COCA-SEK, LA BEBIDA DE HOJAS DE COCA QUE CAUSA FUROR EN COLOMBIA
Bajo el lema "Coca no es cocaína, como la uva no es vino", una pequeña tribu colombiana produce una gaseosa energizante que se comercializa a menos de 60 centavos de dólar y ya batió un récord de ventas. En apenas dos meses, se consumieron más de 40.000 botellas sólo en el departamento del Cauca, de donde es originaria.
Total News de Argentina (totalnews.com.ar)
Un pequeño cabildo de la etnia nasa, en Colombia, fabrica y comercializa infusiones, galletas, vino, pomadas y hasta una bebida energizante de hoja de coca. Bajo el lema: "Coca no es cocaína, como la uva no es vino", está creciendo poco a poco la empresa de Productos Nasa, en el departamento del Cauca, al suroeste de Colombia. Como otras comunidades de Perú y Bolivia, están decididos a lavarle la cara a su sagrada planta ancestral.
Fabiola Piñacué, indígena de la etnia nasa, abandonó su cabildo hace 12 años para estudiar en una prestigiosa universidad de Bogotá. Allí comprobó con horror la imagen negativa que tenía aquella planta con la que ella había convivido desde pequeña y que tantas veces había visto mascar a sus abuelos.
"Yo venía de la cultura de la hoja de coca que no era mala y cuando choqué con la cultura occidental, donde hay una satanización constante, me sentí afectada y decidí hacer algo. Quería lograr una socialización del consumo en estado natural, así como la consumimos nosotros". De esta manera Fabiola comenzó a preparar infusiones de coca y llevarlas a la Universidad, poco a poco, según creció la demanda, empacaba las hojas en pequeñas bolsas que sellaba con cera y las vendía. "Mis compañeros la consumían para todo: para la cruda, para estudiar y hasta para el despecho, porque cura el dolor del alma".
La coca contiene 14 alcaloides, que según un estudio realizado en 1973 por la Universidad de Harvard, desarrollan propiedades analgésicas, metabolizantes, digestivas, circulatorias y un largo etcétera. La cocaína es uno de ellos, que sólo se activa mediante un proceso químico cuando se junta con una sustancia alcalina como la ceniza o la cal, tal como lo hacen los indígenas al masticarla en el rito llamado "mambeo"; sin embargo, no aparece al consumir la hoja en infusiones u otros productos alimenticios.
Fabiola, y David, su socio en la arriesgada empresa de Productos Nasa, han pasado de vender bolsitas de hoja a producir aromáticas en empaques terminados que comercializan por algo menos de 2 dólares y hace apenas tres meses lanzaron su último e innovador producto: Coca Sek.
Coca del Sol es un bebida energizante con cierto sabor a té helado dulce y algo de gas, con la que pretenden desplazar a otras gaseosas como la Coca-Cola. No sólo lo están consiguiendo en su cabildo, donde la bebida ya se ha convertido en un producto de consumo diario, sino que en Popayán, la capital del departamento, ya se encuentra Coca Sek en cualquier tienda por unos 60 centavos de dólar.
En un país donde se persigue la erradicación total de la planta de coca, los indígenas tienen por ley un fuero especial que les permite cultivar de acuerdo a sus necesidades.
Los objetivos de Fabiola y David van a más allá de retomar la tradición del consumo de coca en su estado natural, sino que buscan una empresa de desarrollo sostenible que pueda competir a gran escala. Tienen sus ojos puestos en la Convención de Viena de 2008, donde piensan que las condiciones están dadas para que se despenalice el cultivo de coca y así poder crecer.
"Mi sueño es crear una multinacional andina donde nos juntemos todos y consumamos con identidad, volvernos multiindios", explica Fabiola.
Por eso cuando Evo Morales asumió su cargo como presidente de Bolivia, no le faltó el vino Nasa para brindar por la gran ocasión.
Opinión:
HUMALA ¿BOLIVARIANO?
La Nación de Chile (www.lanacion.cl)
Otro “milico golpista carapintada” está en escena. Es Ollanta Humala. Se le juzga “neonazi andino”. Ello porque programa integrar, en un bloque, a Perú, Ecuador y Bolivia. Aludiendo al encierro de la patria de Andrés de Santa Cruz -afirma- “bajo mi Gobierno La Paz dispondrá de los puertos peruanos como propios”. No falta quien lo apoda el Inca... Paz. Ello es ofensa proferida contra Haya de la Torre en los ’40. También -sin nombrar a Gamal Abdel Nasser- sus adversarios visualizan el proyecto como equivalente a la República Árabe Unida (RAU). Pregunto, ¿acaso a Juan Domingo Perón por impulsar el ABC no se le cubre de improperios como “Napoleón de bolsillo” y “Hitler platense”. En 1953, de modo sistemático, se aludió al “imperialismo argentino”. Apenas ayer se denuncia el “imperialismo venezolano” porque Evo Morales habría sido financiado por Venezuela. Ahora el caudillo con el doble padrinazgo -Chávez y Evo- es el nuevo “maldito” para Washington y sus aliados criollos de derecha e izquierda. A éstos se liga Mario Vargas Llosa. Lo acusa de racista por exaltar lo criollo y opina: “El nacionalismo es la ideología de los incultos”.
El nacionalismo humalista -según lo informado- así como la concepción hayista, peronista o chavista supone iberoamericanidad acorde a las tesis de O’Higgins-Bolívar. Éstas antagonizan con la praxis aislacionista de Portales-Prieto aún hoy oficial en nuestra Cancillería. El quid reside en el tamaño de la nacionalidad. Sobre el particular teorizan Felipe Herrera y Jorge A. Ramos y antes Manuel Ugarte y Joaquín Edwards Bello. El contrapunto está en concebirla como dato jurídico o sociológico. El primero sostiene que cada república es una nación. El otro, que la nación es una, aunque esté fragmentada. De imponerse este enfoque sobre aquel cuaja una interpretación histórica distinta. El viraje implica reconcebir el rol de las FFAA y renovar la geopolítica. Humala, en la Presidencia del Perú, contribuiría a superar el desmembramiento. Con ello, según la hipótesis, el Mercosur se torna bioceánico. Brasil cederá ante la posibilidad de asomarse al Pacífico. Entonces la balanza puede inclinarse. Ello -por otro lado- pondría fin a la primavera neoliberal y al estilo Puerto Rico que se traduce en desarrollo con dependencia y divorcio respecto a la comunidad subregional. Profesor Pedro Godoy P. Centro de Estudios Chileno
Nuevas declaraciones:
Bajo el lema "Coca no es cocaína, como la uva no es vino", una pequeña tribu colombiana produce una gaseosa energizante que se comercializa a menos de 60 centavos de dólar y ya batió un récord de ventas. En apenas dos meses, se consumieron más de 40.000 botellas sólo en el departamento del Cauca, de donde es originaria.
Total News de Argentina (totalnews.com.ar)
Un pequeño cabildo de la etnia nasa, en Colombia, fabrica y comercializa infusiones, galletas, vino, pomadas y hasta una bebida energizante de hoja de coca. Bajo el lema: "Coca no es cocaína, como la uva no es vino", está creciendo poco a poco la empresa de Productos Nasa, en el departamento del Cauca, al suroeste de Colombia. Como otras comunidades de Perú y Bolivia, están decididos a lavarle la cara a su sagrada planta ancestral.
Fabiola Piñacué, indígena de la etnia nasa, abandonó su cabildo hace 12 años para estudiar en una prestigiosa universidad de Bogotá. Allí comprobó con horror la imagen negativa que tenía aquella planta con la que ella había convivido desde pequeña y que tantas veces había visto mascar a sus abuelos.
"Yo venía de la cultura de la hoja de coca que no era mala y cuando choqué con la cultura occidental, donde hay una satanización constante, me sentí afectada y decidí hacer algo. Quería lograr una socialización del consumo en estado natural, así como la consumimos nosotros". De esta manera Fabiola comenzó a preparar infusiones de coca y llevarlas a la Universidad, poco a poco, según creció la demanda, empacaba las hojas en pequeñas bolsas que sellaba con cera y las vendía. "Mis compañeros la consumían para todo: para la cruda, para estudiar y hasta para el despecho, porque cura el dolor del alma".
La coca contiene 14 alcaloides, que según un estudio realizado en 1973 por la Universidad de Harvard, desarrollan propiedades analgésicas, metabolizantes, digestivas, circulatorias y un largo etcétera. La cocaína es uno de ellos, que sólo se activa mediante un proceso químico cuando se junta con una sustancia alcalina como la ceniza o la cal, tal como lo hacen los indígenas al masticarla en el rito llamado "mambeo"; sin embargo, no aparece al consumir la hoja en infusiones u otros productos alimenticios.
Fabiola, y David, su socio en la arriesgada empresa de Productos Nasa, han pasado de vender bolsitas de hoja a producir aromáticas en empaques terminados que comercializan por algo menos de 2 dólares y hace apenas tres meses lanzaron su último e innovador producto: Coca Sek.
Coca del Sol es un bebida energizante con cierto sabor a té helado dulce y algo de gas, con la que pretenden desplazar a otras gaseosas como la Coca-Cola. No sólo lo están consiguiendo en su cabildo, donde la bebida ya se ha convertido en un producto de consumo diario, sino que en Popayán, la capital del departamento, ya se encuentra Coca Sek en cualquier tienda por unos 60 centavos de dólar.
En un país donde se persigue la erradicación total de la planta de coca, los indígenas tienen por ley un fuero especial que les permite cultivar de acuerdo a sus necesidades.
Los objetivos de Fabiola y David van a más allá de retomar la tradición del consumo de coca en su estado natural, sino que buscan una empresa de desarrollo sostenible que pueda competir a gran escala. Tienen sus ojos puestos en la Convención de Viena de 2008, donde piensan que las condiciones están dadas para que se despenalice el cultivo de coca y así poder crecer.
"Mi sueño es crear una multinacional andina donde nos juntemos todos y consumamos con identidad, volvernos multiindios", explica Fabiola.
Por eso cuando Evo Morales asumió su cargo como presidente de Bolivia, no le faltó el vino Nasa para brindar por la gran ocasión.
Opinión:
HUMALA ¿BOLIVARIANO?
La Nación de Chile (www.lanacion.cl)
Otro “milico golpista carapintada” está en escena. Es Ollanta Humala. Se le juzga “neonazi andino”. Ello porque programa integrar, en un bloque, a Perú, Ecuador y Bolivia. Aludiendo al encierro de la patria de Andrés de Santa Cruz -afirma- “bajo mi Gobierno La Paz dispondrá de los puertos peruanos como propios”. No falta quien lo apoda el Inca... Paz. Ello es ofensa proferida contra Haya de la Torre en los ’40. También -sin nombrar a Gamal Abdel Nasser- sus adversarios visualizan el proyecto como equivalente a la República Árabe Unida (RAU). Pregunto, ¿acaso a Juan Domingo Perón por impulsar el ABC no se le cubre de improperios como “Napoleón de bolsillo” y “Hitler platense”. En 1953, de modo sistemático, se aludió al “imperialismo argentino”. Apenas ayer se denuncia el “imperialismo venezolano” porque Evo Morales habría sido financiado por Venezuela. Ahora el caudillo con el doble padrinazgo -Chávez y Evo- es el nuevo “maldito” para Washington y sus aliados criollos de derecha e izquierda. A éstos se liga Mario Vargas Llosa. Lo acusa de racista por exaltar lo criollo y opina: “El nacionalismo es la ideología de los incultos”.
El nacionalismo humalista -según lo informado- así como la concepción hayista, peronista o chavista supone iberoamericanidad acorde a las tesis de O’Higgins-Bolívar. Éstas antagonizan con la praxis aislacionista de Portales-Prieto aún hoy oficial en nuestra Cancillería. El quid reside en el tamaño de la nacionalidad. Sobre el particular teorizan Felipe Herrera y Jorge A. Ramos y antes Manuel Ugarte y Joaquín Edwards Bello. El contrapunto está en concebirla como dato jurídico o sociológico. El primero sostiene que cada república es una nación. El otro, que la nación es una, aunque esté fragmentada. De imponerse este enfoque sobre aquel cuaja una interpretación histórica distinta. El viraje implica reconcebir el rol de las FFAA y renovar la geopolítica. Humala, en la Presidencia del Perú, contribuiría a superar el desmembramiento. Con ello, según la hipótesis, el Mercosur se torna bioceánico. Brasil cederá ante la posibilidad de asomarse al Pacífico. Entonces la balanza puede inclinarse. Ello -por otro lado- pondría fin a la primavera neoliberal y al estilo Puerto Rico que se traduce en desarrollo con dependencia y divorcio respecto a la comunidad subregional. Profesor Pedro Godoy P. Centro de Estudios Chileno
Nuevas declaraciones:
HUMALA MODERA SU POSTURA SOBRE BOLIVIA
El Mercurio de Chile (www.emol.com)
Tras la conferencia de prensa que dio a los medios nacionales y extranjeros, el candidato nacionalista de Unión por el Perú, Ollanta Humala, comentó a "El Mercurio" su posición sobre las demandas marítimas de Bolivia. "Nosotros hemos manifestado que es un tema bilateral. Haremos todas las gestiones posibles para ayudar a la búsqueda de una solución pacífica y armoniosa entre Bolivia y Chile", aseguró brevemente.
Esta posición, expresada cuando ya es seguro que Humala competirá en segunda vuelta por la Presidencia, representa un cambio con respecto a lo que dijo a este diario cuando estaba en el fragor de su candidatura.
En entrevista publicada el 14 de enero, cuando se le preguntó si promovería la salida al mar de Bolivia, respondió: " Sí, creo que es una aspiración justa. Si queremos hablar de hermandad real, le toca a Chile ponerse la mano al pecho y entender que no ceder en lo que es justo los va a aislar. De llegar al gobierno, voy a apoyar a los bolivianos. Tienen todo el litoral peruano para que tengan su marina de Guerra. A sus almirantes quiero verlos en el Callao y Paita, Ilo, Mollendo, porque para mí son como hermanos".Sin embargo, en asuntos de política interna mantuvo sus posiciones anteriores. El ex teniente coronel dijo que no buscará "matrimonios políticos" para enfrentar en el balotaje a su todavía incierto rival, ya sea el socialdemócrata Alan García o la derechista Lourdes Flores.
"Buscaremos la mayoría social sobre la base de propuestas concretas que beneficien al pueblo peruano, pero no mediante matrimonios políticos", afirmó en la rueda de prensa. Aunque sí se abrió a la posibilidad de conversar con otras organizaciones políticas siempre que se busque un programa común.
Sobre su eventual rival, Humala dijo que la campaña de la segunda vuelta será complicada porque García y Flores son "candidatos difíciles". "Será una etapa bastante difícil", dijo a la vez que hizo un llamado a sus partidarios para que lleven el mensaje nacionalista a todo el país.
Humala estimó que su victoria en la primera vuelta electoral cambió el mapa político del país vecino, convirtiéndose su agrupación en la primera fuerza política de Perú.
Opinión:
REPSOL Y BOLIVIA, MATRIMONIO DE CONVENIENCIA
Diario Cinco Días de España (www.cincodias.com)
La delicada relación entre el Gobierno de Bolivia y Repsol ha vuelto a poner sobre el tapete el debate entre las políticas de desarrollo que impulsa un nuevo Ejecutivo y la necesidad de que se respete la 'seguridad jurídica' de las inversiones.
Es conocido que Bolivia tiene un rico subsuelo, de hecho cuenta con las segundas reservas de gas de América Latina y también tiene abundante petróleo. Esta riqueza contrasta en un país donde el 60% de la población vive en la pobreza y un 35% no puede cubrir sus necesidades alimentarias.
Durante los últimos 25 años los sucesivos Gobiernos bolivianos han seguido a rajatabla políticas liberalizadoras extremas que ahora son cuestionadas. Unidas a Gobiernos débiles, su impacto sobre la población boliviana empobrecida ha sido brutal y está en el germen del descontento social del país. Sin duda esto ha propiciado la llegada al Gobierno del actual presidente, Evo Morales, dispuesto a 'desafiar' la política económica imperante.
El sector de los hidrocarburos es un paradigma de las políticas económicas y de su impacto social. En 1996, fuertemente presionado desde el exterior, el Gobierno boliviano privatizó este recurso y facilitó la entrada de capital extranjero en condiciones extremadamente ventajosas. Se firmaron con las compañías extranjeras contratos de riesgo compartido por los que el Estado cedió el derecho a prospectar, explorar, extraer, transportar y comercializar la producción del suelo boliviano. La contraprestación a las empresas, medida a través del pago de regalías e impuestos, no fue justa ni suficiente, ya que la ley de Sánchez de Lozada supuso la reclasificación de los campos de gas y petróleo 'existentes' (que tributaban al 50%) en la categoría de campos 'nuevos' (que tributaban al 18%).
Esta reclasificación afectó a 19 de cada 20 campos y se estima que ha supuesto una merma en los ingresos del Estado de más de 200 millones de dólares anuales. De hecho la contribución de las empresas al fisco boliviano cayó al tiempo que la producción crecía. Obviamente ninguna empresa protestó ante estos ventajosos cambios.
Por otra parte, al ceder a las empresas extranjeras el control sobre la comercialización del gas, se primó la exportación frente al suministro doméstico. Este se ha estado pagando a precios internacionales, insostenibles para la mayoría empobrecida de la población boliviana.
Repsol YPF disfruta de una posición dominante en la producción de hidrocarburos en este país, con cerca del 30% del total del sector en el año 2001. La rentabilidad hasta ahora alcanzada ha sido excepcional. Según declaraciones públicas de sus directivos, por cada dólar invertido recuperaban 10. Algunos expertos consideran que una rentabilidad óptima en este sector es de 1 a 5, y que se puede dar por buena cuando es de 1 a 3.
Además la industria extractiva apenas crea empleo local, y la exploración y explotación del gas, de elevado impacto social y medioambiental, se produce principalmente en reservas naturales y en zonas donde habita la población indígena. La política de compensaciones de las empresas petroleras hacia esta población es voluntaria, económicamente irrelevante, y los primeros análisis sobre la calidad del agua en estas zonas arrojan resultados preocupantes sobre su impacto en la salud.
Esta situación explica en parte la radicalidad del discurso en materia de hidrocarburos. La aprobación de la Ley 3058 de mayo de 2005 conllevó la revocación de la Ley de Lozada y la renuncia del presidente Mesa. Mesa se enfrentó a amenazas de las compañías extranjeras, y de sus Estados, de interponer demandas contra el Estado boliviano en caso de que la ley saliera adelante, invocando para ello la seguridad jurídica de sus contratos. Quizás estas amenazas sean ahora irrelevantes, cuando el Tribunal Constitucional de Bolivia ha fallado que los contratos de riesgo compartido son nulos de pleno derecho por haberse incumplido la exigencia de su ratificación en el Congreso.
En este contexto, apostar por la nacionalización tiene algo de demagógico. Y es legítimo preguntar a los que defienden la nacionalización, de dónde saldrá el dinero que se necesita invertir para explorar y sacar el gas. Pero tanto o más cuestionable es que los bolivianos vean cómo el gas se explota y se exporta, con un impacto negativo en su medio ambiente, sin proporcionar empleo y sin apenas aportar recursos a las arcas del país. Para eso, mejor dejarlo bajo tierra, dicen.
El Gobierno de Evo Morales y Repsol YPF se necesitan aunque quizás no se quieran. Repsol necesita a Bolivia porque el país tiene grandes reservas de gas, y Bolivia a Repsol YPF porque le ofrece la inversión necesaria para sacarla a la luz. Lo suyo tendrá que ser un matrimonio de conveniencia. Pero el marco no podrá ser el de máximas ganancias a cualquier precio, sino el de beneficios razonables, regulados y compatibles con el desarrollo del país dueño de los recursos.
ADVERTENCIA POR LAS TEXTILES ANTES DE LA TRAGEDIA DE CABALLITO
LA CARTA QUE ALERTÓ SOBRE EL ABUSO
La Federación Internacional de Trabajadores Textiles y el sindicato local presentaron decenas de protestas antes del incendio.
Página 12 de Argentina (www.pagina12.com.ar)
Tres semanas antes de la tragedia en Luis Viale al 1200, en la que murieron calcinados seis bolivianos que trabajaban en condiciones de semiesclavitud, el Gobierno había recibido de la Federación Internacional de Trabajadores Textiles de Vestuario y de Cuero una nota de protesta por “el abusivo empleo de trabajadores inmigrantes en condiciones que rayan en el trabajo forzado”, que finalizaba instando a las autoridades a “emprender acciones urgentes para acabar con esa práctica”. Por su parte, el sindicato local también venía denunciando decenas de casos concretos tanto al Ejecutivo nacional como a los máximos funcionarios responsables del control laboral en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires.
El documento de la Federación Internacional que nuclea a 220 sindicatos del ramo en 110 países del mundo lleva la firma de su secretario general, Neil Kearney, y fue remitida al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, con fecha 8 de marzo de este año. Además de la queja ya citada, le pregunta “qué medidas están siendo tomadas para evitar semejantes abusos a los procedimientos laborales y a los derechos fundamentales establecidos por la Organización Internacional del Trabajo”.
La carta a la que accedió Página/12 menciona la existencia de “talleres clandestinos donde prevalecen condiciones deplorables”, y entrando en mayor detalle señala que “los trabajadores son a menudo inmigrantes bolivianos o indigentes recogidos en la calle; y hay casos que se acercan al tráfico de personas, con agentes que llegan a viajar a Bolivia para reclutar trabajadores a los que se les promete un mejor futuro, pero que cuando llegan se encuentran encerrados en las instalaciones de un taller, con documentos de identidad confiscados y con salarios retenidos con el pretexto de que se los pueden robar o para que no lo malgasten”.
Sobre la base de informes proporcionados por el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (Soiva), la Federación Internacional también le indica al Ministerio de Trabajo argentino que “muchas de las personas explotadas han sido diagnosticadas con enfermedades respiratorias, anemia y tuberculosis”, y agrega que, “según los testimonios que nos llegan, se trabaja largas jornadas hasta que el sueño vence a los obreros frente a su máquina de coser, y ni siquiera pueden salir a procurarse servicios médicos cuando están enfermos”. El relato continúa con la situación de las “embarazadas que son obligadas a permanecer trabajando hasta justo antes de que nazca la criatura”, y sobre situaciones de literal violencia física apunta que, además de “acoso sexual” frecuente, “los hijos a menudo no pueden ir a la escuela y muestran signos de haber sido golpeados”.
Ayer, el ministro Tomada admitió la recepción de la nota de la Federación, pero adujo que esa cartera no puede realizar determinadas inspecciones por “superposición de funciones” con otras áreas (ver aparte).
Las advertencias no sólo provienen del exterior y son dirigidas al gobierno nacional. Por ejemplo, Soiva denunció por nota dirigida al ministro de Trabajo bonaerense, Roberto Mouilleron, “una lista de talleres que no cumplen con las leyes vigentes, como ser gente indocumentada, que es obligada a trabajar con cama caliente y durante largas jornadas en condiciones deplorables que rayan en el trabajo forzado”. Con ese texto fueron señalados talleres ubicados en Domingo Millán 796 de Villa Madero, y en Donovan 1645 y José Alico 260, ambos de Tapiales, que en conjunto explotan a 105 personas. En cuanto a la provincia de Buenos Aires, también hay denuncias sobre casos similares en Laferrère (Tres Cruces 4493), Lomas del Mirador (avenida Mosconi 1179), Ituzaingó (Tel Aviv 6346), Ramos Mejía (Las Heras 782) y en la ciudad de Las Flores, por citar sólo algunas de las presentaciones que realizó el sindicato, previo a que el horror llamara la atención pública a raíz de las muertes del 30 de marzo pasado. Las denuncias realizadas con anterioridad a esa fecha al gobierno porteño son innumerables. Muchas respecto de “talleres clandestinos”, como en el barrio de Flores (Lafuente 1373, Yerbal 2952), en Floresta (Elpidio González 3552), en el Once (Viamonte 2644, La Rioja 1828), en Boedo (Asamblea 189), en Villa Crespo (Darwin 750), en Mataderos (Guaminí 2013). Como se aprecia, el espanto está esparcido por todos lados fue anticipado por varios, pero caía en saco roto.
TOMADA CONFIRMÓ HABER RECIBIDO INFORME SOBRE EXPLOTACIÓN LABORAL
De ciudadanos bolivianos en talleres textiles de Capital
Diario Pregón de Argentina (www.pregon.com.ar)
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, confirmó haber recibido una carta de la Federación Internacional de Trabajadores del Vestido, sobre las condiciones laborales de los ciudadanos bolivianos en el país, pero adujo que esa cartera no puede realizar determinadas inspecciones por una ‘superposición de facultades’ con otras áreas.
Según se difundió ayer, esa entidad envió una carta a Tomada el 8 de marzo pasado, antes de la tragedia de Caballito, en la que murieron seis bolivianos encerrados en un taller textil, en donde se manifestó ‘preocupación’ y describe trabajos forzados hacia miembros de esa comunidad.
La colectividad boliviana volvió a marchar ayer por el centro porteño para reclamar la regularización de la situación migratoria de miles de personas que viven en forma precaria, sobre todo, en Capital Federal y Buenos Aires. Centenares de bolivianos se movilizaron al Consulado también para pedir el desplazamiento del titular de esa representación diplomática, Alvaro González Quint, a quien acusan de ‘proteger’ a sectores vinculados con el regenteo de talleres textiles donde se registraban casos de ‘trabajo esclavo’.
La protesta, que se hizo desde Rivadavia y Ayacucho y recorrió dependencias nacionales y porteñas, contó con el apoyo de otros sectores sociales, entre ellos piqueteros.
El dirigente de la comunidad y referente de la Asociación La Alameda, Gustavo Vera, advirtió en diálogo con DyN que la movilización buscó ‘romper el cerco que impusieron algunos para que todo quedara como un problema de bolivianos’.
LAS ACLARACIONES DE TOMADA
Por su parte, el ministro de Trabajo reveló que la misiva que recibió sobre el trabajo esclavo ‘forma parte de una correspondencia que mantenemos habitualmente con la central de trabajadores del vestido’ y señaló que ‘en otras oportunidades hemos informado de cosas que se vienen incumpliendo’ en cuando a las condiciones de trabajo.
Tomada advirtió que ‘el tema no es de específica competencia del Ministerio de Trabajo’ y señaló que se informó a esa organización ‘de todos los procesos que hemos hecho en función de trabajo y de cuál es el programa nacional de trabajo registrado’.
El ministro dijo que intenta una ‘recuperación de inspección de trabajo’ para esa cartera y que hasta tanto, ‘informamos los casos de infracciones en este tipo de talleres’ pero ‘no tenemos facultad de clausura’. ‘Hay una superposición de facultades, producto de transferencias’ entre diferentes áreas, ‘que hemos tratado de superar en base a la acción, que es hasta ahora la única forma real de superar estas cosas, cuando no están bien realizadas’, expresó el ministro.
Finalmente, el ministro de Trabajo bonaerense, Roberto Mouillerón, aseguró que en la Provincia ‘no existen tantos talleres que utilicen mano de obra boliviana de la magnitud de los que hay en la Capital Federal’. El titular de la cartera laboral se reunió ayer en la mañana con la delegación de funcionarios de ese país que llegaron a la Argentina para interiorizarse sobre la situación de los trabajadores. Mouillerón dijo que en la provincia de Buenos Aires ‘no existen tantos talleres que utilicen mano de obra boliviana, no de la magnitud de los que hay en la Capital Federal’.
‘Aquí donde mayor participación hay de la comunidad boliviana es en las cosechas estacionales, en los cordones verdes (florihorticultura) y en otros espacios de trabajo como el de la construcción. Estoy seguro que éstos son más que los que trabajan en los talleres textiles’, añadió.
IMPULSAN CREACION DE COOPERATIVAS
Un proyecto destinado a la creación de cooperativas de trabajo con el personal, las maquinarias y los recursos de los talleres textiles clandestinos fue presentado ayer en la Legislatura porteña. La iniciativa fue elevada por el titular del bloque Frente para la Victoria, Diego Kravetz, y recoge el reclamo de la comunidad boliviana afectada por las clausuras de los locales dispuestas en el marco de los operativos realizados por personal del gobierno de la Ciudad y de la Nación. Gustavo Vera, referente de la Cooperativa ‘La Alameda’ y de fuertes lazos con esa comunidad, encabezó ayer una movilización con el pedido para la creación de esas unidades para evitar ‘un desempleo masivo’ en el sector, según precisó a DyN. El proyecto permite al Ministerio de Gobierno de la Comuna ‘quitarle las máquinas a los establecimientos clausurados cuando se verifique que están incumpliendo con la habilitación del lugar, que se cometan infracciones muy graves de la órbita de la Policía de Trabajo, que tengan en condición de reducción a la servidumbre al personal y cuando no se pueda demostrar el origen de las maquinarias’. ‘Las máquinas serán cedidas a los trabajadores, los cuáles deberán organizarse en Cooperativas de Trabajo dejando así garantizado el derecho a trabajar en forma digna’ explicó Kravetz en un comunicado de prensa. ‘El Poder Ejecutivo brindará los mecanismos y firmará los convenios a fin de facilitar la documentación a los trabajadores que quieran conformar las Cooperativas para mantener su fuente laboral’, concluyó el funcionario.
EN LA NACIÓN ARGENTINA SÍ HAY ESCLAVOS
Diario Los Andes de Argentina (www.losandes.com.ar)
La Argentina fue, desde épocas inmediatamente posteriores a su conformación constitucional, considerada la tierra de la libertad y las oportunidades. Se convirtió en tal para millones de europeos y de personas de otras regiones del mundo, que vieron en ella no solamente un destino para labrar su futuro sino el sitio donde se verían a salvo de los abusos de poder que se perpetraban en aquellas regiones donde sobrevivían sistemas feudales o cuasi feudales, donde eran sujetados a poderes que les negaban derechos elementales.
Hasta fines del siglo XIX, en algunas regiones del Viejo Continente los campesinos no eran libres para dejar sus lugares de trabajo y trasladarse hacia otros: cuando se vendía la tierra se lo hacía con las personas que la trabajaban. Lo que las leyes negaban por un lado, la costumbre lo consagraba por otro.
No así en la Argentina y otras jóvenes democracias del resto de América: aquí tenían las oportunidades que faltaban en sus lugares de origen, podían incorporarse como ciudadanos de pleno derecho y, aunque los esquemas políticos distaban de ser perfectos, no se les negaban libertades como la de poder disponer de una propiedad, trabajar en lo que deseaban, acceder a una educación -si no para ellos, para sus hijos- y progresar tanto como lo permitieran su laboriosidad y su inteligencia.
A ninguno de los hombres que plasmaron el proyecto de la Argentina que consagró como leyenda más que como parte de nuestra historia a la Generación del ’80, se le hubiera ocurrido pensar que en algún momento del futuro, en esta tierra, se pudiera incurrir en usos y costumbres como las que habían erradicado tras décadas de lucha fratricida y que en suelo nacional, donde bajo imperio de la Constitución se había prohibido la esclavitud, hubiera personas privadas de su libertad, trabajando en duras condiciones de servidumbre, comparables a las que prohíbe la Carta Magna.
Ese improbable futuro llegó, sin embargo, y se ubica en los tiempos actuales.
Los medios de difusión de la Argentina han dado a publicidad las condiciones en que inmigrantes bolivianos, muchos de los cuales carecen de documentación como residentes legales, trabajaban y vivían en zonas del Gran Buenos Aires.
Esas condiciones son similares a las de los esclavos: confinadas en propiedades cerradas y convertidas en cárceles, hacinadas y carentes de comodidades elementales, de alimentación adecuada, de derecho a la asistencia médica o a la educación, esas personas eran obligadas a trabajar sin cesar en tareas vinculadas a la confección de ropas por un mínimo salario. Sus horas de descanso eran pocas, sus derechos, nulos.
Y solamente por el trabajo de los medios informativos se pudo descubrir tan siniestra trama tras un incendio que costó la vida de seis de ellos, impedidos por las condiciones de su encierro de ponerse a salvo. No fueron las autoridades las que pusieron en evidencia lo que pasaba, sino la prensa nacional, como ya lo había hecho años atrás cuando se había descubierto a personas de otras procedencias sujetas a similares condiciones de degradación.
Eso que hemos señalado no solamente sucede en el Gran Buenos Aires: en otras regiones del país existen personas de origen boliviano que son explotadas en base a su carencia de documentación, en algunos casos, o por ignorancia a la que se suman amenazas, en otros.
Mendoza misma no se ve a salvo de esta lacra: Los Andes ha denunciado que existen bolivianos en zonas del campo que viven en calidad de reclusos, en míseros alojamientos, llevando, como ilustra el título de la nota que se publicó al respecto una “vida precaria”, con “mucho trabajo y poco sueldo”.
Muchos de esos trabajadores han llegado a nuestro medio por la acción de organizaciones que los sacan de su país en forma ilegal y de la misma manera los hacen ingresar en el nuestro, que alquilan sus servicios como si fueran dueños de sus vidas y que se quedan con parte de sus ganancias.
Hay argentinos que saben muy bien qué abuso se consuma contra esas personas, y sin embargo callan y aprovechan. Hay compatriotas de esos bolivianos que no solamente no los defienden sino que se abusan de ellos.
Conviene releer lo que dice el artículo 15 de la Constitución Nacional, esa gran ignorada: “En la Nación Argentina no hay esclavos: los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitución, y una ley especial reglará las indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta de personas es un crimen de que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice. Y los esclavos que de cualquier modo se introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la República”. Debemos hacer cumplir este humanitario principio y poner fin a tanta vergüenza.
EL GOBIERNO DE BOLIVIA DIJO QUE NO CIERRA EL CONSULADO
Diario Los Andes de Argentina (www.losandes.com.ar)
El gobernador Julio Cobos se reunió ayer en Buenos Aires con el ministro consejero de Bolivia, William Torres Armas, quien le aseguró que el consulado ubicado en Mendoza seguirá cumpliendo sus tareas.
Cobos trasladó la preocupación de la comunidad boliviana acerca del futuro del consulado, tras la partida de la ex cónsul Carmen Kosky, que regresó a su país.
Desde hace unos días el cargo que dejó la anterior funcionaria es cubierto interinamente por Germán Coila (45), integrante de la Cancillería que cumplía funciones de agente consular en la ciudad de Jujuy.
La tarea de Coila durará en principio hasta que se designe un representante definitivo en la provincia, “pero hay 80% de probabilidades de que quede como agente consular en Mendoza”, señalaron fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia.
Coila señaló que está procurando dar continuidad a las funciones consulares, con horario de atención de 8.30 a 14. En Buenos Aires, el consejero Torres Armas le dijo al Gobernador que se encuentra a consideración del Senado la designación del nuevo embajador en la Argentina, tras lo cual serán designados los cónsules.
Desde el 9 de este mes está en Buenos Aires una delegación del gobierno de La Paz, encabezada por el vicecanciller Mauricio Dorfler, para discutir, entre otros temas, las formas de preservar los puestos de trabajo de los bolivianos en la Argentina.
BOLIVIANOS PODRÁN VOTAR EN PAÍS GAUCHO
El Expreso de Perú (www.expreso.com.pe)
Los países de Argentina y Bolivia firmaron ayer un acuerdo que busca lograr la efectiva participación de la comunidad boliviana residente en territorio argentino en las elecciones a la Asamblea Constituyente convocadas por el gobierno de La Paz.
La Cancillería argentina informó que ese es uno de los principales objetivos del convenio bilateral “de cooperación y asistencia institucional” que suscribieron el vicecanciller argentino, Roberto García Moritán, y los viceministros bolivianos de Relaciones Exteriores, Mauricio Dorfler Ocampo, y de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce Zaconeta, en Buenos Aires. “El gobierno de Bolivia considera prioritaria la implementación de mecanismos que permitan esa participación de sus ciudadanos en el exterior”, indicó en comunicado. El texto del acuerdo establece que la cooperación abarcará “la regularización migratoria, la difusión de las normas que autoricen la participación en las elecciones, el empadronamiento y la asistencia para el acto electoral”.
Próximas elecciones
El 2 de julio próximo los bolivianos elegirán a los 225 miembros de la Asamblea Constituyente que redactará la nueva Carta Magna de su país y participarán en un referéndum que decidirá la adopción del régimen autonómico en los nueve departamentos en que está dividido el territorio.
EVO MORALES A LA PANTALLA GRANDE
La vida del presidente de Bolivia, Evo Morales, será llevada al cine con el título de "Buscando la Cruz del Sur", un filme que revivirá su infancia en el altiplano, su lucha como sindicalista y su histórica llegada a la presidencia este año.
El Observador de Uruguay (www.observa.com.uy)
Así lo informó este miércoles el productor boliviano Wilson Asturizaga, que trabajará en el filme con su compatriota el director Tonchi Antezana, que ya tiene en su haber un documental sobre la hoja de coca titulado "Oro Verde" (2001)
Antezana, que también ha filmado "Nostalgias del Rock", aún sin estrenar en Bolivia, es además autor del guión.
En lugar de Juan Evo Morales Aima, el personaje central de la película se llamará "Juan Pueblo".
La selección de los tres actores que interpretarán a Morales de niño, joven y adulto se hará en el mes de mayo en un "reality show" en el que será la población quien elija con su voto a los mejores intérpretes, explicó Asturizaga.
La película se filmará en Orinoca, la localidad del departamento de Oruro, en el altiplano andino, donde nació Morales en 1959, y también en la zona cocalera del Chapare y en La Paz.
La filmación incluirá pasajes de la Asamblea Constituyente que se instalará el 6 de agosto próximo en la ciudad sureña de Sucre, la capital oficial del país, y es el pilar fundamental del proyecto de refundación de Bolivia de Morales.
Los productores se entrevistaron el martes con el portavoz de la presidencia, Alex Contreras, y otros asesores de Morales, en el Palacio Quemado, sede del gobierno, para anunciar el proyecto.
Según Asturizaga, concibieron la idea de filmar la vida de Morales, mandatario desde el pasado 22 de enero, porque la llegada a la presidencia de un indígena "fue un evento de importancia mundial", que puso a Bolivia en el mapa y en la mira de todos los grandes de medios de comunicación.
Fue un evento "tan significativo como la clasificación boliviana al Mundial de Estados Unidos" en 1994, dijo Asturizaga. Las empresas que producirán el filme son las bolivianas Orión y Prodecine, que han calculado en 50.000 dólares el presupuesto para la película.
Está previsto su estreno en octubre próximo, como un homenaje a las 60 personas que murieron en ese mes del año 2003, a causa de la represión de las protestas sociales que derivaron en la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada a la presidencia.
Entrevista con Alvaro García Linera, vicepresidente boliviano
“EN BOLIVIA, NO ESTAMOS PENSANDO EN SOCIALISMO SINO EN REVOLUCIÓN DEMOCRATIZADORA”
Rebelión (www.rebelion.org)
Alvaro García Linera es vicepresidente boliviano, matemático y sociólogo autodidacta. Con 44 años de edad tiene cinco encima de prisión, varios libros publicados y una vida de búsqueda intelectual. En ese camino exploró “obsesivamente” la idea de Marx de los pueblos “sin historia” y llegó a conclusiones que lo unieron a Evo Morales.
–¿Cómo fue su trayectoria intelectual?
–Soy una persona que vivió la adolescencia en un período de gran inestabilidad política: elecciones, golpes de Estado, elecciones, más golpes de Estado, en un ambiente cargado de movilizaciones, de proyectos, de debates, de utopías. Estoy hablando de fines de los años ’70 y creo que eso influye en un tipo de acercamiento personal a la política y a las ciencias sociales. En 1979, a los 17 años, viví el primer gran bloqueo indígena de la historia moderna de Bolivia. Era difícil de entender lo que estaba pasando y en ese ambiente busqué la ayuda de las ciencias sociales, de la sociología, de la economía, pero más como autodidacta. Sin embargo, me sentía distante de las organizaciones partidarias, tenía un abordaje un poco intelectualizado de la política. Había comenzado a estudiar matemática porque creía que las ciencias sociales podía aprenderlas solo, y decido continuar mis estudios en México. El contexto centroamericano influye mucho en mi percepción de la política, especialmente la guerrilla salvadoreña, y politizo mis lecturas. Paso de una orientación más filosófica y abstracta del capital, de la dialéctica de Hegel, de Kant, a una mirada más práctica. Entonces comienzan mis lecturas más leninistas, digamos así, para comprender mejor lo de la gestión de lo político. Esto ya es en los años ’80 y, al acabar la carrera, regreso a Bolivia con una posición de mayor involucramiento político.
–¿Cómo influyó el conocimiento de los movimientos insurgentes centroamericanos en su evolución intelectual?
–Había dos elementos importantes: la lucha armada como modo de resolución o de conquista del poder y, en particular, el tema étnico. En Guatemala escucho por primera vez en un debate político el tema de la multiculturalidad. Aun cuando ya era un momento de reflujo, la guerrilla guatemalteca logra incorporar este elemento en el debate a partir de la presencia de los mayas. Esto para mí es en extremo novedoso. Y con esos bagajes regreso a Bolivia, y aquí intentamos (junto a Raquel Gutiérrez, su pareja de entonces) construir una estructura política principalmente obrera porque los mineros eran el eje de la política contestataria en Bolivia, e iniciamos un largo debate, que perdura en alguna medida hasta el día de hoy, contra el trotskismo y el stalinismo, representado por el Partido Obrero Revolucionario y el PC. Luego conocemos a un grupo de líderes indígenas, jóvenes todavía, que venían de las corrientes kataristas e indianistas de los ’70 que denunciaban el “colonialismo interno”.
–Ahí se va produciendo un giro hacia lo étnico-nacional.
–Iniciamos una relectura, o más bien una ampliación de nuestra mirada, desde lo obrero hacia la temática de lo nacional y lo campesino-indígena, más centrado en lo que se denomina “identidades difusas”. Ahí se inicia una etapa –hacia 1986– que se mantiene hasta hoy, de una preocupación en torno de la temática indígena y de la construcción de la nación. Dedico mi tiempo a escribir varios libros, unos polémicos, en debate contra la izquierda tradicional predominante, y otros que anticipaban trabajos con mayor abstracción. Ahí comienza una obsesión, que mantuve durante diez años, de rastrear lo que Marx había dicho sobre el tema y comenzamos a escudriñar sus cuadernos, sus textos sobre los “pueblos sin historia” del ’48, los Grundrïsses, los textos sobre la India y China, y sus cartas a Vera Zasulich, incluso sus manuscritos etnológicos y otros, inéditos sobre América latina, que están en Amsterdam. Viajamos allá a consultarlos. Algunos compañeros me reñían por esto: no veían bien que en momentos de tanta intensidad de la lucha política yo estuviera revisando archivos. Comienza una obsesión, con distintas variantes, a fin de encontrar el hilo conductor sobre esa temática indígena desde el marxismo, y creyendo que era posible que el marxismo pudiera dar cuenta de la fuerza de la dimensión, del contenido y del potencial de la demanda étnica nacional de los pueblos indígenas. Ello implicaba múltiples peleas, en textos menos académicos y más polémicos, con la izquierda boliviana para la cual no había indios sino campesinos. Se trataba de una pelea marginal porque éramos un grupo de personas que no influíamos en ninguna parte, nos dedicábamos a repartir nuestros panfletos, nuestros textitos, nuestros policopiados de 50 páginas en las marchas, en las minas. Pero ahí se inicia una polémica.
–Luego viene el intento de formar el Ejército Guerrillero Túpac Katari y la prisión.
–En los años ’85 y ’86 convergen intelectuales, jóvenes, muy jóvenes, obreros de las minas especialmente en proceso de radicalización y un conglomerado de líderes campesinos e indígenas provenientes de las filas del indianismo katarista. En esta primera etapa, toda la actividad se centra en el trabajo político en las minas, en las asambleas, en producir panfletería, crítica a las posiciones de izquierda tradicional con una consigna clara: “Va a haber una prueba de fuerza, y esa prueba va a dirimir la nueva época”. Esa prueba de fuerza fue en 1986, la Marcha por la Vida de los mineros contra el desmantelamiento de la Corporación Minera de Bolivia. Los obreros salen derrotados políticamente, ni siquiera hay necesidad de una salida militar, se desmorona el movimiento y comienza el desbande.
–¿Y esa derrota abre el camino a una orientación hacia las comunidades indígenas?
–Desde ese momento nos trasladamos con todo ese bloque de intelectuales y mineros a potenciar el trabajo en el campo junto con los indianistas. Se va construyendo un escenario más potente de autodeterminación de las nacionalidades indígenas, especialmente la aymara. Hay un fuerte énfasis en la posibilidad de una sublevación indígena, en la idea de que la emancipación indígena pasa obligatoriamente por una sublevación de comunidades. Quispe teoriza ahí sobre la guerra de los ayllus, tiene la imagen de una toma del poder mediante una sublevación de ayllus y comunidades, es decir, no se estructura un imaginario guerrillero sino un escenario de emancipación de masas. Se inicia un proceso que luego va a dar lugar al EGTK y a ejercicios de formación militar en las comunidades; primero en el Altiplano, con militantes del viejo indianismo de los ’70, luego en Potosí, en el Chapare, en Sucre. Era una dinámica fuerte.
–Luego viene la desarticulación del grupo y la cárcel. ¿Cómo se desarrolla su actividad intelectual posterior desde la prisión?
–Al saber que no iba a contar con muchos libros, que no tendría mi biblioteca disponible, decido dedicarme sólo a unos cuantos libros, a trabajarlos de un modo mucho más profundo. Continúo con parte de mis trabajos teóricos y escribo Forma valor, forma comunidad, que es una lectura enteramente dedicada a El Capital bajo la obsesión de trabajar el tema del valor de uso, el valor de cambio y de las lógicas organizativas de la modernidad para hacer un contrapunto con las lógicas organizativas del mundo andino. Fueron cinco años de encierro. Creo que es mi libro mejor logrado por el tiempo que pude dedicarle, por la paciencia que tuvimos en armar las transcripciones. Fue un curso acelerado de antropología andina, de etnohistoria andina y de economía agraria. Al salir de la cárcel, inmediatamente me incorporé a la academia, incluso retomo el tema del mundo obrero, pero desde una perspectiva más sociológica. De allí saldrán Reproletarización, sobre el mundo obrero fabril en Bolivia y sus cambios organizativos y tecnológicos, y La condición obrera, sobre la nueva minería. Las conclusiones generales son que los obreros no han desaparecido, pero ha habido una modificaciónsustancial de la estructura material de la condición obrera, de la identidad obrera y de la composición política y cultural de la clase obrera. De allí se deriva una explicación de por qué la Central Obrera Boliviana se extingue como movimiento social unificador del país. En los últimos años he desarrollado varios estudios de los movimientos sociales, incorporando teorías más modernas como las de Charles Tilly, Pierre Bourdieu y Norbert Elias.
–Usted pasó de la acción insurgente a la academia, y de ahí osciló entre los medios y la política. ¿Cómo ve el papel del intelectual en un campo universitario como el de América latina, poco institucionalizado y en medio de una nueva oleada de politización social?
–En los años ’90 se instaló la creencia de que había que separar la política de la academia o la idea de un campo académico autónomo, pero eso fue una ilusión. La promesa de un academicismo mucho más sólido, coherente, fundado en bases propias, acabó en un academicismo que servía de legitimador ideológico del proyecto político y económico neoliberal. Cuando revisas desapasionadamente la producción de los años ’90 te das cuenta de la pobreza investigativa, conceptual, de la abundancia de retórica y sentido común de una gran parte de esa producción. Creo que ahora se presenta un nuevo reto para la producción intelectual: la capacidad de construir críticamente categorías, argumentos y razones, y no simplemente panfletería política pero, a la vez, que sepa recoger estas señales y la riqueza de la sociedad, no solamente de los movimientos sociales. Ahí está el gran reto de continuar esta larga trayectoria del intelectual latinoamericano y boliviano que rompe esa falsa asepsia ideológica a lo Vargas Llosa. Sin embargo, no se requiere que frente al intelectual neoliberal cooptado por el discurso estatal surja un intelectual de los movimientos sociales que haga la apología de la acción colectiva sino un intelectual crítico con el poder existente y con las fuerzas emergentes. Parte de eso, sin duda, puede ser utilizado por los movimientos sociales y parte no; les va a doler que reflexionen sobre sus límites, y ahí está el pedazo de autonomía de la reflexión intelectual de no acallar o forzar sus reflexiones a favor de tal o cual.
–¿Es un problema ser a la vez sociólogo crítico y vicepresidente?
–No, al contrario, es una excelente combinación, porque permite analizar con una frialdad siberiana lo que está sucediendo y tus acciones. Y como vicepresidente ves algunas cosas que jamás verías desde tu gabinete de sociólogo.
–Varios medios hablan de “evismo” para referirse a este gobierno.
–El “evismo” plantea una ruptura con respecto a anteriores estrategias de lucha por el poder, es un proyecto de autorrepresentación de los movimientos sociales, de la sociedad plebeya. Es un nuevo horizonte que no nace de la teoría sino que se va implementando en la práctica y puede aportar una interesante veta de análisis a las corrientes neomarxistas. Un segundo elemento que podría definir al “evismo” es un indianismo flexible capaz de convocar a los sectores no indígenas, mestizos, sectores medios urbanos. En términos didácticos podríamos decir que la Revolución Nacional de 1952 despierta al indio a la ciudadanía, pero trata de diluirlo en el mestizaje y le bloquea las posibilidades de desarrollo político. Cincuenta años después, el indio se postula como un sujeto político autónomo que propone un nacionalismo expansivo, una nación con “unidad en la diversidad” como lo ha repetido tantas veces Evo Morales. La experiencia que estamos viviendo en Bolivia replantea todo el debate sobre la lucha por el poder, incluso las propuestas de Antonio Negri. ¿Qué es un gobierno de los movimientos sociales? ¿Es posible? ¿Cómo se operará la relación entre lo político y lo social?
–Usted habló de capitalismo andino.
–Con esa expresión, más bien teórica, hice referencia a que las estructuras materiales de las rebeliones sociales desde el 2000 son las pequeñas economías familiares, tanto en el campo como en la ciudad. Son los pequeños productores los que se han rebelado: campesinos, cocaleros, artesanos, microempresarios, cooperativistas mineros. Y no va a haber revolución socialista en una nación de pequeños productores. El “evismo” visualiza estas múltiples modernidades, el pequeño campesino del Altiplano no va a ser un farmer, pero puede tener tractores o Internet. Siempre lo moderno subsumía lo tradicional, ahora pensamos en una articulación diferente y no subordinada entre estas dos plataformas que van a perdurar en los próximos 50 o 100 años. No estamos pensando en el socialismo para el futuro próximo sino en una profunda revolución democrática descolonizadora.
EVO PREPARA LÁPIZ Y PAPEL PARA CONCRETAR SU PLAN ESTATIZADOR
Fuentes del gobierno boliviano adelantaron que el decreto de nacionalización del gas y el petróleo sería emitido el 15 de abril. El presidente cocalero basará su gestión en una batalla contra el "neoliberalismo".
Diario Infobae de Argentina (www.infobae.com)
El gobierno lanzaría el decreto de nacionalización de la industria hidrocarburífera a fines de esta semana, según anteriores anuncios del ministro del área e informes de prensa publicados ayer.
El titular del portafolio de hidrocarburos, Andrés Soliz, había adelantado en marzo que el decreto de nacionalización del gas y el petróleo sería emitido alrededor del sábado 15 de abril.
Coincidentemente, el diario La Razón, citando a fuentes que no identificó, sostuvo en la fecha que el presidente Evo Morales firmará el sábado el decreto.
Informó también que el martes, en una presentación en el Congreso, Soliz señaló que el proceso durará cinco o seis meses. El ministro de Planificación y cabeza del área económica del gobierno, Carlos Villegas, dijo también en marzo que la nacionalización consistirá en que el estado recuperará acciones en empresa privatizadas en la década pasada y buscará obtener el 51% de las acciones en ellas.
Soliz dijo al Congreso que las empresas que se nieguen a someterse a la nacionalización se irán del país a tiempo de señalar que la brasileña Petrobras recibirá un tratamiento de excepción y que la filial en Bolivia de la española Repsol-YPF, Andina, no resulta financieramente interesante.
Indicó que la empresa mixta Petrobras no será nacionalizada porque no participó en la privatización parcial, en 1997, de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Dio a entender que otra de las razones es que representa al estado brasileño y que su peso en la industria en Bolivia es tan grande que difícilmente pueda ser afectada sin que esto acarree serias consecuencias. "Las empresas diferentes tienen que ser tratadas de diferente manera", dijo.
Agregó que el proceso de transición de las empresas petroleras a los nuevos modelos de acuerdo tomará alrededor de entre 5 y 6 meses "donde se va a tratar caso por caso y empresa por empresa". Va a haber un tiempo limitado para conversar con ellas y si al cabo de ese tiempo no hay acuerdo, las empresas se van", afirmó.
De todos modos, el gobierno izquierdista de Morales inició el martes conversaciones con delegados de Petrobras, entre ellos su máximo ejecutivo para el cono sur sudamericano Decio Odone, para que la empresa se adecue a los términos de la nueva ley de hidrocarburos.
La norma, de mayo pasado, establece que las petroleras deberán pagar un impuesto adicional del 32% y aceptar que una YPFB "refundada" tome las riendas del sector.
"Yacimientos va a dirigir y va a controlar la política hidrocarburífera del país", dijo Soliz al cabo de la reunión con Odone, que, según el funcionario boliviano, sirvió para "limar asperezas".
Hace dos semanas, el funcionario protagonizó una disputa verbal con algunos funcionarios del gobierno brasileño y ejecutivos de Petrobras, que indicaban que podrían conseguir gas más barato y que la nacionalización boliviana era tan incierta que la compañía prefirió suspender inversiones.
Soliz señaló que Brasil trataba a Bolivia como una "semi colonia" y advirtió que si Petrobras no invertía más en este país, no recibiría mayores volúmenes de gas, como pretende el gobierno brasileño.
Respecto de la filial de Repsol en Bolivia, Andina, Soliz indicó que no es interesante su nacionalización porque enfrenta una deuda de 177 millones de dólares contra un patrimonio de sólo 120. En realidad ese monto es el que ha solicitado la empresa petroquímica brasileña Univen ante un tribunal arbitral, debido a que Repsol dejó de suministrarle petróleo, observando una orden del gobierno boliviano para que primero se provea al mercado nacional.
Las acciones que no están en manos de los socios que privatizaron las empresas son de propiedad del pueblo boliviano, al que las dos administradoras de pensiones constituidas en el país representan en sus directorios. Pero Soliz dijo que ambas deben ser procesas "por no haber defendido el interés de los bolivianos". Villegas ha señalado que el estado tendría facultades para apropiarse de parte de las acciones, pero legalmente ellas pertenecen a los bolivianos, no al fisco.
El plan de nacionalización fue, aunque sin mayores especificaciones, uno de los ejes de la campaña electoral que le dio la victoria a Morales, en diciembre.
BOLIVIA PODRÍA NACIONALIZAR HIDROCARBUROS
Opinión de Estados Unidos (www.laopinion.com)
El gobierno podría lanzar el decreto de nacionalización de la industria hidrocarburífera a fines de esta semana, según anteriores anuncios del ministro del área e informes de prensa publicados el miércoles.
El titular del portafolio de hidrocarburos, Andrés Soliz, había adelantado en marzo que el decreto de nacionalización del gas y el petróleo sería emitido alrededor del sábado 15 de abril.
Coincidentemente, el diario La Razón, citando a fuentes que no identificó, sostuvo en la fecha que el presidente Evo Morales firmará el sábado el decreto.
Informó también que el martes, en una presentación en el Congreso, Soliz señaló que el proceso durará cinco o seis meses.
El ministro de Planificación y cabeza del área económica del gobierno, Carlos Villegas, dijo también en marzo que la nacionalización consistirá en que el estado recuperará acciones en empresa privatizadas en la década pasada y buscará obtener el 51% de las acciones en ellas.
Soliz dijo al Congreso que las empresas que se nieguen a someterse a la nacionalización se irán del país a tiempo de señalar que la brasileña Petrobras recibirá un tratamiento de excepción y que la filial en Bolivia de la española Repsol-YPF, Andina, no resulta financieramente interesante.
Indicó que la empresa mixta Petrobras no será nacionalizada porque no participó en la privatización parcial, en 1997, de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
Dio a entender que otra de las razones es que representa al estado brasileño y que su peso en la industria en Bolivia es tan grande que difícilmente pueda ser afectada sin que esto acarree serias consecuencias.
Agregó que el proceso de transición de las empresas petroleras para los nuevos modelos de acuerdo tomará alrededor de entre 5 y 6 meses “donde se va a tratar caso por caso y empresa por empresa”.
El gobierno estaría preparando un gran show que incluye la ocupación militar de los campos petroleros
BOLIVIA: LA NACIONALIZACIÓN SERÁ POR DECRETO, CONCERTADA Y POR ETAPAS
Argenpress de Argentina (www.argenpress.info)
Se espera que este fin de semana el gobierno de Evo Morales emita un decreto supremo anunciando la tan esperada nacionalización de los hidrocarburos, aunque la recuperación del patrimonio público privatizado por el neoliberalismo no sería inmediata. Para dar realce al decreto y llamar la atención de los medios, se supo que el gobierno está preparando una parafernalia que incluye la ocupación militar de los campos petroleros.
Inmediatamente después de emitirse el decreto, probablemente el sábado, las autoridades del Ejecutivo iniciarían auditorías a cada una de las empresas petroleras que operan en el país y luego negociarían individualmente la modificación de contratos. Todo este proceso tardaría entre cinco y seis meses que comienzan a correr el sábado. El gobierno prometió dar trato diferenciado a las empresas que acepten renovar sus contratos y la primera en beneficiarse con esta política será la gigante brasileña Petrobras.
La falta de recursos humanos más capacitados impide al gobierno proceder a la expulsión de las petroleras con la finalidad de concretar la nacionalización. Se precisa especialistas y tecnología que no existen en el país, explicó Soliz Rada.
La nacionalización de los hidrocarburos es parte de un paquete de medidas para 'descolonizar' el uso de los recursos naturales del país y 'desmontar el modelo neoliberal', informó el ministro de Planificación del Desarrollo Carlos Villegas. El plan incluye una revisión del marco jurídico y tributario de la minería, y también la revisión de las concesiones otorgadas que no obligan a los concesionarios a invertir en proyectos de exploración y explotación.
Soliz Rada anunció que el gobierno no nacionalizará la petrolera Andina (Repsol YPF) debido a que tiene deudas superiores a su valor en libros. “Tiene una deuda de 177 millones de dólares con Inhiben Petroquímicos Ltda. de Brasil. Si nacionalizamos, vamos a nacionalizar esa deuda, y la empresa Andina apenas vale 120 millones de dólares. Recuperar 120 millones para pagar una deuda de 177 millones de dólares, eso no lo vamos a hacer”, señaló el Ministro. Por: BOLPRESS
MILITARES EN CAPILLA BAJO SOSPECHA DE ORDENAR MATANZA DE CIVILES EN BOLIVIA
Ministerio Público tiene visto bueno del Gobierno para acumular pruebas contra militares acusados de ordenar masacre de civiles en octubre y febrero de 2003. Esperan gestiones de Sacha Llorenti para extradición de Sánchez de Lozada.
Observatorio Informativo (www.periodistasbolivia.com)
Por Adalid Cabrera LemuzCinco ex jefes militares están a punto de ser enjuiciados bajo sospecha de ordenar la matanza de 56 civiles durante el Gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-octubre de 2003), manifestó hoy el fiscal general de la República, Pedro Gareca.Gareca presentó la querella ante la Corte Suprema en contra de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, del Ejército y de la Armada, generales Roberto Claros y Juan Véliz, y el almirante Luis Aranda.El fiscal también solicitó el procesamiento de los generales Gonzalo Rocabado y José Osvaldo Quiroga, quienes tenían a su cargo el mando de las tropas que se enfrentaron a organizaciones civiles que realizaban bloqueos callejeros en octubre de 2003.Los cargos contra los uniformadosLos delitos que sustentan el pedido de Gareca son “Homicidio, incumplimiento de deberes y genocidio en forma de masacre sangrienta".Si es que la Corte Suprema de Justicia acepta la imputación, los cinco ex altos jefes castrenses serán incluidos en el juicio de responsabilidades que fue planteado contra Sánchez de Lozada y su Gobierno.Como respaldo, el Ministerio Público cuenta con testimonios pruebas, autopsias y otras constancias legales contra los imputados.El juicio contra los militares acusados por la Fiscalía no prosperó en los Gobiernos de los ex presidentes Carlos Mesa Gisbert y Eduardo Rodríguez Veltzé (octubre de 2003 y enero de 2006) debido a que las Fuerzas Armadas impusieron su criterio de que el caso debía ser tratado por los tribunales castrenses.Ordenes desde el Palacio de GobiernoEn el caso de oficiales de menor categoría sobre los que existía pruebas de haber disparado contra la multitud primaba el argumento de que solamente respondían a órdenes superiores emanadas del palacio de Gobierno, específicamente del entonces presidente Sánchez de Lozada.Desde el ingreso al poder del gobierno del presidente Evo Morales, se impuso la posición de que los jefes militares imputados deberán defenderse ante los tribunales "sin obstrucciones".Después de los violentos sucesos que derivaron en la muerte de unos 56 civiles y otros 400 heridos, el ex presidente Sánchez de Lozada renunció al cargo y abandonó en forma apresurada el país rumbo a Washington el 17 de octubre de 2003, donde permanece junto a algunos de sus ministros, entre ellos el ex titular de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín.
Organismos de defensa de los derechos humanos exigieron un juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada y sus ministros que no ha avanzado al ritmo previsto por una serie de trabas colocadas por los abogados defensores.Gestiones de Sacha LlorentiSánchez de Lozada se ha negado en forma sistemática a retornar a Bolivia para defenderse por lo que la Asamblea de Derechos Humanos y la Central Obrera Boliviana (COB) emplazaron al gobierno de Evo Morales que tramite su extradición.Morales ha designado como nuevo embajador en Estados Unidos al activista en derechos humanos Sacha Llorenti con la misión prioritaria que acelere la entrega legal de Sánchez de Lozada.Si bien la Casa Blanca ya otorgó su “agreement” a Llorenti como embajador boliviano en Washington aún no ha presentado sus cartas credenciales para iniciar sus actividades.
LIBERAN A BOLIVIANO ACUSADO DE TRÁFICO
La Estrella de Arica Chile (www.estrellaarica.cl)
Por estimar que no existían antecedentes suficientes que acreditaran su participación en el delito, el juez de Garantía Francisco Vargas Vera, otorgó la libertad a un ciudadano boliviano, sindicado por otros dos compatriotas de haberlos "reclutado", para traer droga a nuestro país.
Nelson Montero Rivera (23), fue aprehendido en la madrugada del lunes en el control de Baquedano, en la Segunda Región, tras una orden de detención dictada por el magistrado Vargas Vera.
El juez despachó la orden, previa solicitud del fiscal jefe de Arica Manuel González, quien le informó que una pareja de bolivianos que fueron detenidos portando ovoides, declararon que Montero Rivera los "contrató" como correos humanos.
El extranjero fue formalizado ayer como autor de tráfico ilícito de estupefacientes y el fiscal Manuel González, solicitó su prisión preventiva, lo que no fue acogido por el magistrado.
Este basó su resolución en que no habían antecedentes concretos que involucraran al individuo en el ilícito.
Nelson Montero se identificó como comerciante, aunque al momento de ser detenido sólo portaba la suma de 25 mil pesos en efectivo.
OVOIDES
Los hechos se iniciaron en la noche del pasado domingo, cuando detectives de la Brigada Antinarcóticos de Investigaciones sorprendieron en el Control de Cuya a los bolivianos Cinthia López Arandia (34) y Darío Condoreti Terrazas (40).
Ante el nerviosismo de la pareja se les interrogó y se descubrió que la mujer portaba 90 ovoides con un peso total de 1.070 gramos, mientras que su compañero llevaba 60 ovoides con un peso de 720 gramos de pasta base de cocaína.
Ambos fueron formalizados como autores de tráfico y quedaron en prisión preventiva, según lo decretó la jueza Macarena Calas.
RECLUTADOR
En su declaración ante la policía, la pareja mencionó que habían sido contactados en Santa Cruz de la Sierra por Nelson Montero.
El individuo les había ofrecido la suma de 150 dólares a cada uno para que transportaran a nuestro país los ovoides con la droga. De hecho, Montero Rivera acompañaba al hombre y la mujer en el bus cuando fueron detenidos por la policía; sin embargo, continuó el viaje en el bus, ya que inicialmente la pareja no quería colaborar con la investigación.
"La pareja sindica a Nelson Montero como la persona que los reclutó en Bolivia y que venía acompañándolos supervisando que no pasara nada anormal. El fue detenido en la madrugada del lunes, cuando se dirigía al sur en bus. Dice que es comerciante, pero sólo llevaba 25 mil pesos. En definitiva quedó formalizado pero no quedó sujeto a ninguna medida cautelar. No nos explicamos cómo si este sujeto no tiene ninguna vinculación en el hecho, es que la pareja sabía su nombre", expresó el fiscal Manuel González.
CORTE
El Ministerio Público analizará si se recurre a la Corte de Apelaciones, a fin de revocar la resolución de primera instancia otorgada por el magistrado Vargas Vera, en cuanto a la libertad de Nelson Montero.
Actualmente, los otros dos imputados permanecen en el Complejo Penitenciario de Acha, aunque se fijó una audiencia de revisión de las pruebas para el miércoles 10 de mayo.
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