició el día 21 de marzo a partir de una denuncia realizada por la familia de la víctima ante la Policía Federal de La Quiaca, Jujuy.
Según la denuncia presentada junto con videos y fotos extorsivas, se puso en conocimiento del secuestro de un hombre mayor de edad y se pedía una alta suma de dinero en moneda estadounidense como rescate. A partir de allí, se ordenó el traslado del denunciante hasta esta provincia para garantizar el mayor conocimiento de las acciones a seguir, cuyo recibimiento y cuidado fue asegurado por el Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán en cabeza de la Dra. Lorena Málaga y su equipo.
Además, se dio intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos de la Procuración General de la Nación, a cargo del Fiscal Santiago Marquevich y Auxiliar Fiscal Pedro Rebollo, que junto con el Departamento Antisecuestro Norte de la Policía Federal Argentina, -cuyo personal policial se trasladó a la ciudad de Tucumán para trabajar en terreno- trabajaron en la identificación de los secuestradores.
En las medidas iniciales de búsqueda de la víctima, se requirió la colaboración de la Dirección de Género y Trata de Personas de la Policía de Tucumán a fin que esta releve hospitales y terminales de transporte de pasajeros de esta ciudad. Para la identificación final de los autores del hecho, se solicitó la intervención del personal del Departamento de Inteligencia Criminal de la Policía de Tucumán, que en el transcurso de 12 horas confirmó la ubicación de los responsables y permitió ordenar, los días 23 y 24 de marzo, ocho allanamientos en diferentes barrios del Gran San Miguel de Tucumán con un enorme aporte de recursos (intervención de DIGEDROP, numerosos móviles de 911, GRUPO GEAM y GOM de motoristas, PATRULLA URBANA con personal femenino y Grupos de infantería de las 5 Unidades Regionales). La Unidad Regional Tucumán de la PFA y la División Antidrogas de la PFA también aportó personal al efecto.
El despliegue interfuerzas requirió del trabajo mancomunado de personal de la policía federal y la policía provincial y de la fiscalía federal interviniente que coordinó los procedimientos con el aval posterior del Juzgado Federal n° 2 de Tucumán-
Como resultado de la investigación y los procedimientos realizados se recabó cuantiosa evidencia que ubica a los sospechosos en el lugar de cautiverio de la víctima, su conocimiento y participación en el hecho, como también material estupefaciente.
A partir de estos procedimientos se emprendieron nuevas acciones de búsqueda (rastrillajes, allanamientos y detenciones) que permitieron secuestrar elementos asociados al cautiverio de la víctima. A la fecha, se continúa con su búsqueda.
Además, se dio intervención a INTERPOL al consulado del Estado Plurinacional de Bolivia en la provincia de Salta, y otros organismos públicos que continúan interviniendo en la búsqueda de la víctima. Por todo ello, se exhorta a los miembros de organismos intervinientes y a los medios de comunicación a velar por el manejo responsable de la información, priorizando el resguardo de la identidad de la víctima y de sus familiares, como también el desarrollo de la investigación todavía en curso.
El uso de información obtenida de manera ilegal de una causa en curso, solo generará una mayor lesión y preocupación a la familia de la víctima como también implicará el comienzo de investigaciones que permitan establecer las responsabilidades funcionales de quienes hagan entrega indebida de información.
 
 
 
 
 
¿CUÁNTA ENERGÍA FALTARÁ EN INVIERNO EN LA ARGENTINA?
 
El próximo jueves 31, cuando vencerá el plazo de negociación de la adenda al contrato con Bolivia. El incremento del precio del gas por la crisis europea llevó al vecino país a endurecer sus condiciones para firmar un acuerdo con su «nación hermana», Argentina.
 
La Verdad de Argentina (https://bit.ly/36A31DJ)
 
El ingeniero industrial de la UBA y experto en economía del petróleo y el gas natural, Daniel Gerold, suele expresar que “el núcleo del problema político argentino, de gobernanza de este país, pasa por la cuestión energética. Que es un enorme problema de corto plazo a la vez que significa una oportunidad para el futuro. Pero nadie puede gobernar este país sino entiende cómo manejar los temas de energía”.
Es tan sólo una opinión, de un experto, que grafica la importancia decisiva que tendrá, en los próximos cuatro días, la resolución de la licitación que realizará el martes 29 la empresa estatal IEASA para adquirir seis barcos de GNL para la terminal regasificadora de Escobar y otros tres cargamentos para la planta de Bahía Blanca que se deberán entregar a partir de mediados del mes de mayo.
El otro hito, podría señalarse en el calendario para el próximo jueves 31, cuando vencerá el plazo de negociación de la adenda al contrato con Bolivia. El incremento del precio del gas por la crisis europea llevó al vecino país a endurecer sus condiciones para firmar un acuerdo con su «nación hermana», Argentina.
Por lo que, si desglosamos estos dos ítems de la agenda del secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, que debió apagar un incendio con nafta cuando hace unas semanas solicitó presupuesto urgente a su superior, el ministro de Economía, Martín Guzmán, a través de una carta en la que describió un escenario apocalíptico para los meses más fríos del año con incumplimientos en el suministro de gas para el sector privado de la economía incluido, nos encontraremos con que del resultado de estas dos operaciones se decidirán posibles racionamientos de energía para la industria que tiene en vilo a los gobernadores Axel Kicillof, de Buenos Aires, Juan Schiaretti de Córdoba y Omar Perotti de Santa Fe.
El tema más urgente es la licitación convocada por IEASA, Integración Energética Argentina Sociedad Anónima es una empresa pública argentina del sector petrolero y energético, creada el 29 de diciembre de 2004 por la administración de Néstor Kirchner bajo el nombre de Energía Argentina S.A. (ENARSA),  el cual fue cambiado por el actual en noviembre de 2017, y es dirigida por el abogado santacruceño, Agustín Gerez.
Ya en el pasado mes de enero, el directorio que conduce Gerez, realizó una compra para la terminal de Escobar y abonó un precio que hoy sería apreciado como un regalo. Pagó 27,24 U$D por millón de BTU, unidad de medida de origen inglés British Thermal Unit (BTU) que mide la capacidad de calor que brinda una estufa por metros cuadrados.
Con la invasión de Putin y compañía a Ucrania mediante, el precio del GNL subió por el ascensor y hoy, los funcionarios de la administración de Alberto Fernández, estarían dispuestos a convalidar una oferta de 35U$D por millón de BTU, a pesar que consultores privados piensan que el precio de la subasta será cercano a los 45-48 U$D por millón de BTU.
Para comprender la importancia en la matriz energética del GNL o gas natural licuado, gas natural que ha sido procesado para ser transportado en forma líquida, hay que anotar que se utiliza como insumo de numerosos rubros de la economía nacional. En la actividad agrícola y en la logística es fundamental y se torna indispensable para la generación de electricidad a través de energía térmica. Dos tercios de la electricidad de nuestro país se explican por el método térmico.
Sin embargo, no es el precio el mayor de los dolores de cabeza para los funcionarios del área energética sino la disponibilidad de cargamentos de GNL que existe en la actualidad.
La oferta comienza a escasear y se producen cuellos de botella en la cadena de suministros lo que corporeiza el fantasma conjurado por el empresario Marcos Bulgheroni de Pan American Energy que presagió, “Argentina planeaba importar entre 60 y 65 cargamentos de GNL pero, por los precios, estará obligada a ajustar esos pedidos”. Si bien fuentes oficiales aseguraron a NA que se necesitarán cerca de 70 barcos de GNL para atender el 20% de la demanda de gas durante este invierno no pusieron en duda que realizarán las licitaciones que sean necesarias para cubrir las necesidades residenciales, en primer lugar, e industriales, en segundo puesto.
Bolivia siempre estuvo cerca
Las relaciones carnales con el país andino pueden dejar de ser lo que eran en el corto plazo. A fin de mes. Porque a pesar de las coincidencias ideológicas entre los gobiernos de los Fernández y del contador Luis Arce apoyado por Evo Morales, negocios son negocios, y el gas boliviano fluirá con mayor fuerza hacia el Brasil presidido por el Presidente de derecha, Jair Bolsonaro.
Bolivia ya le aseguró a Brasil que reforzará sus exportaciones al gigante sudamericano con industrias ávidas del fluido y priorizará el abastecimiento local por lo que los pedidos de mayores ventas que están realizando los funcionarios de la Cancillería nacional, conducida por Santiago Cafiero, pueden caer en el vacío a principios del mes próximo.
En este caso, se repite el mismo problema que existe con los barcos de GNL, la puja por el precio y el volumen en un contexto de cotizaciones volátiles.
La cúpula de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ofrecería, tan sólo, 10 millones de metros cúbicos diarios durante los meses invernales contra los 26 millones que había acordado el extinto presidente Néstor Kirchner en el año 2006. Más modesta, la administración de Alberto Fernández negocia por, al menos, 15 millones de metros cúbicos diarios a un precio que aún es una incógnita.
En declaraciones recientes el secretario Darío Martínez había asegurado que “tenemos los fondos para importar gas en invierno, pero a precios racionales”.
El problema es el calendario porque los funcionarios bolivianos tomarán nota de la racionalidad de los precios que la Argentina pagará en la subasta de GNL del martes 29 para continuar negociando, en las jornadas siguientes, una mejora en el precio del gas que producen y exportan al país. En la temporada invernal pasada la Argentina pagó u$s7,4 por millón de BTU.
Ahora bien, no hay que poner el carro delante de los caballos, en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería nacional, explicaron a NA que “…primero se debe llegar a un acuerdo por los volúmenes a adquirir y luego por el precio. Porque al factor de la demanda de Brasil hay que agregarle que Bolivia está produciendo, año tras año, menos gas natural. Y, si bien ahora busca aprovechar el contexto de precios altos del mercado internacional, el saldo positivo lo genera por el precio de venta”.
La Cancillería no llego a prever una invasión de Putin a Ucrania que terminó por disparar los precios y generar el presente escenario. A su favor se encuentra que ninguna capital occidental previó esta acción del Kremlin a tiempo.
Por ello, la estrategia de la administración de Alberto Fernández fue apostar por un descenso de los precios internacionales durante el verano en el hemisferio norte. Pero, el comienzo de las hostilidades en el este de Europa, provocó que los precios se tripliquen y que los funcionarios nacionales dejaran de ser banca para pasar a ser punto en las negociaciones con Bolivia.
 
 
 
 
 
GAS: ACONSEJAN A BOLIVIA RENEGOCIAR CON BRASIL Y VENDER MÁS A ARGENTINA
 
Mercopress de Argentina (https://bit.ly/3iLi8wn)
 
Si bien la estatal boliviana YPFB aún no ha informado sobre avances en las condiciones de pago con Brasil por las ventas de gas o la firma de la sexta adenda al contrato de exportación con Argentina, los analistas de hidrocarburos han insistido en la necesidad de redondear estas negociaciones dado el contexto actual derivado de la invasión rusa a Ucrania.
Bajo la entonces presidenta Jeanine Áñez, Bolivia firmó en 2020 la octava adenda al contrato de exportación de gas con Brasil, en medio de la pandemia del coronavirus y en condiciones de precios que no son tan óptimas como las actualmente disponibles en el mercado.
El economista Jaime Balanza señaló que las condiciones establecidas en esta adenda representan un “daño económico” al país de hasta US$ 100 millones anuales, debido a una “disminución encubierta” de los precios de exportación del gas a Brasil.
“Se bajaron los volúmenes de exportación y se cambió el punto de entrega de gas en 570 kilómetros, que debe pagar Bolivia. Esto genera un daño económico enorme al Tesoro General de la Nación, a las Gobernaciones, Municipios y a todo el sistema universitario”, afirmó Balanza, citado por Los Tiempos.
Agregó que YPFB podría dejar sin efecto esta adenda y así tener más volúmenes para abastecer el mercado argentino. Sin embargo, dijo que no se debe cerrar por completo el mercado brasileño, que podría permanecer abierto para envíos esporádicos del gas remanente.
“Los volúmenes que deberíamos estar enviando a Argentina ahora están en Brasil porque fueron enviados a ese mercado, constituyendo el mayor delito económico contra los intereses del país”, añadió el especialista.
El analista de hidrocarburos Álvaro Ríos aseguró que un contrato con Brasil no se puede cancelar unilateralmente, ya que este es el único mercado garantizado para Bolivia por al menos los próximos 10 años, ya que Argentina dejará de depender del gas boliviano una vez que desarrolle la infraestructura para abastecer el norte de este país con los campos de Vaca Muerta.
Sin embargo, Ríos admitió que era posible negociar mejores condiciones de precios con Brasil a través del diálogo, ya que ahora las condiciones en el mercado internacional han cambiado con la guerra en Ucrania. “La fe del Estado está en cumplir sus contratos, por eso no se pueden cortar”, explicó.
Las importaciones de gasolina y diésel le han costado a Bolivia alrededor de US$ 2.100 millones en 2021, aproximadamente la misma cantidad recaudada por las exportaciones de gas.
De persistir la situación actual, Bolivia podría terminar importando mucho más de lo que exporta.
“Estamos sufriendo una hemorragia financiera con la importación de combustibles líquidos. Es importante trabajar para dar una solución”, dijo Balanza a periodistas.