LA FIEBRE DEL ORO NO AUTORIZADO SE PROPAGA POR AMÉRICA DEL SUR

Los mineros informales solían buscar oro en los ríos o picar la tierra firme para sacarlo. Hoy en día, la extracción de oro se realiza con productos químicos peligrosos y maquinaria pesada. El mercurio ruso se propaga desde Bolivia a todo el continente. La dinamita peruana se trafica a granel hacia Ecuador. Excavadoras surcoreanas talan el bosque en Brasil. 

Cuando la visité el año pasado, los mineros, que estaban en chanclas y pantalones cortos alrededor de un cráter inundado, volaron sus paredes con mangueras de alta presión para desplazar partículas de minerales y utilizaron mercurio para separar el metal del mineral.
En 2016, Nicolás Maduro, el autócrata del país, decretó que algunas extensiones del bosque debían convertirse en el Arco Minero del Orinoco, un territorio más grande que Portugal. Desde entonces, la minería ilegal en territorios que no han sido explorados previamente ha aumentado.
El oro sucio representa entre el 70 y el 90 por ciento de la producción nacional, según la filial local de Transparencia Internacional, un organismo anticorrupción.
La afluencia podría aumentar. El 18 de octubre, Estados Unidos levantó las sanciones a la empresa minera estatal de Venezuela, entre otras, a cambio de la promesa de Maduro de celebrar elecciones más libres el próximo año. “Esta decisión va a fomentar una bonanza criminal”, dice Cristina Burelli de SOS Orinoco, un grupo de presión ambiental, quien además sostiene que el régimen no tiene incentivos para reducir la minería ilegal de oro.
Se cree que los secuaces militares de Maduro supervisan la mayor parte de la minería ilegal. Una estimación local reportada por el International Crisis Group, un laboratorio de ideas con sede en Bruselas, sugirió que en 2019 los altos funcionarios del estado de Amazonas recibieron 20 kilogramos de oro al mes, que entonces tenía un valor de 800.000 dólares.
Venezuela es solo el ejemplo más extremo en el auge del oro ilegal. Es habitual que la demanda de este aumente durante períodos de tumulto, como la subida vertiginosa que registró después de la crisis financiera de 2008 y el aumento en los últimos años como resultado de la tensión entre Estados Unidos y China, y la agitación en Ucrania y Medio Oriente. Una creciente clase media en China, y la India, también está impulsando la demanda.
Entre 2021 y 2022, los bancos centrales duplicaron con creces sus compras de oro, hasta 1136 toneladas. Se trata del nivel más alto desde que se comenzó a llevar un registro de esto en 1950.
En la India, una ola de bodas desde la pandemia de COVID-19 ha impulsado el sector de la joyería, que absorbe la mitad de toda la producción de oro a nivel mundial. En mayo, el precio del lingote alcanzó los 66.000 dólares por kilogramo, la segunda cifra más alta de la historia.
Esto ha provocado una fiebre del oro. En apariencia, América del Sur abastece una décima parte de las necesidades globales. Sin embargo, existe una gran brecha entre las exportaciones y las importaciones declaradas en el exterior.
Esto sugiere que la participación del continente podría ser mucho mayor, lo que convierte a América del Sur en una de las principales regiones de donde proviene el oro extraído de manera ilegal (ver gráfica).
Los mineros de oro ilegal tienen aliados poderosos. Además de Maduro, Luis Arce, presidente de Bolivia, y Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, han alentado o se han hecho de la vista gorda ante la minería informal, lo que ha ayudado al sector a industrializarse.
Los mineros informales solían buscar oro en los ríos o picar la tierra firme para sacarlo. Hoy en día, la extracción de oro se realiza con productos químicos peligrosos y maquinaria pesada. El mercurio ruso se propaga desde Bolivia a todo el continente. La dinamita peruana se trafica a granel hacia Ecuador. Excavadoras surcoreanas talan el bosque en Brasil.
Antes, los emplazamientos mineros tardaban un mes en abrirse, ahora pueden tardar tan solo una semana, dice Larissa Rodrigues del Instituto Escolhas, una ONG en São Paulo. Los trabajadores que caminaban durante días con algunas pepitas de oro ahora sacan sus ganancias en avión.
El sector es muy lucrativo. En Brasil, según el Instituto Escolhas, montar una mina de oro ilegal cuesta alrededor de 280.000 dólares. La producción mensual es de unos tres kilogramos y los beneficios mensuales rondan los 70.000 dólares en promedio.
Sin embargo, unos cuantos gramos de oro requieren mover varias toneladas de rocas y escombros. Muchos mineros ilegales utilizan minas antiguas porque son las más cómodas, dice Bruno Manzolli de la Universidad Federal de Minas Gerais. Pero a medida que aumentan los precios del oro, los minerales de mucha menor calidad se han vuelto valiosos.
A nivel mundial, la mayoría de las minas generan de cinco a ocho gramos de oro por tonelada de roca. En Bolivia, donde el diésel está subsidiado y el mercurio no está regulado, incluso un gramo por tonelada sigue siendo rentable.
Esto ha atraído al crimen organizado. Ahora mismo, un exceso de cocaína invade a América del Sur, y el precio mayorista está cayendo en picada. Por lo tanto, las bandas de narcotraficantes quieren diversificarse. Los mineros informales en el norte de Brasil, también llamados garimpeiros, cuentan con el respaldo del Primer Comando de la Capital (PCC), la banda criminal más grande del continente.
Flávio Dino, ministro de Justicia, dijo que después de haber lavado durante mucho tiempo dinero del narcotráfico con oro extraído ilegalmente, el PCC ahora actúa como un “sindicato minero clandestino”.
El PCC no es el único grupo criminal que sufre de la fiebre del oro. En febrero, la banda criminal más grande de Colombia, el Clan del Golfo, respaldó una huelga de mineros que duró un mes y que paralizó el estado de Antioquia. En junio, invadió la mina de oro legal más grande del país y robó varias toneladas de metal.
Las autoridades colombianas dicen que los grupos armados ganan entre 2000 y 3000 millones de dólares al año con oro ilegal, casi la misma cifra que las exportaciones legales anuales de oro del país.
Los gobiernos están tratando de contratacar. Luiz Inácio Lula da Silva, el sucesor de Bolsonaro, ha desplegado a las fuerzas militares para detener la minería en áreas protegidas. En febrero, su gobierno expulsó a 20.000 garimpeiros del territorio de los indígenas yanomami y destruyó cientos de campamentos.
El gobierno y el banco central también aprobaron leyes para evitar que el oro ilegal entre en las cadenas de suministro, y piden una regulación internacional del comercio del oro en general. “Lo que se exporta no es solo oro ilegal, sino también las vidas de los pueblos indígenas”, dice Marina Silva, ministra de Medio Ambiente de Brasil.
En Colombia, el gobierno izquierdista de Gustavo Petro está teniendo menos éxito. En los primeros seis meses del mandato de Petro, las fuerzas militares cerraron 900 minas ilegales, según los últimos datos. En los últimos tres años, el total fue de 9200. Parte del problema es que Petro, que fue guerrillero, tiene una relación tensa con el Ejército.
Su gobierno también ha irritado a las empresas mineras extranjeras legales, pues amenaza con reconsiderar sus permisos. “El problema no es la minería ilegal”, declaró la vicepresidenta Francia Márquez. “El problema es un modelo de desarrollo económico basado en el extractivismo”.
Entre 2014 y 2016, Márquez fue una activista que ayudó a cerrar una mina de oro ilegal. Pero en el gobierno, ella y sus colegas parecen haber perdido esa claridad en sus políticas. Radio La Voz de Honduras (https://acortar.link/DsHBN9)
 
 
 
 
 
“LOS PARQUES NACIONALES SE HAN VUELTO EL EJE DONDE LOS NARCOS PREFIEREN PRODUCIR LA COCAÍNA EN BOLIVIA”
 
En 2022, los cultivos de hoja de coca en Bolivia alcanzaron las 29 900 hectáreas, una cifra que supera las 22 000 hectáreas establecidas por el gobierno para uso tradicional. Mongabay Latam conversó con Gabriela Reyes, experta en política de drogas, sobre la presencia del narcotráfico en el país y los conflictos políticos que afectan la lucha contra las drogas.
 
Revista Mongabay de Indonesia (https://acortar.link/QE4aHj)
 
Unas 29 900 hectáreas se utilizaron para producir hoja de coca en Bolivia durante 2022, una cifra un poco menor a las 30 500 hectáreas registradas en 2021 pero que aun así supera el límite establecido por el gobierno boliviano para el consumo tradicional de la planta, de acuerdo con el reporte anual del Monitoreo de cultivos de coca en Bolivia realizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
El reporte presentado a finales de octubre también revela que los cultivos de hoja de coca están presentes en seis áreas naturales protegidas, lugares donde la producción de esta planta ancestral es ilegal. Según el informe, en estos territorios se han registrado una superficie de 435 hectáreas de cultivos de coca.
En entrevista con Mongabay Latam, la criminóloga boliviana y especialista en política de drogas, Gabriela Reyes, aborda los resultados del informe de la UNODC, la creciente presencia del narcotráfico en el país y el cultivo de coca en áreas naturales protegidas.
La exdirectora del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas también señala que el conflicto al interior del partido de gobierno Movimiento al Socialismo (MAS) está provocando problemas en la política antidrogas.
—¿Cuál es su opinión sobre el informe de la UNODC que presenta las cifras del 2022 de los cultivos de coca en Bolivia?
—Es importante porque nos permite evaluar la política de erradicación concertada que existe desde el 2006 o el 2008. Este leve decremento demuestra, haciendo un análisis temporal, que esta política ha mantenido una relativa estabilidad de los cocales de que existen en Bolivia, es decir, no se dan incrementos grandes, pero tampoco se dan reducciones grandes en los últimos años. Solamente hubo dos etapas en las que se vieron incrementos importantes: en el 2016 y en el 2020, a raíz del COVID-19 y de las políticas implementadas en ese momento.
En general, vemos que este informe anual demuestra una relativa estabilidad en los cultivos de hoja de coca en Bolivia. Desde el 2012, aproximadamente, ha venido fluctuando entre 25 000 hectáreas y 30 000 hectáreas. Sin embargo, en los últimos años sí se ha dado un incremento importante, vinculado al COVID-19 y a los problemas políticos del 2020. Estos últimos tres años registran los niveles más altos de cultivo de coca de los últimos diez años. Hasta el día de hoy, el gobierno boliviano no ha logrado reducir los cultivos a los promedios que existían antes del COVID-19.
—¿Cuál era el promedio antes del COVID-19?
—La cifra más baja fue 20 200 hectáreas en el 2015 y la más alta fue de 25 500 en el 2019. Sin embargo, en el año 2020 hubo un incremento de un 15 % y se llegó a 29 400 hectáreas, una cifra similar a lo que tenemos ahora. Entre el 2020 y el 2021 se llegó a las 30 500; para el 2022 se bajó un 2 % de esa cifra. Sin embargo, seguimos por encima de los niveles que teníamos antes del COVID-19. Son entre 5000 a 10 000 hectáreas. Y en los últimos tres años, sí se muestra un incremento importante.
— Entiendo que Bolivia tiene una cantidad máxima de hectáreas de cultivos de coca destinadas al uso tradicional, pero la cifra actual está por encima de esta cantidad límite.
— Si, la ley establece 22 000 hectáreas de cultivos de hoja de coca para consumo tradicional y ancestral. Aquí en Bolivia se consume bastante hoja de coca. Y tenemos un modelo de erradicación con dos formas de hacerlo. Por un lado, hay una erradiación concertada en regiones no demarcadas para esas 22 000 hectáreas, de acuerdo con la ley. Y tenemos la erradicación forzosa en lugares como parques nacionales.
La erradicación concertada es parte de una política de desarrollo integral que se da mediante un proceso de negociación y de concertación con los productores de hoja de coca excedentaria. En ese proceso se les ofrece proyectos de desarrollo productivo. A lo largo del tiempo, varios  municipios han tenido un desarrollo importante, sobre todo en el Trópico de Cochabamba. Además, se han eliminado los niveles de violencia que se veían anteriormente.
Sin embargo, este último año, los conflictos de la Asociación Departamental de Productores de Coca de la región de Los Yungas, en La Paz, no han permitido que los proyectos de desarrollo productivo lleguen de manera efectiva a los municipios. Entonces, obviamente, la reducción de la erradicación es menor. Recordemos  también que no hay una relación directa entre número de hectáreas y erradicación porque existe también replantación, es decir, una vez que se erradica el cultivo de hoja de coca se da el efecto globo y se van a plantar coca en otros lugares.
—El estudio de la UNODC señala la disminución del precio de la hoja de coca, ¿cómo influye esto en la cantidad de coca cultivada?
—Es bastante novedoso que el informe de la UNODC incluya la baja del precio de la hoja de coca. La reducción ha sido de 31 % entre  2021 y 2022. Uno de los resultados de la política de erradicación era que mantenía el precio de la coca alto, hasta en 12 dólares por kilo, aproximadamente. Por la pandemia, bajó a 9.50 dólares por kilo, pero en 2022 se vio una reducción de 31 % y llegó 6.66 dólares por kilo.
¿Qué implica esta baja en el precio? Primero, que Bolivia era principalmente un país de tránsito de hoja de coca, porque la hoja de coca en Perú era más barata. Sin embargo, al bajar el precio en Bolivia, la coca que no va al consumo tradicional se va a la producción de cocaína. Al ser más barata es más atractivo para el productor de cocaína comprar hoja de coca boliviana y ya no comprar tanto la peruana.
No olvidemos que la reducción del precio sucede en un contexto en el que hay contrabando de hoja de coca peruana. Hemos escuchado a Evo Morales quejarse ante el gobierno de que la coca peruana que entra de contrabando en Bolivia está afectando los mercados y eso, obviamente, genera una distorsión en los precios. Y finalmente hay que pensar en el productor de hoja de coca para uso tradicional que planea su venta a un precio y termina recibiendo menos, es decir, hay un detrimento económico para los ingresos de las personas. Hay bastantes implicaciones.
— ¿La reducción del precio de la hoja de coca se ha dado sólo en Bolivia o estamos hablando de una baja a nivel internacional?
—El precio de la hoja de coca en los diferentes lugares se establece de diferentes modos. En Bolivia, al ser legal, la establece el mercado. En Perú la establece Enaco [Empresa Nacional de Coca] que es la empresa del Estado que compra la hoja de coca. Y entiendo que por el COVID-19 se han mantenido los precios. Y en Colombia, el precio de la hoja de coca lo define el mercado negro y tengo entendido que también ha bajado el precio en aquel país.
Esto también tiene relación con los cambios de consumo en Estados Unidos, por la demanda creciente de sustancias como el fentanilo, entonces, la demanda de la cocaína se ha mantenido estable sin una tendencia al aumento, de ahí vienen las variaciones en el precio de la hoja de coca.
—¿El excedente de cultivos de hoja de coca en Bolivia, más allá de las 22 000 hectáreas establecidas por ley, va al narcotráfico?
—Es difícil establecer adónde va y en qué porcentaje. Hay diferentes posibilidades. Una de ellas, obviamente, es que se va a la producción de cocaína, eso es indudable. Sin embargo, no olvidemos que Argentina también tiene demanda de hoja de coca, hay un consumo legal en Argentina. La provincia de Salta, por ejemplo, tiene una normativa que hace legal el consumo de hoja de coca, pero no hay un mecanismo legal de envío de hoja de coca de Bolivia a Argentina, entonces, la hoja de coca pasa por un mercado no autorizado.
No es un secreto que Bolivia es productor de cocaína y que, además, en 2022 hemos batido récord de incautación de cocaína en Bolivia. Hemos llegado a las 20 toneladas. ¿Y qué significa cuando se incrementa la incautación de cocaína en un país que no ha tenido una reforma en su policía antinarcóticos o en su política antidrogas? Simplemente que hay más cocaína circulando en el territorio. A mayor cocaína circulando, la probabilidad de encontrarla es mucho más. Entonces, las 20 toneladas que el gobierno presenta como una medida de éxito, más bien yo lo veo como una medida preocupante, porque para mí es un indicador de que hay más cocaína circulando en el mercado.
—¿Cuánto ha aumentado la producción de cocaína en Bolivia en los últimos años?
—Antes Bolivia era un país de tránsito de cocaína, por el tema de los precios. Sin embargo,  hoy en día nos hemos vuelto un país principalmente productor de cocaína. Yo lo relaciono de nuevo con estos datos. Si vemos el informe de Naciones Unidas, la incautación de clorhidrato de cocaína ha aumentado un 31 %. Sin embargo, cuando vemos la cantidad de  laboratorios de clorhidrato de cocaína, en 2019 se destruyeron 50 y en 2022 solamente 23, es decir, no hemos llegado ni siquiera a la mitad. En 2022 tienes un incremento en la cantidad de toneladas de cocaína incautada, pero no llegas ni a la mitad de la reducción de los puntos de producción, que son los laboratorios de cocaína. Para mí la relación es clara: hemos pasado de ser un país principalmente de tránsito de cocaína  peruana y de hoja de coca peruana, a un país productor de cocaína.
Ha surgido, además, una tendencia que empezó en la pandemia y en los conflictos políticos del 2019: se han empezado a instalar laboratorios de cocaína en los parques nacionales, eso también incluye territorios amazónicos. ¿Qué tienen de atractivo estos lugares? Primero, que son de difícil acceso para la fuerza pública y fáciles para esconderse y camuflarse. También tienen ríos y la producción de cocaína necesita mucha agua, pero también necesita eliminar muchos desechos químicos. Se pueden construir y camuflar pistas de aterrizaje clandestinas, que son necesarias para transportar el producto y las sustancias químicas.
Los parques nacionales se han vuelto el eje donde los narcos prefieren producir la cocaína en Bolivia.
Me preocupa que el gobierno diga que el mayor porcentaje de producción de cocaína está en el Trópico de Cochabamba. Debido a la pelea interna que se está dando en el Movimiento al Socialismo (MAS), y a que los recursos se han enfocado únicamente en interdicciones en el Trópico de Cochabamba, se está dejando de lado a los parques nacionales.
Luego ocurren cosas como lo sucedido recientemente durante los incendios, cuando se encontraron 20 hectáreas de coca que no habían sido erradicadas en un parque nacional. El problema de politizar la lucha contra el narcotráfico es que los narcotraficantes han optado por no ir al Trópico de Cochabamba, sino más bien a los parques nacionales. Y eso tiene consecuencias, porque más allá de estar prohibidas las plantaciones de coca y de lo que significa la producción de cocaína, también está el tema medioambiental que se une con otras economías ilícitas como la extracción de oro, además de la facilidad para los grupos armados de asentarse en esos lugares. Es peligrosa la politización de la lucha antidrogas porque sólo se enfocan en un lugar en vez de tener una mirada integral.
—El informe de la UNODC menciona seis áreas protegidas como lugares donde hay cultivos de coca: Amboró, Tipnis, Carrasco, Cotapata, Madidi y Apolobamba, ¿qué está pasando en los parques nacionales?
—Recientemente, la directora del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró ha sido despedida porque ha revelado la presencia de cocales y también ha dicho que se trata de una zona roja, con personas armadas que protegen los cocales. Es preocupante porque el mensaje que se manda es de desprotección.
También en el Parque Noel Kempff Mercado se ha denunciado la presencia de grupos ligados al narcotráfico y sindicatos de mineros y cocaleros. Estos grupos operan con armamento de grueso calibre, como sucede con las mafias del narcotráfico, mientras que otros recurren a dinamita, palos y machetes para impedir el ingreso de las autoridades que ejercen control en la zona.
Y pensando en el tema, creo que la UNODC debería hacer una evaluación del enfoque de este informe, porque trabaja con la misma metodología desde al menos los últimos diez años. Debe revisar su metodología y ampliar su visión a todos los parques nacionales.
—Usted ha mencionado que en las áreas protegidas se están instalando cultivos ilegales de coca, laboratorios y también pistas de aterrizaje clandestinas.
— No hay datos del gobierno que específicamente digan dónde están. Nosotros lo que hacemos es un seguimiento de acuerdo a la información en prensa del Ministerio de Gobierno. Tenemos algunos datos a partir de ese seguimiento. Pero el Ministerio de Gobierno sólo presenta datos por departamentos, pero no dice cuántos laboratorios encontraron en parques nacionales. Pero si se ha visto mucho, por ejemplo, en 2021, muchas pistas y laboratorios en parques nacionales. Esto ha sido antes del conflicto interno del MAS.
—¿Por qué es importante el conflicto del MAS en la política antidrogas?
—El conflicto actual es por la candidatura del MAS. Luis Arce [actual presidente de Bolivia] quiere ser candidato a la presidencia y Evo Morales también ha hecho público que las organizaciones le han pedido que vuelva a ser candidato a presidente. Entonces, hay una división no sólo dentro del partido, sino también dentro de las organizaciones que conforman el núcleo del partido. Y parte de este conflicto es la estigmatización del Trópico de Cochabamba, porque Evo Morales es cocalero y presidente de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba, ese es su bastión. Por eso, la mirada del gobierno [de Luis Arce] se ha concentrado allí y la mayoría de los operativos se dan en  Cochabamba.
Cuando presentan el  mapa del narcotráfico solamente muestran datos de dónde estaban los laboratorios, y la mayoría aparecen en el Trópico de Cochabamba. Entonces, nosotros como analistas nos preguntamos: ¿dónde está el mapa de las pistas de aterrizaje, de las incautaciones, de dónde viven los peces gordos del narcotráfico? Y nos vamos a dar cuenta que Santa Cruz y el Beni son los departamentos que concentran todo esto. Allí se han encontrado las avionetas que han dado positivo al micro aspirado. ¿Dónde estaba oculto Sebastián Marset [narcotraficante uruguayo]? En Santa Cruz. ¿Dónde tenía sus operaciones? En Santa Cruz y en el Beni.
Ese es el problema cuando se politiza la lucha contra el narcotráfico. No digo que no hay que mirar Cochabamba, pero miremos todo también.
—Entonces, ¿cómo debería ser la política para enfrentar el narcotráfico?
— Primero, darle un especial interés a los parques nacionales, a los territorios vulnerables que son parte de la Amazonía, porque ya presentan una serie de elementos que más adelante puede ser muy difícil de revertir. Lo segundo importantísimo es dejar a un lado la impunidad y el mensaje de protección que se da a los grandes narcotraficantes, como ha ocurrido con el caso de Marset, pero también con el narco vuelo. Cuando salió casi media tonelada de cocaína por el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, y llegó hasta Barajas, y ninguno de los policías responsables de que no pase ni un gramo de cocaína en el aeropuerto está detenido.
Los mensajes de impunidad que da el gobierno y el Estado en general son preocupantes. También tienen que reactivarse los mecanismos de cooperación internacional como el Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos. Creo que es importante retomar estos mecanismos para compartir información regional. Y por último, dejar de politizar la lucha contra el narcotráfico y entender que no es sólo la producción de cocaína, sino que además hay toda una cadena de tráfico que es importante interrumpir.
 
 
 
 
 
BOLIVIA BUSCA SU MILEI: EN LAS ENCUESTAS RECHAZAN AL GOBIERNO, PERO TAMBIÉN A LA OPOSICIÓN
 
Recientes sondeos muestran que la amplia mayoría querría desterrar a los masistas pero también a los que actúan como opositores, para que llegue una nueva figura como sucedió en la Argentina
 
https://acortar.link/FaUE7U
 
Por Humberto Vacaflor Ganam.- Aunque necesitaría con más urgencia un Bukele para enfrentar a las mafias cocaleras, la sociedad boliviana está empeñada ahora en encontrar un Milei, ante la guerra vergonzosa que libran Luis Arce y Evo Morales, jefes del MAS.
Las encuestas confirman que dos tercios de los bolivianos quisieran jubilar y, si fuera posible, desterrar a los dos caudillos masistas, autores del desastre económico actual pero sobre todo de la vergüenza que provocan las acusaciones cruzadas que se lanzan entre ellos, de ser narcos y corruptos.
La voluntad ciudadana detectada por las encuestas dice que la amplia mayoría querría desterrar a los masistas pero también a los que actúan como opositores, para que llegue una nueva figura.
Buscar a esa figura se ha hecho difícil porque el MAS tiene control casi absoluto de los medios de comunicación. El Javier Milei que esperan los bolivianos no es entrevistado por ningún medio ni puede dar a conocer las propuestas que encandilen al público, como hizo el presidente electo argentino en su país.
El manejo de la publicidad del Estado ha logrado ahogar económicamente a los medios independientes y los sobrevivientes fueron sometidos a extorsiones tributarias despiadadas.
Un diario de Cochabamba no puede pagar una deuda con el fisco, que fue inventada, porque el propio gobierno le impide vender un inmueble que le permitiría contar con el dinero necesario. Ha tenido que suspender sus ediciones impresas.
Los medios audiovisuales fueron comprados con dinero venezolano y luego transferidos a los dirigentes del MAS, que acaparan la publicidad del gobierno.
El Milei boliviano tendría que usar medios alternativos para llevar su mensaje, pero todavía no ha comenzado a actuar.
Todo esto mientras los incendios consumen los bosques, sobre todo de los parques nacionales que se convertirán en inmensos cocales, como lo ha planificado uno de los caudillos del MAS, pero que por el momento cubren de humo casi todo el territorio de Bolivia.
En este momento, los pueblos originarios de la amazonía piden al gobierno que haga algo para frenar los más de 9.000 focos de calor, mientras en la ciudad de Santa Cruz los profesores piden que las clases escolares sean suspendidas debido a los problemas de respiración que tienen los niños.
El débil periodismo independiente revela que el MAS aprobó desde 2006, cuando llegó al gobierno, por lo menos una docena de leyes y decretos que favorecen a los incendiarios de bosques, todos ellos convertidos luego en productores de coca o en mineros ilegales.
Poco a poco, esas leyes han ido eliminando la condición de parques nacionales que tienen esos territorios, aunque no les han quitado la definición que tienen de ser “áreas protegidas”, lo que es una ironía en la práctica, porque nadie las protege.
El periodista John Arandia denunció en radio Fides que los jefes de las Fuerzas Armadas reciben del gobierno del MAS el control de áreas ubicadas en los parques, que pueden alquilar a los mineros ilegales o a los cocaleros.
Esto explica por qué el ejército no se ocupa, como dice la Constitución, de proteger los parques y preservarlos como santuarios de la flora y la fauna. Los comandantes están en el negocio, dice el periodista.
Y la policía tiene órdenes de no perseguir a los sujetos armados que atacan a los bomberos voluntarios que se proponen frenar los incendios de los bosques.
Detalles de este drama fueron expuestos por disertantes que participaron en el Foro de Santa Cruz, donde el Partido Liberal convocó a quienes quieren defender Bolivia del dominio masista.
Como consigna, como grito de guerra y de identificación, los oradores usaron la frase del argentino Javier Milei “viva la libertad, carajo”.
En previsión, el gobierno del MAS ha descartado la posibilidad de que sea extirpado el esquema de fraude instalado en el sistema electoral desde 2009 por asesores venezolanos y cubanos.
La lucha del Milei boliviano será muy difícil. Pero el ejemplo del argentino es muy inspirador.
 
 
 
 
 
BOLIVIA CONTRA GUERRAS Y BLOQUEOS
 
Prensa Latina de Cuba (https://acortar.link/XIC8Yp)
 
La ministra de la Presidencia y canciller interina de Bolivia, María Nela Prada, reafirmó la condena de su país al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, y criticó las guerras.
“Estamos contra las guerras, las sanciones unilaterales, los bloqueos a los pueblos, lo cual nuestro presidente, Luis Arce, ha reiterado en cada espacio nacional y en los escenarios internacionales,” afirmó la titular en declaraciones a Prensa Latina.
Primera mujer al frente de la diplomacia boliviana en condiciones de democracia -Karen Longaric fue canciller del gobierno de facto (2019-2020)-, Prada recordó las propuestas reafirmadas por Arce vinculadas a los mecanismos de integración guiados no por formas ilógicas de producción y reproducción del capital, sino de la vida.
“Para ello hace falta fortalecer espacios de solidaridad, de complementariedad, reciprocidad y también de trabajo para alcanzar un crecimiento con justicia social”, dijo.
Enfatizó en que el Estado Plurinacional propone también avanzar en el establecimiento del mundo como una zona de paz, iniciativa aprobada para este continente en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños de La Habana en 2014, y que el presidente Arce reiteró para el planeta en la Asamblea General de Naciones Unidas.
“Para mí, sin lugar a dudas -confesó Prada-, es un orgullo asumir esta gran responsabilidad de ministra interina de Relaciones Exteriores de Bolivia, y apoyar a nuestro presidente y a nuestro Gobierno en esta tarea”.
Insistió en que, en política exterior, el mandatario Arce es el mayor representante internacional a nivel de Estado, y ha dado lineamientos claros sobre los principios que guían esta actividad gubernamental.
“Son ellos, precisamente, no solo una diplomacia formal, sino también la de los pueblos, basada en la dignidad y el respecto a la autodeterminación de los Estados, el respeto a la soberanía y el rechazo a toda forma de opresión y explotación”, describió.
Al referirse a la agresividad de Israel en el Medio Oriente, ratificó el respaldo del Gobierno de Bolivia al Estado de Palestina y la condena a los ataques sobre la Franja de Gaza por parte de las tropas sionistas, así como el apoyo a la búsqueda de una solución pacífica.
Citó al presidente Arce al recordar que lo que padece el pueblo palestino “no es de ahora, sino es de hace años”, por lo cual demandó que se tomen las acciones correspondientes.
Informó la canciller interina que Bolivia, como miembro de la Corte Penal Internacional, solicitó realizar una investigación sobre la violencia ejercida por Israel en la Franja de Gaza.
“Creemos que es necesario que el mundo conozca lo que está sucediendo (…), como lo establece nuestra Constitución Política del Estado, nosotros somos un pueblo de cultura de paz, que rechazamos toda forma de guerra y, en ese sentido, abogamos por un Estado Palestino libre, independiente, donde el pueblo palestino viva realmente en paz”, ratificó la titular.
El 31 de octubre último, Bolivia anunció su decisión de romper relaciones diplomáticas con Israel, en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar de sus tropas en la Franja de Gaza, lo cual amenaza a la paz y la seguridad internacionales.
Prada fue designada el 14 de noviembre último canciller interina de Bolivia en sustitución de Rogelio Mayta, quien asumirá el cargo de magistrado en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
El Gobierno nacional oficializó el cambio mediante el Decreto Presidencial 5058, que derogó el 4389, del 9 de noviembre de 2020, en lo referente a la designación del ministro de Relaciones Exteriores, y designó titular interina de esa cartera a Prada hasta que se concrete un nuevo nombramiento.
 
 
 
 
 
LA LIBERTAD Y SEGURIDAD DE LAS AMÉRICAS PASAN POR LA LIBERACIÓN DEL PUEBO CUBANO
 
La peligrosidad y la acción criminal de la dictadura de Cuba en el presente son definitivos y se reflejan en las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Bolivia
 
Infobae de Argentina (https://acortar.link/TGW39l)
 
Por Carlos Sánchez Berzain.- Violación institucionalizada de derechos humanos, detentar el poder con terrorismo de estado, crímenes de lesa humanidad, intervencionismo internacional, conspiraciones, guerrillas, narcotráfico, guerras, establecimiento de dictaduras y narcoestados, generación de miseria y de migraciones forzadas usadas como agresión, centro permanente de amenaza a la paz y seguridad internacionales son solo parte del ejercicio impune la dictadura de Cuba. Esta constatación solo tiene una conclusión y es entender que la libertad y la seguridad de las Américas pasan por la liberación del pueblo cubano.
La multiplicación de los temas o ejes de confrontación para dividir las sociedades, la exacerbación de problemas sociales convirtiéndolos en conflictos violentos, la formación y soporte de grupos terroristas y guerrilleros, el uso del narcotráfico como medio de acoso y destrozo social y económico, la conspiración y desestabilización, el crimen para generar inseguridad ciudadana, los asesinatos, la tortura, el encarcelamiento indebido, la manipulación judicial, el asesinato de la reputación, la trata de personas y el esclavismo, la falsificación de narrativas para justificar el crimen y la transformación de criminales en lideres políticos y gobernantes, son un apretado resumen de la exitosa naturaleza de la dictadura cubana.
Solo es necesario hacer un reconocimiento de los hechos desde cada uno de los países de las Américas. No se trata de la historia de la dictadura de Cuba, el tema es la situación de cada uno de los países de la región, en la que todos los estados sin excepción han sido agredidos, afectados e intervenidos en los últimos 65 años por la dictadura cubana. En el siglo XXI con renovada fuerza, pues en lugar de extinguirse se empoderó por causa de Hugo Chávez el dictador felon de Venezuela, que salvó a la tiranía cubana de su final en 1999 y le entregó Venezuela entera, pagando con su vida y con la miseria de venezolanos y latinoamericanos.
Estados Unidos es el objetivo permanente de agresión de la dictadura cubana que le procura el discurso antiimperialista, reactivado en el siglo XXI pese a haber perdido la disputa entre capitalismo y comunismo que terminó con la extinción de la Unión Soviética y que colocó al mundo en su actual condición de ser “capitalista y globalizado”. Pero si Estados Unidos es el centro del ataque permanente, todos los demás países de las Américas sufren efectos mucho más graves en sus sociedades, sus economías, sus democracias y su gente porque son víctimas de conspiraciones, guerrillas, narcotráfico, terrorismo, intervenciones, sometimiento, adoctrinamiento y más.
La dimensión del más importante y duradero centro de formación y expansión del crimen organizado trasnacional en todas sus formas que es la dictadura de Cuba, se puede medir en cualquier país latinoamericano desde 1959 y con la realidad de crisis e inseguridad del siglo XXI. La dictadura de Cuba es la dictadura jefe del socialismo del siglo 21 o castrochavismo logrando fachada de política para las atrocidades que dirige, perpetra y encubre, y líder para la intervención de dictaduras extra regionales como Rusia, China, Irán, Corea del Norte y más.
Son hechos objetivos, desde la crisis de los misiles de Cuba contra Estados Unidos en 1962 hasta la instalación de sistemas de espionaje en la actualidad, de los secuestros terroristas aéreos de las décadas de los 60 y 70 al apoyo abierto al terrorismo de Hamas, de la organización de guerrillas rurales y urbanas en toda Latinoamérica a cubanos en la invasión de Rusia a Ucrania, invasiones de Centroamérica al África, de migraciones forzadas como arma de ataque del Mariel hasta el 2023, del tráfico de presos políticos como intercambio al tráfico de personas de hoy, el espionaje en todos los países con fachada diplomática con base principal en las Naciones Unidas, de su condición de primer narcoestado de la región con Pablo Escobar y Roberto Suarez no limpiada ni con fusilamiento del Gral. Ochoa y otros al control los narcoestados de Venezuela, Bolivia y Nicaragua que ha instalado, y más.
La dictadura de Cuba ha organizado y sostenido las guerrillas en toda Latinoamérica, muchas de ellas activas hoy como el ELN y las FARC de Colombia, reactivando el MRTA y Sendero Luminoso en Perú, el Frente Sandinista de Nicaragua detentando la dictadura castrochavista en ese país, el Ejercito Tupak Catari activo en el destrozo de la democracia en Bolivia, nuevos focos con rótulo de indigenismo mapuche en Chile y Argentina. Todo vinculado al narcotráfico y el terrorismo.
La peligrosidad y la acción criminal de la dictadura de Cuba en el presente son definitivos y se reflejan en las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Bolivia en las que se ha expandido, y en los gobiernos para dictatoriales que ha instalado en Argentina con Fernández/Kirchner, México con López Obrador, Chile con Boric, Colombia con Petro y Brasil con Lula. Basta ver a Boric pidiéndole al presiente Biden levantar las sanciones a Cuba o a todos atacar a Israel por defenderse luego del ataque de Hamas contra la humanidad.
 
 
 
 
 
IRÁN Y AMÉRICA LATINA
 
El Nacional de Argentina (https://acortar.link/fQMLD1)
 
En esta nueva guerra fría entre libertad y dictadura que ya divide al mundo, que nos enfrenta en Ucrania, en Gaza y que tiene como uno de los ejes a China, Rusia, Corea del Norte e Irán, este último país hoy tiene una presencia creciente en nuestro continente y no propiamente para jugar un papel de nación responsable, sino como disruptor y creador de escenarios de conflicto que amenacen a su gran enemigo: Estados Unidos.
Así como desde Yemen los Huties, una guerrilla financiada por Irán, lanzan misiles contra Israel, la presencia iraní y de su instrumento de política exterior, el grupo terrorista Hezbolá, hoy debe generar inmensa inquietud en los países democráticos de la región. Lo de Yemen no es algo inédito pues hace una semana la policía brasileña desmontó un grupo de Hezbolá, financiado por Irán, que iba a atentar contra objetivos israelíes en ese país.
La huella de Irán y de Hezbolá en América Latina crece todos los días. La llegada de Evo Morales al poder en Bolivia en el 2006 le abrió las puertas de par en par a Irán no como un socio del desarrollo sino como un socio político e ideológico con un enemigo común: Estados Unidos. Hezbolá llegó detrás y hoy es parte integral del negocio del narcotráfico en ese país.
Así opera Hezbolá, el brazo armado de la política exterior iraní. Entran a través de las colonias libanesas, buscan un nicho donde se puedan instalar en especial para penetrar negocios ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y el lavado, y gran parte de los recursos los envían al Líbano para financiar esa milicia terrorista enquistada en ese país. Por cierto Hezbolá hace parte fundamental, y es quizás una de las razones principales del desastre económico y social en que quedó postrada esa nación, que antes era el ejemplo de mostrar como modelo exitoso en el Medio Oriente. Hoy es la Venezuela de la región, sin luz, con inflación brutal y con millones de libaneses huyendo despavoridos de lo que otrora fue un gran país.
Sin embargo, como lo mostraron los hechos recientes de Brasil, Hezbolá deja además unas  células terroristas activas que pueden crear el caos y el terror cuando Irán lo necesite. Hace unos años Irán realizó unos atentados brutales en Argentina contra objetivos judíos, el de la embajada en 1992 que dejó 29 muertos y el de dos años después contra la AMIA, una asociación mutual de Israel, que dejó 89 muertos. Hoy se discute si quien lo llevó a cabo fue Hezbolá, pero lo que no se discute es que Irán estaba detrás de estos atentados. Lo reciente en Brasil es una señal de alarma que no se debe minimizar.
Hezbolá en Venezuela está en el negocio de minería ilegal, explota una mina de coltán cerca a la frontera con Colombia, además de su trabajo normal ilegal en narcotráfico. Con la ayuda del gobierno venezolano que le ha dado pasaportes y ciudadanía a muchos de los terroristas de Hezbolá, estos se han ido infiltrando en otros países listos a actuar en hechos terroristas, y  ya están inmiscuidos en negocios ilegales a lo largo y ancho de la región.
Irán es quien utiliza a Hezbolá para sus objetivos políticos, pero también tiene agenda propia. La última visita del presidente de ese país a la región, hace apenas unos meses, fue a Venezuela, Cuba y Nicaragua lo que ya deja claro a qué juegan y con quién juegan. Es claro que juegan de la mano de Rusia a ser disruptores de la democracia, a crearle problemas a Estados Unidos y a consolidar las autocracias o dictaduras del continente.
Hoy Irán ha entrenado a la armada venezolana en su guerra asimétrica marítima donde utilizan pequeños botes rápidos con misiles para atacar navíos mucho más grandes. Qué tanto sirva  ante el lamentable estado de las fuerzas armadas del vecino país no se sabe, pero el hecho es que esa capacidad ya la tienen. Igualmente tanto en Venezuela como en Nicaragua, Irán entrena a las Fuerzas Militares de ambos países en la guerra asimétrica con drones, algo que ha demostrado su importancia en la guerra moderna en el conflicto de Ucrania. Es más, hay evidencias de un traslado de tecnología a ambos países para la instalación de industrias de armamento de esta categoría, lo que genera una ventaja operativa inmensa para sus ejércitos en caso de una confrontación armada.
Irán igualmente ha empezado a flexionar su poder en otro sentido. Hace unos meses unos barcos de guerra iraníes atracaron en puertos de Brasil. ¿Para qué? ¿Qué hacen unos barcos de guerra de ese país en la región? Mandaron un mensaje muy claro, aquí estamos. En el caso de Venezuela además han sido claves en el mantenimiento y reparación de la industria petrolera, sin ellos hoy no habría exportación de petróleo de ese país, y han sido fundamental su cooperación para facilitar la venta de crudo a pesar de las sanciones norteamericanas.
No olvidemos que si Irán fue capaz de ordenar secuestrar o asesinar a la disidente Masih Alinejad en New York, fracasaron en ambos intentos y ahora ella está protegida por el FBI las 24 horas, lo de Brasil es apenas el principio de una mano negra, similar a la de Rusia, que puede golpear en Buenos Aires, en Sao Paulo, México o Bogotá.
Estudiar las acciones de Irán y de Hezbolá en la región hoy se hace prioritario. Son una amenaza clara a la libertad que vuela bajo el radar, pero que hay que visibilizar para poderla neutralizar. Estamos advertidos. Lo de Brasil es apenas el comienzo.
 
 
 
 
 
¿ERES DE BOLIVIA Y QUIERES TRABAJAR EN DUBAI?
 
En total el sueldo de un tripulante de cabina a la firma de su primer contrato rondaría los 10.388 dirhams al mes (más de 2.800 dólares)
 
El Correo del Golfo (https://acortar.link/v4usbd)
 
La aerolínea de Dubai Emirates acudirá en el mes de diciembre a Bolivia en busca de candidatos para unirse a su equipo multinacional de tripulación de cabina con una jornada de puertas abiertas. Tal y como explica en su web los interesados pueden acudir directamente a la cita con una fotografía reciente y su Curriculum Vitae actualizado en inglés.
En las jornada informativas, los candidatos podrán conversar con el equipo de selección de Emirates y obtener una visión interna de la compañía y de cómo es trabajar en ella.
Emirates, que ofrece salario competitivo libre de impuestos y vivienda en Dubai entre otros beneficios, busca empleados comprometidos, abiertos de mente, serviciales y amables. En total el sueldo de un tripulante de cabina a la firma de su primer contrato rondaría los 9.770 dirhams al mes (más de 2.600 dólares).
Los candidatos deben ser mayores de 21 años en la fecha de la selección, alcanzar con el brazo extendido y de puntillas los 212 centímetros, graduado de escuela secundaria (grado 12), dominio del inglés (hablado y escrito), no tener tatuajes visibles con el uniforme y buena forma física para cumplir con los requisitos del equipo de la cabina.
La jornada de puertas abierta se celebrará en Santa Cruz De La Sierra el 8 de diciembre de 2023 a las 9.00 horas en el Marriott Santa Cruz De La Sierra Hotel 4to Anillo Entre Radial 23 Y, Av. Las Ramblas S/N.
La aerolínea ha destacado que busca personas "apasionadas" para ofrecer una hospitalidad "sencilla", pero a la vez "personalizada e impecable", creando momentos "memorables" para los clientes. "Todas las tripulaciones de Emirates recibirán una experiencia de aprendizaje de vanguardia en las modernísimas instalaciones de la aerolínea en Dubai", añadió la compañía.
 
 
 
 
 
COMIENZA LA BÚSQUEDA DE CONTRATISTA PARA TRABAJAR EN EL PUENTE ATIRANTADO BRASIL-BOLIVIA DE £70 MILLONES
 
New Civilen Gineer.Com de Londrés (https://acortar.link/Uz6tGA)
 
Ha comenzado la búsqueda de un contratista para trabajar en el diseño y construcción de un puente que unirá Brasil y Bolivia.
El Puente Internacional Río Mamoré conectará Guajará-Mirim, Brasil, con Guayaramerín, Bolivia. Su coste estimado es de 429,5 millones de reales (70,6 millones de libras esterlinas).
El anuncio de licitación, publicado por el Gobierno brasileño, afirma que se espera que el adjudicatario sea anunciado el 28 de diciembre.
La estructura de 1,22km se construirá sobre el río Mamoré. Contará con un vano central atirantado y carriles de acceso a ambos lados.
El proyecto también contempla la construcción de un complejo fronterizo y otros 3,7km de vías de acceso en el lado brasileño. Se construirán estructuras e infraestructura similares en el lado boliviano.
Se espera que las obras duren alrededor de tres años y crearán hasta 4.300 puestos de trabajo directos e indirectos.
El proyecto ha sido aprobado por la Comisión Binacional Brasil-Bolivia. El Departamento Nacional de Infraestructura de Transporte (DNIT) de Brasil será responsable de supervisar su preparación y entrega.
El gobierno brasileño podrá adoptar modificaciones presentadas por Bolivia durante la fase de preparación del proyecto y ambas partes deberán participar en la supervisión de la obra hasta su finalización.
Una vez finalizado, el puente fortalecerá la integración sudamericana, ofreciendo una nueva ruta para el transporte de carga y pasajeros en la región, además de un corredor de exportación para la producción brasileña.
El Ministro de Transporte de Brasil, Renan Filho, dijo: “Esta es una construcción que facilitará la exportación de la producción de las regiones norte y central de Brasil a Bolivia, Perú, Chile y el mundo entero a través del Océano Pacífico, lo que no hace más que resaltar la importancia de este puente."
El ministro de obras públicas, servicios y vivienda de Bolivia, Edgar Montaño Rojas, agregó: “Desde el Tratado de Petrópolis [acuerdo diplomático firmado entre Brasil y Bolivia en 1903], soñamos con una mayor integración con Brasil, como la que nos brindará este puente. Estamos muy agradecidos de poder finalmente hacer avanzar este proyecto”.