—Debo
tener cuidado cuando peso, sino es difícil regresarlo a la botella—, advierte
una vendedora, al mismo tiempo que coloca unos gramos de mercurio dentro de una
bolsa transparente. La descarga del metal la realiza sin ningún implemento de
seguridad y desde un diminuto envase blanco que lleva en su diseño letras
negras con el título de ‘Mercurio El Español’. El frasco tiene impresa la
silueta de un torero que agita su capa roja frente a un toro con los cuernos
afilados.
La
compra e importación de mercurio está prohibida en varios países –entre ellos
Perú, vecino de Bolivia– por su elevada toxicidad y su destructivo impacto en
la salud y los ecosistemas, pero en Bolivia este metal se vende libremente.
Este
reportaje de la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico –que analizó
los datos globales de cinco años de exportaciones, accedió y revisó decenas de
partidas de empresas importadoras, visitó sus direcciones, y recorrió cinco
ciudades entre el altiplano y la Amazonía– expone cómo solo entre 2017 y 2021,
tras la regulación del mercurio en Perú, la importación de mercurio a Bolivia
casi se duplicó desde México con la participación de empresarios peruanos que registraron
sus compañías en La Paz.
La
investigación periodística –que también tuvo acceso a expedientes fiscales–
revela la ruta del contrabando y el mecanismo que permite que una parte
importante del mercurio que llega a Bolivia formalmente desde un grupo de
empresas de México, es enviado por contrabando hacia la Amazonía. Las propias
autoridades bolivianas estiman que el 27% del mercurio importado se destina a
la minería ilegal.
A
cinco años de la vigencia del Convenio de Minamata –el tratado internacional
que entró en vigencia en 2017 y que busca frenar los usos del mercurio– el
comercio global de este insumo tóxico continúa sin control entre los países
exportadores, ingresa a Bolivia para luego ser enviado ilegalmente a Perú. El
tráfico usa las mismas rutas que tienen otros insumos ilegales del contrabando.
La
ruta México - Bolivia
En
los alrededores de la capital de Bolivia, en el corazón de La Paz –como ocurre
con la calle Tarapacá– la venta de cada frasco que contiene un kilo de mercurio
cuesta entre 1.600 a 1.800 bolivianos, lo que equivale a entre USD 231 y USD
260. Pero las personas pueden comprar menores cantidades: dos bolivianos por
cada gramo.
En
todo Bolivia la comercialización de este elemento se realiza sin mayores
restricciones. Los comerciantes entrevistados señalaron que sus principales
clientes son mineros bolivianos y peruanos. La Paz se encuentra a solo cinco
horas en auto de la ciudad peruana de Puno.
Con
la vigencia del Convenio de Minamata en 2017, en Perú el ingreso de mercurio se
prohibió y solo se autorizó para algunos casos muy excepcionales en los que se
garantice que el metal pesado se gestionará con seguridad. Mientras, en Bolivia
las importaciones de este metal tóxico comenzaron a aumentar.
Entre
2014 y 2022, según los registros de comercio global analizados en esta
investigación, Bolivia importó más de 1.100 toneladas del insumo valorizado en
más de USD 41’000.000. Más de la mitad de esta cantidad (55,5%) fue enviada
desde México y el 44,5% restante desde Rusia, India, Vietnam, Tayikistán y
otros países.
Del
total de importaciones realizadas por Bolivia desde el 2014, el 70% corresponde
precisamente a los años posteriores a la vigencia del Convenio de Minamata.
Varias de las empresas que importaron mercurio en este tiempo están relacionadas
a ciudadanos peruanos sedes fiscales se encuentran principalmente en La Paz,
Cochabamba, El Alto y Santa Cruz.
Bolivia
es desde el 2015 el principal destino del mercurio exportado por empresarios
mexicanos. El insumo es enviado en pequeños envases que llevan el nombre El
Español, o en frascos más grandes de 30 kilos, que tienen una forma parecida a
los balones de oxígeno medicinal.
Las
propias autoridades de este país estiman que el 27% de todo el mercurio
importado se destina a la minería ilegal.
Peruanos
en Bolivia
Entre
los principales importadores de mercurio en Bolivia, se identificó a un grupo
de empresarios peruanos que a título personal o a través de empresas
constituidas en este país importaron este producto entre 2014 y 2018. Desde ese
año en adelante, la autoridad aduanera de este país decidió restringir la
información, aunque los volúmenes de mercurio continuaron ingresando.
Se
trata de las firmas Mercurio y Químicos S.R.L. (Merquim), Alvior Bolivia S.R.L.
y Sociedad Química Potosí. También figuran como importadores, los ciudadanos
peruanos Juan Orihuela Mamani y Elisa Huamán Chávez.
La
primera de las cinco importadoras es Merquim S.R.L., con sede en La Paz,
dedicada a la venta de sustancias químicas de uso industrial, y constituida por
el ciudadano peruano Juan Sabino Tapia Huanca. La oficina declarada por la
empresa se encuentra en el centro de la capital boliviana.
Entre
2015 y 2018, según información de la aduana boliviana, esta empresa importó de
México e India más de 34 toneladas de mercurio valorizados en poco más de USD
1’000.000. En sus redes sociales, Tapia Huanca publica una serie de fotografías
con los envases de mercurio El Español y lingoteras, usadas como molde para
fundir oro y otros metales.
Entre
los peruanos con más importaciones de mercurio también aparece Juan Orihuela
Mamani, quien como persona natural ingresó —entre 2016 y 2018— más de 60
toneladas del insumo provenientes de México. En Bolivia, Orihuela Mamani se
encuentra registrado como una empresa unipersonal dedicada a las “importaciones
de insumos mineros”, con domicilio en la zona de Ferropetrol, en la ciudad de
El Alto.
A
menos de cinco minutos en auto del terminal terrestre y a unas cuadras de la
primera estación del teleférico que conecta El Alto y La Paz, OjoPúblico
recorrió toda la calle N° 6 pero no encontró la dirección reportada por el
importador. Las personas entrevistadas en la zona tampoco reconocieron el
nombre de Orihuela Mamani o sabían sobre alguna empresa importadora de
mercurio.
Este
medio detectó que el mismo correo electrónico declarado por Orihuela Mamani en
Bolivia, también se encuentra reportado como contacto en el registro especial
de comercializadores de oro del Ministerio de Energía y Minas del Perú. Además,
el empresario aparece inscrito como un minero en proceso de formalización,
aunque en estado suspendido. Esta situación, en Perú, le impide realizar
actividades hasta cumplir los [requisitos
solicitados](https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1906320/D.S. N°
009-2021-EM - Establecen complementarias respecto a permanencia en el
REINFO.pdf.pdf?v=1621646644) por el sector.
En
Perú, Orihuela Mamani se desempeñó como gerente en las empresas J y JP
Constructores S.R.L, Planta Concentradora Sagitario S.R.L. y Reyrex
International E.I.R.L, todas dadas de baja entre 2014 y 2016. Cuando estaban
vigentes, las firmas se dedicaban al rubro de explotación de minerales así como
venta de metales.
Otra
de las empresas importadoras es Alvior Bolivia S.R.L., con domicilio en La Paz,
que tiene entre sus fundadores a la pareja peruana Luis Orlando Torres Vega y
Olga Violeta Rojas de Torres; y a su hijo Aldo Orlando Torres Rojas. Importó
desde México, entre 2014 y 2015, más de diez toneladas de mercurio.
Elisa
Huamán Chávez es otra representante peruana e importadora de mercurio a
Bolivia. De acuerdo a los registros de la aduana boliviana, importó en 2016 más
de una tonelada del insumo, proveniente de México. En Perú, Huamán Chávez
figura como gerenta general de las empresas G & S Omni E.I. R.L. y Dimeprom
e Inversiones S.A.C., ambas con actividades suspendidas a la fecha.
En
2012, antes de que Huamán Chávez realice sus actividades económicas en Bolivia,
Dimeprom estuvo implicada en una incautación de mercurio a proveedores que,
según la hipótesis fiscal, tenía como destino a la minería ilegal en Puno.
Dentro
del grupo de peruanos con operaciones en Bolivia aparece también la firma
Sociedad Química Potosí S.R.L., constituida por los ciudadanos peruanos
Leopoldo Santiago Rosas Cervantes, Víctor Teobaldo Toribio Tamara, Pastor
Pachacútec Apaza y Percy Aguilar Chila; junto al boliviano Pavel Gorki Valencia
Barrenechea. En 2015, esta firma importó desde México 345 kilos de mercurio.
Leopoldo
Rosas Cervantes, uno de los fundadores de la empresa, fue detenido a inicios
del 2016 por integrar la presunta organización criminal La grifa, que según las
indagaciones fiscales desviaba insumos químicos a zonas cocaleras en el Valle
del Río Apurímac, Ene y Marañón (Vraem) y el Huallaga, a través de las
compañías Aqua Mamacocha, Verpe y Adhemax. El 2018, el Poder Judicial peruano
lo absolvió del caso.
OjoPúblico
visitó el domicilio declarado por la empresa en los registros bolivianos, pero
al llegar señalaron que no funcionaba ninguna empresa que respondiera al nombre
de Sociedad Química Potosí. En el lugar, rodeado de vendedores ambulantes así
como negocios mayoristas de ropa, juguetes y otros productos, solo funcionaba
una agencia de viajes instalada en un edificio comercial del centro de La Paz.
De
La Paz a Desaguadero
En
la frontera entre Bolivia y Perú hay puestos de control oficiales, pero al
mismo tiempo un extenso territorio con nula fiscalización. El punto de cruce
más conocido es Desaguadero, pero hay personas que prefieren atravesar la
frontera cruzando el río que lleva el mismo nombre y que nace en el lago
Titicaca. En el lugar también se ubica un puente fronterizo cuyo tránsito no
cuenta con algún impedimento, por parte de los efectivos policiales de ambos
países.
Las
pequeñas embarcaciones fluviales que recorren el río Desaguadero tampoco tienen
algún tipo de revisión a los productos que transportan. Los fiscales
ambientales entrevistados en Perú señalan que a través de esta ruta algunas
personas trasladan ilegalmente mercurio en mochilas o camuflados en equipajes.
Atravesar
esta frontera no demora más de 15 minutos. Los cargamentos de los comerciantes
se descargan en la orilla y luego son colocados en camiones con dirección a las
ciudades de Puno y Juliaca (en el altiplano peruano) o en la región amazónica
de Madre de Dios, el epicentro de la minería ilegal peruana.
El
año pasado, el ministerio de Minería y Metalurgia de Bolivia alertó que el
26,9% (unas 52 toneladas) de todo el mercurio que se importa a este país tiene
como destino la minería ilegal y el contrabando hacia Perú. Pero esta cifra es
bastante conservadora respecto a los cálculos realizados en años anteriores
para el caso peruano, que tasaron hasta en 15 veces más el azogue que ingresa
de forma ilegal por la frontera.
En
Perú, las autoridades no tienen estimados sobre el ingreso ilegal de este metal
pesado, pero en un reporte preparado por el Consejo de Oro Artesanal de Canadá
en 2018 –en el que también participó el Ministerio del Ambiente– calcula que
entre 410 a 795 toneladas de mercurio no formal ingresan cada año a Perú desde
Bolivia.
La
minería ilegal e informal en Bolivia es un asunto complejo. “Esta actividad se
encuentra realizada en su mayoría por cooperativas que reciben “condiciones
sociales favorables, incluso sin haber terminado los trámites de constitución
mientras desarrollan su actividad”, sostiene Oscar Campanini Gonzales, director
del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), una de las
organizaciones que más ha investigado los impactos de la contaminación por
mercurio en este país.
“Eres
legal porque la ley te lo permite pero [en la práctica] no lo eres porque no
has cumplido con todos los requisitos. La ilegalidad en Bolivia es una figura
bien rara”, dice.
Puno
y Juliaca
A
poca distancia de la plaza de armas de Juliaca, en las primeras cuadras de la
calle San Martín, la venta de joyas se encuentra resguardada por la atenta
mirada de los vendedores que comentan sobre el aumento de robos a sus negocios.
Para
proteger su mercadería han optado por colocar productos de cobre en sus
mostradores en lugar de metales originales. Esta ciudad del sur del Perú,
ubicada a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, también se caracteriza
por ser destino y tránsito de productos de contrabando, como el mercurio.
Algunas
tiendas de esta vía comercial de Juliaca, además, ofrecen la compra de oro para
mineros que pueden llegar de zonas de extracción como la ciudad de La
Rinconada, capital del distrito puneño de Ananea, ubicada a más de 5.000 metros
de altura y una de las principales sedes históricas de la minería ilegal.
—Si
me das tu contacto en media hora te puedo conseguir alguien que te venda
mercurio. Pero está prohibido, así que esta persona te dirá dónde encontrarse—,
responde una persona que dice llamarse Raúl, casi susurrando, y agrega que el
frasco de un kilo de El Español tiene un precio de S/920.00 (USD 235.00).
En
Juliaca, el insumo solo se vende por envase con previa coordinación y no al
peso ni de manera libre como en Bolivia.
En
Suche, ubicado en el distrito peruano de Cojata, también frontera con Bolivia,
el ambiente se caracteriza por el intenso frío, con temperaturas que en la
madrugada descienden a menos un grado centígrado. En este punto, cada jueves o
viernes —entre las cuatro y siete de la mañana— se instala una feria llamada La
Perla, donde camiones que llegan de Perú y Bolivia ofrecen en carpas sencillas
diferentes productos, entre ellos insumos para la minería.
Las
transacciones comerciales en la feria se realizan con la vigilancia de una
pequeña camioneta de la policía boliviana que permanece inmóvil y cuyos
efectivos prefieren permanecer dentro del auto oficial. Los vendedores aseguran
que en algunos de los puestos se vende mercurio.
Una
parte importante del mercurio que no se vende en Puno continúa su ruta hacia La
Pampa, en la región amazónica Madre de Dios, donde —además de la extracción
ilícita de oro— los registros sobre la destrucción de los bosques no se han
detenido.
Destino
Madre de Dios
La
carretera Interoceánica acortó los tiempos que unen a la frontera de Bolivia
con la Amazonía peruana y brasileña. El mercurio es trasladado a través de
camiones de carga o transporte privado. En julio de este año, Madre de Dios
registró una producción de 98.000 gramos de oro fino, según el boletín
estadístico del Ministerio de Energía y Minas.
Además,
las cifras oficiales del sector minero indican que, entre enero y julio de este
año, el oro extraído en esta región se redujo en 16,7% respecto al año pasado.
Sin embargo, al no haber una obligación en el reporte de la información, Madre
de Dios es la única región de la Amazonía que declara datos de su actividad
extractiva, que en varios puntos se desarrolla de forma ilegal sobre los ríos.
En
la capital de la región, Puerto Maldonado, OjoPúblico comprobó que también hay
lugares donde el mercurio continúa siendo vendido ilegalmente.
En
los jirones Puno e Ica, a unos 15 minutos a pie desde la plaza central y a
menos de tres cuadras del mercado principal de la ciudad, se ubican algunos
locales de venta y compra de oro que —por su reducido tamaño y al no contar con
letreros visibles— se confunden entre restaurantes, casas de cambio y
ferreterías que también funcionan en estas calles. Los responsables de los sitios
consultados mencionaron que habían puntos para acceder a frascos de mercurio,
pero que solo era para mineros que ya tenían a sus proveedores en la zona.
Los
comerciantes de oro entrevistados en Puerto Maldonado señalaron que el mercurio
también se continúa vendiendo en La Pampa, un territorio dominado por la
minería ilegal que no ha podido ser controlado a pesar de las múltiples
intervenciones militares.
¿Qué
hace el Estado?
Este
año los gobiernos regionales en Perú culminan su mandato y ni ellos ni los gobiernos
de Perú y Bolivia tienen medidas concretas para enfrentar el contrabando de
mercurio usado en la extracción ilegal de oro.
Martín
Arana Cardó, ingeniero forestal y parte del equipo que inició la implementación
del Convenio de Minamata desde el Ministerio del Ambiente en Perú considera que
“si se quiere controlar el mercurio, tiene que haber una adecuada trazabilidad
de la producción de oro”.
Sin
embargo, hasta ahora ni el Minem ni la Sunat han podido definir con claridad
una propuesta. El análisis de Arana recuerda que recién desde [fines de este
año](https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3042361/D.S. N° 005-2022-EM -
Disposiciones para declaración de producción semestral.pdf.pdf) será
obligatorio que los mineros en proceso de formalización reporten su producción
aurífera de forma semestral, aunque esta medida todavía no cuenta con otra que
evite la comercialización de oro de origen ilegal.
Es
tan grande la minería ilegal en Perú que una
[evaluación](https://www.sbs.gob.pe/Portals/5/jer/ESTUDIO-ANALISIS-RIESGO/ENR
2021.pdf) de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) del 2021 la calificó
como el segundo delito vinculado a los Reportes de Operaciones Sospechosas
(ROS) reportadas entre 2012 y 2020, solo superado por los delitos contra la administración
pública.
El
incremento de estas operaciones alrededor de la minería ilegal guarda una
relación con el aumento en el precio de la onza de oro. Las operaciones
vinculadas a esta presunta actividad ilícita involucraron a países como India,
Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Hong Kong y Suiza. En el periodo
analizado, la SBS detectó por lo menos a 3.907 personas en los 1.950 reportes
sospechosos con posible delito proveniente de la minería ilegal.
Desde
2012, el Ministerio de Producción preside un grupo de trabajo binacional para
reducir el ingreso de mercadería ilícita en las fronteras de Perú y Bolivia.
Tres años después de su conformación, este grupo instaló una mesa para adoptar
medidas contra el contrabando de oro.
OjoPúblico
accedió a todas las actas de las reuniones realizadas y desde 2018 no hay una
mención sobre un compromiso para el control en el uso del mercurio. Las
actividades para enfrentar el contrabando de este insumo también han chocado
con los límites de las fiscalías ambientales y las aduanas.
Los
entrevistados en el despacho fiscal de Puno dijeron a OjoPúblico que uno de los
problemas no solo es la falta de presupuesto para el desarrollo de las
investigaciones sino también los procedimientos para el almacenamiento y
destrucción del insumo tóxico intervenido. “No tenemos dónde guardar el
mercurio que decomisamos y sabemos que es peligroso también para nosotros”,
indicó el personal entrevistado.
Para
César Ascorra Guanira, director nacional del Centro de Innovación Científica
Amazónica (Cincia), el control del mercurio en Perú presenta una falta en el
desarrollo tecnológico para el proceso de almacenamiento del insumo.
“A
veces las botellas de mercurio decomisadas están en la misma oficina del
fiscal. No tenemos la capacidad para almacenamiento que debería ser en frío y
bajo agua para poder asegurar que no haya evaporación a temperatura ambiente”,
comenta.
Las
cifras oficiales en Perú muestran que, entre 2015 y 2022, la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria (Sunat) realizó en Puno tres decomisos de
mercurio equivalentes a una tonelada de este insumo, mientras que en la región
Madre de Dios se decomisó cerca de cinco toneladas en 47 intervenciones
realizadas en los últimos siete años. Ambas regiones representaron cerca del
50% del total incautado desde 2015.
Como
parte del cumplimiento del Convenio de Minamata, la Sunat se encuentra a cargo
de la autorización final, previa aprobación del Ministerio del Ambiente, de
importadores y exportadores de mercurio. Desde la vigencia del tratado, el
organismo ha otorgado consentimiento a tres compañías para que importen el
insumo: Quimpac S.A., Minera Cambio S.A. y Triveño Mining Company del Perú
S.A.C.
Este
año, Triveño Mining Company solicitó al sector ambiental un nuevo consentimiento
para ingresar 12 toneladas de mercurio desde México pero el pedido fue
denegado.
Como
informó OjoPúblico en un reportaje anterior, entre 2018 y 2021, esta empresa
importó tres toneladas de azogue. En 2016, el presidente y director ejecutivo
del Grupo Triveño, que integra a esta empresa, Adolfo Triveño Torres tuvo una
sentencia en primera instancia por tráfico de mercurio destinado a la minería
ilegal.
La
implementación del Convenio de Minamata, a cinco años de su vigencia en más de
120 países, ha representado un reto para los gobiernos de Perú y Bolivia. Si
bien hay mayores avances para el caso peruano, todavía no se cuenta con un plan
de acción nacional para la minería de oro artesanal y de pequeña escala.
Para
el caso boliviano, las conclusiones del primer informe del observatorio andino
de mercurio a cargo de la Comunidad Andina (CAN) indican que la coyuntura
política no ha permitido que se aprueben medidas para reforzar el control y
fiscalización del mercurio y “se congeló sus posibles avances”.
El
reporte también recomienda que se genere una herramienta para integrar la
información de los países miembros de la CAN con el objetivo de “identificar el
movimiento del mercurio” y poder “cruzar información con datos oficiales
complementarios”. Pero mientras las intenciones políticas persisten, el paso
del mercurio continúa extendiéndose sobre los ríos y bosques de la Amazonía
peruana. Poblap de México (https://bit.ly/3VwgKjb)
CANCILLER
URREJOLA POR CASO SILALA: ESPERAMOS SEGUIR TRABAJANDO CON BOLIVIA EN UNA AGENDA
POSITIVA
Radio
Cooperativa de Chile (https://bit.ly/3Vyx4iP)
A
tres días de conocer la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La
Haya por el caso Silala, la canciller Antonia Urrejola aseguró que espera que
Chile pueda retomar la hoja de ruta fijada para seguir trabajando en conjunto
con el gobierno de Bolivia.
Tras
una reunión realizada durante esta jornada, la ministra planteó que "el
litigio, como ustedes saben, ha durado seis años y este es el último litigio
pendiente que tiene Chile ante La Haya y esperamos que a partir del fallo se
abra una oportunidad para seguir trabajando con el país vecino en una agenda
positiva".
"Durante
el gobierno del Presidente Piñera se estableció una hoja de ruta de 12 puntos,
que nos parece fundamental en materia de cooperación y diálogo con un país
vecino y un país hermano", destacó.
"Creemos
que el fallo va a ser bueno, bueno para ambas partes, no solo para Chile,
porque nos va a permitir colaborar y cooperar en una materia muy importante que
son los recursos hídricos", reconoció por su parte la subsecretaria de
Relaciones Exteriores y agente de Chile ante La Haya, Ximena Fuentes.
Fuentes
explicó que Bolivia negó durante años el carácter internacional del Silala,
pero que terminó "reconociéndolo" el pasado abril durante el juicio y
que "lo hoy en día está en cuestión" es el flujo extra que originaron
unas canalizaciones construidas al inicio del siglo XX.
"Un
elemento positivo que tuvo el caso es que Bolivia ante el propio tribunal
reconoce que se trata de un río internacional, nosotros podríamos con eso
sentirnos satisfechos de que lo que fuimos a buscar de alguna manera fue
reconocido por el propio Bolivia", agregó la subsecretaria.
Por
su parte, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo a medios
locales que "nosotros vamos a tener una delegación, algunos ya se han
trasladado, en el transcurso de la jornada también va a trasladarse el equipo
completo a la cabeza del canciller del Estado, y bueno es importante conocer el
contexto: esta ha sido de manera interpuesta ya por Chile, en lo que refiera a
la gestión del presidente Luis Arce, hemos tomado el trabajo y hemos continuado
de manera muy responsable como corresponde, y posterior a ello ya habrá un
pronunciamiento oficial".
Este
jueves a las 15:00 horas de La Haya (11:00 hora chilena) se dará a conocer la
sentencia sobre el litigio.
LA
PUESTA EN ESCENA QUE PLANEA LA MONEDA PARA EL FALLO DE LA HAYA POR CASO SILALA
MSN
de España (https://bit.ly/3UhmJXF)
Seguirá
con atención el resultado desde La Moneda. El Presidente Gabriel Boric, este
jueves 1 de diciembre verá por televisión la transmisión de la lectura del
fallo de la Corte Internacional de la Haya junto a representantes del Congreso
Nacional, la Corte Suprema y la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia
Urrejola.
Ese
día -luego de seis años de litigio ante el tribunal de la Haya a raíz del caso
Silala, que tiene enfrentados a Chile y Bolivia-, podría llegar a su fin. Las
expectativas del gobierno, de hecho, están altas: creen que saldrán triunfadores
del juicio.
El
caso se remonta a junio de 2016, cuando, durante el gobierno de la expresidenta
Michelle Bachelet, Chile presentó una demanda solicitando a la Corte que juzgue
y declare que el río Silala es un curso de agua internacional. Además, en ella
se señaló que el Estado chileno tiene derecho al uso equitativo y razonable de
las aguas del afluente.
La
decisión por parte del Estado de Chile se dio luego de que el expresidente
boliviano Evo Morales amenazara con denunciar al país por el supuesto “robo de
las aguas” del río.
En
este sentido, lo que se busca desde Cancillería es una sentencia declarativa y
vinculante que ponga fin a la controversia. Con esa idea en mente, la
subsecretaria de Relaciones Exteriores, Ximena Fuentes, explicó ayer en un punto
de prensa que “este caso de lo que se trata es de obtener certeza jurídica por
parte del órgano judicial principal de Naciones Unidas, que es la Corte
Internacional de Justicia, sobre el carácter internacional de este río
compartido. Todo empieza porque Bolivia niega este carácter internacional,
afirmando que las aguas del Silala son enteramente bolivianas y que están
sujetas a su soberanía y que Chile no tiene derecho a usarlas, ese es el inicio
de la controversia”.
En
representación de Chile, hasta la Corte de la Haya asistirá Fuentes, junto a la
excanciller Carolina Valdivia, además de algunos abogados de la Cancillería y
expertos científicos. Ellos estarán juntos al momento de la lectura del fallo,
que debiese tardar alrededor de una hora. El fallo, además, se resolverá por
mayoría simple, con un total de 17 jueces: 15 más uno ad hoc de cada parte. En
el caso de Bolivia, estará presente el académico francés Yves Daudet. Por parte
de Chile, estará el jurista alemán Bruno Simma.
Canciller
ad portas de fallo de La Haya por caso Silala: “Esperamos que se abra una
oportunidad para seguir trabajando con Bolivia en una agenda positiva”
Después
de la lectura del fallo, Fuentes saldrá de la sala de la corte y llamará al
Presidente por teléfono. Tras ese contacto, el Mandatario dará una declaración
pública y posteriormente la subsecretaria intervendrá en la Corte de La Haya.
La
autoridad, además, será la encargada de traer el fallo a Chile para
entregárselo al Jefe de Estado. Se espera que su llegada sea el viernes. De esa
forma, se cerraría la polémica con el país vecino. En esta línea, ayer la
canciller Urrejola, ad portas del fallo, señaló que “el litigio ha durado seis
años y es el último litigio pendiente que tiene Chile ante la Haya y esperamos
que a partir del fallo se abra una oportunidad para seguir trabajando con el
país vecino, con Bolivia, en una agenda positiva”.
Consultada
sobre los pasos a seguir en caso de que el fallo sea adverso a las pretensiones
nacionales, Urrejola indicó que “no hay caminos posteriores, es final la
sentencia de la Corte”.
Por
su parte, Fuentes agregó que “un elemento positivo que tuvo el caso fue que
Bolivia ante el propio tribunal reconoce que se trata de un río internacional,
nosotros podríamos con eso sentirnos satisfechos de que lo que fuimos a buscar,
de alguna manera, fue reconocido por el propio Bolivia y la controversia se
redujo bastante”.
“Hoy
lo que está en cuestión es un argumento de Bolivia que constituye el punto
central de su contrademanda en el sentido que ciertas obras que existen en el
territorio de Bolivia, construidas con la autorización de Bolivia, que son
estas llamadas canalizaciones, Bolivia señala que han creado un flujo extra que
se viene por la superficie, le llama flujo artificial; el nombre es un poco
equívoco porque toda el agua del Silala es natural, y señala que Chile no tiene
derecho a ocupar ese flujo extra”, agregó la subsecretaria.
CASO
SILALA: MINISTRA URREJOLA ESPERA QUE CHILE Y BOLIVIA RETOMEN AGENDA DE TRABAJO
COMÚN ANTE FALLO DE LA CIJ DE LA HAYA
La
ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, manifestó que "hemos
tenido diversas reuniones en esa hoja de ruta, y esperamos que con
posterioridad al fallo podamos seguir trabajando en una agenda positiva. Nos
parece fundamental en materia de cooperación y diálogo con un país vecino y
hermano".
El
Mostrador de Chile (https://bit.ly/3VyCXN4)
La
espera terminó, ya que este jueves 1 de diciembre se conocerá el esperado fallo
de la Corte Internacional de Justicia de La Haya respecto al caso que enfrenta
Chile y Bolivia por el uso de las aguas del río Silala. En ese sentido, la
ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, hico un llamado para que
ambos países retomen una agenda de trabajo común tras la resolución.
Tras
encabezar una reunión del consejo asesor sobre este tema, la canciller explicó
que se analizaron los diversos escenarios que podría dirimir el tribunal. De
todas formas, reiteró la confianza dentro del Gobierno del Presidente Gabriel
Boric respecto al resultado.
"Esperamos
que a partir del fallo se abra una oportunidad para seguir trabajando con
Bolivia en una agenda positiva. Como ustedes saben, en el gobierno del
expresidente Piñera se estableció una hoja de ruta de 12 puntos que, durante
una reunión del Mercosur, con mi par el canciller (Rogelio) Mayta
retomamos", declaró.
Asimismo,
explicó que "hemos tenido diversas reuniones en esa hoja de ruta y
esperamos que con posterioridad al fallo podamos seguir trabajando y trabajar
en una agenda positiva. Nos parece fundamental en materia de cooperación y
diálogo con un país vecino y hermano".
La
secretaria de Estado sentenció que "estamos tranquilos, en el sentido de
que el tema fundamental es que se trata de aguas internacionales y que, por
tanto, se rigen por el derecho internacional consuetudinario, y ese es un tema
que la propia Bolivia durante los alegatos reconoció"
EN
EL ENTORNO DE ARCE DENUNCIAN UN INTENTO DE GOLPE DE EVO
Fuentes
cercanas al presidente boliviano aseguraron a LPO que Evo intentó extremar las
tensiones con Santa Cruz para forzar un revocatorio y adelantar las elecciones.
La
Política Online de Argentina (https://bit.ly/3VwoiBW)
El
gobierno boliviano logró desactivar el paro del Comité Cívico de Santa Cruz
tras 36 días de protestas lideradas por el gobernador cruceño Luis Fernando
Camacho. Sin embargo, lo que pudo haber sido una victoria política del
presidente Luis Arce terminó reactivando la interna con Evo Morales.
Arce
aceptó el reclamo de la oposición y en lugar de poner fecha para la realización
del censo por decreto, lo hizo a través de un proyecto de ley en la Asamblea
Legislativa. En ese marco, Evo Morales, respondió furioso por twitter y dijo:
"La suspensión del paro impuesto por la oligarquía cruceña en complicidad
con un sector del gobierno, prueba el acuerdo entre traidores y masacradores.
En vez de detener a Camacho por atentar contra la vida y la economía, insisten
en premiarlo con la ley del censo".
En
ese sentido, el ex presidente boliviano continuó: "El pacto por impunidad
es traición a los principios del MAS-IPSP y al pueblo que votó por justicia
para las víctimas de las masacres del gobierno de facto y la recuperación
económica. Los nuevos aliados usaron el conflicto para ocultar la corrupción y
protección al narcotráfico".
"Aunque
el pueblo trabajador espera medidas que reviertan los efectos del paro que
hundió su economía, los operadores del pacto con la derecha en el Legislativo
están más preocupados por garantizar impunidad y continuidad política para los
golpistas, La megacoalición ha vuelto", culminó.
Como
anticipó, el debate de fondo está puesto en la intención de Evo de presentarse
nuevamente como candidato a la presidencia en 2025 y, especialmente, en la
imposibilidad de controlar a Arce y manejar a su gusto las definiciones del
MAS, dado que un sector muy importante se resiste a la vuelta de Evo.
Un
fuente muy cercana al presidente Arce dijo a LPO que "la interna está muy
pesada y lamentablemente es Evo el que se está equivocando. Tiene una
desesperación indisimulable para volver al poder, no quiere aceptar los tiempos
y los ritmos. La elección es 2025 y está adelantando las cosas y peleando
innecesariamente. Ataca al Presidente y como no le contesta hace lo mismo con
el vicepresidente, que tampoco le contesta. Se convirtió en el principal factor
de oposición al Gobierno, más fuerte y más contestaria que la misma
derecha".
Lo
paradójico es que Evo había criticado a Arce por no poner fecha de censo y
permitir que la derecha comience con las manifestaciones. Sin embargo, su
planteo actual consiste en que llevar el debate parlamentario es "pactar
con la derecha golpista".
Este
operador considera que la intención real de Evo era aumentar la convulsión
social y la inestabilidad para forzar un revocatorio contra Arce en un plazo de
un año y adelantar las elecciones en caso de una derrota. Incluso hablan del
fin del gobierno en 2023. "Eso no va a pasar. Arce demostró tener
capacidad política para manejar el conflicto, se ha cargado a todos los
golpistas, uno por uno, jugando al desgaste y con una paciencia japonesa los
hizo pedazos, desde Camacho, pasando por Mesa y hasta Tuto Quiroga",
asegura.
Para
los asesores de Arce, el conflicto por la fecha del censo fue innecesario pero
tenía el objetivo de derrocar al Presidente, pero finalmente no tuvieron el
apoyo esperado y Santa Cruz quedó aislado. "En todo este claro, Evo jugó
horrible, funcional a la derecha. Ha perdido los papales por completo",
reprochan.
Del
lado de Evo, cuentan que Arce dejó que la oposición pase por encima a la
palabra del presidente y le dio una victoria a la oposición. "La crítica
es política. Ahora Santa Cruz tiene una narrativa de triunfo cuando habían
quedado aislados". Sobre la interna, no descartan que genere una ruptura
antes de las elecciones de 2025.
UN
BALANCE PROVISIONAL DE LA ASONADA DERECHISTA EN BOLIVIA
La
Izquierda Diario de Argentina (https://bit.ly/3AV811D)
En
la madrugada del sábado 26 de noviembre, y luego de 36 días de paro, la Cámara
de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) boliviana aprobó el
proyecto de Ley del Censo exigido por la derecha como condición para suspender
el reaccionario paro cívico en las regiones del país que controla.
Conocida
la resolución de la Cámara baja del Parlamento, y faltando aún el difícil
trámite en la Cámara de Senadores, donde los partidarios del expresidente Evo
Morales tiene mayoría en relación a los renovadores (referenciados en el actual
presidente Arce y otra figura del MAS, Choquehuanca), el presidente del comité
cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, anunció la suspensión del paro. Calvo
declaró que ingresaban en un “cuarto intermedio” y que se mantienen en “estado
de alerta” hasta el cumplimiento de los plazos establecidos para las elecciones
presidenciales del 2025. Es decir, que se garantice con la Ley la
redistribución de escaños parlamentarios y de recursos el 2024, luego de la
realización del Censo en marzo del mismo año.
El
censo de población y vivienda se convirtió en un nuevo punto de cruce entre el
oficialismo y la oposición en Bolivia. El resultado del censo definirá entre
otras cosas la redistribución de recursos para los gobiernos regionales según
la nueva demografía y datos poblacionales, como así también la cantidad de
escaños parlamentarios.
Cuestiones
claves que pueden hacer al equilibrio de fuerzas entre el oficialismo y la
oposición. Pero, detrás de estas cuestiones, se esconde un intento de la
derecha de revivir el bloque que dió el golpe de Estado en 2019 y sacó de la
presidencia a Evo Morales.
En
su declaración el derechista Calvo también afirmó que la “lucha continúa”
mientras indicaba que el siguiente paso será formar una “comisión de notables”
encargada de revisar la relación de este Departamento con el Estado.
Lejos
de afirmaciones livianas y superficiales, que solo intentan determinar quién
ganó y quién perdió, en estas líneas buscamos dar un panorama de cómo salen del
conflicto sus protagonistas y, especialmente, qué tendencias y fenómenos
político-sociales se anuncian como fuentes de nuevos conflictos.
Un
escenario político más derechizado
La
situación es tan compleja y contradictoria, que muy difícilmente se puede
hablar de ganadores y perdedores. Todos los actores en disputa se consideran a
sí mismos como ganadores de la reciente pulseada política. Sin embargo, esta
sensación de “victoria” disputada por la oposición y el oficialismo, se da
sobre la base de un giro a la derecha de toda la situación política nacional.
Esto
se expresa en que la oligarquía cruceña logró instalar, al menos
provisoriamente, la discusión sobre un modelo de Estado federal alternativo al
Estado Plurinacional de Bolivia. También en la “conquista” por parte de la
derecha de que hayan quedado en la impunidad los responsables de toda la
violencia desplegada a lo largo de los 36 días del paro. Se dieron hechos de
racismo, violencia machista y sexista contra mujeres (que incluyó un caso de
violación múltiple en un punto de bloqueo) y diversidades que permanecieron en
una situación de “secuestro” y cobros extorsivos a sectores populares que no
podíanir cruzar los bloqueos para ir a trabajar. Además la derecha incendió y
saqueó la Federación de Campesinos y la Central Obrera Departamental. Esta
impunidad fue concedida y garantizada por el Gobierno del MAS.
La
actitud actual del Gobierno contrasta con la represión que el mismo ejerce
contra sectores del movimiento campesino, como es el caso de los cocaleros de
los yungas paceños organizados en ADEPCOCA que reclaman el control del mercado
“legal” de venta de la hoja de coca en La Paz, o los permanentes ataques contra
las y los trabajadores estatales a quiénes el Gobierno de Arce busca eliminar
incluso sus derechos a la organización sindical como ocurrió recién en los
aeropuertos con la creación de NAABOL (Navegación Aérea y Aeropuertos
Bolivianos).
Este
giro a derecha también se hace evidente cuando vemos que el fin del paro no es
el resultado de que las mayorías populares, campesinas y trabajadoras hayan
derrotado a la derecha. Cuestión que el MAS impidió al exigir a las
organizaciones sociales la suspensión de las marchas y movilizaciones que se
estaban desarrollando en repudio al paro.
El
“fin” del paro entonces se da por el desgaste que los mismos derechistas se
auto infligieron, al convertir la fecha de octubre del 2023 en la consigna
central del conflicto, lo que al no satisfacerse es percibido por franjas de la
derecha radicalizada como una derrota.
Si
Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y uno de los líderes más
visibles de la derecha, y Rómulo Calvo aceptaban la distribución de escaños y
de recursos a la que el MAS ya se había comprometido apenas iniciado el
conflicto, podrían haber presentado este resultado como un clarísimo triunfo,
evitando el enorme costo político que hoy están pagando. Muestras de ello las
vimos por ejemplo con las movilizaciones y agresiones por parte de extremistas
de derecha descontentos frente a la casa de Calvo.
Como
decíamos al inicio de este conflicto, uno de los objetivos no explícitos de los
cívicos era reagrupar fuerzas y unificar al conjunto de la derecha a través de
la gimnasia callejera. Pero el conflicto más bien terminó agravando su
fragmentación ya que no sólo no lograron nacionalizarlo, sino que incluso
perdieron aliados claves que optaron por mantenerse en una posición más
dialoguista. Por ejemplo de los alcaldes de Cochabamba (Manfred Reyes Villa),
de Santa Cruz (Johnny Fernández), de La Paz (Iván Arias), y algunos comités
cívicos departamentales. El no alineamiento de algunos representantes de la
derecha, como Comunidad Ciudadana (CC) del ex presidente Carlos Mesa, impidió
que toda la oposición pueda llevar al Parlamento un solo proyecto de ley
consensuado. Por el contrario, terminaron presentando 5 proyectos lo que
condujo a que se trate únicamente el proyecto del MAS presentado por la
diputada renovadora Deysi Choque.
La
fragmentación derechista, sin embargo, no puede ser subestimada. Los 36 días de
paro cívico han puesto en evidencia la existencia y el desarrollo de un
extendido movimiento social de derecha, militante, y con franjas fanatizadas
que darán mucho que hablar en los próximos meses, y que actuará indudablemente
como un semillero de nuevas figuras y representantes ante el incipiente
desgaste de Camacho y Calvo.
¿Cómo
sale el MAS del conflicto?
Para
el MAS el paro cívico significó en primer lugar la crisis política más
importante en los 2 años del Gobierno de Luis Arce Catacora. Al iniciarse la
crisis, tanto renovadores (sectores del MAS enfrentados al expresidente Evo
Morales) como evistas (el sector del MAS que tiene como referente a Evo
Morales) intentaron mostrar unidad frente a la derecha. Sin embargo, al
desarrollarse el conflicto, las disputas al interior del partido de Gobierno no
solo se agravaron sino que han conducido a la consolidación de una nueva
oposición parlamentaria al Gobierno de Arce, constituida por parlamentarios de
su propio partido afines al evismo.
Los
diputados afines a Evo Morales se negaron a votar a favor de la Ley del Censo
en la ALP calificando la misma primero como innecesaria para luego denostar
como expresión de la derechización del Gobierno. Evo Morales consideró esta
ley, aprobada entre el ala renovadora de su partido y la oposición, como el
resurgimiento de la “democracia pactada” -forma del régimen que primó desde 1985
hasta los primeros levantamientos del año 2000-, y señaló que estas medidas
muestran la derechización del Gobierno de Arce.
Además
miembros del evismo lanzaron acusaciones al Gobierno de Arce de haber pactado
la impunidad de los golpistas por las masacres de Senkata y Sacaba, y que eso
se expresaba en la reciente elección de Jerjes Mercado (diputado del ala
renovadora), al frente de la presidencia de diputados, gracias al acuerdo con
diputados de CC de Mesa y de Creemos de Camacho.
Estas
acusaciones son respondidas desde el oficialismo con ataques del mismo calibre
al afirmar que Evo Morales habría negociado con Camacho y sus parlamentarios la
presidencia del Senado, en manos del joven líder cocalero, Andrónico Rodríguez,
a cambio de alentar la desestabilización del Gobierno de Luis Arce.
Las
mutuas acusaciones entre las distintas alas del MAS, lejos de ser diferencias,
muestran en realidad lo que tienen en común. Es decir, la sistemática política
de negociación y conciliación con la oligarquía agroindustrial y la derecha
política nacional, que el MAS, antes con Evo Morales y García Linera y hoy con
Arce y Choquehuanca, han desplegado. Hoy se puede afirmar sin temor a
equivocarnos que la debilidad de la derecha política, del partido de Gobierno y
más en general de toda la institucionalidad democrático-burguesa es mayor que
cuando se inició el conflicto cívico.
¿Qué
estrategia y qué política para derrotar a la derecha?
En
este escenario y aunque la derecha cívica tuvo que levantar el paro aún con la
incertidumbre de lo que pueda suceder con la negociación de la Ley en la Cámara
de Senadores, se ha puesto de manifiesto que la crisis política y la
polarización política y social llegaron para quedarse. Cada pequeño “conflicto”
empieza a tener rasgos crecientemente explosivos.
Todo
esto que se expresa en la forma como conflictos coyunturales solo manifiestan,
en el fondo, problemas estructurales profundos y esto pone a la orden del día
pensar una salida de fondo a la crisis. Pero no una salida que siga preservando
la “gobernabilidad de los de arriba” en desmedro y a costa de los derechos y
las vidas de las y los de abajo, sino una salida para esas grandes mayorías
trabajadoras del campo y de la ciudad.
La
derecha racista y oligárquica continúa fortaleciéndose desde el golpe de
Estado. La política sostenida por el MAS, primero por Evo Morales y ahora por
Arce Catacora, solo contribuye a fortalecerla mientras desmoraliza y debilita
las fuerzas de las y los trabajadores y el pueblo. El MAS no solo ha
estatizado, cooptado y dividido las organizaciones sociales y sindicales, sino
que a través de sus burocracias controla, desmoviliza y evita cualquier intento
de movilización independiente. Lo vimos durante la rebelión antigolpista del
2020 Y también con sectores del MAS que intentan evitar cualquier intento de
movilización independiente como en La Paz, donde se realizó un plantón en las
puertas de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia que son quiénes
financiaron el golpe y también el paro cívico.
Esta
política del MAS, contemporizadora con la derecha, tanto por Evo Morales como
por Arce, solo está desmoralizando a los sectores populares que quieren luchar
y derrotar a los golpistas, mientras que estos últimos se envalentonan gracias
a la impunidad que les garanticen desde el Estado. Casi como que la cobardía de
los dirigentes del MAS se traduce de manera inversamente proporcional en la
violencia y “valentía” de los grupos reaccionarios.
Desde
la LOR-CI, organización que impulsa La Izquierda Diario Bolivia, llamamos a las
organizaciones juveniles de las organizaciones sociales, a las y los
trabajadores que ven con preocupación como los paramilitares y los fachos se
pasean impunemente por las calles del país. Nos dirigimos a todos, todas y
todes aquellos que rechazan la manipulación y cooptación de los sindicatos, a
quienes ven como los derechos laborales duramente conquistados, no paran de
perderse no solo con este Gobierno sino incluso con el de Morales. Nos
dirigimos, en suma, a todxs aquellos que no quieren mantenerse de brazos
cruzados mientras la UJC (Unión Juvenil Cruceñista) golpea a mujeres, agrede a
indígenas, saquean e incendian las oficinas sindicales. A todxs ellxs les
invitamos a que discutamos seria y profundamente cuales son las vías para
aplastar a la derecha movilizada, empezando por plantear la movilización
obrera, campesina, indígena y popular y desarrollando los organismos unitarios
y democráticos que potencien la movilización y la autodefensa independiente.
Es
urgente impulsar un programa que afecte la propiedad y las ganancias de la
agroindustria y de todos los capitalistas, es decir, necesitamos alentar y
desplegar abiertamente un programa de lucha para construir desde abajo una
sociedad socialista.
LOS
CABILDOS COMO LA NUEVA «BURBUJA POPULISTA»
Rebelión
de España (https://bit.ly/3EPGQpW)
Al
pueblo ayoreo, otra víctima del fascismo cívico
El
populismo ha sido un dispositivo ideológico de desacreditación del movimiento
popular en las últimas décadas; la pereza intelectual académica (colonizada por
la mitología imperial) nunca ha sabido definir su pertinencia como categoría de
hermenéutica política. Ha sido más bien una muletilla intelectual para ocultar
el rosario de prejuicios que abunda en la visión elitista de la política (y la
izquierda desubicada ideológicamente, al no criticar este reduccionismo
imperial –porque se trata de una calumnia hecha concepto político– ha
capitulado, no sólo sus posibilidades de análisis político, sino su propio
ejercicio del poder).
Lo
que destaca el uso constante del adjetivo “populista”, como dispositivo
ideológico, es algo recurrente en la mitología imperial: cuando los poderes
fácticos calumnian al campo popular, en realidad se retratan a sí mismos. Por
eso se ha podido advertir que el fenómeno denominado mediáticamente como
“populismo”, en realidad describía las insurrecciones derechistas, que se
fueron reproduciendo una vez que el modelo neoliberal fracasa y el campo
popular recupera espacios democráticos, desafiando un orden social naturalizado
por la clasificación racializada de nuestros países.
Pero
ese tipo de insurrecciones no son improvisadas, se fueron trabajando desde la
resistencia burguesa al gobierno socialista de Allende en Chile. Ese
laboratorio generó casi todas las posibles escenografías que, en nuestro siglo,
son ya el repertorio clásico de las llamadas “revoluciones de colores”. En Bolivia
se han ido activando estos escenarios para disputarle al campo popular sus
potencialidades históricas de insurgencia revolucionaria.
No
es que la derecha haya aprendido a tomar las calles, sino que, la guerra
mediática –como guerra anticipada y nunca declarada– aparece como el más
eficiente operador político, a la hora de formatear la opinión pública por
medio de escenarios magnificados como shows políticos; quienes repiten como
papagayos que una imagen vale mas que mil palabras, no se detienen a pensar que
basta una palabra para invalidar una imagen. Esto quiere decir que la opinión
pública es, ante todo, una producción discursiva.
Pero
con discurso no nos referimos a un manifiesto cualquiera sino a la narrativa
implícita que permea al discurso mismo. Esto es lo que permite leer entre
líneas y advertir quién realmente toma la palabra y a quiénes está dirigido lo
que se dice y lo que no se dice. Por eso un cabildo, como todo hecho político,
no es un hecho en sí, y decanta todo aquello que recepciona como acumulación
ideológica; es decir, lo que en los cabildos se expone es esa narrativa y su
efectividad política.
Desde
el 2006, cuando se promueve el llamado “cabildo del millón” (con toda la
parafernalia mediática dispuesta para intimidar al campo popular), la narrativa
ha sido siempre la misma en todos los cabildos cívicos; por eso desatan todo
aquello que siempre se ve: persecución, amedrentamientos y cacerías civiles
contra el chivo expiatorio que aquella narrativa instala como legitimación
ideológica: el indio.
Es
el mismo discurso señorialista oligárquico que se renueva mediante dispositivos
coyunturales que, por lo general y desgraciadamente, le brinda hasta la propia
inoperancia gubernamental. Ese último dispositivo fue el censo y, aunque se haya
desinflado, demostrando su instrumentalización, lo que ha prevalecido es la
capacidad desestabilizadora de una masa citadina empoderada por un discurso
cada vez más inflamable.
Que
las dirigencias cívicas y el llamado “Comité Interinstitucional” (que no es más
que otra “comparsa”) hayan sido incluso desconocidas por sus seguidores, no
debiera dar lugar al exitismo; ya que eso es muestra de que esas dirigencias
improvisadas forman parte de una clara estrategia de descomposición política
que, en circunstancias de polarización máxima, sólo pueden conducirnos a
escenarios de conflictividad creciente.
La
inacción del gobierno, que podría producir su capitulación, proviene de una
ingenua percepción política: no todos los actores tienen vocación democrática.
Esto significa: todo diálogo es posible hasta con el escéptico, pero no con el
cínico. La nueva insurrección oligárquica promovida por los cívicos de Santa
Cruz, tiene como objetivo inmediato minar precisamente lo que hace posible la
estabilidad económica: la paz social. El gobierno y sus analistas sólo ven un
posible golpe, pero no consideran algo peor: un naciente proceso de
balcanización. Para destruir un país no se precisa necesariamente de un golpe
de Estado sino, fieles a la doctrina imperial del “caos constructivo”, basta
desatar una desestabilización continua y creciente para provocar la figura del
Estado fallido. La reunión del ex presidente Tuto Quiroga (en realidad agente
de la CIA) y Rómulo Calvo (líder cívico) tiene que ver con el respaldo imperial
a una oferta macabra: la política de feudalización o balcanización, que imagina
Washington para nuestra región, es sólo posible si la ignición del conflicto
proviene desde adentro.
Porque
ahora aquella masa urbana desencantada por sus propios líderes, pero fiel a los
preceptos que se derivan de la narrativaoligárquica, se constituyen, como ya lo
han sido, en base de reclutamiento civil del radicalismo remanente. Por ello no
es exagerado señalar que la movilización urbana que sirvió de legitimación “populista”
al golpe del 2019 y al paro impuesto (por más de un mes) a toda Santa Cruz, es
un fascismo social en ciernes. En tal caso, la inacción gubernamental está
generando la percepción de dejar abandonado al pueblo a su suerte, lo cual
coadyuva al caos. Cuando debió sentar jurisprudencia contra el fascismo
golpista no lo hizo y permitió indirectamente su rearticulación. Por eso vale
la pena recordarles a los burócratas y tecnócratas gubernamentales: quienes, a
nombre de revolución, sólo se proponen reformas, no hacen sino cavar su propia
tumba (lo que es peor, comprometen el proyecto popular).
Porque
el fascismo es precisamente la ideología creada por los grupos de poder para
las clases subalternizadas en la clasificación social/racial del capitalismo.
Está diseñada para generar la ilusión del ascenso social por medio de la
señalización y aniquilación de un enemigo que altera y contradice esa supuesta
maquinaria social de funcionamiento perfecto. Entonces, defender el orden
social, la pirámide meritocrática y los prejuicios señoriales, se vuelven dogma
y credo de una subjetividad social que se ofrece como infantería de resistencia
ante cualquier des-orden y desobediencia al orden establecido.
El
racismo es fundamental para el fascismo, es más, sin racismo no podría haber
fascismo; porque el fascismo ya no reivindica lopolítico de la convivencia
humana, es decir, la resolución racional de los conflictos, sino que está
diseñado para acabar con lo político y convertir a la política en un campo de
guerra exponencial; porque lo que el racismo le brinda al fascismo es la
negación absoluta de la humanidad del otro, de modo que ya no aparece como ser
humano sino como un hostis declarado “enemigo de la civilización”; de ese modo,
el fascista, que reivindica sólo para sí la condición humana, justifica y
legitima la persecución y aniquilación del otro, reafirmando la política
imperial, o sea, la guerra por otros medios. Por eso el fascista no necesita
argumentar nada, porque su percepción racializada delotro ha devaluado su
propia noción de convivencia; desde ese maniqueísmo es imposible la política y,
él mismo, no hace otra cosa sino anularse como actor político: por eso
secuestra la democracia para hacerse demócrata y por eso, también, genera
“burbujas populistas” para urdir tramoyas con apariencia popular.
Ese
otro, en nuestro caso, es el indio. El enemigo inventado por el relato elitista
del señorialismo oligárquico, siendo el que, desde la colonia y la república,
ha mantenido a nuestro país y a esa élite antinacional. En tal sentido, el
regionalismo cruceño o “camba”, acude diligentemente a ese racismo señorial
para afirmar una superioridad que seduce a sus subalternos y les ofrece llenar
el vacío de una identidad inconsistente con toscas aspiraciones de patrón. El
costo es elevado y esto es lo que jamás podría generar la posibilidad de
constituir a sus subalternos en pueblo: la negación del hermano. Porque esa
negación es la negación de uno mismo; porque un país es como una familia y cada
uno de sus miembros es insustituible y todos hacen posible, por interconexión
complementaria y recíproca, la vida misma del país.
Por
eso es preciso desmontar ese regionalismo, no como una compostura local, sino
algo alimentado desde factores externos en connivencia con intereses internos.
Es desde los años 30 y, sobre todo, después de la guerra del Chaco, que se va
tejiendo en el Oriente boliviano un nicho desestabilizador de todo proyecto
nacional. La injerencia norteamericana, por medio de sus embajadores, sus
agencias de inteligencia y la proliferación de iglesias protestantes,
encuentran en el Oriente la conveniente ausencia estatal para hacer germinar
una sociedad afecta y adicta a los valores gringos. Pero es después de la
llamada “revolución del 52” (que aun se consagra en la historiografía boliviana
de ese modo, cuando lo que se debiera develar es la usurpación de la
insurgencia minero-fabril por parte del actor que traiciona la lucha popular y
se autodefine, para la posteridad, como “sujeto revolucionario”), que esa injerencia,
de modo persuasivo, logra dislocar el circuito económico-comercial del
Occidente del país y hacer posible un plan de integración más acorde a la
imagen que el Imperio naciente necesita imponer a nuestro país.
Eso
es lo que ahora se llama soft-power, pero no es reciente. Cuando el presidente
Trumman implementa el programa Punto IV, en enero de 1949, hace posible que el
intervencionismo yanqui penetre sin uso de la fuerza militar y, por medio de la
diplomacia, logre influir decisivamente en áreas estratégicas, como son la
educación, religión, salud, economía y la política, para afectar el destino
nacional y garantizar nuestra dependencia estructural; ya antes, el plan Bohan,
que se instala en Bolivia 10 días después del ataque a Pearl Harbor y termina
su “misión” en 1942, determina lo que incluso el “gobierno revolucionario” ha
de implementar, por ejemplo, como “reforma agraria”: no se restituyen las
tierras de comunidad sino que se impone el modelo “farmer” gringo, mientras que
en el Oriente, para generar burguesía agraria, se adopta el modelo “junker”, o
sea el terrateniente.
Desde
entonces se puede decir que la conformación de esta casta social implicó, por
influencia imperial, el desarrollo de todos los aspectos culturales, religiosos
y políticos del Oriente en oposición al resto del país, sobre todo en contra de
lo “colla”, que es el eje ideologizado desde el cual se articula el
regionalismo “camba”. Por eso se constituye en el mejor pretexto de esta casta,
convertida en señorío feudal, para resolver todas sus desavenencias locales:
adjudicar toda la culpa al demonizado “centralismo colla” (por eso el actual
acento religioso de los cabildos no es casual). Esto germina inevitablemente en
un resentimiento acumulado que, hoy en día, es ya leyenda urbana.
Ahora
hay que señalar lo siguiente: 14 años del “gobierno del cambio” no percibió, en
ninguna de las áreas estratégicas que constituyen base estatal, el espesor
ideológico que estaba operando como resistencia oligárquica al Estado
plurinacional; es más, en vez de potenciar al Occidente del país, a El Alto
como eje industrial, para contrarrestar el poder económico (y traducido en
poder político) de los “barones del Oriente”, siguieron siendo fieles a la
política nacional implementada desde el 52 y reafirmada por la dictadura
banzerista, privilegiando recursos para sostener, no sólo el poder económico de
la elite “camba” sino la otra burbuja mediática del “exitoso modelo
cruceño”.
Se
podría decir que la insistencia en el censo era la “justa” asignación futura de
recursos, pero ese argumento es tramposo porque, como en toda lógica
desarrollista, la economía cruceña es subsidiada por todo el país (siendo
además casi toda su producción destinada a la exportación); su mercado natural
es el Occidente, el “collado” que tanto desprecian. El impulso y desarrollo
industrial y comercial que se atribuye la elite “camba” a sí misma, comienza,
en realidad, con la migración “colla”, causada por las políticas neoliberales
que no sólo destruyen las industrias, el sistema férreo y empresas estratégicas
del Occidente del país, sino que destinan el potenciamiento económico a la
élite “camba”, que participa decisivamente en la política nacional en todos los
gobiernos neoliberales (sin olvidar que, desde el golpe de Banzer, los demás
aprestos golpistas tienen a Santa Cruz como cuartel de operaciones). Cuando se
expulsa al último presidente neoliberal, Sánchez de Lozada, la élite cívica
“camba” le invita a seguir gobernando desde Santa Cruz, en claro desafío a la
recuperación del protagonismo político nacional por parte de El Alto, La Paz y
las provincias paceñas, o sea, los “collas”.
Los
cabildos cívicos nacieron con ese fin. Por ello se radicalizaron desde la
convocatoria a la Asamblea Constituyente y el surgimiento del Estado
plurinacional. Fueron concebidos para inventar legitimidad en coyunturas
favorables al asalto y usurpación democrática, como fue la diseminación de
cabildos en las capitales departamentales que dieron pie al golpe de 2019.
Ahora
bien, se supone que un cabildo es un acto democrático, popular y con capacidad
de establecer lineamientos políticos, además avalados por la propia
Constitución pero, en los hechos, y en la lógica de las “revoluciones de
colores”, son precisamente los procedimientos democráticos los que son muy bien
funcionalizados para secuestrar a la propia democracia; por eso se denominan
“revoluciones”, porque se presentan con toda la escenografía y coreografía
democráticas para legitimar políticas antidemocráticas.
Por
eso, como las burbujas financieras, esta “burbuja populista” se infla con un
lenguaje seductor y convincente, pero una vez que estalla se demuestra que no
hay realidad que soporte aquella inflamación. Un análisis del discurso de los
cabildos nos puede mostrar cómo se manipula a la masa congregada, mediante la
señalización del chivo expiatorio, la adjudicación de las culpas en éste, la
piadosa absolución de los propósitos planteados y, como todo acto cuasi
religioso, consumar la beatificación ideológica bajo la apelación divina. Se
trata de una ficción mediática que, en las “revoluciones de colores”,
constituyen el formato de lo que disemina la guerra mediática como la más
adecuada tramoya que define a las “guerras de cuarta generación” como la
implementación del llamado “caos constructivo”, que se trata en realidad de un
caos indefinido.
Ese
es el verdadero peligro, por eso, cuando estallan, pueden desatar un estallido
generalizado e indefinido. Lo que hace que un cabildo sea una “burbuja
populista”, es que se inflama toda referencia popular y democrática para
aparentar una contundencia intimidante. Por eso debe ser multitudinaria, para
aparecer como una aplastante demostración de fuerza. En eso consiste esa
burbuja: la manifestación alarde de poder. Por eso provoca prepotencia y
soberbia, fanatismo y frenesí y por eso, también, acaba en amenazas e injurias,
provocando persecuciones y disturbios, alentando a sus grupos de choque y
milicias adoctrinadas a realizar demostraciones de su fuerza (estos grupos
radicalizados son los que después desatan una lucha foquista y llevan a cabo la
diseminación del “caos constructivo”; por eso toda “revolución de colores” no
se propone necesariamente un golpe de Estado sino la balcanización de un país,
como sucedió en Yugoslavia, Irak, Siria, Libia, etc.).
Es
una “burbuja populista” porque el verdadero ausente es el pueblo. El pueblo al
cual se refiere la derecha es apenas una multitud congregada incluso por
razones no tan legítimas, prebendales o laborales (como hace la gobernación de
Santa Cruz). Un pueblo no es una multitud, tampoco es el conjunto de la
sociedad, ni siquiera el conjunto de la nación, porque allí también se
encuentra la anti nación. No se es pueblo por adscripción automática o por
vinculación instantánea. Se es pueblo por apuesta histórica. Por eso un pueblo
no aparece en el campo político desde demandas circunstanciales que aspiran a
los nuevos satisfactores del mercado como realización de ascenso social.
Lo
que define a un pueblo en tanto que pueblo, es que su lucha no es particular y
menos corporativa (la lucha cívica desafía a todo un país desde intereses
oligárquicos y ahora declaradamente secesionistas,). Lo que define a la lucha
popular es la justicia y la igualdad, no los intereses instrumentales; por eso
su lucha es universal y cuanta más humanidad esté contenida en su lucha, más
pueblo se es. La lucha de un pueblo no se remite ni siquiera al presente sino
vuelca sus propósitos para redimir todo su pasado y hacer posible la redención
de todos los tiempos. Por eso el pueblo es creador y ha sabido extraer de su
memoria histórica un nuevo horizonte, como el verdadero proyecto político que
este pueblo se ha otorgado, y el tipo de Estado que debiera estar en
concordancia con ello.
Por
eso no pueden constituir pueblo la masa congregada en cabildos que están
diseñados para encubrir propósitos que ya van declarándose abiertamente y que
sólo conducen a la balcanización del país. La élite camba no reúne ninguna de
las condiciones para constituirse en élite nacional (su podredumbre intelectual
es lo que debiera escandalizar a la élite paceña pero, al parecer, ésta es más
acomplejada de lo que se creía); después del golpe y la dictadura y el actual
fracasado paro, sabe también que ya no puede congregar al país en sus delirios.
¿Qué le queda? Ya lo manifestaron: “revisar su relación con nuestro país”. En
tal situación, el gobierno tiene todos los argumentos para hacer prevalecer el
Estado de derecho ante la policía, el ejército y una fiscalía coludida con los
grupos de poder. De lo contrario, la ingenua percepción gubernamental de la
derrota cívica, sólo promoverá una nueva rearticulación de la derecha, mucho
más peligrosa, porque su objetivo, fiel al programa imperial, ya no es otro
golpe, sino la balcanización del Estado plurinacional.
Las
autonomías ya fueron el artificio para frenar la Asamblea Constituyente y minar
por dentro al Estado; ahora el federalismo es otra consigna que funcionaliza un
propósito que siempre ha estado en las apuestas de la élite camba. Por ello es
tarea estatal descomponer su condición de élite, porque su propia composición
de clase y su apuesta política es resultado de su acumulación de capital,
proveniente de las dictaduras y consagrada en gobiernos neoliberales. Todos
responden al tipo de acumulación de riqueza que poseen. El tipo de capital
define la política que se adopta: la élite “camba” es fascista porque el origen
de su capital es espurio.
Además,
como una buena parte de esa élite no tiene su origen en esta nuestra tierra, no
les interesa su desmembración. Se consideran dueños de algo que no les reconoce
como hijos. Por eso persiguen a quienes sí tendrían la justificación histórica
y cultural de llamarse “dueños” de esta tierra. La persecución y
amedrentamiento (en el paro cívico/cínico) a la nación Ayorea los pinta de
cuerpo entero; encarnan a quienes sembraron sangre y luto en estas tierras,
desde la Conquista, para robar todo lo que tenían quienes debieran ser
considerados los verdaderos “dueños” del Oriente; pero nunca los ayoreos se
llamaron “dueños”, porque su relación con la Madre tierra no se da en términos
de apropiación sino de pertenencia.
Por
eso ellos son pueblo y reflejan lo que define a la cultura de la vida, la que
promueve nuestro horizonte plurinacional como el verdadero proyecto popular.
Porque Madre tierra, como PachaMama, constituye en realidad la culminación de
un conocimiento que nos permite re-conocer que todo, absolutamente todo, hasta
una piedra, es sujeto, o sea, es persona, y si es persona tiene dignidad y, si
tiene dignidad, es sagrada y, si es sagrada, merece respeto. La forma de vida,
como cultura de la vida, que se deduce de ese conocimiento alcanzado, que lo
poseen nuestras culturas indígenas, es el “vivir bien”. Ese es el horizonte
plurinacional y esa apuesta histórica es lo que define a un pueblo en tanto que
pueblo.
3
CLAVES PARA ENTENDER LAS PROTESTAS POR EL CENSO EN BOLIVIA
La
región de Santa Cruz ha estado más de un mes con manifestaciones violentas
reclamando un conteo nuevo
El
País de España (https://bit.ly/3gO7nfh)
La
exigencia por la realización del censo poblacional paralizó al departamento de
Santa Cruz, la zona considerada como el motor económico de Bolivia, durante más
de un mes. La región, rica en exportaciones de carne y soya, también es un
bastión para la oposición del Gobierno de Luis Arce. Durante el tiempo en el
que se paralizaron las actividades, se registraron bloqueos y hechos de
violencia que han sido un duro golpe económico para el resto del país.
Los
pobladores de Santa Cruz reclaman que se lleve a cabo un censo, ya que
consideran que su población es mayor a la registrada oficialmente. Con la nueva
data poblacional, podrían acceder a mayores recursos estatales y representación
legislativa. El Gobierno ha fijado la fecha del nuevo conteo para 2024, pero,
desde el Ejecutivo, se teme el impacto que puedan tener las cifras en la
elección presidencial de 2025.
El
presidente Luis Arce ha desestimado las protestas como un reclamo de las
élites, aunque ha hecho algunas concesiones sobre la realización del censo y la
presentación de los resultados antes del 2025. La pasada semana la Cámara de
Diputados aprobó una ley para llevar a cabo el empadronamiento, motivo por el
cual las medidas de presión desde el departamento de Santa Cruz fueron
levantadas.
ERA
QUERATINA: SOBRESEEN A MUJER BOLIVIANA QUE ESTUVO 6 MESES PRESA EN CHILE POR
ERROR DE NARCOTEST
Radio
Bio Bio de Chile (https://bit.ly/3AWpDu2)
El
Juzgado de Garantía de Iquique acogió solicitud de la Defensoría Regional de
Tarapacá. Se estableció científicamente que la sustancia incautada por el
personal de Aduanas y de la PDI no era droga, sino que queratina.
El
Juzgado de Garantía de Iquique declaró el sobreseimiento definitivo de Nardy
Ribera, una mujer boliviana que siendo inocente pasó 6 meses presa en la cárcel
de Alto Hospicio, provincia de Iquique.
El
Ministerio Público la imputó por tráfico de cocaína, cuando lo que portaba
realmente era queratina, un producto para el cabello.
La
jefa de Estudios de la Defensoría Regional de Tarapacá, Karina Reyes, alegó en
la audiencia de sobreseimiento.
La
Defensora solicitó a la jueza Verónica Opazo que la causa contra Nardy Ribera
terminara a través de un sobreseimiento definitivo, sobre la base de que
“cuando el hecho investigado no fuere constitutivo de delito”.
Según
dijo en la audiencia la abogada de la Defensoría Penal Pública, se estableció
científicamente que la sustancia incautada por el personal de Aduanas y de la
PDI no era droga.
Así
lo corroboró posteriormente el informe emitido por el Instituto de Salud
Pública (ISP) el 5 de mayo de 2016.
La
entidad informó a la Fiscalía que no se detectó sustancia estupefaciente en las
muestras, contradiciendo el resultado positivo del narcotest realizado en el
lugar de la detención de Ribera.
Tras
la sentencia se puso fin a una investigación iniciada el 5 de marzo de 2016 a
las 3 de la madrugada cuando Nardy y otros pasajeros de un bus que venía de
Bolivia y los sometieron a un control en el paso fronterizo Río Loa, región de
Tarapacá.
Mujer
boliviana estuvo presa por prueba de campo errónea
Ese
día la prueba de campo arrojó erróneamente que la queratina que portaba –más de
3 kilos- era cocaína.
Tras
la formalización por tráfico de drogas, quedó en prisión preventiva en la
cárcel de Alto Hospicio hasta el 13 de septiembre de 2016, día en el que el
Ministerio Público informa al juez que el ISP no encontró droga en la sustancia
que portaba Nardy.
A
pesar de este antecedente, la causa de Nardy seguía vigente. Tras la solicitud
de la Defensoría Penal Pública, realizada este lunes, se logró establecer que
nunca existió el delito por el que fue imputada.
“Además
de lograr el sobreseimiento, lo que logramos fue un acto de reparación y
dignidad para Nardy, quien con este error pasó mucho tiempo en la cárcel
injustamente”, explicó Karina Reyes.
“Por
fin puedo decir que soy inocente”
Nardy
Ribera, cuyo caso es parte del “Proyecto Inocentes” de la Defensoría Penal
Pública, asistió a la audiencia en la que se declaró su sobreseimiento
definitivo, que terminó con la causa que la atormentó durante años.
“Hoy,
por fin después de esta audiencia, puedo decir que soy inocente. Volví a nacer.
Es un sueño hecho realidad. Hoy puedo hablar de los derechos humanos y, con mi
testimonio e historia, luchar por las personas como yo, que han sido privadas
de libertad injustamente”, aseguró.
BOLIVIA
ENTRE LOS PAÍSES MÁS INSEGUROS DE AMÉRICA LATINA PARA LAS MUJERES
Revista
Newsweek de EEUU (https://bit.ly/3u5b7wd)
En
2021, las mayores tasas de feminicidio en América Latina se registraron en
Honduras (4.6 casos por cada 100,000 mujeres), la República Dominicana (2.7
casos), El Salvador (2.4 casos), Bolivia (1.8 casos) y Brasil (1.7 casos). Por
ello, se consideran los países más peligrosos para las mujeres, según los datos
oficiales informados por el Observatorio de Igualdad de Género de América
Latina y el Caribe.
En
2021, al menos 4,473 mujeres fueron víctimas asesinadas en América Latina y El
Caribe por razones de género, informó este 26 de noviembre la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Esa
cifra representa al menos 12 muertes violentas de mujeres por razón de género
cada día en la región, alerta la institución. “Desde hace una década y media,
los Estados de América Latina y El Caribe han reconocido la gravedad de la
violencia feminicida y las muertes violentas de mujeres por razón de género.
“Esto
se expresa en la aprobación de leyes y protocolos y en la construcción de
institucionalidad específica”, asegura el organismo de la ONU. Además, destaca
que “a pesar de estos avances, el feminicidio persiste como una realidad y no
se observan señales claras de que el fenómeno vaya en disminución”.
En
2021, de los 18 países o territorios de América Latina que proporcionaron
información, 11 presentaban una tasa igual o superior a una víctima de
feminicidio por cada 100,000 mujeres.
28
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA LETAL DE GÉNERO EN 11 PAÍSES
En
El Caribe, un total de 28 mujeres fueron víctimas de violencia letal de género
en 11 países y territorios que entregaron información correspondiente a 2021.
Belice y Guyana presentaron las mayores tasas de femicidio o feminicidio en el
Caribe, con 3.5 y 2 por cada 100,000 mujeres, respectivamente.
Un
reciente estudio de la ONU, mostró que a nivel mundial el hogar es un lugar
mortal para muchas mujeres y niñas. De esto deriva que en todo el mundo cinco
mujeres o niñas son asesinadas cada hora por alguien de su propia familia.
En
10 países de América Latina, de los 18 analizados, las tasas de feminicidio se
mantuvieron iguales o superiores a un caso por cada 100,000 mujeres entre 2019
y 2021. Estos son Argentina, Bolivia, Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.
Las
adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años componen el tramo etario en que se
concentra la mayor proporción de mujeres asesinadas, de acuerdo con datos de 16
países y territorios de la región entre 2019 y 2021. Más de un 4 por ciento del
total de esos delitos corresponden a niñas menores de 14 años.
MENONITAS
MODERNOS LLEVAN SU CAUSA A LA JUSTICIA BOLIVIANA
El
Nuevo Herald de EEUU (https://bit.ly/3inCm2n)
Una
escuela a medio construir en una zona rural del este de Bolivia se ha
convertido en el centro de una disputa legal entre menonitas conservadores y
modernos después de que éstos últimos fueran expulsados por usar celulares y
camionetas.
La
justicia boliviana debe resolver en los próximos días un recurso legal
interpuesto por los menonitas modernos contra el líder conservador de su
comunidad para lograr que las obras en la escuela concluyan y sus hijos puedan
estudiar con el currículo boliviano.
“La
justicia está llamada a restituir el derecho a la educación que está más allá
de la religión, porque es un mandato de la constitución”, dijo a The Associated
Press Mariela Ajuacho, representante de los demandantes.
Hasta
ahora la administración judicial “ha fallado” al emitir una resolución inicial
a favor de los conservadores que paralizó la construcción de la escuela, agregó
la abogada. Desde su creación en 2007 la nueva colonia menonita Valle Nuevo
-ubicada al este de la provincia oriental de Santa Cruz- se ha visto envuelta
en disputas entre conservadores y modernos que han decidido usar celulares,
electricidad y vehículos motorizados en lugar de carretas, el único transporte
permitido.
Los
conservadores no han podido expulsar a las 30 familias porque las tierras
pertenecen al Estado, que reconoce derechos a todos los miembros. “Pero les
hacen la vida imposible, han cortado todo contacto, les impiden comprar en la
pulpería y buscan cansarlos para que abandonen la colonia”, según Ajuacho.
Erico
Suárez, apoderado legal de Cornelius Firesen -el líder de la comunidad- dijo al
diario Página Siete que “no hay problemas en la colonia que se rige por sus
normas, costumbres, pero acata la ley. Lo que pasa es que hay un grupo que
cambió de religión y malinterpreta las cosas”.
Las
disputas entre tradicionales y modernos son frecuentes en las numerosas
colonias de menonitas y el Ministerio de Educación no ha logrado que los
conservadores adopten el currículo boliviano en lugar de la enseñanza elemental
que imparten y que se limita a la lectura, escritura y aritmética básica.
Aunque
la carta magna boliviana respeta los “usos y costumbres” tradicionales, el
viceministro de Educación, Bartolomé Puma, dijo que su despacho apoya la
demanda de los menonitas modernos por lograr una educación amplia.
Los
menonitas son un grupo religioso conservador que rechaza la modernidad. Surgido
en Europa, se establecieron en México y después en varios países del continente
durante el siglo XIX. Son agricultores y llevan una vida simple. En Bolivia se
asentaron en el oriente desde 1955 para cultivar soja, girasol y sorgo. Según
estiacaiones oficiales la comunidad menonita está integrada por unas 150.000
personas.
A
pesar de sus estrictos códigos no han podido evitar la disidencia de las nuevas
generaciones. Incluso algunas jóvenes que se alejaron de sus tradiciones han
participado en concursos de belleza locales.
DE
LA MULA AL AUTOBÚS, UNA MUESTRA NARRA LA HISTORIA DEL TRANSPORTE EN LA PAZ
Agencia
EFE de España (https://bit.ly/3Vi8rau)
El
paso del tiempo en La Paz, la sede del Gobierno boliviano enclavada entre
montañas, se hace patente en una muestra que narra la historia del transporte
paceño desde las recuas de mulas y llamas de finales del siglo XVII, pasando
por el tranvía y los colectivos, hasta los modernos autobuses que hoy recorren
sus empinadas calles.
La
exposición, que incluye fotografías, videos y modelos a escala de los
vehículos, fue instalada en el Museo Costumbrista «Juan de Vargas», por
iniciativa de la Federación de Chóferes Asalariados de Transporte Nacional e
Internacional apoyada por la Secretaría Municipal de Culturas.
Se
quiere mostrar a los paceños «la historia del transporte» en la ciudad desde
sus inicios y es también un homenaje a las diversas generaciones de chóferes,
cuyo día se recordó el pasado 16 de noviembre, explicó a EFE el ejecutivo
nacional de la federación, Milton Goyonaga.
Como
hijos y nietos de las primeras generaciones de transportistas públicos, los
afiliados a la federación tuvieron la iniciativa de buscar información para la
muestra y también rescataron fotografías antiguas de sus colecciones familiares
que se suman a otras imágenes del mismo museo.
Al
inaugurar la exposición, la jefa de la Unidad de Museos del municipio paceño,
Vania Coronado, destacó que «el medio de transporte ha sido un mecanismo» para
«medir la modernidad de las ciudades, de las sociedades».
Los
inicios
La
muestra comienza en un espacio donde se exhiben pequeñas figuras de hombres
arreando mulas y llamas, el llamado «transporte a sangre», es decir, el que
empleaba animales, indicó Goyonaga.
Estos
hombres, mestizos e indígenas en su mayoría, eran conocidos como «trajineros» y
fueron los primeros «empresarios del transporte» surgidos entre fines del siglo
XVII y mediados del siglo XVIII con servicios de traslado de alimentos,
minerales y otros objetos, según información de la Secretaría de Culturas.
El
crecimiento de la ciudad, con una topografía complicada, supuso también un
cambio en su forma de transporte.
Esta
«revolución» se hizo más marcada tras la guerra federal boliviana (1898-1899)
que terminó con el traslado de la sede de Gobierno de Sucre, la capital
constitucional boliviana, a La Paz.
Así,
a principios del siglo XX se instaló en la ciudad un tranvía y llegaron los
primeros automóviles, reflejados en unas miniaturas de estos transportes.
Este
segmento está complementado con fotografías de los primeros automóviles que
llegaron a Bolivia, incluida una del arqueólogo austriaco Arthur Posnansky que
data de 1904, y otras escenas del recorrido de los tranvías paceños.
Luego
aparecieron los llamados «chaucheros» o servicios de taxis en alquiler, que
según Goyonaga fueron los primeros vehículos de transporte público.
Los
primeros gremios de transportistas surgieron en los años 1940 y fue en esa
época que se crearon, entre otras, las sociedades de Propietarios, Conductores
y Cobradores de las consideradas las cuatro líneas «tradicionales» de
microbuses y colectivos que perduran hasta estas épocas, indicó el dirigente.
Cada
línea estaba identificada por un color distintivo. Por ejemplo, el azul
distinguía a los vehículos de la línea 2 que hasta hoy son de los pocos que
siguen circulando en la misma ruta y con el mismo color.
La
«época de oro» del transporte
En
medio de la sala, colocados en podios especiales, se lucen diversos modelos y
colores de microbuses y autobuses.
Los
primeros micros llegaron a La Paz a principios de los años 1970 y esa década es
precisamente considerada como la «época de oro» del transporte público, explicó
Goyonaga.
«En
ese tiempo, nuestros maestros han hecho servicios de la manera más responsable,
porque el conductor tenía que vestirse bien, tener una gorra, su reloj, tenía
que llegar a la hora y el colectivo tenía que estar impecable», destacó.
También
prevalecía el respeto de las rutas y había «mucho control» interno mediante
jefes de rutas, inspectores y agentes de parada, entre otros, para garantizar
un «buen servicio al usuario», agregó.
El
dirigente reflexionó que esto se ha ido perdiendo con el tiempo y expresó su
deseo de que «vuelva a surgir como era antes».
Estas
cuatro sociedades pasaron luego a ser los sindicatos mixtos Litoral, Eduardo
Avaroa, San Cristóbal y Villa Victoria, los más emblemáticos de la ciudad que
ahora tienen también en sus filas a los llamados «minibuses» que actualmente
llenan las calles paceñas.
Otros
motorizados
La
exposición también incluye un espacio dedicado a los inicios del transporte
interprovincial, con modelos de los tradicionales camiones que hacían esas
rutas repletos de productos, gente e incluso algunos animales, además de los
primeros autobuses de servicio interdepartamental.
También
hay dos réplicas de los buses del transporte estatal que cubrían la ruta entre
La Paz y la vecina ciudad de El Alto.
El
salto a la modernidad está reflejado en el «PumaKatari» y el «ChikiTiti», los
autobuses del sistema de transporte puesto en marcha por el municipio en 2014.
La
muestra estará abierta hasta el 31 de diciembre.
MAMANI
MAMANI
El
Comercio de Ecuador (https://bit.ly/3urTpTT)
Así
firma su creación visual Roberto Mamani Mamani (Kala Kala, Cochabamba, Bolivia,
1962). Sus tres mundos –de él y el de su arte– son tejidos por el tiempo. El de
arriba, Apalacha: cielo, sol, luna, estrellas; el nuestro, Acapacha, poblado
por seres humanos, animales y plantas; y el de abajo, Mancapacha, morada de los
abuelos, amautas (sabios), guerreros, y ese pergamino inacabable donde todo lo
ocurrido está grabado.
Heredero
de culturas milenarias (quechua-aimara), su ancestralismo discurre por su vida
y su obra. “Nosotros nos ocupamos de todo, los occidentales solo del hombre”,
dice; el rostro: tierra, viento y frío. Mamani Mamani descifra su cosmovisión
andina mediante figuras, códigos, simbologías, signos y tonalidades incendiadas
por un fuego recóndito y antiguo. La forma alcanza el ser, los elementos
especioplásticos (aquellos que conjuran la obra de su arte) cobran su propio
significado y los colores, reverberaciones intermitentes.
Memoria
y armisticio con el entorno originario. Apoteosis del cielo, la tierra y el ser
humano. Celebración y retozo de sus antepasados. Tiempo redimido. El color para
Mamani Mamani es la mujer, el hombre, la esperanza. Triunfo del fuego sobre las
tinieblas. La vida según nuestros pueblos primigenios es siembra y cosecha, conciliación
con la naturaleza.
Mamani
Mamani desciende de los quilmes, guerreros que defendieron su territorio hasta
que fueron extinguidos por la conquista. Sin embargo –cuenta la historia que no
se cuenta–, millares caminan aún por los espacios que fueron suyos. Ritmo y
rito. El color migra del lienzo antes de estallar en sí mismo. Quizás lo heredó
del Imperio jacha del cual proviene y que se difumina en el tiempo. Aleaciones,
dilucidaciones, colisiones, en sus fuentes iniciales: la obra de Mamani Mamani.
“Todos
los nombres son un solo nombre./ Todos los rostros son un solo rostro./ Todos
los siglos son solo un instante/ y por todos los siglos de los siglos/ cierra
el paso un par de ojos”.
CHOLET,
EL EXTRAÑO TIPO DE ARQUITECTURA QUE ES FUROR EN BOLIVIA
Son
construcciones con más de tres niveles, que suelen construirse en las regiones
andinas de Bolivia y se destacan por sus coloridos diseños.
La
Verdad Online de Argentina (https://bit.ly/3OJ3RPS)
Cholet
es el nombre de un tipo de arquitectura con fuerte presencia en las regiones
andinas de Bolivia, que cada vez son más populares y se destacan de otras
construcciones por su formato colorido.
Por
lo general, son viviendas que tienen más de tres niveles y respetan la misma
distribución de sus pisos, con un comercio integrado en la planta baja que
representa la máxima fuente de ingresos.
Y,
si bien hay excepciones, la gran mayoría de los Cholet pertenecen a sus dueños
originales, que a su vez son miembros de la burguesía aymara.
¿Cuáles
son las características de los Cholet?
La
primera característica llamativa de este tipo de arquitectura es que su nombre
surge de la combinación de dos palabras. Es decir, la fusión es entre “cholo” y
chalet.
Por
otro lado, también es importante mencionar que es un estilo de construcción muy
particular de la región andina de Bolivia, que pocas veces se ve replicado en
otras ciudades lejanas a la cordillera.
Y,
antes de hablar sobre su formato, otra de sus propiedades más destacadas es que
los Cholet, diseñados en su mayoría por el arquitecto Freddy Mamani, son un
símbolo de identidad que busca el equilibrio perfecto entre la cultura de los
pueblos nativos y los conceptos contemporáneos.
¿Cómo
se diseñan los Cholet?
Los
Cholet son viviendas altas y muy coloridas, que se diseñan con un mínimo de 3
niveles y un máximo de 7, siguiendo un patrón irremplazable que también está
vinculado a la cultura local.
Es
decir, en la planta baja siempre hay un comercio como, por ejemplo, una
panadería o una carnicería. Luego, el primer piso está destinado a fiestas y
eventos, mientras que el segundo nivel es reservado como habitación de alquiler
y, el tercero, para la vivienda del propietario.
Por
último, su diseño siempre es abundante, está repleto de colores y respeta la
cultura Tiwanaku. Por lo tanto, seleccionan aves, pumas y cóndores como
elementos decorativos, que se complementan con dibujos de montañas, relámpagos
y flores.
A
pesar que prácticamente toda la superficie de Bolivia es montañosa, los Cholet
son una típica construcción de las regiones andinas, que contrastan de manera
muy evidente con los paisajes áridos de la zona.
Entonces,
este tipo de arquitectura es muy frecuente en ciudades como La Paz, Cochabamba
e incluso El Alto, que se destaca como una de las localidades más altas del
mundo, ubicada a 4.150 metros sobre el nivel del mar.
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