A 144 AÑOS DE LA INVASIÓN CHILENA AL PUERTO DE ANTOFAGASTA, BOLIVIA

El 14 de febrero de 1879, hace ya 144 años, comenzó a escribirse el capítulo más trágico y doloroso de la historia de Bolivia, que pese al tiempo transcurrido, se mantiene abierto, como abiertas están todavía las heridas que dejó la pérdida de nuestra costa marítima. Como consecuencia de la invasión chilena, Bolivia no sólo perdió una superficie de 120 mil kilómetros cuadrados y 400 kilómetros de costa, sino que además fue privada de la posibilidad de explotar los recursos existentes en esa extensión territorial. 

A 144 años de conmemorarse uno de los episodios más negros de la historia, que significó la pérdida del Litoral, historiadores bolivianos coinciden en manifestar que Chile siempre ambicionó el guano, el salitre, la plata y luego el cobre que había en esa región.
Para concretar ese asalto contaron con la complicidad de espías, así como de algunos “chilenófilos y antipatrias”, como refiere el general en retiro del Ejército e historiador Edwin De la Fuente Jeria.
El director del Museo Histórico Naval, capitán José Andrés Zurita Eguino, afirma que Diego Portales fue uno de los ideólogos de la invasión chilena porque consideraba que era un riesgo que sus dos vecinos se unan como alentaba el Mariscal Andrés de Santa Cruz con la Confederación Perú-Boliviana.
Los 10 centavos
La razón de la invasión fue su política de expansión hacia el norte, a costa de Bolivia y Perú, según el historiador Fernando Cajías de la Vega, y “el pretexto fue el  impuesto de los 10 centavos por quintal de salitre exportado que debía pagar la empresa anglochilena que explotaba el salitre”.
Sin embargo, “una vez que Chile se apropió del territorio boliviano cobró el impuesto a la empresa con beneplácito de empresarios y el gobierno”, según escribió Cajías e indica que la invasión al puerto de Antofagasta fue alentada por la oligarquía chilena y los intereses ingleses.
Bolivia en 1879 se encontraba en una situación muy difícil “por la hambruna y peste que se vivió, sobre todo en los valles, y por el terremoto, maremoto, que se produjo en la costa boliviana en 1877, que destruyó Cobija, el principal puerto boliviano y afectó a otros puertos, motivo por el cual los diputados bolivianos del Litoral pidieron fondos para la reconstrucción, la principal razón para que se aplique el impuesto a la explotación del salitre”.
Cajías reconoce que las autoridades bolivianas de esa época no prestaron la atención necesaria a esa rica región de nuestro territorio, en guano y salitre. 
“Especialmente no se contó con una guarnición medianamente poderosa, tampoco con una escuadra y ni el Estado boliviano ni la emergente burguesía de la plata emprendieron una explotación de las riquezas del Litoral; las entregaron a capitales anglochilenos”, rememora.
Espías chilenos
El espionaje chileno a Bolivia fue el resultado del apoyo que diera Mariano Melgarejo al Gobierno de Chile en su guerra contra España en 1866, según el licenciado en Historia y Ciencias Sociales Laureano Chambi Ocaña.
“Fue en ese conflicto que Chile pudo internar en Bolivia a sus delegados políticos, posteriormente a sus inversores económicas e incluso a sus ciudadanos, los cuales conscientes o no realizarían el espionaje a favor de su gobierno. Así fue que comenzó la Guerra del Pacífico”, dice Chambi.
El historiador también resalta que el descubrimiento de plata en la mina de Caracoles generó un gran movimiento económico en el departamento del Litoral boliviano, entre ellos muchos inversores chilenos, algunos de los cuales ya tenían inversiones en otras minas importantes dentro del territorio boliviano.
El general en retiro e  historiador Edwin De la Fuente aborda el tema en el artículo ‘Entre héroes y traidores’, donde afirma: “No fueron casuales los asesinatos del general Isidoro Belzu, coronel Agustín Morales y del mismo general Hilarión Daza y coronel Rufino Carrasco, estos últimos muertos inmediatamente después del conflicto del Pacífico, todos ellos lucharon abiertamente contra los intereses chilenos y lógicamente contra los chilenofilos y antipatrias, en todos los crímenes estuvo envuelta la autoridad diplomática chilena”.
Identifica en la galería de traidores-chilenófilos a los ricos empresarios mineros Aniceto Arce, Gregorio Pacheco y José María Linares, y a los generales Narciso Campero y Eliodoro Camacho.
 
 
 
 

14 DE FEBRERO: LAS RAZONES DE LA INVASIÓN
 
Cada vez que llega el 14 de febrero y los bolivianos recordamos que en esa fecha, de 1879, Chile invadió militarmente territorio nacional, el argumento que se esgrime desde el vecino país es que la ocupación se produjo porque Bolivia incumplió el Tratado de Límites de 1874 al fijar un impuesto de 10 centavos por cada quintal de salitre exportado por la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta. Pero, los antecedentes de la Guerra del Pacífico están en la Confederación Perú Boliviana.
El 17 de octubre de 1837 se firmó el famoso Tratado de Paucarpata entre el general chileno Manuel Blanco Encalada y el Protector de la Confederación Perú-Boliviana, el mariscal Andrés de Santa Cruz. Como se sabe, Chile se opuso tenazmente a esta unión y por ello decidió invadir Bolivia por primera vez.
Antes de la firma de ese tratado, el ejército confederado “pudo destrozar al ejército chileno invasor”. Años después, el 20 de enero de 1839, Santa Cruz fue vencido en Yungay y Chile inició su avance y usurpación de territorio boliviano, que contenía grandes riquezas de guano, salitre y cobre.
Como ejemplo, recordamos algo de lo que fueron las misiones diplomáticas. Ahí está la de José Santibáñez, que propuso el arbitraje para establecer los límites y la Cancillería chilena negó esa posibilidad.
Otras dos misiones, a la cabeza de ilustres potosinos, fueron las de Tomás Frías, quien recibió propuestas del canciller de Chile Manuel Antonio Tocornal para comprar territorio boliviano, mientras que Rafael Bustillo recibió en la capital chilena la sugerencia de “compra de territorio boliviano hasta el grado 23”. Pese a que iban definiendo los límites, la hábil diplomacia chilena había enviado otra misión a Bolivia para hacer otra negociación a espaldas del doctor Bustillo. En alguna oportunidad, el canciller Bustillo dijo: “La fuerza imponía silencio al derecho”.
¿Por qué hubo tanto prolegómeno diplomático? Porque Chile preparó la invasión con tiempo y, debido a ello, la ejecutó tan eficientemente.
La Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta era una empresa privada y el Gobierno chileno no tenía por qué salir a defenderla. Ese solo hecho demuestra que lo del impuesto de 10 centavos por quintal de salitre fue solo un pretexto.
Después de la guerra de 1879, algún plenipotenciario chileno afirmó que “nuestros derechos nacen de la victoria, la ley suprema de las naciones”.
Estas breves referencias permiten seguir sosteniendo que los gobiernos de Chile mantienen inalterable su oposición injustificada respecto al enclaustramiento de Bolivia.
Y no solo eso, sino —y esta es la parte más negativa— mantienen la falacia de que Bolivia nunca tuvo acceso soberano a las costas del océano Pacífico, tal cual lo hacen a la hora de hablar de las aguas del manantial del Silala.
Solamente como muestra: investigaciones y estudios de historiadores nacionales, entre ellos Valentín Abecia B., Fernando Cajías y Juan Siles Guevara, y de historiadores chilenos y de otros países, evidencian los derechos legítimos de Bolivia en la costa del Pacífico.
Sobre esa base, Bolivia debería de haber fijado una verdadera política de Estado con relación a la reivindicación marítima y jamás haber renunciado a tan justo como caro anhelo.
Esa política debería sentar por lo menos las bases históricas, económicas y geopolíticas para que Bolivia tenga un puerto libre y soberano en las aguas del Pacífico. Pero, en lugar de ello, se dio espacio a reacciones de índole político, o ideológico, que complicaron la situación nacional frente al Derecho Internacional.
 
 
 
 
 
LA INVASIÓN DE 1879: CHILE PLANIFICÓ EL ASALTO A BOLIVIA TRAS SU CAÍDA EN PAUCARPATA
 
La oligarquía chilena aprendió perfectamente las lecciones que le dejó la amarga humillación que le infirió la Confederación Peruano-Boliviano, en Paucarpata (1837), aunque en mala hora el magnánimo Mariscal Andrés de Santa Cruz perdonó y permitió que la flota enemiga zarpara íntegra rumbo a Chile, con todos sus pertrechos.
Esa la valoración de Luis Oporto Ordoñez, en el prólogo del Diario de la Campaña del Ejército Boliviano en la Guerra del Pacífico, de José Vicente Ochoa, en el cual, además, señala que luego de ese hecho, las fuerzas chilenas, humilladas por la acción, se alistaron para retornar años después para obligar al Mariscal a firmar el Tratado de Yungay, en 1839, dando fin a la Confederación y forzando el exilio del gran estadista de origen aymara.
Oporto considera que “fue un error histórico para Bolivia y Perú, pues desde entonces Chile se preparó para la guerra de expansión, adquiriendo pertrechos, dotándose de una escuadra naval, formando un ejército de línea, lo más profesional posible, sin mucho recluta. Planificaron el asalto, metódicamente, previniendo cualquier contingencia”.
Como tesis de la formación de su Estado, Chile abrigó la urgencia de apropiarse de territorios del norte y, en ese contexto, Perú y Bolivia eran los indicados para que la naciente república pueda sobrevivir ya que la confederación, considerada como la mayor amenaza en su formación, había sido derrotada.
Tomar posesión de la zona significaba controlar inmensas riquezas como el guano, salitre y otros recursos hídricos que pretendía obtener a toda costa sin importar que fueran de propiedad del Estado boliviano.
El impuesto de diez centavos al guano y salitre fue solo la excusa para la ocupación de la costa boliviana en el Pacífico. La verdadera intención era apropiarse de las ricas zonas donde existían reservas mineras y naturales de gran valor; todo con el apoyo de capitales ingleses que trabajaban con empresarios chilenos.
El 14 de febrero de 1879 desembarcan las tropas chilenas al mando del coronel Emilio Sotomayor, quien junto a unos 1.500 efectivos del Ejército sitian la ciudad de Antofagasta.
Los días posteriores el Ejército invasor expande su control a regiones como Mejillones, Cobija, Caracoles y Calama.
Orlando Capriles Villazón, en la “Cronología de la Guerra del Pacífico”, detalla los siguientes antecedentes de la invasión chilena: 1839, el Ejército chileno al mando del general Manuel Bulnes, derrota a las fuerzas de la Confederación Perú-Boliviana. “El presidente chileno Diego Portales concibe la idea de que para dominar en el sur debe conquistar territorios en el norte”.
En 1843, concluyen las exploraciones mandadas a realizar por el Estado chileno en guaneras y salitreras, desconociendo la soberanía boliviana.
En 1847, se produce la ocupación del Litoral boliviano por ciudadanos chilenos y a ello se suman industriales que llevan trabajadores.
En 1850, la exportación del guano y salitre se incrementa a razón de un tercio del volumen por año.
En 1857, la fragata chilena “Esmeralda” se apodera de Mejillones.
En 1864, la casa inglesa “Gibbs and Sons” se enriquece desmedidamente con la venta de cuatro millones de toneladas de guano.
En 1866, la diplomacia chilena halaga a Mariano Melgarejo, porque les cedió territorios ricos en guano.
En 1873, ante las amenazas chilenas, Bolivia y Perú suscriben el Tratado de Alianza.
En 1878, el Congreso boliviano dicta la Ley de Regalía de los 10 centavos de peso sobre quintal de salitre exportado.
En 1879, el gobierno chileno da un ultimátum para que se someta a un arbitraje. El 14 de febrero se produce la invasión chilena.
Se libran varias batallas como la retirada de Camarones del 16 de noviembre; batalla de Tarapacá 27 de noviembre y la retoma de Calama 5 de diciembre. En medio de ello, se realiza el cambio de gobierno en Bolivia, Hilarión Daza es reemplazado por el general Narciso Campero (28 de diciembre).
En 1880, se registra la Batalla de los Ángeles, batalla del Alto de la Alianza (Tacna); batalla de Arica, el mismo año, los días 22, 25 y 27 de octubre, el Gobierno de los Estados Unidos ofrece su mediación para poner fin a la contienda.
En 1884, el presidente Gregorio Pacheco suscribe el Pacto de Tregua.
En 1904, ocupación militar chilena prosigue en la costa boliviana. El mismo año, la solución pacifista se concreta mediante del Tratado de Paz y Amistad, firmado entre los plenipotenciarios Emilio Bello Codecido, de Chile, y Alberto Gutiérrez, de Bolivia. Bolivia pierde su costa de aproximadamente 400 kilómetros sobre el Océano Pacífico y un territorio de alrededor de 120.000 kilómetros cuadrados.
En 1929, los gobiernos de Chile y Perú firman un “instrumento” secreto por el cual ninguno de los dos puede ceder suelo de Tacna o Arica a un tercero sin el acuerdo de los signatarios. Era una clara alusión a Bolivia.
 
 
 
 

GENOVEVA RÍOS, LA PEQUEÑA HEROÍNA DE 1879, GUARDÓ 25 AÑOS LA BANDERA BOLIVIANA
 
El 26 de febrero de 1879 llegó la noticia a La Paz de la ocupación de Antofagasta a través de un correo expreso enviado desde Tacna.
El Comercio informó en una edición extraordinaria, el 28 de febrero, sobre los sucesos ocurridos el 14 del mismo mes.
El rotativo paceño señalaba que el buque chileno Blanco Encalada desembarcó en la ciudad boliviana de Antofagasta.
“De ese infortunado día”, el periódico paceño rescató la historia de la niña Genoveva Ríos, de 14 años, quien a riesgo de su propia vida escondió la Bandera Nacional entre sus ropas para que no sea tomada como trofeo de guerra por las tropas chilenas.
“Lo trascendental de todo cuanto ocurrió ese infortunado día protagoniza la niña Genoveva Ríos, muchachita de 14 años de edad, hija del Comisario Don Clemente Ríos, quien aprovechando el desorden de aquellos instantes salvó la bandera izada en la Intendencia de la Policía, escondiéndola dentro de la ropa que vestía, burlando así que cayera en manos de la rotería enfurecida que momentos antes había roto el escudo y arrasaba la bandera de la Prefectura”, señala la antigua publicación.
Al margen de ese breve relato, las publicaciones posteriores no mencionan qué sucedió con la pequeña Genoveva.
Sin embargo, el historiador Roberto Querejazu Calvo, en su obra Guano, Salitre, Sangre – Historia de la Guerra del Pacífico, asegura que “Genoveva guardó la bandera como una reliquia”.
Y agrega un dato conmovedor: “…en 1904, ya mujer madura, atingida por la necesidad, la entregó en Iquique al Cónsul de Bolivia, a cambio de 25 pesos”.
“El Cónsul, el señor Aristides Moreno, la envió a la Sociedad Geográfica de Sucre, donde se conserva hoy”, según el relato de Querejazu Calvo.
 
 
 
 
 
 
LA RUPTURA INTERNA QUE AMENAZA A LA IZQUIERDA BOLIVIANA
 
¿Recuperará la oposición conservadora el poder político en uno de los bastiones de la izquierda latinoamericana?
 
Revista Foreign Policy.com (https://bit.ly/3KaXHYR)
 
Todos los domingos, Evo Morales, expresidente de Bolivia, sale al aire para su programa de radio, Evo es el Pueblo, Líder de los Humildes. Se ha vuelto una escucha obligada para los analistas políticos bolivianos. Entre otras cosas, Morales usa la ranura para perseguir a sus enemigos políticos. Eso significa la oposición derechista de Bolivia, la OTAN y la Administración de Control de Drogas de EE.UU. Pero en estos días, sus objetivos también incluyen al gobierno de su propio partido político , el Movimiento al Socialismo (MAS), y su líder, el presidente Luis Arce.
La lucha de poder por quién liderará el MAS en las elecciones de Bolivia de 2025 ha estallado abiertamente. Ya está complicando la gobernabilidad, con disputas en los medios y rebeliones en el parlamento. Y está dañando la imagen tanto de Arce como de Morales entre el público. Si llega al punto en que se postulan para partidos separados, entonces podrían dividir el voto del MAS; incluso si no lo hace, el ganador puede estar demasiado empañado para asegurar una mayoría para el MAS. Cualquiera de los dos escenarios transformaría el escenario político del país: después de casi dos décadas en las que el MAS ha gobernado solo, Bolivia puede regresar a un cuadro más complejo de gobierno de coalición. La oposición conservadora, incapaz durante mucho tiempo de desafiar al MAS en las urnas, podría recuperar cierto grado de poder político.
Cuando Morales llevó al MAS al poder en 2006, fue el primer partido en ganar la mayoría en la política boliviana desde el regreso de la democracia al país hace más de 40 años. En las próximas elecciones, logró una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras del parlamento. El MAS ha gobernado Bolivia durante casi un año desde entonces, con logros significativos en la reducción de la pobreza. Morales y el MAS se han convertido en bastiones de la izquierda latinoamericana.
Pero la elección presidencial de 2019 marcó un punto de inflexión. Morales se postulaba para un tercer mandato consecutivo, en violación de la constitución y desafiando el resultado de un referéndum , algo que provocó la ira no solo entre la oposición sino dentro del propio MAS. Morales ganó las elecciones, pero con acusaciones de fraude, que luego fueron impugnadas , lo que provocó protestas masivas de la oposición. La policía se amotinó, luego el ejército le sugirió que renunciara, y lo hizo, y se exilió. Una senadora conservadora poco conocida, Jeanine Áñez, se convirtió en presidenta de un gobierno interino, una transición de poder que Morales y el MAS ven como un golpe respaldado por Estados Unidos . El mandato de Áñez era convocar a nuevas elecciones, pero pronto comenzó a desmantelar el legado de Moralesy enjuiciar a sus aliados.
Cuando finalmente se convocaron elecciones un año después, el MAS volvió al poder con Luis Arce, exministro de finanzas de Morales y candidato elegido. Morales regresó a Bolivia , pero persistieron las divisiones dentro del MAS.
Al principio, al menos en la superficie, parecía haber una división de roles: Arce dirigiría el gobierno mientras que Morales, como presidente del MAS, dirigiría el partido. Arce dijo que no buscaría la reelección , y muchos bolivianos creen que el acuerdo implícito era que Morales regresaría como candidato del MAS para las elecciones de 2025. Pero ahora, las señales sugieren que tanto a Morales como a Arce, y quizás a otros, les gustaría postularse con la boleta del MAS en 2025.
“El MAS fue monolítico durante 14 años hasta que sufrió un terremoto político con la crisis de 2019”, dijo María Teresa Zegada Claure, socióloga de la Universidad Mayor de San Simón. “A dos años de la presidencia de Arce, las divisiones dentro del MAS son claras. Hay al menos dos tendencias: una liderada por Morales… y otra liderada por Arce”.
En términos de ideología, hay poca diferencia entre los dos líderes. Ambos rechazan las políticas de libre mercado y buscan aumentar el papel del Estado en la economía, así como utilizar los recursos naturales de Bolivia, como el gas natural y el litio, para financiar programas sociales. En el escenario internacional, su retórica es antiimperialista y tienden a ponerse del lado del bloque de potencias que incluye a Cuba y Venezuela, además de China, Rusia e Irán. Pero Arce, un economista con antecedentes de clase media, es visto como más tecnocrático, mientras que Morales, que saltó a la fama a través de un sindicato de cultivadores de coca, tiene un mayor atractivo populista, especialmente entre los trabajadores rurales. La división se trata principalmente de dónde se encuentran las lealtades de los simpatizantes, y si creen que el MAS necesita alejarse de Morales.
La tensión entre estos dos grupos ahora amenaza con dividir al MAS, ya que intercambian acusaciones de corrupción , vínculos con el narcotráfico y traición al pueblo.
El momento de mayor tensión llegó con el conflicto de Santa Cruz , bastión de la oposición regional, que comenzó a fines de octubre pasado. El detonante fue la postergación por parte del gobierno nacional de un censo que le daría a la región más recursos y escaños parlamentarios a la altura de su creciente población. El gobierno de Santa Cruz y la sociedad civil montaron un paro que duró 36 días, enredando la economía nacional. Los manifestantes se retiraron después de que el gobierno nacional anunciara que realizaría el censo e implementaría sus resultados antes de las elecciones de 2025. Los legisladores del MAS leales a Morales votaron en contra de esta propuesta, pero los leales al gobierno de Arce, junto con los legisladores de la oposición, la aprobaron. Morales acusó al gobierno de Arce de pactar con la derecha.
Arce se ha mantenido mayormente en silencio frente a estos ataques. “La estrategia de Arce es no involucrarse [con Morales]”, dijo Fernando Mayorga, sociólogo de la Universidad Mayor de San Simón. Pero muchos analistas han interpretado el arresto del 28 de diciembre de 2022 de Luis Fernando Camacho —gobernador de Santa Cruz y líder de uno de los dos partidos de oposición nacional— como una respuesta implícita de Arce a Morales. Camacho desempeñó un papel clave no solo en la movilización de la reciente huelga por el censo, sino también en las protestas posteriores a las impugnadas elecciones de 2019 que resultaron en la renuncia de Morales, que según el MAS fue un golpe de Estado. La detención de Camacho por su papel en los hechos de 2019 ahora es ampliamente vistapor los analistas como un movimiento estratégico. “Arce pudo haber tomado esa decisión para mostrarle al ala radical del MAS que no se ha vendido a la derecha y que, de hecho, es aún más conflictivo con la élite tradicional”, dijo Zegada.
Tal como está, no está claro si Arce o Morales tienen la ventaja, ya que recurren a diferentes y cambiantes fuentes de apoyo entre el MAS y el electorado.
Morales controla la estructura y dirección política del MAS como líder del partido, y cuenta con el apoyo de sus exministros, quienes no tienen cargos en el actual gobierno. Entre la población, provoca fuertes sentimientos.en ambas direcciones: una encuesta de diciembre pasado encontró que el 26 por ciento de los encuestados pensaba que aún podía ser un buen presidente, mientras que el 66 por ciento creía lo contrario. Muchos bolivianos se desaniman por su deseo de aferrarse al poder. Pero tiene una base sólida entre los sindicatos de trabajadores rurales, entre ellos los cultivadores de coca de los trópicos, cuya federación encabeza como presidente. “Morales tiene una especie de atracción gravitacional en el mundo de los trabajadores rurales”, dijo Fernando García Yapur, analista político boliviano. “Y luego Morales también es visto como una referencia para el progresismo, no solo a nivel del continente sino del mundo”.
Arce carece del carisma y la base social de Morales, pero muchos bolivianos lo ven como una apuesta segura para guiar la economía, una percepción alimentada por el fuerte crecimiento de Bolivia durante los gobiernos de Morales, cuando Arce fue ministro de Economía, y su tasa de inflación notablemente baja desde que asumió la presidencia . . Esta fue la principal razón dada por los encuestados cuando los índices de aprobación de Arce se acercaron al 50 por ciento en septiembre pasado. Pero el manejo de Arce del conflicto del censo, y luego el arresto de Camacho, parecía impopular: a fines de 2022, sus índices de aprobación habían caído al 26 por ciento .
Las primarias para que el MAS elija a su candidato presidencial se llevarán a cabo en 2024. Pero la tensión puede llegar a un punto crítico antes de esa fecha. Tras la aprobación de la ley del censo, Arce pronunció un discurso en el que criticó a “los de mi propia base que quieren acortar mi mandato”, en alusión a la sospecha de sus partidarios de que el bando de Morales quizás prefiera crear las condiciones para un cambio . de liderazgo tan pronto como este año. En teoría, esto podría suceder a través de una revocatoria , un mecanismo constitucional que puede permitir que los ciudadanos voten para deponer a un presidente y desencadenar nuevas elecciones, una posibilidad planteada por varios partidarios de Morales. Hace dos semanas, audiofue difundido por un canal de televisión boliviano en el que Morales apareció discutiéndolo, aunque afirmó que el audio fue manipulado.
Los problemas de gobernabilidad creados por estas tensiones solo pueden empeorar. La decisión de los legisladores del MAS leales a Morales de votar en contra del gobierno de Arce sobre la ley del censo —y también, en un principio, el presupuesto de 2023— podría ser solo el comienzo. Luego se especula que el MAS puede expulsar a Arce del partido o que Arce puede abandonar el barco y postularse como candidato por el Partido Socialista-1., un partido de izquierda con el que estuvo asociado cuando era estudiante. Si Arce y Morales terminan compitiendo por diferentes partidos y, por lo tanto, dividiendo el voto del MAS, entonces podría marcar el final de un ciclo de 20 años en la política boliviana, en el que el MAS ha podido gobernar casi sin necesidad de compromiso, y tal vez señale un regreso a una variedad de partidos más pequeños y más específicos que luchan y negocian por el poder.
El MAS aún puede encontrar una manera de resolver sus tensiones internas antes de eso con un acuerdo político que lo una. Esto podría deberse al surgimiento de una amenaza creíble por parte de la oposición que, desde que el MAS asumió el poder, nunca ha logrado unirse en torno a un candidato que pueda desafiarlo. Pero tal acuerdo no pudo recrear la unidad que solía haber. Y en cualquier caso, podría ser de corta duración. La amargura de esta disputa, y las tensiones profundamente arraigadas que ha sacado a la luz, no se olvidarán rápidamente.
 
 
 
 
 
¿RENOVACIÓN EN BOLIVIA?
 
Durante el mandato de Lucho Arce, las corrientes dentro del MAS se han vuelto cada vez más discordantes, la derecha, sin embargo, tampoco está organizada en un frente común contra el presidente de Bolivia.
 
El Salto Diario de España (https://bit.ly/3RUFy3b)
 
Las elecciones generales bolivianas de 2020 supusieron el regreso al gobierno del partido Movimiento al Socialismo (MAS), depuesto por un golpe de Estado de la derecha. Desde entonces, el gobierno izquierdista de Luis «Lucho» Arce Catacora ha intentado fortificarse contra otra eventual campaña antidemocrática de desestabilización, proyectando para ello una imagen de unidad y fortaleza. Sin embargo, durante el mandato de Arce, las componentes internas del MAS se han vuelto cada vez más discordantes, lo cual ha propiciado que todas y cada una de las disputas surgidas entre sus facciones hayan sido amplificadas por unos medios de comunicación hostiles. Los respectivos partidarios del presidente Arce, del vicepresidente David Choquehuanca y del expresidente Evo Morales compiten actualmente por el poder, intentando superar a sus oponentes ante las elecciones de 2025.
Mientras tanto, las tendencias centrífugas de la derecha se han acentuado y las distintas corrientes se culpan mutuamente del ascenso de la izquierda. El resultado es un proceso continuo de fragmentación entre los dos grandes bloques políticos de Bolivia, ninguno de los cuales es capaz de articular un proyecto ideológico coherente. Las líneas divisorias históricas del país —aquellas que separan las ciudades del campo; las masas indígenas de las élites no indígenas; el sur y el este del país del norte y oeste del mismo; los medios de comunicación, las universidades y las clases medias de las confederaciones campesinas y los sindicatos de trabajadores; los capitalistas de los sectores agroindustrial, petrolero-gasístico y financiero del creciente proletariado informal— ya no encuentran una articulación política evidente en los dos campos opuestos. Bajo la división superficial que corre entre partidarios y opositores del MAS se esconde un mosaico más complejo de rivalidades y centros de poder.
En muchos aspectos, la desunión existente en ambos bandos se remonta al golpe de Estado de 2019. Morales, que fue impulsado al poder por las convulsiones revolucionarias del nuevo milenio, se había convertido en el presidente más longevo de Bolivia y constitucionalmente no podía optar a la reelección. Sin embargo, en 2016 intentó saltarse estos límites mediante una serie de manipulaciones jurídicas y políticas. En febrero de ese año, convocó un referéndum para decidir si modificaba la Constitución a fin de poder presentarse a un cuarto mandato. Cuando el 51 por 100 del electorado votó «No», hizo caso omiso de los resultados y se presentó de todos modos a las elecciones presidenciales, basándose en un dudoso veredicto legal del más alto tribunal electoral del país. Este fiasco se convirtió en una llamada a las armas entre los rebeldes de clase media y los comités cívicos regionales empeñados en derrocar al MAS.
El sistema electoral boliviano exige que el principal candidato a la presidencia obtenga más del 50 por 100 de los votos, o bien más del 40 por 100 de los mismos más un margen del 10 por 100 de ventaja sobre el segundo candidato para evitar una segunda vuelta. En la noche de las elecciones generales celebradas a finales de octubre de 2019, el recuento del «conteo rápido» indicaba que Morales había obtenido el 45 por 100 de los sufragios frente al 38 por 100 obtenido por el segundo candidato de centroderecha, Carlos Mesa. Después, tras un inexplicable retraso de veintidós horas, el recuento actualizado indicaba que Morales disfrutaba de una ventaja sobre Mesa de más de diez puntos, obviando la necesidad de la segunda vuelta.
El cambio tardío de votos a favor de Morales era plausible, dada la demografía de las regiones en las que las papeletas se contaron más tarde en el proceso de recuento, pero el retraso entre ambos creó la impresión de juego sucio. Aunque no pudo aportar pruebas, el conjunto de la oposición denunció fraude, al igual que la Organización de Estados Americanos. En todo el país estallaron violentas protestas contra Morales y la extrema derecha de las tierras bajas del este, respaldada por el ejército y la policía, lanzó un golpe blando que forzó su dimisión. El golpe era de composición pequeñoburguesa y mestiza, con algunas capas plebeyas arrastradas por la histeria desatada contra el MAS. Su grito de guerra era de pura negación: «Fuera Evo». Sus dirigentes nunca propusieron un programa alternativo positivo. Sin embargo, no había duda alguna en cuanto a los intereses que servían: los del capital agroindustrial, financiero y petrolero-gasístico.
Los golpistas consiguieron instalar en la presidencia del país a Jeanine Áñez, una senadora católica ultraconservadora de Beni, cuyo partido sólo había obtenido el 4 por 100 de los votos las recién celebradas elecciones. Con Morales y su círculo íntimo exiliados en México y Argentina, la tarea obvia de Áñez era desmantelar los elementos estatistas de la era del MAS, como la cuasi nacionalización de los hidrocarburos, y revertir los derechos colectivos indígenas. Dado el estupor momentáneo que embargó a las clases populares y el estado de debilidad de las fuerzas de izquierda tras años de integración clientelar en el Estado durante el mandato de Morales, Áñez tenía a su disposición las herramientas para la restauración oligárquica.
Sin embargo, su régimen se vio socavado desde el primer momento por sus propios excesos ideológicos y prácticos: sobre todo, la represión estatal —36 asesinados, 80 heridos, cientos de detenidos y exiliados— y la ineptitud burocrática frente a la pandemia de la covid-19. Añez no tenía plan alguno para construir un Estado de derecho, ni para crear una base de apoyo viable y gestionar así la inestabilidad económica del país. Por el contrario, su gobierno se caracterizó por el despliegue de una brutal violencia estatal, la corrupción descarada, la incompetencia administrativa y un colosal deterioro del nivel de vida de la población, ya que la tasa de crecimiento se desplomó en 2020 y más de tres millones de bolivianos y bolivianas no pudieron satisfacer sus necesidades nutricionales básicas. El gobierno también desató una nueva y virulenta ola de racismo antiindígena en el seno de la sociedad civil, con los silbatos para perros de los funcionarios estatales como banda sonora.
De este modo, Áñez propició de inmediato la creación de un conglomerado de trabajadores y campesinos articulado en una poderosa fuerza de oposición, al tiempo que perdía la lealtad de los estratos pequeñoburgueses que habían apoyado originalmente el golpe de Estado. En medio de las crisis económica y sanitaria en curso, sectores significativos de la nueva clase media, forjada durante el periodo de expansión económica auspiciado por Morales, se horrorizaron al verse devueltos a la condición de proletarios o de lumpen. Al mismo tiempo, los movimientos sociales y sindicales, que inicialmente tardaron en responder al golpe, consiguieron unir sus fuerzas, levantando barricadas en las calles e interrumpiendo las cadenas de suministro. Cuando llegaron las elecciones generales de diciembre de 2020, los golpistas, tras fracasar en su intento de impedir la candidatura del MAS, se habían dividido en tres campañas presidenciales rivales. La Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, de centro-derecha, lideraba el pelotón, seguida de lejos por el ultraderechista Luis Fernando Camacho y tras ellos por Áñez, que vio las cosas claras y acabó retirándose de la contienda electoral.
La totalidad de quienes habían participado en el desastre del gobierno de Áñez fueron debidamente castigados por el electorado. Arce devolvió al MAS a la presidencia con un decisivo 55 por 100 de los votos, mientras Mesa obtenía un mísero 29 por 100. El MAS ganó en cinco de los nueve departamentos, con mayoría en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Elementos de la clase media «indecisa», que se habían escorado hacia la derecha en apoyo del golpe de Estado volvieron a apoyar a Arce, que se benefició de convertir la crisis económica en el tema central de su campaña. Admitió los errores de los gobiernos previos del MAS, exigió la «renovación» nacional y prometió restaurar la estabilidad.
La nostalgia por los años de bonanza económica del primer periodo de gobierno de Morales (2006-2014) fue un fuego fácil de avivar. Arce podía traer a colación su mandato relativamente ortodoxo como ministro de Finanzas del MAS durante una época de altos precios de las materias primas, acumulación capitalista dinámica, beneficios históricos en los sectores extractivos y modestas mejoras en los niveles de vida de la clase trabajadora urbana y del campesinado. Al final, Arce obtuvo mejores resultados en todo el área occidental del país que Morales en 2019 e incluso en el departamento oriental de Santa Cruz, donde Camacho obtuvo el 45 por 100 de los votos, el nuevo presidente superó la cuota de votos previamente obtenida por Morales. Las encuestas habían indicado una modesta ventaja para el MAS en la primera vuelta, pero nadie anticipó esta rotunda victoria.
Morales seguía en el extranjero durante la votación de 2020, pero había elegido personalmente a Arce como candidato después de que David Choquehuanca hubiera sido propuesto por las bases, incluida la coalición de movimientos sociales conocida como Pacto de Unidad. Morales aceptó a regañadientes incluirlo en la candidatura ante la insistencia del Pacto de Unidad, mientras el eslogan de la campaña del MAS —«Lucho y David, un solo corazón»¬— delataba cierta inquietud por las divisiones que se estaban produciendo en el partido. A diferencia de Choquehuanca, Arce no era indígena, nunca había mostrado ambiciones de liderazgo y carecía de base social propia, por lo que su capacidad para ocupar el lugar de Morales era cuestionable. Sin embargo, los resultados electorales dejaron claro que el masismo no podía reducirse al evismo. Su victoria demostró que era posible ganar sin el caudillo histórico del partido, al tiempo que evidenciaba la duradera popularidad del modelo plurinacional neodesarrollista del MAS.
Arce se creció en La Paz, hijo de maestros, y se licenció en la Universidad Mayor de San Andrés, especializándose en contabilidad. Durante sus años universitarios estuvo brevemente afiliado al Partido Socialista-1, cuya estrella intelectual y política, Marcelo Quiroga Santa Cruz, había sido asesinada por la dictadura de Luis García Mesa en 1980, cuando Arce tenía 17 años. Pero, a diferencia de casi todas las demás figuras destacadas del MAS, Arce no tiene un historial real de participación en la política de liberación indígena, los movimientos sociales o la lucha sindical. Después de graduarse, trabajó en varios puestos en el Banco Central, haciendo un breve paréntesis para obtener un máster en Economía por la Universidad de Warwick.
Arce se convirtió en el primer ministro de Finanzas de Morales en 2006 y permaneció en el cargo durante casi toda la periodo de Morales, abandonando su cargo únicamente entre 2017 y 2019 para recibir tratamiento por un diagnóstico de cáncer de riñón. Como ministro de Finanzas, dirigió un barco hermético, aislando su Ministerio de la presión de los movimientos sociales y adhiriéndose rígidamente a los objetivos de lograr una baja inflación. Christopher Sabatini, investigador senior de Chatham House, lo describió como «una fuerza tecnocrática y moderada dentro del gobierno de Morales», que «mantuvo buenas relaciones con las instituciones financieras internacionales y con los inversores». Ni siquiera durante el periodo de los altos precios de las materias primas registrado entre 2006 y 2014 se produjo una transformación profunda de la estructura productiva del país, gracias en parte a las precauciones mostradas por Arce; sin embargo, la riqueza se distribuyó entre los más pobres mientras los precios de las materias primas se mantuvieron altos.
Ahora, dos años después del inicio de su mandato, ¿cómo podemos caracterizar la trayectoria de Arce? El presidente cumplió sus primeros compromisos políticos nada más asumir el cargo, incluidas la transferencia de aproximadamente 140 dólares mensuales a un tercio de la población, la creación de un impuesto simbólico sobre las grandes fortunas nacionales y la investigaciones sobre la represión del régimen de Áñez. Sin embargo, en general, su gobierno responde al patrón de una tecnocracia ordinaria carente de las aspiraciones transformadoras que el primer periodo de Morales despertó entre los pobres y los desposeídos bolivianos. Como ha señalado el sociólogo Vladimir Mendoza Manjón, la opinión predominante en el gabinete de Arce es que la era de la transformación se ha acabado. El período actual exige, por el contrario, una postura defensiva y administrativa: en el mejor de los casos, la consolidación de los logros anteriores en un contexto de condiciones materiales más complicadas.
El objetivo es otorgar prioridad a la estabilidad política y reactivar lentamente el proyecto de modernización capitalista neodesarrollista. Este es probablemente el único horizonte de posibilidad contemplado por Arce en ausencia de una presión seria de los movimientos sociales, cuyos partidarios han quedado aislados dentro del gobierno, dado que controlan únicamente los Ministerios de Educación y Cultura y de Desarrollo Rural. Mientras tanto, el Ministerio de Finanzas sigue sometido a la supervisión personal de Arce. Funcionarios de bajo nivel de la era Morales han sido ascendidos, mientras que prácticamente ningún responsable de la vieja guardia permanece en su puesto. Los evistas están totalmente ausentes del círculo íntimo de Arce. Al menos en este sentido, la «renovación» prometida ha comenzado en serio.
El líder de la ola democrática latinoamericana de las últimas décadas al que más se parece Arce es quizá el ecuatoriano Rafael Correa. Aunque carece de la inclinación represiva de este respecto a sus oponentes de izquierda, el planteamiento de Arce sobre el Estado es igualmente verticalista y economicista. Se basa en una planificación socialmente aislada, en concesiones pragmáticas al equilibrio de fuerzas (entendido estáticamente) y en soluciones técnicas a los problemas políticos. Sin embargo, Arce gobierna sin contar con nada parecido a la hegemonía disfrutada por Correa durante el periodo de auge de los precios de las materias primas. El descenso del precio de estas comenzó en Bolivia en 2014, impulsado por el desplome de los precios del gas natural, y su economía no dejó de decrecer hasta 2019, antes de contraerse drásticamente el 8,7 por 100 en 2020. Esta crisis no fue simplemente un efecto coyuntural de la pandemia; también fue el resultado de problemas estructurales subyacentes, incluido el fin del ciclo del gas. Los ingresos procedentes de las rentas del gas obtenidos por el Estado ascendieron a 3,5 millardos de dólares en 2013, pero a apenas 1,5 millardos en 2017. Los problemas estructurales de inversión en el sector gasístico han persistido desde la era Morales hasta la actualidad, registrándose déficits fiscales y comerciales crecientes durante los últimos años. Las reservas de divisas alcanzaron un máximo de 15 millardos de dólares en 2014, pero desde entonces se han reducido paulatinamente para financiar los compromisos de gasto público en un contexto de menores ingresos públicos.
La reciente dinámica del mercado mundial ha tenido consecuencias negativas para América Latina y el Caribe, pero, por diversas razones, Bolivia ha sido hasta ahora un caso atípico. A escala regional, predominan las fuertes presiones inflacionistas, el débil crecimiento del empleo y la caída de la inversión. La guerra rusa contra Ucrania ha limitado el suministro internacional de alimentos y ha disparado los precios de la energía, agravando los problemas desencadenados por la pandemia y las secuelas del crac financiero de 2008. Como exportador de gas, sin embargo, Bolivia se ha beneficiado de la subida de los precios, transformando temporalmente su déficit comercial en superávit. Y como el país sigue produciendo internamente la mayor parte de sus alimentos y cuenta con controles selectivos de las exportaciones de determinados productos agrícolas, Bolivia ha logrado moderar las presiones sobre los precios de los productos alimentarios. Todo ello, junto con el antiguo subsidio público para el consumo doméstico de gas, ayuda a explicar por qué la tasa de inflación boliviana en 2022 fue la más baja de la región y por ende los índices de aprobación relativamente altos disfrutados por Arce. Durante la próxima década, la economía política del país y la lucha de clases de corte ecológico se verán condicionadas por la incipiente industria minera del litio. Pero este proceso está aún en sus inicios y es poco probable que desempeñe un papel importante en el actual gobierno.
Aunque Arce se comprometió inicialmente a un solo mandato, todo parece indicar que intentará presentarse de nuevo en 2025, como permite la Constitución. Pero Morales, a pesar de tener índices de aprobación inferiores a los de Arce y Choquehuanca, conserva una poderosa capacidad de movilización social, sigue controlando el MAS y no excluye convertirse en su candidato en 2025. Cuando regresó del exilio en noviembre de 2020, cientos de simpatizantes indígenas salieron a las calles para recibirle. Al año siguiente organizó la espectacular Marcha por la Patria: una movilización que fue a la vez una defensa real del gobierno de Arce frente a las amenazas de desestabilización de la oposición y una señal al país —incluidos Arce y Choquehuanca— de que el expresidente todavía ejerce el tipo de poder social que es imposible tabular en los datos de las encuestas.
Álvaro García Linera, que fue vicepresidente del gobierno boliviano entre 2006 y 2019, afirma que Morales sigue siendo el «líder social y político» indispensable del partido, mientras que Arce es sólo el «líder político y gubernamental». Para García Linera el proyecto del MAS exige que ambos estadistas se articulen entre sí y con la laxa federación de organizaciones sociales ligadas al partido. Entre estos tres elementos, dice, «tiene que existir un conjunto de articulaciones, que no siempre son fáciles». No siendo ya presidente, Morales ha recuperado la retórica militante de los inicios de su carrera política, pero en términos políticos es dudoso que un nuevo gobierno de Morales difiera significativamente del de Arce. Después de todo, Morales prácticamente entregó la economía a Arce durante su mandato y dada la actual situación material implementar cualquier inclinación populista de izquierda constituiría una ardua batalla.
Desde su regreso a Bolivia, Morales ha trabajado diligentemente para recuperar la autoridad perdida. Superando la resistencia local, ha utilizado su posición como líder del MAS para dictar las listas de los candidatos del partido a las alcaldías municipales y a los puestos de gobernadores departamentales en las elecciones regionales. Durante este proceso, varias figuras de alto nivel han sido expulsadas del partido, entre ellas Eva Copa, presidenta masista del Senado durante el gobierno de Áñez, y Rolando Cuéllar, antiguo líder del Bloque Oriental del partido en Santa Cruz. (Copa se presentó en cambio bajo la bandera del partido Jallalla y obtuvo un mandato abrumador como nueva alcaldesa de El Alto). Aunque intenta evitar la impresión de una neta ruptura con el propio Arce, Morales ha criticado abiertamente a algunos de los ministros de su gabinete y ha hecho declaraciones crípticas sobre la presencia de una ostensible facción derechista dentro del gobierno a la que acusa de planear su marginación con la ayuda de elementos de las Fuerzas Armadas. Hasta ahora Arce ha hecho caso omiso de tales provocaciones, consciente de que, aunque el expresidente conserva una base de apoyo activa, su popularidad general ha disminuido considerablemente.
Choquehuanca fue anteriormente uno de los más cercanos confidentes personales y leales políticos de Morales; sin embargo, la pareja está ahora amargamente enfrentada. Tras la derrota en el referéndum de 2017, Choquehuanca insistió en la necesidad de encontrar un nuevo líder del partido, un puesto que solo él podía ocupar. Cuando se hizo evidente su ambición de sustituir a Morales, fue degradado de los escalones más altos a los más bajos del partido, siendo relegado de su cargo de ministro de Asuntos Exteriores a un puesto diplomático marginal. Morales también actuó contra otros antiguos aliados que habían apoyado la candidatura de Choquehuanca, quien ahora sabe que su carrera política está acabada si Morales logra volver a la presidencia. Está desesperado por evitarlo, ya sea reuniendo a las fuerzas de la «renovación» para bloquear la candidatura de Morales o, lo que es más probable, ayudando a dividir el partido una vez que Morales se haya asegurado la nominación.
Choquehuanca tiene una base social galvanizada en el altiplano aimara. Jugó un papel menor en la campaña electoral de 2020, pero según Pablo Stefanoni, uno de los observadores más agudos de la política boliviana, sus intervenciones ocasionales fueron decisivas para asegurar la lealtad de la base indígena del MAS y para recuperar a una parte de quienes se habían desilusionado con Morales. Choquehuanca es popular entre la generación más joven de militantes del MAS y entre los cargos intermedios del partido que, por una u otra razón, se han visto preteridos por la dirección nacional dominada por Morales. Choquehuanca formó parte del gabinete de Morales durante más tiempo que nadie, excepto Arce. Al principio, desempeñó el papel del antiintelectual, jactándose de que no había leído un libro desde hacía dieciséis años cuando asumió el cargo de ministro de Asuntos Exteriores. Ideológicamente, sin embargo, se adaptó más o menos plenamente al pragmatismo de la era de Morales. Si su política difiere de la de su antiguo jefe, es en su mayor simpatía subyacente por el nacionalismo aimara; sin embargo, en términos electorales, esto es en cierto modo un lastre, que restringe el núcleo de su base potencial al altiplano occidental. Es poco probable que su posible candidatura a la presidencia tenga éxito, siendo más plausible que asuma el papel de segundo de abordo en una eventual escisión del MAS liderada por Arce.
Como ha escrito el periodista Fernando Molina, la historia política boliviana está plagada de fragmentación social y conflictos caóticos, especialmente tras la salida de un caudillo importante, momento en el que se desatan las batallas por sucederle. La novedad del momento actual es que Morales fue excluido coactivamente del poder gubernamental y, sin embargo, sigue siendo un vector interno crucial, que define las coordenadas sociopolíticas generales del país.
Si el MAS está, pues, dividido internamente, ¿qué ocurre con la oposición de la derecha boliviana? La escena política durante el mandato de Arce sigue acechada por los fantasmas del golpe de Estado de 2019. Decenas de exoficiales militares han sido encarcelados por su papel en el derrocamiento de Morales, incluidos los jefes de las Fuerzas Armadas y la policía. Áñez fue condenada a diez años de prisión, aunque sólo se la responsabilizó de los sucesos de noviembre de 2019 y no de las masacres de Estado que siguieron. Marco Pumari, expresidente del Comité Cívico del departamento de Potosí, está en la cárcel a la espera de juicio, acusado de provocar la quema y saqueo del Tribunal Electoral de su departamento en los prolegómenos del golpe. Mesa permanece judicialmente indemne, aunque su marca de centrismo desvaído se ha hecho cada vez más impopular.
Hasta hace muy poco tiempo, el ultraderechista Camacho había logrado evitar los cargos judiciales y fortalecer su posición. Fue elegido gobernador de Santa Cruz en marzo de 2021 y se convirtió en el rostro de un creciente movimiento de extrema derecha, que tiene especial peso político en Santa Cruz, Beni, Potosí y Tarija. Sin embargo, pocos días después de navidad, Camacho fue finalmente detenido por su papel en el golpe de Estado de 2019. Pasará los próximos meses en prisión en La Paz a la espera de juicio. Arce programó el arresto para acallar las críticas de Morales de que su gobierno se mostraba laxo en el trato a la oposición de derecha y para aprovechar las incipientes fracturas surgidas en la derecha local cruceña entre el conservadurismo tradicional de las tierras bajas y el radicalismo de Camacho.
En octubre y noviembre de 2022 la extrema derecha lanzó un «paro cívico» de treinta y seis días contra el calendario del próximo censo nacional, paralizando de hecho la ciudad de Santa Cruz, motor económico de Bolivia. Varios meses antes, Arce anunció que retrasaría el censo dos años por incapacidad técnica. Desde el último censo de 2012, la población del departamento y de la ciudad de Santa Cruz ha crecido rápidamente, impulsada en parte por una importante migración desde el altiplano occidental. Como resultado, un nuevo censo conduciría invariablemente a un desplazamiento sustancial hacia el este de los recursos estatales y de los escaños legislativos. Las protestas de los cruceños estallaron al considerar que el retraso del gobierno era en realidad una toma de poder encubierta, diseñada para evitar alteraciones de recursos y escaños, que perjudicarían al partido gobernante en las elecciones de 2025.
 
 
 
 
 
 
EN BOLIVIA, LOS "ACUERDOS RECÍPROCOS DE AGUA" ESTÁN AYUDANDO A PROTEGER MILLONES DE HECTÁREAS DE BOSQUE
 
En Bolivia funciona desde hace años un excelente programa de economía circular que gira en torno a la custodia y protección del agua: los habitantes de las ciudades y los bosques colaboran para salvar su patrimonio natural. Comprendamos mejor cómo sucede este milagro.
 
OHGA de Italia (https://bit.ly/3E6yPgL)
 
Hace más de 10 años nació en Bolivia un innovador proyecto de protección de la naturaleza en el que, por primera vez, todos los habitantes de una misma cuenca, tanto rural como urbana, trabajarían juntos para proteger los bosques y el agua que fluye por ellos.
Se trata de los llamados Acuerdos Recíprocos de Agua , programas que buscan concienciar a la opinión pública de que la protección del agua no es sólo responsabilidad de quienes viven en las nacientes de los ríos de alta montaña o en los cursos de agua de la cuenca media, sino de todos los que se benefician del recurso. Un acuerdo de este tipo pone en diálogo a los habitantes de las ciudades con los de la selva o la montaña. Los primeros, aguas abajo de la cuenca, crean un sistema para recaudar fondos para apoyar a los segundos que se comprometen a proteger las fuentes de agua.
En la práctica, las familias campesinas que viven en la parte alta de la cuenca se comprometen a conservar sus bosques productores de agua ya cambio reciben beneficios para desarrollar proyectos productivos sostenibles y para conectar sus viviendas a agua potable. Esto es posible gracias al financiamiento que proviene principalmente de las empresas administradoras de agua a través del pago mensual de los usuarios, pero también de los municipios. El modelo se ha difundido rápidamente en Bolivia y comienza a replicarse en Colombia , Perú , Ecuador y México .
¿Qué son los Acuerdos Recíprocos de Agua?
Tal vez un programa utópico, pero que se ha fortalecido con los años. Al principio, de hecho, fueron sólo cinco personas las que decidieron destinar parte de sus tierras a la conservación del agua; en 2019 había 8.000 agricultores en 58 municipios bolivianos que se convirtieron en custodios de 350.000 hectáreas. Hoy hay 24.000 agricultores, 80 municipios involucrados y 600.000 hectáreas protegidas . El modelo boliviano se ha convertido en un referente de éxito en conservación y ha llevado a la creación de 23 áreas protegidas equivalentes a 3,4 millones de hectáreas en Bolivia y comienza a replicarse en Colombia, Perú, Ecuador y México.
Por la venta de parte de la tierra, los agricultores reciben dinero para proyectos de desarrollo. “ Les decimos que cuiden su bosque y lo conviertan en un jardín para ellos y la sociedad, y a cambio les damos agua limpia en casa con un sistema de agua comunitario ”, explica Richard Estrada, director ejecutivo de Fundación Natura.
Fundamental para el éxito del proyecto es el modelo de financiación adoptado. El dinero para financiar los beneficios que reciben los agricultores por la protección de su bosque proviene de un fondo en el que participan los proveedores del servicio de agua potable, que en Bolivia son cooperativas y empresas públicas, a través de un pago mensual que realizan los usuarios y que es incluido en la factura del agua. También participan los municipios y la Fundación Natura, cada uno con un porcentaje de participación.
Los resultados del programa también han motivado a algunos municipios a proteger áreas más grandes. Actualmente, en el marco de los Acuerdos Recíprocos por el Agua, “ se han creado 23 áreas protegidas en 20 municipios, que suman cerca de 3,4 millones de hectáreas de bosques que producen agua ”, explica Vargas.
La razón de un éxito
Para el director ejecutivo de Fundación Natura, el agua ha sido la piedra angular que ha permitido alcanzar objetivos que de otro modo no hubieran sido posibles. “ Es muy difícil, cuando vives en países pobres como el nuestro, decirle a la gente que se tiene que quedar porque es moralmente importante, porque es bueno para el cambio climático, porque es bueno para la sociedad”, dice . El agua, por su parte, “ nos ha permitido reunir a muchas personas alrededor de una mesa y tomar decisiones sobre qué espacios mantener y qué hacer al respecto ”, explica Vargas.
 
 
 
 
 
EUROPA ANTE EL DESAFÍO DEL LITIO
 
Silicón de España (https://bit.ly/3YlI6tz)
 
El litio es un elemento esencial para electrificación de la movilidad y la descarbonización de nuestra economía. Por eso, la concentración de la producción y la tensión entre oferta y demanda generan una gran incertidumbre.
El litio está llamado a ser uno de los materiales centrales en la transición energética en la que ya está inmersa la sociedad y la economía mundial.
“El litio ejerce un papel crucial en la descarbonización de la economía, ya que es un componente clave para la lucha contra el cambio climático. Las baterías de iones de litio son un factor clave para una economía hipocarbónica, o incluso para llegar a crear una economía neutra de emisiones de carbono, tal y como persigue la Unión Europea”, confirma José Luis Costales, managing director de Accenture de Industry X Engineering & Manufacturing en España, Portugal e Israel.
Las características particulares que reúne el litio son las que están impulsando su uso. “Es el metal más ligero y posee una gran capacidad para almacenar energía. Es por esto que la industria, en su búsqueda de la eficiencia en los equipos destinados a almacenar energía que sean más ligeros, más reducidos y con más capacidad de almacenaje, haya apostado por el litio en lugar de otros metales, como el sodio y el magnesio, o el hidrógeno”, expone Juan José Montiel, profesor de EAE Business School.
Por ejemplo, las baterías de los automóviles eléctricos están compuestas principalmente por este metal blanco, por lo que es fundamental para afrontar la electrificación de la movilidad. “Sus cualidades de ligereza y gran capacidad de almacenamiento han hecho que la industria del automóvil se haya decantado por el litio como componente clave de las baterías de los nuevos vehículos híbridos (HEV), híbridos enchufables (PHEV) y 100% eléctricos enchufables (BEV), frente a otras tecnologías como los vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV), que utilizan el hidrógeno como combustible”, detalla Montiel.
Pero sus aplicaciones no acaban ahí. “Este preciado mineral es un componente clave en las baterías de los equipos informáticos y de comunicaciones, como los ordenadores portátiles, smartphones y power stations o baterías portátiles para almacenar energía y recargar equipos portátiles de todo tipo. También se utilizan en bicicletas y patinetes eléctricos y, en general, en muchos equipos eléctricos portátiles”, añade.
Además, las baterías de litio están llamadas a desempeñar un papel de gran relevancia en el desarrollo de las energías renovables, contribuyendo así a la descarbonización. “Por ejemplo, una instalación solar fotovoltaica, que no puede producir electricidad durante la noche, podría utilizar energía no utilizada durante el día si se almacena en una batería eléctrica. Esto reduciría la dependencia de otras tecnologías de generación eléctrica basadas en combustibles fósiles, contribuyendo a la descarbonización”, indica Javier Sánchez Prieto, director del máster universitario en Energías Renovables de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).
Y aunque este metal se está destinando mayoritariamente a la fabricación de baterías en los últimos años, también es un elemento importante en otros ámbitos, como en la fabricación de aleaciones ligeras para aplicaciones aeroespaciales, como aditivo en la fabricación de vidrio y cerámica, en la fabricación de lubricantes, en sistemas de aire acondicionado con máquinas de absorción, en la fabricación de caucho, en la síntesis de psicofármacos o en distintas aplicaciones en el sector metalúrgico, entre las que se incluye la mejora del proceso de fabricación de aluminio, tal y como especifica el profesor de la UNIR.
Tensión entre oferta y demanda
La creciente necesidad de litio para todos estos fines está tensando el mercado de este ‘oro blanco’, que es difícilmente sustituible. Coface señala en un artículo que “la oferta es demasiado limitada para satisfacer la demanda y está apremiada por la falta de inversión”.
El profesor de EAE Business School cita algunos datos de un artículo de McKinsey, que nos dan una idea de ello. “Si en el año 2020 el mercado demandó 400.000 toneladas equivalentes de carbonato de litio, se estima que la demanda crecerá hasta entre 3,3 y 3,8 millones de toneladas equivalentes anuales a finales del 2030. Es decir, la demanda experimentará un crecimiento del 950%”.
También debemos tener en cuenta que el litio, igual que sucede con el petróleo, por ejemplo, es un material finito. “El US Geological Survey, en su informe ‘Mineral Commodity Summaries 2022’, evaluaba en 89 millones de toneladas las reservas mundiales de litio. Dado que estas son limitadas, mientras crezca la demanda, los precios seguirán creciendo”, anota Montiel.
Además, hay que destacar la enorme concentración de los recursos y de la producción en muy pocos países. Coface detalla que Argentina, Bolivia y Chile acaparan el 58% de los recursos mundiales. “Esta concentración es mucho mayor que la de otros metales básicos”, recalca la aseguradora. Por ejemplo, indica que el 75% de las reservas de cobre identificadas están repartidas entre 13 países.
Según el Gobierno estadounidense, los cinco países que acumulan las mayores reservas de litio son Bolivia (21 millones de toneladas), Argentina (19 millones), Chile (9,8 millones), Estados Unidos (9,1 millones) y Australia (7,3 millones).
La producción de litio también está muy concentrada, liderada por Australia, Chile y China, que aportaron el 90% de la producción mundial en 2021. Y la situación se agrava en las fases posteriores, ya que China refinó el 60% del litio del mundo en 2021, a la par que representó el 77% de la capacidad de producción mundial de células de baterías y el 60% de la fabricación mundial de componentes de baterías, según Coface.
“La concentración de litio en manos de pocos países productores y los riesgos inherentes a este modelo de cadena de suministro global hace que las empresas que usan el litio para la fabricación de baterías tengan que lidiar con suministros inestables en plazo, calidad y cantidad adecuada para poder amortizar las grandes inversiones”, reconoce el experto de Accenture.
Este desequilibro se traslada a los precios. “La tirantez entre la oferta y demanda y la concentración de la producción en pocos países ha contribuido a un incremento en los precios internacionales, que se han repercutido a las baterías”, anota Costales.
Montiel aporta algunas cifras que ilustran cómo sea disparado el precio del litio. “Si a comienzos del 2019 la tonelada de carbonato de litio chino se cotizaba en torno a los 12.000 dólares, a finales del 2022 alcanzó un pico de 90.000 dólares. Actualmente, coincidiendo con una ralentización en la demanda de vehículos eléctricos en ese país, la tonelada se sitúa en torno a 71.000 dólares”.
El reto del vehículo eléctrico
No cabe la menor duda de que el desarrollo del vehículo eléctrico y la prohibición de la venta de vehículos de combustión interna en 2035 en la Unión Europea, así como en Australia o algunos estados de EE.UU., entre otros territorios, introducirán aún más tensión al mercado del litio.
“La industria automovilística será el primer demandante de litio a escala mundial en los próximos años. Los políticos europeos han decidido que no se podrán comercializar vehículos con motores de combustión a partir de 2035, forzando así la transición a vehículos 100% eléctricos. Durante estos años, la industria del automóvil tendrá que reconvertir sus plantas productivas y sus cadenas de suministro para hacer frente a este nuevo escenario. Según McKinsey, el crecimiento de la demanda de litio puede cubrirse razonablemente con los recursos y las tecnologías actuales hasta el año 2026. A partir de ahí, necesitaremos de nuevas tecnologías ahora en desarrollo”, puntualiza el profesor de EAE Business School.
Igualmente, el experto de la UNIR considera que “si se prohíbe la venta de vehículos de combustión, la alternativa del vehículo eléctrico pasará a ser la única, en principio, por lo que los precios de las baterías, sin duda, aumentarían; y también lo haría el precio del litio y su demanda”.
Además, reseña que el precio del litio repercute en la penetración de los vehículos eléctricos. “Para que los vehículos convencionales puedan ser competitivos en precios y en prestaciones, las baterías deben tener más autonomía y precios menores”. Al hilo de ello, señala que “el precio de las baterías lleva bajando desde 2010, lo que ha hecho posible que se incorporen al mercado más vehículos eléctricos. Esto ha aumentado la demanda de litio de forma exponencial”.
Sin embargo, el mercado se ha dado la vuelta, registrándose una importante subida de precio en los últimos años. “La demanda de litio superó a la oferta por primera vez en 2021, haciendo que los precios hayan aumentado alrededor del 400%”, precisa.
Así pues, Costales considera que la actual tensión en los precios del litio “es uno de los principales inconvenientes para el desarrollo masivo del coche eléctrico en Europa”. De este modo, considera que “a medio plazo, el creciente uso del litio para baterías, vehículos eléctricos y otras tecnologías emergentes, supondrá un incremento exponencial en la demanda de litio, que sólo se verá reducida por nuevos desarrollos tecnológicos alrededor del sodio”.
¿En qué posición se encuentra Europa?
Coface indica que “las economías occidentales llevan mucho tiempo sin prestar demasiada atención a sus suministros mineros”. Además, advierte que “Europa, que pretende ser autosuficiente en la producción de baterías para 2030, no podrá depender únicamente de los proyectos mineros nacionales”.
Aunque en el suelo del Viejo Continente hay una cantidad de litio nada desdeñable. Según el citado informe del Gobiernos de Estados Unidos, Alemania es el país con mayores reservas, con 3,2 millones de toneladas de litio, por delante de la República Checa (1,3 millones), Serbia (1,2 millones), España (320.000 toneladas), Portugal (270.000 toneladas), Finlandia (68.000 toneladas) y Austria (60.000 toneladas).
“Existen diez proyectos de litio potencialmente viables en la Unión Europea, dos de ellos en España”, remarca el experto de la UNIR. “Si todos ellos salen adelante, probablemente el suministro de litio pueda estar garantizado sin dependencia externa, pero la extracción de litio implica algunos aspectos ambientales que generan oposición. Las vías habituales de extracción son la minería a cielo abierto y el bombeo de agua. Ambas prácticas tienen grandes impactos ambientales y potenciales riesgos de contaminación del aire y el agua”, explica.
Igualmente, Costales reconoce que “algunos países europeos se oponen a la explotación de minas de litio en su territorio, debido a los impactos ambientales y sociales negativos que pueden resultar de la extracción, como el agotamiento del agua, la contaminación del aire y el consumo energético”
El profesor de EAE Business School ahonda en este asunto. “La investigadora Susana Timón Sánchez, científica del Instituto Geológico y Minero de España, en un artículo publicado en The Conversation, señala Galicia, Castilla y León y Extremadura como regiones de España donde existen importantes yacimientos del mineral. Además, cuenta cómo la última explotación minera activa en España, sita en La Fregeneda (Salamanca), cerró en 2011”.
Asimismo, cita una noticia publicada en hibridosyelectricos.com, en la que se informa de que el Juzgado Contencioso Administrativo de Cáceres ha denegado el permiso de investigación —requisito previo a la explotación— a una empresa que trata de poner en marcha la explotación del yacimiento en la sierra de Valdeflores, en las cercanías de Cáceres.
“Este yacimiento es uno de los más grandes de Europa. Además de su carácter estratégico para paliar, aunque sea parcialmente, nuestra dependencia del litio foráneo, supone una inversión de 600 millones de euros y 1.500 empleos durante la construcción de la mina, así como 700 empleos durante la fase extractiva, según la empresa minera”, remarca Montiel.
Por otra parte, no debemos olvidar que el desafío del litio no se limita únicamente a su extracción, producción y aprovechamiento. “Accenture considera que se requiere un plan de acción estratégico para las baterías, que incluya facilitar el acceso a fuentes primarias y secundarias de litio, así como abrir nuevas minas de litio, pero sin olvidar los aspectos de circularidad y trazabilidad desde el origen para salvaguardar los objetivos de sostenibilidad europeos”, manifiesta Costales.
“Europa debe apostar por el desarrollo de ecosistemas que propicien estos conceptos de circularidad, tales como la reparación de baterías, modelos de negocio por uso de las baterías, minimización del desecho, reusar partes de otras baterías y el reciclaje de las mismas. La fabricación de litio en Europa debe ser un ejemplo en el que se deben mirar otros países menos desarrollados o laxos en la aplicación de la legislación de huella de carbono y sostenibilidad”, agrega.
De hecho, el reciclaje de las baterías de litio es otro de los problemas que habrán de resolverse, puesto que el proceso de tratamiento como residuo todavía es muy caro. Además, el porcentaje de componentes recuperados está lejos del 100%, aunque Tesla asegura que alcanza el 92% de reutilización de las materias primas de sus baterías.
En el caso de las baterías que han perdido parte de su rendimiento, se están buscando soluciones alternativas al reciclaje, como su reutilización para otros fines. Por ejemplo, una batería de coche no puede ser utilizada si su capacidad baja del 70%, pero puede emplearse como sistema de alimentación de emergencia, para iluminar instalaciones deportivas, como fuente de alimentación de para eventos, etc.
 
 
 
 
 
SINCERIDAD IMPERIALISTA
 
La idea de que los recursos naturales del hemisferio se pongan a disposición incondicional de los Estados Unidos, para satisfacer sus prioridades estratégicas, se había esbozado anteriormente en los documentos Santa Fe, elaborados por el Departamento de Estado
 
Semanario La Voz (https://bit.ly/3k2TEmq)
 
La jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, la generala Laura Richardson, ha desarrollado una muy activa diplomacia en las últimas semanas y ha visitado a varios países de América Latina, sobre todo los que tienen gobiernos progresistas o de izquierda. En el caso de Honduras, en Centroamérica, ha visitado tres veces esa nación.
Al menos dos elementos de orden estratégico animan la actividad diplomática de la jefe del Comando Sur. Una, es el renovado interés de la administración norteamericana y sus corporaciones transnacionales, por el acceso a los recursos naturales de América Latina, en la medida en que se ahonda la crisis energética, alimentaria y sanitaria en la gran potencia norteamericana, en la conjunción de las crisis por el covid-19 y la guerra en Ucrania.
El otro elemento que llama la atención es que, ya no es el Secretario de Estado norteamericano el que se mueve por los países del ‘patio trasero’, anunciando zanahoria y garrote, sino la representante de la mayor fuerza militar intervencionista en el continente la que adelanta la tarea de enlace con los gobiernos de la región. Un anuncio de que la intención de militarizar la zona es cierta y que, de nuevo, en una reedición de la Doctrina Monroe, están las armas, los misiles y las cañoneras de la Marina de Guerra, dispuestas a entrar en operaciones ante la resistencia latinoamericana.
América para los americanos
El Comando Sur de Estados Unidos es uno de diez espacios militares del Departamento de Defensa de ese país distribuidos alrededor del mundo. El Comando Sur tiene “jurisdicción” e influencia directa sobre todos los países de América Latina con excepción de México, que figura bajo el Comando Norte.
La jefe del Comando Sur ha dicho durante sus visitas, que su país ha puesto los ojos en los inmensos recursos naturales que aún tiene la región, y que garantizar el acceso a ellos por parte de los Estados Unidos es una cuestión de seguridad nacional, un asunto estratégico de primordial importancia.
“Lo que quiero decir es que nosotros tenemos mucho que hacer. Esta región tiene mucho que ver con la seguridad nacional y nosotros debemos incrementar nuestra participación”, dijo por estos días la señora Richardson.
Riquezas estratégicas
El Comando Sur reclama el derecho de Estados Unidos de acceder al litio, el gas, el petróleo, el oro y otras riquezas de América Latina. La pretensión no es de cualquier tamaño. Recientemente se ha divulgado que Venezuela, además de tener un enorme depósito de petróleo, que por cierto el gobierno bolivariano dice que será uno de los más limpios y ecológicos del mundo, tiene también considerables reservas de cobre y oro.
Pero además está el litio. “¿Por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tienes el triángulo de litio, que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60 por ciento del litio del mundo está en el triángulo del litio: Argentina, Bolivia, Chile”, ha reconocido la alta oficial.
Estados Unidos va también detrás de la Amazonía, que tiene el 31 por ciento de los recursos de agua dulce del mundo. La Amazonía además alberga la mayor cantidad de oxígeno, el 56 por ciento del bosque tropical y una rica variedad de ecosistemas biológicos.
Los beneficiarios
Estados Unidos ha sido claro en mostrar su interés en el litio, los hidrocarburos y el agua de América Latina. La generala Laura Richardson reconoció la intervención de su país para incidir en el manejo de los “recursos naturales”. Que estarían en manos de Equinor y Shell en el Mar Argentino, la israelí Mekorot para el manejo del agua, Barrick en San Juan y Syngenta en la Casa Rosada. Más extractivismo, la democracia desnaturalizada y un modelo que consolida la dependencia.
Los latinoamericanos presenciamos en este momento una reedición de la Doctrina Monroe para América Latina, que en su momento se planteó como una cuestión de seguridad nacional para el país del norte el acceso a los inmensos recursos naturales de la región. Hoy se sabe que desde hace por lo menos dos décadas se habían diseñado planes de recolonizar el continente, elaborados por los llamados tanques de pensamiento republicanos. Lo curioso es que ahora, esos planes son reivindicados por la administración demócrata de Biden.
La idea de que los recursos naturales del hemisferio se pongan a disposición incondicional de los Estados Unidos, para responder a sus prioridades estratégicas, se habían esbozado anteriormente también en los documentos Santa Fe, elaborados por el Departamento de Estado.
Por cierto, en esos momentos, bajo la doctrina Santa Fe, se estimularon golpes de estado de sectores militaristas en la región. Por eso algunos se preguntan si en el marco de la nueva ofensiva ‘diplomática’ de la jefe de Comando Sur, no habría connivencia del Departamento de Estado y el Pentágono, en el golpe de estado contra el presidente Pedro Castillo, en Perú, la intentona desestabilizadora de Brasil y las amenazas de galope en Bolivia, sin contar los planes de la ultraderecha colombiana contra el gobierno del Pacto Histórico.
Los tiempos cambian
Voces progresistas comienzan a levantarse contra los nuevos planes hegemónicos de la administración norteamericana.
El expresidente de Bolivia Evo Morales escribió en su cuenta de Twitter: “Le recordamos a la jefa del Comando Sur de EEUU que América Latina no es patio trasero ni su hacienda para explotar recursos naturales. Ante la nueva amenaza intervencionista yanqui, reiteramos que los pueblos libres de la Patria Grande defenderán su soberanía”.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, dijo en entrevista con la agencia de noticias Télam: “No vamos a aceptar que nadie se atribuya nuestras riquezas naturales como si fueran suyas», y agregó que «no es la primera vez que EEUU habla de nuestras riquezas naturales. No vamos a aceptar ninguna imposición de nadie ni que nadie se atribuya nuestras riquezas naturales como si fueran suyas”.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró que “Latinoamérica ya no es un pedazo de tierra para saquear», y advirtió que «aquí se construye un bloque geopolítico emergente que será clave en la construcción de un Nuevo Orden Mundial Multipolar”.
La generala Laura Richardson ha sentenciado: “Estados Unidos tiene mucho por hacer (…) Tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que empezar nuestro juego”. Parece que la estratega se equivoca de época. Otros aires corren por el continente, y la iniciativa la tienen los pueblos, no las grandes empresas transnacionales ni los agentes de la guerra.
 
 
 
 
 
POLÉMICA EN BOLIVIA: DOCENTES RECHAZAN LA INCLUSIÓN DE UN TEXTO “IDEOLOGIZADO” EN LAS ESCUELAS SOBRE LA CRISIS DE 2019
 
“No estamos para adoctrinar”, aseguraron los maestros públicos ante el currículo impuesto por el Ministerio de Educación que habla de golpe de Estado contra el ex presidente Evo Morales
 
Infobae de Argentina (https://bit.ly/3RYz6rN)
 
La crisis política de 2019 en Bolivia que dejó 37 muertos, ¿fue una asonada golpista o una rebelión popular contra un fraude electoral? La polémica aterrizó en las escuelas con un texto escolar que habla de golpe de Estado y que ha desatado el rechazo de maestros y opositores.
“No estamos para adoctrinar o ideologizar”, dijeron los maestros públicos que amenazaron con volver a las calles esta semana para rechazar “el nuevo currículo impuesto por el Ministerio de Educación”, según el dirigente del gremio, José Luis Álvarez.
“No es un adoctrinamiento, es parte de nuestra historia y el maestro debe estar preparado para compartir con sus alumnos un análisis crítico de la realidad”, replicó el viceministro de Educación, Bartolomé Puma.
El Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) -que agrupa a organizaciones ciudadanas opositoras- sumó una demanda más contra el gobierno del presidente Luis Arce y rechazó que se pretenda instalar en el aula “una falsa teoría de golpe a favor de Evo Morales”, el ex presidente y jefe del partido gobernante.
Las elecciones de 2019 fueron denunciadas de fraudulentas por la misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Morales, que buscaba un cuarto mandato consecutivo, renunció debido al estallido social en todo el país y la senadora de la oposición Jeanine Áñez asumió el gobierno, y un año después llamó a comicios que fueron ganados por Arce, heredero político de Morales.
Con el regreso al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales, se llevó a juicio a más de un centenar de dirigentes políticos y sociales que alentaron las protestas, comenzando por Áñez, quien purga una condena de 10 años por esos episodios y afronta otros juicios. La oposición ha denunciado una persecución política con el apoyo de jueces afines al gobierno y asegura que hay perseguidos políticos en el país. Los oficialistas alegan que buscan hacer justicia con los promotores del golpe.
El tema mantiene al país fuertemente polarizado sobre todo porque la Fiscalía absolvió de toda investigación a Morales y a sus ex colaboradores. Según analistas, es el problema que más inestabilidad provoca.
El texto en cuestión se enseñará este año en el último curso secundario y dice: “Un oficial del ejército le coloca a la autoproclamada Áñez la banda presidencial en una clara muestra simbólica del golpe de Estado que se estaba protagonizando”.
El Ministerio de Educación dijo el lunes que los nuevos textos serán distribuidos esta semana a las escuelas.
La semana pasada también hubo movilizaciones en varias de las principales ciudades del país como Santa Cruz, la mayor región boliviana, La Paz, sede del Gobierno y el Parlamento, Cochabamba, Oruro y Sucre, la capital constitucional del país, junto a algunas organizaciones de padres de familia con críticas hacia los contenidos y las condiciones de su aplicación.
En las protestas, varias de las pancartas cuestionaron la labor del ministro de Educación, Édgar Pary, por el proceso en el que aseguró se “consensuó” con distintos sectores, y calificativos al nuevo plan de estudios de “pachamamista”, en relación a la orientación indigenista que caracteriza al Gobierno.
 
 
 
 
 
GOBIERNO DE BOLIVIA INTENSIFICA ACCIONES CONTRA LA IGLESIA
 
Tras la condena de un obispo nicaragüense, la fiscalía de Bolivia investiga ahora también a obispos católicos.
 
Die-tagespost.de/Politik de Dinamarca https://bit.ly/3YLVpDt)
 
La Iglesia Católica es cada vez más perseguida no solo en Nicaragua sino también en Bolivia. El domingo, medios bolivianos informaron sobre una investigación del fiscal general de Bolivia, Wilfredo Chávez, contra obispos católicos por los hechos conocidos como "Golpe I" en relación con las elecciones presidenciales de octubre de 2019, necesaria enmienda constitucional controvertida. Sin embargo, Morales luego impulsó su candidatura a través de canales legales. Siguieron manifestaciones y disturbios.
En un informe final, una comisión de la Organización de Estados Americanos habló de intentos de manipulación y recomendó nuevas elecciones. Morales renunció bajo la presión de los sindicatos oficialistas, la Defensoría del Pueblo de Bolivia, el ejército y la policía.
La Iglesia Católica asumió el papel de mediador
Durante la crisis política y social, la Iglesia católica asumió un papel mediador, lo que llevó a la instauración de un gobierno interino a cargo de Jeanine Áñez. En 2021, la Conferencia Episcopal de Bolivia CEB entregó al Papa Francisco un informe sobre el papel de la Iglesia Católica entre octubre de 2019 y enero de 2020, en el que desestimó "todas las denuncias" relacionadas con un "presunto golpe de Estado" contra Morales.
Ahora, según el diario boliviano "Correo del Sur", la Fiscalía General de la República ha pedido al fiscal Omar Mejillones que cite a los clérigos que pertenecieron a la CEB en 2019 y que participaron en el proceso de paz de 2019 en calidad de tales. Van a “declarar en el caso 'Golpe I' por terrorismo.” La carta de la Fiscalía General de la República contenía una lista de diez clérigos que debían ser citados. Entre ellos el Arzobispo Ricardo Centellas de Sucre, Vicepresidente de la CEB entonces como ahora, el ex Secretario General Episcopal Aurelio Pesoa, el Secretario General Adjunto José Fuentes Cano y el entonces Obispo Auxiliar Giovani Arana de El Alto.
Ramiro Venegas, diputado por el partido gobernante MAS (“Movimiento al Socialismo” – “Movimiento al Socialismo”), según el periódico boliviano Página Siete, dijo que los funcionarios de la iglesia deben ser llevados ante la justicia por “alimentar la confrontación en el país” ya que ellos en sus sermones "hablan de asuntos políticos más que de la Palabra de Dios". Venegas lamentó que los obispos “hablen de persecución política de la misma manera que la oposición”.
Privado de libertad por motivos políticos
Sin embargo, el obispo Percy Galván de La Paz afirmó: “Estamos al tanto de la persecución. Sabemos de nuestros hermanos que están privados de su libertad en diversas cárceles del país por razones políticas, por supuesto con otros pretextos; buscan pretextos como terrorismo, conspiración, golpe de Estado (...) y si esto se extendiera a la Iglesia, no sería de extrañar. Lo vimos en Nicaragua, donde arrestaron a un obispo porque no quiso aceptar la deportación”. Los ataques de la “clase política” contra la Iglesia no son nuevos: “Nos amenazaron y persiguieron. Es una larga historia", dijo.
El presidente del "Comité Nacional para la Defensa de la Democracia" (Conade), Manuel Morales, consideró que los "intentos de venganza" del gobierno "no prosperarán". Morales literalmente: “Esta moción es inaceptable. El fiscal ha afirmado que los obispos de la Iglesia católica gozan de una protección equivalente al estatuto diplomático. Por lo tanto, emitirán un comunicado por escrito a través del Vaticano. No se le puede condenar por un supuesto golpe de Estado que nunca ocurrió”.
Hablan los expresidentes
Dos expresidentes de Bolivia también se han pronunciado sobre los incidentes. Página Siete cita un tuit de Carlos Mesa, presidente de Bolivia de 2003 a 2005: “El MAS ahora trata de perseguir a los obispos que defienden la democracia y los derechos humanos. La persecución política en su forma más cruda”. Mesa comparó el pedido de la Fiscalía General de la Nación con los hechos en Nicaragua y llamó a la comunidad internacional a pronunciarse en contra de este nuevo intento de persecución.
En el mismo sentido se expresó también el expresidente Jorge Tuto Quiroga: el presidente Luis Arce, en el cargo desde 2020, “imita a Ortega cuando intenta crucificar a obispos que el MAS pidió mediación en 2019”. Llamó al Papa Francisco a "comentar sobre la persecución de la Iglesia en Bolivia".
 
 
 
 
 
DEL MILITARISMO AL LAWFARE: ASÍ HAN CAMBIADO LOS GOLPES DE ESTADO EN LATAM
 
Perú: Hay manifestaciones contra el encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo, el más reciente caso.
 
Expansión de México (https://bit.ly/3ImWzzR)
 
América Latina ha vivido en los últimos meses una serie de hechos violentos que se pueden calificar como intentos de nuevos golpes de Estado. Los casos de Brasil y Perú son los más representativos por parte de opositores al gobierno en turno. Estas tomas de poder han tenido cambios, desde el papel activo del ejército en la década de los 70, hasta la aplicación de leyes a modo o "golpe de Estado blando".
En Perú, una serie de protestas contra el gobierno que encabeza Dina Boluarte ha dejado 58 fallecidos desde que estalló la crisis, el pasado 7 de diciembre. El entonces presidente Pedro Castillo fue destituido y encarcelado después de intentar disolver el Congreso e imponer un Estado de excepción lo que fue calificado por Boluarte y el gabinete de Castillo como "un intento de golpe de Estado".
Tipos de golpe de Estado
Hace 50 años, en la región latinoamericana, las fuerzas militares recurrieron a la violencia con el fon de perpetrar golpes de Estado, estrategias de toma de poder violenta que se consolidaron aunado a la debilidad de las instituciones y a una falta de rigor institucional que se validó en la región.
"El ejército controlaba medios de comunicación además de vigilar instituciones en las que la sociedad hace comunidad, como escuelas, grupos eclesiásticos, por ejemplo", detalla la doctora en Ciencia Política, Fernanda Vidal-Correa, en entrevista para Expansión.
Ejemplo de ello son: Bolivia, en 1971; Chile y Uruguay, en 1973 y Argentina, en 1976.
Otro tipo de golpe de Estado es el Parlamentario. En esta toma, desde poder legislativo se frena cualquier tipo de iniciativa por parte del presidente en turno y puede escalar hasta juicios políticos en contra del poder Ejecutivo, lo cual dependerá de la Constitución Política del país.
"Además, crean un clima de confrontación entre las distintas facciones políticas, provocando una crisis que lleva a el uso de la fuerza pública o en su defecto al despliegue de las fuerzas armadas en aras de mantener el control del país y evitar la sublevación popular, que conlleva represión y muerte de manifestantes que exigen la restitución del líder destituido en amparo del respeto al voto popular y rechazan el nombramiento de facto del nuevo líder", detalla en entrevista Claudia Serrano Solares, posdoctorante de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades de la UNAM.
Los golpes de Estado más recientes en Latinoamérica
En Bolivia, en 2019, cuando Evo Morales ganó su cuarta reelección con cerca de 43%, la oposición generó un clima de tensión, que llevó a que las fuerzas armadas y la policía solicitaran la renuncia del mandatario con la finalidad de supuestamente garantizar la estabilidad del país.
“El poder militar se pone por encima del poder político y legitima a Añez con el mandato de llevar a cabo elecciones tres meses después. No sucedió y como consecuencia provocó el despliegue de militares para evitar las movilizaciones a favor de Morales.
“La familia de Evo Morales tuvo que solicitar asilo a México por la persecución política desencadena por Añez”, explicó la profesora de la FES Aragón, Serrano Solares.
¿Cuáles son las diferencias entre un golpe duro y un golpe blando?
Contrario a los golpes de Estado que se vivieron en la época dictatorial, cuando el poder militar tuvo una participación activa, en la recientes década se ha apostado por una guerra híbrida, en la que los medios de comunicación tienen un papel relevante.
Los golpes blandos suelen estar acompañados por el lawfare o "guerra jurídica". El autor Enrique Santiago, define este concepto como "el uso del orden jurídico para desarticular políticamente a un adversario a través de una persecución que le impida la participación en procesos electorales".
En Brasil, seguidores del expresidente de ultraderecha, Jair Bolsonaro, saquearon las sedes de los poderes públicos a una semana de la llegada al poder del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, quien manifestó su sospecha sobre que los manifestantes que saquearon el corazón del poder en Brasilia "tuvieron ayuda interna".
El apoyo desde instituciones internas es una característica de los recientes golpes de Estado, de acuerdo con lo que explica Serrano Solares.
Las características de un golpe blando
Es en el que se pone en jaque a la población ya que existe un acceso masivo al poder (en este caso, el asalto a los poderes legislativos), que obstaculiza su gestión gubernamental y puede puede desencadenar flujos de migración masivos, falta de acceso a alimentos y medicamentos de primera necesidad.
“No operan de manera local, sino qu hay actores a nivel continental, que inciden para que este conjunto de intereses geopolíticos no se obstaculicen o no pierdan el lugar hegemónico que poseen”, ahonda la internacionalista.
Uso de los medios de comunicación
Los medios de comunicación inciden en opinión pública con el objetivo de deslegitimar y ridiculizar al líder político, donde también hay participación de políticos locales regionales. Además de que hay declaraciones internacionales de otros mandatarios que van minando la credibilidad.
"Asimismo se hacen uso de bloqueos financiero-económico, sanciones económicas que vulneran la estabilidad en este rubro y alimentaria de la población”, detalla Serrano Solares en entrevista para Expansión.
El
lawfare
Fernanda Vidal-Correa, profesora Investigadora de la Universidad Panamericana, detalla que se habla de una golpe blando o lawfare, cuando se controla a las instituciones, sobre todo judiciales para limitar las garantías o derechos político-electorales de contrincantes.
“Lo vimos en el caso de Lula da Silva. En 2017 fue declarado culpable, y en 2021 las mismas cortes, que lo habían declarado culpable, declaran que todos estos juicios fueron ilegales, por lo que le fueron restablecidos su derechos político-electorales, lo que permitió que Brasil lo tenga como presidente nuevamente”, abundó Vidal-Correa.
Lula da Silva, quien pasó 580 días preso acusado de corrupción, al final, la condena fue anulada por fallas procesales.
El mismo caso del uso de lawfare se ejecutó en Argentina en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien fue condenada a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua a puestos de elección popular tras ser juzgada por corrupción en la adjudicación de licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, al sur de Argentina.
Respecto a este caso, Fernanda Vidal-Correa aseguró que es un ejemplo de que se está persiguiendo solo a algunos actores políticos, no a todos los que cometen algún tipo de ilícito o violación a las leyes.
“Con esto yo no quiero decir que los cargos que se levantaron en contra de la vicepresidenta sean reales, yo no estoy calificando aquí al veracidad, la culpabilidad de las personas que en este momento están gobernando, pero lo que sí afirmo es que en muchas partes de América Latina resulta ser que estos momentos las personas que están gobernando están siendo perseguidas, si es porque ahora están persiguiendo a todos independientemente del cargo en el que estén, está bien, pero persigamos a todos y eso es lo que no está pasando, eso es lo que está pasando con Cristina Fernández”, enfatizó la doctora.
Y en México, ¿hay riesgos de que ocurra uno?
“[...] Debido a la composición del sistema jurídico, en caso de llevarse un proceso similar, sería por parte del Congreso, mediante el intento de frenar cualquier iniciativa que provenga del Ejecutivo, a fin de minar la posibilidad de modificar la estructura político-económica del país”, expresa Serrano Solares.
En tanto, Fernanda Vidal-Correa expresa que en México hay quienes aseguran que en el caso del presunto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra, Yasmín Esquivel, se están utilizando a las instituciones para poder bloquear la agenda pública del gobierno actual.
“En México incluso hay quienes podrían decir que lo que está ocurriendo en estos momentos con la ministra es 'qué casualidad que en estos momentos nos estamos dando cuenta del plagio, la tesis, que pidamos que dimita, pero, ¿por qué en estos momentos´?”.
“En la política no hay coincidencias, a mí lo que me llama la atención y lo que más me preocupa es el uso de la institución el uso de los tribunales, el uso de las leyes que existen para bloquear las aspiraciones, para bloquear las formas de gobierno, la agenda pública, que puede que esté en manos de personas que no nos parece que ideológicamente dista de lo que nosotros queremos, de lo que aspiramos a tener en nuestros países, pero que son gobiernos que son electos de manera legítima. Esas casualidades son las que se vuelven sospechosas”, concluyó la experta.
 
 
 
 
 
 
SALTEÑO VIAJÓ A BOLIVIA Y VOLVIÓ CON DENGUE: LA ENFERMEDAD SE MULTIPLICA EN LA PROVINCIA
 
El hombre se presentó en el hospital de Güemes, con síntomas compatibles con el dengue, se lo tomó como un caso sospechoso, aplicándose el protocolo correspondiente.
 
El Tribuno de Argentina (https://bit.ly/3k2US13)
 
Desde el Hospital Joaquín Castellanos confirmaron el primer caso de dengue en General Güemes. Se trata de un remisero de la localidad que presentó algunos síntomas leves, no necesitó internación y fue aislado en su domicilio.
En sintonía con el protocolo, se aplicó un sistema de bloqueo, fumigando la vivienda del remisero, al igual que las viviendas de vecinos cercanos. Esta medida se aplica para eliminar a los mosquitos adultos que pudieran haber picado a la persona infectada, contrayendo la enfermedad, informó El Tribuno.
Por otro lado, se investiga si el remisero fue picado en uno de sus viajes a Bolivia o a la vecina provincia de Jujuy. "El paciente no nos dijo mucho sobre donde estuvo durante los días previos al inicio de los síntomas, solo decía que realizó viajes en nuestra provincia, pero pudimos averiguar que acostumbra a realizar viajes mucho más largos", sostuvo el médico.
"Si es un caso de alguien que lo trajo de afuera, con un bloqueo sería suficiente para controlarlo, pero si realmente no salió de nuestro departamento significa que estamos en presencia de un caso autóctono en Salta, lo que sería mucho más preocupante". Al no haber certeza por las respuestas erráticas del paciente, se está trabajando como si se tratase de un caso autóctono, con una vigilancia permanente en la zona y con personal del hospital preparado para informar sobre personas con síntomas compatibles con el dengue, zika o chikungunya.
 
 
 
 
 
PUNO: MANIFESTANTES VOLVIERON A BLOQUEAR EL PUENTE INTERNACIONAL DE DESAGUADERO
 
Pese a que en Puno rige el estado de emergencia, en la zona de Desaguadero no se aprecia la presencia de militares, según informó el corresponsal de RPP.
 
RPP de Perú (https://bit.ly/3ImPdfL)
 
Un grupo de manifestantes del distrito binacional de Desaguadero, ubicado en la provincia de Chucuito, en la región Puno, volvió a bloquear el puente internacional de Desaguadero para restringir el tránsito hacia Bolivia.
A estas horas el tránsito en este punto de la región se encuentra totalmente restringido con piedras y montículos de basura dispersos a lo largo de la vía, según se aprecia en imágenes de RPP.
Los pobladores de Desaguadero también señalaron que las tiendas, mercados y centros comerciales de la zona se encuentran cerrados por la huelga acatada por un sector de la región altiplánica, luego de la breve tregua que se dio para el abastecimiento de artículos de primera necesidad.
Los manifestantes se han mostrado en contra de que se otorguen treguas en los próximos días, mientras condicionan la renuncia de la presidenta Dina Boluarte para ponerle fin a las medidas de fuerza.
Mientras tanto, los comerciantes de los mercados de la ciudad y transportistas de servicio urbano trabajaron hoy, lunes, de forma normal hasta las 10 de la mañana.
A pesar de que en Puno rige un estado de emergencia y, según establece un Decreto Supremo, las Fuerzas Armadas están a cargo del control interno de la región, en las calles de Desaguadero no se observa la presencia de militares, de acuerdo con el corresponsal de RPP Noticias en la zona.
Según el más reciente reporte de la SUTRAN, actualmente, hay más de 25 bloqueos viales en la región, una situación que impide el acceso a ciudades como Juliaca, Puno, Ilave, entre otras.
 
 
 
 
 
INDIA SE POSICIONA COMO EL SOCIO COMERCIAL PRINCIPAL DE BOLIVIA EN 2022
 
Portal Portuario de Chile (https://bit.ly/3xmpJZE)
 
Con USD 2.258 millones de compras y una participación del 16,5% del total de ventas bolivianas al mundo, India desplazó a Brasil por segundo año consecutivo y se constituyó en el principal socio comercial de Bolivia el 2022, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de aquel país.
De esta forma, Brasil, principal comprador del gas boliviano, junto con Argentina, se quedó con el segundo sitial con USD 1.892 millones de compras de la producción de Bolivia, ocupando el 13,9% del total de las ventas.
Ya en 2021, India llegó a consolidarse como uno de los principales socios comerciales con compras por USD 1.849 millones (16,7%), seguido de Brasil con USD 1.441,8 millones (13%) y Argentina con USD 1.035 millones (9,3%).
Bajo este contexto, la gerente técnico del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), María Peña Cuéllar, detalló que el oro con algún nivel de elaboración es lo más comprado por India. A la vez que indicó que “meses anteriores estábamos viendo que la India era el principal comprador de productos bolivianos, todo el 2022 se ha estado proyectando y así ha cerrado con un saldo comercial positivo con India, como el principal mercado”.
A diciembre de 2022, la balanza comercial de Bolivia registró un superávit de USD 603 millones. Mientras que las exportaciones alcanzaron a USD 13.653 millones, las importaciones totalizaron USD 13.049 millones.
Entre los países que contribuyeron al superávit comercial está la “India, alcanzando USD 2.023 millones por las exportaciones de oro, seguido de Colombia con USD 875,1 millones, destacando las ventas externas de torta y aceite de soya y Japo?n con USD 735,8 millones por la oferta exportable de zinc”, reportó el informe del INE.
Cuellar destacó el récord de ventas bolivianas en 2022 y afirmó que, si no se presentaban los paros en el último trimestre del año en Santa Cruz, se habría alcanzado y quizás superado la meta de los USD 14.000 millones.
“Nosotros, como IBCE, habíamos proyectado que las exportaciones iban a llegar a los 14.000 millones de dólares, pero se ha llegado a 13.500 millones de dólares por algunos tipos de conflicto que existieron internamente y también externamente”, precisó.
Entre octubre y noviembre de 2022, el Comité Pro Santa Cruz llevó a la región a un paro exigiendo que el Censo de Población y Vivienda se realice en 2023, al final terminaron aceptando la propuesta del Gobierno de censo en 2024. La medida se tornó violenta y terminó con la quema de instituciones públicas y de organizaciones sociales, y cuatro fallecidos.
Sin esas medidas, por ejemplo, la exportación de carne bovina y derivados de carne habría superado los USD 190 millones de 2022, superando en 40% las ventas logradas el 2021.
“Carne nos compra la China, pero lo que son derivados como hamburguesas y otros tipos de despojo, nos compra el mercado andino, Perú y Colombia, que va directamente a la transnacional McDonald’s”, precisó.
 
 
 
 
HRW INSTA A BOLIVIA A CUMPLIR RECOMENDACIONES DE ONU PARA PROTECCIÓN DE NIÑOS
 
Swissinfo de Suiza (https://bit.ly/40SgwG0)
 
Human Rights Watch (HRW) instó este lunes al Gobierno de Bolivia a cumplir con las recientes recomendaciones hechas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas al país para la protección efectiva de los menores ante la violencia.
El director asociado de Human Rights Watch (HRW) de la División Américas, César Muñoz, señaló en un hilo de mensajes en Twitter que el Comité alertó en un reciente informe "de la grave situación que enfrentan miles de niños, niñas y adolescentes" en Bolivia y que "el Estado está fallando en cumplir con obligaciones básicas".
Según el experto, el Comité pidió a Bolivia "ajustar la legislación a los estándares internacionales y aplicar protocolos contra la violencia sexual; despenalizar el aborto; poner fin al trabajo infantil; garantizar educación de calidad para los niños con discapacidad".
"El gobierno de @LuchoXBolivia (el presidente boliviano, Luis Arce) debe tomar medidas para implementar las recomendaciones del Comité", escribió Muñoz.
"Las niñas, niños y adolescentes en Bolivia merecen una vida libre de violencia en la que sus derechos sean respetados y garantizados", añadió.
El Comité de los Derechos del Niño es el responsable de vigilar el cumplimiento por parte de los Estados de la Convención sobre los Derechos del Niño, un instrumento legal de obligatorio cumplimiento.
El pasado jueves, este organismo pidió a Bolivia que adopte medidas urgentes para garantizar los derechos de los menores y detener el aumento de los infanticidios y la violencia sexual contra las niñas.
También demandó que Bolivia garantice que todos los casos de violencia contra los niñas y niños se investiguen debidamente y con la mayor celeridad.
Respecto a la violencia sexual, el Comité instó a las autoridades bolivianas a asegurar que el concepto de "violación" que figura en las leyes nacionales sea equiparable a lo que exigen los estándares internacionales.
Además, se mostró muy preocupado por el elevado número de violaciones, embarazos infantiles forzosos y casos de prostitución infantil que tienen lugar en Bolivia, especialmente en las zonas mineras y rurales.
Según datos de la Fiscalía boliviana, en 2022 se reportaron 51.911 casos de violencia contra mujeres y menores, más de 4.000 con respecto a los registrados el año anterior.
Dentro de estos casos, hubo 6.206 denuncias por violación de niños y adolescentes, según la misma fuente.
 
 
 
 
 
LAS 'CHOLITAS' BOLIVIANAS VUELAN EN SUS PATINETAS EN UNA SERIE DE RETRATOS EMPODERADORES
 
My Modern Met (https://bit.ly/3Ios24w)
 
Alo largo de la historia, las mujeres indígenas bolivianas han tenido una batalla cuesta arriba. Han enfrentado obstáculos por ser mujeres y de color, y también han tenido que luchar arduamente por la preservación de su cultura. Hace tan solo 20 años, las cholitas —un nombre originalmente despectivo para las mujeres quechuas y aymaras que lucen bombines tradicionales, faldas grandes y coloridas y largas trenzas— enfrentaban el ostracismo en sociedades que defienden los valores blancos, católicos y europeos.
La marea ha comenzado a cambiar hacia las jóvenes bolivianas que orgullosamente integran su ascendencia en su vida diaria mientras sobresalen en sus esfuerzos personales. La fotógrafa nacida en Perú y radicada en Miami, Celia D. Luna, se inspiró en sus historias y se dispuso a iluminarlas con su serie Cholitas Bravas.
Después de destacar a las escaladoras y luchadoras indígenas, la fotógrafa se sintió atraída por un grupo de patinadoras en la ciudad de Cochabamba. Pasaron a formar parte de un nuevo proyecto dentro de la serie Cholitas Bravas: Cholitas Skaters. “Me fascinó que practicaran un deporte extremo que suele estar dominado por hombres”, le cuenta Luna a My Modern Met. “No solo sobresalieron en el patinaje, sino que también adoptaron su cultura al patinar mientras vestían sus ropas tradicionales. Están muy orgullosos de sus antepasados y herencia, algo que también valoro mucho. Era una combinación de cultura, belleza y desafío que tenía que capturar”.
Luna se relacionó con su historia desde el primer momento. Pasó su infancia inmersa en las tradiciones tradicionales andinas que informan su trabajo hasta el día de hoy mientras fue criada por una madre soltera trabajadora. La resiliencia y la dedicación de su madre han sido una fuente de fortaleza e inspiración para la fotógrafa a lo largo de su vida. “Una de las cosas que más aprecio de las Cholitas Bravas es su conexión con sus madres y abuelas. Mencionaron cuánto influyeron en sus vidas y cómo los han inspirado a sentirse orgullosos de su cultura”.
A lo largo de las imágenes, los colores en tonos joya de sus prendas brillan entre los tonos cálidos del skate park de Cochabamba. Si bien sus faldas y trenzas tienen prioridad visual mientras se balancean con el viento y sus movimientos, estas mujeres conocen muy bien su deporte. Es encantador ver un atuendo tradicional mezclado con zapatos de patinaje dedicados, como las zapatillas Vans y Adidas. Cada una de sus personalidades también brilla a través de su elección de accesorios, desde calcetines de Bart Simpson hasta patinetas personalizadas.
Para este proyecto, la madre de Luna fue más de uno de los impulsores del mismo; también participó como asistente del fotógrafo. “Fue muy especial compartir esta aventura con ella. También le encanta viajar, así que estaba EN el momento en que pedí venir conmigo. No pudo ayudarme demasiado con el equipo, pero se aseguró de que estuviera bien alimentado todos los días”.
La comida, al igual que la ropa, era un elemento que tanto el fotógrafo como los sujetos se reunían para buscar nuevas ideas y celebrar su herencia. “Antes del rodaje nos reunimos en un restaurante donde compartimos un Pique Macho, un plato tradicional de Cochabamba. Fui el primero en llegar y fue muy lindo ver a algunos de ellos patinar hasta el restaurante con sus polleras . Tengo que llegar a conocerlos más”. Luna se enteró de un documental en el que están trabajando las patinadoras y de sus planes de viajar por Bolivia para enseñar a otras mujeres y niñas a patinar. “Patinar ha cambiado sus vidas y quieren compartir esa misma pasión con otras mujeres”.
Para estar al día con la serie Cholitas Bravas de Luna y sus otros trabajos, puedes seguirla en Instagram . En el futuro , ofrecerá impresiones de su serie en su tienda en línea , así que asegúrese de visitar su sitio web para obtener actualizaciones.