LUCHAS POLÍTICAS INTERNAS EN BOLIVIA PARA LA BATALLA ELECTORAL DE 2025

Luis Arce ha cumplido apenas dos años como presidente de Bolivia y aún quedan tres para las próximas elecciones, pero las tensiones políticas han comenzado ya a instalarse en la vida pública boliviana de cara a la cita de 2025. La oposición ha impulsado las últimas semanas amplias protestas en Santa Cruz (capital de los llanos bolivianos que, con su departamento, supone un contrapoder, desde la derecha, a la izquierda del Movimiento al Socialismo de Arce, especialmente fuerte en la sierra andina), mientras el expresidente Evo Morales está acentuando sus discrepancias con el Gobierno de su sucesor. Quién será el candidato del MAS y, ante una división, qué fuerza tendrá la oposición para alcanzar la presidencia son las cuestiones en juego.
En relación con el MAS, la situación comienza a asemejarse a traumáticas cesiones de poder dentro del partido gobernante ocurridas en otros países de la región: viene a ser una regla que el candidato designado por el presidente saliente se distancia de su padrino una vez se consolida en la presidencia, algo que acaba dando lugar a una escisión del partido oficialista. Sucedió en Colombia cuando Juan Manuel Santos alcanzó el poder de la mano de su mentor Álvaro Uribe, y volvió a verse en Ecuador cuando Lenín Moreno recibió la banda presidencial de Rafael Correa.
Delfín contra mentor
Las discrepancias en el caso de Arce y Morales se han llevado hasta ahora de manera discreta, pero a medida que se avanza hacia 2025 las aspiraciones de ambos comienzan a chocar públicamente: Arce parece contemplar una posible reelección, mientras que Morales desearía regresar a una presidencia de la que fue forzado a salir por presunto fraude electoral, tras haber eliminado inconstitucionalmente el límite del número de mandatos. Las críticas del círculo de Morales al ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, al que acusan de estar implicado en el robo en agosto del móvil del expresidente en un acto de partido, y la «marginación» de Morales en la televisión estatal que denuncian, suponen una lista de agravios mutuos que va en aumento. El MAS sigue controlado por Morales, pero esa organización debe cuidar no dispararse a los pies criticando al Gobierno, del que comen muchos de sus cuadros políticos: el partido ha estado a punto de expulsar al vicepresidente David Choquehuanca, antiguo rival de Morales, pero no ha llegado a ese extremo.
Ambos sectores también se están enfrentando por los intereses de los sindicatos cocaleros. Si la fuerza de Morales siempre se ha basado en los productores de coca del Chapare, en el área de Cochabamba, ciudad de la que procede y en la que reside, ahora el Gobierno ha promovido una nueva empresa para la gestión de la coca producida en explotaciones permitidas (existe un cultivo legal para uso tradicional del país andino). Asimismo, ha autorizado un mercado de coca en la Paz, que compite con los dos habituales, el de Chapare y el de las Yungas. En estas pugnas, el sector de Arce ha llegado a acusar al vicepresidente del partido, Gerardo García, de nexos con el narcotráfico.
La polémica del censo
Por su parte, la oposición se ha movilizado en Santa Cruz por la decisión del Gobierno de posponer el censo poblacional que estaba previsto realizar este año y que Arce anunció la semana pasada para el 23 de marzo de 2024. El especial crecimiento de la región de San Cruz, que recibe migración de las zonas andinas bolivianas por su mayor desarrollo comercial e industrial (es el centro de la generación de riqueza a partir de los hidrocarburos) abona la sospecha de que el Gobierno se resiste desde La Paz a prever más escaños para Santa Cruz en el poder Legislativo y a asignarle más recursos económicos.
Arce lamenta que «un acto técnico» como el del censo sirva de «pretexto político para desestabilizar y confrontar a la población», pero el gobernador de Santa Cruz, el opositor Fernando Camacho, ha demostrado que la causa, por técnica que parezca, moviliza el sentimiento victimista de una región enfrentada en las últimas décadas al poder central de La Paz.
La alegación del Gobierno de que el retraso del censo (el último es de 2012) se debe a dificultades organizativas derivadas de la situación excepcional de la pandemia, no deja de ser sospechoso cuando se advierte que los datos del nuevo censo no serán comunicados al Tribunal Supremo Electoral hasta diciembre de 2024, lo que no asegura que estén completamente actualizados para las elecciones de unos meses después. En cualquier caso, Camacho, que llegó a gobernador cruceño en 2021, está aprovechando la ocasión para intentar acrecentar su liderazgo nacional, con vistas a las elecciones de 2025.
 
 
 
 
 
ARGENTINA, BOLIVIA, CHILE Y EL SUEÑO DE UNA OPEP DEL TRIÁNGULO DEL LITIO
 
Argentina habla de crear un cartel del litio con Chile y Bolivia, semejante al de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). ¿Qué sentido y qué posibilidades de éxito tendría esta iniciativa?
 
DW de Alemania (https://bit.ly/3UH0z1U)
 
Los mayores yacimientos de litio del mundo se ubican en los salares andinos del triángulo fronterizo entre Argentina, Bolivia y Chile, con más del 50 por ciento de los recursos mundiales del llamado "oro blanco" identificados hasta hoy (los estimados llegan hasta el 70 por ciento).
"La propuesta de crear una OPEP del litio vuelve recurrentemente a la región", dice a DW Martín Obaya, director del Centro de Investigaciones para la Transformación (CENIT), en la Escuela de Economía y Negocios (EEyN) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Y recuerda que la idea se había lanzado ya hace una década.
Propuesta "tentadora", en un momento "llamativo"
El objetivo es coordinar los niveles de producción de los países con recursos de litio para influir sobre el precio. Esto generaría una renta económica mayor para los países productores, precisa el economista argentino. Además, Buenos Aires habla de fijar pautas de buenas prácticas para el desarrollo industrial sustentable y para el desarrollo científico y tecnológico.
A primera vista, la propuesta parece "tentadora", reconoce Obaya. El momento en que se lanza, sin embargo, "es llamativo, porque no hay un problema de precio. Los precios del litio se multiplicaron casi por diez en los últimos dos años y son nueve veces superiores al promedio del período 2010-2020", explica. La tonelada de carbonato de litio, central para producir baterías de vehículos eléctricos e híbridos escaló a 9.720 dólares a fines de mayo de 2021 y sobrepasa hoy los 80.000 dólares.
"Ineficaz" sin la participación de Australia
Dicho esto, el economista argentino subraya que los países sudamericanos fueron responsables, en 2021, de solo el 32 por ciento de la producción mundial de litio. Y "este dato es más relevante que el de recursos al momento de evaluar la efectividad de constituir un cartel, pues convertir recursos en producción lleva, en los casos exitosos, entre 7 y 10 años". Así que los intentos de afectar el precio a partir del control de ese volumen de producción "serán muy limitados", prevé.
Además, Bolivia no produce compuestos de litio (el "oro blanco" boliviano está muy mezclado con magnesio y su separación requiere tecnología de la que el país no dispone aún a gran escala). "Le llevará, en el mejor de los casos, algunos años poder hacerlo. Por ello, sería ineficaz la constitución de un cartel sin la participación de Australia", señala Obaya.
Australia es responsable, por sí solo, de más del 50 por ciento de la producción mundial. Y la vende en su totalidad a China, donde se refina en compuestos de litio, recuerda el también especialista en relaciones internacionales.
"Buen discurso político" con importantes barreras legales
Por si fuera poco, los países de la región tienen marcos normativos muy distintos entre sí, destaca el experto argentino. "Existen barreras de tipo legal muy importantes que no permitirían avanzar hacia la consolidación de ningún cartel en el triángulo de litio", coincide Juan Carlos Zuleta, expresidente del conglomerado estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), en entrevista con DW, tras calificar la iniciativa argentina como "una mala idea".
En el caso de Bolivia —sin producción comercial y cuyos recursos aún no son catalogados como reservas—, "sería una posibilidad, porque, efectivamente, el litio está en manos del Estado", opina el economista boliviano. Pero Chile "se maneja con un régimen de contratos con empresas privadas, que tendrían que ser modificados en caso de constituirse un cartel", compara su colega argentino.
En los contratos que rigen las dos operaciones chilenas en el Salar de Atacama, "no existe provisión alguna que permita al Estado chileno obligar a las empresas a participar en algún cartel. De hecho, no creo que estas empresas estén interesadas", explica Zuleta. "Una alternativa sería que la Comisión Chilena de Energía Nuclear, encargada de autorizar las ventas, regule las exportaciones", sugiere Obaya.
En el caso argentino, "la cosa es todavía más complicada, porque allí lo que existen son concesiones compradas por empresas privadas internacionales", considera el expresidente del YLB boliviano. Una vez otorgadas las concesiones, las empresas tienen el control de su producción. "Además, esta competencia está en manos de las provincias, que no se han mostrado favorables a la constitución de un cartel", añade el director del CENIT argentino.
Entonces, ¿cómo crecer con el litio?
"El principal problema que tiene Argentina" es su poca capacidad para gravar la renta económica que genera la minería de litio, concluye Obaya. Pese al aumento sostenido de la demanda y los precios del litio, "Argentina no ha logrado capturar una parte significativa de la renta extraordinaria", lamenta.
"Distinto es el caso de Chile que, con la renegociación de los contratos que hizo entre 2016 y 2018, estableció un sistema de regalías progresivo, que va de 6,8 a 40 por ciento, de acuerdo con el precio. Eso le permitió que la recaudación por la producción de litio supere por primera vez a la de cobre", resalta, recordando que Chile es el principal productor de cobre del mundo.
En resumen, "la idea de la cancillería argentina no pasa de ser un buen deseo y además un buen discurso político para tratar de mostrar que estos países pueden avanzar con paso firme de manera asociada", sostiene Zuleta.
Su contrapropuesta es la construcción de un "hub sudamericano de baterías y vehículos eléctricos". Este incluiría empresas privadas y estatales del "triángulo del litio", para no excluir a Bolivia. Y sumaría al menos a otros tres países: Brasil, Perú y Colombia, "con todos los recursos estratégicos necesarios" para desarrollar esta industria del futuro, incluidos otros metales que ya empiezan a sustituir parcialmente al litio.
Un bloque así debería conseguir la producción sustentable de estos recursos, así como una asociación internacional con proveedores de alta tecnología —como Tesla, General Motors o Volkswagen—, para desarrollar y consolidar cadenas de valor en el mundo entero, sueña el expresidente de YLB. De lo contrario, "la alternativa es continuar siendo proveedores de materias primas. Y sería una lástima que el triángulo del litio desaproveche esta oportunidad tan importante".
 
 
 
 
 
LITIO: GRANDES OPORTUNIDADES INDUSTRIALES, PERO CON UNA OFERTA LIMITADA A MEDIO PLAZO
 
Assi News de Italia (https://bit.ly/3Eb7Uj5)
 
Con la conversión a vehículos eléctricos o de hidrógeno como tema de interés cada vez mayor, el litio se está consolidando como una materia prima estratégica e indispensable. En Francia, la primera mina de litio abrirá a partir de 2027. Al igual que el cobre y muchos otros minerales, la producción y demanda de metales blancos depende en gran medida de las tendencias macroeconómicas y las perspectivas de crecimiento global. La mayoría de los precios de los metales se han desplomado desde principios del verano, mientras que los precios del litio siguen siendo elevados. Esta tendencia -subraya un estudio de Coface- es aún más evidente en sectores de clientes, especialmente en el sector de la automoción, con perspectivas a corto plazo muy mitigadas.
El litio es un componente esencial para la descarbonización de la economía, de hecho, las baterías de los vehículos eléctricos están compuestas principalmente de metal blanco. Este recurso, de difícil reposición, ha vuelto a escena desde principios de la década de 2000, gracias al reto asociado al almacenamiento de energía. En la actualidad, la oferta es demasiado limitada para satisfacer la demanda y sigue restringida debido a la baja inversión. Las economías occidentales han prestado muy poca atención a sus suministros de minerales. Además, el hecho de que los gobiernos apoyen el sector de la movilidad con bajas emisiones de carbono parece proteger al litio de los altibajos del crecimiento global. Finalmente, con el cambio a bajas emisiones de carbono, se espera que la demanda global continúe aumentando en el mediano y largo plazo.
Recursos altamente concentrados y cadena de suministro
Argentina, Bolivia y Chile representan el 58% de los recursos del mundo, una concentración muy superior a la de los demás metales básicos. A modo de comparación, 13 países concentran el 75% de las reservas reconocidas de cobre. La producción mundial de litio también está muy concentrada, liderada por Australia, Chile y China, que representaron el 90% de la producción mundial en 2021. Aguas abajo, la cadena de suministro está aún más concentrada: en 2021, China refinó el 60 % del litio del mundo y representa el 77 % de la capacidad de producción de celdas de batería del mundo, así como el 60 % de la fabricación de componentes de batería del mundo.
El desafío ahora es adquirir y mantener habilidades de alto valor agregado que garanticen la soberanía industrial de un país y una fuerte ventaja competitiva tecnológica para las empresas.
La Asociación Europea de Fabricantes de Baterías Automotrices e Industriales predice que el mercado europeo de baterías tendrá un valor de 35.000 millones de euros para 2030, y el ion de litio representará alrededor de la mitad de esa cantidad. Europa, que aspira a ser autosuficiente en la producción de baterías para 2030, no podrá depender únicamente de proyectos mineros nacionales. Australia parece su mejor baza a medio plazo.
factores de incertidumbre
La fuerte volatilidad de las materias primas y, en particular, de los metales podría eventualmente afectar los precios del litio. Esta volatilidad se explica principalmente por la incertidumbre de la demanda ligada a las dificultades del sector inmobiliario chino. Estos vientos en contra afectarán la volatilidad del precio del litio.
Las empresas mineras están volviendo a estrategias basadas en valor en lugar de volúmenes. Luego de ver crecer la rentabilidad gracias al repunte de los precios en el primer semestre de 2022, la caída de los precios de los metales y los altos costos de la energía han llevado a las empresas mineras a reducir sus inversiones. Por lo tanto, las empresas de litio deben centrarse en el nivel de precios para mantener la rentabilidad y limitar las inversiones en un contexto de recesión mundial prevista para 2023. La búsqueda de nuevas fuentes de litio lleva de 3 a 5 años, más 2 o 3 años para las plantas de procesamiento de minerales, esto necesariamente pesa sobre los volúmenes de oferta en el mediano plazo.
Cualquier apoyo de China al sector de las baterías podría aumentar la presión sobre los volúmenes de producción y hacer subir los precios del litio. A pesar de las perspectivas económicas desfavorables de China, el país está decidido a mantener su ventaja competitiva en el segmento de las baterías de iones de litio. Por lo tanto, si China implementa un apalancamiento financiero para apoyar el sector de las baterías de iones de litio, habrá un aumento espontáneo de la demanda.
Finalmente, quedan muchas incertidumbres sobre el futuro de la cadena de suministro de litio en Europa. La prohibición de la venta de vehículos de combustible fósil a partir de 2035 se basa en proyectos de reindustrialización inmaduros -proyectos de minería y Gigafactory- y proyectos mineros que, en Europa, enfrentan fuertes protestas, aumentando la presión sobre los fabricantes de automóviles y sus dependencias de los países productores de litio y baterías. A mediano plazo, esto significa una mayor vulnerabilidad a los choques de las cadenas de suministro, especialmente la logística, entre las minas y los fabricantes de baterías.
“El estudio de Coface destaca cómo los sectores automotriz e industrial y toda la cadena de suministro del litio están incluidos en un marco caracterizado por una gran incertidumbre y desequilibrio, fruto de la compleja situación actual. Por un lado, surge claramente la importancia cada vez mayor y la importancia estratégica del litio; por otro lado, se subraya que los precios siguen siendo altos, se confirma que la demanda es alta pero la oferta sigue siendo demasiado baja. Es difícil predecir la evolución de este escenario, ya que está estrechamente relacionado con varios factores, como las posibles acciones futuras de China", comenta Ernesto de Martinis, CEO de Coface en Italia y Head of Strategy para la Región del Mediterráneo y África.
 
 
 
 
 
GOBIERNO DE BOLIVIA ENFRENTA LEVANTAMIENTO SEPARATISTA Y RACISTA
 
Nueva Revolución de España (https://bit.ly/3O90iCg)
 
El gobierno del MAS, ahora encabezado por el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, anunció el 12 de julio que su Censo de Población y Vivienda cada diez años se trasladaría del 16 de noviembre de 2022 a algún momento de 2024.
Los portavoces atribuyeron el cambio a las dificultades que conllevaron la pandemia, la necesidad de traducciones a los idiomas indígenas, la incertidumbre de los recursos financieros y el tiempo adicional requerido para los cambios “técnicos”.
Los líderes del departamento de Santa Cruz, en las tierras bajas orientales de Bolivia, el más grande del país, exigieron de inmediato un censo en 2023, no en 2024. El gobernador del departamento Luis Camacho y Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, advirtieron que sin un acuerdo sobre el censo, iniciarían un paro destinado a desbaratar la economía del departamento, y con ello la economía nacional.
En respuesta, “más de un millón de bolivianos se movilizaron” el 25 de agosto en apoyo al gobierno y en contra de un grupo de liderazgo regional que es la vanguardia de la oposición al gobierno socialista e indígena de Bolivia. Aun así, la huelga comenzó el 22 de octubre. La historia boliviana reciente sugiere que otro golpe podría estar a la vista.
Los resultados del censo ayudan a determinar la distribución nacional de los servicios y recursos proporcionados por el gobierno y son la base para la representación de cada departamento en la Asamblea Legislativa nacional. Las fuerzas de oposición en Santa Cruz ven la operación del censo nacional, tal como está constituido actualmente, como beneficioso para su lado, particularmente para las elecciones nacionales de 2025.
Ellos ven una ventaja en el aumento del número de pueblos indígenas que migran recientemente desde las tierras altas asoladas por la pobreza de Bolivia a Santa Cruz, que cuenta con recursos económicos. Esa ventaja radica en que los pueblos indígenas se presenten en el censo con una identidad distinta a la indígena.
El censo nacional de 2012 generó controversia cuando mostró que muchos indígenas se identifican como mestizos y no como pertenecientes a una nación indígena en particular. Eso fue alentador para los líderes reaccionarios y racistas de Santa Cruz, que no tienen entusiasmo por aumentar la representación indígena en la asamblea legislativa nacional.
El gobierno de Arce, por el contrario, se opone a un recuento insuficiente de indígenas y especialmente en los departamentos de las tierras bajas orientales, donde su número está aumentando.
La categoría de mestizo no apareció en el censo de 2012 y no forma parte del censo en disputa ahora. Los líderes de Santa Cruz insisten en que esa identidad mestiza se incorpore al censo. Se buscó el asesoramiento de expertos en 2012 y el gobierno de Arce ahora propone lo mismo.
Las peculiaridades de Santa Cruz son centrales en esta historia. Por un lado, los cuatro departamentos más orientales de Bolivia, particularmente Santa Cruz, producen la mayor parte de la riqueza de Bolivia. Santa Cruz alberga operaciones agrícolas a escala industrial e instalaciones para la producción de petróleo y gas natural. Esta región de tierras bajas representa la mayor parte de los ingresos de exportación de Bolivia.
Las realidades son estas: Santa Cruz por sí sola representa el 76% de la producción de alimentos del país, toda su producción de sorgo y aceite de girasol, el 99% de sus productos de soya, el 92% de su caña de azúcar, el 75% de su trigo, el 72% de su arroz, y el 66% de su maíz. En 2021, los agricultores poseían 4,6 millones de cabezas de ganado, más de un millón de cerdos y 130 millones de pollos.
Entre los departamentos, Santa Cruz consume el 39% del combustible diésel del país y contiene la mayor parte de las reservas de gas natural de Bolivia, que se ubican como las segundas más grandes de Sudamérica. El Financial Times elogia el crecimiento explosivo de la economía de Santa Cruz y las grandes inversiones extranjeras. Menciona a la ciudad de Santa Cruz como una de las áreas urbanas de más rápido crecimiento en el mundo.
También es relevante para la historia de la huelga la naturaleza reaccionaria y racista de los líderes de la oposición en Santa Cruz. Están utilizando al “Comité Cívico” del departamento para organizar el paro y a la Unión de Jóvenes de Santa Cruz para realizar acciones callejeras violentas al estilo paramilitar. El gobernador Luis Camacho anteriormente encabezó el Comité Cívico de Santa Cruz.
Los comités cívicos de todos los departamentos se originaron hace décadas como respuesta a las tensiones nacional-regionales. Miembros de antiguas familias de Europa del Este, algunos de ellos grandes terratenientes, pertenecen al comité cívico de Santa Cruz. Muchos trajeron consigo la ideología fascista cuando emigraron a Bolivia después de la Segunda Guerra Mundial.
En la última de tres grandes manifestaciones en Santa Cruz, Camacho anunció el 30 de septiembre el inicio el 22 de octubre de un paro antigubernamental de duración “indefinida”. En funcionamiento, la huelga ha llevado a la colocación de barreras en las principales carreteras para impedir las exportaciones y las entregas de productos básicos en el país, principalmente alimentos. Los líderes de la huelga han obligado a cerrar fábricas y centros comerciales clave.
La Unión de Jóvenes y otros matones han realizado manifestaciones antigubernamentales y luchado en las calles contra los simpatizantes del MAS y la policía nacional. Ha habido heridos, violaciones de derechos humanos y un muerto. El paro ha tenido poca repercusión en los demás departamentos del oriente.
Con presencia en los pasos fronterizos, los huelguistas han reducido drásticamente el tránsito de mercancías exportadas. El 27 de octubre, las autoridades gubernamentales, anticipándose a la escasez interna de alimentos, prohibieron todas las exportaciones de Santa Cruz de productos de soya, carne de res, azúcar y aceite vegetal.
El gobierno y los activistas del MAS organizaron un mitin y una marcha de cientos de miles de personas antes de que comenzara la huelga, y otra al día siguiente. En La Paz, el 26 de octubre, un enfrentamiento entre oficialistas y una marcha opositora dejó 20 heridos.
El gobierno realizó el 25 de octubre un “Encuentro Plurinacional por un Censo Consensuado”. Asistieron funcionarios de todo el país. Surgió una propuesta que permitiría a una comisión técnica determinar una fecha para el censo nacional.
Camacho la rechazó, pero los líderes opositores Rómulo Calvo y Vicente Cuéllar aceptaron la propuesta. En entrevista, Camacho aseveró que el federalismo sigue siendo la única solución a la “fisura” presente desde la “fundación de la República”.
El 1 de noviembre, el presidente Arce, refiriéndose a las amenazas a la “integridad nacional”, llamó a los mandos militares a “garantizar y defender la independencia, unidad e integridad de nuestro territorio”. Un vocero presidencial indicó que Arce favorecía nuevas negociaciones sin fecha establecida para el censo y sin condiciones.
Los eventos en Santa Cruz se alinean con una historia sombría. El acceso al poder del presidente Evo Morales en 2006 fue la culminación de la antigua resistencia indígena contra los colonialistas europeos y del reciente retroceso contra los ataques neoliberales infligidos por facilitadores locales de los objetivos de la clase dominante estadounidense y europea.
Las conquistas sociales logradas por el gobierno liderado por el MAS y su programa de modesta distribución de la riqueza parecieron cimentar su lugar en la historia y ciertamente inflamaron las animosidades de los reaccionarios en Santa Cruz y a nivel nacional.
Mientras se redactaba una nueva constitución, que fue aprobada en 2009, Santa Cruz y los departamentos orientales vecinos protagonizaron una revuelta separatista alimentada por el racismo. Un complot fallido de asesinato contra Morales en 2008 fue parte de ello. Durante este período, el gobierno de Morales expulsó a un embajador de EE. UU. y a la Agencia Antidrogas de EE. UU.
El gobierno de los EE. UU. y la Organización de los Estados Americanos, al servicio de los Estados Unidos, facilitaron el golpe que derrocó al gobierno de Morales en 2019 después de su elección para un cuarto mandato. Luis Camacho de Santa Cruz lideró el golpe y supuestamente entregó el dinero estadounidense utilizado en varios sobornos. Participaron militares de Bolivia.
La presidenta del gobierno golpista, Jeanine Áñez, ahora está en prisión, en parte debido a los abusos contra los derechos humanos y los asesinatos cometidos por soldados durante su mandato.
El actual gobierno encabezado por el MAS nació en 2020 tras la victoria electoral en primera vuelta de Arce y Choquehuanca. Su índice de aprobación actualmente es del 51% . El presente paro ha hecho retroceder los esfuerzos gubernamentales para restaurar una economía nacional devastada por las reformas neoliberales del gobierno golpista y por los efectos de la pandemia.
Arce, al informar a la Asamblea Legislativa el 8 de noviembre, indicó que “tenemos plena certeza de que nuestro pueblo nos respalda plenamente y reconoce un gobierno nacional patriótico que vela por el bienestar nacional, que está por encima de los intereses sectarios y regionales. ” Observó que “en tiempos de crisis, siempre son los pobres los que terminan perdiendo más, o perdiéndolo todo”.
 
 
 
 
 
SALTA: PIDEN PRISIÓN PERPETUA PARA UN EXPOLICÍA FEDERAL POR LA DESAPARICIÓN Y MUERTE DE UN ABOGADO BOLIVIANO EN 1975
 
Fiscales Gob.Ar (https://bit.ly/3O7MtUQ)
 
El Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta, encabezada por el fiscal general Carlos Amad y el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila, solicitó hoy al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de esa ciudad que condena al expolicía federal Juan Carlos Alzugaray a prisión perpetua por la desaparición y muerte del abogado boliviano Gustavo Medina Ortiz en un hecho perpetrado en octubre de 1975 que -de acuerdo al alegato de los acusadores públicos- tuvo relación con la persecución desatada en la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur, conocida como "Plan Cóndor".
La fiscalía y la querella expusieron hoy su alegato en el marco del juicio donde Alzugaray llegó acusado como coautor del delito de privación ilegítima de la libertad, agravada por el uso de violencia y amenazas, y partícipe necesario de homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas
La jueza Gabriela Catalano (presidenta) y los jueces Federico Santiago Díaz y Mario Marcelo Juárez Almaraz fijaron audiencia para el 28 de noviembre, cuando será el turno para la exposición de la defensa.
En la audiencia de hoy, Amad y Sivila expusieron los fundamentos que llevaron a solicitar la pena máxima para Alzugaray por la detención ilegal y asesinato de Medina Ortiz. El hecho ocurrió el 10 de octubre de 1975, en la casa que ocupaba en calle Mendoza al 1.511, en el macrocentro de esta ciudad.
“Medina Ortiz fue secuestrado de su domicilio por efectivos que estuvieron al mando de Alzugaray, entre los cuales había agentes de fuerzas bolivianas. Se lo llevaron y desde esa noche, el abogado se encuentra en calidad de detenido desaparecido”, sostuvo el fiscal general.
Adjudicó este accionar a “un plan sistemático de represión ilegal que se aplicó a la población civil, en este caso de alcance trasnacional aplicado en la década de 1970, conocido también como el Plan Cóndor”, con radio probado de acción en Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
Al respecto, el fiscal ad hoc profundizó aspectos y jurisprudencia sobre este “fenómeno represivo continental”, cuyo objetivo estaba dirigido a eliminar a personas como Medina Ortiz, quien tenía una intensa actividad política en sectores de izquierda de su país.
Indicó que por tal motivo el abogado “fue perseguido en Bolivia y también en nuestro país”, a donde acudió luego del régimen de facto instaurado por el general Hugo Banzer Suárez tras derrocar a Juan José Torres, gobierno en el cual había participado la víctima.
Explicó que, en su país natal, Medina Ortiz fue asesor de la Departamental Obrera de Tarija, militante de la Asamblea del Pueblo y que integró el grupo de izquierda Espartaco, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y también incursionó en el Frente Revolucionario Antiimperialista.
Persecución
En razón de ello, Medina Ortiz viajó a países con regímenes afines como China, Rusia y Corea del Norte, lo que surge del testimonio brindado en el juicio por su hijo Richard Iván Medina Hoyos y de una serie de documentos que fueron desclasificados por el gobierno boliviano.
Con estos antecedentes -agregó el representante del MPF- Medina Ortiz fue vinculado a la guerrilla por sus perseguidores, situación que obligó al letrado a exiliarse en Salta en septiembre de 1971, primero en la ciudad de Orán y luego en la capital.
Sin cesar en su actividad política, el letrado ayudó a otros compatriotas que corrieron su misma suerte. Ello, explicó la fiscalía, intensificó la persecución local, que en este contexto fue llevada adelante por efectivos de la Delegación Salta de la Policía Federal, quienes -según se explicó- tenían como costumbre arrestarlo los fines de semana.
El representante del MPF explicó que, con el tiempo, la condición se agravó y llevó a Medina Ortiz a realizar gestiones ante las Naciones Unidas para adquirir estatus de refugiado. No pudo avanzar en el trámite dado el fuerte asedio de las fuerzas represoras.
A modo de pantallazo de esos momentos vividos por la víctima, el fiscal ad hoc resaltó el tenor de una carta escrita por la víctima a su padre en Bolivia, a quien le pedía que viajara a Salta para hacerse cargo de sus nietos, pues preveía un final incierto para sí mismo.
El fiscal Amad señaló a Alzugaray como la persona encargada de entregar a Medina Ortiz a los agentes bolivianos, lo que consideró que prueba no sólo su participación en el operativo que se presentó en horas de la madrugada en la casa del abogado para llevárselo, sino también significó una clara evidencia del entrecruzamiento de información de inteligencia en el marco del Plan Cóndor.
“Se hizo una comunidad de inteligencia para perseguir al que piensa distinto, un despliegue que, si se hubiese hecho para combatir el narcotráfico, por ejemplo, todo sería mucho mejor”, ensayó el fiscal, quien retomó la acusación contra Alzugaray de manera enérgica al señalar que “el acusado fue reconocido por la mujer de Medina Ortiz y otra testigo, por lo que no hay dudas de su responsabilidad penal en este crimen”.
 
 
 
 
 
MINERÍA ILEGAL EN PERÚ AMENAZA LAS ÁREAS PROTEGIDAS
 
Una de las zonas que más preocupa es la frontera entre Perú y Bolivia. Es un área de 570 kilómetros desde la zona Puerto Desaguadero, en Puno; hasta Puerto Maldonado, en Madre de Dios; donde prolifera la minería ilegal y el tráfico de estupefacientes.
 
Diálogo Américas
 
La minería ilegal amenaza y carcome la Reserva Nacional Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja Sonene, ubicados en el departamento Madre de Dios, Perú, donde los criminales ambientales siembran terror con extorsiones, robos y amenazas de muerte, según una investigación de la plataforma de periodismo ambiental Mongabay.
“En casi toda la Amazonía peruana se cometen genocidios contra poblaciones nativas y colonos [personas de las ciudades que llegan para trabajar]; sobre todo por el uso indiscriminado del mercurio que se utiliza para procesar el oro. La deforestación en la zona es casi incontrolable”, dijo a Diálogo el 22 de octubre Pedro Yaranga, especialista en seguridad y narcotráfico de Perú. “Una de las zonas que más preocupa es la frontera entre Perú y Bolivia. Es un área de 570 kilómetros desde la zona Puerto Desaguadero, en Puno; hasta Puerto Maldonado, en Madre de Dios; donde prolifera la minería ilegal y el tráfico de estupefacientes”.
Las condiciones en esas zonas protegidas, especialmente en la quebrada de la comunidad Palma Real, cercana a la frontera entre Perú y Bolivia, son propicias para que la minería ilegal opere y se expanda, reporta Mongabay. El oro extraído en Perú cruza la frontera para su comercialización en mercados ilegales.
“Hay mineros en esta quebrada que llegan desde La Pampa –foco de mayor minería en Madre de Dios– y que están en la zona con sus maquinarias para sacar oro”, dijo a Mongabay el Coronel Luis Enrique Guillén Polo, director de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional de Perú (PNP). “Realizan actividades de minería ilegal utilizando balsas y dragas en el río Tambopata (…) para la extracción de oro”.
La minería ilegal en el Perú tiene una estrecha conexión con el crimen organizado, indica un informe del Proyecto Prevenir de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que trabaja con el Gobierno peruana para prevenir y combatir los delitos medioambientales. 
“La minería ilegal e informal usualmente está asociada a otros delitos como el lavado de activos, el tráfico de insumos químicos, combustibles y maquinarias destinados a la minería ilegal; la trata humana para la explotación laboral y sexual; el tráfico de armas y el narcotráfico”, advirtió el estudio. 
Las fuerzas de seguridad en Perú combaten a los grupos criminales que depredan una de las zonas con más biodiversidad del planeta. Por ejemplo, la PNP desmanteló el 4 de octubre un campamento minero, en el sector de San Jacinto de Aguajal, municipio de Tambopata, departamento de Madre de Dios.
“Las mafias actúan armadas con metralletas y armas de largo alcance. Aparecen pequeños grupos armados y empiezan a amedrentar a las personas que controlan, incluidas las comunidades nativas”, añadió Yaranga. “Otra forma de actuar es ofrecer indemnizaciones económicas para reclutar a los mismos nativos, porque ellos saben dónde encontrar buen oro. Durante la extracción, estos mismos nativos se convierten en vigilantes que les avisan cuando se realizan los operativos para que las mafias salgan a atacar a las fuerzas armadas o huyan del lugar”.
Ante la situación, el 5 de octubre, la Defensora del Pueblo Eliana Revollar, pidió al Consejo de Ministros de Perú evaluar el restablecimiento del estado de emergencia en Madre de Dios, para que la Policía con el apoyo de las Fuerzas Armadas garanticen el orden público y la seguridad ciudadana.
“Como se recordará, el 25 de agosto mineros ilegales prendieron fuego al ingreso de una instalación militar policial en el sector de La Pampa –un día después de una operación de interdicción en la carretera Interoceánica–, dejando como saldo un muerto y 14 heridos. Estos hechos fueron registrados por nuestra institución como un conflicto socioambiental en crisis”, argumentó Revollar.
El Ministerio del Ambiente de Perú registra que la región Madre de Dios tuvo una pérdida de 23 142 hectáreas de bosque en 2021, un registro similar al de 2020; mientras que la cifra sobre pérdida de bosques amazónicos en total fue de 137 976 hectáreas, lo que representa un 32 por ciento menos en comparación a lo reportado en 2020, informó el 26 de agosto la cadena noticiosa France 24.
El Ministerio del Interior de Perú reporta mayor incidencia de trata de personas en donde se ha extendido la minería ilegal, como los departamentos de Madre de Dios y Puno, próximas a la frontera con Bolivia. Cerca de los campamentos mineros ilegales existen bares donde las mujeres son víctimas de trata, reportó el periódico de Puerto Rico el Nuevo Día.
Como parte de los esfuerzos para detener a los grupos criminales que están devastando la Amazonía peruana, el Proyecto Prevenir de USAID tiene como objetivo contribuir al desarrollo del marco nacional para prevenir y combatir los delitos ambientales, aumentar el uso de la tecnología y la innovación en la reducción del mercurio y otras prácticas nocivas, y fortalecer el proceso de formalización de la minería mediante la inclusión de salvaguardias sociales y ambientales, entre otros. 
 
 
 
 
 
ENDE ADJUDICA CONTRATO DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA GEOTÉRMICA LAGUNA COLORADA, BOLIVIA
 
Revista Think Geoenergy (https://bit.ly/3AkdAGn)
 
La empresa eléctrica estatal boliviana La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) adjudicó el contrato para el estudio de factibilidad del proyecto geotérmico Laguna Colorada de 100 MW en Bolivia. Un consorcio entre grupos de ingeniería con sede en Islandia y especialistas en geotermia Mannvit y Verkis, Asociación Mannvit-Verkis, ganó la licitación.
Asociación Mannvit-Verkis se adjudicó el contrato con una oferta de USD 430.875. En la licitación también participaron Steam S.R.L y Asociación Enex – Geoindustria.
En concreto, se publicó la licitación para el “Estudio de Factibilidad de Mercado, Evaluación de Ingeniería Conceptual y Análisis de Alternativas de Negocio del Proyecto Planta Geotérmica de 100 MW Laguna Colorada”. Se tuvo que realizar una segunda convocatoria de licitadores para la licitación después de que la primera convocatoria no arrojó ofertas calificadas.
El sitio del proyecto Laguna Colorada se encuentra a unos 4700 metros sobre el nivel del mar. Se planeó el desarrollo de una planta de energía de 50 MW luego del éxito de un proyecto de planta piloto en el campo geotérmico Sol de Mañana, con la oportunidad de escalar hasta 100 MW. La planta piloto de 5 MW fue construida por una empresa conjunta de Sacyr y Ormat Technologies. Utiliza tecnología binaria y está suministrando energía al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
 
 
 
 
 
OLA DELICTIVA MANTIENE EN VILO A LOS VECINOS DE LA QUIACA
 
Desde la UR5 señalaron que en las últimas semanas creció el robo de motos y otros bienes de valor. Se trataría de una banda que opera bajo una misma modalidad y huye a la ciudad boliviana de Villazón.
 
EL Tribuno de Argentina (https://bit.ly/3ggTmqa)
 
De noche o a plena luz del día, en los barrios alejados o en el corazón del centro quiaqueño, hay alarma por el creciente número de ilícitos que se vienen registrando en esta ciudad fronteriza.
Los vecinos de La Quiaca se mostraron sumamente preocupados, porque los robos y los arrebatos no cesan, sino por el contrario, van incrementándose los casos sucedidos y cada vez más vecinos son víctimas del accionar delictivo.
El punto central de esta ola que está padeciendo la ciudad, es que no hay sectores que estén a resguardo, tanto los barrios más alejados como la zona céntrica son los escenarios elegidos por los delincuentes para llevar adelante los hechos ilícitos.
De noche, madrugada o a plena luz del día, cualquier horario favorece estas acciones que perjudican a los vecinos y complican su tranquilidad diaria, por la ausencia de la Policía en la vía pública.
El robo de motovehículos es una constante, desde la Policía de la Provincia en declaraciones a los medios de comunicación locales, señalaron que "las motos robadas fueron llevadas hacia Bolivia".
Un mensaje de resignación para los desafortunados que sufrieron los robos, en tan solo una semana tres motos fueron sustraídas desde lugares céntricos y donde operan las cámaras de vigilancia municipal.
Por otra parte, desde la fuerza provincial señalaron que hay una banda de cacos, que anteriormente fueron detenidos pero la Justicia de Jujuy les otorgó la libertad.
"Estamos tras los pasos de estas personas porque el modus operandi de robar las motos y cruzarlas a Bolivia es prácticamente el mismo", indicaron.
El hecho que causo mayor indignación, fue la sustracción de un televisor Smart de 55 pulgadas, desde un comercio céntrico en plena mañana quiaqueña, a la vista de todos.
"Hemos dispuesto personal en los pasos no habilitados porque por ahí pasan las cosas mal habidas, también efectivos de la Brigada continúan trabajando para dar con los autores", señaló el comisario mayor Carlos Gustavo Laureano.
Además, hay otros hechos que se registran en la vía pública, durante las noches o fines de semana cuando hay mayor cantidad de gente que circula por las calles debido a los eventos bailables.
Preocupación
La inseguridad se volvió moneda corriente en la ciudad fronteriza, desde celulares, motos, dinero, por estas bandas que están bien organizadas, que previamente estudian bien los lugares donde van a cometer el robo.
Desde la Policía instan a los pobladores tomar los recaudos necesarios para prevenir.
"Instamos a los vecinos a nos confiarse, dejando las motos varias horas, la traba ya no es garantía de que no será sustraída, la fuerza investiga todos los casos hasta recuperar el bien sustraído, pero es necesario que los propietarios tengan cuidado", recalcaron.
Los robos a transeúntes directamente no son denunciados por los afectados, que eligen las redes sociales para visibilizar su malestar y sensación de inseguridad.
 
 
 
 
“LA REINA DEL SUR 3″: ¿CÓMO RECREARON EN COLOMBIA ESCENARIOS DE PERÚ, BOLIVIA Y OTROS PAÍSES?
 
La tercera temporada de “La Reina del sur” tuvo varios escenarios en Latinoamérica, sin embargo, algunos fueron recreados en sets ubicados en Colombia. Aquí te contamos todos los detalles.
 
El Comercio de Perú (https://bit.ly/3EyxsYS)
 
La tercera temporada de “La reina del sur” no solo ha tenido impacto en sus fans gracias a su guión y elenco, los escenarios que se observan en pantalla han sido también un gran atractivo. Esta nueva temporada muestra paisajes de Perú, Colombia, Bolivia, México y entre otros paises. Sin embargo, según reveló su equipo técnico, hubo algunas zonas de otros países que fueron recreadas en Colombia.
“Tú puedes filmar cuatro meses en Colombia, tres meses en Bolivia y un mes en Perú. Tienes que hacer exteriores en un país y los interiores de ese país en otro país”, revela Carlos Bolado, director de la serie.
Por su parte, Valeria Fiñana, diseñadora de producción de la serie, indica que muchas de las escenas de interiores de varios países están hechas en Colombia. Además, comenta que uno de los retos más grandes que tuvieron que hacer en la recreación de los escenarios de los países en Colombia fue hacer los ‘cholets’, casas tradicionales de Bolivia. “Nosotros no solo tuvimos que recrearlos sino a reproducirlos tal cual en Colombia”, añade.
Los ‘cholets’ recreados fueron el escenario para una pelea de cholas en la serie así como para un momento crucial en la vida de Teresa Mendoza.
“Tú sabes que va a hacer difícil firmar exteriores e interiores. Tú tienes que tener en la cabeza que quizás estás filmando exteriores en un país pero necesitas filmar interiores de otro”, agrega Bolado.
En la serie también se usaron calles de Bogotá para simular que estuvieron filmando en Bolivia. Pero ese no fue el único país que se recreó. En un video compartido por el canal oficial de Telemundo, se muestra que también se hicieron escenas como si los protagonistas estuvieran en Reino Unido, México y Estados Unidos en las calles de Colombia. El director celebra la capacidad de su equipo para encontrar las locaciones perfectas.