Desde el 22 de octubre se desarrollan en Santa Cruz, Bolivia, una serie de paros y bloqueos opositores. ¿Sabrá el bloque indígena y popular recrear la excepcionalidad que lo llevó al poder en 2005?
En cierta medida, la historia de
Bolivia se pudiera narrar a partir de sus censos, no solo por el registro
demográfico que representan sino por las disputas políticas que implicaron.
En lo que respecta a los poderes territoriales,
el censo importa por las cuotas de representación parlamentaria en el Congreso
y las partidas presupuestarias. La Constitución de 2009 y su impulso de
descentralización territorial reforzaron estas cualidades autonómicas ligadas a
los dineros de Estado.
El departamento de Santa Cruz es el de
mayor crecimiento demográfico en lo que va de siglo XXI en Bolivia y en 2012 se
proyectaba que sería el más poblado para 2022, cuando se pretendía realizar el
duodécimo censo nacional. Esa planificación no se pudo cumplir por la crisis
pandémica, en consecuencia, la disputa entre el gobierno de Santa Cruz y el
nacional se dirime, en su superficie, en torno a la definición de la fecha
final. De realizarse en 2023, como demanda Camacho, gobernador de Santa Cruz,
los resultados — que se suponen favorables al departamento — se tendrían en
cuenta para las elecciones de 2025. No sucedería así de realizarse el censo en
2024, como propone Arce. Para el gobierno nacional, por cuestiones técnicas y
políticas, conviene el 2024. Pero los beneficios electorales y presupuestarios
del censo no son tan relevantes. Se trata, ante todo, de una batalla política.
La disputa pone en disyuntiva una vez
más la historia del proceso de cambio boliviano: ¿Quién vence? ¿Qué actor
demuestra mayor capacidad política? y ¿Qué implicaciones tendrá el desenlace?
¿Por qué Santa Cruz?
Hasta la segunda mitad del siglo XX,
Bolivia era el Altiplano y sus valles centrales adyacentes. Quechuas y aymaras,
las poblaciones originarias mayoritarias, se establecieron en esta zona. La
corona española impulsó la extracción minera en esta área, usando la mano de
obra allí abundante. Las principales ciudades, en consecuencia, también se
establecieron en los Andes. La república oligárquica no alteró esta disposición
altiplano-céntrica de la demografía, la política y la economía bolivianas.
Tanto es así que en un libro de 1925, El factor geográfico en la nacionalidad
boliviana, Jaime Mendoza afirmaba que el núcleo de la nación era la meseta
andina. El defecto geográfico era la falta de costas, perdidas en la Guerra del
Pacífico contra Chile. Las tierras bajas del Este eran, para él, meras
«prolongaciones» del macizo. Por ello la Guerra del Chaco (1932–1935) es
recordada como un redescubrimiento del país, pues en la lucha contra Paraguay
por territorios del Chaco se desplazaron grandes grupos humanos del Altiplano a
las inhóspitas, agrestes y casi despobladas áreas del Oriente. La derrota final
tuvo mucho que ver con el profundo desequilibrio entre las dos regiones.
El descubrimiento y explotación de
hidrocarburos y la revolución de 1952 incorporaron al Oriente a la economía
boliviana. En cuanto a revolución, mientras realizaba una reforma agraria en el
Altiplano y los valles centrales, tendencias agraristas del MNR en alianza con
intereses estadounidenses propiciaron inversiones dirigidas al desarrollo de la
agricultura en el Este¹. Inicia así el capitalismo agrario en las tierras
bajas, en particular las del Chaco, en torno a Santa Cruz, ciudad provinciana
pero la más importante del Oriente. El ascenso del narcotráfico a partir de la
década de 1970 será otra fuente de acumulación de capitales para estas tierras,
donde se producían y comerciaban drogas hacia Brasil y Argentina. Este
dinamismo económico ha sido ascendente: para el último cuarto del siglo XX
Santa Cruz integraba la tríada de los departamentos más importantes de Bolivia,
junto a La Paz y Cochabamba.
Como en otras realidades
latinoamericanas, la amplitud geográfica del país suponía grandes distancias
entre asentamientos humanos, lo cual funcionaba como base para los
regionalismos y proyectos de Estado federado. Santa Cruz de la Sierra fue parte
de esta tendencia nacida con la república. Sin embargo, el movimiento actual le
debe mucho al dinamismo económico del departamento alcanzado en el siglo XX.
Su despertar político brota del vacío
de autoridad estatal que provocó el ciclo insurreccional indígena-popular en
Bolivia entre 2000 y 2005. Año clave fue el 2003, cuando Sánchez de Lozada es
expulsado de la presidencia y la balanza se inclina en favor de los
insurgentes. El anterior alineamiento entre los intereses de la oligarquía
cruceña y el gobierno neoliberal central es uno de los puntos que el movimiento
popular hará estallar.
Desde un escenario lejano a la insurrección
altiplánica y de los valles, la oligarquía allí existente pronto hilvanó un
proyecto político neoliberal-autonomista, por medio del Comité Cívico Pro Santa
Cruz.
El triunfo electoral de los
insurgentes, con Evo Morales a la cabeza, dio lugar a un nítido enfrentamiento
entre el regionalismo oligárquico cruceño y el nacionalismo indígena y popular
del nuevo bloque histórico. Desde 2006 varios procesos políticos han sido campo
de batalla privilegiado de este conflicto, en particular el proceso constituyente,
el golpe de 2019 y la actual pugna por el censo.
El proceso constituyente culminó en una
gran victoria del bloque indígena popular. Pero otras crisis como la del
TIPNIS² y el referéndum de 2016 que perdió Evo, terminaron en cierto empate de
fuerzas no antagónico al dominio del MAS. El golpe de 2019, en cambio, fue una
victoria de la oligarquía, para la cual el Comité Santa Cruz fue bastión de
resistencia y base de operaciones. Es cierto que no supieron ni pudieron
sostener su dominio ante las presiones del bloque indígena popular, que en 2020
restituyó la presidencia del MAS. Pero esto no borra de la memoria oligárquica
el éxito del 2019, y ahora actualizan su capacidad política en contra del nuevo
gobierno progresista y en torno a la disputa por el duodécimo censo nacional.
La violencia democrática
Si hay algo en común en la manera en
que se proyectan acción y pensamiento en estos conflictos es que su horizonte
es la democracia participativa y representativa. Su objeto de conquista es el
aparato gubernativo en su heterogeneidad, es decir, desde sus dos conflictos
fundamentales: el que ocurre entre federalismo y centralismo, y el que se
dirime entre los partidos de clase y sus facciones.
Toda pugna está recubierta de un
lenguaje legal, como si la legalidad fuese la fuente directa de la legitimidad.
En cuanto a los militares, la política
real se mantiene en las sombras, en el reino de la conspiración. Es cierto que
el MAS no logró crear un cuerpo militar nuevo, pero al menos ha logrado
convertir al ejército y la policía en campos de batalla, divididos a lo interno
entre lealtades jerárquicas, simbólicas o clientelares. En última instancia, no
obstante, la memoria de este cuerpo represivo no dejaría de remitirlo a su
historia sangrienta en contra del pueblo boliviano. Así lo confirma su toma de
partido mayoritaria por la oligarquía durante el golpe de 2019. Pero entonces
ambos bandos fueron débiles y a la larga el bloque indígena popular se impuso.
Ahora los militares permanecen al margen, acaso a la espera de una evidencia
irrefutable de los oligarcas, que el gobierno deberá evitar a toda costa. Entre
tanto, el recurso a la violencia es respetuoso de la legalidad/legitimidad,
opera con cautela y hasta discreción. Al parecer, su empleo asiduo no forma parte
de la ética del gobierno.
Lo cierto es que aquí la coerción ha
sido raquítica y la hegemonía ha sufrido de hipertrofia. En efecto, si en
Bolivia hay un ejército permanente desplegado y en lucha es el de la sociedad
civil. De este ejército civil forma parte no solo el poderoso Comité Pro Santa
Cruz sino los potentes movimientos sociales que, en estrecha alianza con el
gobierno, han sostenido el poder del bloque indígena popular. Y, como es de
esperar, la relación Estado-movimientos sociales — que el MAS permite y
sostiene — es asimétrica y hasta jerárquica, donde el gobierno tiene la
primacía y la prioridad ante la urgencia de salvar lo conquistado. También en
esta tupida trama de instituciones civiles la geopolítica opera en favor de la
diferencia regional: la fuerza, extensión, pertenencia política y combatividad
de los movimientos sociales del Altiplano y los valles centrales es
incomparablemente superior a la que tienen en tierras bajas. Quiere esto decir
que allí, en Santa Cruz, por tradición histórica y actualidad de las relaciones
de fuerza, la oligarquía tiene las de vencer en la batalla civil. Pero hay una
práctica política de los indígenas de tierras bajas que tiene una enseñanza
geopolítica crucial: sus más relevantes victorias han implicado una marcha
hacia La Paz, como si allí radicara el núcleo del Estado.
Las últimas noticias anuncian el
dictamen de la mesa técnica de negociación interdepartamental, auspiciado por
el gobierno. El censo será, según la mesa, en 2024. Antes del resultado se
retiró la delegación de Santa Cruz, para escapar de la implicación vinculante
del dictamen de la mesa, cuya composición prefiguraba un fallo en favor del MAS
desde el principio. ¿Qué queda por hacer cuando se apuesta por el pacifismo de
la democracia mientras otros explotan su lado violento?
Todo orden democrático se asienta sobre
un momento originario de excepcionalidad, por lo cual el estado de excepción
está en su fondo histórico.
Su forma no tiene por qué ser
necesariamente militar o armada pero sí decididamente violenta o dictatorial.
La oligarquía, por la tradición de dominación que ha acumulado en peligrosos
sedimentos, ya ha sabido apelar a este lado oscuro de la democracia en otras
ocasiones, con notable éxito en 2019. ¿Sabrá el bloque indígena popular repetir,
cuando el momento lo exija, la excepcionalidad que lo llevó al poder en 2005?
Mientras tanto, Camacho anuncia la continuidad del paro y el incremento de las
presiones. La Tinta de Argentina (https://bit.ly/3Vnbn5a)
BOLIVIA, DIVIDIDA POR UN CENSO
Connectas Org. (https://bit.ly/3tY8qwh)
Santa Cruz se levantó por el
aplazamiento del censo que le reconocería más escaños de cara a las elecciones
de 2025. En respuesta, grupos oficialistas bloquearon ante la indiferencia de
la Policía la segunda ciudad más importante del país. Detrás de todo, el Estado
Plurinacional de Evo Morales está en entredicho. Análisis de una crisis
existencial.
Pocas veces un país se ve gravemente
afectado por la exigencia ciudadana de un empadronamiento poblacional, un
trámite administrativo casi siempre rutinario. Pero en Bolivia, la situación
política ha llegado a tal crispación, que esa es la causa que esgrimió un
cabildo popular para decretar un paro indefinido en Santa Cruz, la región más
próspera del país. Los participantes exigían al gobierno nacional realizar por
tarde en 2023 el censo previsto para noviembre de este año, pero aplazado para
2024 debido supuestamente a las dificultades resultantes de la pandemia.
Ese asunto, en otras circunstancias
anodino, resulta crucial pues de sus resultados depende garantizar la
distribución de recursos y escaños antes de los comicios generales de 2025.
El paro indefinido, que se inició el 22
de octubre, recuerda a las autoridades nacionales el fantasma de la crisis
política que terminó con la renuncia y salida del país del entonces presidente
Evo Morales, quien se había reelegido en un certamen fuertemente cuestionado
por denuncias de fraude electoral.
El gobierno de Luis Arce, miembro del
partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), acusa al comité cívico
cruceño de usar el censo como un pretexto para movilizar a sus bases con el
objetivo de desestabilizar al Gobierno mediante discursos regionalistas. El
presidente en el discurso por el segundo aniversario de su llegada al poder,
calificó la movilización como una “aventura golpista”.
Días después refirió que “un acto
técnico como es un censo en ningún otro país se ha convertido en un pretexto
político para desestabilizar a un gobierno y confrontar a la población”. Sus
afines cerraron filas y señalaron que “los que promovieron el golpe de 2019 son
los mismos que hoy se escudan en un censo para desestabilizar nuestra
democracia”.
Si bien no es habitual que un país pare
para exigir un empadronamiento, Santa Cruz argumenta la importancia de su
reclamo. El censo en 2023 permitirá garantizar una nueva redistribución
tributaria y de escaños antes de los comicios generales de 2025, pues si se
hace en el segundo semestre de 2024, como dice el Gobierno, permanecerá vigente
la distribución en base al censo nacional de 2012. De acuerdo con las
proyecciones, Santa Cruz es la zona que más ha crecido en población en la
última década, por lo que tendría tres diputados más. En ella se asienta la
gran agroindustria exportadora nacional y las oficinas de las principales
empresas privadas del país.
Sin embargo, el Gobierno relativiza la
demanda cruceña y afirma que se trata de extranjeros, ‘croatas’ que se
aprovechan de las tierras bolivianas. Ese apelativo generalizante se refiere a
la importante cantidad de descendientes de inmigrantes de esa nacionalidad que
hacen empresa en la región. En respuesta, mediante sus grupos afines este
organizó un contrabloqueo en las principales rutas de acceso a la ciudad de
Santa Cruz, lo que agravó más el desorden en una economía que apenas se venía
recuperando de la pandemia. El máximo dirigente de los trabajadores, afín al
Gobierno, dio un plazo de 72 horas para que los supuestos ‘croatas’ abandonen
el país.
Pocas veces un país se ve gravemente
afectado por la exigencia ciudadana de un empadronamiento poblacional, un
trámite administrativo casi siempre rutinario. Pero en Bolivia, la situación
política ha llegado a tal crispación, que esa es la causa que esgrimió un
cabildo popular para decretar un paro indefinido en Santa Cruz, la región más
próspera del país. Los participantes exigían al gobierno nacional realizar por
tarde en 2023 el censo previsto para noviembre de este año, pero aplazado para
2024 debido supuestamente a las dificultades resultantes de la pandemia.
Ese asunto, en otras circunstancias anodino,
resulta crucial pues de sus resultados depende garantizar la distribución de
recursos y escaños antes de los comicios generales de 2025.
El paro indefinido, que se inició el 22
de octubre, recuerda a las autoridades nacionales el fantasma de la crisis
política que terminó con la renuncia y salida del país del entonces presidente
Evo Morales, quien se había reelegido en un certamen fuertemente cuestionado
por denuncias de fraude electoral.
El gobierno de Luis Arce, miembro del
partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), acusa al comité cívico
cruceño de usar el censo como un pretexto para movilizar a sus bases con el
objetivo de desestabilizar al Gobierno mediante discursos regionalistas. El
presidente en el discurso por el segundo aniversario de su llegada al poder,
calificó la movilización como una “aventura golpista”.
Días después refirió que “un acto
técnico como es un censo en ningún otro país se ha convertido en un pretexto
político para desestabilizar a un gobierno y confrontar a la población”. Sus
afines cerraron filas y señalaron que “los que promovieron el golpe de 2019 son
los mismos que hoy se escudan en un censo para desestabilizar nuestra
democracia”.
Si bien no es habitual que un país pare
para exigir un empadronamiento, Santa Cruz argumenta la importancia de su
reclamo. El censo en 2023 permitirá garantizar una nueva redistribución
tributaria y de escaños antes de los comicios generales de 2025, pues si se
hace en el segundo semestre de 2024, como dice el Gobierno, permanecerá vigente
la distribución en base al censo nacional de 2012. De acuerdo con las
proyecciones, Santa Cruz es la zona que más ha crecido en población en la
última década, por lo que tendría tres diputados más. En ella se asienta la
gran agroindustria exportadora nacional y las oficinas de las principales
empresas privadas del país.
Sin embargo, el Gobierno relativiza la
demanda cruceña y afirma que se trata de extranjeros, ‘croatas’ que se
aprovechan de las tierras bolivianas. Ese apelativo generalizante se refiere a
la importante cantidad de descendientes de inmigrantes de esa nacionalidad que
hacen empresa en la región. En respuesta, mediante sus grupos afines este
organizó un contrabloqueo en las principales rutas de acceso a la ciudad de
Santa Cruz, lo que agravó más el desorden en una economía que apenas se venía
recuperando de la pandemia. El máximo dirigente de los trabajadores, afín al
Gobierno, dio un plazo de 72 horas para que los supuestos ‘croatas’ abandonen
el país.
La mayoría de los cruceños no se sienten
escuchados. Los cívicos ya aceptaron la fecha del censo para 2024, siempre que
sea en el primer semestre, lo que daría tiempo para la redistribución de
escaños. Pero también, en una movida preocupante, plantearon revisar la
relación de Santa Cruz con el Gobierno central.
En efecto, el conflicto por el censo
evidencia problemas de fondo no resueltos por el gobierno del MAS, que se han
ido agudizando con el paso del tiempo. Para el abogado y político Germán
Gutiérrez Gantier, el tema ha destapado los problemas pendientes de resolver en
Bolivia, y así se defina la fecha para el censo en 2023 o en 2024 “otra suerte
de conflictos va a aparecer en el escenario público y en la disputa política”.
Uno de ellos es, y considerado el más importante, “revisar la relación de Santa
Cruz con el Estado Plurinacional (creado por Morales) que no ha respondido a
las grandes inquietudes ciudadanas y solo se ha convertido en un mecanismo de
represión”.
Uno de los puntos de inflexión más
importantes en esta crisis surgió cuando el régimen de Morales desconoció la
voluntad popular de no permitir más postulaciones a su presidente. En febrero
de 2016, Morales convocó a una consulta popular sobre una reforma a la
Constitución que le permitiera ser candidato en 2019, y como resultado, más del
50 por ciento de la población rechazó esta posibilidad. Sin embargo, pese a que
la Carta Política establece que una persona no puede gobernar por más de dos
períodos consecutivos, el Tribunal Constitucional Plurinacional (dominado por
el Ejecutivo) emitió un controversial fallo a favor del mandatario con el
curioso argumento de que impedirle postularse vulneraría los derechos humanos
de Morales, y lo habilitó por siempre.
Ante ese irrespeto de la voluntad
popular, la frágil institucionalidad del país terminó resquebrajada por los
tribunos. Desde entonces la crisis política fue en franco ascenso con
manifestaciones callejeras año tras año hasta su máxima crispación en las
elecciones de 2019. El entonces presidente Morales ganó supuestamente en esos
comicios la que habría sido su tercera reelección. Pero en medio de fuertes
protestas por fraude y de un paro cívico en Santa Cruz que duró 21 días,
Morales renunció y dio paso al gobierno de Jeanine Añez, quien asumió por su
posición en el orden sucesoral establecido en la Constitución.
A la larga, la Organización de Estados
Americanos (OEA), sin declarar abiertamente el fraude, señaló las numerosas
irregularidades del conteo. Tras 11 meses en el cargo, Añez convocó las
elecciones a las que se había comprometido, en las que ganó Arce.
El politólogo Wim Kamerbeek consideró
que lo que se ve en Bolivia es una acumulación de problemas irresueltos que
están llevando a repensar el modelo de Estado, y que el del Estado
Plurinacional, creado por Morales, “está en un proceso de agotamiento”.
Indicó que en la historia boliviana
cada cierto tiempo hay cambios radicales de orden como el ocurrido en 1952 con
la llegada del Movimiento Nacionalista Revolucionario al poder y luego con su
caída en 1964; en 1982 con el retorno de la Democracia; en 2005 con el
Movimiento Al Socialismo (MAS); es decir, “cada vez que hay ese tipo de cambios
de orden es porque existe una acumulación de problemas que los gobiernos y los
Estados no pueden solucionar”.
En el caso concreto del gobierno de
Arce, también del MAS, Kamerbeek da cuenta de que esta administración no pudo
resolver la crisis de 2019, que se mantiene vigente. El Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), convocado por la OEA en acuerdo
con el Gobierno, evaluó las causas y consecuencias del conflicto, pero sus
recomendaciones no fueron aplicadas: combatir el racismo y la presencia de
grupos parapoliciales, reformar la
Justicia y someter a un juicio y no a una venganza a los responsables de las
muertes en la crisis política.
Arce en su discurso inaugural de
noviembre de 2020 ofreció “poner fin al miedo en Bolivia” y dijo creer en la
justicia y “no en fomentar un ambiente de resentimiento y de venganza que no
respeta la diversidad de pensamiento, en donde ser de otro partido o color
político te hace ser objeto de odio”. Sin embargo, el Gobierno sigue utilizando
a la Policía, al Ministerio Público y a la Justicia para perseguir y encarcelar
a los opositores, sobre todo a quienes participaron del gobierno de Transición
de Áñez, presa desde hace más de un año.
Muestra de este desgaste del modelo del
MAS es la división del propio partido que se ha cansado de la forma de
liderazgo de Evo Morales, su actual presidente, señaló Gutiérrez. “Eso que
aparecía como un modelo pétreo, como una conducción imposible de ser dividida,
el día de hoy el MAS también empieza a tener estos efectos”.
En vísperas del paro, Arce y el jefe
del MAS, Evo Morales, hicieron una tregua en su lucha intestina por sus posibles
candidaturas a las elecciones de 2025. “Coincidimos en que defender nuestra
revolución democrática cultural es defender nuestro instrumento político que es
del pueblo”, tuiteó Morales luego de la reunión. Pero tras cada reunión entre
ambos para “cohesionarse más”, el vínculo parece más resquebrajado.
“Obviamente este fraccionamiento
también destruye un sistema político inaugurado por el Movimiento Al Socialismo
con la Constitución de 2009, donde los partidos son reemplazados por los
movimientos sociales haciendo que la conducción política de Bolivia sea casi
sobre la base de un partido único y sin expresiones políticas diferentes”,
apuntó Gutiérrez.
Cuestionó que el gobierno del MAS haya
aplicado la diada “amigo-enemigo” donde quien no es de su ideología debe ser
destruido. Recordó que en Bolivia este tipo de confrontación viene desde
finales del primer gobierno de Morales, con un “modelo autoritario, con
autoritarismo electoralizado” de democracia, que se ve disminuida en una
permanente lucha de subsistencia, en la disputa democracia versus
autoritarismo.
“Si la gente se movilizó en 2019 fue
justamente en defensa de la democracia y en contra de este comportamiento
fraudulento, autoritario del Movimiento Al Socialismo, ese es un tema de
fondo”, afirmó.
Dijo que esta situación “nunca permitió
construir una institucionalidad que le diera al país cierto orden” debido a que
el MAS “no entiende lo que es construir institucionalidad por una razón básica:
ellos no creen en los consensos, no creen en los acuerdos propios de la
democracia, ellos creen en sistemas de imposición, donde no vale la
Constitución ni las leyes porque la ley que vale es aquella que se impone en la
lucha callejera”.
Coincidió con Kamerbeek en que el
Estado Plurinacional está en crisis y que debe de afrontar un proceso en busca
de un modelo sustitutivo alternativo. “Vamos a vivir, yo creo, y espero estar
equivocado, una etapa todavía de caos, y una vez que se supera se aclararán las
ideas; va a venir la probabilidad de un nuevo rearmado de estado de sociedad y
del poder político”, dijo Gutiérrez.
Mientras tanto, para Kamerbeek el
panorama es mucho más incierto. Dice que lo que ve “es casi un vacío porque hay
una fragmentación del oficialismo y una oposición sumamente débil en el
Legislativo”, que “más bien se concentra en comités cívicos, y tenemos una
ciudadanía cada vez más agotada de sus políticas”.
Bolivia atraviesa, tal vez, sus horas
más oscuras desde la dictadura militar. De cómo supere estas constantes crisis
políticas dependerá el futuro de un país que, a pesar de todo, muestra una de
las economías más estables de la región, con fuertes proyecciones al futuro.
UN MES DE PROTESTAS EN SANTA CRUZ: ¿POR
QUÉ ARDE LA PRINCIPAL REGIÓN ECONÓMICA DE BOLIVIA?
France 24 (https://bit.ly/3U6z94j)
Desde el pasado 22 de octubre,
diferentes sectores sociales, políticos y económicos del departamento de Santa
Cruz, considerado como la "locomotora económica de Bolivia",
iniciaron una huelga que evidenció la polarización y la división que vive el país,
escenario de una serie de manifestaciones para exigir al presidente Luis Arce
adelantar la realización del censo de población para el 2023, el cual estaba
previsto para marzo del 2024. ¿Qué ocurre en Bolivia? Lo analizamos en este
programa.
El censo que provocó la polémica busca
hacer una actualización sobre la cantidad de habitantes del departamento de
Santa Cruz, de esta manera, pueden ampliar los recursos económicos que reciben
del Gobierno central, así como la representación en el Parlamento boliviano.
De acuerdo con la ley boliviana, cada
10 años debe ser realizado un censo de población y vivienda, el último fue
hecho en el 2012, por lo cual los manifestantes criticaron la decisión del
presidente Arce de realizar el censo hasta el 2024.
Considerado como el centro comercial de
Bolivia, el departamento de Santa Cruz se destaca por su industria
agropecuaria, forestal, minera y de hidrocarburos, además de ser el que más
aporta al PIB del país.
Estas jornadas de protesta se han
caracterizado por el bloqueo de las principales vías de Santa Cruz de la
Sierra, la capital del departamento y el principal núcleo urbano del país, con
una población de 2.3 millones de habitantes.
¿Cuál es el trasfondo de estas
manifestaciones? ¿Por qué el Gobierno insiste en hacer el censo en 2024?
¿Cuáles son sus argumentos? ¿Qué hay de los reclamos para volver a Bolivia un
país federal? ¿Por qué esta región oriental del país ha mostrado su descontento
con el centralismo?
En esta edición de El Debate discutimos
sobre el panorama general de Bolivia tras un mes de protestas junto a nuestros
invitados:
- José Carlos Gutierrez, diputado de la
coalición de oposición Creemos.
- Deisy Choque, diputada del Movimiento
al Socialismo (MAS).
"NINGUNA MUJER EN BOLIVIA VA A
DECIR QUE NO HA VIVIDO VIOLENCIA": EL MAPA DEL MACHISMO EN LATINOAMÉRICA
Bolivia es uno de los países con más
violencia contra las mujeres. En muchos lugares, esta cuesta hasta el 3,7% del
PIB nacional.
El Español de España
(https://bit.ly/3U7p3jR)
La hija de Altagracia Pérez es
superviviente de violencia sexual en el departamento de Madriz, en Nicaragua.
Su tío político abusó de ella de pequeña, pero hasta hace poco no había sido
capaz de contárselo a nadie. Durante años, vivió un verdadero infierno en la
tierra sola; un dolor que había vivido en completo silencio.
Y cuando una llega a tal extremo, “no
duerme, no le dan ganas de bañarse, ni de comer”, relata Pérez. Incluso piensa
en suicidarse, en “dejar de existir para no sufrir”.
Cuando su hija confesó lo que le había
ocurrido fue "desgarrador". El agresor, sin embargo, lo negó todo.
Pero Pérez creía sin miramientos a su hija. “Era una persona que parecía
confiable, era muy comunicativo. Por eso, ahora ya no acepto regalos de nadie,
porque él siempre venía y me regalaba cosas”, cuenta.
Su historia es sólo una entre las de
millones de personas que sufren violencia física o psicológica por el simple
hecho de ser mujeres. Las estimaciones de mujeres que sufren violencia machista
en el mundo son estremecedoras. Según calcula la Organización Mundial de la
Salud (OMS), 1 de cada 3 mujeres de 15 años o más han experimentado violencia
física, sexual o ambas al menos una vez en su vida.
La lista de datos resulta escalofriante
e interminable: el 7% de las mujeres a nivel mundial han sido agredidas
sexualmente por alguien que no sea su pareja; el 38% de los asesinatos de
mujeres son perpetrados por una pareja íntima; 200 millones de mujeres han
sufrido mutilación genial femenina…
Esta violencia de género sistemática no
sólo resulta devastadora para las supervivientes y sus familias: el coste
social y económico supone también un varapalo para las arcas públicas. En
algunos países, según calcula el Banco Mundial, la violencia contra las mujeres
cuesta hasta el 3,7% de su PIB nacional, más del doble del presupuesto que
destina la mayoría de los gobiernos a educación.
Las leyes, el primer escudo
La legislación nacional suele ser el
primer escudo para las víctimas de violencia de género y, en este aspecto, hay
una luz al final del túnel en la mayor parte del mundo. Según un informe del
Banco Mundial de 2020, al menos 155 países han aprobado leyes sobre violencia
doméstica.
Sin embargo, otro gallo canta cuando
vamos a la aplicación. Muchas mujeres y niñas aún ven limitado su acceso a la
justicia y, en muchas ocasiones, cuesta horrores hacer cumplir estas leyes.
Perú es ejemplo de ello, donde existen normativas para proteger a las mujeres,
pero el sistema no funciona con la rapidez suficiente.
“En general, a nivel mundial, no es
fácil denunciar, pero en el caso de países como Perú hay mucha burocracia, el
sistema es muy lento”, explica Marisu Palacios Trigo, psicóloga comunitaria
peruana especialista en Estudios de género y asesora nacional de género de la
Fundación Ayuda en Acción.
El país andino tiene una de las tasas
más altas de violencia de género del mundo. Según los datos oficiales
nacionales, 7 de cada 10 mujeres adultas han sido víctima de violencia
psicológica, física o sexual en algún momento de su vida.
Y cuando tienen que echar mano del
sistema, en muchas ocasiones, arguye Palacios, “los funcionarios o las
autoridades, que son quienes recogen las denuncias, no están bien preparados y
suelen revictimizar, minimizar la denuncia o directamente culpar a las
mujeres”. En octubre de 2022 ya se habían registrado 131 feminicidios en todo
el país.
Otro problema adicional que se
encuentran las mujeres peruanas es que muchas comunidades se encuentran muy
lejos de los centros de denuncias. Y si encima "sienten que no van a
recibir ayuda", que no las van a tratar bien o no van a aceptar su
denuncia. “No sabemos bien si estas cifras realmente evidencian o visibilizan
la magnitud de violencia que sufren las mujeres”, expresa la psicóloga.
Algo similar ocurre en Bolivia, uno de
los países más desiguales, en los que la violencia machista parece, vistos los
datos, campar casi a sus anchas: según UNICEF, 7,5 de cada 10 mujeres
bolivianas han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Además,
alrededor de 100 mujeres sufren feminicidio en el país sudamericano.
"Ninguna mujer en Bolivia va a
decir que no ha vivido violencia", sentencia Gladys Bolívar Baltazar,
promotora comunitaria boliviana y fundadora del Club de Madres Barrial, un
grupo local que ayuda a otras mujeres a formarse y conocer sus derechos. Ella
es uno de los ejemplos de mujeres líderes en su país natal, que lucha, por su
cuenta y riesgo, contra la violencia machista.
Bolívar explica que en Bolivia las
promotoras comunitarias son, como ella, mujeres supervivientes que acompañan a
sus "hermanas" víctimas de violencia machista en todo el proceso de
denuncia y recuperación. Lo hacen, cuenta, sin recursos oficiales, a pesar de
que su labor consiste en que la ley para garantizar a las mujeres una vida
libre de violencia (Ley 348) se implemente a efectos reales.
Tanto Bolívar como su compañera Toribia
Flores Willca, también promotora comunitaria en Bolivia y líder indígena
aymara, denuncian que la ley existe, pero que no se implementa. Y es que,
arguyen, a las autoridades gubernamentales "no les interesa".
Violencia machista en la política
Sobre esto, Flores sabe de lo que
habla. Ella fue subalcaldesa del distrito indígena originario Camata Tipuhuaya
del Municipio de Ayata y concejala del municipio de Ayata, provincia Muñecas,
en Bolivia. En su puesto de representación pública, cuenta, sufrió violencia
verbal y psicológica.
La violencia política, explica, está a
la orden del día para las mujeres que intentan "ocupar espacios
tradicionalmente reservados a los varones". La suya es una historia de
acoso que le causó secuelas en su salud mental. Pero también es un relato de
supervivencia, constancia y tenacidad.
Flores no desistió y demostró que el
lugar de las mujeres –especialmente las indígenas originarias– también está en
la vida pública y política. Para las dos activistas bolivianas, no hay mayor
lucha contra el patriarcado que los actos de rebeldía. Y no hay mayor acto de
rebeldía para una mujer en su país que ocupar un espacio visibile en la vida
política.
A algunas, incluso, les ha costado su
integridad física. Flores recuerda la agresión sufrida por su compañera
política, Patricia Arce, alcaldesa de Vinto, en el departamento de Cochabamba,
miembro del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido liderado por Evo
Morales.
En 2019, tras las elecciones, una turba
de manifestantes antigubernamentales sacó a la edil a la calle, la arrastró por
el asfalto, la golpó con saña, la embadurnó con pintura roja y le cortó el
pelo. Cuatro horas estuvo retenida Arce hasta que la policía la rescató.
Bolívar es rotunda y tiene claro el
problema: "Los varones no aceptan que una mujer pueda tomar sus
decisiones". Y mucho menos, añade Flores, que tome decisiones por su
comunidad.
Sin embargo, una vez más, la batalla
judicial y política para acabar contra las violencias machistas no es lo
suficientemente rápida.
Por eso, Massiel Serrano sufrió el peor
de los destinos por la falta de rapidez por parte de las autoridades. Su pareja
la pegaba con frecuencia y un día su hermana Daykel la convenció para
denunciar. Tras poner la denuncia, se dirigieron a medicina legal y un forense
valoró los golpes.
Después tuvo que regresar a la
comisaría para la valoración. “Lamentablemente, cayó en Semana Santa y la
psicóloga no nos pudo atender porque había sufrido un asalto y andaba con los
nervios a flor de piel. Entonces nos dijeron que nos esperásemos al lunes de
pascua”, cuenta Daykel.
Fue demasiado tarde, su pareja y la
madre de este terminaron por convencerla para volver a la casa de los horrores.
El 19 de julio de ese mismo año, 2013, Massiel Serrano fue asesinada por Luis Andis
Rivas, en Batahola Norte (Nicaragua) de un disparo en la cabeza.
Dar voz al silencio
En países como Perú, explica Palacios,
la problemática de la violencia sigue viéndose como del ámbito privado y no
como algo social. “Está normalizada y esto tiende a invisibilizar. Además, la
crianza es muy estereotipada y eso se va reforzando a través de otros niveles
como los educativos o los sociales”, añade.
La desigual distribución de las tareas
del hogar puede, además, legitimar esta tendencia. En el caso de Perú, en el
82% de los hogares son las mujeres las que asumen la mayor cantidad de las
tareas.
“Esto hace que las mujeres tengan menor
autonomía económica y menos tiempo para profesionalizarse y desarrollarse
integralmente. Es un círculo que termina redundando en violencia y no permite
que las cosas cambien”, explica la psicóloga.
Flores cuenta que algo similar sucede
en Bolivia. Es una batalla constante, explica, contra las tradiciones que,
matice, crearon hace siglos hombre. Para hacer frente a la violencia, dice, lo
mejor es seguir una máxima: "Agarremos la escoba y pongámonos a barrer la
violencia". Así, sólo así, asegura, se podrán reclamar espacios como
propios y conseguir independencia.
Precisamente para ello, Altagracia
Pérez, ahora convertida en una líder de su comunidad de San Lucas (Nicaragua)
en la lucha contra la violencia de género, ha decidido enseñar la importancia
de denunciar. Para ella, muchas mujeres “no pueden abrir la boca, ni siquiera
decir ‘me está pasando esto’”.
Abrir sus sentimientos y sus
experiencias, sobre todo a la familia, puede ser una salida del laberinto.
“Esas mujeres [víctimas de violencia] deben buscar ayuda de la familia. Muchas
veces no se lo cuentan a la familia y tienen que contárselo para que las ayuden
y las apoyen”, defiende Eva María Benavides, madre de Massiel Serrano.
Salir del círculo de violencia, no
obstante, no siempre es un trabajo sencillo. “Llega un momento en el que el
agresor te tiene tan amenazada que te estás creyendo todo. Te golpean y al
momento te dicen te quiero”, señala Daykel, hermana de Massiel.
Pero dar voz al silencio y poner en
manos de las víctimas las herramientas correctas para huir de su infierno,
puede evitar casos tan trágicos como el de su hermana. Porque tal y como
cuenta: “El que te ama no te va a dar un golpe, no te va a humillar. Y mucho
menos te va a quitar tu vida”.
Apoyo al golpe contra Evo Morales
ARMAS A BOLIVIA: UNA CAUSA JUDICIAL EN
LA QUE NADIE ES LLAMADO A DAR EXPLICACIONES
Hasta el 27 de diciembre continuarán
con los testimonios. El ministro de Justicia Martín Soria denuncia que es un
mecanismo para evitar citar a Mauricio Macri, Patricia Bullrich o el resto de
los exfuncionarios imputados por contrabando agravado.
Página 12 de Argentina
(https://bit.ly/3tYovSB)
Días atrás se cumplieron tres años
desde que un contingente de gendarmes salió del país con la excusa de ir a
custodiar la embajada argentina en La Paz después de que un golpe de Estado
sacara del gobierno a Evo Morales. Dieciséis meses atrás, la administración de
Alberto Fernández denunció que, en realidad, el traslado del Grupo Alacrán
obedeció a la necesidad de poner balas en manos de las fuerzas que sofocaban
cualquier resistencia al golpe en Bolivia. En la causa están imputados Mauricio
Macri y la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, entre muchos otros que
integraron el gabinete cambiemita y los altos mandos de Gendarmería, pero, por
el momento, nada apunta a que vayan a ser llamados a dar explicaciones ante los
estrados judiciales. El juez a cargo del expediente, Alejandro Catania, tiene
previsto continuar tomando declaraciones testimoniales hasta el 27 de diciembre
próximo y ahora se centrará en los funcionarios de Aduana que intervinieron, de
algún modo, en la salida del material bélico.
En las últimas semanas, Catania estuvo
tomando declaraciones a los integrantes de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) que
estuvieron a bordo del Hércules C-130 que en la noche del 12 de noviembre de
2019 despegó desde la base aérea del Palomar con el primer contingente de
gendarmes. Hay integrantes de la tripulación que no fueron llamados como
testigos porque podrían resultar imputados en algún momento.
En el gobierno miran con atención esta
causa, que se originó por una denuncia de tres funcionarios de primera línea y
en la que están imputados Macri y varios de sus colaboradores más cercanos por
contrabando agravado: Bullrich, Aguad, Peña, Faurie, el exembajador Normando
Álvarez García, el exsecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo o el
entonces jefe de la Gendarmería Gerardo Otero. Quienes siguen la causa
sostienen que todo apunta hacia arriba, pero que nadie es llamado a dar
explicaciones.
“Es el Partido Judicial en su máxima
expresión”, protesta el ministro de Justicia Martín Soria. “En la causa por el
contrabando de armas para apoyar el golpe en Bolivia, llevan un año y medio
dando vueltas, inventando testimoniales para evitar avanzar sobre los
funcionarios macristas que colaboraron con ese derrocamiento. Mientras que la
causa por el atentado contra la vicepresidenta en dos meses la quieren elevar a
juicio, pretenden cerrarla ya mismo para evitar avanzar sobre los vínculos cada
vez más evidentes con lo peor del macrismo”, dice el funcionario. “Una causa
que recién comienza quieren cerrarla rápidamente; la otra, a pesar de que
sobran las pruebas, la estiran como un chicle. Es evidente que el objetivo del
Partido Judicial, además de perseguir al peronismo, siempre será garantizar la
impunidad de Macri y sus secuaces”, denuncia.
En la madrugada del 13 de noviembre de
2019, el avión llegó al hangar de los Diablos Negros. Allí, bajaron los
gendarmes y la carga y subieron los parientes de los diplomáticos que buscaban
regresar al país en medio de la violencia que se había desatado en Bolivia. Ese
mismo día, según surge de la documentación aportada o encontrada en Bolivia, se
repartieron las 70.000 balas 12/70 entre la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y la
policía local. La FAB se quedó con 40.000 cartuchos, como reveló este diario
tras el hallazgo de una nota de agradecimiento por parte del comandante de ese
cuerpo. Casi la totalidad del resto de las balas terminó en un almacén de la
Policía Boliviana.
Originalmente, la Gendarmería no iba a
llevar esas 70.000 balas a Bolivia. Un jefe pidió autorización a la Agencia
Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) para llevarlas como “complemento”.
La solicitud se hizo mientras en la Casa Rosada tenía lugar una reunión en el
despacho de Marcos Peña en la que participaron tanto Bullrich como los jefes de
las cuatro fuerzas de seguridad. Una vez concluido el encuentro, el jefe del
Grupo Alacrán, Fabián Salas, avisó a la FAA que también llevarían ese material.
Uno de los testigos que dio un panorama
general fue Oscar Alejandro Bassini, quien actualmente está retirado de la FAA.
Bassini había sido agregado de la fuerza en La Paz entre 2017 y 2018. Por eso,
fue elegido como tripulante especial para el vuelo. Según declaró, le avisaron
en la tarde del 11 de noviembre que viajarían. El dato es relevante porque
apunta hacia una irregularidad que tiene al excanciller Jorge Faurie como
protagonista: el 12 de noviembre mandó una nota a Bullrich y al entonces
ministro de Defensa Oscar Aguad pidiéndoles que enviaran una comitiva a
Bolivia. La pregunta es cómo podía saber un tripulante que iba a viajar si el
pedido se cursó después. La respuesta probablemente apunte a que se tomó la
decisión política de enviar los gendarmes y las balas y después se armó el
papelerío.
Bassini relató que en la tarde del 11
de noviembre se comunicaron con el agregado naval, Miguel Alonso, para avisarle
que viajarían. Una teoría es que Alonso haya sido el enlace que pactó con la
FAB la entrega de las balas mientras que el agregado de la Gendarmería, Adolfo
Caliba, lo haya coordinado con la Policía Boliviana. Un empleado de la embajada
argentina en La Paz incluso declaró que Alonso y Caliba mantuvieron un
altercado cerca del hangar.
El descenso en Bolivia fue rápido. “Sin
detención de motores”, precisó Bassini, según la declaración a la que accedió
Página/12. Todo sucedió casi en penumbras.
Diego Abel Bortoli actuó como el primer
operador de carga de vuelo. En el juzgado, Bortoli dijo que se hicieron
trámites con la carga que bajaron del avión pero que no se hicieron ante la
Aduana boliviana sino con la propia FAB. Cuando le preguntaron quién había dado
la orden para hacerle entrega de la carga a la FAB, Bortoli respondió que la
directiva provino del comandante de la aeronave.
El cabo Andrés Ignacio Bodes Solans es
mecánico de mantenimiento del Hércules y viajó como apoyo técnico en el vuelo.
Él fue el primero en bajar en Bolivia. Según el cabo, toda la carga se subió a
un camión tipo Iveco chico, que estaba estacionado de culata. Hasta ahora,
principalmente por documentación de las fuerzas bolivianas, se sabe que la FAB retiró
su parte del cargamento del hangar.
¿GOBERNADOR AQUÍ, CACIQUE ALLÁ?
“Quizás Morales tiene las cosas más claras, y
podría estar viendo a un Puno bolivianizado, en cuanto runasurizado, como un
aliado ideal en la marcha de La Paz hacia el océano Pacífico por territorio
peruano, o que alguna vez lo fue”.
La República de Perú
(https://bit.ly/3EAApa7)
El gobernador de Puno quiere sumar a
esa región al Runasur de Evo Morales. Su argumento es que la zona, al ser
originaria, tiene derecho a la autodeterminación, y por tanto a adherir
políticamente al esquema del dirigente boliviano. El funcionario ha sido citado
al Congreso para que explique ese planteamiento.
Runasur es un intento de relanzar el
fracasado Unasur, esta vez no solo como una alianza de países sino además como
un conglomerado de movimientos sociales. Con semejante proyecto, que
desembocaría en una “América plurinacional”, Morales busca recuperar el brillo
perdido en la escena continental.
Cuando el político boliviano llegó a
Lima para vender su proyecto, el gobierno no hizo mucho caso. Pero el
gobernador de Puno vio allí la posibilidad de unir su carreta a la del
expresidente del vecino país. Más allá del vacilón ideológico, nunca ha podido
explicar qué beneficios le traería a su región asociarse con el proyecto
Morales.
Quizás Morales tiene las cosas más
claras, y podría estar viendo a un Puno bolivianizado, en cuanto runasurizado,
como un aliado ideal en la marcha de La Paz hacia el océano Pacífico por
territorio peruano, o que alguna vez lo fue. Que sepamos, Germán Alejo no toca
este tema en sus argumentaciones autodeterministas.
A pesar de una común pertenencia a la
etnia aimara, a lo largo de la historia los altiplanos de Bolivia y Perú se han
mantenido independientes de la política del país vecino, y constantes en su
pertenencia a un Estado nacional. Solo fueron excepción los turbulentos 15 años
de la Confederación Perú-Boliviana.
Al gobernador Alejo quizás no se le
ocurre que uno de los efectos de dejar entrar a Bolivia en los asuntos
políticos del Perú, del cual Puno es parte, sería propiciar que Chile haga lo
mismo. Ahora que el Tribunal Constitucional le ha lavado la cara al
evomoralismo de Pedro Castillo, tal vez el gobernador se siente tranquilo en su
aventura.
Extraña situación en que un político
cuestiona con argumentos antropológicos la ciudadanía peruana de los puneños, para
llevarlos a asumir la membresía en el club político con que Morales buscará su
regreso a la presidencia de su país. Con tales ideas, ¿qué hace Alejo
ejerciendo un cargo tan occidental y republicano como el suyo?
600 CAMIONEROS BOLIVIANOS SE ENCUENTRAN
SE ENCUENTRAN VARADOS EN ARICA PRODUCTO DEL PARO DE TRANSPORTISTAS EN CHILE
Mundo Marítimo de Chile
(https://bit.ly/3EFcnL4)
Alrededor de 600 camioneros bolivianos,
al menos un tercio de éstos transportando carga peligrosa de combustibles, se
encuentran varados en tres distintos puntos de Arica, norte de Chile, como
consecuencia del paro de los transportistas que comenzó el lunes 21 de
noviembre. El bloqueo parcial se encuentra a la altura de la rotonda “Los
Libertadores”, que conecta la Ruta 5 Norte con la internacional 11-Ch hacia
Bolivia, informó La Estrella de Arica.
En detalle, los camiones están
estacionados en: 1) El sector de la Plaza de Pasajes Chacalluta, ubicada en la
ruta 5 Norte, en la salida norte de Arica, entre las rotondas Juan Guillen
Canales y Los Libertadores. 2) La ruta 11-Ch, sector cercano al Cementerio
Parque del Sendero de Arica. 3) El poblado de Poconchile, en el valle de Lluta.
El gobernador regional, Jorge Díaz,
señaló que “hay muchos transportistas bolivianos que no tienen las condiciones
de higiene ni las conexiones sanitarias y en la medida que van pasando las
horas va aumentando la cantidad de camiones en este lugar. Eso implica que
durante el día de ayer y hoy han pasado el paso Chungará más de 500 camiones
que se encuentran en esta situación, pero además a eso hay que sumar los más de
130 camiones que han sido cargados desde el puerto de Arica y que no pueden
salir desde la zona urbana de Arica en dirección hacia Bolivia”.
La cónsul de Bolivia en Arica, Geovanna
Rodríguez, manifestó que “ahora vemos a nuestros compatriotas camiones que,
ante las inclemencias, están a la intemperie, están sufriendo por [falta de]
baños, por el aseo, es más, la comida. Nos decían que no pueden encontrar donde
alimentarse. Para nosotros es una gran preocupación. Y también ver a los
camioneros a la entrada de Lluta, que vienen ya cargados de combustible.
Entonces esa es una gran peligrosidad también para la ciudadanía de Arica.
EN LOS ANDES BOLIVIANOS, LOS
AGRICULTORES REZAN PARA QUE LLUEVA EN MEDIO DE LA SEQUÍA
Infobae de Argentina
(https://bit.ly/3Ubtzxv)
En lo alto de las montañas de los Andes
bolivianos, el agricultor Alberto Quispe tiene una cosa en su mente: la lluvia.
En la zona rural de Tihuanacu, 100
kilómetros al suroeste de la ciudad de La Paz, los lugareños dicen que esta
temporada ha llovido poco, en medio de una sequía más amplia en las regiones
andinas debido a un tercer fenómeno meteorológico consecutivo La Niña.
"Cuando levantamos las manos,
pedimos que ya nos perdone Dios de nuestros pecados y para pedir que llueva
para nuestros sembrados, porque en el campo no tenemos agua ni para el
ganado", dijo Quispe, quien subió a las colinas con otros de su comunidad
para orar por la lluvia.
Alrededor de Bolivia, muchas áreas han declarado
una emergencia debido a la sequía, que el Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología local espera dure hasta 2023, cuando la intensidad de La Niña
comenzará a disminuir. Esto ha perjudicado a los agricultores y cultivos en
Bolivia, pero también en los vecinos Argentina, Paraguay y Perú.
Quispe y otros subieron al cerro Lloco
Iloco con su pastor evangélico para pedir lluvia tanto a Dios como a las
deidades de la montaña, o Achachilas, dioses indígenas aymaras locales,
arrodillados y levantando las manos al cielo.
Justo al otro lado de la frontera
boliviana con Perú, la situación es similar.
"El sol está quemando, está muy
fuerte. Uno ya ni puede caminar, el calor en el campo está peor todavía. Ni
tampoco tenemos agua", dijo Rosa Sarmiento de Desaguadero en Perú, cerca
de las orillas del lago Titicaca.
"Toda la gente está muy
preocupada".
En las regiones andinas la sequía de
los últimos años ha hecho que los niveles de los reservorios de agua disminuyan
en lugares como Chile y que los glaciares importantes retrocedan. Cultivos como
el trigo y la soja se han visto afectados, incluso en uno de los mayores
exportadores globales de estos granos, Argentina.
En la comunidad Zapana Jayuma, en
Bolivia, los campos áridos muestran signos de daño por el calor.
"La tierra está muy seca, ya no
hemos podido sembrar papa, haba ni ocas", dijo Cecilia Aruquipa, de la
comunidad gerente de la zona.
"El calor está muy fuerte y
quemante, ya no se puede soportar. Es por eso que todos nos vamos a donde hay
sombra". (Reporte de Mónica Machicao, escrito por Adam Jourdan y traducido
por Daniel Ramos Editado por Nicolás Misculin)
¿QUÉ DIJO JESSICA NEWTON SOBRE LAS
SUPUESTAS CRÍTICAS DE MISS BOLIVIA A ALESSIA ROVEGNO?
Jessica Newton, responsable del Miss
Universo en Perú, se pronunció sobre la reciente polémica que involucró a
Alessia Rovegno y a la reina de belleza de Bolivia Fernanda Pavisic.
La República de Perú
(https://bit.ly/3U12yNf)
Alessia Rovegno volvió a ser
protagonista de los principales portales de la farándula nacional luego de una
polémica que también envolvía a la Miss Bolivia. Resulta que Fernanda Pavisic
publicó en sus redes sociales un video en el que, supuestamente, se burla de la
apariencia de otras competidoras del Miss Universo, por lo cual cientos
usuarios la criticaron duramente.
Según estos comentarios, la reina de
belleza también había dirigido sus burlas hacia la hija de Bárbara Cayo y hasta
la llamó “transexual”. De momento, la representante peruana no se ha
manifestado sobre el hecho, pero sí lo hizo su novio, Hugo García, y se sumó la
organizadora de este tipo de eventos en nuestro país Jessica Newton.
Jessica Newton se pronuncia sobre caso
de supuestas expresiones de Miss Bolivia
Mediante su cuenta de Instagram, la
madre de Cassandra Sánchez aseguró que los supuestos insultos de Fernanda
Pavisic contra la Miss Perú 2022 no fueron ciertos, ya que en el video nunca la
menciona. Asimismo, lamentó que se difundan este tipo de noticias sin
confirmarse con el fin de generar polémica.
“Buenos días, con relación a esto que
acabo de colocar, sí, al generar noticias falsas… Quiero comentarles que la
Miss Bolivia nunca hizo un comentario sobre Alessia Rovegno. He visto en varias
noticias, en varios diarios, en la televisión, como si la Miss Bolivia hubiese
hecho un comentario de Alessia”, inició.
“Esta chica (Miss Bolivia) fue parte de
un video desafortunado, sí, pero en ningún momento en ese video —lo he visto
completo— se menciona a Alessia Rovegno. Alguien que quería hacerle daño a
Alessia utilizó a la Miss Bolivia y puso en su boca palabras que ella nunca,
nunca mencionó, así que seamos responsables de no colocar cosas falsas en las
redes, porque la sal y el azúcar se parecen mucho y son totalmente distintas”,
agregó.
¿Qué dijo Hugo García sobre las
críticas a Alessia Rovegno?
El chico reality fue consultado sobre
estos comentarios y señaló que Alessia Rovegno está totalmente enfocada en el
Miss Universo y que no toma en cuenta este tipo de hechos.
“No tengo nada que decir. Alessia está
enfocada en ella, se está preparando bien (…). Más bien, que se prepare porque
dará una buena pelea, nada más”, expresó para América TV.
ACTIVISMO DESDE LA COCINA CON EMILIANA
QUISPE
La Voz de Galicia, España
(https://bit.ly/3EAdYSI)
Las aulas del centro integrado de
formación profesional (CIFP) Carlos Oroza de Pontevedra recibieron este jueves
una visita especial. Fue la de la cocinera boliviana Emiliana Quispe, jefa de
cocina del restaurante de Mujeres Creando. Desde el centro educativo ubicado en
Montecelo apuntan que se trata de uno de los movimientos «más relevantes» en
América Latina, tanto por su trabajo directo con mujeres víctimas de diversas
violencias (sexual, económica o laboral, entre otras) como por su acción
política y social en este campo.
Emiliana Quispe estuvo este jueves por
la tarde en el Carlos Oroza, adonde regresará hoy. Responderá a las inquietudes
del alumnado con respecto a su cocina, pero también sobre su activismo por las
mujeres en Bolivia. La profesora María José Lores está detrás de esta
actividad, que se programó coincidiendo con el 25N.
Desde el Carlos Oroza detallan que
Emiliana Quispe fue la primera mujer graduada como chef por la escuela
hostelera de La Paz. También es locutora de radio, donde presenta el programa
Cocinera que da sabor a la vida en Radio Deseo. Desde las ondas comenta la
historia de la gastronomía nacional, junto con recetas nutritivas que enseña a
preparar con productos locales. Una de esas recetas bolivianas es la que envió
a los estudiantes de cocina y pastelería del Oroza para su experimentación en
los talleres del centro. Emiliana Quispe visitó Pontevedra de la mano de la
oenegé Solidariedade Internacional y estuvo acompañada por dos representantes
del colectivo feminista Mujeres Creando, Raiza Ceballos y Mayra Rojas.
VALLE DE LA LUNA, UN PAISAJE DE OTRO
PLANETA EN BOLIVIA
Un extraño lugar semidesértico
salpicado de picos rocosos, chimeneas y cactus que fue nombrado como Valle de
la Luna por el propio Neil Armstrong.
Revista Voy de Viaje de Argentina
(https://bit.ly/3i9hLP9)
Muy cerca de la ciudad de La Paz, en
Bolivia, se encuentra el Valle de la Luna, un particular y poco conocido
paisaje semidesértico salpicado de picos rocosos, chimeneas y cactus llamado
así por Neil Armstrong.
A sólo 10 kilómetros de La Paz se
encuentra el acceso al lugar, que parece salido de otro planeta. Se trata de
una interesante formación geológica en un cerro que fue sufriendo efectos
erosivos con el tiempo, generando como resultado texturas extrañas de conos y
cráteres.
POR QUÉ SE LLAMA VALLE DE LA LUNA
Este atractivo natural fue bautizado
como “Valle de la Luna” en el año 1969, cuando el propio astronauta Neil
Armstrong –la primera persona en pisar la Luna– lo conoció durante su visita
por el país y dijo que le recordaba a un valle lunar.
En concreto, el cerro es de arcilla, un
material que contiene diferentes minerales que les dan a estos picos colores
variados, pasando del blanquecino al violeta, con los más habituales marrones y
rojizos.
QUÉ HACER EN EL VALLE DE LA LUNA
El Valle de la Luna se puede recorrer
entero en unas dos horas. Existen una variedad de senderos para hacer a pie que
llevan al corazón del valle, desde los cuales se pueden apreciar hermosas
vistas del sitio y los alrededores.
Durante la estadía es posible observar
cactus y vizcachas, entre otras especies típicas de la fauna y la flora
andinas. Por otra parte, en el ingreso generalmente se encuentran personas con
vestimentas típicas tocando instrumentos o haciendo rituales de ofrendas y
agradecimiento a la tierra.
Al ser poco conocido por el turismo
masivo, el Valle de la Luna es un lugar tranquilo que invita a la reflexión y a
la conexión con la naturaleza. Además, es muy fácil llegar en colectivo desde
La Paz, y es una buena manera de escaparse del ritmo de esa vibrante ciudad
para conocer un paisaje surrealista.
No comments:
Post a Comment