Thursday, November 24, 2022

“HORDAS FASCISTAS DE SANTA CRUZ INVIERTEN CONTRA LA DEMOCRACIA BOLIVIANA”, DENUNCIA LÍDER DEL PARTIDO MAS

“El bloqueo indefinido que impulsa el gobernador Camacho y su mafia es una dictadura sobre la región”, dice Rodrigo Bustillos, asesor del Movimiento Ao Socialismo (MAS) en el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.



La Unión Juvenil Cruceñista, punta de lanza de la violencia golpista en Bolivia. Es la organización paramilitar de la élite cruceña, destinada a defender intereses oligárquicos, y se fundamenta ideológicamente en el racismo y el fascismo, su admiración histórica por grupos como los Utachas de Croacia y por las ss de la Alemania nazi

“Lo que está pasando ahorita en el Estado es una dictadura sobre la región, a través de un bloqueo indefinido promovido por el gobernador Luis Fernando Camacho y sus hordas neofascistas”, denunció Rodrigo Bustillos, asesor del Movimiento Hacia el Socialismo (MAS), en la Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en entrevista exclusiva.

Líder del partido del presidente Luis Arce y del expresidente Evo Morales, Bustillos informó que los autodenominados “cívicos” de la Unión Juvenil Cruzenhista son los mismos que defendieron la quema de Whipala -símbolo indígena oficial del país- durante Jeanine El golpe de Añez contra Evo en 2019.

“Son milicias manejadas por grandes grupos corporativos, empresariales, industriales y mediáticos -como las emisoras Unitel y Rede Uno- que nos tienen cautivos desde hace más de 30 días por paros y bloqueos indefinidos con los que pretenden imponer su agenda por encima de la intereses de la comunidad. Es una acción intrascendente que busca degenerar la democracia, lo que significa un deterioro de la economía con graves perjuicios, sobre todo para los más humildes y desprotegidos”, agregó.

El líder juvenil del MAS, Bustillos explicó que, “en la práctica, el bloqueo representa una violación por parte de la oligarquía de la población en su conjunto como su derecho al ir y venir, al trabajo y a la educación, con una terrible censura a tal extremo que si alguien discrepa con ellos se convierte en enemigo de Santa Cruz”.

“La situación llega a tal punto que si la persona es de otro estado, la presionan para que regrese porque no es de aquí. Para estas pandillas, la persecución y el prejuicio no conocen límites”, agregó.

PÉRDIDA POR BLOQUEO SUPERA LOS MIL MILLONES DE DÓLARES

Al recordar que sectores productivos que no estaban de acuerdo con la visión de esta casta oligárquica recibieron como respuesta llantas que les prendieron fuego frente a su entidad empresarial, el dirigente juvenil subrayó que “el bloqueo está provocando pérdidas que ya superan los mil millones de dólares, lo que ha significó que diversos sectores sociales comenzaron a organizarse y movilizarse, comenzando a tener duros enfrentamientos, incluso con muertos en la ciudad”. “Son innumerables los sectores sociales como transportistas, vendedores ambulantes, comerciantes y trabajadores que, viniendo de los lugares más lejanos, comenzaron a realizar marchas y desbloqueos de estos tranques levantados por grupos paramilitares”, agregó.

Hasta el momento, informó Rodrigo Bustillos, “hemos acumulado muertos y heridos, y todo tipo de agresiones a mujeres, ancianos y trabajadores de la salud”. “Ha habido casos en los que incluso a quienes están cargando a sus difuntos se les prohibe, algo completamente irracional. La situación es sumamente crítica, la economía está en su punto más bajo y los derechos fundamentales están siendo violados permanentemente”, protestó.

Según el dirigente juvenil, “cabe mencionar que Santa Cruz es el motor de la economía boliviana, el principal catalizador de la economía nacional, con cerca de cuatro de los 12 millones de habitantes del país”. Como ha señalado la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa, “ya hemos perdido el 15% de nuestros puestos de trabajo, un porcentaje importante de nuestra plantilla, porque los mejores meses para la producción y el comercio son precisamente octubre y noviembre”.

Un punto relevante, informó Bustillos, es que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial van respondiendo uno a uno a las demandas de estos colectivos, como la anticipación de realizar el Censo de Población y Vivienda, lo que se traduce en una mayor participación del Santa Cruz en el Presupuesto Nacional y en la representación parlamentaria, “no habiendo, por tanto, justificación para la continuación de la protesta”. Y el Censo recién se realizará en 2024, y no ha ocurrido antes, dijo, porque la extrema derecha dio el golpe de Estado a Áñez -quien actualmente está presa por los asesinatos e innumerables delitos cometidos- y, posteriormente, pasó la epidemia de coronavirus. .

“La principal bandera de batalla de esta oligarquía era el censo, que no es más que un conteo estadístico de la población. Lo que hicieron fue transformar un simple trámite administrativo en toda una odisea de luchas y terribles enfrentamientos, gestionados por la élite gobernante. En reiteradas ocasiones, el gobierno de Luis Arce los convocó a reunirse en el espacio donde, por ley, debían debatir, en este caso el Consejo Nacional Autonómico. Es este espacio el que debe reunir al presidente, ministros, los nueve gobernadores, representantes de las 556 alcaldías del país, miembros de la Federación de Municipios y representantes de las autonomías indígenas y regionales. Son ellos, en cuanto a la democracia representativa, por haber sido elegidos por votación, los que deben sentarse y definir las cuestiones relativas al censo o al pacto fiscal, distribución de la riqueza”, declaró el consejero del MAS. La anticipación del censo a 2023, como ahora se adjuntan, reiteró Bustillos, ya ha demostrado ser inviable por razones técnicas, por tratarse de un movimiento meramente oportunista.

SABOTAJE DE CAMACHO                     

En ese escenario, informó, “no estuvo presente el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho”. “Este fue el primer punto de inflexión y ruptura por parte del gobernador de Santa Cruz. En una segunda convocatoria realizada en Cochabamba, cuando ya estábamos en medio del bloqueo, Camacho tampoco se presentó. Esto quiere decir que el Censo de Población y Vivienda nunca fue su prioridad, sino intereses políticos de desestabilización para provocar la ruptura de Bolivia desde Santa Cruz. Los golpistas manipulan abiertamente para hacer propaganda de la 'independencia' con el Estado plurinacional”, dijo.

Al recordar lo que se practicó con el intento de implementar la llamada “Media Luna”, cuando en 2008 pretendieron fragmentar el país, para incorporar los estados de Beni, Pando y Tarija, Bustillos evalúa que hoy los divisionistas están más aislados. Recientemente, el embajador estadounidense Philip Goldberg había sido expulsado del país.

“El hecho es que estos sectores empresariales son movidos por otras banderas de lucha y que, tal como se contemplan, presentan otros reclamos, manteniendo indefinido el bloqueo. Es algo que se asemeja al neofascismo bolsonarista, en lo que José Saramago señala como 'democracia degenerada', que vulnera abiertamente los derechos de los demás. El gobierno ya se comprometió a crear una ley para garantizar la realización del Censo en 2024, pero aún así continúan con el paro y bloqueo, lo cual es una agresión insostenible a la libertad y los derechos de la comunidad”, concluyó. Hora de povo de Brasil (https://bit.ly/3tXbLM7)

 

 

 

 

 

BOLIVIA: LA GUERRA DEL CENSO

 

Cómo el MAS alienta el rearme de la derecha y su accionar golpista

 

Prensa Obrera de Argentina (https://bit.ly/3guYW8L)

 

Hace 33 días que se desarrolla un “paro cívico” en Santa Cruz, uno de los nueve departamentos que componen Bolivia. Es el más rico y el único que está dirigido por un derechista-fascista, Camacho, que fue motor esencial del golpe de Estado de 2019.

El paro enfrenta al Comité Cívico de Santa Cruz con el gobierno nacional de Arce (MAS).

Cuando se escuchan los motivos alegados para este enfrentamiento suena a farsa de realismo mágico. Están “debatiendo” la…. ¡fecha del censo de población y vivienda!

Habiéndose postergado por la pandemia, originariamente fue convocado para realizarse en octubre de 2023. Pero el gobierno del MAS lo pasó a mayo de 2024. Ante el reclamo de Camacho -después de varias semanas de “paro cívico”-, el gobierno integró una comisión técnica con representantes de cada departamento. Aquí tampoco hubo acuerdo: el presidente Arce sacó un decreto adelantando el Censo de mayo a marzo de 2024.

¿Qué es lo que hay detrás de la batalla por la fecha del Censo en Bolivia?

El censo debe marcar, de acuerdo a su población, la coparticipación de cada departamento en los ingresos del Estado Nacional. Santa Cruz es el estado más grande. Segundo, pero fundamental, indicará la cantidad de diputados que correspondería elegir a cada departamento en las elecciones de 2025. El Tribunal Electoral había insinuado que el trabajo para ordenar el padrón nacional y la cantidad de diputados correspondiente a cada departamento podría llegar a no ser aplicado en las elecciones de 2025. Porque se trata de armar un padrón preciso de candidaturas uninominales en muchos distritos. Evidentemente, estamos frente a maniobras de gobierno para mejor dominar el padrón y las finanzas que debe repartir con los nueve departamentos.

El “paro cívico” consistió en gran medida en piquetes que cortaban rotondas y calles impidiendo el tránsito. Para apuntalar este “paro” se revitalizó la existencia de una serie de organizaciones fascistoides (Unión de Juventudes Cruceñas, etc.) que salieron a imponer la medida a como fuera. La acción derechista en las calles provocó el inicio de movilizaciones de campesinos y trabajadores en repudio. Una marcha sobre el centro de Santa Cruz fue enfrentada a palos por las organizaciones fascistas que culminó con el incendio de la sede de la Confederación campesina y la ocupación y destrozo del local de Central Obrera Departamental.

Desde el gobierno y las estructuras del MAS se levantaron cualquier tipo de movilización contra la derecha en Santa Cruz, como muestra de “buena voluntad”, dejando las calles en manos de la derecha fascistoide, que esta aprovechó para atacar barriadas populares, refractarias del “paro cívico” (Plan 3000, etc.).

Finalmente, el gobierno de Arce cedió y en el decreto que fija la fecha del censo para marzo de 2024 aclara que la coparticipación se calculara automáticamente con los resultados y que la distribución de bancas se realizaría dentro de los seis meses.

Sin embargo, Camacho convocó a un “Cabildo Abierto” en Santa Cruz, para el domingo 13, donde se esperaba que levantara la medida. Asombró a todo el mundo la masividad de la concurrencia. Sin debate, se puso a votación un ultimátum al gobierno: 72 horas de tiempo para liberar a los presos detenidos por las movilizaciones y agresiones fascistoides y que la convocatoria al Censo quedara explicitada en una ley votada por el Parlamento nacional.

Al cierre de esta edición, el Parlamento está discutiendo en horas de la noche un proyecto para fijar fecha y modalidad del censo. Lo que parecía que sería un tramité ya que el MAS cuenta con mayorías en ambas cámaras, se ha convertido en una crisis. El MAS está dividido entre los “renovadores”, que dirige el presidente Arce, y las fuerzas que siguen al expresidente Evo Morales. Los “evistas” acusan a los “renovadores” de hacer acuerdos con la derecha para repartirse las presidencias de las cámaras y comisiones, excluyéndolos. El MAS, sin distinción de facciones, está inmerso en una deriva de tipo arribista (cambios de gabinete, candidaturas para la elección de 2025, etc.) que desvía al movimiento obrero y campesino de la problemática de enfrentar a la derecha que, con esto, se agranda después de salir fuertemente golpeada tras la derrota del golpe de 2019.

La derecha fascistoide santacruceña ha amenazado con reclamar una reforma constitucional que introduzca el federalismo para dar mayor autonomía a su gobierno estadual e incluso con retomar la bandera de la independencia y secesión territorial. Muestra sus dientes racistas, provocadores y antipopulares, y está sosteniendo un “paro cívico” progolpista, aprovechando de la pusilanimidad del MAS y de su división. El dirigente de la Central Obrera (COB), Juan Carlos Huarachi, llamó a que el gobierno de Arce decretara el estado de sitio para poder intervenir con la policía en Santa Cruz y detener el accionar fascistoide. Se opone a la movilización de masas para enfrentar el accionar fascista. Este dirigente es el mismo que, en 2019, llamó a renunciar a Evo Morales y aceptó el golpe. El MAS en su conjunto, más allá de discursos altisonantes, ha buscado apaciguar a la derecha, renunciando a enfrentar su acción fascistoide con la movilización popular-campesina.

El Partido Obrero Revolucionario (POR) no ha pasado a apoyar abiertamente el accionar de los “cívicos” derechistas, como sí lo hizo en el golpe de 2019, que sigue considerando que fue una revolución popular. Pero acusa, ahora, al MAS que con sus limitadas muestras de manifestación de haber “provocado” el accionar derechista. Defiende el derecho “democrático” de los agrupamientos fascistoides a cortar las rutas (atacando las organizaciones obreras e indígenas) y desarrollar su acción golpista. “La agresión contra los bloqueos cívicos más bien despertó el malestar contra la marcha y contra la policía”, justifica Masas, el diario del POR.

En 31 días de “paro cívico” en Santa Cruz, la masa de trabajadores autónomos no pudo salir a ganar su pan y los trabajadores permanentes obligados a tomarse vacaciones o a resignar ingresos.

Lo más probable es que el Parlamento termine armando un acuerdo entre el fascistoide Camacho y las diversas alas enfrentadas del MAS.

La lucha por la independencia del movimiento obrero, campesino y popular está más en el orden del día que nunca. El nacionalismo burgués indigenista del MAS alienta, con su parálisis, la intervención provocadora de la derecha. En primer lugar, es necesario que en cada barriada y fábrica se organice la autodefensa contra el accionar fascistoide. Segundo, reclamar por la compensación económica a los autónomos y desocupados y por los salarios caídos a los trabajadores, perjudicados por el lock-out patronal, imponiéndosela a las patronales y al gobierno camachista y, eventualmente, al gobierno nacional del MAS. Es necesario que la COB y las centrales campesinas y populares rompan su subordinación al gobierno y a las camarillas burguesas y voten un plan de movilización con paros, cortes y marchas para aplastar al golpismo en su huevo e imponer las reivindicaciones del pueblo explotado. El problema de fondo es organizar asambleas obreras, campesinas y populares que discutan y aprueben una plataforma reivindicativa nacional, que comprenda también la nacionalización bajo control obrero de la gran minería (litio, etc.) y una real reforma agraria que expropie a los latifundistas capitalistas. Esto quitaría poder de sustentación al segregacionismo santacruceño y su accionar fascista.

 

 

 

 

BOLIVIA ENFRENTA CAMBIOS POLÍTICOS TRASCENDENTALES

 

Rebelión de España (https://bit.ly/3Vst6s5)

 

La incertidumbre y falta de decisiones estratégicas de los principales conductores de la “Revolución Democrática y Cultural” en Bolivia; las variadas reuniones entre el Presidente y Líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales Ayma, con el Presidente y el Vicepresidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, a veces con los Ministros, otras con los dirigentes de los Movimientos Campesinos, Indígenas, Interculturales y Mujeres y la Central Obrera Boliviana (COB) y otras con dirigentes del MAS, sin resultados efectivos; y la realización de gigantescas concentraciones y marchas de centenares de miles de hombres y mujeres de los sectores populares “en defensa de la democracia y el gobierno del MAS”; son las huellas características del momento actual en el país.

Enfrente, la oposición neoliberal, conservadora y oligárquica, constituida en primer lugar por el Comité Cívico de Santa Cruz, los medios de comunicación empresariales, los partidos minoritarios de la Asamblea Legislativa, Comunidad Ciudadana (CC) de Carlos Mesa y CREEMOS de Fernando Camacho, actual Gobernador de Santa Cruz, algunas plataformas ciudadanas y sectores sociales y agentes de la derecha latinoamericana instalada en Miami y Washington; intentan repetir el libreto del Golpe de Estado de octubre-noviembre de 2019 aprovechando cualquier tema o asunto coyuntural y, ahora, las disputas en el oficialismo.

La confluencia de conflictos regionales, políticos y sociales dentro y fuera del gobierno y del MAS contrasta con un panorama económico estable, en el cual los indicadores de crecimiento económico, exportaciones, balanza comercial, balanza de pagos, inflación, estabilidad monetaria e industrialización marcan resultados positivos, a pesar de las presiones negativas de la crisis económica internacional post pandemia y por la Guerra de Ucrania.

TENSIONES ENDÓGENAS Y EXÓGENAS

En este contexto general, los avatares que enfrenta en las últimas semanas el proceso político en el país se ha acentuado aceleradamente tanto por acciones desde la oposición regional y política y los medios de comunicación de las corporaciones privadas por el tema relacionado a la fecha de realización del Censo de Población y Vivienda y por los conflictos dentro del bloque de poder constituido por el Pacto de Unidad (PU), la COB, los parlamentarios de la Asamblea Legislativa, los ministros del gobierno central y la dirigencia del MAS, abriendo así una serie de interrogantes sobre las perspectivas de las transformaciones históricas y revolucionarias desarrolladas en los últimos veinte años.

El paro de actividades impulsado regionalmente por el Comité Cívico, la Gobernación y el denominado Comité Interinstitucional de Santa Cruz que, mediante la violencia y las acciones de los grupos de choque de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), impugnando la fecha de realización del Censo Nacional de Población y Vivienda, fijada por el gobierno para 2024, y pidiendo su realización en 2023, se extendió por más de tres semanas, provocando pérdidas estimadas por el gobierno en mil millones de dólares, la muerte de cuatro personas y enfrentamientos violentos con la policía. Este movimiento lo conducen Fernando Camacho y Rómulo Calvo que, junto a Jeanine Añez, ahora presa y sentenciada a diez años de cárcel, ejecutaron el Golpe de Estado de 2019.

Camacho y Calvo representan a los sectores de poder regional, a los terratenientes del oriente, a las logias Toborochi y Caballeros del Oriente y cuentan con el respaldo de grupos federalistas y separatistas. En sus movilizaciones sus dirigentes demandaron a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas a asumir posiciones adversas al gobierno, como lo hicieron en 2019 cuando se ejecutó el Motín Policial y la insubordinación de los altos mandos militares para derrocar a Evo Morales. Asimismo, debido a su relación con los grandes agroexportadores soyeros y Gobernadores de los estados brasileños limítrofes, estas logias mantenían expectativas de que Jair Bolsonaro consiga ganar las elecciones en Brasil.

Ante esta situación las organizaciones populares de la ciudad de Santa Cruz, juntas vecinales de los barrios periféricos, transportistas, comerciantes, vivanderas y gremiales que se veían perjudicados económicamente, se enfrentaron contra los impulsores del paro, y simultáneamente los movimientos sociales de campesinos, mujeres campesinas, indígenas e interculturales del Pacto de Unidad (PU) y del MAS rodearon y cercaron la ciudad de Santa Cruz impidiendo el ingreso de alimentos y otros productos de consumo; generando una situación alta tensión y enfrentamientos violentos.

RECHAZO AL DIÁLOGO Y AL CONSENSO

Mientras tanto los medios de comunicación empresariales, especialmente los periódicos El Deber, Los Tiempos y Página Siete y los Canales UNITEL y UNO desarrollaron campañas abiertamente conspirativas contra el proceso democrático buscando repercusiones y apoyos al movimiento cruceño desde las otras regiones de Bolivia, especialmente la sede de gobierno, sin conseguir respaldo importantes, excepto pequeñas marchas y concentraciones en Cochabamba, Tarija y La Paz que no tuvieron mayor repercusión

El presidente del Estado Plurinacional y las autoridades abrieron diversos canales de diálogo y debate en los nueve departamentos del país en torno a la definición técnica de la fecha del censo contando con el asesoramiento de funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE). El gobierno, después de consultas con todas las Gobernaciones, Municipios, Instituciones y Universidades de Bolivia y de realizar una Cumbre Nacional en la ciudad de Cochabamba, determinó establecer para el 23 de marzo de 2024 la fecha definitiva, dejando aislado al movimiento radical de la derecha violenta y antidemocrática.

Los resultados del Censo serán importantes porque permitirán definir la distribución de recursos económicos en función del número de habitantes en cada departamento, municipio y universidad pública, así como la redistribución de escaños parlamentarios para las elecciones de 2025. Al respecto, el Tribunal Electoral Plurinacional firmó un acuerdo con la Cámara de Diputados y el Ministro de Planificación para asegurar que los resultados censales sean entregados en septiembre de 2024.

A pesar de este consenso, los grupos radicales de la Gobernación y el Comité Cívico de Santa Cruz y sus grupos de choque de la Unión Juvenil Cruceñista continuaron realizando operativos de violencia de carácter racista y discriminador contra comerciantes y vendedores de mercado y habitantes de los suburbios cruceños, la mayoría de estos migrantes collas, es decir originarios del occidente de Bolivia.

CONTROVERSIAS EN EL GOBIERNO Y EN EL MAS

Paralelamente, los enfrentamientos verbales entre dirigentes sociales y políticos, parlamentarios y ministros dentro del oficialismo se fueron acentuando, al extremo de producirse divisiones en la bancada parlamentaria del MAS e inclusive pugilato entre diputados. El Ministro de Justicia, Iván Lima, asumió posiciones públicas solidarias con parlamentarios, dirigentes y periodistas de la oposición conservadora, el diputado Rolando Cuellar abrió una campaña difamatoria contra el jefe y líder del MAS, Evo Morales, recibiendo el respaldo de algunos funcionarios públicos.

Por su parte, el segundo dirigente del MAS, Gerardo García, acusó a varios Ministros y al Vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, de realizar, desde sus despachos, campañas contra el MAS, el parlamentario oficialista Héctor Arce lanzó denuncias de corrupción de autoridades de alto nivel del gobierno y el ex Ministro de Gobierno que no pudo frenar el motín policial de 2019, Carlos Romero, atacó duramente al gobierno por retrasar la fecha del censo, coincidiendo con la oposición oligárquica.

Las especulaciones giran alrededor de un tema vinculado al futuro político del MAS y también del proceso de transformaciones políticas, sociales, culturales y económicas en términos de las futuras candidaturas presidenciales para las elecciones de 2025. Declaraciones de dirigentes de segundo y tercer nivel se han manifestado por opciones diferentes: unos se pronuncian por la candidatura presidencial de Evo Morales y otros por la de Luis Arce; el primero ha manifestado que la decisión al respecto recién se adoptará en 2024 y ahora corresponde defender al gobierno. Inclusive, las normas electorales establecen la realización de elecciones primarias.

ANTECEDENTES DE LA CONSPIRACIÓN

Durante el primer mandato del Presidente Evo Morales, cuando se nacionalizaron los hidrocarburos y recuperaron para el Estado las empresas privatizadas y en medio del debate para la aprobación de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia en septiembre y octubre de 2008, se produjo un conato de guerra civil también en Santa Cruz y el oriente del país que buscaba impulsar el federalismo y separatismo territorial y político impulsado también por Comités Cívicos y autoridades regionales, provocando enfrentamientos violentos y la derrota de los federalistas auspiciados por los terratenientes y agroexportadores.

En esa oportunidad, el gobierno de Evo Morales determinó expulsar al embajador de Estados Unidos, Philip Golberg, por injerencia política y apoyo a los subversivos; entretanto la Cumbre de presidentes de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), reunida en Santiago de Chile a iniciativa de Lula Da Silva, Michelle Bachelet y Hugo Chávez, daba su respaldo al gobierno elegido democráticamente.

El siguiente movimiento conspirativo de la derecha radical y neoliberal se produjo en octubre-noviembre de 2019 con la ejecución del Golpe de Estado cívico-policial-militar que obligó a Evo Morales a salir del país en una situación de emergencia ante riesgo de atentado contra su vida apoyado por el presidente Andrés Manuel López Obrador que envío un avión militar desde México y Alberto Fernández, electo presidente argentino.

En ese momento el artificio fue un supuesto fraude electoral ante el cuarto triunfo electoral del MAS; se produjo una movilización masiva de sectores medios y acomodados dirigidos por Fernando Camacho del Comité Cívico de Santa Cruz seguida por un Motín Policial y el pedido de renuncia por parte de las Fuerzas Armadas. Inmediatamente los gobiernos de Estados Unidos (Donal Trump) y Brasil (Jair Bolsonaro) reconocieron al gobierno de facto y el Secretario General de la OEA, Luis Almagro se convirtió en respaldo del gobierno de Añez.

GOLPE Y RESURRECCIÓN

La ejecución del Golpe fue coordinada por funcionarios de las embajadas de Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil, los obispos de la Iglesia Católica, los dirigentes políticos Carlos Mesa, Fernando Camacho, Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga que se reunieron en las oficinas de la Universidad Católica y definieron que la senadora Jeanine Añez asuma la presidencia del país.

Después de algunos meses de estupor popular y cuando el gobierno de facto implementaba medidas a favor de terratenientes, bancos privados, transnacionales, medios de comunicación que apoyaron el Golpe y grupos empresariales privados, descuidando la atención a la población frente al COVID 19 y postergando sistemáticamente la realización de nuevas elecciones, los movimientos populares, son el MAS, la COB y el PU a la cabeza, impulsaron una resistencia en todo el territorio nacional que en agosto de 2020 se convirtió en una movilización nacional-popular, obligando a convocar a elecciones en octubre de 2020.

En estas elecciones nuevamente el MAS ganó con el 55% de votos -en 2005 lo hizo con 54%, en 2009 con 64%, en 2014 con 61% y en 2019 con 47%- siendo candidatos a la presidencia Luis Arce y a la vicepresidencia David Choquehuanca, ambos exministros de Economía y Relaciones Exteriores, respectivamente, de Evo Morales, quien se encontraba exiliado en Argentina, después de su paso por México. La nominación inicial de candidatos fue planteada por las organizaciones populares del Pacto de Unidad en Bolivia con David Choquehuanca a la presidencia y Andrónico Rodríguez a la presidencia y luego, en consulta con Evo Morales en Buenos Aires, surgió el binomio Arce-Choquehuanca.

DESENLACE ABIERTO

En los dos últimos años el gobierno del MAS ha identificado varios desafíos relacionados a los temas políticos, económicos e internacionales: mantener la estabilidad y el crecimiento económico, asegurar la unidad interna y enfrentar los conflictos con cohesión y participar activamente en los procesos de integración regional en ALBA, CELAC, CAN y en la reconstrucción de UNASUR y, al mismo tiempo, enfrentando varios conflictos frente a los cuales el conjunto del movimiento nacional y popular ha realizado al menos tres grandes marchas con más de un millón de adherentes que se pronunciaron por la defensa del proceso de cambio, en estas marchas, concentraciones y movilizaciones participaron Evo Morales, Luis Arce y David Choquehuanca como los principales referentes del actual proceso.

Este panorama permite advertir que si los principales dirigentes y autoridades, Evo Morales, Presidente del MAS, Luis Arce, Presidente del Estado, y David Choquehuanca, Vicepresidente, no encuentran un acuerdo de unidad y coherencia, exigido por las organizaciones populares y sindicales de todo el país, las perspectivas políticas del proceso revolucionario nacional-popular se presentarán muy difíciles poniendo en riesgo las transformaciones económicas, políticas y sociales realizadas en Bolivia.

La rebelión de octubre de 2003, que expulsó de Bolivia al neoliberalismo representado por Gonzalo Sánchez de Lozada, fue el impulso de veinte años del proceso de liberación nacional; ahora, la resistencia, lucha y derrota del Golpe de Estado y del gobierno de facto abre un nuevo periodo que deberá servir para profundizar la lucha antiimperialista y aportar a la construcción de un socialismo latinoamericano y caribeño.

 

 

 

 

 

GORE PUNO: LA MINERÍA INFORMAL DE BOLIVIA ES LA QUE MÁS CONTAMINA Y NO AYUDA A AFRONTAR LA PROBLEMÁTICA DE LA CUENCA SUCHES

 

Radio Pachamama de Perú (https://bit.ly/3tXr8nO)

 

Dentro del plan de acción que tendrá que implementar la próxima gestión regional para afrontar la problemática socio ambiental de la cuenca del río Suches, se contempla tres ejes temáticos, uno referido a minería y ambiente, en la que por territorio peruano, ya se está controlando, pero no ocurre lo mismo en el lado boliviano.

«El lado boliviano trabaja de manera informal, nuestro lado es fiscalizado por la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), que tiene documentos que autorizan la explotación minera, pero ellos son los que más contaminan», mencionó el responsable de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Gobierno Regional de Puno, Adolfo Arratia Chambi.

Detalló que en el primer eje se tiene dos proyectos de inversión y recuperación de ecosistemas degradados en el río Suches, donde se inició acciones de cero y la próxima gestión deberá continuar con elaborar la formulación del expediente técnico definitivo, para favorecer a la recuperación de flora y fauna, como la mitigación de la contaminación en la parte ambiental.

En el sector educación y salud, la Dirección Regional de Salud y Dirección Regional de Educación, colaboraron también en la elaboración del proyecto y dejarán filtros para mejorar el consumo de agua en las instituciones educativas cercanas, como también brindarán la orientación adecuada con folletos.

En desarrollo sostenible el proyecto de riego está también en camino, por lo que, es importante que la próxima gestión pueda darle continuidad a la formulación del expediente técnico del proyecto.

 

 

 

 

 

EL GOBIERNO AUTORIZÓ AVALES A ENARSA PARA COMPRAR GAS A BOLIVIA

 

A través del Banco Nación, la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima podrá adquirir combustibles por un valor máximo de 200 millones de dólares.

 

La Mañana de Neuquén, Argentina (https://bit.ly/3tX6LXR)

 

El Gobierno autorizó el otorgamiento de avales del Tesoro Nacional por las operaciones de crédito público a favor de Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa), para la adquisición de gas natural desde Bolivia por un monto máximo de US$ 200 millones, a través del Decreto 765/2022 publicado este martes en el Boletín Oficial.

En octubre de 2006, Enarsa firmó un contrato con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por el cual está obligada a otorgar y mantener vigente una Carta de Crédito Stand By a favor de la empresa boliviana que garantice el pago de los volúmenes de gas natural inyectados por esta y, en caso de no hacerlo, se podrán requerir pagos anticipados por los volúmenes de gas a ser suministrados.

A los fines de efectivizar el otorgamiento de la Carta de Crédito Stand By, el Estado nacional, por su parte, debe emitir avales del Tesoro por las operaciones de crédito público a favor de Enarsa.

En 2021 se autorizaron operaciones de crédito público a favor de Enarsa, para la adquisición de gas natural desde Bolivia.

En mayo de este año, las secretarías de Hacienda y de Finanzas extendieron el aval del Tesoro Nacional hasta el 31 de diciembre de 2023.

En virtud de estos avales, Enarsa gestionó en el Banco Nación y en favor de YPFB, cartas de crédito stand by por US$ 116.083.249,06 y por US$ 180 millones.

Estos avales del Tesoro permitieron establecer un plazo de vencimiento para el pago de las facturas a YPFB en el orden de los 45 días corridos, contados desde la finalización del mes o período correspondiente a cada factura.

 

 

 

 

 

MAYOR REGIÓN BOLIVIANA ACEPTA CENSO EN 2024 E INSISTE EN LEY SOBRE EL PROCESO

 

Swissinfo de Suiza (https://bit.ly/3tU83Tx)

 

Los líderes de Santa Cruz, el motor económico boliviano, aceptaron este miércoles que el censo de población se efectúe en 2024 al considerar que su propuesta para que sea en 2023 ya no es sostenible técnicamente y ratificaron la huelga regional a la espera de una ley sobre el proceso censal.

Estos anuncios fueron realizados en una declaración conjunta del gobernador de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho; el vicepresidente del comité cívico regional, Stello Cochamanidis, y el rector de la estatal Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar.

"Hoy podemos sostener, con base en el criterio técnico, que el censo ya no es sostenible técnicamente para que se lleve adelante en 2023", lamentó Cuéllar.

Según el rector, la propuesta inicial del Comité Interinstitucional del Censo planteaba el empadronamiento para el 28 de junio de 2023, pero debieron ajustar el calendario progresivamente porque algunas actividades no se hicieron oportunamente por la "ineficiencia" del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Camacho acusó por su parte al Ejecutivo de Luis Arce y al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) de haber dilatado "por siete meses" este conflicto.

Según el gobernador, algunos legisladores le explicaron que si la norma se rechaza en la sesión de la Cámara de Diputados convocada para este jueves, ya no se podrá presentar otro proyecto y "nos quedamos sin ley".

Por ello, pidió a los parlamentarios de su partido, Creemos, y de la también opositora Comunidad Ciudadana (CC) que acepten la ley que fije el censo para 2024, como lo estableció el decreto firmado hace unos días por el presidente.

El opositor sostuvo que fue una decisión "muy difícil", pero que es "comprensible" por las explicaciones recibidas.

También insistió en que no fue una derrota para Santa Cruz, pues se logró lo que no se pudo tras el censo de 2012, que es el compromiso de reasignar recursos estatales y escaños parlamentarios en función de los nuevos datos poblacionales.

LA HUELGA CONTINÚA

Cochamanidis ratificó que "el paro continúa" y que desde la región respaldarán a los parlamentarios opositores "que van a estar peleando en un terreno totalmente adverso" para lograr la aprobación de la ley.

Los líderes cruceños coincidieron en que el MAS "ya no tiene excusas" y que está en sus manos resolver el conflicto "cuanto antes".

"La jugada del MAS es dejarnos sin ley", advirtió Camacho, quien también anunció que el lunes tomarán juramento a una "comisión de notables" que evaluará "la relación política, económica y social entre el Estado boliviano y Santa Cruz", lo que, a su juicio, será "la lucha de las luchas".

"Nos hemos cansado de atropellos, de que no le importe tenernos en las calles, de que pateen a nuestra gente, que la metan presa (...) Podemos seguir dos años en paro y esto va a seguir sucediendo, tenemos que cortarlo de raíz y la única forma es estableciendo una línea" de derechos, obligaciones y necesidades, agregó.

El censo debía realizarse este mes, pero en julio el Gobierno lo postergó para 2024 argumentando "problemas técnicos", lo que causó el rechazo sobre todo de Santa Cruz que lleva 33 días en huelga por la pronta realización de la encuesta nacional.

El nuevo decreto presidencial fija el 23 de marzo de 2024 como fecha para el empadronamiento y que en septiembre de ese año se distribuirán los recursos económicos.

Los líderes cruceños desconfían del Gobierno por la forma en que se ha llevado el proceso censal y reclaman que estos aspectos, además de la asignación de escaños parlamentarios, se establezcan por ley.

 

 

 

 

 

GOBERNADOR DE PUNO ACUSA A MARÍA DEL CARMEN ALVA DE TENER ACTITUDES RACISTAS

 

German Alejo le respondió a la titular de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso por cuestionar que haya pedido que Puno se integre a la Runasur a Evo Morales.

 

La República de Perú (https://bit.ly/3AGOG43)

 

El gobernador de Puno, Germán Alejo Apaza, acusó a María del Carmen Alva Prieto, congresista de Acción Popular y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, de tener actitudes “que lindan con el racismo”.

Apaza cuestionó de este modo la citación que le hizo llegar la expresidenta del Congreso para que se presente al grupo de trabajo que preside, a fin de explicar las razones por la cuales, en su condición de autoridad regional, le expresó a Evo Morales su intención de que la región Puno se integre a la Runasur. Esta organización es un proyecto de Evo Morales que busca lograr la salida de Bolivia hacia el Pacífico y a la vez fundar una “América plurinacional”.

“Un sector de congresistas consideran que aún están viviendo en la época colonial, en la época virreinal. No comprenden nuestra historia, nuestro pasado, nuestra forma de verdad, el mundo a partir de la cosmovisión andina. (…) Es más, hay una intención de limitarnos a debatir nuestras propias formas de vida. Nuestra propia cosmovisión. Dónde está el delito de invitar a un hermano originario (como Evo Morales), para que nos cueste su experiencia política”, dijo Alejo a La República.

María del Carmen Alva citó a la autoridad regional el último martes 22 de noviembre. Ante su inasistencia, Alejo aseguró que no solo su recargada agenda le impidió su presencia en el parlamento, sino también razones de carácter político cultural.

“Aún existe un sector de peruanos que no entienden, que no comprende la existencia de un Perú plurinacional, que tiene su propia forma de ver el mundo. Esto denota que hay racismo y discriminación en nuestro país”, aseguró la autoridad.

Alejo resaltó que no ve ningún problema al reconocimiento que le hizo a Evo Morales, en su llegada a Puno el 17 de noviembre.

“No entiendo el problema. Nosotros también nos hemos reunido con el representante de la embajada de los Estados Unidos y hemos procedido con los mismos protocolos. Cómo no reconocer a un hermano expresidente que ha hecho cambios en su país, con quien compartimos historia. Ahora nos divide una frontera, pero en el pasado estábamos integrados”, precisó.

Universidad de Puno entregó distinción a Evo Morales

El último jueves 17 de noviembre, autoridades universitarias de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) de Puno entregaron la distinción doctor honoris causa a Evo Morales. El hecho fue confirmado a través de las redes oficiales de dicha casa de estudios y también se anunció una conferencia a cargo del exmandatario.

La entrega de esta distinción fue cuestionada por la comunidad estudiantil, ya que Morales fue presidente en Bolivia hasta el 10 de noviembre del 2019, en medio de protestas por un supuesto fraude electoral. En noviembre del 2021, fue declarado persona no grata por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

 

 

 

 


LA ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN FRENTE A VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO QUE HA LLEGADO A COLOMBIA, BOLIVIA, CHILE, ARGENTINA Y PERÚ

 

Revista Semana de Colombia (https://bit.ly/3gyKz32)

 

En el marco de la conmemoración del 25N, Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, la Fundación WWB Colombia presentó la estrategia ‘Ofelia no está sola’, la cual consiste en sensibilizar y educar a las personas en la promoción de la equidad de género y la prevención de las violencias basadas en género en todas sus manifestaciones (física, sexual, psicológica, económica, patrimonial, o por prejuicio LGTBIQ+).

Desde su creación en el año 2016 en Colombia, cuentan por medio del arte la historia de ‘Ofelia’, a través de metodologías lúdicas.

“Un cine taller ‘Al final tú decides’, la formación virtual denominada ‘Las reflexiones de Ofelia’ y el manual ‘Ofelia no está sola’, hacen parte de las metodologías lúdicas, con las que se identifican y consignan los tres pasos que debe seguir una mujer en caso de ser o haber sido víctima de violencia”, indica la Fundación WWB Colombia.

La narración se hace a partir de una historieta que cuenta la vivencia de ‘Ofelia’, una mujer que ha sufrido violencia intrafamiliar, además cuenta con un directorio de bolsillo con los datos de contacto de las instituciones públicas y privadas que atienden casos de violencia de género en Cali y municipios del Valle del Cauca. Este manual les recuerda que como ‘Ofelia’ ninguna mujer está sola y explica las acciones y recursos para la atención, protección y acceso a la justicia.

Salomé Arias Arévalo, líder y socióloga del programa FortaleSer de la Fundación, dijo que a través de diferentes aliados, ‘Ofelia no está sola’ ha llegado a todo el territorio colombiano y a países como Bolivia, Chile, Argentina y Perú.

“Las violencias basadas en género se han posicionado como una problemática de intervención urgente e inmediata, todas y todos debemos sumar esfuerzos y seguir trabajando por su erradicación”, manifestó Arias Arévalo.

Cabe recordar que el Valle del Cauca es el departamento de Colombia donde han ocurrido más casos de violencia contra la mujer en lo corrido de este año.

Hasta el mes de septiembre se registraron 80 feminicidios en esta región, de acuerdo con el Observatorio de Feminicidios de Colombia.

Según las estadísticas, 13 de los 80 mencionados se registraron en el mes de septiembre. Detrás del Valle del Cauca aparecen Antioquia (64), Bogotá (59), Atlántico (40) y Cauca (26). El año pasado, esta entidad contabilizó 622 feminicidios en todo el territorio colombiano. El 40 % de estas víctimas eran madres que dejaron huérfanos a 268 niños y niñas.

El departamento que más casos tuvo fue Antioquia, con 109, seguido por el Valle del Cauca (75). Así las cosas, en lo que va de 2022 ha habido más homicidios de mujeres que en todo el año anterior.

“El mes en el que se cometieron más feminicidios en 2021 fue en junio, con 63 registros. El rango de edad con mayor registro durante 2021 fue de 25 a 29 años, seguido por el rango de 20 a 24 años”, precisó el Observatorio de Feminicidios de Colombia.

Si se está sufriendo de algún tipo de violencia basada en género o conoce a alguien que lo haga, tenga en cuenta que el Observatorio de Género del Valle del Cauca cuenta con una línea de psicorientación a la cual se pueden comunicar los ciudadanos todos los días de la semana marcando el número telefónico (602) 6203580. Los profesionales que atienden la línea activan la ruta de atención al enterarse de cada situación denunciada.

De igual forma, se puede exponer el caso a través de la línea 122 de la Fiscalía General de la Nación, 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 155 de la Policía Nacional.

 

 

 

 

 

HUGO GARCÍA DEFIENDE A ALESSIA ROVEGNO TRAS BURLAS DE MISS BOLIVIA: “QUE SE PREPARE, NADA MÁS”

 

Hugo García no pudo evitar referirse a las críticas que recibió la Miss Perú Alessia Rovegno de la representante de Bolivia Fernanda Pavisic, quien hizo mofa del aspecto de la modelo.

 

La República de Perú (https://bit.ly/3Vrm2vR)

 

Hugo García salió en defensa de su pareja Alessia Rovegno y respondió a Miss Bolivia, quien tuvo severos calificativos contra la peruana y contra otras futuras participantes del Miss Universo. El chico reality afirmó que la extranjera debería prepararse porque la joven modelo está muy enfocada en llegar a la última instancia de la competencia.

Además, resaltó el apoyo que recibe Rovegno de su familia y de su entorno cercano: “No tengo nada que decir, Alessia está enfocada en ella, se está preparando bien (...). Más bien que se prepare porque dará una buena pelea, nada más”.

¿Qué dijo la Miss Bolivia?

La Miss Bolivia Fernanda Pavisic causó gran polémica días atrás al publicar en su cuenta de Instagram un video en el calificaba despectivamente a sus compañeras que participarán en el Miss Universo. Específicamente, apuntó contra las representantes de Paraguay, Brasil y El Salvador, a quienes tildó de “doñas”.

Mientras que, en otro clip se mandó contra las representantes de Perú y Venezuela ya que señaló que parecían transexuales.

Hugo García quisiera convivir convivir con Alessia Rovegno

Hugo García reveló que habló con su pareja sobre el tema de la convivencia y que está dentro de sus planes. “Hemos conversado sobre el tema de convivir, de mudarnos juntos. Como pasamos bastante tiempo juntos, sí está en nuestros planes, y espero que se pueda dar pronto”, inició.

¿Hugo García es una distracción para Alessia Rovegno?

En medio de su preparación para representar al Perú en el Miss Universo 2022, Alessia Rovegno fue cuestión de señalamientos por solo mostrar momentos junto a su pareja Hugo García en vez de develar más detalles de su participación en el certamen de belleza.

Frente a esta situación, la reina de belleza se pronunció para negar categóricamente que acaso su pareja sea una distracción para ella. “No confundamos lo personal con lo profesional. Todos tenemos derecho a decidir cómo manejamos nuestra vida privada en tiempos libres”, fue la respuesta de la modelo.

¿Qué estudió Hugo García antes de convertirse en chico reality?

En vdiálogo con Jesús Alzamora, conductor del programa de YouTube “En la banca”, Hugo García habló de cómo era su vida antes de forjarse una nombre en la televisión. Asimismo, contó que carrera profesional estudió antes de convertirse en el ‘Baby’ de “Esto es guerra”.

Él contó que tras salir del colegio, se metió a estudiar Hotelería y Turismo, pero sintió que la carrera no era para él, por lo que desistió y buscó ganarse una beca a través de una aerolínea. Tampoco le fue tan bien. Finalmente, empezó a estudiar Negocios Internacionales en Asociación de Exportadores (ADEX), y, a la par, laboraba en el local de comida rápida Friday’s.

 

 

 

 

 

¿ES EL LITIO LA ESPERANZA DE LA ARGENTINA?

 

Revista Zona Militar (https://bit.ly/3V9zogn)

 

El litio es un mineral cada vez más apreciado por las principales potencias, debido principalmente a la búsqueda de transicionar a un mundo con energías más limpias y autos eléctricos, potenciando así su demanda. Sin embargo, encontrar depósitos y construir minas para satisfacer estas necesidades ha generado que el litio sea aún más difícil de obtener, principalmente porque sus reservas se encuentran en ciertos puntos estratégicos alrededor del mundo acumuladas en pocos países. Las naciones que más se benefician de esta posesión son Australia y los países que conforman el Triángulo del Litio: Argentina, Chile y Bolivia.

La necesidad de extraer litio es tal que el precio del carbonato de litio, la materia prima principal en las baterías de iones de litio, se disparó este último año a precios irrazonables. Según la consultora Benchmark Mineral Intelligence, se espera que la demanda de carbonato de litio aumente a 2.4 millones de toneladas en 2030, en comparación con alrededor de 600.000 toneladas este año. Actualmente se encuentran en funcionamiento diez minas en todo el mundo, donde países como Argentina pueden potenciar su extracción y beneficiarse ampliamente del mercado en auge. Así también lo afirma un reciente informe de The Economist, que realizando una sutil crítica a la Argentina destaca que se trata de un país que deja el sector minero abierto a los negocios y que podría sacar ventaja de estas oportunidades.

“Bolivia tiene los mayores recursos del mundo, pero no ha logrado poner en marcha la producción. El estado es dueño de todos los depósitos de litio y las empresas pueden explotarlo solo si llegan a un acuerdo con la empresa pública Yacimientos de Litio Bolivianos. La volatilidad política y la falta de conocimientos técnicos no han ayudado. Chile solía ser la potencia mundial de litio. En 2017 fue superado por Australia y ahora representa el 26% del suministro total. Allí, también, los depósitos de litio son propiedad del Estado, que otorga contratos a empresas privadas. Por el contrario, el litio no se considera un recurso estratégico en Argentina”, afirma The Economist.

El portal de noticias destaca que la industria del litio en Chile es dominada por las firmas Albemarle y Sqm y que en Bolivia es altamente difícil obtener materia prima siendo un ente privado, mientras que en la Argentina “el Estado juega un papel pequeño” ya que “la constitución otorga a las 23 provincias del país el derecho de administrar minerales en sus tierras y otorgar concesiones a las empresas”. “Si hay que imaginar un país de América del Sur que sea favorable a los negocios, sea atractivo para el capital extranjero y ofrezca estabilidad política para la inversión a largo plazo, la mayoría de la gente pensaría en Chile. Pero cuando se trata de extraer litio, el país en cuestión es su vecino disfuncional, Argentina”, puntualiza.

Para The Economist, las condiciones argentinas son los principales motivos por los que el país atrae cada vez más capitales extranjeros. Asimismo, destaca que unos 40 proyectos de litio se encuentran actualmente en diferentes etapas de exploración, más que en cualquier otro país. Esta postura es respaldada por JPMorgan Chase, que estimó que la Argentina podría superar a Chile como el segundo mayor productor mundial para 2027, y que hacia el 2030 podría suministrar el 16 % del litio del mundo, frente al 6 % del 2021. Los ejemplos más reconocidos de empresas trabajando en la Argentina son Rio Tinto, un gigante minero anglo-australiano, y Posco, una empresa de Corea del Sur que invierte 4 mil millones de dólares en un proyecto de litio.

Otro país altamente interesado en las reservas argentinas es China, algo que Estados Unidos observa de cerca. Ganfeng Lithium, un megaproductor chino, anunció en julio pasado sus planes para comprar una planta por casi mil millones de dólares, algo que para Occidente es imposible ya que critican la “mala gestión macroeconómica de Argentina” y la culpan por desalentar a las empresas occidentales a invertir. Beijing, por el contrario, participa cada vez más del sector minero argentino, ya que de los nueve proyectos más cercanos a la producción en el país, seis involucran empresas chinas. Esto beneficia a las principales provincias argentinas que albergan las mayores reservas de litio en el país, y según el Banco Mundial la producción y el procesamiento del litio podría aumentar el PIB de las mismas y sus ingresos fiscales en un 10%.

Aunque los problemas persisten constantemente, como proyectos que se retrasan, concesiones que no se otorgan, comunidades indígenas que reclaman sus tierras en las áreas donde se extrae el litio, entre otros, el litio se posiciona como uno de los posibles salvavidas para la Argentina.

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