BOLIVIA Y LOS GOLPISTAS TRES AÑOS DESPUÉS

 

La analista política Susana Chacón denunció que el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, y 10 empresarios recurren al Censo de Población y Vivienda como un pretexto para alcanzar de manera inconstitucional el poder político como en 2019.
“No es menos cierto lo que se está ventilando en las redes, que existe un plan del señor Luis Fernando Camacho y de unos 10 empresarios que quieren la cabeza del presidente (Luis Arce), quieren tomar nuevamente el poder a la fuerza, eso es cierto. ¿Hay evidencia?
“¡Sí hay evidencia!”, afirmó.
Chacón declaró al sistema de medios estatales bolivianos que el afán desestabilizador es real y las pruebas están en manos de personas que sabrán cómo reaccionar en su momento.
Sostuvo que en política no existe coincidencia ni casualidades, y esas fuerzas radicales buscan siete objetivos que faciliten sus propósitos golpistas.
Enumeró entre ellos el Censo de Población y Vivienda y después el nuevo padrón electoral con el cual pretenden generar posteriormente la versión de un fraude, con los datos que publique el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Indicó la politóloga que el INE es la punta de lanza de todas las demás desestabilizaciones que vendrán con exigencias como la reforma a la justicia, los transgénicos, los avasallamientos de terrenos y el pacto fiscal.
ACCIONES DESESTABILIZADORAS EN MARCHA
Instó a las autoridades a ser previsoras y actuar porque estas acciones desestabilizadoras ya están en marcha con vistas a los comicios generales de 2025.
“Están en una carrera electoral compitiendo por los nuevos liderazgos departamentales y aquí se juegan papeles muy importantes”, alertó Chacón.
De acuerdo con la analista, dos bandos pugnan por el control del Comité Cívico pro Santa Cruz, uno con Camacho a la cabeza y el otro con Fernando Larach al frente, ambos vinculados a logias de poder como Toborochi y los Caballeros de Santa Cruz, respectivamente.
Recordó Chacón que el Gobierno nacional convocó en reiteradas ocasiones al diálogo para resolver el tema del Censo de Población y Vivienda, sin embargo, pese a que las autoridades cedieron en varios temas, los cívicos no mostraron voluntad de llegar a una solución negociada.
Incluso, el titular del Comité Cívico cruceño, Rómulo Calvo, declaró a la cadena estadounidense CNN que después de la demanda del “Censo en 2023 sí o sí”, se pasará a la exigencia de la renuncia del mandatario Arce.
“Tenemos tres caudillos insensibles, no tienen olor a pueblo”, expresó la analista respecto a Camacho, Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar.
«Santa Cruz está secuestrada y sufre un boicot económico de tres representantes de logias, quienes pugnan por el control del Comité pro Santa Cruz en las elecciones de 2023», concluyó la politóloga. Prensa Latina de Cuba (https://bit.ly/3hulLJU)
 
 
 
 
 
BOLIVIA Y LOS GOLPISTAS TRES AÑOS DESPUÉS
 
Radio Bayamo de Cuba (https://bit.ly/3Ekx54d)
 
El portavoz presidencial, Jorge Richter, denunció el 9 de noviembre que la retirada de los delegados del Comité Interinstitucional cruceño de la mesa técnica censal dio inicio a un plan para desencadenar la violencia en Bolivia.
Durante una conferencia de prensa en la cual se auxilió de videos y un gráfico con “la línea del tiempo”, apuntó al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo, y al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar.
Al referirse a la muerte del motociclista identificado como Eduardo Arancibia, degollado por un cable en un punto de bloqueo, y a ataques de paramilitares contra la localidad de Buenavista con petardos de alta potencia poco después de la retirada de los delegados cruceños de la mesa técnica, Richter recordó una advertencia pública de Calvo al presidente, Luis Arce.
“El único responsable de lo que pueda pasarle a Bolivia de hoy en adelante se llama Luis Arce Catacora”, amenazó el titular del Comité Cívico Pro Santa Cruz ante medios periodísticos. Añadió que se “sentarían con la Comisión Interinstitucional para tomar nuevas medidas”.
Camacho, en tanto, instó a “radicalizar la presión «porque el Gobierno no escucha absolutamente nada”.
Richter concatenó los acontecimientos de la noche del martes 8 de noviembre con un llamado a la toma de instituciones gubernamentales al siguiente día, cercos iniciados en la oficina territorial de Impuestos Nacionales y en la de la Aduana en Santa Cruz.
Mostró la “línea de tiempo” y consideró que el plan se inició con la retirada de la comisión técnica, en Trinidad, a las 20.30 hora local del martes, y a esa misma hora Calvo pronunció su advertencia al mandatario.
Señaló el portavoz que inmediatamente después un grupo de motociclistas partió hacia el poblado contrario al paro de Buena Vista, justamente el lugar donde se desató la violencia.
Recursos para financiar la logística delincuencial
“Hay recursos para financiar esta logística delincuencial. No es lo espontáneo de una medida pacífica”, razonó al advertir que la Policía, en cambio, no pudo llegar para preservar el orden porque cuando le avisaron ya existía un bloqueo en la localidad intermedia de Portachuelo.
En la misma secuencia temporal, recordó que a las 22:00 hora local Camacho anunció la radicalización de las protestas contra la realización del censo en 2024.
Media hora después, remarcó, el vicerrector de la Uagrm, Reinerio Vargas, advirtió en un video compartido en las redes sociales que “las medidas ahora se van a radicalizar y se van a profundizar (…) que empieza con la toma de instituciones”.
Richter informó que a la 01:00 del martes, miembros de la paramilitar Unión Juvenil Cruceñista iniciaron un ataque contra el barrio Plan Tres mil, el cual se prolongó por tres horas, hasta que efectivos policiales dispersaron a los agresores con gases lacrimógenos.
El vocero comentó que además de estos autores materiales de hechos violentos, los gestores intelectuales tendrán que asumir su responsabilidad por violar las normativas vigentes en el país.
Pese que a diferencia de 2019 los grupos de poder cruceños no lograron esta vez desencadenar un movimiento nacional y paralizar a todo el país por la movilización de los sectores populares, llamó la atención su rearticulación pública con aliados de La Paz, Tarija, Cochabamba y Potosí, implicados en el golpe que forzó la renuncia de Morales.
Sospechosas resultaron las reapariciones del expresidente boliviano y ultraconservador Jorge «Tuto» Quiroga en una visita a la casa del cívico Calvo, y del también exmandatario impulsor junto a Camacho en 2019 de la asonada golpista Carlos Mesa, en una conferencia de prensa en la cual planteó exigencias acerca del Censo de Población y Vivienda.
Las verdaderas intenciones de este plan salieron a la luz el 30 de septiembre último, con la intervención en el cabildo convocado por el Comité Cívico cruceño del abogado y exmilitar Jorge Santiesteban.
“Recuerden que ya los derrotamos y los vamos a volver a derrotar”, proclamó ante las cámaras de la televisión nacional en alusión al proyecto golpista que impuso a Jeanine Áñez al frente del gobierno de facto en 2019.
La analista política Susana Chacón denunció que el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, y 10 empresarios recurren al Censo de Población y Vivienda como un pretexto para alcanzar de manera inconstitucional el poder político como en 2019.
“No es menos cierto lo que se está ventilando en las redes, que existe un plan del señor Luis Fernando Camacho y de unos 10 empresarios que quieren la cabeza del presidente (Luis Arce), quieren tomar nuevamente el poder a la fuerza, eso es cierto. ¿Hay evidencia?
“¡Sí hay evidencia!”, afirmó.
Chacón declaró al sistema de medios estatales bolivianos que el afán desestabilizador es real y las pruebas están en manos de personas que sabrán cómo reaccionar en su momento.
Sostuvo que en política no existe coincidencia ni casualidades, y esas fuerzas radicales buscan siete objetivos que faciliten sus propósitos golpistas.
Enumeró entre ellos el Censo de Población y Vivienda y después el nuevo padrón electoral con el cual pretenden generar posteriormente la versión de un fraude, con los datos que publique el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Indicó la politóloga que el INE es la punta de lanza de todas las demás desestabilizaciones que vendrán con exigencias como la reforma a la justicia, los transgénicos, los avasallamientos de terrenos y el pacto fiscal.
Acciones desestabilizadoras en marcha
Instó a las autoridades a ser previsoras y actuar porque estas acciones desestabilizadoras ya están en marcha con vistas a los comicios generales de 2025.
“Están en una carrera electoral compitiendo por los nuevos liderazgos departamentales y aquí se juegan papeles muy importantes”, alertó Chacón.
De acuerdo con la analista, dos bandos pugnan por el control del Comité Cívico pro Santa Cruz, uno con Camacho a la cabeza y el otro con Fernando Larach al frente, ambos vinculados a logias de poder como Toborochi y los Caballeros de Santa Cruz, respectivamente.
Recordó Chacón que el Gobierno nacional convocó en reiteradas ocasiones al diálogo para resolver el tema del Censo de Población y Vivienda, sin embargo, pese a que las autoridades cedieron en varios temas, los cívicos no mostraron voluntad de llegar a una solución negociada.
Incluso, el titular del Comité Cívico cruceño, Rómulo Calvo, declaró a la cadena estadounidense CNN que después de la demanda del “Censo en 2023 sí o sí”, se pasará a la exigencia de la renuncia del mandatario Arce.
“Tenemos tres caudillos insensibles, no tienen olor a pueblo”, expresó la analista respecto a Camacho, Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar.
«Santa Cruz está secuestrada y sufre un boicot económico de tres representantes de logias, quienes pugnan por el control del Comité pro Santa Cruz en las elecciones de 2023», concluyó la politóloga.
 
 
 
 

Declaración del nuevo bloque de movimientos sociales impulsado por Evo Morales
 
"DEFENDER A LOS GOBIERNOS PROGRESISTAS", LA MISIÓN DE LA RUNASUR
 
Página 12 de Argentina (https://bit.ly/3NRHM1k)
 
La Runasur, un foro alternativo de movimientos sociales impulsado por el expresidente boliviano Evo Morales, presentó oficialmente la declaración final en la que representantes de 14 países proponen la formación de nuevos bloques regionales como factores de poder, una moneda regional y el restablecimiento de la paz y la armonía a través de un Estado plurinacional.
En una conferencia de prensa celebrada en una dependencia de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en Buenos Aires, Evo Morales manifestó que la Runasur se constituye como un nuevo movimiento para "enfrentar el intervencionismo y el armamentismo" y "defender a los gobiernos progresistas".
El bloque "tiene una definición ideológica, somos antiimperialistas y anticapitalistas por herencia y por vivencia. Entendemos que hay muchos movimientos sociales en todo el mundo y que a veces se habla de la socialdemocracia o hay personas que dicen que no son de izquierda ni de derecha, que son independientes, pero el que se ubica en medio siempre está con el lado opresor", evaluó Morales.
Del encuentro también participaron el excanciller boliviano Fernando Huanacuni y Lídice Altuve, vicepresidenta del venezolano Instituto Simón Bolívar para la Paz y Solidaridad entre los Pueblos, entre una decena de referentes sindicales y sociales de otros países de la región.
Pronunciamientos
"Condenamos la guerra judicial y la persecución estatal y mediática con toda el área aliada a nuestros líderes políticos populares como Luiz Inácio Lula da Silva, Evo Morales, Cristina Fernández de Kirchner, Rafael Correa y Milagro Sala, entre otros. Denunciamos que nuestras democracias están en continuo asedio", manifestaron los representantes.
También exigieron "la expulsión de bases militares de Estados Unidos y la OTAN y de cualquier otra potencia mundial de América Latina", repudiaron "el saqueo de los bienes comunes naturales" y "la detención del diplomático venezolano Alex Saab", reafirmaron "la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas" y condenaron "la ocupación ilegal de todo el territorio de la región que está en manos de usurpadores extranjeros como Joe Lewis".
Integrantes
Actualmente, la Runasur -cuyo nombre se forma por la conjunción de la palabra quechua Runa (hombre) y la sigla Unasur- está constituida por representantes y más de 30 organizaciones de Uruguay, Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Panamá y Colombia, entre ellas, las centrales sindicales argentinas CTA de los Trabajadores, CTA Autónoma y CGT, y la UTEP.
Los representantes destacaron que "la viabilidad de la región se expresa en la preservación de su independencia económica y su soberanía política sustentada en la 'unidad en la diversidad' de sus pueblos".
"La lucha histórica de los pueblos no ha sido una improvisación. La Constitución de Runasur es parte de una estrategia de unidad en la diversidad de los movimientos populares y permitirá revitalizar Unasur, Mercosur, Celac, los Brics y nuevos mecanismos de unidad e integración para promover lazos con base en la autodeterminación de los pueblos, el respeto de la soberanía de los estados", remarcaron.
Entre los principales puntos de la Declaración de Buenos Aires de Runasur se destacan las promociones de la economía a través de una moneda regional, de la unidad y articulación de los movimientos populares, pueblos originarios y organizaciones, de las democracias participativas, y de la soberanía y nacionalización de los recursos naturales, además del desarrollo de políticas de distribución y redistribución para el equilibrio de los pueblos y el fortalecimiento de identidades culturales.
 
 
 
 
 
ANIMALES FANTÁSTICOS: GATOPARDOS VERSUS ANFIBIOS POLÍTICOS
 
Quien tuvo una de las experiencias híbridas más eficaces de control de instituciones públicas y predominio en la calle fue, indiscutiblemente, Evo Morales, por medio de la alianza entre el partido MAS (Movimiento al Socialismo) y las organizaciones indígenas, aun cuando hubo facciones del indigenismo que marcaron precozmente diferencias con el masismo. Y si bien funcionó más de una década, la pretensión de una nueva reelección –no permitida en la Constitución del Estado Plurinacional y rechazada en un plebiscito de 2016, aunque autorizada por el Tribunal Constitucional en 2017– derivó en unos comicios de 2019 impugnados por la oposición y que, tras 21 días de protestas, se saldaron con un golpe de Estado que desalojó a Evo del Palacio Quemado.
 
El Mostrador de Chile (https://bit.ly/3WTN40b)
 
En el libro I de La Política, Aristóteles refiere a la humanidad como el zoon politikón o animal cívico. Y si, como dice el aforismo del psiquiatra Thomas Szasz, “en el reino animal, la regla es comer o ser comido y en el reino humano, es definir o ser definido”, la fauna política ofrece hoy una galería de animales fantásticos susceptibles de organizarse taxonómicamente.
Sin embargo, en los tiempos críticos que corren, en que el mundo pasado no termina de morir ni lo nuevo de nacer –parafraseando a Antonio Gramsci–, emergen dos singulares bestias cuya clasificación no es sencilla a simple vista: la Panthera uncia, irbis o “leopardo de las nieves”, si se prefiere, también conocido como gatopardo, un felino que habita alturas de Asia Central, entre los 4 mil y 6 mil metros, destacando por su habilidad en la caza de todo tipo de animales que en ocasiones pueden triplicar su tamaño. Un depredador nato de fuerte instinto territorial y astucia para mimetizarse con su entorno en ciertas épocas del año. Y a renglón seguido, el grupo de anfibios, cuyo nombre proviene etimológicamente del griego amphí ('ambos') y bíos ('vida'), literalmente «ambas vidas» o en este caso «en ambos medios», para destacar sus dos fases respiratorias,  branquial en la etapa larvaria y otra pulmonar cuando existe cierto desarrollo. Esa cualidad les permite interactuar en dos mundos. Se trata de un vertebrado capaz de desplazarse desde ambientes acuáticos a otros terrestres, pudiendo algunas subespecies secretar toxinas para defenderse de bestias predatorias en entornos ampliados.
Traducido políticamente, el «gatopardismo» sigue la idea de la novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1958) respecto a operar cambios para que las jerarquías oligárquicas sigan en el lugar de siempre, expresados en la paradoja “Hace falta que algo cambie para que todo siga igual”. En definitiva un giro aparente, impostado astutamente –como un gatopardo que tras una cromática rocosa oculta sus instintos–, que se asocia a un conservadurismo resistente a abandonar sus espacios de privilegios, pero que tácticamente es capaz de adaptarse a las circunstancias para así mantener aspectos relevantes del estatus precedente. Es decir, un engaño.
Los anfibios corresponden a políticos cuyo origen o crecimiento responde a un ciclo de movilizaciones y que, posteriormente, al acceder al establishment institucional, continúan recurriendo a la “calle” cuando determinados resultados no les satisfacen. Desde luego, es claro que la democracia tiene dimensiones agonistas o de conflicto, y otras de acuerdo y dirección política, y que tanto instituciones como protestas no violentas son parte de una vida política sana. Pero pretender estar en el poder y dirigir manifestaciones multitudinarias, habitar al Ejecutivo y encarnar el activismo antiinstitucional, tiene rasgos oximorónicos.
El primer caso –gatopardismo– puede ser representado por cierta derecha radical y populista, como la trumpista y bolsonarista, con agendas de cambios cosméticos, firmemente ancladas a visiones tradicionalistas y utopías de grandeza pretéritas, con un claro toque de palingenesia política. “Hagamos grande a América otra vez” y “Brasil por encima de todos” hacen parte de los mitologemas de renacimiento nacional (Boticci, 2016). En caso del ex jefe de Estado del salón oval, si seguimos a la reflexión de los estilos de política exterior de Walter Russell Mead (2017), podemos entender a Trump como jacksoniano –aludiendo al séptimo Presidente de la Unión, prototipo de la política exterior nacionalista del siglo XIX, agresivamente expansiva hacia el oeste y el sur del continente–, con un gobierno que interviene en la esfera internacional solo bajo dos premisas: la seguridad física y el bienestar económico de los ciudadanos de Estados Unidos, esto último bajo un claro signo proteccionista. Si alguno de esos principios corre riesgo, una represalia militar es una opción posible.
En el caso del presidente saliente del gigante sudamericano, es conocida su admiración por la época de la última dictadura militar brasileña (1964-1985) y el cultivo de vínculos preferentes con los institutos castrenses, con vicepresidente y cerca de un tercio de su gabinete cuyo origen es militar. Paralelamente, es menos conocida la resurrección de la nostalgia por la tradición parlamentaria de los tiempos de los Braganza (1826-1889) en la nueva derecha brasileña, que desde antes de Bolsonaro propició la fragmentación del Ejecutivo para un empoderamiento parlamentario de facto que asegurara la implementación de un proyecto ultraliberal de Estado mínimo (Wink, 2018).
El segundo caso –los anfibios–, apunta a los liderazgos que accedieron al poder liderando movimientos de base, al que no renunciaron una vez habitaron instituciones políticas. El chavismo es uno de los casos más preclaros, catapultado al Palacio Miraflores por el MVR (Movimiento Quinta República) para después generar desde arriba una “sociedad civil dependiente”, mejor conocida como Círculos Bolivarianos, con existencia desde 2001 a 2006, cuando los concejos comunales les sucedieron. Moisés Naím (2013) lo ha descrito como una GONGO, u Organización No Gubernamental creada y operada desde un Gobierno.
Existen otro tipo de articulaciones menos institucionalizadas. La versión kirchnerista del peronismo también ensayó en una primera etapa (2003-2011) una gramática de relaciones del núcleo justicialista del Grupo Calafate con el sindicalismo oficialista y las representaciones de trabajadores desocupados (“piqueteros”) e informales (Natalucci, 2018), reemplazando a los tradicionales apoyos de diversos sectores sindicales al interior de la Confederación General del Trabajo (CGT), que se mostraban más autónomos. Esta original dinámica de interacciones no sobrevivió a 2011, cuando la segunda elección de Cristina Fernández mostró que otra agrupación –conocida como La Cámpora– constituía el respaldo vertebrador del gobierno.
Quien tuvo una de las experiencias híbridas más eficaces de control de instituciones públicas y predominio en la calle fue, indiscutiblemente, Evo Morales, por medio de la alianza entre el partido MAS (Movimiento al Socialismo) y las organizaciones indígenas, aun cuando hubo facciones del indigenismo que marcaron precozmente diferencias con el masismo. Y si bien funcionó más de una década, la pretensión de una nueva reelección –no permitida en la Constitución del Estado Plurinacional y rechazada en un plebiscito de 2016, aunque autorizada por el Tribunal Constitucional en 2017– derivó en unos comicios de 2019 impugnados por la oposición y que, tras 21 días de protestas, se saldaron con un golpe de Estado que desalojó a Evo del Palacio Quemado.
De más está decir que, para ambas especies de animales políticos –gatopardos y anfibios– los acuerdos institucionales son medios temporales que se subordinan a su verdadero proyecto: para unos, la inmovilidad del grueso del escenario político, y para otros, un giro copernicano con el mínimo de concesiones. Por lo tanto, todo compromiso es estrictamente pasajero. El camuflaje y una cuota de cinismo hermanan a estas dos conductas, compartiendo una adhesión limitada al sistema liberal de pluralismo.
Conviene entonces no olvidar, pensando en Gramsci, que en el claroscuro del momento del cambio político cultural es precisamente donde puede surgir lo inesperado o, en este caso, vetustos políticos transformándose en animales fantásticos.
 
 
 
 
 
BOLIVIA PROFUNDIZA EN RAÍCES DE BLOQUEO DE EEUU CONTRA CUBA
 
Prensa Latina de Cuba (https://bit.ly/3tjbanv)
 
Los perjuicios del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba son hoy más visibles para decenas de bolivianos asistentes a una conferencia del embajador de la nación caribeña, Danilo Sánchez.
“Esa política surgió en los inicios de la década de 1960 como una reacción a la obra social de la Revolución en beneficio del pueblo y las nacionalizaciones de los grandes latifundios y los recursos naturales del país; los gobiernos estadounidenses no han tolerado nunca un Estado socialista en sus propias narices”, afirmó Sánchez.
El embajador intervino en el panel Estados Unidos y la agresión imperial contra Cuba, Nicaragua y Venezuela, junto a sus pares de esos países Elías Chévez y César Trómpiz, respectivamente, en el centro cultural Nayra Wiri.
Incluyó en su plática las ambiciones anexionistas de las que alertó José Martí en el siglo XIX y la intervención de las tropas norteamericanas cuando agonizaba el dominio español, para imponer una República neocolonial.
Comentó que el triunfo de la Revolución encabezada por Fidel Castro en 1959 barrió las estructuras neocoloniales y eso dio origen en Washington al surgimiento de un entramado de leyes que tienen como objetivo rendir por hambre y desesperación al pueblo cubano encadenadas a lo largo de 60 años.
Eso es lo que el mundo conoce hoy como bloqueo económico, comercial y financiero.
Sánchez se refirió a la reciente presentación en Naciones Unidas por trigésima vez de un proyecto de resolución sobre la necesidad de poner fin a esa política a la que denominó genocida, y recordó que fue respaldada por 185 países, con el único rechazo de Estados Unidos e Israel y la abstención de Brasil y Ucrania.
“En los últimos seis meses del Gobierno de Joseph Biden las pérdidas diarias por ese concepto equivalen a 15 millones de dólares”, refirió.
Recordó que durante su mandato Donald Trump añadió a esa estrategia de represalias de todo tipo otras 243 con el objetivo de destruir la Revolución.
Describió que en medio de las condiciones de la pandemia de Covid-19 se aplicaron esas medidas, las cuales en su mayoría mantiene el mandatario Biden, y por eso era imposible adquirir oxígeno en ese país al igual que medicamentos incluso para niños con cáncer.
Sánchez explicó que el bloqueo es el principal obstáculo para el desarrollo del país porque impide la importación de piezas de repuesto para reparar las viejas centrales energéticas y el uso del dólar en las transacciones internacionales, además de obstruir las inversiones extranjeras.
Indicó que para comprar algunos alimentos en Estados Unidos son necesarios permisos especiales y para ello Cuba debe pagar por adelantado.
 
 
 
 
 
EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA RETOÑA LA DEMOCRACIA
 
Luis Arce decidió clausurar el censo entre otras razones para mantener el perfil de electores que le diera el triunfo electoral y la ciudad se levantó en defensa de los valores más profundos de Bolivia
 
Infobae de Argentina (https://bit.ly/3NXHkyG)
 
Bolivia ha sido parte de mi metabolismo afectivo ya que fue el hogar de mis padres durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Con el correr de los años Venezuela fue refugio del presidente Hernán Siles Zuazo a quien recibimos en casa y de él aprendimos la dura gesta de los descendientes de los Incas.
De allí que a lo largo de mi vida haya seguido con interés y afecto el devenir de esa nación que yace en el corazón de Sur América. Y como tal hoy de su epicentro laten tiempos de cambio. Y vienen de la región que ha parido el desarrollo. Se trata de Santa Cruz, ciudad y región de Bolivia que encierran las virtudes de la ética de trabajo, creación de riqueza, actitud emprendedora, y confrontación de adversidades. Santa Cruz produce el 30% de PIB de Bolivia y ha producido la mayor proporción de clase media del país desde los años sesenta.
Hoy Santa Cruz de la Sierra protagoniza una gesta que tendrá consecuencias para la democracia Latinoamericana. Porque la región entera ha decidido poner fin a la conjura que en muchos países ha horadado las bases del sistema democrático al impedir el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Porque contrario a lo que muchos creen en América Latina el derecho a la autodeterminación no solo está amenazado por la práctica de la persecución política que protagonizan los regímenes del Socialismo del Siglo XXI sino por la presencia de una aguda debilidad institucional que impide que los servidores públicos actúen como administradores del patrimonio nacional y por lo tanto de guardianes de los activos que permiten la prestación de servicios públicos. Uno de esos servicios públicos es la identidad de los ciudadanos. Para administrarlo se requiere la existencia de estadísticas claras y exactas. Estas se obtienen via la realización de censos. Y en Bolivia en el 2022 se requería realizar un censo de la población para de allí extraer los datos que permitirán confeccionar el padron electoral.
Y el gobierno de Luis Arce decidió clausurar el censo entre otras razones para mantener el perfil de electores que le diera el triunfo electoral. Como las encuestas no son precisamente favorables el régimen ha decidido modificar el perfil poblacional.
Y los habitantes de Santa Cruz han decidió no aceptar esta manipulación. La región entera se alzó en protesta cívica no violenta. Ha participado en el paro laboral y continuará protestando hasta debilitar al gobierno de Arce y muy posiblemente sufrir las consecuencias que serán represión, encarcelamiento y tortura. Pero nada de esto hará que los cruceños den marcha atrás porque como dijera un participante en la propuesta ”empiezan por quitarnos la identidad y luego nos van a quitar la familia; el trabajo y el país”. Porque en Santa Cruz no se trata de regresar al status quo ex ante Evo Morales sino de implantar una sociedad democrática donde la sociedad civil sea la gran protagonista. Y esto sucede luego de que otra sociedad civil asumiera la defensa de la democracia en Chile y la de Brasil creara por la via del voto un sistema de pesos y contrapesos que dinamizaran el juego democrático. Como que hay razones para tener esperanza.
 
 
 
 
 
MERCOSUR: CAUTELA EN EL GOBIERNO POR LA POSIBLE REINCORPORACIÓN DE VENEZUELA
 
El presidente electo de Brasil, Lula da Silva, y el mandatario argentino, Alberto Fernández, intentarán también la incorporación plena de Bolivia como miembro.
 
Ámbito de Argentina (https://bit.ly/3O1tJGr)
 
El gobierno de Luis Lacalle Pou observa con cautela las posibles intenciones de Argentina y Brasil de levantar la suspensión de Venezuela en el Mercosur, una vez que Lula Da Silva asuma la presidencia del gigante sudamericano y termine la Presidencia Pro Témpore de Uruguay.
Las alarmas se encendieron en el Poder Ejecutivo luego de que se conociera que Alberto Fernández y Lula intentarán reintegrar al país gobernado por Nicolás Maduro al bloque regional, así como incorporar a Bolivia como miembro pleno. Sin embargo, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores señalaron que no han recibido ningún planteo formal que, en todo caso, esperan para el primer semestre de 2023.
El realineamiento de las posiciones en el Mercosur ya es algo esperado en el entorno de Lacalle Pou, sobre todo considerando que a principios de diciembre el mandatario uruguayo le entregará la Presidencia Pro Témpore del bloque a Argentina en una reunión en Montevideo. En el gobierno esperan que, de todos modos, la misma transcurra sin ruidos dado que Lula no participará y las tensiones con Fernández respecto de la posibilidad de negociar por fuera del Mercosur quedaron atrás.
Un Mercosur sin Venezuela y ¿sin Bolivia?
En agosto de 2017, los los presidentes Tabaré Vázquez, Mauricio Macri, Michel Temer y Horacio Cartes, acordaron suspender del bloque a Venezuela de forma indefinida por "ruptura del orden democrático". Ahora, frente a la posibilidad de que se modifique la sanción, desde la administración de Lacalle Pou ven difícil que se reúna el consenso necesario, considerando que Maduro continúa en el poder sin convocar a elecciones libres y con presos políticos.
Además, Caracas debería actualizar su normativa arancelaria, ya que en diciembre de 2016 fue suspendido por incumplir obligaciones de carácter económico y comercial que se había comprometido a implementar cuando ingresó en el grupo en el año 2012.
En cuanto a la incorporación de Bolivia, Brasil es el único país que no ha aprobado en el Senado su adhesión al bloque regional. Algo que también parece complejo que suceda incluso con el triunfo de Lula debido a la distribución de fuerzas en el Parlamento brasileño, donde los conservadores son mayoría.
La futura relación con Brasil
Lula ha sido explícito en su interés por refundar la Unasur y volver a posicionar a Brasil a nivel mundial. En este sentido, se ha acercado visiblemente a sus socios ideológicos en la región, como José Mujica — a quien invitó a acompañarlo durante toda la jornada electoral—, la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y el presidente peruano, Pedro Castillo. Sin embargo, aún no se ha comunicado ni con Lacalle Pou ni con Mario Abdo Benítez, los otros dos socios del Mercosur.
Esto abre interrogantes a cómo será la relación de Uruguay con uno de sus principales socios comerciales a partir del 2023.
 
 
 
 
 
CAZA DE VICUÑAS EN LA PUNA: ASEGURAN LOS DELINCUENTES OPERAN EN BANDAS EN TERRITORIOS DIFÍCILES
 
En muchos casos se trata de ciudadanos de Bolivia que cruzan la frontera para cometer los ilícitos y el origen de estas personas dificulta los procesos judiciales que pretenden sancionarlos.
 
Somos Jujuy de Argentina (https://bit.ly/3UAcuOC)
 
Hace algunas semanas se prendió una alarma en relación a la caza furtiva de animales en la Puna de Jujuy. En muchos casos se trata de ciudadanos de Bolivia que cruzan por pasos no oficiales, atentan contra la fauna argentina y regresan a su país.
En cuanto a este tema, el comisario de la Unidad Regional Nº5 de la Policía de Jujuy explicó que es un tema sobre el cual trabajan y llevan adelante operativos. Además, detalló que son "bandas de cazadores que hacen daño".
El Comisario remarcó que para este tipo de operativos tienen que disponer de vehículos aptos para los terrenos adversos atento a que estas cazas furtivas se desarrollan en medio de la Puna donde hay movilidades que no pueden ingresar.
"Trabajamos con personal de la zona, guardaparques y otro personal. Trabajamos con directivas del comando superior para prevenir esto", señaló explicando que es un "gran sector" que implica un gran trabajo con operativos de más de 48 horas continuas.
Hace algunos días la ministra de Ambiente y Cambio Climático se refirió a este tema remarcando que este fenómeno es parte de un proceso histórico que se incrementó en la medida que se fue valorizando en el mercado. "El delito se fue perfeccionando, hoy hay una red que funciona para garantizar esto y es probable que cuente con complicidad del lado argentino, les facilitan información a Bolivia que les permite moverse con impunidad a los traficantes", precisó.
Situación con ciudadanos de Bolivia que cruzan por pasos ilegales
En las últimas semanas hubo mayores registros de casos de caza de vicuñas en la Puna de Jujuy e incluso se emitieron sanciones a los que encontraron como responsables. Sin embargo, en muchos casos se trata de ciudadanos de Bolivia que cruzan la frontera para cometer los ilícitos y el origen de estas personas dificulta los procesos judiciales que pretenden sancionarlos.
"Cuando el protagonista del caso es de otro país nos complica en cuanto a las notificaciones que debemos enviarle", señaló Matías Ustarez como juez contravencional de la provincia de Jujuy.
Ustarez explicó que en los últimos días hubo encuentros con responsables de Seguridad y Ambiente para ver nuevas maneras de trabajo y lograr que los ciudadanos de otros países que delinquen atentando contra la fauna autóctona puedan ser sancionados con celeridad.
"La idea es participar e involucrarnos con el lado boliviano para favorecer el turismo sustentable y que no afecte a ningún lado", remarcó Ustarez en diálogo con Canal 7 de Jujuy.
Está prohibida la caza furtiva de vicuñas
Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático destacan la articulación de las fuerzas de seguridad y la justicia como la Gendarmería, la Policía de la Provincia y la Fiscalía ambiental.
Además, la invaluable acción de alerta temprana y vigilancia de las comunidades, activas protagonistas en el Plan de Manejo para su Conservación y Uso Sustentable de la vicuña, que se ocupan de su conservación y vigilancia.
La vicuña está protegida por las leyes N° 5634, N°3014, N° 5063 y Ley N° 22344. A la vez se informa que desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático se accionarán con las actuaciones administrativas de rigor, denuncias penales y sanciones correspondientes.
 
 
 
 
 
SELVA AMAZÓNICA BAJO ATAQUE POR TODOS LOS FLANCOS
 
La región amazónica de Bolivia se extiende por cinco departamentos del norte del país: Pando, Beni, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. En total, cubren algo menos de 60 millones de hectáreas.
 
Insight Crime.Org (https://bit.ly/3hkv92q)
 
La cuenca amazónica está siendo talada a un ritmo acelerado. Los delitos ambientales están impulsando una creciente deforestación que ha llevado a que algunas partes de la Amazonía actualmente emitan más dióxido de carbono del que absorben.
La cuenca amazónica, dos veces más grande que la India, se extiende por más de 670 millones de hectáreas entre Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa.
Este informe revela los delitos ambientales en las regiones amazónicas de Bolivia, Venezuela, Ecuador, Guyana y Surinam. Es el producto de un año de investigación de campo y de fuentes abierta —incluyendo investigación de escritorio y entrevistas telefónicas y personales con expertos en delitos ambientales, funcionarios gubernamentales, fuerzas de seguridad, académicos y otras personas— en estos países.
Estos cinco países representan alrededor del 20 por ciento de la Amazonía. En conjunto, albergan alrededor de 91 comunidades indígenas diferentes.
La región amazónica de Bolivia se extiende por cinco departamentos del norte del país: Pando, Beni, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. En total, cubren algo menos de 60 millones de hectáreas.
En Venezuela, tres estados del sur conforman la región amazónica del país: Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas. Bolívar alberga alrededor de un tercio de los bosques del país.
La región amazónica de Ecuador abarca solo el dos por ciento de la Amazonía, aunque alberga una de las últimas áreas silvestres de alta biodiversidad del mundo: el Parque Nacional Yasuní. Seis provincias orientales conforman su región amazónica. Estas incluyen Sucumbíos al norte; Napo, Orellana y Pastaza en el centro; y Morona Santiago y Zamora Chinchipe al sur.
Alrededor del 98 por ciento de Guyana está clasificado como parte del Amazonas. Aproximadamente tres cuartas partes del país están cubiertas por bosques.
Asimismo, más del 90 por ciento de Surinam forma parte de la Amazonía. Sus tres distritos del sur, Para, Brokopondo y Sipaliwini, forman parte de la región. El mayor de los tres, Sipaliwini, abarca alrededor de tres cuartas partes del territorio nacional de Surinam.
La información recopilada se ha utilizado para elaborar una panorámica del funcionamiento de los delitos ambientales, de los actores implicados, de cómo se interconectan con economías legales y de lo que están haciendo los gobiernos para frenar la deforestación y sus motores. El informe concluye con algunas oportunidades de intervención.
La cuenca amazónica abarca una parte importante de la biodiversidad mundial conocida. La gigante selva desempeña un papel fundamental como reserva de carbono. Sin embargo, este sumidero de carbono está disminuyendo a medida que los árboles se talan a un ritmo más acelerado.
Según Global Forest Watch, una plataforma en línea que hace un seguimiento periódico de la deforestación en todo el mundo mediante una metodología estandarizada, los cinco países de nuestro estudio perdieron en conjunto más de 10 millones de hectáreas de cubierta forestal entre 2001 y 2021. Esto equivale a talar todo el territorio de Portugal.
Los bosques amazónicos se enfrentan a un doble riesgo. A medida que los grupos criminales se diversifican en la región y dejan de depender únicamente del tráfico de drogas, han encontrado más oportunidades en delitos ambientales, como el tráfico de madera, la minería ilegal y el tráfico de especies silvestres.
Por otro lado, los gobiernos de la región amazónica no han logrado encontrar un balance entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente. La creciente demanda de productos como la carne de vacuno o el aceite de palma, y la consiguiente expansión de la frontera agroindustrial en la Amazonía, han creado presiones sobre los bosques y las comunidades que los habitan.
Los diferentes retos a los que se enfrentan los cinco países de estudio —como los relacionados con la pandemia de COVID-19, la inseguridad o el caos político y criminal— han ensombrecido la protección de la Amazonía. La falta de recursos adecuados y de cohesión entre estas naciones estimula aún más la deforestación desenfrenada, la destrucción del hábitat y la pérdida de biodiversidad.
Al igual que en Perú y Colombia, los principales actores implicados en los delitos ambientales en estos países se clasifican en las siguientes categorías: redes criminales corporativas, grupos armados no estatales (GANE), mano de obra barata y actores legales —como autoridades estatales corruptas o empresas legalmente registradas— que también participan facilitando estos delitos.
En Venezuela, por la presencia de grupos armados no estatales, es frecuente ver la participación de estos actores en la minería ilegal. En otros países, los daños ambientales son fomentados por actores legales, como es el caso de los gobiernos que fomentan la agricultura en Bolivia y Ecuador. Sin embargo, a menudo se les asocia con actos ilegales, como el acaparamiento de tierras o los incendios incontrolados para despejar dichas tierras.
Aunque los principales motores de deforestación varían de un país a otro, hay uno que es común en toda la región: la minería ilegal de oro. El auge de la minería ilegal despegó en sus vecinos Colombia y Perú. Los lucrativos beneficios y la dinámica criminal que surgió allí proporcionaron un modelo para su expansión hacia Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Guyana y Surinam.
Tras la hiperinflación y los problemas económicos de Venezuela, el régimen del presidente Nicolás Maduro recurrió a sus reservas de oro para apuntalar su gasto. Las ganancias del oro ilegal han fortalecido a los funcionarios estatales corruptos y a los grupos armados no estatales presentes en el país, desde disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hasta los grupos criminales locales conocidos como “sindicatos”.
El panorama minero de Guyana está dominado por un pequeño número de empresas que poseen los títulos de propiedad de grandes extensiones de tierra, lo que les permite a los pequeños y medianos mineros operar en sus concesiones a cambio de una cuota.
La dinámica de la minería de oro de Surinam está aún más concentrada, con solo dos empresas internacionales, que traen mano de obra tanto local como internacional para operar en sus concesiones, controlando el acceso a gran parte de la riqueza mineral del país.
En ambos países, los pequeños mineros ilegales impulsan la demanda de mercurio, contaminando el entorno y las fuentes de agua.
En Ecuador, los mineros ilegales invaden las explotaciones industriales legales. Por su parte, en Bolivia, las cooperativas mineras trabajan más allá de sus límites o sin permisos.
La región es también un centro de tráfico de fauna silvestre. La floreciente demanda de animales y sus partes amenaza a cientos de miles de aves, reptiles y mamíferos. Los jaguares son atrapados por su cráneos, pieles y colmillos. Las partes de jaguar se envían a China por avión o a través de servicios postales. En el país asiático, a menudo se hacen pasar como productos extraídos de tigre, que son apreciados para dudosos fines medicinales y para la fabricación de abrigos.
A diferencia de Colombia —donde diversos elementos de las antiguas FARC han desempeñado un papel importante en la minería ilegal, el acaparamiento de tierras vinculado a las actividades ganaderas y agrícolas y el cultivo de coca—, los grupos armados no estatales desempeñan un papel menos relevante en los otros países de nuestro estudio. Aparte de Venezuela, donde los grupos armados no estatales están muy implicados en la minería ilegal, los principales actores en los países de nuestro estudio son las redes criminales corporativas involucradas en el tráfico de madera, la minería y el tráfico de especies silvestres.
Para detener el cambio climático, los líderes mundiales se reunieron en Glasgow (Escocia) en la Cumbre del Clima COP26 en noviembre de 2021. Allí, 110 países se comprometieron a frenar la deforestación mundial para 2030. La abstención de Bolivia y Venezuela, dos de los países con las mayores tasas de deforestación en la Amazonía, apunta a un problema mayor que ha obstaculizado los esfuerzos para abordar la deforestación y los delitos ambientales que la estimulan en la región: la débil cohesión regional.
Se han establecido iniciativas regionales destinadas a abordar cuestiones de justicia ambiental, como el Acuerdo de Escazú. Sin embargo, estas se han visto eclipsadas porque los países amazónicos nunca han marchado juntos cuando se trata de proteger la Amazonía. Los intereses nacionales han prevalecido sobre los regionales. Las rivalidades diplomáticas y las agendas de desarrollo económico han primado habitualmente sobre la protección de la Amazonía. Además, la corrupción ha actuado como una firme barrera contra la sincronización de esfuerzos y debe ser abordada con rigor.
 
 
 
 
 
"UTAMA": AMOR Y SEQUÍA
 
La República de Italia (https://bit.ly/3G0pI3b)
 
Deambulan por la meseta lanzando balidos como gemidos de infante, de sus orejas cuelgan elegantes cintas de un rosa brillante, creo que sirven para vigilarlos, para que se destaquen en el fondo. Hay una treintena de llamas blancas, perderlas de vista cuando todo está desierto sería un gran problema. ¿Qué sobrevivirían Virginio y Sisa, una pareja de viejos criadores de quechua, que siempre han sido hijos de aquellas alturas sagradas e inhóspitas? En quechua, utama significa “nuestra casa”, que es el paisaje del Altiplano.
Se llama Utama. The Forgotten Lands , la ópera prima de Alejandro Loayza Grisi , gran en los Oscar 2023.Boliviapremio del jurado en el Festival de Cine de Sundance y representante de Para Sisa y Virginio el tiempo pasa lento, la vida es dura, las palabras pocas, el amor una razón de vivir, pero también una necesidad de supervivencia. Pero ahora el paisaje, "su hogar", comienza a enfermar, la sequía aumenta, la primavera se seca, los llamas tienen sed y caminan inseguros. La historia de amor de la pareja se entrelaza con la historia de muerte del paisaje. Película íntima y a la vez política, Utamanarra, en una continúa alternancia de figura y fondo, la crisis colectiva del entorno y la personal del avance de la edad. Nos pide escuchar los silencios de lo viejo y reflexionar sobre la pertenencia a los lugares, sobre el sentido de la vida que nos ata a la memoria pero luego nos obliga a cambiar, ya sea mudándonos a la ciudad o acogiendo los presagios de la pérdida.
Para cuidar todo esto -los dos abuelos viejos y un poco de nosotros los espectadores también-, afortunadamente hay un nieto resolutivo e inteligente, hasta el punto de llamarse Clever. ¿Mojarán las lluvias estas tierras antes de que el cóndor haga su ronda?
 
 
 
 
 
LOS KJARKAS: ¿QUIÉN ES MAKOTO SHISHIDO, EL JAPONÉS QUE INTEGRA EL GRUPO BOLIVIANO?
 
En 2002, Makoto Shishido se convirtió en el primer y único integrante extranjero de la agrupación folklórica boliviana. Conoce la historia del japonés y cómo logró ingresar a Los Kjarkas.
 
La República de Perú (https://bit.ly/3A2vxt9)
 
Los Kjarkas es un famoso grupo musical boliviano fundado en 1965 por los hermanos Wilson, Castel y Gonzalo Hermosa. Aunque “Negrita”, “Llorando se fue” y “Jilguero flores” son algunos de los temas musicales que hicieron conocida a la agrupación, desde hace más de una década, Makoto Shishido, integrante japonés de la banda folklórica, ha llamado la atención del público.
Desde 2002, Shishido ha formado parte de Los Kjarkas al desempeñarse como charanguista de la agrupación. En este sentido, te contamos quién es y cómo se convirtió en el único extranjero del grupo boliviano.
¿Quién es Makoto Shishido, el integrante japonés de Los Kjarkas?
Makoto Shishido nació en Kanagawa, Japón, el 22 de octubre de 1977 en la cuna de una familia de músicos. A los 6 años comenzó a estudiar música y aprendió a tocar los instrumentos nativos bolivianos en la escuela de Minoru Fukuoka.
Años después, su primer acercamiento al grupo de Los Kjarkas llegaría. En 1985, a la edad de 8 años, asistió a un concierto de la banda en Japón.
“Los Kjarkas llegaron a mi ciudad, tocaron y cantaron con mucho sentimiento. Ese fue el momento en que me enamoré totalmente de la música boliviana”, comentó Shishido en el documental de la agrupación.
Durante su adolescencia continuó sus estudios en la música folclórica. A los 18 años ingresó al conservatorio musical de Tokio y creó el grupo musical Raíces.
¿Cómo Makoto Shishido logró formar parte de Los Kjarkas?
En 1998, Makoto Shishido decidió viajar a Cochabamba, Bolivia, para averiguar más sobre la música de ese país. En ese viaje conoció a Fernando Torrico, exmiembro de Los Kjarkas, quien le enseñó nuevas técnicas musicales en el charango.
Sin embargo, su gran oportunidad llegaría en 2001, cuando el grupo estaba en búsqueda de una charanguista. Según comentó Wilson Hermosa, fue él quien le propuso a su hermano Gonzalo Hermosa para que Makoto Shishido se presentara en el casting.
“Un día le dije a Gonzalo que incluyéramos a Makoto al grupo. Él me dijo: ‘No, pero él no habla bien el castellano’. Al inicio no pasó, pero le dije a Gonzalo que le diera otra oportunidad”, comentó Wilson Hermosa.
Así Makoto Shishido logró ser parte de Los Kjarkas en 2002. Actualmente cuanta con 20 años en la agrupación boliviana.