RACE FOR COMMODITY: ¿QUIÉN SE BENEFICIA DEL LITIO SUDAMERICANO?

Cuando Gabriel Boric (36) asuma el cargo el 11 de marzo, no solo serán las esperanzas de la joven generación chilena las que descansarán sobre los hombros del nuevo presidente de Chile. El político de izquierda Boric, arrastrado por una ola de protestas sociales que sacudió al país sudamericano durante más de dos años, conducirá a Chile a una nueva era. Socialmente justo, ambientalmente amigable en armonía con la naturaleza y con respeto a los pueblos indígenas que han sido estructuralmente desfavorecidos por todos los gobiernos chilenos durante siglos, particularmente durante la dictadura militar de derecha del General Augusto Pinochet (1973 - 1990). En definitiva, una alternativa completa al populista de derecha brasileño Jair Bolsonaro.
La demanda del metal ligero es alta.
Una vez que Boric esté en el cargo, también tendrá que lidiar con un tema central que se ha vuelto aún más actual debido a la invasión rusa de Ucrania: la explotación de los ricos depósitos de litio en Chile. Esta es actualmente una de las materias primas más codiciadas del mundo. La razón: se utiliza, entre otras cosas, para la producción de baterías para coches eléctricos o smartphones. Para una transición energética desde los combustibles fósiles hacia unidades libres de emisiones, el litio será indispensable por un tiempo, al menos según el estado actual de la producción y la ciencia. Y será aún más indispensable si, debido a la guerra de Ucrania, los combustibles fósiles se vuelven aún más escasos y más caros en el futuro.
Según el Centro Latinoamericano de Geopolítica Estratégica (CELAG), alrededor del 67 por ciento de los yacimientos de litio del mundo se encuentran en Argentina (19,3 millones de toneladas), Bolivia (21), Chile (9,6), Perú (0,9) y México (1,7) presumiblemente . El CELAG aconseja a los países interesados resistir el peligro del nacionalismo y "impulsar proyectos conjuntos para discutir experiencias, principales problemas y posibilidades de acuerdos conjuntos". Los yacimientos del llamado triángulo del litio Argentina, Bolivia y Chile son particularmente ricos. Hace tiempo que se desató una batalla política sobre cómo se debe extraer el “oro blanco”.
Chile ya no quiere privatizar el negocio del litio en el futuro
En Chile, el joven socialista Boric ha prometido abrir nuevos caminos en la comercialización de yacimientos de litio. El exdirigente estudiantil apuesta por una exploración respetuosa con el medio ambiente y socialmente aceptable con la ayuda de una empresa estatal que agrupa todas las actividades y de cuyas ganancias deberían beneficiarse todos los ciudadanos. “El litio es el mineral del futuro, utilizado en millones de dispositivos electrónicos. Chile no debe volver a cometer el error histórico de privatizar los recursos", prometió Boric a sus votantes y anunció: "Constituiremos una empresa nacional de litio para este fin". Esto debería garantizar que se generarán empleos en los yacimientos y que el producto recibir el sello "Hecho en Chile". Como parte de la Convención Constituyente,
Entre ellos estaría también la mayor productora de cobre del mundo, la empresa estatal chilena Codelco, que no quiso esperar a que Boric asumiera y dio el visto bueno para el inicio de los trabajos de exploración en el "Salar Maricunga" un hace unos dias Los estudios estiman que los recursos en el Salar de Maricunga son de aproximadamente 2,15 millones de toneladas de carbonato de litio. "La perforación debería comenzar a fines de marzo y durar unos diez meses", dijo el grupo, que quiere convertirse en un jugador de litio. Entonces Boric tendrá que tomar una decisión.
Bolivia y Argentina también esperan lucrativo negocio de litio
En Bolivia también hay una gran esperanza de que los depósitos de litio impulsen el desarrollo económico del país. El componente central es la empresa estatal "Yacimientos de Litio Bolivia (YLB)". Hace unos años, la empresa del sur de Alemania ACISA ya tenía un pie en la puerta. El entonces Ministro Federal de Economía, Peter Altmaier, y el gobierno estatal verde-negro de Baden-Württemberg también participaron en la prometedora empresa conjunta. Pero luego, entre otras cosas, el malestar político, las acusaciones de un golpe de estado y las luchas internas por el poder aseguraron que todo volviera a cero.
El actual presidente de Bolivia, Luis Arce, dio luz verde a una nueva licitación e inauguró un centro de investigación y desarrollo. Los interesados alemanes tienen que volver a unirse a la cola de interesados. El ministro de Economía y Protección del Clima, Robert Habeck, tendrá que abordar el tema. La empresa alemana involucrada no ha hecho ningún progreso hasta el momento. Desde hace un buen año, el sitio web ha dicho: “El 24 de enero de 2021, el Ministerio de Energía del nuevo gobierno boliviano del presidente Luiz Arce y ACI Systems Alemania GmbH (ACISA) reanudaron las conversaciones sobre extracción e industrialización de litio a partir de salmuera residual en el Salar de Uyuni. El objetivo es revitalizar la empresa conjunta fundada el 12 de diciembre de 2018. En febrero de este año, el gobierno boliviano anunció que se invertirían cientos de millones de dólares estadounidenses en la construcción de una industria del litio, aunque no está claro de dónde provendrá exactamente el dinero. Sin embargo, el diario “El Deber”, que en realidad es crítico con el gobierno, vitoreaba hace unos días: “El precio de la tonelada de litio ha subido un 800 por ciento y Bolivia está cada vez más cerca de la industrialización”.
Resistencia de los ecologistas
En Argentina también se ha reavivado la batalla por la participación de mercado. Más recientemente, empresas canadienses, anglo-australianas y surcoreanas querían expandir sus actividades locales. Sin embargo, al igual que en Chile y Bolivia, también encuentran resistencia por parte de los ambientalistas que están preocupados por la extracción intensiva de agua. Sin embargo, las empresas insisten en que se cumplan las leyes y que la financiación se implemente de forma respetuosa con el medio ambiente.
Además, los yacimientos suelen estar ubicados en territorios indígenas. Guadalupe Rodríguez, consultora para América Latina de Rainforest Rescue, se muestra crítica: “Argentina, Chile y Bolivia son vistos como el 'triángulo del litio'. Esta es otra lógica colonialista para extraer productos metálicos como el litio. Para producir autos eléctricos que luego se conducen en países industrializados. Sin respeto por la naturaleza, la forma de vida local, los territorios y los derechos humanos”. Ambientalistas y activistas de derechos humanos temen que sean nuevamente las empresas de los países industrializados las que terminen acaparando las mayores ganancias de la producción de litio.
China ya ha asegurado una excelente posición inicial estratégica con respecto a los depósitos de litio en casi todos los países de América Latina. Esto es particularmente picante en México, no lejos de la frontera con Estados Unidos, donde el hambre por la materia prima es tan grande como en Alemania, el país automotriz. Al igual que el futuro presidente de Chile, Boric, el presidente de México, Andrés Manuel López Oprador, también quiere mantener el control de la exploración y producción de litio en sus propias manos: "Crearemos una empresa mexicana de litio. No queremos ser una zona de conflicto entre potencias, ni con Rusia, ni con China, ni con Estados Unidos”, dijo “AMLO”, como lo llaman sus seguidores, justificándolo con el “aseguramiento de la soberanía energética”. " de su país. Ninguna empresa privada nacional o internacional podrá extraer el litio de la tierra porque es “del pueblo mexicano y de la nación mexicana”. Sin embargo, el yacimiento más grande del país está actualmente en manos de la empresa china Gangfeng, para gran disgusto del vecino EE. UU. RND de Alemania (https://bit.ly/3hWQcp1)
 
 
 
 
 
DESEMBARCO FRANCÉS EN EL LITIO ARGENTINO
 
Es el noveno proyecto anunciado en este sector durante la actual gestión, que ya suma inversiones por u$s 4800 millones en Salta, Jujuy y Catamarca.
 
Página 12 de Argentina (https://bit.ly/3I169F9)
 
Desde Junio, Salta se incorporará al listado de provincias argentinas productoras de carbonato de litio. El grupo francés Eramet destinará 400 millones de dólares para desarrollar el emprendimiento minero en el yacimiento Centenario Ratones. Es el noveno proyecto anunciado durante la gestión de Matías Kulfas al frente de la cartera productiva, uno de los mayores impulsores dentro del gabinete de la explotación del producto como pieza fundamental para la transición energética en la que trabaja el Ministerio de Desarrollo Productivo.
La planta anunciada tendrá una capacidad de producción estimada anual en 24 mil toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE). De esta forma, Salta ingresará al tridente provincial que produce este mineral junto con Jujuy y Catarmarca. Es que si bien hay por lo menos ocho salares de la puna salteña en fase de exploración, aún no se había avanzado dentro de la provincia en la producción del carbonato para exportar.
Lo desarrollará el grupo minero francés Eramet a través de su subsidiaria local Eramine Sudamericana. Eramet está a cargo del yacimiento Centenario Ratones desde 2010 y ya lleva invertidos 200 millones de dólares en el proyecto, que había sido paralizado en abril de 2020 por "problemas estructurales económicos de la firma sumado a la pandemia de Covid-19". Ya reanudada la actividad, comenzará a vender en 2024. Al precio actual de 78.000 dólares la tonelada, equivaldría a casi 2 mil millones de dólares por exportaciones del mineral.  
La empresa estatal provincial Recursos Energéticos y Mineros de Salta (Remsa ) se incorporó como socia del proyecto bajo la figura NSR, siglas en inglés que significan retorno neto de fundición. Se trata de una regalía que se cobra de acuerdo al valor de salida del producto minero en boca de mina, el mineral extraído, transportado y/o acumulado previo a cualquier proceso de transformación-, que será del 5 por ciento.
Además de ese porcentaje, el proyecto una vez en producción tendrá que derivar otra regalía del 3 por ciento sobre el valor de boca de mina, establecida bajo la Ley provincial 8.229. Ese porcentaje de lo producido quedará para el uso del gobierno provincial y los municipios colindantes al yacimiento, de acuerdo a los criterios establecidos por ley. De este modo el 20 por ciento se destinará a las comunas, un 10 por ciento a un fondo especial de promoción minera y un 70 por ciento restante para la provincia.
La empresa asegura que generará 2.000 empleos directos e indirectos. Durante la fase de construcción de la planta se prevé la incorporación de mil personas, durante la etapa de operación otros 300 empleos directos, además de los subcontratistas que estarán involucrados tanto en las operaciones como en la construcción.
Litio, divino tesoro
Con este anuncio de inversión, ya van más de 4.800 millones de dólares comprometidos en los últimos dos años en referencia a este mineral, lo que "marca un verdadero salto inversor inédito en la historia del país en este producto, que es altamente demandado porque va a ser la base de toda la revolución de la electromovilidad a nivel mundial”, aseguró Matías Kulfas. Se denomina coloquialmente "oro blanco" a este mineral por su importancia como insumo de baterías de larga autonomía empleadas para los autos eléctricos.
Argentina cuenta con una de las más grandes reservas de litio. Junto con Chile y Bolivia conforman el triángulo del litio y concentran más del 50 por ciento de las reservas de este mineral a nivel mundial. Bolivia es el país con mayor cantidad de reservas en el mundo, concentra 21 millones de toneladas por encima de los 14,8 millones de toneladas de Argentina y los 8.3 millones de toneladas de Chile. Luego se encuentran Estados Unidos y Australia.
De las tres naciones latinoamericanas, Chile y Argentina están muy por delante en producción, mientras que Bolivia tiene dificultades para comenzar. Australia es el mayor productor de carbonato de litio, concentrando el 55 por ciento de la producción mundial. Le sigue Chile con un 26 por ciento, China con 14 por ciento y Argentina con 6,2 por ciento de producción.
El próximo paso
Hoy en día el país exporta alrededor de 33.000 toneladas de carbonato de litio, que es el concentrado primario del producto tras una primera transformación de la salmuera extraída en los salares. Sin embargo, existen otras formas de agregarle valor al producto primario a través del desarrollo tecnológico e ir más allá de la producción de carbonato de litio: desde la extracción de otros minerales valiosos en la salmuera hasta la elaboración de celdas para baterías de celulares o autos eléctricos.
Actualmente, el desarrollo tecnológico en la extracción primaria del mineral se lleva a cabo en el país bajo el método de la evaporación solar, que consiste en extraer la salmuera de los salares, precipitar las sales correspondientes depositándolo en piletones especiales, e ir purificándolas en sucesivas evaporaciones hasta llegar a una concentración de 0,7-1,2 por ciento de litio.
Una vez conseguido ese concentrado se transfiere la salmuera a la planta de carbonato de litio donde se elimina la cantidad restante de otros minerales potencialmente comercializables como el magnesio, borato, sodio y potasio que hoy se utilizan como desechos y se seca y embolsa para su comercialización. Este método aplica hoy en el Salar de Olaroz la asociación multifirma Sales de Jujuy, que integran Orocobre S.A. (Canadá), Toyota Tsusho Corp (Japón) y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse), la empresa estatal minera de la provincia.
El Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía de Jujuy (CidmeJu), más conocido como el Instituto del Litio, es la principal institución vinculada al estudio y desarrollo de este mineral y se encuentra desarrollando líneas de investigación para mejorar este método al tiempo que agregar valor.
Con respecto al desarrollo de las baterías, la experiencia más cercana es la que lleva adelante YPF Tecnología, la empresa de investigación y desarrollo para la industria energética que hoy preside el ex ministro de Ciencia Roberto Salvarezza. El trabajo de la planta estará centrado en incorporar tecnología para el diseño y la fabricación de las celdas y baterías de litio para atender demandas específicas del Estado y el sector productivo, la formación de recursos humanos calificados en la temática y la producción de conocimiento. Desde el Instituto buscan procesos electroquímicos que den lugar a mejores baterías, con mayor capacidad o de mayor duración aunque "aún falta mucho para tener una fábrica nacional de baterías de litio", aseguran.
 
 
 
 
 

EL CLIMA SALVAJE HA CONVERTIDO LAS SALINAS DE BOLIVIA EN UNA OBRA DE ARTE
 
Un satélite captura los impresionantes efectos de las fuertes lluvias y los fuertes vientos en un paisaje que, casualmente, se utiliza para calibrar los satélites.
 
Revista Atlas Obscura (https://bit.ly/3t1ushQ)
 
CON UNA EXTENSIÓN DE CASI 4000 MILLAS CUADRADAS a través del altiplano a una altura de unos 12 000 pies, el Salar de Uyuni de Bolivia generalmente se ve, desde un satélite, como un montón de nada: plano, blanco, sin rasgos distintivos. El salar más grande del mundo es, por supuesto, mucho más animado desde el suelo. Alberga una gran cantidad de flamencos reproductores cada noviembre y es el hogar de otras especies adaptadas al entorno salado, incluidas varias otras aves y la vizcacha adorablemente regordeta y con orejas de conejo, un roedor relacionado con las chinchillas. Durante el húmedo verano austral, las lluvias estacionales generalmente ligeras se acumulan en una capa delgada sobre la costra de sal. Crea un impresionante efecto de espejo, dibujando un tipo diferente de vida silvestre, mientras caravanas de turistas todoterreno aparecen en busca de selfies.
Este año, sin embargo, el clima extremo ha provocado muchos problemas para los interesados en el salar o playa. Los altos niveles de precipitación han causado inundaciones, arruinando muchos recorridos y potencialmente interrumpiendo los planes de futuro cercano de otras personas a las que les gusta tomar imágenes del paisaje: los científicos de teledetección.
Una vez que termina la temporada de lluvias en abril, el Salar de Uyuni generalmente se vuelve tan insípido que es uno de varios sitios en todo el mundo que se utilizan para calibrar cámaras satelitales (las ubicaciones incluyen otras salinas, desiertos y capas de hielo, desde Israel hasta Nevada, desde la Antártida hasta Argelia) . Los paisajes agrestes permiten a los técnicos ajustar la configuración y asegurarse de que los sensores distantes "vean" con precisión lo que hay en el suelo. Como dice el equipo de teledetección del Servicio Geológico de los Estados Unidos: "Sin instrumentos calibrados, los productos de datos no pueden validarse para uso científico".
Por ejemplo, para producir imágenes nítidas y claras, las cámaras satelitales deben leer el resplandor de nuestro planeta, o la intensidad de la luz solar que se refleja en la superficie de la Tierra, con una precisión excepcional. Si lo que se conoce como calibración radiométrica absoluta se desvía solo por el ancho de un bigote de vizcacha, podría distorsionar la información que transmite la imagen. (Hablando en sentido figurado, por supuesto; los bigotes de vizcacha no son una unidad reconocida para medir nada. Todavía).
En una publicación de 2020 en el blog de Maxar Technologies, los científicos de detección remota Michele Kuester y Tina Ochoa escriben que la calibración radiométrica absoluta precisa es importante para una gran cantidad de usuarios de imágenes satelitales, desde científicos que observan el color de un bosque para medir su salud general hasta agricultores. decidir si un cultivo necesita riego adicional.
Sin embargo, el Salar de Uyuni no servirá como una pizarra en blanco para la calibración en el corto plazo. Desde noviembre de 2021 hasta enero, las fuertes lluvias convirtieron la extensión en un derroche de color y patrones salvajes. Debido a que el área es una cuenca sin salida, la escorrentía de las montañas circundantes, y todo el sedimento que vino con ella, no tiene adónde ir y se quedará hasta que este nuevo mar poco profundo se evapore. El agua descolorida en la imagen satelital de color natural en la parte superior es el resultado de diferentes tipos de partículas transportadas al piso, así como de la proliferación de algas que se propagan gracias a una explosión repentina de nutrientes de toda el agua y la materia orgánica vertida en la cuenca. Las formaciones paralelas que se asemejan a bancos de arena son probablemente el resultado de fuertes vientos que empujan el agua y los sedimentos.
Los vientos inusualmente fuertes y las lluvias excesivas crearon un fenómeno similar aproximadamente al mismo tiempo en el otro lado del mundo. En el Mar del Norte, entre las costas inglesa y holandesa, una imagen satelital en falso color adquirida en febrero permitió a los científicos ver a través del agua y presenciar las secuelas submarinas de la tormenta Eunice y otras tormentas inusualmente fuertes que azotaron la región ese mes. Los sistemas meteorológicos mortales, con vientos huracanados, mataron al menos a 18 personas en siete países, desde Irlanda hasta Polonia.
A medida que la escorrentía de las fuertes lluvias hizo crecer los ríos y se vertió en el Mar del Norte, llevándose consigo una gran cantidad de sedimentos, los fuertes vientos generaron olas de hasta 25 pies de altura. Las olas llevaron el sedimento más lejos de la costa antes de arrojarlo en una serie de depósitos paralelos. Este inusual penacho de sedimentos se asemeja a un patrón de teñido anudado nítido y claro, gracias al satélite perfectamente calibrado que lo capturó.
 
 
 
 
 
"HOY MÁS QUE NUNCA LOS VIENTOS DEL SUR SOPLAN CON MÁS FUERZA": PRESIDENTE DE BOLIVIA TRAS SU LLEGADA A CHILE
 
24 Horas de Chile (https://bit.ly/3CBCQrv)
 
El presidente de Bolivia, Luis Arce, llegó este jueves a Chile para participar el viernes en la investidura de Gabriel Boric como nuevo mandatario de ese país, con quien también prevé reunirse.
"Estamos contentos de haber llegado a Chile para acompañar la posesión de Gabriel Boric. Hoy más que nunca los vientos del sur soplan con más fuerza, y la integración y la justicia social toman las calles de la Patria Grande" escribió en su cuenta de Twitter tras arribar esta madrugada.
Además agregó tras su llegada a nuestro país que "llegamos seguros de que la asunción del hermano Gabriel Boric significará progreso y justicia social para el pueblo chileno, y más integración y hermandad para América Latina".
La viceministra Gabriela Alcón, señaló que hay "muchas coincidencias" con el próximo Gobierno de Boric, por lo que ve necesario que se "establezca este acercamiento".
Antes de iniciar su viaje y visita, informó además que entregó el "bastón de mando" del país al vicepresidente David Choquehuanca, y acompañó su publicación con una fotografía de ambos.
 
 
 
 
 
PEDRO CASTILLO SE REUNIRÁ EN CHILE CON PRESIDENTES DE BOLIVIA Y ARGENTINA
 
El mandatario peruano realizará una serie de eventos como parte de su participación en la ceremonia de asunción presidencial de Gabriel Boric en Chile.
 
Gestión de Perú (https://bit.ly/3tRbhqr)
 
El jefe de Estado, Pedro Castillo, continuará este viernes 11 de marzo su estadía en Chile, como parte de la ceremonia de asunción presidencial de Gabriel Boric. Entre las actividades del mandatario peruano figuran reuniones con sus homólogos de Bolivia, Luis Arce; y de Argentina, Alberto Fernández.
Según informó la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa de la Presidencia peruana, Castillo Terrones se entrevistará con Luis Arce en el Sheraton Tower, salón Prat, ubicado en Santiago de Chile, a partir de las 6:15 a.m. (hora local).
Mientras que con Fernández Pérez se citará en el Hotel Sheraton Miramar, salón Sausalito AB, ubicado en Viña del Mar, a las 2:00 p.m. (hora local).
Itinerario de Pedro Castillo
Además de las reuniones con altas autoridades este viernes, Pedro Castillo participará en el desayuno de trabajo con representantes de la Cámara de Comercio Chileno Peruana y del Consejo Empresarial Chileno Peruano. El evento está agendado 7:00 a.m. (hora local).
Para las 10:00 a.m. (hora local) está programada su participación en la ceremonia de transmisión del mando presidencial del presidente de Chile, Gabriel Boric. La actividad se desarrollará en el Salón de Honor, sede del Congreso Nacional, en Valparaíso.
Seguidamente, el presidente peruano será parte del almuerzo que ofrecerá Gabriel Boric a los jefes de Estado y de Gobierno invitados.
Guillermo Lasso y Gabriel Boric
Pedro Castillo se reunió este jueves con mandatario electo de Chile, Gabriel Boric. El mandatario peruano y su comitiva, integrada por el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa; y el embajador del Perú en Chile, Jaime Pomareda, fueron recibidos por Boric en la Municipalidad de Santiago.
Además, Castillo sostuvo un encuentro con su homólogo de Ecuador, Guillermo Lasso. La Presidencia informó que se abordaron los avances sobre los acuerdos alcanzados durante el último Gabinete Binacional y las acciones en materia social, ambiental y de integración por medio de la Comunidad Andina (CAN).
 
 
 
 
 
EVO MORALES PIDE MAYOR PRESUPUESTO CONTRA EL NARCOTRÁFICO
 
El expresidente de Evo Morales dice que Bolivia necesita un mayor presupuesto para la lucha contra el narcotráfico mientras que su heredero político, el presidente Luis Arce, inaugura la erradicación de cocales ilegales
 
Independent de Londres (https://bit.ly/3vZPu2A)
 
El expresidente de Evo Morales dijo que Bolivia necesita un mayor presupuesto para la lucha contra el narcotráfico mientras que su heredero político, el presidente Luis Arce, inauguró la erradicación de cocales ilegales.
Al ser consultado en una conferencia de prensa sobre la la lucha contra el narcotráfico, Morales —líder de uno de los sindicatos de cocaleros en el centro de Bolivia— dijo que su gremio ha solicitado un “mayor presupuesto para la erradicación en lugares que no están permitidos”.
Esos recursos también contemplan el mantenimiento de los helicópteros y el control aéreo con países fronterizos como Brasil y Perú.
La hoja de la planta es considerada materia prima de la cocaína.
“No es iniciativa de Evo, por favor. A mí me han sorprendido mis compañeros que en las reuniones han planteado querer más presupuesto para la lucha contra el narcotráfico. Reducción, erradicación y el control en las fronteras", señaló el exgobernante.
Poco antes, Arce inauguró las tareas conjuntas de racionalización y erradicación de la hoja de las plantaciones de coca excedentes en la localidad de Chimore, perteneciente a la región central de Cochabamba. Morales explicó que fue invitado al acto pero que su agenda no le permitió asistir.
La Unión Europea es el mayor aliado en la lucha contra los cultivos ilícitos con 72 millones de euros en los últimos años después de la salida de Estados Unidos. La UE ha manifestado su preocupación por el aumento del 15% en los cultivos de coca el año pasado y pidió “mejorar los resultados”.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que en 2021 se erradicaron 9.457 hectáreas y que para esta gestión se prevé eliminar 10.000 hectáreas. Del Castillo culpó a la administración de la expresidenta interina Jeanine Áñez porque los índices de erradicación de coca bajaron a 1.770 hectáreas;
En Bolivia la hoja de coca es “sagrada” por la tradición cultural andina, pero sólo están permitidas 22,000 hectáreas de cultivo para usos tradicionales como el masticado y la medicina natural. La nación andina es el tercer productor mundial después de Colombia y Perú.
 
 
 
 
 
LA QUIACA: MALVIVIENTES LLEGAN DESDE BOLIVIA PARA ARREBATAR CELULARES Y LUEGO HUYEN RÁPIDAMENTE
 
Un grupo de delincuentes opera en esa ciudad fronteriza. La Policía trabaja en identificar y desarticular ese accionar delictivo.
 
Somos Jujuy de Argentina (https://bit.ly/369Sjmu)
 
Aseguran que en las últimas semanas en la ciudad fronteriza de La Quiaca aumentaron los casos de arrebato de celulares y apuntan a ciudadanos bolivianos como los responsables de esos hechos.
Desde la Unidad Regional Nº 5 de La Quiaca se refirieron al trabajo realizado durante las fiestas carnestolendas y remarcaron que durante las jornadas de celebraciones se produjo un incremento de denuncias relacionadas al robo de celulares.
«Se llevaron a cabo arrebato de celulares, hechos que no son comunes en esta ciudad. Podemos afirmar que se trata de personas que provienen de la vecina República de Bolivia quienes concretan el robo y se escapan presurosamente hacia su lugar de origen lo que hace que se dificulte la aprehensión de los mismos«, señaló el Comisario Mayor Ceferino Cunchila, subjefe de la Unidad Regional 5.
Cunchila además agregó que personal de la Brigada de Investigaciones se encuentra trabajando para dar con los responsables de los hechos delictivos. «Se busca establecer y desarticular a un grupo de gente que está viniendo para esta zona».
Por último, el subjefe de la Unidad Regional 5 pidió a los vecinos de La Quiaca que si observan personas en actitud sospechosa, denuncien a la Policía para poder actuar con rapidez.
 
 
 
 
 
EN DIÁLOGO CON BOLIVIA, EXPERTOS DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS SALUDAN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA PREVENIR EL USO EXCESIVO DE LA FUERZA Y PREGUNTAN POR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL
 
United Nations Human Rigths (https://bit.ly/3I4xMNI)
 
El Comité de Derechos Humanos concluyó esta tarde su consideración del cuarto informe de Bolivia sobre cómo implementa las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los expertos del Comité celebraron los cursos de capacitación que se están realizando para la policía para prevenir el uso excesivo de la fuerza y pidieron sobre la independencia judicial.
El Comité acogió con beneplácito los cursos de capacitación que se están realizando para la policía para prevenir el uso excesivo de la fuerza en los eventos. Un experto del Comité abordó el tema de la independencia del poder judicial y pidió que los jueces y fiscales sean seleccionados de manera transparente, en función del mérito. El experto también señaló que muchos jueces y fiscales eran provisionales o tenían contratos temporales. ¿Estaba el Estado realizando una reforma urgente del sistema de justicia para garantizar su independencia y respeto al debido proceso? ¿Cómo garantizaría el Estado la permanencia de jueces y fiscales? ¿Cómo garantizaría los recursos necesarios para el buen funcionamiento de los órganos de justicia? El experto también planteó el tema de la corrupción y preguntó qué medidas se habían tomado para evitar la interferencia externa e interna del proceso judicial.
En el debate que siguió, la delegación explicó que para elegir a los jueces, la Asamblea Legislativa boliviana aprobaba a los candidatos por una mayoría de dos tercios, y eso se hacía cumplir por voto popular. Hubo una baja participación electoral y el modelo estaba siendo debatido, pero Bolivia creía que el proceso garantizaba la independencia judicial. El Estado parte estaba trabajando para aumentar los recursos disponibles para el poder judicial, pero el poder judicial solo había utilizado el 80% de su presupuesto. En la administración actual, los jueces fueron capacitados minuciosamente.
Iván Manolo Lima Magne, Ministro de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia y jefe de la delegación, dijo que Bolivia viene trabajando para garantizar los derechos civiles y políticos, introduciendo una serie de medidas para reducir la discriminación y garantizar el derecho al voto. Los instrumentos de derechos humanos tenían mecanismos de aplicación que permitían al Comité verificar su progreso. El Ministerio de Justicia estaba elaborando un Plan Nacional de Desarrollo para fortalecer la paz, mejorar el acceso a la justicia, especialmente en las zonas rurales, y garantizar la independencia judicial. El Ministerio había comenzado a hacer frente a la corrupción, sancionando a los jueces que habían puesto en libertad a los autores de actos de violencia contra la mujer.
En sus comentarios finales, el Sr. Magne dijo que Bolivia era inquebrantable en su compromiso con los derechos humanos y expresó el compromiso del Estado boliviano de abordar las recomendaciones del Comité con un espíritu positivo y constructivo.
Photini Pazartzis, Presidenta del Comité, en sus observaciones finales, acogió con satisfacción la legislación que el Estado parte planeaba implementar, lo que, según dijo, mostraba el compromiso del Estado parte de continuar trabajando con el Comité para cumplir con sus obligaciones en virtud del Pacto. Expresó su esperanza de que el diálogo y las recomendaciones del Comité ayuden a mejorar aún más la situación de los derechos humanos en Bolivia.
La delegación de Bolivia estuvo integrada por representantes del Ministerio de Justicia; el Fiscal General; el Abogado Defensor Adjunto; el Viceministerio de Seguridad Ciudadana; el Director General de Penitenciaría; y la Misión Permanente de Bolivia ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.
El Comité emitirá sus observaciones finales y recomendaciones sobre el informe de Bolivia al término de su centésimo trigésimo cuarto período de sesiones, que concluye el 25 de marzo. Esos y otros documentos relacionados con el trabajo del Comité, incluidos los informes presentados por los Estados partes, estarán disponibles en la  página web de la sesión . Se puede acceder a la transmisión web de las reuniones públicas del Comité en  http://webtv.un.org/ .
Está previsto que el Comité se reúna públicamente a las 10.00 horas del viernes 11 de marzo para concluir su examen del tercer informe periódico de Camboya ( CCPR/C/KHM/3 ).
Informe
El Comité tiene ante sí el cuarto informe periódico de Bolivia ( CCPR/C/BOL/4 ).
Presentación del Informe
IVÁN MANOLO LIMA MAGNE, Ministro de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia y jefe de la delegación, dijo que Bolivia es un Estado donde prima el estado de derecho. El Estado tenía una forma de gobernar democrática e incluyente. La norma constitucional garantizaba los derechos civiles y políticos. Las 26 nacionalidades de Bolivia tenían derecho a la libre determinación. El Pacto formaba parte de la Constitución de Bolivia.
Bolivia había estado trabajando para garantizar los derechos civiles y políticos, introduciendo una serie de medidas para reducir la discriminación y garantizar el derecho al voto. Los instrumentos de derechos humanos tenían mecanismos de aplicación que permitían al Comité verificar su progreso. Las disposiciones internacionales se clasificaron por encima de la Constitución. De 1964 a 1982, Bolivia estuvo gobernada por una dictadura. Durante ese tiempo, hubo una serie de abusos de los derechos humanos. En 2019, un golpe de estado provocó nuevas violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, con la elección del actual Presidente se ha restablecido la democracia. Se encontró que el racismo y la discriminación fueron las causas del golpe.
El Ministerio de Cultura y el Ministerio de Deportes habían sido cerrados antes del golpe. En ese ambiente no había organismos de protección de la cultura, y eso generó choques culturales que culminaron con el golpe de Estado de 2019. Desde entonces, el actual presidente había restituido el Ministerio de Cultura. En el golpe se atacaron tribunales electorales y se puso en peligro la seguridad y la vida de muchos. El racismo y la tortura eran comunes bajo el gobierno del Gobierno de transición. El Gobierno recién elegido estaba trabajando para tipificar como delito la tortura.
Para proteger la salud de los reclusos y reducir el hacinamiento en las cárceles, Bolivia había considerado otorgar amnistías, pero nunca se emitieron. El Ministerio de Justicia estaba elaborando un Plan Nacional de Desarrollo para fortalecer la paz, mejorar el acceso a la justicia, especialmente en las zonas rurales, y garantizar la independencia judicial. El Ministerio había comenzado a hacer frente a la corrupción, sancionando a los jueces que habían puesto en libertad a los autores de actos de violencia contra la mujer.
Preguntas de los expertos del Comité
Un experto del Comité agradeció a la delegación la información bien organizada que había presentado. El Experto celebró que, desde la promulgación de la Constitución Política en 2009, las sentencias de la Corte Constitucional se hayan referido al Pacto ya las recomendaciones del Comité. ¿Hay otros ejemplos de tribunales nacionales de nivel inferior que hayan invocado el Pacto? ¿Cuáles fueron los niveles de cumplimiento de los casos 176/1984 (Peñarietta y otros), 2628/2015 (Delgado Burgoa) y 2629/2015 (Maldonado Iporre)? ¿Qué ha hecho el Estado para sensibilizar a la opinión pública sobre los derechos reconocidos en el Pacto?
El Experto también pidió aclaraciones sobre el alcance de los “estados de emergencia” en Bolivia, diciendo que el Estado parte no había notificado al Secretario General de las Naciones Unidas las medidas de emergencia que había adoptado para frenar la propagación del COVID-19. pandemia.
¿Hasta qué punto han tenido éxito las medidas de lucha contra la discriminación racial? Se han creado ocho comités departamentales para luchar contra la discriminación racial, pero sólo tres de ellos funcionan correctamente. ¿Por qué el Estado parte ha creado ese número de comités y por qué no se han establecido comités en algunas regiones autónomas? ¿Cuál ha sido el impacto real de las medidas para reducir la discriminación? ¿Cuántas denuncias ha recibido el Estado por discriminación racial y con qué eficacia las entidades estatales han dado seguimiento a esos casos?
La Experta también citó siete casos de discriminación en el ámbito judicial contra personas de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero e intersex. La legislación limitó los derechos de las personas transgénero al matrimonio y las uniones civiles, la adopción, la participación en competencias deportivas, la paridad en los procesos electorales y “otras actividades basadas en distinciones de género masculino y femenino”. ¿Qué medidas ha adoptado el Estado parte para proteger los derechos de ese grupo? También existen obstáculos que impiden a las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales registrar el nacimiento de sus hijos. ¿Qué medidas está adoptando el Estado para garantizar el registro inmediato de tales nacimientos?
Otro Experto del Comité abordó las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Se estaba implementando un nuevo plan de trabajo para modificar el código penal y aplicar leyes contra la desaparición forzada. ¿Cuál fue el progreso de esas deliberaciones?
¿Qué medidas se han adoptado para investigar las desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1964 y 1982? Se ha completado un informe sobre las medidas de apoyo del Gobierno, pero ¿se han comunicado los detalles de ese informe a las familias de las víctimas? ¿Podría el Estado parte proporcionar información sobre los criterios utilizados para probar la existencia de discriminación y el derecho a una indemnización? La información recibida por el Comité indicaba que las víctimas no habían recibido su indemnización completa. ¿Qué se estaba haciendo para garantizar que se recibiera?
Otro Experto del Comité señaló que las leyes y la Constitución de Bolivia garantizan el mismo derecho a la participación política y la igualdad de condiciones de hombres y mujeres. La experta celebró que hubiera un 50 % de representación de mujeres en las elecciones generales de 2020. De los 341 municipios de Bolivia, solo 20 estaban presididos por mujeres. Solo tres ministerios tenían representación femenina y no había gobernadoras. ¿Qué medidas piensa tomar el Estado para continuar con sus esfuerzos por aumentar la representación de las mujeres, especialmente de las mujeres indígenas y afrodescendientes, en los órganos de toma de decisiones?
La experta también observó un aumento significativo de la violencia y el acoso contra las mujeres en los últimos años. ¿Cuántos de esos casos de acoso y violencia han sido sancionados? El Comité solo conocía una sentencia de condena de 2021 (dos años de prisión). ¿Qué medidas de capacitación pretende desarrollar el Estado para jueces, fiscales y cuerpos policiales sobre los derechos políticos de las mujeres?
Otra experta dijo que la tasa de feminicidios en Bolivia era la más alta de América Latina. La violencia sexual había aumentado durante la pandemia, cuando los tribunales estaban cerrados y las víctimas no podían presentar sus casos. ¿Planeó el Estado redefinir “violación” para prevenir el abuso sexual de menores y la violación de parejas casadas? ¿Qué protocolos se han implementado para garantizar que las investigaciones y los exámenes médicos de las víctimas no sean discriminatorios?
También hubo obstáculos que impidieron que las niñas y las mujeres abortaran, como las denuncias obligatorias presentadas ante la policía, las objeciones de los equipos médicos y las violaciones de la confidencialidad médica. Esos obstáculos hicieron que muchas mujeres buscaran abortos clandestinos. La pandemia había empeorado el acceso de las mujeres a abortos seguros y legales. ¿Qué medidas, preguntó la experta, pensaba tomar el Estado parte para permitir que las mujeres y las niñas accedieran a abortos seguros y legales? La Experta también solicitó información actualizada sobre el enjuiciamiento y condena penal de las mujeres que recurrieron al aborto. Más de 200 mujeres estaban siendo procesadas por aborto tras ser denunciadas por personal médico. Qué medidas se tomaron para prevenir los embarazos precoces, incluidos los causados por violencia sexual, que había aumentado significativamente durante la pandemia de COVID-19? ¿Cómo planeó el Estado promover el acceso a una educación sexual libre de estereotipos de género?
Respuestas de la Delegación
La delegación explicó que muchos de los temas que el Comité había planteado habían ocurrido durante la dictadura y no eran relevantes para la Bolivia moderna.
Los tribunales ordinarios se han referido al Pacto. Se están investigando casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos entre 1964 y 1982 y el Estado, en particular, trabaja para resolver los casos 2628/2015 y 2629/2015.
El Gobierno debería haber notificado a las Naciones Unidas sobre el “estado de emergencia” previsto. Para evitar esa situación, Bolivia aprobó la Ley de Salud de 2020, que impide que las cuarentenas se utilicen contra los ciudadanos de manera discriminatoria. El Estado estaba trabajando arduamente para aumentar la tasa de vacunación y contener la pandemia.
El Gobierno está decidido a luchar contra la discriminación racial. La Ley 45 estableció la ilegalidad de la discriminación. Se han hecho progresos significativos en la prevención del racismo a través de la educación. Por ejemplo, se han realizado sesiones de formación sobre racismo para 13.635 agentes de policía. El Ministerio de Cultura supervisó los esfuerzos para combatir el racismo. El Ministerio había elaborado un protocolo de denuncias para mejorar la forma en que el Estado las atiende. Como parte de la planificación integral del Estado, el Gobierno ha evaluado sus avances en la lucha contra el racismo y todas las formas de discriminación, y se está elaborando un plan quinquenal con ese fin. Cuando los policías discriminaban a los grupos raciales, los despojaban de sus cargos.
La delegación explicó que el Ministerio de Justicia de Bolivia compartía la frustración del Comité por el tiempo que la Corte Constitucional estaba tardando en preparar un fallo sobre la legislación que protege los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. La delegación hizo un llamado a la Corte Constitucional para que agilice ese fallo.
La violencia sexual y política ocurrida durante la dictadura son violaciones a los derechos humanos fundamentales. Un organismo descentralizado, la “Comisión de la Verdad”, había informado sobre la violencia y otros abusos a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura, y sus conclusiones estaban siendo revisadas por el Estado. Se habían iniciado los procedimientos para los pagos de compensación pendientes. Se estaban estableciendo “Casas de la Memoria” dentro de cada Ministerio del Gobierno para recordar a los bolivianos los abusos contra los derechos humanos que habían ocurrido durante la dictadura y garantizar que esos abusos no se repitieran.
La delegación dijo que no había ninguna Gobernadora en los nueve departamentos del Estado, aunque sí una candidata. Bolivia planeó lograr una representación femenina del 50 por ciento en las elecciones judiciales, un nivel alcanzado previamente en 2012.
Ha habido un alto índice de violencia contra la mujer, y una Comisión está trabajando para prevenir el feminicidio y la violencia contra la mujer. En cuanto al aborto, la Defensora del Pueblo aseguró la implementación de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y las recomendaciones de otras organizaciones internacionales. Había una acción inicial en marcha para prevenir la discriminación contra las mujeres que se habían sometido a abortos, y también estaba en marcha una estrategia del Gobierno para prevenir el embarazo infantil.
El informe de la Comisión de la Verdad se publicó y sus conclusiones se distribuyeron a una amplia gama de autoridades. También se había publicado en las redes sociales. Las recomendaciones de compensación no eran vinculantes para el Estado, pero su objetivo era llegar a un arreglo rápido y amistoso con las familias de las víctimas.
Se preparó un informe sobre los avances del Estado en la prevención de la violencia contra la mujer. Las medidas de protección, como la Ley 48, que estaba siendo reformada, debían adoptarse con rapidez para reducir la alta tasa de feminicidios.
Bolivia tenía una ley que tipificaba como delito la violencia contra la mujer, la tortura y la discriminación contra las personas que abortan; sin embargo, esa ley había sido derogada. El Gobierno actual está trabajando para restablecerlo.
Preguntas de los expertos del Comité
Un experto del Comité señaló que la delegación había brindado información sobre una serie de medidas vigentes para proteger los derechos humanos, pero agregó que el acoso de los funcionarios públicos era un problema actual por el cual Bolivia no podía culpar a la antigua dictadura. ¿Qué se estaba haciendo en respuesta a los más de 600 casos de hostigamiento registrados durante la administración actual?
Un experto del Comité preguntó si el Estado había considerado adaptar su definición legal de tortura. ¿Había intentado el Estado investigar adecuadamente todas las denuncias de tortura, establecer la responsabilidad de los perpetradores y proporcionar reparación a las víctimas? ¿El Estado pretendía incrementar la capacitación de los funcionarios públicos sobre la prevención y tipificación de la tortura? ¿El Estado financió adecuadamente su institución Servicio para la Prevención de la Tortura?
El Experto señaló que entre 2014 y 2018 se han presentado 22 casos de linchamiento, provocados por la inseguridad ciudadana y la desconfianza en el sistema de justicia. ¿Cuántos casos de linchamiento se han procesado y cuáles han sido los resultados en términos de acusaciones, condenas y sanciones? ¿Planeaba el Estado aumentar la participación de la policía y el Ministerio Público en la prevención y persecución de esos delitos?
Otro Experto del Comité señaló que Bolivia había estado trabajando en una propuesta para reformar la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. ¿Qué medidas se han tomado para excluir los casos de violaciones de los derechos humanos de la jurisdicción militar? El experto también expresó su preocupación por la prevalencia del castigo corporal. ¿Qué está haciendo el Estado parte para eliminar los castigos corporales? ¿Qué medidas se han tomado para dar a conocer la prohibición de los castigos corporales dentro de la jurisdicción de los Pueblos Indígenas?
Sobre la prisión preventiva, el Experto dijo que más del 65 por ciento de las personas privadas de libertad se encuentran en prisión preventiva. ¿Qué medidas existen para reducir el número de personas en prisión preventiva? ¿Se están tomando medidas para encontrar alternativas a la prisión preventiva? ¿De qué mecanismos confidenciales disponen las personas privadas de libertad para presentar denuncias por tortura, malos tratos y otras violaciones de derechos humanos?
El experto acogió con satisfacción que el número de menores que vivían con uno de sus padres en prisión se había reducido en un 30%. ¿Garantiza el Estado que la presencia de menores en los establecimientos penitenciarios con sus padres sólo se permita en circunstancias excepcionales? ¿Las condiciones de vida de los menores en los establecimientos penitenciarios son adecuadas para su desarrollo físico, psicológico, moral y social?
Otro experto del Comité señaló que entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre se habían realizado manifestaciones en todo el país, en las que 35 personas perdieron la vida y 833 resultaron heridas. No se han dictado condenas en relación con esos incidentes. ¿Qué medidas se estaban tomando para acelerar las investigaciones, responsabilizar a los responsables y reparar integralmente a las víctimas, incluidas las de Sacaba, Senkata y Zona Sur? Del mismo modo, ¿qué investigaciones se estaban realizando en relación con los hechos violentos ocurridos en las protestas de cocaleros de septiembre de 2021 y en las protestas de noviembre de 2021 en el marco del “Paro Indefinido” decretado por organizaciones cívicas y sociales? El Comité acogió con beneplácito los cursos de capacitación que se están impartiendo a la policía para prevenir el uso excesivo de la fuerza en tales eventos. ¿Existen protocolos sobre el uso de la fuerza y armas letales? ¿Contaba Bolivia con medidas legislativas que garantizaban el derecho a la manifestación pacífica?
Otro experto dijo que las víctimas y las familias de las víctimas de abusos pasados querían saber cuándo recibirían compensación y justicia y pidieron al Estado que agilice el proceso para brindarla. El Experto acogió los Decretos Presidenciales de abril de 2020 y febrero de 2021 sobre la liberación de ciertas categorías de detenidos para reducir el hacinamiento en las cárceles. ¿Cuál fue el estado de la adopción de esos decretos? En el contexto de los recortes presupuestarios a la administración penitenciaria realizados en 2021, ¿qué medidas se han tomado para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad de acuerdo con los estándares internacionales? ¿Se aumentaría el presupuesto en 2022?
En 2019 se realizó un censo de prisiones. ¿Cuáles fueron los resultados del censo? ¿Qué recomendaciones se han aplicado? ¿Qué medidas existen para separar a las personas en prisión preventiva de las personas condenadas? ¿Cuál fue el papel de la Defensoría del Pueblo en el seguimiento del estado de hacinamiento en las cárceles?
Otra experta preguntó sobre la violencia contra la mujer y pidió a la delegación que proporcionara más información sobre las medidas vigentes para prevenir el feminicidio y ampliar la definición de violación. La experta también pidió más información sobre las medidas vigentes para promover la educación sexual en las escuelas y facilitar los abortos seguros. El experto también abordó el tema de la servidumbre, felicitando al Ministerio de Trabajo por realizar nuestras inspecciones en áreas remotas y ayudar a garantizar que los miembros de la comunidad guaraní, en particular, ya no estén sujetos a servidumbre. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que en 2008 había más de 600 familias en servidumbre. ¿Cuál es el número actual de familias en servidumbre en las zonas rurales? ¿La pandemia de COVID-19 había empeorado la situación de la servidumbre?
Respuestas de la Delegación
La delegación señaló que la Constitución boliviana determinaba que el Servicio para la Prevención de la Tortura había sido transferido a la Defensoría del Pueblo, que gozaba de mayor independencia. La Defensoría del Pueblo estaba implementando el más alto nivel de medidas para prevenir la tortura. La gran mayoría de las denuncias de tortura procedían de las cárceles.
Los privados de libertad tienen derecho a presentar una denuncia y se ha abierto una línea telefónica para denunciar denuncias de tortura. La Cruz Roja Internacional y otras instituciones de derechos humanos investigaron casos de tortura en cooperación con el sistema penitenciario. Se protegió la identidad de los denunciantes. En respuesta a esas denuncias, 70 policías fueron relevados de sus funciones. Se ha llevado a cabo una reforma integral del Código Penal y se está sensibilizando sobre la versión revisada. Se esperaba que el nuevo Código Penal fuera promulgado en 2022. Como política pública, Bolivia había desarrollado el “Plan Seguro”, que consideraba la naturaleza de los delitos que ocurren en diferentes regiones del Estado, así como las actitudes hacia el crimen.
Todos los casos de asesinato y linchamiento son debidamente investigados y todas las personas tienen derecho a la vida. Los linchamientos se debían en parte a la falta de confianza en las instituciones públicas, y el Estado estaba abordando eso. Las actividades de prevención fueron realizadas por la Defensoría del Pueblo y organizaciones no gubernamentales. El crecimiento económico comenzaba a estabilizarse y, como tal, el Gobierno pudo proporcionar una mayor parte del presupuesto a la policía y al sistema penitenciario. Bolivia no aplicó la justicia militar a sus ciudadanos. El Estado estaba trabajando para fortalecer el conocimiento y la protección de los derechos humanos por parte de los militares.
El Estado también cuenta con una política nacional que protege a los niños de la violencia y el abuso sexual, y se está desarrollando una política similar a nivel municipal. Las políticas vigentes en las escuelas incluían la prohibición del castigo corporal y la protección contra el abuso por parte de los maestros. Todas las instituciones gubernamentales debían abordar el abuso de los niños. En 2013, había más de 1.300 niños en las cárceles, pero en 2022, solo había 66 niños en las cárceles de mujeres, y en abril de 2022, el Gobierno consideraría indultar a las madres de esos niños para reducir aún más el número.
El hacinamiento en las prisiones se redujo de alrededor del 200% al 148% debido a la construcción de nuevas prisiones y la ampliación de las prisiones existentes, así como al indulto de mujeres con hijos, personas con discapacidad y personas con enfermedades terminales para reducir el número de reclusos. Había planes para construir más prisiones para separar a las personas en prisión preventiva de los reclusos condenados.
El Decreto 4078, el “Decreto de la Muerte”, otorgó impunidad a la policía y al Ejército y el derecho a usar armas de fuego contra los ciudadanos, y este decreto había dado lugar a incidentes violentos durante los años de facto. 21 militares y policías habían sido detenidos en relación con incidentes violentos en las protestas realizadas en 2021. El expresidente estaba inmune a rendir cuentas por estos incidentes.
El Estado boliviano estaba trabajando para conformar tres comités para atender los abusos a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura. Tenía la intención de proporcionar una compensación financiera y construir "casas de memoria". Esos comités debían ser interinstitucionales.
El nuevo Código Penal cambiaría la ley sobre el aborto. No se disponía de datos desglosados sobre abortos e instituciones médicas practicantes.
El Estado solo confiscó tierras a los terratenientes cuando hubo esclavitud en ellas. Esa medida ha sido efectiva, y el Estado no tiene conocimiento de ningún terrateniente que actualmente practique la esclavitud. Sin embargo, el sistema de justicia aún no llegaba a todos los pueblos rurales, por lo que el Estado estaba trabajando para mejorar su alcance para eliminar la esclavitud.
Preguntas de seguimiento de los expertos del Comité
Una experta del Comité expresó su sorpresa al escuchar que el Estado no tenía antecedentes de familias en servidumbre o servidumbre por deudas, ya que eso contradecía la información que había recibido el Comité. El Experto solicitó más información sobre las medidas de despojo de títulos de propiedad de las personas declaradas culpables de practicar la esclavitud.
Otro Experto del Comité solicitó más información sobre los mecanismos establecidos para poner a disposición más defensores públicos para apoyar a las personas privadas de libertad, y sobre los mecanismos para que las personas privadas de libertad presenten denuncias sin ser objeto de represalias.
Otro experto del Comité aplaudió a la delegación por sus reformas al sistema de tenencia de la tierra, de las que supuestamente se estaba beneficiando la población indígena. Sin embargo, la delegación no ha mencionado medidas de apoyo para el 2% de la población afrodescendiente. ¿Cuál era la situación de la población negra y qué medidas se habían adoptado para proteger sus derechos?
Otro experto del Comité volvió a pedir estadísticas sobre incidentes de tortura y linchamiento.
Respuestas de la Delegación
La delegación explicó que el Ministerio del Trabajo cuenta con unidades móviles de trabajo que inspeccionan las zonas rurales e identifican cuando a los trabajadores no se les paga el salario mínimo. Si la tierra era trabajada por personas en servidumbre, el Ministerio de Trabajo tenía la capacidad de quitarles los derechos a los propietarios de la tierra. Hubo 31 casos de servidumbre en 2015-16, y en esos casos se expropiaron los derechos sobre la tierra.
El Servicio Plurinacional de Defensoría Pública se aseguró de que todos los acusados tuvieran un abogado. Sin embargo, solo había 75 defensores públicos en todo el estado. También hubo grupos legales que brindaron apoyo pro bono cuando fue necesario. Todas las organizaciones legales trabajaron juntas para garantizar que se lograra el acceso a la justicia. El acceso a la justicia ya la tecnología era otro de los objetivos del Estado. Entre los mecanismos con los que contaban los internos para presentar denuncias por vulneración de derechos se encontraban buzones y una línea telefónica para presentar denuncias. Cuando se encontraba un caso de abuso, existía un protocolo para evaluar el caso y hacer que los responsables rindieran cuentas. El proceso fue supervisado por el Consejo Penitenciario.
Bolivia ha establecido servicios de apoyo para brindar educación a los niños en establecimientos penitenciarios. Esos niños también pudieron salir de las prisiones para recibir tratamiento médico en los hospitales.
Se habían registrado 28 denuncias por linchamiento, las cuales están siendo debidamente investigadas.
Preguntas de los expertos del Comité
Un experto del Comité señaló con satisfacción que se había establecido un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura dentro de la Defensoría del Pueblo y solicitó más información sobre el funcionamiento de ese mecanismo.
A continuación, el experto se refirió a la violación de menores y dijo que los cargos de violación se eludían regularmente mediante el uso de disposiciones relacionadas con el delito menor de malversación de fondos. ¿Se han tomado medidas para reformar el artículo del Código Penal relativo a la violación de menores?
El experto también se refirió a la cuestión del trabajo infantil y dijo que había informes de un gran número de niños trabajadores, incluidos los que trabajaban en actividades peligrosas. ¿Qué medidas se están tomando para reducir ese número? ¿Cuántos niños han sido retirados de situaciones de trabajo peligrosas, cuántas infracciones se han registrado y qué sanciones se han impuesto? ¿Qué medidas se tomaron para aumentar la conciencia pública sobre los delitos de trabajo infantil?
En cuanto a los refugiados, migrantes y solicitantes de asilo, la experta acogió con satisfacción el compromiso del Estado parte con el "Pacto Mundial sobre Refugiados" y el "Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular". El experto señaló, sin embargo, que muchos refugiados y solicitantes de asilo estaban excluidos de la amnistía cuando no tenían documentos de identidad. ¿Cuántas solicitudes de amnistía se han recibido y cuántas se han aprobado? ¿Qué medidas ha tomado el Estado para garantizar los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo que no cuentan con documentos de identidad o los recursos necesarios para viajar a La Paz a presentar sus solicitudes de asilo? ¿Había dado seguimiento el Estado a las denuncias de abusos de los policías bolivianos presentadas por migrantes?
Otro Experto del Comité se refirió al Plan Nacional de lucha contra la trata y el tráfico, preguntando si se había evaluado su impacto. ¿Cuáles fueron los principales objetivos del nuevo Plan Nacional 2021-2025? ¿Se ha consultado a la sociedad civil? ¿El Gobierno tiene la intención de continuar realizando talleres y cursos de capacitación para administradores y operadores de justicia sobre la atención a las víctimas? ¿Qué medidas piensa tomar el Estado para garantizar que los casos de trata se investiguen a fondo, que los autores sean llevados ante la justicia y condenados a una pena adecuada?
En cuanto a las víctimas de la trata, la experta preguntó cuántas habían recibido apoyo médico y psicológico adecuado. ¿El Estado buscó asegurar que las víctimas recibieran una reparación integral, incluyendo una compensación y rehabilitación adecuadas? ¿Cuántas víctimas han sido acogidas por los seis albergues de apoyo del Estado? ¿Cuántas quejas se han informado a través de la línea telefónica directa? ¿Estaba el Estado tratando de aumentar el número de albergues en las zonas fronterizas?
El Experto también abordó el tema de la independencia del poder judicial, afirmando que las Altas Cortes estaban integradas por abogados estrechamente relacionados con el partido de gobierno. El Experto pidió que los jueces y fiscales sean seleccionados de manera transparente, con base en el mérito. El experto también señaló que muchos jueces y fiscales eran provisionales o tenían contratos temporales. ¿Estaba el Estado realizando una reforma urgente del sistema de justicia para garantizar su independencia y respeto al debido proceso? ¿Cómo garantizaría el Estado la permanencia de jueces y fiscales? ¿Cómo garantizaría los recursos necesarios para el buen funcionamiento de los órganos de justicia?
El experto también planteó el tema de la corrupción y preguntó qué medidas se habían tomado para evitar la interferencia externa e interna del proceso judicial. ¿Qué sanciones se han impuesto en casos de corrupción? El Experto también señaló que había una falta de cobertura de los servicios de defensa pública en alrededor del 70 por ciento de los municipios del Estado. ¿Qué medidas se están adoptando para garantizar un mejor acceso a la justicia, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad?
Otro experto preguntó al Estado parte qué hacía con las tierras que había revocado por servidumbre. ¿Se pasó a las víctimas? A continuación, el Experto abordó el tema de la libertad de expresión. ¿Cuál es el número de denuncias de hostigamiento o represalias contra periodistas, líderes de opinión, sindicalistas y defensores de derechos humanos y qué seguimiento se ha dado a dichas denuncias? ¿Cómo se aplicaron las leyes contra la difamación, la calumnia y el desacato a los periodistas?
Otro Experto del Comité se refirió a los derechos del niño, preguntando sobre las medidas que el Estado ha implementado para eliminar los obstáculos denunciados para registrar el nacimiento de los hijos de personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e intersexuales, así como de los niños nacidos en lugares distintos a los hospitales y niños nacidos de refugiados y comunidades indígenas.
Los proyectos mineros habían afectado territorios indígenas y otras áreas protegidas en las regiones del norte y sur de la Amazonía. ¿Qué medidas se han tomado para proteger a las comunidades indígenas de los efectos de esos proyectos? ¿Pretendía el Estado parte revisar la política de colonización de tierras forestales que comprometía áreas protegidas y territorios indígenas? ¿Qué acciones estratégicas se estaban realizando para evitar la ejecución de proyectos que afectaban a esos territorios?
Respuestas de la Delegación
En cuanto a la protección de los niños, la delegación compartía la preocupación del Comité por el elevado número de niños trabajadores. Bolivia había introducido un Consejo Plurinacional contra el Tráfico Ilícito de Personas. Ese Consejo tenía la facultad de desarrollar legislación sobre el tráfico de personas. Se estaba revisando un marco legal que vigilaba el tráfico de personas, junto con las organizaciones de la sociedad civil. También se estaban formando tratados bilaterales con varios Estados para ayudar a contrarrestar el tráfico de personas. También se estaban realizando misiones para identificar posibles traficantes de personas en la frontera. Esos habían identificado 591 casos de tráfico de personas en 2021.
En cuanto a los refugiados, había seis puestos de apoyo gestionados por el Gobierno y otros cuatro que habían sido subcontratados. Bolivia capacitaba constantemente al personal para identificar el contrabando y responder adecuadamente. Se ha establecido una línea telefónica para registrar denuncias de trata y brindar asesoramiento a las víctimas. Las solicitudes de asilo se pueden realizar no solo en La Plaz, sino en cualquier oficina del Gobierno o aeropuerto. Los casos se analizaban en un plazo de 10 días, y cuando las personas no calificaban para el asilo, podían apelar. Los refugiados tienen derecho a acceder a todos los servicios públicos y disfrutan de los mismos derechos que los ciudadanos bolivianos. En 2021 se había aprobado un decreto que permitía la migración de extranjeros en situación irregular. El decreto establecía que tales personas podían permanecer en Bolivia durante dos años. El decreto también contemplaba la posibilidad de regularización. Para muchos migrantes, sin embargo, su objetivo era llegar a otro país.
Se capacitó a 400 policías en la lucha contra la trata de personas y se llevó a cabo una campaña de sensibilización. Bolivia hizo un llamado a las comunidades para que propongan soluciones para combatir la trata de personas en sus regiones.
En la legislación boliviana no existía ningún obstáculo para la inscripción de los nacimientos. Todos los niños nacidos en Bolivia recibieron la ciudadanía boliviana. La política pública aseguró el derecho a la salud de las mujeres y de sus hijos.
Existía una ley que defendía a los periodistas y los medios podían realizar su trabajo libremente. También había una ley que defendía la libertad de expresión de los defensores de los derechos humanos. Durante los años del Gobierno de facto se aplicó un decreto que limitaba la libertad de expresión, pero posteriormente fue derogado.
Para la elección de los jueces, la Asamblea Legislativa boliviana aprobaba a los candidatos por mayoría de dos tercios, y eso se hacía cumplir por voto popular. Hubo una baja participación electoral y el modelo estaba siendo debatido, pero Bolivia creía que el proceso garantizaba la independencia judicial. El Estado parte estaba trabajando para aumentar los recursos disponibles para el poder judicial, pero el poder judicial solo había utilizado el 80% de su presupuesto. En la administración actual, los jueces fueron capacitados minuciosamente. Los jueces que han indultado a personas que han cometido feminicidios han sido juzgados y castigados por sus acciones. Era necesario transformar el sistema de justicia, y la delegación acogió con satisfacción las recomendaciones del Comité.
Palabras de cierre
IVÁN MANOLO LIMA MAGNE, Ministro de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia y jefe de la delegación, dijo que Bolivia está abierta al escrutinio internacional y es inquebrantable en su compromiso con los derechos humanos. Ha firmado todos los tratados internacionales pertinentes y se ha comprometido a proporcionar el más alto nivel de protección de los derechos humanos. Si había que hacer alguna reforma para garantizar los derechos de sus ciudadanos, el Estado estaba dispuesto a implementarla. El Sr. Magne agradeció al Comité por sus preguntas y su determinación de mejorar los derechos humanos en Bolivia. El Presidente y el Vicepresidente de Bolivia, dijo, habían expresado el compromiso del Estado boliviano de abordar las recomendaciones del Comité con un espíritu positivo y constructivo.
PHOTINI PAZARTZIS, Presidenta del Comité, agradeció a la delegación por los esfuerzos que había realizado para responder a las muchas preguntas planteadas por el Comité, y por sus esfuerzos para defender los derechos humanos en el Estado. La Sra. Pazartzis acogió con beneplácito la legislación que el Estado parte tenía previsto aplicar, que, según dijo, demostraba el compromiso del Estado parte de seguir trabajando con el Comité para cumplir sus obligaciones en virtud del Pacto. Recordó que el Comité discutió los desafíos que enfrenta el Estado parte, incluida la violencia contra las mujeres y los feminicidios, la situación de los refugiados, el uso excesivo de la fuerza en las protestas, los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, el funcionamiento del sistema judicial. y la independencia del poder judicial.
 
 
 
 
 
LA HISTORIA DEL PROYECTO QUE PODRÍA “SALVAR” AL PAÍS Y QUEDÓ SEPULTADO POR LA DESCONFIANZA A LA ARGENTINA
 
Los dos barcos regasificadores que se encuentran amarrados en Escobar y en Bahía Blanca hacen el proceso inverso de licuefacción: reciben los buques llenos de gas líquido y lo convierten a estado gaseoso para inyectarlo en los gasoductos. Esto es más caro que importar gas de Bolivia.
 
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La Argentina enfrenta un fuerte shock negativo con la disparada del precio internacional del gas, que amenaza con dejar obsoleto el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) incluso antes de ser aprobado. Tal es la preocupación en el Gobierno que el ministro de Economía, Martín Guzmán, viajó de manera sorpresiva el martes a la noche a Houston para participar del evento energético más importante del mundo, CERA Week. Este escenario es una paradoja para el país, donde hace solo tres años se hablaba de la preocupación de los excesos de producción local de gas y se analizaban proyectos para aumentar las exportaciones.
El mercado de gas tiene dos características que lo hacen mucho más complejo que el de petróleo. Por un lado, el consumo residencial no es constante todo el año, sino que se triplica durante los tres meses de invierno (en un gráfico, tiene la forma de una campana). Esto genera que en el invierno haya que complementar la producción local con importaciones para cubrir los picos de demanda. Para las empresas, no es rentable aumentar la oferta para abastecer solo tres meses del año, ya que los pozos no son una canilla que se pueden abrir y cerrar fácilmente, sin perder rentabilidad.
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Este problema se complementa con la segunda característica del gas: por su composición, es muy costoso almacenarlo. Para hacerlo, tiene que pasar por el proceso de licuefacción, que significa enfriar el gas natural a menos de 160 grados para pasarlo a estado líquido (GNL).
Los dos barcos regasificadores que se encuentran amarrados en Escobar y en Bahía Blanca hacen el proceso inverso de licuefacción: reciben los buques llenos de gas líquido y lo convierten a estado gaseoso para inyectarlo en los gasoductos. Esto es más caro que importar gas de Bolivia.
La Argentina tiene con Vaca Muerta la segunda entre las mayores reservas de gas no convencional. Es decir, se podría producir para abastecer el consumo durante todo el año, pero para ello hace falta infraestructura que le garantice a las empresas que en verano van a tener demanda y no van a perder la producción.
Las opciones que se barajaron durante los distintos gobiernos fue construir cuevas subterráneas, como hay en Estados Unidos, para almacenar el gas y poder utilizarlo en el invierno. Pero la opción que más atractivo generó fue la de construir una planta de licuefacción que permita al país exportar el GNL. La Argentina cuenta con la ventaja de estar en el hemisferio sur y, por lo tanto, le sobra gas justamente cuándo más lo necesitan Europa, Japón y China.
El barco de GNL se amarra al buque regasificador de la empresa Excelerate, emplazado en el puerto de Bahía Blanca, para convertir el hidrocarburo de estado líquido a gaseoso e inyectarlo al sistema de gasoductos
La planta de licuefacción no es barata. Tiene un costo de más de US$4000 millones y tarda tres años en construirse. Para financiarla, hubo interés de varias empresas en aportar el capital, pero la falta de credibilidad y de seguridad jurídica en el país, el constante cambio de reglas de juego (con el congelamiento de tarifas, por ejemplo) y la crisis económica que hizo disparar el riesgo país generaron que este proyecto nunca se concrete.
Quien estuvo más cerca de hacer realidad esta alternativa fue YPF, que contrató una barcaza como experiencia piloto a fines de 2018, durante la gestión de Miguel Gutiérrez y Daniel González, presidente y CEO, respectivamente. En ese entonces firmaron un contrato de exclusividad por 10 años con la empresa belga Exmar, que tenía una capacidad de licuefacción de 2,5 millones de metros cúbicos de gas por día (m3/d). Para tener una referencia, los barcos que llegan a Escobar tienen una capacidad de 51 millones de m3 y los de Bahía Blanca, 82 millones de m3.
Sin embargo, durante la pandemia, el precio del gas se derrumbó (como ocurrió con el petróleo) ante la fenomenal caída de la demanda (muchas industrias cerraron en las durante las cuarentenas). Ante la necesidad de bajar costos, YPF decidió rescindir el contrato con Exmar y le pagó una indemnización de US$150 millones. Fue en 2020.
Según dijeron en su momento en la petrolera, el resultado total de la operación de la barcaza finalizó con una pérdida aproximada de US$145 millones, tras realizarse solamente cinco exportaciones, por un total de 80.500 m3 de GNL.
El precio del GNL fue muy volátil en los últimos años, al igual que el de todos los hidrocarburos: pasó de un valor aproximado de US$8 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector) en 2018, para descender a US$3 en 2020, el año de la pandemia.
A fines de 2021, el precio comenzó a subir de nuevo ante la mayor demanda pospandemia y la lentitud que registró el mundo para reactivar la producción de gas por la falta de inversiones. De este modo, en enero, el precio del GNL ya estaba en US$23 previo al conflicto bélico y saltó a casi US$60 con la invasión de Rusia a Ucrania. Con los precios actuales del gas, se cree que las importaciones de GNL podrían costarle a la Argentina más de US$7000 millones, cuando el año pasado representaron US$1000 millones.
Aunque se trate de una conclusión hipotética, si el país hubiera contado con la planta de la que se habló tantas veces, podría beneficiarse de ese salto sideral en los valores de algo que podría producir.
 
 
 
 
 
SOBRE LOS MILITARES, A PROPÓSITO DE UN LIBRO
 
Mundiario de España (https://bit.ly/3hVazD0)
 
Los militares en Bolivia: Ensayo de interpretación sociológica (distribuidor Los Amigos del Libro, 1971) se publicó hace un poco más de cincuenta años, y su aparición le ganó a su autor la inquina de la casta militar boliviana. Tanto, que lo interpeló e incluso quemó gran parte del tiraje de la obra. Sin embargo, aquel libro es de los mejores de Guillermo Bedregal, teniendo en cuenta que casi toda su producción bibliográfica (dispersa en libros, artículos y folletos) tiene un fondo reiterativo, aburrido y machacón, referido a la Revolución Nacional de 1952 y las ideas del nacionalismo revolucionario. Y es, por eso mismo, junto con la semblanza que realizó de Víctor Paz Estenssoro (Paz Estenssoro, el político: Una semblanza crítica, colección Tierra Firme, Fondo de Cultura Económica, 1999), probablemente el libro en el que Bedregal se muestra más analítico y menos dogmatizado por el discurso de su partido.
A medio siglo de su aparición, me parece relevante desempolvarlo, con el propósito de hacer un análisis de qué es actualmente y qué papel desempeña en la vida pública de hoy el estamento militar. Por ello, la “interpretación sociológica” de Bedregal nos servirá para indagar en qué se hallan las Fuerzas Armadas y, sobre todo, qué efecto provocan en la política y la sociedad de nuestros días. Ahora bien, Bedregal, como buen movimientista, analiza incluso este fenómeno de los militares en clave dialéctica binara de nación-antinación, la cual a mí no me parece objetiva. Pero hay algunas ideas que son interesantes, las cuales trataré de rescatar.
En Bolivia siempre ha primado —y sigue primando— la fuerza normativa de lo normal fáctico (teorizada por Jellinek) frente a la fuerza normalizadora de lo normativo. En palabras sencillísimas: la fuerza bruta y la astucia frente a la ley, la razón y las instituciones. Es por eso, en gran medida, que desde los albores de la república los castrenses han gozado de tanto poder y tantos privilegios en la vida pública.
¿Podían gozar la ley y la razón de primacía frente a las bayonetas en un país sumido en la anarquía, al inicio de la república? Bien, poco de esa realidad ha cambiado. Es por ello que en los hechos de 2003 o 2019, por ejemplo, no fueron las instituciones sino las fuerzas del orden las que terminaron interviniendo en la realidad sociopolítica. En ambas fechas el sistema institucional colapsó, y fueron los militares los que tuvieron que poner orden.
En su libro, Bedregal indica que los gobiernos de inicios del siglo XX adoptaron la escuela prusiana para la formación de militares en Bolivia. Por entonces, la Prusia ganadora de la guerra con los franceses era el modelo de ingeniería, disciplina y táctica militares; había, pues, que imitarla. Pero pienso que, al igual que sucedió con las leyes y las instituciones, los gobernantes no se dieron cuenta de que trasladando moldes y prototipos europeos a una sociedad casi analfabeta, no se iban a solucionar los problemas estructurales. ¿Qué sucedió, entonces, importando la pedagogía militar prusiana a un medio signado por el analfabetismo, la propensión al alcohol y los prejuicios sociales de raza? —Se formaron bribones uniformados.
Cuando se introduce disciplina militar en la mente de un ignorante sucede más o menos lo mismo que cuando se introduce la Biblia o un credo religioso en un pobre de lecturas o el liberalismo en una persona que lo reduce a librecambio: se genera un fanático intolerante que cree que el mundo comienza y termina en lo que él cree. Algo así sucedió con los militares en Bolivia. (Obviamente, como en todo, hubo y hay notables excepciones).
Una cosa que es importante señalar es que el mundo ha vivido en constantes guerras durante muchos siglos, hasta bien entrado el XX, motivo por el cual, en la mayor parte de los Estados, se instituyó el servicio militar obligatorio. Pero en un mundo —en teoría—  cada vez más civilizado y que apunta hacia la paz, aquél ya no tendría que tener sentido de existir. Menos cuando se es, por Constitución, un Estado pacifista. Por otra parte, si se reclama igualdad total para el género femenino —lo cual me parece pertinente—, también se debería entender que el servicio militar obligatorio solo para los varones es un anacronismo. Las Fuerzas Armadas no deberían desaparecer, pues claramente un Estado necesita sus servicios, pero sí reducirse drásticamente, teniendo en cuenta que gran parte del Presupuesto General del Estado está destinada a sostenerlas, pudiéndose destinar esos mismos gastos a vías de comunicación, salud o educación.
Cuando tenía dieciséis años, en 2011, se presentó el momento de prestar el servicio militar. Por fortuna lo evadí, con el apoyo de mis padres. Y lo evadí no por perezoso, sino más bien por todo lo contrario: en mi condición de jovencito imberbe ya me daba cuenta de que estando allí no haría otra cosa que perder el tiempo groseramente. La abrumadora mayoría de mis compañeros de curso, en cambio, entró, pero tristemente impelida más por la cultura del macho fuerte que por un genuino deseo de prestar ese servicio. Lamentablemente, vivimos en una cultura ultraconservadora para la cual el que no bebe alcohol, el que no se acuesta con mujeres o el que no hace el servicio militar, no es un varón al cien por cien. En el altiplano esta situación es todavía más grave: allí se cree que es a partir del cuartel que el hombre es verdaderamente hombre: con capacidad de procrear, ganar dinero y hacer familia. En estas cosas, poco —o nada— ha cambiado la mentalidad desde los tiempos coloniales.
Luego de un breve tiempo supe que mis compañeros de curso en el servicio premilitar estaban siendo golpeados, insultados o simplemente dejados al aire libre bajo el ardiente sol de invierno.
La influencia fáctica de los militares en la vida social y política de Bolivia es, por desdicha, todavía una realidad. Las Fuerzas Armadas tuvieron papel relevante en las dictaduras, en los hechos de 2003 y en los más recientes sucesos de hace poco tiempo. Desdichadamente, los últimos gobiernos no han hecho nada por desarraigar a los militares de la praxis política, muy posiblemente en el afán de seguir congraciándose con su voluntad, para apelar a su fuerza en casos de crisis o inestabilidad política. Baste mencionar, como ya lo dije, que una gran parte del Presupuesto del Estado se sigue destinando a las Fuerzas Armadas. Pero lo evidente es que el militarismo en la vida pública es nocivo, y no solamente porque menoscaba el sistema democrático, sino también porque, como hemos visto, retarda la evolución civilizatoria de las mentalidades colectivas. Y esto es probablemente más pernicioso que lo anterior.