CON MINAS, PUERTOS Y FÁBRICAS, CHINA DOMINARÁ LA INDUSTRIA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE AMÉRICA LATINA.

Las materias primas son cruciales para la industria de los vehículos eléctricos (EV), y China ya está muy por delante de otros países a la hora de asegurar el acceso a los metales necesarios para las baterías y otros componentes. América Latina posee las mayores reservas de algunos minerales importantes para la transición energética, incluidos el litio y el cobre, y Beijing pretende asegurar un suministro constante con un enorme proyecto de infraestructura en el puerto de Chancay, en la costa del Pacífico de Perú.
Ubicada a 60 kilómetros (37 millas) de Lima, la capital peruana, Chancay es una pequeña ciudad de menos de 100.000 habitantes con un puerto modesto. Sin embargo, una inversión china de alrededor de 3.600 millones de dólares promete cambiar esa situación. Este megaproyecto de la firma china COSCO Shipping Ports pretende transformar la red naviera sudamericana y convertir a Chancay en un hub para las exportaciones chinas en contenedores, en la llamada conexión Shanghai-Chancay.
Perú ocupará la presidencia del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 2024. La expectativa es que la cumbre del grupo en Lima en abril de 2024 que acogerá a muchos líderes mundiales, incluido Xí Jìnpíng 习近平, coincida con la inauguración del puerto de Chancay.
Omar Narrea, investigador del Centro de Estudios de China y Asia Pacífico de la Universidad del Pacífico en Lima, afirma que el proyecto será un hub que facilitará el envío de mercancías no solo desde Perú sino también desde otros países de la región. más rápidamente a China. "El proyecto es parte de una concepción de generar una nueva geografía económica y es parte de la Nueva Ruta de la Seda", dijo a The China Project.
Para Narrea, Chancay podría ayudar a Chile y Bolivia a exportar su litio a Asia. Muchas de las minas de Chile están ubicadas en el norte del país y el puerto brindará un acceso más fácil a Asia que los puertos existentes en el sur (Chile tiene 4.270 kilómetros o 2.653 millas de largo de norte a sur). Bolivia es un país sin salida al mar y un puerto de aguas profundas ampliado en Chancay sería un impulso para el comercio.
Según el Financial Times , el proyecto ha causado preocupación en la actual administración estadounidense y Washington planteó la cuestión directamente a Lima. “En los grandes temas geoestratégicos, el gobierno peruano no está suficientemente concentrado en analizar los beneficios y amenazas para el país”, dijo un funcionario al diario. Sin embargo, los gobiernos latinoamericanos simplemente no ven a China con la misma lente que Estados Unidos.
¿Un nuevo Oriente Medio para la industria automovilística?
Como principal productor de litio y varios otros materiales que son parte integral de la producción de baterías para vehículos eléctricos, América Latina ha desempeñado y seguirá desempeñando un papel fundamental en la extracción y potencialmente el procesamiento de estos metales, según Margaret Myers, directora de Asia y Programa América Latina en el Diálogo Interamericano
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, el llamado Triángulo del Litio, que incluye a Chile, Bolivia y Argentina, posee el 56% de las reservas globales. Además, hay litio en menores cantidades en Brasil, México y Perú, lo que eleva la oferta regional a casi el 60% de las reservas globales.
“China ha buscado asegurar un papel destacado en las industrias del litio en toda la región a través de diferentes mecanismos”, afirma Myers. Señala los movimientos en el mercado chileno de Tianqi Lithium, una empresa con sede en Sichuan que controla una parte importante de esta producción mineral global.
“Las empresas chinas y otros actores vienen trabajando desde hace años a nivel provincial en Argentina para establecer valiosas redes con los responsables de la exploración de recursos y los lineamientos de la industria del litio”, agrega.
En Bolivia, un consorcio chino liderado por el gigante de las baterías Contemporary Amperex Technology (CATL) confirmó en julio que invertirá 1.400 millones de dólares para construir plantas de extracción de litio.
En la industria del cobre, mineral importante también para los paneles solares, pieza clave de la transición energética de China, la Agencia Internacional de Energía (AIE) afirma que la participación del gasto global en exploración en América Latina ha aumentado del 35% al 45% en el último decenio, lo que indica la posibilidad de que se produzcan nuevos aumentos de la producción.
Un país clave para ese suministro es Perú, donde China ha realizado varias inversiones en minería, incluidas cadenas logísticas. En los últimos 11 años, esta cantidad ha sumado alrededor de 15 mil millones de dólares, según el gobierno peruano, que afirma que el país proporciona el 27% de todo el cobre utilizado por China.
Narrea dice que en el caso de Las Bambas, mina en el centro del país, no solo hubo desarrollo de la minería, sino también inversiones en un ferrocarril e incluso en el puerto de Mataraní para mejorar las cadenas logísticas. Desde hace más de 10 años, China tiene un Tratado de Libre Comercio con Perú, que fue muy importante para impulsar las exportaciones del país a Asia, según Narrea.
El mercado es tan importante como los minerales. Además de ser una fuente de materias primas, Beijing también ve a América Latina como un mercado potencial. En los últimos meses, entidades y empresas gubernamentales chinas han realizado importantes inversiones en la región en plantas para vehículos eléctricos y baterías que ayudarán a ampliar el mercado de consumo de la industria automotriz china.
En Brasil, el mayor mercado automovilístico de la región, el gigante chino de vehículos eléctricos BYD lidera las ventas. En agosto, hubo 1.167 matriculaciones de vehículos eléctricos en Brasil, incluidas 656 unidades de BYD, una cifra seis veces mayor que la del segundo lugar, la empresa sueca Volvo, según datos publicados por la Asociación Brasileña de Vehículos Eléctricos. Parece que esas pequeñas cifras crecerán rápidamente.
Según Bill Russo, fundador y director ejecutivo de Automobility Limited, una consultora para el mercado automotriz con sede en Shanghai, los fabricantes chinos están priorizando las ventas en regiones como América Latina, que buscan alternativas asequibles a las que ofrecen los fabricantes estadounidenses y europeos. En su opinión, las empresas chinas darán prioridad a regiones con beneficios recíprocos, como el acceso a materias primas.
China ya se ha establecido en Brasil con dos fabricantes de automóviles eléctricos: BYD y Great Wall Motors. Una planta de BYD en Camaçari, en el noreste brasileño, tiene una inversión de alrededor de 600 millones de dólares y aprovecha las instalaciones existentes de la fábrica Ford, que decidió cerrar esta operación. Será la primera planta de BYD fuera de Asia.
Roberto Abdenur es un diplomático brasileño que fue embajador en China y sirvió en Estados Unidos. Espera que Brasil se convierta en una plataforma importante para la producción china de vehículos eléctricos y un centro para las exportaciones a otros países latinoamericanos, una posición que el país desempeña en la industria tradicional del fabricante de automóviles. .
Un desafío para este sector en América Latina es el precio: los vehículos eléctricos cuestan muchas veces más que los vehículos normales, pero la población local tiene un ingreso promedio mucho más bajo que en Estados Unidos y Europa. Sin embargo, Russo cree que China podrá ofrecer asequibilidad porque puede escalar el componente de mayor costo de los vehículos eléctricos: las baterías.
"Los fabricantes chinos de vehículos eléctricos traerán sus soluciones a los mercados globales que buscan alternativas eléctricas asequibles a lo que ofrecen los fabricantes de automóviles tradicionales de Estados Unidos, Europa, Japón y Corea", argumentó.
Reacciones nacionales y extranjeras
La dominación de los recursos latinoamericanos por potencias extranjeras ha sido durante mucho tiempo un tema delicado y a menudo es explotado por los políticos por razones electorales.
El presidente chileno Gabriel Boric mencionó la nacionalización de los minerales del país en su campaña electoral, y el ex presidente peruano Pedro Castillo, un izquierdista radical, hizo muchas promesas similares. En Argentina y Bolivia, algunos líderes han promulgado planes proteccionistas de este tipo, por ejemplo, la nacionalización del petróleo y el gas bolivianos por parte del ex presidente Evo Morales en 2006 , lo que asustó a las empresas extranjeras que operan en la región.
En abril, el presidente boliviano, Luis Arce, dijo que estaría dispuesto a diseñar conjuntamente una política de litio con otros países latinoamericanos para beneficiar a sus economías. “Debemos estar unidos en el mercado, de manera soberana, con precios que beneficien a nuestras economías, y una de las formas, ya propuesta por el presidente (de México), Andrés Manuel López Obrador, es pensar en una especie de OPEP del litio”. Arce dijo en un discurso.
El objetivo es posicionar a Bolivia, Chile, Argentina y Perú “como potenciales promotores de nuevas formas de almacenamiento de energía que permitan superar el uso de combustibles fósiles”, afirmó el Presidente.
Para Narrea, existen diferentes instancias. “No creo que las propuestas de nacionalización avancen en Perú, las condiciones no son las mismas que en países como Bolivia y Argentina”, argumenta.
“Sin embargo, hay demandas sociales que pueden generar conflictos e incluso una actitud anti-China”, dijo Norrea. Las inversiones para diversificar las economías regionales y el buen uso de las regalías son una asignatura pendiente, y esto debe llegar de alguna manera a la población, considera. En los últimos años la producción de cobre peruano ha tenido muchos problemas, especialmente huelgas y bloqueos que incluyeron a Las Bambas. “Una buena operación minera exitosa depende de la buena distribución de los recursos, lo que evita conflictos”, concluyó el investigador.
Abdenur también espera inversiones y competencia de Estados Unidos, especialmente en Brasil. Pero “presionar a Brasil para que evite a China sería un grave error. Probablemente sería rechazado”, afirmó. El exembajador recuerda que la administración Trump intentó restringir a Huawei en la región, pero no cree que el gobierno de Biden vaya en el mismo camino. "Las relaciones son mejores ahora", sostiene. THE CHINA PROJECT.COM
 
 
 
 
 
LAS ARENAS DE LITIO DE AMÉRICA LATINA ESTÁN CAMBIANDO
 
Argentina y Bolivia esperan superar a Chile a medida que el tan esperado auge del litio gane velocidad.
 
Americas Quarterly.Org (https://acortar.link/9Xqu1Z)
 
Como segundo mayor productor mundial de carbonato de litio para baterías (LCE), una parte crucial de las baterías de los automóviles eléctricos, Chile ha superado durante mucho tiempo a Argentina y Bolivia en la atracción de inversiones para extraerlo. Pero una serie de acontecimientos están cambiando el llamado “triángulo del litio” de América Latina.
Con los depósitos más grandes del mundo, Bolivia se ha asegurado nuevas inversiones multimillonarias, y el sector del litio de Argentina, ligeramente regulado, avanza a toda velocidad. Por el contrario, Chile no tiene nuevos proyectos en marcha y aún no se ha finalizado una reforma planificada de la industria bajo el presidente Gabriel Boric, destinada a ampliar la participación estatal .
Y una competencia global en rápida evolución se cierne sobre estos tres jugadores. Los aumentos de producción en Australia y Brasil , así como los descubrimientos en Estados Unidos, han aumentado la presión para asegurar nuevas inversiones en un mercado en rápida expansión. Dado que ya se están desarrollando tecnologías de baterías alternativas , Argentina, Bolivia y Chile tienen una ventana de oportunidad limitada para capitalizar el flujo de capital extranjero que se dirige hacia los salares andinos antes de que el camino de menor resistencia se desplace a otra parte, dijeron analistas a AQ .
"No hay nuevos contratos de extracción" que hayan llegado a etapas de producción desde que se finalizaron dos contratos existentes en Chile a fines de la década de 1970, dijo a AQ Thea Riofrancos, profesora de ciencias políticas en Providence College . La incertidumbre en torno a la estrategia de litio de Boric no ha ayudado a las perspectivas de crecimiento de Chile, ya que no se han anunciado nuevas inversiones desde abril y los contratos preexistentes siguen siendo inciertos . Mientras tanto, se espera que la demanda mundial de LCE aumente un 25% anual durante la próxima década.
Mientras Chile se mantiene a flote...
Eso no significa necesariamente que la producción chilena no reanude su crecimiento una vez finalizado el marco regulatorio. "Los inversores han querido invertir en Chile y han enfrentado barreras de entrada, y esto podría eliminar algunas de esas barreras", dijo Riofrancos, refiriéndose a la falta de inversión de Chile en nuevos proyectos de litio incluso antes del anuncio de la estrategia del litio.
Y no descarte las dos plantas existentes en Chile: Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) y Albemarle, las mineras que operan respectivamente las dos plantas, tienen previsto aumentar la producción en el Salar de Atacama entre 140.000 y 180.000 toneladas LCE para 2030. según José Hofer, ex analista del Ministerio de Minería de Chile y gerente de inteligencia de negocios de SQM. Aun así, Hofer enfatizó que el alcance de esa expansión depende de los resultados de las negociaciones contractuales en curso entre SQM y Codelco, la cuprífera estatal de Chile.
…Argentina nada por delante
Si bien muchas partes de la economía argentina se consideran ámbitos donde la intervención gubernamental es frecuente y dura (por ejemplo, su mercado laboral altamente regulado y una desconcertante variedad de tipos de cambio) en lo que respecta al sector descentralizado del litio, regulado provincialmente, es una historia diferente.
A diferencia de las estrategias centralizadas de Chile y Bolivia, los recursos de litio de Argentina pertenecen a las provincias. Ellos, no el gobierno federal, recaudan un impuesto de regalías del 3% por la minería de litio (en comparación con un techo del 40% en Chile y del 45% en Bolivia), y el entorno empresarial está relativamente libre de supervisión estatal para las empresas mineras extranjeras, lo que atrae a una diversidad de sectores. conjunto de inversionistas a las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca.
El año pasado, Argentina produjo 33.000 toneladas de LCE, ocupando el segundo lugar en la región y el cuarto a nivel mundial. Una tercera mina entró en funcionamiento en junio, otros dos proyectos están programados para completarse el próximo año y tres están en construcción. El país tiene otros 41 proyectos en etapa inicial cuya finalización está prevista para más allá de 2025.
Según datos del gobierno y estimaciones de las mineras, se proyecta que la producción nacional de litio de Argentina se quintuplicará para fines de 2025, lo que equivale a un aumento de alrededor del 1% del producto interno bruto actual. “Argentina definitivamente será capaz de aumentar su capacidad por encima de las 200.000 toneladas LCE para 2032-2035”, dijo Hofer.
Sobre el futuro del sector del litio de Argentina pende el impacto social de la extracción del metal. “La ampliación de estas plantas de litio seguramente provocará algún tipo de desplazamiento o conflicto”, afirmó Ernesto Picco, autor e investigador de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Picco señaló que "el impacto ambiental de la extracción de litio aún no se ha medido completamente". La regulación provincial de las mineras de litio es como “la ley de la selva”, con canales de comunicación limitados entre las corporaciones y las comunidades locales.
Ya está comenzando a surgir una respuesta social: por ejemplo, en el Tercer Malón de la Paz , una protesta que fue noticia en agosto cuando manifestantes en Buenos Aires exigieron una mayor consulta comunitaria y un compromiso más amplio con los derechos de agua para las comunidades indígenas en la provincia de Jujuy. .
¿Qué pasa con Bolivia?
A pesar de poseer los recursos confirmados de litio más extensos del mundo , Bolivia, el tercer vértice del triángulo, hasta ahora ha sido incapaz de extraerlos desde que la industria fue nacionalizada en 2009, y la producción alcanzó sólo 600 toneladas de LCE el año pasado gracias a un proyecto piloto. Sin embargo, esta dinámica puede estar cambiando: dos proyectos firmados recientemente por valor de 1.400 millones de dólares cada uno, entre la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y empresas chinas y rusas , apuntan a producir colectivamente 100.000 toneladas de LCE por año para fines de 2025. en los enormes salares de Uyuni y Coipasa.
Conocidos por tener los depósitos técnicamente más complejos , los proyectos de litio en Bolivia deben superar costos crecientes, infraestructura insuficiente y un déficit de mano de obra calificada local, además del nuevo requisito de utilizar una tecnología novedosa que no ha sido probada en absoluto a escala.
Por eso los expertos se muestran escépticos. "No hay manera" de que estos proyectos cumplan sus objetivos de producción, dijo Chris Berry, fundador y presidente de House Mountain Partners, una firma consultora. “Esto va a llevar años. Me sorprendería que eso sucediera antes de 2027 o 2029”.
¿Que viene despues?
Con el sector del litio de Chile estancado y las perspectivas de Bolivia inciertas, todos los ojos están puestos en Argentina, y en si su auge traerá prosperidad y relevancia internacional o agitación social que descarrile la industria. De cualquier manera, el destino de Argentina servirá como indicador para otros países ricos en litio de la región que tienen grandes esperanzas para el futuro.
Aún no está claro si la industria del litio pasará a formar parte de la larga historia de relaciones tensas de América Latina con una abundancia de recursos minerales. Pero parece que Argentina tendrá la próxima oportunidad de escribir un capítulo.
 
 
 
 
 
LA EXTRACCIÓN DE LITIO POTENCIARÍA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE AMÉRICA LATINA
 
Aguas Residuales Info. (https://acortar.link/UTaer7)
 
El litio representa una de las grandes oportunidades para que Latinoamérica sea un actor clave en la transición energética a las energías renovables suponiendo importantes beneficios económicos para la región. No obstante, desde la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reúso de Agua, ALADYR, advirtieron que tanto las autoridades competentes como el sector privado de los países que aspiran a hacerse de un lugar en el mercado deben catalizar los proyectos porque “Sudamérica no está sola en la carrera por ser un proveedor mundial. Hay importantes jugadores como China y Australia”.
La principal apuesta regional está en el denominado triángulo del litio compuesto por Chile, Argentina y Bolivia. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), este trío concentra casi el 56% de las reservas mundiales de litio, localizadas principalmente en Chile (41%) y Argentina (10%).
Cabe destacar el potencial de desarrollo socioeconómico que supone este mineral dado que, según la Agencia Internacional de Energía, su demanda podría multiplicarse por 42 en 2040 a causa de la transición energética de la movilidad.
Juan Camezzana, director de ALADYR, resaltó que los países antes mencionados son capaces de producir litio de alta calidad, como el carbonato de litio con grado de batería, y que se benefician de condiciones geológicas, con una gran cantidad de salares que albergan concentraciones elevadas del mineral en sus salmueras. “Aunque el litio es un elemento abundante en la corteza terrestre, la alta concentración en las salmueras de estos territorios sudamericanos ofrece una ventaja estratégica al optimizar los costos de producción de carbonato de litio, hidróxido de litio, cloruro de litio y otros compuestos” precisó.
Detalló que tanto Chile como Argentina tienen una larga trayectoria en la producción de químicos de litio, lo que ha contribuido al desarrollo de circuitos productivos sólidos y que, en los últimos años, estos circuitos se han fortalecido para satisfacer la demanda global, consolidando una cadena de valor local que complementa las operaciones mineras y refuerza la capacidad de producción a nivel regional.
Celeridad con responsabilidad
Camezzana precisó que la ventana de consolidación de nuevos proyectos es de al menos 10 años y que “sin lugar a dudas” la próxima tendencia es al reciclaje de las baterías como metodología sostenible, lo que añade mayor necesidad de acelerar los procesos para una explotación responsable si Latinoamérica desea aprovechar esta oportunidad económica.
“Hoy debemos poner especial atención en catalizar el desarrollo de proyectos en materia de producción de litio. Bajo ningún punto de vista esto quiere decir que los procesos de factibilidad e impacto ambiental no deban llevarse a cabo de forma rigurosa y consistente, pero sí con mayor eficiencia” opinó.
Apuntó que las tecnologías de tratamiento de agua, de las que el sector privado local tiene amplia experiencia, son clave en la explotación sostenible del litio, ya que la mayor parte de la producción latinoamericana proviene de salmueras. En este sentido, las tecnologías de Extracción Directa de Litio (DLE por sus siglas en Inglés) posibilitan la implementación de metodologías productivas que reducen la huella ambiental en contraste las técnicas convencionales.
Agregó que la huella hídrica total – gasto de agua por cantidad de mineral producido - de la producción de químicos de especialidad de litio a partir de salmueras en la región es inferior a la que se observa en otros lugares del mundo que utilizan fuentes minerales distintas, como las formaciones rocosas de espodumeno.
“Tenemos salmueras de alta calidad respaldadas por estudios de factibilidad sólidos que ofrecen una ventaja estratégica que posibilita la producción de químicos de litio de alta especialización a costos de inversión y operación muy competitivos en comparación con otros oferentes en el mercado global pero el tiempo apremia y productores como Australia y China son competidores importantes en esta carrera por el mercado” reiteró.
Para finalizar, Camezzana declaró que entre las empresas socias de ALADYR existe experiencia y disposición para una explotación hídricamente sostenible de este mineral y que consideran que el monitoreo ambiental, y específicamente, el de los recursos hídricos de primer uso, es de suma importancia.
 
 
 
 
 
LÍDERES INDÍGENAS PRESENTARÁN ESTUDIO SOBRE IMPACTOS DE MINERÍA ILEGAL EN LA CIDH
 
La minería ilegal en América Latina se ha expandido de forma acelerada en los últimos años, sobre todo en zonas fronterizas y la región amazónica, trayendo consigo destrucción y muerte. Por ello, organizaciones de Perú, Brasil, Bolivia, Nicaragua y Venezuela presentarán esta problemática en audiencia temática en la CIDH.
 
Revista Actualidad Ambiental de Perú (https://acortar.link/ASVDKR)
 
En los últimos años la minería ilegal de oro y otros materiales se ha expandido de forma alarmante en América Latina. En países como Perú, Brasil, Bolivia, Nicaragua y Venezuela esta actividad se ha convertido en una de las principales problemáticas socioambientales, y es responsable del asesinato de decenas de defensores ambientales. Los impactos de la minería ilegal van más allá del daño ambiental y afectan principalmente a las poblaciones indígenas, muchas de estas ubicadas en zonas fronterizas o lejanas, con poca presencia del Estado y en donde el crimen organizado ejerce mayor control.
Detrás del avance de esta actividad se encuentran factores como los bajos estándares de fiscalización ambiental y la corrupción gubernamental. Por ejemplo, en países como Nicaragua y Venezuela, se ha identificado que la minería ilegal es directamente operada y promovida por el mismo Estado y financia estructuras paramilitares. En Brasil y Perú, la situación no es muy distinta, pues se ha documentado la cooptación de autoridades de todas las esferas y niveles de gobierno por parte de estructuras criminales con inversiones en la minería ilegal.
En el caso de Bolivia, la comercialización del oro se ha convertido en la principal fuente de ingresos, lo que ha ocasionado que los sectores mineros cooperativistas cuenten con importante influencia política en el país.
Contaminación y muerte
La minería ilegal, que es una de las principales causas de deforestación en la cuenca amazónica, impacta directamente en los ecosistemas con la contaminación de aguas, así como de fauna y flora terrestre, marina y fluvial. Esto causa daños, muchas veces irreparables, en los territorios y formas de vida, sobre todo de los pueblos indígenas. En Brasil, la minería en tierras indígenas aumentó en 495 %, de 2010 a 2020.
Entre los países con mayor afectación por esta actividad resalta Venezuela, país en el que la minería ha devastado 2821 kilómetros cuadrados de bosque, el 50 % de los cuales forma parte de territorios protegidos, con el famoso Arco Minero de Orinoco, un sector creado en el 2016 por el Gobierno de Nicolás Maduro, en el que el control lo ejercen grupos criminales y la cúpula militar.
En consecuencia, en Venezuela se han registrado al menos 38 masacres en zonas mineras entre el 2012 y 2020, según registró el Centro para la Reflexión y Acción Social (Cerlas). Asimismo, al menos 32 defensores ambientales y líderes indígenas fueron asesinados. En Nicaragua, la cifra no es muy distante, pues se registraron al menos 55 personas fallecida en la actividad minera entre 2020 y 2023.
Audiencia temática y pedido a la CIDH
En este sentido, organizaciones de la sociedad civil y líderes indígenas de Perú, Brasil, Bolivia, y  Nicaragua y Venezuela, consideran necesario que esta problemática sea atendida a nivel internacional de forma urgente.
Por ello, el 8 de noviembre participarán de una audiencia temática en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que presentarán un estudio regional sobre las principales violaciones de derechos humanos y daños ambientales. Con ello, esperan que la CIDH -órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos- elabore un informe regional, integre a las obligaciones estatales vinculadas a la prevención, fiscalización y sanción de la minería ilegal, los estándares de transparencia, participación ciudadana y protección de defensores/as ambientales contenidos en el Acuerdo de Escazú, entre otras acciones.
Dato:
Las organizaciones que pidieron y participarán en esta audiencia temática son La Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), el Centro Humboldt y la Fundación del Río de Nicaragua, SOS Orinoco de Venezuela, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y Eca-Amarakaeri de Perú y Hutukara Associação Yanomami de Brasil.
 
 
 
 
 
 
¿FUTUROS DEL AGUA? LAS INCERTIDUMBRES EN TERRITORIOS INDÍGENAS DEL SALAR BOLIVIANO DE COIPASA
 
IPS Noticias de México (https://acortar.link/9cr3eX)
 
Vendedoras que madrugan para vender api, una bebida de maíz dulce, en la plaza de la autonomía indígena de Salinas, en el oeste de Bolivia, mujeres que ventean quinoa en las calles, campesinos que caminan sembradíos secos, choferes que recorren las rutas del contrabando entre Chile y este país, y distintas autoridades originarias que conocen la palabra litio.
La han escuchado con fuerza desde hace algunos años y dicen que, si trae trabajo, desean el litio, pero no saben exactamente qué es, para qué sirve, cuándo va a llegar o qué efectos traerá su posible incursión.
A pesar de las promesas y esperanzas que han sido construidas en el país en torno al litio, Salinas es una geografía atravesada por la duda, un territorio al que también pertenece el salar de Coipasa, ubicado en el departamento de Oruro, en el oeste de Bolivia.
De acuerdo con anuncios del gobierno, de las 23 millones de toneladas de litio que calcula poseer Bolivia, 1,8 millones pretenden extraerse de este salar.
Con 3300 kilómetros cuadrados, el salar de Coipasa es el segundo más extenso de Bolivia, después del Tunupa, ubicado en el suroccidental departamento de Potosí. Casi  70 % de su superficie está compuesta por el lago Coipasa, nutrido principalmente por las aguas de los ríos Lauca, Jurco, Kuchuncho y Lacajahuira.
Estos ríos no desembocan en ningún mar en un país enclavado en el centro de Sudamérica y sin costas, y con la intensa radiación solar propia de esta zona, la evaporación de sus aguas es mayor a la cantidad que reciben.
Poca información
En este mundo acuífero que atraviesa la sequedad del altiplano, Lucía Gutiérrez, autoridad de Yaretani, uno de los cuatro ayllus que componen Salinas, relata que sobre las formas y cantidades de uso de las fuentes hídricas para la explotación del litio, aún no se ha dialogado.
El GAIOC-SA está conformado por los ayllus aymaras (forma tradicional de comunidad originaria en la región andina) de Huatari, Cora Cora, Tunupa, Yaretani y el centro poblado de Salinas, ubicado a 261 kilómetros de la ciudad de Oruro, capital del departamento. En 2021 se convirtió en el cuarto autogobierno indígena de Bolivia.
El gobierno y el consorcio chino CBC, compuesto por multinacionales con inversiones y proyectos mineros en todo el mundo, desde el Congo hasta Argentina, firmaron convenios en junio del presente año para invertir y construir una planta industrial en el salar de Coipasa, colindante con el ayllu Huatari, ubicado en Salinas. Sin embargo, aún no existen resultados públicos y oficiales para saber dónde y cómo se construirá el complejo industrial.
Hasta ahora, autoridades locales comentan que no se ha conversado sobre la consulta previa, derecho establecido en la Constitución Política del Estado, vigente desde 2009, y lo que esto implica en términos de demandas y negociaciones con el Estado.
“Seguramente el gobierno tiene una agenda apretada, viene muy poco por Salinas”, menciona el Jiliri Mallku, Zenón Huallani, autoridad máxima originaria, luego de hacer ofrendas antes de comenzar la entrevista en la Chakamana, la Casa Grande de los ayllus.
No es fácil reunir a personas en Salinas debido a la migración o la lejanía. Tampoco es fácil que las autoridades accedan a ser entrevistadas sobre los pormenores del litio, ya sea por el juego de estrategias políticas o la falta de priorización al debate público.
Sin embargo, para Huallani la razón para hablar es clara: él reitera la importancia de ser reconocidos, que Salinas entre al mapa de las prioridades políticas.
Y ¿litio para qué? Según la autoridad, para que las personas vuelvan a su territorio o para quienes continúan viviendo allí, no se vayan. Litio, en sus palabras, es trabajo, aunque sea como mano de obra.
El Jiliri Mallku debe respetar reglas establecidas del chacha warmi, la filosofía aymara de complementariedad. Por eso, él no está solo en la entrevista. Ha conseguido la presencia de Lucía Gutiérrez, quien considera que la desinformación vivida en Salinas es ocasionada por un secretismo presente en el proceso de otorgar datos y tomar decisiones.
“Bajo llave hacen las reuniones  y hay que tratar el tema del agua con mucha delicadeza porque no tenemos en mente cuánta se va a usar”, relata Gutiérrez.
Ella desea que los proyectos sean socializados en el lugar junto a las bases pues, ante todo, quieren ser partícipes.
“No es lo mismo que te lo canten a que tú oigas, mucha gente aquí no sabe lo que es el litio, ¿cómo vamos a salir a demandar y protestar si no sabemos qué es?”, continúa.
Sus palabras coinciden con un estudio realizado por la alemana Fundación Friedrich Ebert Stiftung en Bolivia. Éste menciona que las comunidades de las zonas extractivas, al saber de qué se trata la industria del litio, comienzan a hacer exigencias pues reconocen los impactos de la producción industrial o, en el futuro, cuando los daños se hagan visibles.
Y ¿el porvenir acuífero?
La situación de escasez del agua en el altiplano boliviano es crítica. Andrés Quispe, autoridad de deslinde del ayllu Tunupa, relata que dos vertientes cercanas a su comunidad se han secado hace más de una década.
En planicies rodeadas de montañas en Tíbet, muy parecidas al altiplano, ya han existido operaciones industriales que, en 2016, terminaron con registros de peces muertos debido al uso de químicos de la mina de litio Ganzizhou Rongda.
En los salares de Atacama en Chile, donde se explota desde la década de los años 80, 65 % del agua dulce fue consumida por actividades mineras en el salar, impactando a quienes cultivan y crían animales.
Frente a esto, desde el Centro de Estudios y Pueblos Andinos (Cepa), Karen Rocha y Clemente Paco mencionan la esperada consolidación de un Foro Permanente del Litio, que espera que cuente con la participación de distintos actores de la sociedad civil, académicos, territoriales, políticos, entre otros.
Su principal tarea será monitorear el cumplimiento de las normativas en torno al agua y los derechos a la consulta previa, participación ciudadana y control social en procesos de explotación en el salar de Coipasa.
Uno de los ejes, si es que cuentan con el apoyo de la Universidad Técnica de Oruro (Uto), será iniciar un programa de televisión semanal para conformar un espacio donde se generen debates y propuestas.
Esta idea, cuenta Rocha, no solo nace de la preocupación por la sequía que acecha el altiplano, sino también al ver cómo en Chile y Argentina la sociedad civil se ha movilizado para exigir un alto al daño que ocurre en territorios de minería de litio.
La tecnología que se usará en Coipsa es la de extracción directa de litio (EDL). Si bien esta es descrita como más “amigable”, representa para el ecosistema del salar de Coipasa una incógnita.
Las EDL son una amplia gama de tecnologías complejas que, cada una, tiene diferentes tipos de impacto.
En un artículo, investigadores de las universidades de Jujuy y Salta, de Argentina, y Lorraine, de Francia, definen que es necesario cuantificar el agua dulce que implica esta tecnología, ya que puede consumir enormes cantidades, quizás más que los métodos actuales de evaporación.
En esa publicación, también se afirma que, en regiones tan áridas, la escasez de agua dulce incluso comprometería la viabilidad de extracción. Sin embargo, resalta que, como cada salar es excepcional, cada uno debería contar con investigaciones singulares pues los resultados de uno no pueden replicarse a otro.
David Schörter, doctorante en antropología que investiga procesos sociales en Río Grande y la planta de Lliphi en Potosí, comenta que el Estado no está pagando por cantidades inmensas de fuentes de agua que emplea.
Además, menciona que la construcción de mecanismos que vinculen el trabajo de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) de forma integral con las comunidades que allí viven es muy débil.
Desde su perspectiva, se pueden generar múltiples lecciones que podrían ser aplicadas por otros salares, a partir de sus necesidades. Esto incluye llevar a cabo socializaciones más efectivas que involucren activamente a las comunidades. El respeto al derecho a la consulta previa es esencial, proporcionando información completa basada en estudios realistas e independientes.
Asimismo, destaca la importancia de implementar una política que promueva la formación académica y el trabajo especializado para los miembros de las comunidades, de manera que su participación no se limite únicamente a ser mano de obra.
Para este reportaje se enviaron cartas a distintas entidades del Estado boliviano con el fin de conocer cuál es el trabajo de consulta previa a las comunidades indígenas y la ruta que están tomando para mitigar los efectos que la extracción de litio en dicho salar pueda causar: qué estudios están siendo realizados, quiénes fiscalizan la transparencia, qué datos existen hasta el momento sobre los impactos socio-ambientales y qué acciones serán realizadas para impedir el daño socio-ecológico al territorio.
Hasta el cierre de la edición del artículo, y a casi cuatro meses de la petición, no se recibió respuesta.
La rebeldía de un salar
El salar de Coipasa, cuya vastedad blanca puede ser divisada a una hora de Salinas, es una compleja geografía que genera realidades. En solo dos minutos que el chofer bajó a buscar huellas de carros para continuar el camino, su taxi fue succionado por los suelos húmedos.
A poca distancia, carros hundidos y oxidados por la salinidad componían el paisaje. Estos mismos, probablemente escabulléndose entre fronteras de Chile y Bolivia por las dinámicas del contrabando, habían sido quemados. Ruinas que eran testimonio vivo de la compleja geografía física y social que constituye el salar de Coipasa.
Los salares bolivianos, cuenta el investigador de la Universidad Mayor de Chile, Fernando Alfaro, son recipientes de las aguas de la cuenca Titicaca-Desaguadero-Poopó-Coipasa, algo que, por ejemplo, no pasa en Chile o Argentina.
Durante la época de lluvias, el salar se inunda. Un habitante de Salinas relata que la profundidad del agua en el salar puede llegar hasta la altura de la cintura. Luego, en época seca, los suelos permanecen blandos y peligrosos para el transporte.
Alfaro explica que, como el salar se inunda y después las cosas son susceptibles a hundirse, la planta, en principio, debería ser flotante. Además, dada la blandura de los suelos, es probable que deban construirse carreteras internas. A su vez, la salmuera corroe las infraestructuras, especialmente aquellas metálicas.
Para culminar con la lista de obstáculos, los contenidos de magnesio son más altos en el salar de Coipasa, elemento que hace más difícil una adecuada separación del litio.
“Es que este salar, aunque sea más pequeño, es rebelde”, comenta un trabajador de la planta piloto de YLB, ubicada en Tauca, que fue instalada en 2013.
Esta infraestructura pasó de ser una planta pensada para la investigación a ser solo un campamento base. Los laboratorios, de acuerdo al trabajador de la planta e investigadores de la Uto, dejaron de funcionar ya hace varios años.
Para analizar las muestras que se extraen de Coipasa, estas son enviadas hasta los laboratorios en la ciudad de Potosí.
Dudas sobre la planta industrial
Las autoridades indígenas tenían entendido que la planta industrial iba a construirse en el ayllu Huatari, pues, de acuerdo a estudios, la mayor cantidad de litio corresponde a la parte del salar que pertenece al GAIOC-SA. Pero ahora la construcción está puesta en duda.
“No hay nada que hacer, la planta se va hacer en Coipasa, quizás porque nuestras autoridades anteriores no se han movido lo suficiente o que allí hay algo mejor; aunque nosotros sabíamos que en el sector de Tauca (Salinas) era mejor” , menciona el Jiliri.
Durante el festejo del aniversario del municipio, el presidente boliviano, Luis Arce, prometió a Coipasa, ubicado al norte del salar y a 75 kilómetros de distancia de Salinas, la instalación de un tendido eléctrico y una carretera.
La razón se centraba en que las empresas que construirán la industria de litio requerían de dichas infraestructuras para su operación.
En efecto, el 3 de octubre se entregó equipamiento para iniciar otra planta piloto, ahora ubicada en el municipio de Coipasa. Su fin, esta vez, es la prueba de las EDL para luego escalar su producción, aunque aún no se ha mencionado dónde será la geografía final de la planta industrial.
A Andrés Quispe, del ayllu Tunupa, le inquieta que esto genere conflictos entre los territorios que colindan y son parte del salar de Coipasa. Él comenta que este tipo de tensiones no son nuevas en Salinas. Aún habita en su memoria los conflictos limítrofes en el salar de Tunupa entre Oruro y Potosí, que terminó en la quema de domos de un hospedaje turístico en Jirira.
En circunstancias como estas, los límites divisorios pueden funcionar como una herramienta para evitar la cooperación y colaboración entre gobiernos locales que habitan un mismo ecosistema. Sin embargo, las afectaciones al salar y a lo que le rodea no respetarán esos límites políticos.
Localmente, la ilusión del desarrollo se vive a flor de piel: el litio significa trabajo, vías, educación, un bienestar que el Estado, hasta ahora no ha podido –o querido– construir en territorios extractivos, un Estado que se hace más presente cuando el extractivismo inicia.
Dadas las rebeldías del salar, Alfaro comenta que, en términos logísticos, los costos pueden llegar a ser más altos que los beneficios, y solo considerando cuestiones económicas y no ambientales.
Explica, a su vez, que un salar es resultado de un proceso muy lento, de millones de años. En contraste, el litio ha sido denominado por el presidente como los pulmones del país, asegurando que la minería en Bolivia no ha muerto y acelerará la nueva era industrial.
“Lamentablemente en los salares hay mucho litio, y no serán vistos como un gigantesco laboratorio vivo de estrategias de adaptación de larga duración en ambientes extremos … Un salar es el marcador de nuestra historia común. Un salar es un testigo”, cuenta Alfaro.
¿Autos para salvar el mundo?
La extracción del litio ha sido justificada bajo el paraguas de la crisis climática. Su contexto es particular: el litio vive en discursos y proyecciones alrededor de sistemas de transporte privado.
Noruega promete que en 2025,  100 % de sus vehículos livianos serán emisiones cero. A partir de 2035, la Unión Europea prohibió la venta de carros nuevos que emplean gasolina y diésel.
En un documento publicado por el Transnational Institute y Taller Ecologista, se afirma que hablar de la industria automotriz de este modo, es hablar sobre una transición corporativa sin ejes que contemplen formas de participación social y cuidado ecosistémico.
En Bolivia, el litio ha significado una invocada esperanza para superar la crisis económica. Arce Catacora, en Coipasa, mencionó que gracias a la presencia de YLB habrá mucho más movimiento en la zona alrededor de las dinámicas sociales y económicas que traiga la industria. Pero, también existen otro tipo de movimientos.
Los rituales y caminos a los chullpares de Alcaya en Huatari, a quienes sus guardianes les dejan hojas de coca y otorgan nombres que nacen del cariño, es un territorio para pensar qué es el tiempo, la muerte, y el respeto de la memoria de un lugar.
Un cementerio de autos chutos (ilegales) quemados, estancados entre una delgada capa salina y un hondo barro más parecido al pegamento que a la tierra, invocan el intenso movimiento presente en la frontera.
¿Cuáles son las imágenes del porvenir del salar? ¿Cómo se transformará una zona donde confluye el contrabando y la incursión de YLB? ¿Habrá chuteros (contrabandistas) que traigan autos eléctricos Tesla desde Chile? ¿El silencio que habita el salar será reemplazado prontamente por el ruido de máquinas y lenguas extranjeras? ¿Qué voces no serán escuchadas por los sonidos de la industria?
Quedan preguntas para cuidar tiempos futuros.
 
 
 
 
 
EL LLAMADO DE AMÉRICA LATINA A LA PAZ ES UN DESEO COMÚN DE LOS PAÍSES
 
Spanish People de China (https://acortar.link/SJAUjb)
 
En una reciente conferencia de prensa, el viceministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Freddy Mamani, anunció que Bolivia "ha decidido romper relaciones diplomáticas con Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que está teniendo lugar en la Franja de Gaza", convirtiendo a Bolivia en el primer país en declarar la ruptura de los lazos diplomáticos con Israel desde el estallido de esta ronda de conflicto entre Israel y Palestina.
El mismo día, Chile y Colombia anunciaron la retirada de sus embajadores en Israel, citando "violaciones inaceptables del derecho internacional humanitario cometidas por Israel en Gaza" y la "masacre del pueblo palestino" por parte de Israel. Llamar a un embajador significa rebajar las relaciones diplomáticas al nivel de encargado de negocios, lo que se considera un preludio a la ruptura de relaciones entre dos países. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel respondió al día siguiente etiquetando a Bolivia de "capitular ante el terrorismo y ante Irán".
Las fuentes dicen que el gobierno boliviano tomó la decisión a instancias del ex presidente Evo Morales, quien, al igual que el actual presidente Luiz Arce, pertenece al Movimiento Al Socialismo en Bolivia. Ya en 2008, cuando Morales estaba en el cargo, el gobierno boliviano había anunciado la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel por la operación militar israelí en Gaza.
Bolivia, Chile y Colombia vieron a gobiernos de izquierda llegar al poder en la "marea rosa" de América Latina de 2018 a 2022, y su reciente ruptura o degradación de las relaciones diplomáticas con Israel está dando lugar a preguntas sobre si habrá más "mareas rosas" en América Latina.
Tras el estallido del conflicto palestino-israelí, incluso Arabia Saudita suspendió el proceso de establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel. La Organización de Cooperación Islámica y la Liga Árabe han condenado repetidamente las acciones de Israel. El miércoles, Jordania anunció que retiraría a su embajador en Israel. En una reciente reunión especial a nivel ministerial de la Organización de Cooperación Islámica, Irán pidió a los países musulmanes que rompieran sus vínculos con Israel. El empeoramiento del desastre humanitario en Gaza podría provocar otra ronda de reacciones del mundo musulmán.
Hasta ahora, los países de Medio Oriente y el norte de África se han centrado en pedir a Israel que solicite inmediatamente un alto el fuego para proteger a los civiles en la Franja de Gaza. Sin embargo, parece que el fuego de artillería israelí no cesará. Si esta situación continúa, las relaciones diplomáticas entre Oriente Medio y los países del norte de África e Israel seguramente volverán al estado frío en el que se encontraban antes de 2020.
 
 
 
 
 
NARCODEMOCRACIAS: LA NUEVA ESTRATEGIA DEL CRIMEN ORGANIZADO PARA CORROMPER AL ESTADO
 
El narcotráfico se sirve de instrumentos democráticos para colonizar el poder y ponerlo al servicio de sus intereses. Bolivia es tercer productor de hoja de coca del mundo tras Colombia y Perú, y su particular ubicación geográfica es aprovechada por el crimen organizado trasnacional utilizando sus rutas terrestres, aéreas y fluviales para el narcotráfico.
 
The Objetive de España (https://acortar.link/h8bROM)
 
La democracia está perdiendo la batalla frente al crimen organizado en Latinoamérica. En estos momentos, Uruguay es la única democracia plena que existe en el área, como ejemplifica la reciente renuncia de su ministro del Interior por la entrega de un pasaporte a un conocido narcotraficante a pesar de no tener ninguna responsabilidad legal en el mismo, como ha declarado el presidente del país. Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Panamá solo pueden ser definidas como democracias imperfectas. La democracia se ha degradado aún en mayor medida en Guatemala, El Salvador, Honduras, Bolivia, Paraguay, México y Ecuador, hasta el punto de que difícilmente pueden ser definidos ya como regímenes democráticos, sino más bien como regímenes híbridos. Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití son directamente regímenes autoritarios. Hace un par de décadas solo Cuba podía definirse como tal.
Este retroceso de la democracia en toda Latinoamérica tiene una de sus principales causas en nuestra opinión en la emergencia del crimen organizado que ha penetrado en el tejido económico, social y político de la mayoría de estos países, corrompiendo sus instituciones e inoculando el virus autoritario en toda la región.
Según el Barómetro de las Américas, menos de la mitad de la población confía en las elecciones en la mayoría de los países de América Latina, la mayoría tiene baja confianza en su gobierno y en 12 de los 15 países más del 75% creen que los ricos pueden comprar elecciones. Un porcentaje cada vez más alto apoya golpes institucionales que quiebren la división de poderes y liderazgos autoritarios.
En algunos países, el crimen organizado ha descubierto que es posible utilizar los medios de la propia democracia para satisfacer sus intereses y en última instancia para poner el Estado al servicio de sus fines criminales. Se trata, por un lado, de influir en las elecciones mediante la compra de votos y, por otro, de someter las instituciones, especialmente policía y justicia, mediante la corrupción y la intimidación. Así, en los países con una mayor incidencia del crimen organizado como Colombia, México, Perú, Ecuador o Bolivia, asistimos a un proceso de involución democrática.
En el futuro podemos encontrarnos con democracias formales que en realidad se encuentren secuestradas por organizaciones de criminalidad organizada. El narcotráfico parece haber descubierto que es más eficaz someter el Estado y utilizar las armas de la democracia que luchar contra él.
Este crimen organizado, que podemos definir de cuarta generación, constituye una grave amenaza no solo para la región, sino también para Europa. Por un lado, Europa está desplazando a Estados Unidos como principal receptor de la cocaína proveniente de Latinoamérica. Por otro, el control del crimen organizado sobre algunos estados tiene implicaciones geoestratégicas que debemos valorar, incluyendo las posibles alianzas con potencias totalitarias en su guerra contra las democracias liberales, el aumento de la presión migratoria o el desafío a nuestra seguridad y nuestra propia convivencia.
El narcotráfico sigue siendo la actividad principal y más rentable de la criminalidad organizada en todo el mundo y de forma especial en Latinoamérica. La dimensión global del crimen organizado alcanza unas magnitudes en el subcontinente americano, que excede en muchas ocasiones las posibilidades de actuación de los gobiernos, amenazando su estabilidad institucional y deteriorando gravemente la convivencia en sus sociedades. Las organizaciones criminales más violentas el mundo están asentadas en esta región.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -Unodc- en su Informe Mundial de Drogas 2022 señala que el 74% de la cocaína sale principalmente de Colombia y Ecuador por la ruta del Pacífico Oriental, le sigue la ruta del Caribe Occidental que parte de Colombia con un 16% y por último la ruta del Caribe que sale de Venezuela y Colombia con un 8%. Un análisis de la situación de los países más afectados por esta lacra y donde el crimen organizado ha penetrado en el Estado, las organizaciones políticas y la misma sociedad, nos revela la situación actual.
Crisis de seguridad en Ecuador
La posición de Ecuador, ubicado entre dos de los países más grandes productores de drogas, Colombia y Perú, le confieren un carácter estratégico para las actividades del crimen organizado trasnacional. Primero como país de tránsito y luego como lugar de almacenamiento y punto de partida, Ecuador es ahora también un sitio de procesamiento de droga, como acredita el hallazgo y desmantelamiento de más de una decena de laboratorios y cristalizadores en provincias limítrofes con Colombia.
La implantación de poderosas bandas criminales es alarmante y ha llevado a Ecuador a una grave crisis de inseguridad. En lo que va de año, el país acumula 5.000 muertes violentas, superando la suma total del año 2022 -4.550- que ya había duplicado a su vez las de 2021.  La gran mayoría de ellas están vinculadas a la lucha sin cuartel entre las bandas criminales por la disputa del territorio y el control del narcotráfico. El asesinato del candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, el pasado mes de agosto, es una muestra de la voluntad y capacidad del crimen organizado de interferir en los procesos electorales.
Hasta el pasado mes de junio, se han decomisado 85 toneladas de drogas, de las cuales casi 42 toneladas han sido incautadas en puertos en contenedores con destino en primer lugar a Bélgica (36%) y luego España (18%). Además, las bandas de crimen organizado se especializan en el tráfico de drogas por vía aérea, construyendo pistas ilegales de aterrizaje para las ‘narcoavionetas’. Solo en la provincia costera de Manabí entre 2019 y 2022 fueron identificadas 40 pistas de aterrizaje ilegales de avionetas que en su mayoría proceden de México. El narcotráfico se combina además con otras actividades ilícitas como el blanqueo de capitales y el tráfico de armas y personas.
El sistema penitenciario tampoco es ajeno a esta realidad que se reproduce en el interior de las cárceles. Los centros penitenciarios se encuentran de hecho bajo el control de los distintos líderes de las bandas. El año pasado, más de 400 internos fueron asesinados, y los intentos de la administración por controlar las cárceles con traslados de presos y mayor control fueron respondidos por las bandas criminales con campañas de atentados contra personas y centros públicos y privados.
El país se encuentra así dominado de facto por una decena de grandes grupos dedicados al tráfico de drogas que son a su vez proveedores de servicios a los cárteles internacionales, principalmente mexicanos, de los que también reciben apoyo convirtiéndose en sus terminales ejecutoras en Ecuador.
La actuación del ejecutivo ecuatoriano para hacer frente a este grave y progresivo deterioro de la seguridad ha fracasado en gran medida por la falta de coordinación y liderazgo, provocando el adelanto de las elecciones parlamentarias y presidenciales. El crimen organizado se hizo presente asesinando, como ya hemos señalado, a uno de los candidatos presidenciales y en fechas recientes ahorcando en la cárcel de Guayaquil a los seis sicarios colombianos presos por su participación en ese atentado, un ejemplo extremo del dominio del sistema por las organizaciones criminales.
En esta situación, un 90% de los ecuatorianos considera que las elecciones están compradas, un 34% justifica que se clausure el parlamento y la misma proporción apoya un liderazgo autoritario. El crecimiento del crimen organizado y el deterioro de la calidad democrática en el país van de la mano.
El fracaso de Colombia contra el crimen organizado
Colombia está a la cabeza mundial en la producción de cocaína, que constituye la principal fuente de financiación de las organizaciones criminales latinoamericanas. En el caso colombiano, el narcotráfico es también el principal sustento de los grupos armados que no participan en el proceso de paz y que intentan mantener el control de la producción y el tráfico, sobre todo en las zonas fronterizas con Ecuador y Venezuela, donde está aumentado considerablemente las zonas y superficies de cultivo de hoja de coca. A este escenario hay que sumar la cada vez mayor presencia de grupos de la delincuencia organizada mexicana en el país.
La batalla duramente sostenida durante décadas por el Estado colombiano contra esta combinación de narcotráfico y terrorismo se está perdiendo. Hasta el pasado mes de julio todos los indicadores en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas disminuyeron en comparación con el mismo periodo analizado el año anterior. Así, las incautaciones de cocaína han disminuido un 9%, la erradicación de cultivos de coca desciende de forma alarmante, un 79% menos, y las requisas de heroína sufren una disminución del 44%.
Los enfrentamientos entre las principales bandas criminales del crimen organizado con los grupos armados disidentes del proceso de paz por hacerse con el control estratégico de importantes rutas del narcotráfico en la costa noroccidental del país ha provocado además el desplazamiento de 2.300 personas huyendo de los combates.
La victoria de Gustavo Petro en las elecciones del pasado año ha significado un cambio en la estrategia del país en materia de seguridad y, específicamente, en la lucha contra el narcotráfico, al mantener que el prohibicionismo en el problema global de las drogas había fracasado y propugnando un desmantelamiento del crimen organizado mediante la vía del diálogo y sometimiento a la justicia de los grupos del narcotráfico, sustituyendo el combate contra las drogas por un modelo progresivo de regulación.
Junto a este progresivo deterioro de la seguridad, Colombia ocupa actualmente el último lugar de América Latina en la confianza de sus ciudadanos en las elecciones. Tan solo dos de cada diez ciudadanos mantienen su confianza en los procesos electorales y el 93% piensa que las elecciones están compradas. Tres de cada cuatro colombianos consideran además que sus derechos básicos no están protegidos y solo uno de cada tres mantiene su confianza en el Gobierno.
Deriva autoritaria en Perú
Perú es, después de Colombia, el segundo mayor productor de coca del mundo y su cultivo se está expandiendo en los últimos años, alcanzando su récord en 2022 con 95.008 hectáreas, con un incremento del 18% respecto al año anterior. El narcotráfico es a su vez responsable de la deforestación de 7.000 hectáreas de bosques tropicales y de los asesinatos de miembros de comunidades indígenas que se oponen a los narcotraficantes, que debido al difícil acceso a esas zonas de la selva y la falta de presencia institucional facilitan la expansión de los cultivos y el aumento de la criminalidad contra los defensores de la Amazonia.
El crimen organizado crece al mismo ritmo que el aumento de los cultivos y el narcotráfico. Solo en la ciudad de Lima, entre enero y julio de este año se han cometido 186 crímenes por encargo en enfrentamientos entre bandas criminales por disputa del territorio. En el conjunto del país, de enero a abril se han contabilizado más de nueve mil homicidios, manteniendo así atemorizada a la ciudadanía con los asesinatos, los robos y las extorsiones como principales instrumentos criminales.
Ante esta grave situación, el Gobierno está acometiendo una reforma integral de su fuerza policial, aquejada de un fuerte desprestigio social por su nivel de corrupción. Solo en los dos últimos años se han sucedido siete comandantes generales y varios de ellos están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción.
A este escenario descrito hay que añadir el ambiente de corrupción e ineficiencia de la administración, que sitúa a Perú liderando el ranking de la corrupción de América Latina, según la última medición del Barómetro de las Américas. El deterioro democrático ha llevado a casi la mitad de los peruanos a apoyar un autogolpe que limite el poder del Parlamento y a uno de los menores índices de confianza democrática en la región.
Crisis institucional en Bolivia
El país andino es tercer productor de hoja de coca del mundo tras Colombia y Perú, y su particular ubicación geográfica es aprovechada por el crimen organizado trasnacional utilizando sus rutas terrestres, aéreas y fluviales para el narcotráfico.
La porosidad de sus fronteras, la impunidad y la corrupción abonan el terreno, favoreciendo que grandes y violentas organizaciones criminales internacionales, sobre todo de Brasil y Venezuela, se asienten en el país, provocando un significativo aumento de la violencia ligada al narco con un incremento exponencial del número de homicidios.
A pesar de los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, las incautaciones de cocaína no se acompañan de detenciones de los responsables de las organizaciones criminales e incluso cuando se desmantelan laboratorios tampoco se producen detenciones al no encontrarse a nadie en ellos. Estas intervenciones policiales revelan en muchas ocasiones la corrupción existente de muchos de los agentes y mandos policiales a sueldo de los grupos criminales.
Por otro lado, y fiel reflejo de la situación que atraviesa el país, la administración se encuentra con grandes dificultades burocráticas y procedimentales para ejecutar sus presupuestos y por ende sus acciones en la lucha contra el narcotráfico, evidenciando además la descoordinación existente en las autoridades bolivianas, una falta de interés real para combatir de forma eficaz contra esta lacra.
«La experiencia de casos como el de Venezuela demuestran que un mayor nivel de autoritarismo no conduce a más seguridad, sino al contrario»
Para contrarrestar esta realidad, el Gobierno ha anunciado la presentación de un proyecto de ley para el fortalecimiento institucional y operativo de la fuerza policial antinarcóticos de la Policía Boliviana, en la que casi todos los excomandantes generales de la institución se encuentran encausados por diferentes motivos, y donde la unidad antinarcóticos tampoco es ajena a la polémica porque en abril del año pasado se destituyó a su director, y en los seis meses anteriores se produjeron también dos ceses de sus máximos responsables.
A pesar de estos esfuerzos, el deterioro de la democracia en Bolivia, hoy considerado en realidad como un régimen híbrido, ha llevado a que la mitad de sus ciudadanos haya perdido su confianza en el gobierno, en el sistema electoral y que una gran mayoría considere que las elecciones pueden ser compradas.
El gigante brasileño
Brasil no escapa a este crecimiento del narcotráfico y el crimen organizado que se está produciendo en toda la región, ni al deterioro de su calidad democrática. Debido a su situación geográfica, con más de 15.000 kilómetros de frontera seca con casi todos los países de Suramérica, Brasil interviene como ‘gran corredor de droga’ entre los países productores y los destinatarios, siendo Europa su principal destino con Bélgica, Holanda y España a la cabeza de este tráfico trasatlántico.
Las muertes violentas por las disputas territoriales entre grupos criminales rivales han provocado 10.200 homicidios en el primer semestre de este año. El Estado de Río de Río de Janeiro ha sufrido un mayor aumento con un 15% en relación con el mismo período del año pasado motivado por el número de bandas asentadas y las dinámicas criminales producto de años de actividad. Brasil presenta a su vez uno de los índices más bajos de confianza en la democracia en la región y uno de los países donde los ciudadanos sienten menos protegidos sus derechos fundamentales.
El poder de los cárteles en México
El Estado mexicano ha perdido el control territorial de numerosas zonas geográficas dominadas por fuertes organizaciones criminales representadas por los cárteles y donde la sociedad está completamente desprotegida. En los años de mandato de López Obrador los principales cárteles dominan entre el 30 y el 35% del territorio mexicano, diluyendo la autoridad del Estado y convirtiendo a esas zonas en auténticos Estados fallidos incluso al nivel de Libia o Siria. En los tres primeros trimestres de este año el número de muertes asciende a 22.603 asesinatos con un promedio de 83 muertes violentas diarias.
El crimen organizado nombra y quita gobernadores y jefes municipales, subvenciona campañas políticas y se convierte de facto en un agente político-electoral de indudable trascendencia. A este escenario hay que sumar que la política contra la criminalidad organizada realizada por el Gobierno basada en actuar en las causas que provocan la violencia y no en la erradicación de esta, conocida como ‘abrazos y no balazos’, lejos de disminuir la actividad criminal ha provocado un fortalecimiento de los cárteles y la aparición de más grupos criminales.
El aumento de la criminalidad y del poder de los carteles del narcotráfico va acompañado de un deterioro institucional, un creciente protagonismo del ejército y una disminución de la calidad democrática en el país.
El crimen organizado como desafío global
El crimen organizado se presenta actualmente en Latinoamérica como una de las principales amenazas a la democracia y al estado de derecho. Es posible establecer una relación entre el aumento del narcotráfico y la criminalidad organizada y el deterioro democrático e institucional. El principal riesgo es que el crimen organizado se sirva de instrumentos democráticos, mediante la compra de votos, el fraude electoral o la violencia política, para colonizar el Estado y ponerlo al servicio de sus intereses.
Observamos una creciente connivencia entre el poder político y el crimen organizado en aquellos países en los que las organizaciones dedicadas al narcotráfico van consolidando su poder económico, social y político de forma paralela al debilitamiento del Estado. Especialmente preocupante es el grado de corrupción generalizada en algunos países y en particular en algunas policías, como demuestra el hecho de que muchas operaciones antidroga se salden sin detenidos y los grupos criminales logren un control casi absoluto del sistema penitenciario.
Por otro lado, las estrategias de apaciguamiento y la tolerancia de algunos gobiernos frente al cultivo y tráfico de drogas están conduciendo a un fortalecimiento de las organizaciones criminales que ejercen cada vez un control sobre una mayor proporción del territorio, incrementen la producción de droga y provoquen un aumento de las luchas entre grupos rivales. Es también previsible una diversificación de estos grupos hacia otras actividades criminales como la trata de personas, la minería ilegal o el tráfico de armas.
Finalmente, la experiencia de casos como el de Venezuela demuestran que un mayor nivel de autoritarismo no conduce necesariamente a más seguridad. Es más, el debilitamiento institucional y la concentración del poder en manos del Ejecutivo favorece en mayor medida la corrupción, que es, junto a la violencia, uno de los grandes instrumentos de los que se vale el crimen organizado para lograr el control social y someter el Estado a sus intereses criminales.
Hacer frente a la amenaza que supone el crimen organizado para la seguridad y la democracia exige un esfuerzo de cooperación internacional. La búsqueda de nuevos mercados por las grandes organizaciones criminales en el continente europeo representa ya una seria amenaza también para nuestros países.
En primer lugar, resulta esencial fortalecer la cooperación regional implementando estrategias integrales en la lucha contra el narcotráfico que potencien el intercambio de información, de inteligencia y coordinación operativa para la desarticulación de las redes criminales, estableciendo un marco de colaboración conjunto estable y permanente. El mejor ejemplo de esta cooperación es La Comunidad de Policías de América (Ameripol), un organismo de cooperación policial integrado por 35 cuerpos de policía de ese hemisferio con el objetivo de promover y potenciar el intercambio de información operativo y estratégico para luchar contra las amenazas a la seguridad de la región.
Auspiciada por España en 2011 y apoyada por la Unión Europea, su objetivo es desempeñar en América un papel similar al de Europol en nuestro continente en su lucha contra el crimen organizado. Está previsto que este mismo mes de noviembre se firme su Tratado Constitutivo en Brasilia. Recientemente coordinó durante dos meses una amplia operación contra el narcotráfico en el que participaron hasta 12 países latinoamericanos, y que llevó a la incautación de 97 toneladas de cocaína y la desarticulación de 56 organizaciones criminales.
Pero para hacer frente al crimen organizado, que es un fenómeno de indudable carácter global, es imprescindible fortalecer una cooperación internacional eficaz en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos conexos como el blanqueo de capitales y la trata de personas, organizaciones que han mostrado una rápida adaptación estableciendo conexiones globales no sólo en su continente, pero también en Europa y África.
En ese sentido es esencial la cooperación entre el subcontinente americano y la Unión Europea, como se puso de manifiesto el pasado mes de septiembre en Bruselas en la reunión de la Unión con el Comité Latinoamericano de Seguridad Interior -Clasi- que es un organismo creado y financiado por la UE que asiste a casi una veintena de países de ese continente para fortalecer estrategias contra la criminalidad organizada transnacional, reforzando la colaboración y la cooperación mediante un canal permanente para la comunicación entre los dos continentes que facilite el intercambio de datos e inteligencia, estableciendo un calendario de reuniones periódicas para fomentar una asociación estratégica en la lucha contra este fenómeno.
En clave regional, el pasado mes de septiembre y en el marco de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre tráfico de drogas celebrada en Cali, Bolivia propuso la creación de una Alianza Latinoamericana Antinarcóticos -ALA- con el objetivo de regionalizar la lucha contra el narcotráfico y establecer un calendario para afianzarla, iniciativa que habrá que esperar su implementación efectiva para valorarla dado el fracaso de otros proyectos similares, como el Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos-Cerian- que ha ido perdiendo personal y medios con el paso del tiempo convirtiéndose en una agencia prácticamente inerte.
En el ámbito de Naciones Unidas hay que destacar la Comisión de jefes de Agencias encargadas de combatir el tráfico de drogas en América Latina y Caribe -Honlea-, foro que se reúne anualmente en el que participa también España como país observador, y que tiene como objetivo facilitar la coordinación y cooperación en las actividades regionales dirigidas a combatir el tráfico de drogas. Su última reunión tuvo lugar en Quito a principios de este mes de octubre.
España desempeña un papel importante en todos estos esfuerzos. En los proyectos vigentes que tiene la UE en esa región, España lidera varios de ellos. Así, hay que destacar en Perú y Bolivia los programas para el fortalecimiento de sus fuerzas de seguridad en la lucha contra el tráfico de drogas. Por otro lado, nuestro país participa activamente en el proyecto denominado «El PAcCTO», orientado al reforzamiento de las capacidades de 18 países de Iberoamérica en su lucha contra el crimen transnacional organizado. Con carácter bilateral España tiene suscritos Convenios de cooperación en materia de lucha contra la delincuencia y seguridad con varios países sudamericanos y está negociando actualmente dicho instrumento normativo con Bolivia y Colombia.
No obstante, a la vista de la evolución de esta amenaza, los esfuerzos realizados hasta ahora tanto por los propios estados latinoamericanos, como en la cooperación regional, con la Unión Europea y a escala global, resultan insuficientes y no están respondiendo a la gravedad del desafío. Está en juego no solo la estabilidad y la democracia en Latinoamérica, también nuestra propia seguridad.
 
 
 
 
 
NARCO ESCÁNDALO SACUDE AL GOBIERNO DERECHISTA DE URUGUAY
 
Revista Resumen de Chile (https://acortar.link/2GcitZ)
 
Una trama que supera a la series de Netflix se ha destapado en Uruguay, el país que presumía hasta hoy, ser el menos corrupto de Latinoamérica. Este culebrón incluye mafias transnacionales, drogas, fútbol y políticos, se desató al conocerse que el asesor presidencial, Roberto Lafluf, quien lideró la campaña del actual presidente, intentó de ocultar información sobre la entrega de un pasaporte exprés al principal narcotraficante uruguayo: Sebastián Marset.
El escándalo le ha costado la renuncia en menos de una semana, al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el segundo al mando en el ministerio interior, Guillermo Maciel, además del propio Roberto Lafluf, considerado el principal asesor del presidente. El ministro del Exterior, Francisco Bustillo, ya había dimitido el pasado miércoles tras las filtraciones de unas grabaciones en las que parece pedirle a una ex funcionaria que no entregue evidencia relacionada con una investigación en curso sobre dicho pasaporte.
El alboroto desatado tras la revelaciones de la ex vicecanciller Carolina Ache, provocaron la suspensión de la gira a los Estados unidos del presidente de Uruguay: el pasaporte entregado en forma exprés por el gobierno uruguayo, era para el narco Sebastián Marset, jefe del denominado Primer Cartel Uruguayo (PCU) con una larga trayectoria como traficante de drogas, prófugo de la DEA, Interpol, además de la justicia paraguaya y boliviana.
Sebastián Marset en Paraguay
El año 2020 Sebastián Marset llegó a Paraguay como futbolista, a un club de la segunda división de aquel país (Capiatá). Un año después, técnicamente sería declarado prófugo y apareció en los registros de Interpol junto a su pareja, la también uruguaya, Gianina García, madre de sus tres hijos.
A los entrenamientos del Capiatá club llegaba en una camioneta blindada, que estaba a nombre de la empresa Tapyracuái, propiedad del clan Insfrán, sometido a proceso en Paraguay por el caso A Ultranza Py, la mayor operación contra el narcotráfico y lavado de activos de la historia en ese país.
Es la misma organización criminal denunciada en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci cometido en Cartagena, Colombia, en mayo del 2022, caso en que terminaría involucrado el expresidente paraguayo, el derechista Horacio Cartes.
Un día sin decir nada Sebastian Marset, no asistió más a los entrenamientos, huyó de Paraguay rumbo a Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, donde llevaba una vida de lujos, en ese enclave dominado por la extrema derecha boliviana. Todo esto hasta que la policía boliviana se le dejó caer en julio del 2023, viéndose obligado a huir del país.
Lo que sí logró el gobierno del presidente boliviano Luis Arce fue incautar en la casa de Marset 17 fusiles, una pistola, 1.915 municiones, 28 cargadores de distintas armas, cuatro chalecos antibalas y un parque automotor compuesto por 31 vehículos, una motocicleta, cuatro cuatriciclos y un vehículo deportivo Terix.
En su vivienda también se encontraron animales exóticos, un mini zoológico, al estilo de Pablo Escobar. En Bolivia permanecía con pasaporte brasileño falso a nombre de Luis Amorim.
En el operativo de captura de Marset en Bolivia participaron cerca de 3 mil efectivos, sin embargo logró fugarse del país con paradero desconocido, se rumoreaba que había logrado salir rumbo a Colombia.
Hoy sabemos que Marset fue detenido en Dubai y fue para ello que requirió su pasaporte exprés con sus amigos del gobierno uruguayo.
En declaraciones a los medios uruguayos Ache, la funcionaria que destapó el escándalo señalo: "Yo fui la única política de este gobierno que renunció y se fue para su casa. Y, paradójicamente, no fue ni por haber hecho algo incorrecto, ni por haber hecho algo ilegal. Todo lo contrario, fue por no haber estado dispuesta a ocultarle comunicaciones a la justicia y por haberme negado a cometer un delito".
 
 
 
 
 
CAYÓ EL “CARA DE CHALA”, LÍDER DE UNA BANDA CHILENO-BOLIVIANA QUE TRAFICABA DROGA EN NARCOAMBULANCIAS
 
Estaba radicado en Bolivia y llevaba más de una década prófugo. Fue arrestado casi de casualidad en la región de Antofagasta, en el norte de Chile
 
Infobae de Argentina (https://acortar.link/dgQUsf)
 
 Tras más de diez años de investigación, la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile capturó casi de casualidad al “Cara de chala”, líder de una banda que salió a la luz por transportar droga desde el norte del país en vehículos conocidos como la “narcoambulancia” y “narcobomberos”.
Y es que la captura de Manuel Antonio Jiménez Meza fue el resultado inesperado de un operativo antidroga en el norte del país. El líder de la banda que más sustancias ilícitas movía en la zona centro del país se encontraba prófugo desde 2010 y se había radicado en Bolivia, desde donde dirigía la operación, encargada de abastecer de droga la región de Valparaíso. Además de Jiménez, otros 10 individuos, todos chilenos, fueron detenidos y hoy deberán enfrentar a la justicia.
Según consigna radio Bío Bío, después de su huida en 2010 para evadir la justicia, Manuel Jiménez —alias el “Cara de Chala”— continuó dirigiendo desde Bolivia la organización criminal que lidera el abastecimiento de droga en la región de Valparaíso. La banda también estaba integrada por al menos dos de los hermanos del Chala: Valentín y Juan Pablo Jiménez Meza. Entre los tres, con la ayuda de brazos operativos y hombres de confianza, se las ingeniaron para traer uno tras otro los cargamentos desde el norte.
Así fue como en 2014 alcanzaron notoriedad pública al ser descubiertos por la policía usando ambulancias falsas y vehículos que aparentaban ser de Bomberos para el transporte de droga. Las balizas y trajes de paramédicos les permitieron mover decenas de kilos desde el norte a Valparaíso. La organización distribuía cerca del 65% de la droga que se consumía en la región de Valparaíso.
La captura
Sin embargo, las correrías de Manuel Jiménez Meza y compañía terminaron drásticamente hace unos días, gracias a un procedimiento de la Policía de Investigaciones de Valparaíso, quienes venían siguiendo de cerca el movimiento de tres vehículos cargados con droga en la región de Antofagasta. Tras interceptar el “convoy” de droga lograron arrestar a cinco personas, entre las cuales sorpresivamente se encontraba “el Cara de Chala”. Además de este grupo de cinco personas que viajaban en los vehículos interceptados, otros seis individuos miembros de la organización fueron aprehendidos en allanamientos realizados paralelamente en la región de Valparaíso.
“Tras más de 10 años de investigación se ha logrado desarticular hoy en su totalidad a este grupo”, detalló el prefecto Guillermo Galvez, de la Prefectura contra el Crimen Organizado Centro de la PDI, quien reveló también que el cabecilla de esta organización era indagado “desde el 2004, cuando fue detenido por robo con violencia”.
Además, dio cuenta que este delincuente lideraba “esta organización encargada de ingresar casi una tonelada de drogas durante el transcurso de estos 10 años en la ‘narcoambulancia’ -que fue muy conocida- en dos oportunidades (2014, 2018), y el 2015 los ‘narcobomberos’”.
El fiscal José Uribe señaló que los criminales “estaban traficando drogas desde Bolivia directamente, donde incluso tenía vinculaciones con productores de drogas, los cuales, a través de intermediarios en nuestro país, distribuían drogas en distintas partes, que era básicamente para el efecto de revisar los negocios que tiene aquí en el país”.
Con respecto a cuál habría sido el motivo de Jiménez Meza para volver al país, el persecutor afirmó que “él tenía problemas de salud y al parecer quería hacerse algún tratamiento en el país”.
En total se incautaron cerca de 60 kilos de marihuana, otros 57 de clorhidrato de cocaína y 67 de cocaína base.
 
 
 
 
 
EL 47% DE LOS BOLIVIANOS PRESTA MÁS ATENCIÓN A LA PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES QUE EN MEDIOS TRADICIONALES
 
En la cuarta edición del informe “1000 Bolivianos dicen” se detectó que las marcas aún tienen una tarea pendiente, que es conectar con un consumidor crítico, que busca contenidos que reflejen la realidad, que les sean de utilidad y los beneficie, mostrando así empatía.
 
AD Latina de Argentina (https://acortar.link/0g8GVS)
 
SEGÚN EL REPORTE DE OMNICOM MEDIA GROUP
El 47% de los bolivianos presta más atención a la publicidad en medios digitales que en medios tradicionales
En la cuarta edición del informe “1000 Bolivianos dicen” se detectó que las marcas aún tienen una tarea pendiente, que es conectar con un consumidor crítico, que busca contenidos que reflejen la realidad, que les sean de utilidad y los beneficie, mostrando así empatía.
En un reciente reporte de “consumo de medios y percepción publicitaria”, desarrollado por Omnicom Media Group (OMG), dentro del marco de su amplia investigación “1000 Bolivianos dicen” en su cuarta edición -u ola- se detectó que las marcas aún tienen una tarea pendiente, que es conectar con un consumidor crítico, que busca contenidos que reflejen la realidad, que les sean de utilidad y los beneficie, mostrando así empatía.
El 21% de los participantes manifestaron que lo que han escuchado o leído sobre la publicidad de las marcas el último mes, les pareció innecesaria, el 16% la percibe útil, el 17% cree que es beneficiosa para ellos, el 8% la ve necesaria o beneficiosa para todos, un 7% piensa que es irreal o mentira, un 4% la ve valiosa y apenas un 3% la califica como real.
Sin embargo, la audiencia boliviana percibe la publicidad de las marcas, en los medios digitales, como más cercana y por ende menos molesta, según refiere la investigación de OMG. Los resultados muestran que el grupo de personas que dicen “apreciar la publicidad y sentir cierto placer” en este tipo de mensaje es mayor en los medios digitales (42%) que en los tradicionales (32%).
Diferente generación, curiosa coincidencia
Pero entre la población boliviana, algo curioso es que un adolescente de la generación “Z”, comparte al video online como su medio de comunicación favorito, al igual que los Baby Boomers, que es alguien mayor de 65 años, pero ambos lo eligieron por encima de otras plataformas tanto para informarse como para entretenerse.
El estudio muestra también que tanto las redes sociales (Instagram, Facebook o Tik Tok) como los videos online (Youtube y Vimeo) son los dos medios más consumidos por los bolivianos de casi todas las edades; eso entre otros hallazgos del reporte de OMG.
Tratándose de los mayores de 65 años, se registra un grupo de medios; en donde el video online, la televisión nacional y televisión por cable se disputan con un empate porcentual de 57% el primer lugar de preferencia en este rango etario. Después, las redes sociales y los medios de transporte empatan sus resultados con 43% de consumo.
Medios de comunicación en crecimiento
El estudio también permitió conocer cuáles fueron los medios que más incrementaron su consumo en Bolivia. En tal sentido, el más alto incremento del consumo se dio con la prensa online-offline. Las otras plataformas que subieron su consumo, fueron: redes sociales, televisión por cable y nacional, radio online y vallas.
Además, OMG analizó la actividad que realizan los bolivianos mientras interactúan con los medios de comunicación el último mes, destacando el uso de redes sociales, ver videos en Youtube y la búsqueda en plataformas online, como las tres actividades que más realizaron el último mes.
 
 
 
 
 
UN OCTUBRE ARDIENTE EN BOLIVIA
 
Earth observatory. NASA. Gov/ (https://acortar.link/UMvtfG)
 
Durante gran parte de septiembre y octubre de 2023, los satélites detectaron una actividad generalizada de incendios en las tierras bajas de Bolivia. Esto es común en un país con una práctica tradicional de encender fuegos para estimular el crecimiento de pastos y despejar tierras para cultivos. Pero los incendios de este año fueron especialmente feroces en ocasiones debido a la sequía y el calor continuos.
El 22 de octubre de 2023, VIIRS ( Visible IR Imaging Radiometer Suite ) en el satélite Suomi NPP de la NASA-NOAA adquirió esta imagen del humo que sale de los incendios que arden en partes de los departamentos bolivianos de Beni, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Una vista detallada (abajo) del MODIS (el espectrorradiómetro de imágenes de resolución moderada) en el satélite Aqua de la NASA muestra intensos incendios a lo largo del río Ichilo al este de Puerto Villarroel, un área que ha experimentado una deforestación generalizada hacia el este en las últimas décadas.
Los incendios ocurren en esta región todos los años y generalmente son resultado de la actividad humana, explicó Oswaldo Maillard, investigador de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano , una organización sin fines de lucro con sede en Bolivia . Una de las causas más comunes es una práctica llamada chaqueo, la quema estacional de pastos y cultivos para eliminar la vegetación vieja y fertilizar el crecimiento del siguiente cultivo con una capa de ceniza. Los incendios también se utilizan para quemar montones de árboles que han sido talados para dejar espacio a nuevos campos y pastos.
Sin embargo, el calor inusual y la grave sequía que han resecado a Bolivia en los últimos meses y años energizaron e intensificaron estos incendios estacionales de chaqueo. Algunos de ellos se extienden a ecosistemas naturales, incluidos los pastizales de la sabana del Beni y los bosques chiquitanos del norte y este de Bolivia. Durante el pico de los incendios a finales de octubre, el humo era tan denso que el gobierno boliviano cerró unas 3.650 escuelas, alrededor del 15 por ciento del total nacional, según informes de prensa.
"Todos los años se registran incendios", afirmó Maillard. "Pero se convirtieron en una noticia importante en la televisión boliviana y en los periódicos en octubre porque el humo fue arrastrado en dirección sureste hacia Santa Cruz, la ciudad más grande de Bolivia".
El SERVIR Amazon Fire Dashboard , un proyecto de la NASA y USAID, registró 7.761 incendios activos en Bolivia el 22 de octubre de 2023. Casi la mitad de estos (3.148) fueron clasificados como incendios de sabana o pastizal, y muchos de ellos arden en la Sabana del Beni. Muchos otros (3.380) se clasificaron como incendios agrícolas y de desmonte de tierras en pequeña escala, que se distribuyeron de manera más uniforme en todas partes del país.
El resto de los incendios detectados ese día por VIIRS fueron incendios de deforestación (741) o incendios de sotobosque (492). Aunque son más pequeños en número, estos dos tipos de incendios son especialmente importantes porque causan daños a largo plazo a los bosques, explicó Douglas Morton, científico de sistemas terrestres en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA. Si bien los pastizales pueden volver a crecer al año siguiente de un incendio, los bosques tropicales quemados suelen tardar muchas décadas o más en recuperarse. La mayoría de estos incendios, incluidos los que se muestran cerca de Puerto Villarroel, ocurrieron en corredores de desarrollo a lo largo de ríos y caminos.
La deforestación está aumentando en Bolivia. Según Global Forest Watch del Instituto de Recursos Mundiales , Bolivia experimentó un nivel récord de pérdida de bosques primarios en 2022, un aumento del 32 por ciento con respecto a los niveles de 2021. Por tercer año consecutivo, Bolivia ocupó el tercer lugar, sólo detrás de Brasil y la República Democrática del Congo, en pérdida de bosques primarios, informó el instituto.
El Ministerio de Defensa de Bolivia informó que casi 3.825 bomberos y 45 unidades militares participaron en la lucha contra los incendios forestales entre junio y noviembre de 2023. Según el gobierno boliviano, más de 2,7 millones de hectáreas (10.000 millas cuadradas), un área aproximadamente del tamaño de Vermont, se habían quemado en noviembre de 2023. Eso es un poco menos que en 2019, 2020, 2021 y 2022, todos años en los que se quemaron más de 4 millones de hectáreas.
Después de la actividad generalizada de incendios en septiembre y gran parte de octubre, un período de lluvia durante la última semana de octubre ayudó a sofocar muchos de los incendios. "Sin embargo, la mayoría de los grandes incendios seguían ardiendo hasta el 6 de noviembre", dijo Morton. "A menudo se necesita un período prolongado de lluvia para extinguir verdaderamente un incendio y evitar su propagación en áreas de pastizales y bosques".