BOLIVIA Y ARGENTINA SE QUEDAN SIN DAKAR

Después de diez ediciones ininterrumpidas, la empresa organizadora y el país se darán la espalda en 2019. Otro dato no menor es la baja de Bolivia, después de cinco ediciones consecutivas y la firme intención del gobierno de Evo Morales por mantener la carrera, pero la constante queja de pilotos por las complicaciones del trayecto y el grito enfurecido de pobladores contra las autoridades y el “no queremos Dakar”, apartaron al país del Altiplano.

Cuando todos imaginaban que la relación entre el Rally Dakar y la Argentina iba a ser eterna, horas atrás se supo que este país no será parte de la próxima edición y, a cambio, Ecuador debutará en la competencia más difícil del planeta en 2019.

Si bien la empresa organizadora, Amaury Sport Organisation (ASO), no confirmó el trazado, ya tiene todo preparado para el año entrante y en unas semanas dará a conocer el recorrido. Es cierto también que desde antes que finalice el Dakar anterior, el Gobierno nacional y ASO no podían llegar a un acuerdo, pero ahora la relación se enfrió un poco más y nuestro país se quedará fuera de competencia por primera vez desde que la carrera llegó a Sudamérica en 2009.

Perú confirmó su presencia y Chile lo hará en unos días, pero Ecuador también se mete de lleno y ya hay un trayecto que circula en las redes sociales, aunque no es oficial, pero “cuando el río suena, es porque piedras trae”. 

Otro dato no menor es la baja de Bolivia, después de cinco ediciones consecutivas y la firme intención del gobierno de Evo Morales por mantener la carrera, pero la constante queja de pilotos por las complicaciones del trayecto y el grito enfurecido de pobladores contra las autoridades y el “no queremos Dakar”, apartaron al país del Altiplano.

Después de tres ediciones ausente (de 2016 a 2018), Chile se anota como el punto de partida y la carrera tomará rumbo hacia el norte: La Serena, Copiapó y Arica posiblemente sean las cuatro etapas dentro del país trasandino.  Luego, el Dakar pasará a Perú, donde este año solo tuvo halagos por sus impresionantes dunas, similares a las de África (lugar de origen de la competencia).

En tierras incaicas, Tacna será la primera ciudad en recibir a los competidores que luego irán rumbo a Lima, Chiclayo y Piura. Finalmente, en Cuenca será el cierre de telón.

Un viejo anhelo

Desde que la ASO arribó al sur del continente americano, tuvo el sueño de hacer alguna edición por la costa del océano Pacífico o diagramar un trayecto imponente entre Tierra del Fuego y Colombia. Esta vez, el Pacífico ganó y en 2019 sobrarán trayectos sobre arena.

Entre la capital santiagueña y la única ciudad ecuatoriana hay 4.742 kilómetros, pero seguramente habrá etapas llamadas “rulos”, que comiencen y terminen en una misma localidad, como las de este año Pisco-Pisco, Marcona-Marcona y Córdoba-Córdoba, debido a que solo se mencionan ocho vivacs: tres en Chile, cuatro en Perú y el restante en Ecuador. 

La edición del próximo año será la decimoprimera tras el alejamiento de África por la amenaza terrorista de 2008 y pese a que esta vez Argentina dejará de lado su asistencia perfecta, aún será el país que más ha recibido al Dakar, en 10 ocasiones. 

Chile sumará su octava participación, Perú su cuarta y Ecuador será el debutante. Atrás quedó Bolivia, con cinco participaciones y Paraguay, con solo una.

Obsesión por la Fórmula 1

Desde el Gobierno nacional nadie dio explicaciones sobre el alejamiento del Dakar, pero sí hay un secreto a voces: están obsesionados con traer la Fórmula 1 en 2019 y prefieren invertir una millonaria cifra en esa competencia. Pocos pilotos se pronunciaron al respecto. Uno fue Jeremías González Ferioli. “No perdamos el Dakar”, pidió. El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.com)

CON DRAMÁTICO TESTIMONIO DE MUERTES COMIENZA EL JUICIO EN FLORIDA CONTRA EX PRESIDENTE DE BOLIVIA

El Nuevo Herald de EEUU (www.elnuevoherald.com)

                                                        

En una zona rocosa y pobre de Bolivia, al principio el sonido no parecía de disparos.

Etelvina Ramos Mamani estaba acostada en su cama, débil y febril. Escuchó un grito junto a la venta. Su hija de 8 años, Marlene, se desplomó de pronto y echó la cabeza hacia atrás, tratando de que el aire le llegara a los pulmones, perforados por una bala disparada por soldados bolivianos.

“Le salía sangre del pecho como si fuera una fuente”, testificó Ramos el martes.

Afuera, soldados del gobierno atacaban el pequeño poblado, disparando por todas partes. Pasaron horas antes que regresara la calma. Entonces los familiares organizaron en medio de la oscuridad un funeral improvisado para Marlene, víctima inocente de la violencia que ha estremecido Bolivia desde el otoño del 2003.

Mamani subió al estrado de los testigos el martes, no en Sudamérica, sino a 3,000 millas de distancia en el tribunal federal de Fort Lauderdale.

Su testimonio fue el comienzo de una batalla judicial histórica que enfrenta a familiares de los fallecidos en el caos, en su mayoría indígenas pobres, con el entonces presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, y su ministro de Defensa, José Carlos Sánchez Berzain.

El testimonio del martes fue la primera vez que un ex jefe de Estado extranjero enfrenta un juicio en un tribunal federal estadounidense por abusos a los derechos humanos, según el Centro de Derechos Constitucionales, que representa a la familia Mamani.

“Mi hija era inocente. Estaba jugando afuera de la casa”, dijo Ramos, quien lucía dos trenzas largas, un suéter rosado y una falda turquesa típica de los pueblos indígenas de su región.

Su esposo, Eloy Rojas Mamani, recordó a los soldados persiguiendo y disparando contra los vecinos desarmados. “Como conejos asustados escapaban a las montañas”, dijo a los jurados.

La pareja es una de ocho familias que han demandado a antiguos líderes del gobierno boliviano bajo la ley estadounidense de Protección a Víctimas de la Tortura, que permite demandar por asesinatos extrajudiciales en el extranjero. La demanda se presentó en el sur de la Florida, donde los dos ex políticos viven después de huir de Bolivia en el 2003.

La disputa legal por el caso ha durado casi un decenio y se espera que el juicio, que preside el juez federal James Cohn, dure varias semanas. Los familiares de los bolivianos abatidos están representados por abogados del Centro de Derechos Constitucionales, la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard y varios importantes bufetes privados de abogados.

La historia de la pareja fue una poderosa viñeta de un conflicto geopolítico mayor que todavía no ha concluido en ese país sudamericano.

En el 2003, la agitación civil estaba destrozando el país después que Sánchez de Lozada propuso exportar gas natural a Estados Unidos. Manifestantes, muchos de la etnia indígena aimará, comenzaron a bloquear carreteras y marcharon frente al palacio presidencial en la capital, La Paz, para exigir su renuncia.

No era la primera vez que los bolivianos más pobres rechazaban la apropiación de recursos naturales por parte del gobierno. A finales de los años 1990, en la llamada Guerra del Agua, enormes protestas obligaron al gobierno a abandonar planes de privatizar el sistema de acueducto en la ciudad de Cochabamba.

Durante los violentos enfrentamientos del 2003, más de 50 personas perdieron la vida. La agitación estuvo liderada por Felipe Quispe Huanca, un líder aimará conocido como “Cóndor”, y Evo Morales, hoy presidente de Bolivia y entonces dirigente obrero.

La estrategia de la defensa será señalar a los políticamente poderosos líderes de las protestas, quienes alegan incitaron a las violentas revueltas en las calles. Un jurado federal tendrá que decidir quién tuvo la culpa, en caso que se determine que hubo un culpable, y cuánto dinero deben pagar a las víctimas de los fallecidos.

“Los hombres responsables de la tragedia no están en este tribunal hoy”, dijo Anna Reyes, quien representa a Sánchez de Lozada.

Pero abogados de las familias bolivianas presentaron a Sánchez de Lozada y sus ministros como personas crueles e íntimamente vinculados con el uso de la fuerza por parte de los militares para aplastar protestas en lo fundamental pacíficas.

Durante las declaraciones iniciales, los jurados vieron fotos de los ocho muertos y mapas detallados que muestran donde incursionaron los militares en días separados y en pueblos de todo el país.

Soldados fuertemente armados dispararon “indiscriminadamente” contra los habitantes de los poblados. Entre las víctimas hubo una mujer embarazada que pereció cuando una bala atravesó la pared de una casa y la mató a ella y a su hijo nonato, un hombre de 69 años abatido junto a una carretera rural y un adolescente que se había subido a una azotea para ver lo que ocurría.

“Aunque ninguno de los acusados apretó el gatillo, son los responsables”, dijo el abogado Joseph Sorkin, quien agregó: “No se puede usar a los militares para que disparen contra civiles desarmados”.

En el poblado montañoso de Sorata, las carreteras bloqueadas afectaron a cientos de turistas y visitantes que asistían a un festival religioso. Berzain, según abogados de las familias, fue enviado a llegar a un acuerdo, pero terminó amenazando con matar a tiros a los “malditos indios”, y el lanzamiento de una mortífera operación militar.

Pero los abogados del ex presidente culpan de todo a Quispe y a Morales por impulsar la violencia, que alegan paralizó el país, dejando La Paz imposibilitada de entregar alimentos y combustible a los ciudadanos. Morales, un antiguo cultivador de coca y líder obrero, estaba furioso con la ofensiva del gobierno contra el cultivo de coca, dijo Reyes.

La representante agregó que Quispe y Morales rechazaron concesiones de Sánchez de Lozada, quien fue elegido por primera vez en 1993, y después a un segundo mandato en el 2003.

El equipo de la defensa del ex mandatario lo presentó como un reformista de libre mercado quien sacó a Bolivia del caos económico, y entonces fue acorralado por una oposición que con frecuencia usaba armas de fuego y dinamita contra la policía y los soldados.

Su orden a los militares para ayudar a controlar la violencia fue legal, y para cuando se implementó todos los familiares de los demandantes ya estaban muertos, dijeron los abogados de Sánchez de Lozada. En un caso, la mujer embarazada pereció baleada por un manifestante que estaba en una azotea, no por un soldado, dijo Reyes.

En Bolivia, los fiscales han considerado que la respuesta de los militares a las protestas fue “proporcional”, dijo Reyes. Después que Sánchez de Lozada huyó al sur de la Florida, incluso pidió a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que investigara las muertes.

“La ONU no investigó”, dijo Reyes a los jurados. “Pero tenemos algo aún mejor: un jurado en Estados Unidos”.

EVO MORALES FUE EL CULPABLE DE MUERTES EN 2003, SEGÚN EXPRESIDENTE BOLIVIANO

El Diario de España (www.eldiario.es)

Los abogados del expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez, sometidos a juicio civil en EE.UU. por las muertes en las protestas de 2003 denominadas "guerra del gas", culparon hoy de los hechos al mandatario Evo Morales y al líder aimara Felipe Quispe.

En el segundo día del juicio, la abogada Ana Reyes aseveró que "no hubo un plan (del Gobierno de Sánchez de Lozada) para matar gente" y que los responsables de estos "trágicos" hechos son Morales, líder por entonces del sindicato de cocaleros, y Quispe, dirigente aimara y exmiembro de un grupo indigenista armado.

El juicio con jurado abierto este lunes en un tribunal de Fort Lauderdale (a 50 kilómetros de Miami) obedece a una demanda planteada en EE.UU. contra ambos expolíticos por familiares de ocho personas muertas durante las protestas que llevaron a la renuncia de Sánchez de Lozada y su gobierno en octubre de 2003.

Etapa final de un proceso iniciado en 2007, el juicio se va a desarrollar a lo largo de "unas cuatro a cinco semanas", según el cálculo del juez James I. Cohn, con el fin de determinar si los dos Sánchez son responsables de esas ocho muertes y, si lo son, cuanto deben pagar como indemnización a los demandantes.

Reyes aseguró que en octubre de 2003, durante las protestas conocidas como la "guerra del gas", La Paz enfrentaba una "crisis total", en un país "inestable", con bloqueos de vías y puentes, la muerte de tres uniformados, emboscadas, escasez de suministros, comida y combustible y amenazas de saqueos.

A esto habría que sumar, según la versión de los abogados de los demandados, que como resultado de las violentas protestas murieron "transeúntes inocentes", turistas fueron bloqueados en pueblos turísticos y hubo infraestructuras destruidas con dinamita.

Ante este panorama, dijo, "hacer nada no era una opción".

"El Gobierno hizo lo que tenía que hacer", en referencia a una intervención militar que se produjo en un ambiente en el que incluso el presidente Sánchez de Lozada estuvo en peligro, después de que su oficina fuera objeto de un tiroteo, lo mismo que la democracia, afirmó Reyes.

Posteriores investigaciones de tres fiscales bolivianos determinaron que la fuerza militar que se utilizó en varios de los disturbios fue "proporcional y de forma controlada", agregó.

Reconoció que lo sucedido en Bolivia en 2003 fue "trágico", y advirtió de que durante el juicio el jurado va a escuchar testimonios de varias víctimas, pero que los responsables de lo ocurrido no están hoy en la corte, sino que son Morales y Quispe.

Joseph Sorkin, abogado de los demandantes, que piden indemnizaciones al considerar que sus familiares fueron tiroteados por efectivos del Ejército boliviano, dijo en sus alegatos iniciales que durante el juicio el jurado escuchará lo que "que realmente pasó en 2003".

"Cada una va a decir parte de esa historia, esto no es una prueba, queremos que escuchen y entiendan lo que pasó", afirmó el abogado, quien aseguró que durante el juicio mostrará que el expresidente y el exministro de Defensa fueron responsables de las muertes al autorizar la intervención militar para aplacar las protestas por todos los medios.

Los primeros llamados a testificar fueron dos indígenas, Eloy Rojas Mamani y Etelvina Ramos, padres de Marlene Nancy Rojas, una niña de ocho años que falleció cuando una bala entró en la casa donde vivía en Warisata, en la comunidad de Cariza.

Rojas Mamani dijo que el 20 de septiembre de 2013, día de la muerte de su hija, los militares mantuvieron un tiroteo desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche en las cuatro comunidades de Warisata, entre ellas Cariza, pese a que los indígenas asentados allí no estaban protestando ni dispararon a los militares.

Sobre la versión de los demandantes de que ni Sánchez de Lozada ni Sánchez Berzaín pidieron una investigación de los hechos, Reyes señaló que no lo hicieron porque dejaron sus cargos, pero que el expresidente sí pidió a la ONU que esclareciera los hechos.

Por segundo día, ambos demandados estuvieron presentes en la corte, aunque no están obligados a comparecer.

GAZPROM Y BOLIVIA CREARÁN UNA EMPRESA CONJUNTA PARA COMERCIALIZAR EL GAS

Sputnik News de Argentina (www.mundo.sputniknews.com)

La empresa rusa Gazprom espera firmar en 2018 el acuerdo final para la creación de una empresa conjunta con Bolivia con el fin de promover y comercializar el gas boliviano a terceros países, en particular, a Brasil y Argentina, comentó a Sputnik una fuente informada sobre las conversaciones.

El interlocutor de la agencia recordó que el correspondiente memorando fue firmado en octubre de 2017 por los directivos de Gazprom International, Gazprom Marketing and Trading, la YPFB boliviana y el ministro de Hidorcarburos y Energía de Bolivia, Luis Alberto Sánchez.

Según la fuente, próximamente concluye el contrato de 20 años firmado con Brasil, por lo que Gazprom buscará llegar a un acuerdo para apoyar a la parte boliviana en la comercialización de gas a Brasil y Argentina.

La fecha de la rúbrica del acuerdo dependerá en gran medida de Brasil y las cantidades de gas que declare en su nuevo contrato con Bolivia.

REFINERÍA, UN CENTRO NEURÁLGICO DESDE EL QUE SE DISTRIBUYE ENERGÍA A TODO EL PAÍS

Refinor procesa todo el petróleo del Noroeste y el que se recibe desde Bolivia. La empresa tiene unas 80 estaciones de servicio y maneja un poliducto de 1.100 kilómetros de extensión.

El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.com)

                                                                                                                           

En la localidad de Campo Durán, municipio de Aguaray, se encuentra ubicada la única refinería del norte argentino, que recibe petróleo crudo y gas natural proveniente de la cuenca del Noroeste y del sur de Bolivia para su procesamiento industrial.

Refinor -conformado en la actualidad por YPF, Pampa Energía y Pluspetrol- es el consorcio que en el año 1992 y luego de un concurso público internacional se hizo cargo de este centro neurálgico de generación de energía, que cuenta con un laboratorio que controla cada uno de los pasos de elaboración de los productos y la calidad final de los mismos, y el medio de distribución -a través de un poliducto de 1.100 kilómetros de extensión- de los derivados que se producen en la región.

En 1994 Refinor comenzaba la apertura de los centros de servicios Refinor, cuya red se extiende en la actualidad a provincias del norte y noroeste, 80 en total. 

Unos 400 operarios de alta calificación más otros 150 pertenecientes a empresas de servicios trabajan en la planta, a los que se suman trabajadores no calificados de las comunidades originarias, como Campo Durán, que realizan tareas de mantenimiento. Y en los centros de servicios trabajan unas 1.200 personas más.
 El complejo para llevar adelante la refinación del petróleo y la industrialización del gas cuenta con plantas de procesamiento como: destilación atmosférica de Topping, destilación al vacío hidrotratamiento de naftas, reformado catalítico de naftas (planta de reforming), turboexpansión de gas y fraccionamiento de LPG.

El ingeniero Dante Eichenberger es desde marzo de 2017 gerente operativo del Complejo Campo Durán, que comprende la destilería y el poliducto, y se desempeña en Refinor desde hace 17 años. En referencia a la actividad que tiene el complejo explicó que “estamos operando a plena carga con relación al gas, ya que al complejo ingresa lo que producen las operadoras Pan American Energy, Tecpetrol y Pluspetrol, que en su conjunto suman una producción de alrededor de 5 millones y medio de metros cúbicos de gas por día. A eso -precisó el directivo- le sumamos el gas que proviene de Bolivia, que suman 15 millones de metros cúbicos, ya que la destilería tiene una capacidad de industrialización de gas de 20.350.000 metros cúbicos/día”.
Bolivia aporta el gas que producen los pozos del sur de ese país, algunos de los cuales se ubican en las mismas formaciones geológicas de los yacimientos norteños. Desde 2016 esa rica región gasífera cuenta con la planta Carlos Villegas, más conocida como Planta Gran Chaco, que se ubica a pocos kilómetros de la localidad de Yacuiba y que fuera construída con una tecnología muy similar a Campo Durán. 

En ese complejo el procesamiento del gas consiste en la recuperación del LPG (liquified petroleum gas por su sigla en inglés). Pero a diferencia de lo que sucede en el norte argentino, el sur boliviano no cuenta -al menos en la actualidad- con el sistema de ductos que se requiere para sacar la producción, por lo que solo pueden recurrir a camiones de transporte. 

En relación con el petróleo, el gerente operativo del complejo Refinor precisó que “solamente procesamos lo que se produce en la cuenca del NOA, lo que implica alrededor de 1.100 m3/día y que se utiliza para la fabricación de gasoil y nafta virgen, que es refinada en la propia destilería; posteriormente es enviada a la planta que el consorcio posee en Tucumán, donde se le agrega un 10% de biocombustibles, como dice la legislación vigente.

"NO VIAJEN A BOLIVIA": LA ADVERTENCIA DE UNA SALTEÑA QUE VIVIÓ UN CALVARIO

Contexto de Argentina (www.contextotucuman.com)

                                                      

En medio de la polémica sobre el cobro a los extranjeros que vienen a atenderse en hospitales públicos de Argentina, una mujer salteña contó el calvario que le habría tocado vivir para pasar la frontera.

"Tengan cuidado y no viajen para Bolivia. Hace unos días partimos desde Tartagal (Salta) hacia Santa Cruz. Hicimos migraciones en Salvador Mazza y aduana para poder pasar presentando toda la documentación de toda mi familia y de mi vehículo. Pero pasando Yacuiba comenzó nuestra película de terror", empezó el relato.

 "Aproximadamente nos hicieron 10 controles de policía y peaje, en cada uno de ellos pagábamos, no solo peaje sino también a los policías que veían la patente de Argentina y se venían como buitres a nuestro vehículo para pedir plata", agregó la mujer.

"Pero no fue solo eso, sino que en dos controles nos bajaron del auto nos pidieron y  toda la documentación, botiquín, triangulo, chaleco, etc. Y como vieron que tenía todo, en un momento en que nos dimos vuelta un policía me hizo desaparecer un papel de migraciones de mi hijo. Es así que me pidió DESCARADAMENTE PLATA para poder pasar", lanzó esta salteña.

Finalmente, la mujer y su familia llegó a Santa Cruz (Bolivia) después de haber pasado un momento terrible. "Nos trataban y gritaban como si fuéramos criminales, y simplemente solo nos íbamos de vacaciones a dejar nuestro ahorro a ese país. Yo deje constancia de todo lo que me ocurrió en el Consulado de Argentina que está en Santa Cruz y espero que pueda llegar bien a Argentina porque tenemos miedo que de vuelta nos ocurra lo mismo. ¡No viajen a Bolivia, es terrible!".

DASTIS PONE ORDEN EN EL CONSULADO DE ESPAÑA EN STA. CRUZ DE LA SIERRA

¿Para cuándo en el Consulado General de España en Cuba donde las irregularidades y fraudes diversos son de notoriedad pública desde hace años?

El Diario de España (www.eldiariodelamarina.com)

                                                                              

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ha cesado al cónsul español en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Juan Ignacio Alvarez-Gortari, por no haber tomado medidas, como le pidió el Ministerio, a raíz de un caso de estafa con visados y pasaportes por el que han sido detenidos dos trabajadores del consulado.

Fuentes diplomáticas han informado a Europa Press de que Alvarez-Gortari ha sido cesado porque no se considera la persona idónea para gestionar esta crisis.

Según la prensa boliviana, a finales de enero fueron detenidas en Santa Cruz de la Sierra cinco personas, entre ellas dos trabajadores del consulado, acusados de estafar a cerca de 70 personas a las que pedían hasta 7.000 dólares por conseguirles visados españoles.

Según estas informaciones, los trabajadores del consulado participaban emitiendo pasaportes, pero sin visado. Los cinco detenidos son de nacionalidad boliviana.

Las fuentes han señalado que Exteriores tuvo conocimiento del caso a raíz de las detenciones, por información de las autoridades bolivianas, y que pidió al cónsul que tomase medidas, pero éste no lo ha hecho y, ante la gravedad del asunto, el ministro ha decidido destituirle.

Paralelamente, Exteriores ha abierto una investigación sobre el caso, y para ello ha enviado a Santa Cruz de la Sierra a personal de la embajada en La Paz. Próximamente viajará a la ciudad personal de la sede central de Exteriores.

El cese del cónsul, adelantado por la web especializada ‘The diplomat in Spain’, está amparado por el artículo 6 del real decreto 674/1993, sobre provisión de puestos de trabajo en el extranjero y ascensos de los funcionarios de la carrera diplomática.

El artículo establece que los puestos en el exterior son de libre designación y podrán ser removidos discrecionalmente de su puesto de trabajo, oída la Junta de la carrera diplomática. Juan Ignacio Alvarez-Gortari fue nombrado cónsul en Santa Cruz de la Sierra a finales de abril de 2019.

AVANZA EN BOLIVIA LA INVESTIGACIÓN SOBRE RED QUE PROMETÍA VISADOS A ESPAÑA

El Diario de España (www.eldiario.es)

                                                                            

La Fiscalía y la Policía de Bolivia avanzan en las investigaciones sobre la red de supuestos estafadores que prometían visados a España a cambio de dinero, en la que están implicados dos empleados del Consulado español en Santa Cruz (este), informaron hoy a Efe fuentes judiciales y policiales.

El cónsul español en Santa Cruz, Juan Ignacio Álvarez-Gortari, ha sido destituido por "negligencia" y "no hacer su trabajo de forma adecuada" ante este caso, pero "no por que estuviera involucrado en la trama", según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

La pesquisa se encuentra en etapa preparatoria, en la que se acumulan "indicios y evidencias" para que el Ministerio Público pueda fundamentar una acusación, dijo a Efe el director del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP) en Santa Cruz, Víctor Hugo Sanabria.

En la etapa preparatoria, que tiene una duración de seis meses, los imputados también tienen derecho de presentar pruebas para defenderse, explicó Sanabria.

Por su parte, el fiscal departamental de Santa Cruz, Freddy Larrea, declaró a Efe que se están efectuando nuevas pericias y "se están colectando más elementos para ver quiénes son las otras personas que componen esta red".

Larrea señaló que en una primera fase de la investigación se pudo establecer la posible autoría de tres personas, incluidos dos empleados bolivianos del Consulado español en Santa Cruz, que están en detención preventiva en una cárcel cruceña.

Estas personas "han sido plenamente identificadas por las víctimas" y además se estableció "vínculos a través de llamadas telefónicas y mensajes, tanto con las víctimas como entre ellos", indicó el fiscal.

Agregó que se ha identificado a otras personas que podrían estar implicadas en el caso y que continuarán las investigaciones para establecer su grado de posible participación en la red.

El caso fue denunciado en enero pasado por el ministro de Gobierno (Interior) de Bolivia, Carlos Romero, y la Policía boliviana, que explicaron en su momento que los supuestos implicados pedían altas sumas de dinero a sus víctimas y les convencían para que entregaran sus pasaportes "legalmente tramitados".

En uno de los operativos policiales realizados en enero se encontró a uno de los acusados con varios pasaportes y casi 2.500 dólares.

Inicialmente fueron aprehendidas con fines de investigación seis personas, todas de nacionalidad boliviana, de las que tres han sido identificadas por las víctimas.

Según Larrea, no se tiene una cifra exacta de víctimas, pues se sospecha que muchos no se han sumado a la denuncia.

Asimismo, añadió que algunas personas estafadas llegaron a pagar hasta 20.000 dólares por los trámites de visado.

LOS ÁRBOLES DEL AMAZONAS BOLIVIANO PIERDEN SU VERDOR

El cambio climático y la deforestación amenazan la supervivencia de los indígenas

La razón de España (www.larazon.es)

                                                       

El cambio climático ha acabado hasta con el verdor de algunos árboles en el Amazonas boliviano, en medio del desastre de sequías e inundaciones al que se suma la deforestación, que ha terminado con medio millón de castaños de cuyo fruto depende la pervivencia de comunidades indígenas.

Los recursos que brinda la Amazonía han sido aprovechados desde siempre por indígenas y campesinos, desde la época de la goma hasta el actual aprovechamiento de la castaña, la palmera de asaí o la madera.

Sólo de la castaña viven más de 15.000 «zafreros», trabajadores que se dedican a la recolección de este fruto tres meses al año, y unas 200 comunidades indígenas de la Amazonía boliviana, según explicó a Efe el sociólogo Gregorio Quirós en Riberalta.

La situación más crítica se vivió la temporada pasada, cuando la zafra o recolección de la castaña estuvo muy por debajo de la media y provocó que muchas familias se endeudasen para sobrevivir.

Estas familias trabajan juntas durante esos tres meses y lo que ganan lo administran para aguantar hasta la temporada siguiente.

Luis Sánchez, campesino indígena que se dedica a la recolección de la castaña desde hace cuarenta años, declaró a Efe que «en los últimos años se ha visto que el cambio climático tal vez pueda ser el culpable, porque los árboles ya no son lo mismo que antes, eran verdes, ahora hay partes secas».

No obstante, en su última salida al campo en el municipio amazónico de Puerto de Gonzalo Moreno, Sánchez reconoció que este año «la situación ha mejorado», aunque no a niveles de hace una década.

Aparentemente la situación se mantiene estable, con unas lluvias intermitentes, un calor sofocante y una humedad agotadora, pero los habitantes con más experiencia subrayan «que ya no llueve como antes».

Edwin Endara, ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Gomeros y Castañeros de Bolivia, dijo a Efe que «el año pasado fue un fracaso, un desastre, la gente no tenía para comer».

El sindicalista es consciente de la necesidad de emprender y buscar otros proyectos, pero reclama más apoyo gubernamental para mejorar la capacitación medioambiental y la sensibilización de la población.

«Queremos que vengan aquí y nos capaciten para cuidar el medio ambiente, si no hay almendra -como también se conoce a la castaña en la zona-, 15.000 personas nos quedamos sin trabajo», advirtió.

Pero no solo los cambios en el clima han afectado al cultivo y recolección de productos, sino que la evolución en los modelos forestales y sistemas productivos hacia pastizales y zonas agrícolas diferentes está matando a los castaños.

Según datos de la Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), en los últimos diez años cerca de 400.000 hectáreas de bosques de la Amazonía boliviana han sido convertidas en pastizales, áreas agrícolas y otros usos de la tierra, conllevando la muerte de más de medio millón de castaños.

La conclusión general es que necesitan más apoyos para reconducir el modelo productivo amazónico y proteger los bosques bolivianos del cambio climático, para que el Amazonas siga siendo no solo el pulmón del mundo, sino una gran fuente productiva para quienes dependen de él.

UNA NIÑA QUE FUE ABANDONADA POR SU MADRE EN BOLIVIA FUE RESTITUIDA A SUS FAMILIARES EN SALTA

La madre obligaba a la niña a realizar tareas domésticas y de cuidado de otros hijos menores de la mujer sin proporcionarle escolaridad. 

El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.com)

                                                                            

Una niña de diez años que había sido llevada a Bolivia por su madre, quien luego la abandonó con el argumento de que no podía criarla ni cuidarla, fue restituida a familiares de Argentina por decisión de una jueza de Tartagal, informaron hoy fuentes judiciales.

La decisión fue tomada por la jueza de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia 1 de Tartagal, Claudia Yance, quien realizó ayer la audiencia de restitución en la que participaron la niña y su tía.

De esta manera terminó un largo proceso de restitución internacional, ya que la niña se encontraba en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, hasta donde la llevó la madre, quien la obligaba a realizar tareas domésticas y de cuidado de otros hijos menores de la mujer sin proporcionarle escolaridad.

El camino de regreso de la menor comenzó cuando la niña le contó a un policía en Bolivia lo que estaba viviendo.
En el país vecino tomó intervención la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, que es el organismo especializado en la atención del menor, y cuanto la madre fue consultada respondió que no estaba en condiciones de cuidarla ni criarla, por lo que manifestó su decisión de entregarla al cuidado del Hogar Main, en Santa Cruz de la Sierra.

Enterados de esta situación, los familiares de la niña en Argentina decidieron iniciar las acciones judiciales de restitución internacional, para lo que apelaron a la Convención Interamericana y recordaron que la menor fue retenida por la madre más allá del plazo estipulado para su permanencia fuera del país, que eran noventa días, según las fuentes.

En el proceso, la jueza dio intervención a la Cancillería Argentina, el Consulado argentino en Santa Cruz de la Sierra y la justicia boliviana.  El 30 de diciembre del año pasado, Yance ordenó la Restitución Internacional, y la orden judicial se efectivizó el último 27 de febrero, en Santa Cruz de la Sierra.

“El tiempo es fundamental en todos los asuntos humanos y lo es de manera relevante en el desarrollo de los niños”, señaló la jueza, que enmarcó su resolución en la Ley 23358 que aprobó la “Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores”, adoptada en 1989 en Montevideo.

La niña estaba a cargo en Argentina de su abuela, perro tras su muerte fue trasladada por su madre biológica con una autorización que le permitía quedarse en el país vecino solo noventa días.

La magistrada recordó que la Convención “reconoce derechos en beneficio de los infantes" y "les impone a los Estados parte una concreta obligación de protección en beneficio de los niños”.

“El reclamo restitutorio tiene como finalidad restablecer el equilibrio roto por quien ha contribuido a producir un desarraigo abrupto e ilegítimo de la niña respecto del ámbito social donde se desarrolló y realizó su primera formación, limitando su finalidad a restablecer la situación de la niña turbada por el traslado a un país extraño, mediante el retorno inmediato de la niña desplazada a su lugar de residencia habitual”, explicó Yance.

La jueza agregó que es la tía "la persona más importante" en la vida de la niña, y se refirió a la necesidad de “un fuerte sostenimento por el tiempo de institucionalización que lleva”.

La audiencia de restitución internacional se hizo ayer en el juzgado, donde Yance le indicó a la tía que deberá regularizar la situación jurídica de la niña, tras lo cual ambas pudieron irse a casa.

ARGENTINA Y BOLIVIA ANALIZAN LA ACTUALIDAD DE LA PLAGA DE LANGOSTAS

Se definieron labores conjuntas en frontera como identificación de referentes, sistemas de alertas y fechas de monitoreos.

Agritotal de Argentina (www.agritotal.com)

                                                                                             

Los servicios sanitarios de la Argentina y Bolivia destacaron las acciones conjuntas para el control de la langosta sudamericana presente en la región y analizaron la actualidad de la plaga en ambos países.

En conjunto con los ministerios de las provincias de Salta y Jujuy, el Senasa y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) de Bolivia, se definieron labores conjuntas en frontera como identificación de referentes, sistemas de alertas y fechas de monitoreos.

Respecto a la situación de la plaga en Argentina, el coordinador del Programa Nacional de Langosta y Tucuras dependiente del Senasa, Héctor Medina, indicó a Télam que "lo que se ve ahora es una disminución de la plaga".

"Eso es por el control entre productores y de las provincias, pero también responde a un comportamiento característico de la plaga, que se refugia en lugares en inaccesibles. Esto que estamos viviendo ya lo vivimos en 2016: se esfumo y después apareció en Bolivia", explicó. Sin embargo, Medina aseguró que "va a volver, pero no sabemos cuando".

En cuanto a los países de la región y el trabajo conjunto entre éstos, el especialista remarcó que "la diferencia entre Bolivia y Paraguay es que en Argentina se mantuvo el programa de prevención en los últimos 100 años y a ellos los sorprendió totalmente. Siempre es una sorpresa, pero nosotros sabemos como trabajarla".

Por tal motivo, "lo que estamos haciendo es mantener una cooperación entre los países y de asistencia técnica. Estamos armando un programa regional que involucra una tarea conjunta entre los tres países y la implementación de un sistema de información único", concluyó.

EN BOLIVIA MÁS DE 200 MILLONES DE PRODUCTOS DE AMAZON FUERON COMPRADOS EN EL 2017

Perú - Retail (www.peru-retail.com)

Las ventas online crecieron 21% en Latinoamérica el año pasado, a pesar que Bolivia no mostró alzas claras; sin embargo, a partir del lanzamiento de TuMercadazo.com se espera que el país se consolide en el sector.

De acuerdo a la plataforma digital TuMercadazo.com, el año pasado se logró a través de su canal concretar la compra de más de 200 millones de productos de Amazon desde territorio boliviano, lo que indicaría que el país está teniendo una gran oportunidad de crecer en el e-commerce.

A inicios de marzo, la marca lanzó el Marketplace que permitirá que las más de 30 empresas que trabajan con la compañía, puedan ofrecer sus productos en Bolivia.

Cabe recordar que según la agencia Emaketer, para el 2019 prevé que existan 151 millones de compradores online en América Latina y que además se logre ganar $84 billones de dólares en dichas transacciones.

“Las empresas bolivianas van a poder vender a todo el país aunque no estén físicamente, a través de la plataforma lo harán efectivo y así también el usuario tendrá la alternativa de comprar en todo Bolivia por más que esté en un departamento diferente”, explicó Denis Velasco, gerente general de la firma.

Es así que el pronóstico apuntaría que el país boliviano se una a Argentina, Perú, México o Brasil en esta era de crecimiento del comercio electrónico, puesto que el año pasado la región aumentó en este rubro un 21%. Bolivia en los últimos años no ha venido figurando en los informes acerca de la representación de cada país en el mercado del comercio online; sin embargo, a partir de estas plataformas que van cobrando fuerza se cree que en los próximos años más usuarios se unan a la tendencia.

EL CUADRO POLÍTICO ACTUAL Y LOS ERRORES DE LA IZQUIERDA

La República de Uruguay (www.republica.com.uy)

                                                                                

El cuadro político internacional es confuso, con mucha incertidumbre y difícil de prever. No es sencillo comprender la política de Trump, que impulsa el proteccionismo, que defiende las guerras comerciales, que afecta la inmigración y que es difícil que consiga aliados, como tuvo EEUU después de la segunda guerra mundial.

La Unión Europea vive un proceso de derechización política y los permanentes ajustes económicos le dificultan salir de la crisis generada en el 2008. El capitalismo desarrollado vive una etapa de grandes descontentos políticos y sociales, profundizándose en las últimas décadas las desigualdades, derivadas de una elevada concentración de ingresos en el 1% de mayores ingresos.

En lo económico se inicia un crecimiento en la economía de EEUU, pero la incertidumbre surge por las posibilidades de aumentos en la tasa de interés que influya sobre el movimiento de capitales, generando nuevas incertidumbres en los países emergentes, incluidas en la América del Sur. Por otro lado, surge China con grandes avances económicos, alcanzando el primer lugar en el plano comercial, y siendo uno de los principales compradores de los países de América del Sur.

A la actual competencia comercial entre EEUU y China se agrega una futura competencia en el plano financiero, con las repercusiones políticas correspondientes. Todo esto influye en la evolución de los precios de las materias primas y alimentos, y, por lo tanto, en la evolución económica de los países de la región.

En el plano regional se constata una fuerte ofensiva de la derecha, que desplaza a gobiernos progresistas de la América del Sur, que en los últimos años habían alcanzado a 7 países. Hoy quedan los gobiernos de Evo Morales en Bolivia y el Frente Amplio en Uruguay, con la incógnita de las especiales características del gobierno de Venezuela.

La caída de los precios internacionales de los productos de exportación desde 2014, tuvo influencia, pero sin duda hubo errores de la izquierda. Lamentablemente penetró el fenómeno de la corrupción en los gobiernos progresistas de Brasil, Argentina, Chile, Ecuador y Venezuela. Por otro lado, junto a avances sociales muy significativos hacia la igualdad, hubo problemas en la elaboración e implementación de políticas económicas, que dificultaron el mantenimiento en el poder.

En el plano nacional, junto al crecimiento económico del 3% hay dificultades para seguir mejorando el empleo y la competitividad, especialmente para seguir exportando con mayor valor agregado. Si bien el FA encabeza las encuestas está muy lejos de los niveles alcanzados en la última elección. El cuadro político muestra al Partido Nacional como el gran contrincante de la próxima elección. Pero el Partido Nacional está enredado en conflictos entre sus principales líderes y acciones de nepotismo y corrupción en algunas intendencias blancas.

El Partido Colorado se mantiene muy golpeado después del gobierno de Jorge Batlle y no se vislumbran mecanismos de recuperación. Los descontentos con el FA le están permitiendo mínimos avances a la Unidad Popular y al Partido Independiente. Y sigue las incógnitas sobre el Partido de la Gente. Surge en la actualidad una ofensiva de la derecha, que se expresa más en organizaciones sociales que en los partidos políticos tradicionales. También influyen en esta ofensiva el papel de los grandes medios de comunicación. Los partidos de la derecha tienen la gran dificultad de no poder conformar propuestas ni programas alternativos.

En el campo internacional hay una fuerte ofensiva de la derecha, pero sus propuestas económicas no gozan de buena salud, ni tampoco las provenientes de los organismos internacionales como el Banco Mundial y el FMI. La derecha nacional no tiene de donde copiar ni imitar, máxime si analizamos los negativos resultados de los actuales gobiernos de Brasil y Argentina.

Los gobiernos del FA han logrado éxitos significativos en los derechos de las personas, en el ámbito social por los avances hacia la igualdad y en el plano internacional como por ejemplo en la plenitud de su democracia con un gobierno de izquierda y en la menor corrupción. Pero en estos días nos interesa destacar cierto grado de soberbia que no le hace bien a la izquierda. El mensaje presidencial a cargo de un periodista no fue lo más adecuado a nuestro criterio. Pero hay errores y no nos convencen los argumentos sobre temas como el déficit fiscal, los acuerdos comerciales y el atraso cambiario. Se plantea la necesidad de bajar el déficit fiscal porque se puede perder el grado inversor.

En días posteriores se festeja que tres calificadoras de riesgo subieron la nota de Uruguay un escalón superior al grado inversor, con el mismo déficit fiscal. La Unión Europea se fijó como límite del déficit fiscal el 3% del PBI. Además, la deuda de Uruguay está muy cubierta por potenciales préstamos de organismos internacionales si fueran necesarios, y es una deuda de largo plazo, ya que más del 50% está en moneda nacional. El déficit fiscal hay que bajarlo pero el tema no es tan grave como se quiere presentar.

Sobre los acuerdos comerciales no es que haya una posición buena, moderna, flexible y reconocida y otra mala, cerrada, retrógrada e ideológica como lo plantean algunos ministros. No estamos en contra de acuerdos comerciales, pero no queremos que profundicen la inserción basada en recursos naturales sin valor agregado y se deteriore el sector industrial afectando el futuro desarrollo del país. Queremos enfrentar la relación Centro-Periferia y no profundizarla como lo hacen los acuerdos comerciales liderados por los países desarrollados, y las grandes empresas transnacionales.

Tampoco acordamos con los temas nuevos que nos afectan, como las compras gubernamentales, la propiedad intelectual, las normas de competencia que limitan el papel de las empresas públicas, las listas negativas en los servicios y la prórroga de jurisdicción para los conflictos entre inversor y el Estado, que nos lleva a tribunales internacionales como el Ciadi que generalmente opta por los intereses de los inversores.

Sobre el atraso cambiario nos expedimos en múltiples oportunidades y en la última nota de la semana pasada. Cualquiera sea la base que se tome para la comparación surge con nitidez la caída del tipo de cambio real. La temporada de turismo fue muy buena porque el atraso cambiario de Argentina y Brasil es superior al existente en Uruguay. La soberbia en algunos integrantes del Poder Ejecutivo, en sus afirmaciones sobre estos temas, no le hace bien a la izquierda.

EDITORIAL: LOS QUE SE AFERRAN AL PODER

Varios gobiernos de Latinoamérica impulsan también la reelección definitiva

La Opinión de EEUU (www.laopinion.com)

                                        

La permanencia en el poder está en la naturaleza humana. De ahí la importancia del límite a los periodos presidenciales, y la gravedad cuando el mandatario de turno los quiere eliminar.

El caso de China es el más actual y relevante por el impacto geopolítico de esa nación. Ahora el Parlamento chino considera eliminar el máximo de 10 años en el poder para el presidente Xi Jinping. El límite fue establecido en la década de los noventas con el fin de evitar dictaduras como la de Mao Tse Tung.

El sistema chino no es una democracia, pero quería evitar la acumulación de poder como ha ocurrido con Xi para no repetir la dictadura indefinida.

Los científicos dicen que la “paradoja del poder”,  “el síndrome de la arrogancia” son condiciones específicas cambian la personalidad de quien está mucho tiempo en el poder.

Ellos indican que algunos individuos pierden las capacidades que los ayudaron a llegar donde están. Se pierde la empatía, surge el desprecio hacia otros, se pierde contacto con la realidad, se toman acciones inquietantes y se muestra incompetencia.

Latinoamérica es un muestrario de este problema. De demócratas que dejan de serlo, de asumir representaciones que se pierden y de creer que son salvadores de la patria. De creer que el país los necesita en el poder, cuando son ellos los que no pueden vivir sin él.

Hay casos como el de Venezuela.  El líder carismático que abusó del poder para cambiar las reglas murió y sus sucesores siguen su ejemplo. Basta ver la burla que es la próxima elección presidencial.

En febrero pasado al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, le salió el tiro por la culata. Allí perdió un referendo que eliminó la posibilidad de la reelección indefinida, que él mismo había creado desde la presidencia. Reconoció su derrota y regresó a Bélgica.

Quien no la aceptó fue el presidente de Bolivia, Evo Morales. Hace dos años los bolivianos rechazaron su reelección en un referendo. Más tarde, el Tribunal Constitucional acusó a la oposición de mentir durante la campaña y en una decisión irrisoria le otorgó el triunfo a Morales. Ahora puede buscar la reelección en 2019.

En Estados Unidos no había límites hasta que Franklin D. Roosevelt ganó un tercer período. El presidente Trump bromea que le gustaría ser como XI, pero ya en serio, el neoyorquino fue el primer mandatario que se presentó oficialmente a la reelección el mismo día que asumió el poder.

En China se argumenta que para realizar planes a largo plazo se necesita un líder que esté mucho tiempo en la conducción. Es cierto que es un problema cuando un presidente borra todo lo que hizo el anterior para empezar de cero. Pero la acumulación del poder ilimitado deforma el proceso electoral y mata a la democracia. Ese es un precio demasiado alto a pagar.

UN SOLDADO QUE CAMBIÓ EL RUMBO DE LA HISTORIA: CHÁVEZ

PSUV de Venezuela (www.psuv.org.ve)

                                                                 

Por: Clodovaldo Hernández.- Cuando se dice que algo o alguien cambió el rumbo de la historia, puede parecer una afirmación rimbombante y fanática. Pero en el caso del comandante Hugo Chávez es una estricta verdad. Duélale a quien le duela, el país cambió luego de que aquel joven soldado -por entonces enjuto y atlético, con uniforme de paracaidista- apareció en escena. Desde entonces, nadie ha vuelto a ser el mismo. ¿Cómo puede llamarse eso sino “cambio de rumbo histórico”?

Si queremos otra prueba de su trascendencia en el devenir nacional (y mundial) consideremos que han pasado cinco años de su desaparición física y su liderazgo no ha hecho más que fortalecerse. Los enemigos, que lo odiaron literalmente a muerte, continúan peleándose a diario con su espectro y siguen siendo derrotados.

Volvamos a 1992 y analicemos el asunto del punto de origen de su dimensión histórica. Quienes han pasado 26 años intentando descalificarlo, dicen que Chávez no era el verdadero jefe de la asonada y que, además, fracasó en su intento de poner Caracas bajo control de los insurrectos. Tampoco le atribuían la jefatura intelectual, pues esta supuestamente pertenecía al atildado y culto Francisco Arias Cárdenas. Pero lo cierto y verificable es que solo él se transformó instantáneamente en un líder nacional. Y solo él logró preservar –sin mácula- esa condición a lo largo de su carrera política.

Si se compara el desarrollo de los protagonistas del 4F (exceptuando al prematuramente desaparecido Jesús Ortiz Contreras), uno puede preguntarse por qué fue Chávez y no Arias Cárdenas ni Joel Acosta Chirinos ni Jesús Urdaneta Hernández, quien asumió el liderazgo del movimiento, una vez sofocado. Algunos dirán que fue cuestión de audacia y carisma, pero esa es una visión reduccionista. Los hechos posteriores demostraron que era Chávez el que tenía clara la magnitud de la fuerza popular que acababa de activarse. Era un predestinado.

Muchos analistas políticos de los años 90 coincidían en que Chávez sería un fenómeno efímero. Pronosticaban que al ser puesto en libertad y lanzado al ruedo político, se desdibujaría como lo que suponían que era: un milico trasnochado. Grave error de cálculo, pues, muy por el contario, Chávez en la calle y en la arena política resultó ser más fenómeno todavía. Desde 1994, cuando salió de la cárcel, hasta 1997, cuando el Movimiento V República resolvió ir a la contienda electoral, el liderazgo político de Chávez se fraguó con la fuerza del acero. En el año electoral 1998, el poderosísimo sistema político de Puntofijo estaba al borde del naufragio. Si eso no se puede considerar un drástico cambio de rumbo, que alguien diga qué fue.

Una de las claves del meteórico crecimiento de Chávez como líder puede encontrarse en que asumió dos actitudes muy poco habituales en los políticos tradicionales: se echó la culpa de una situación muy grave (“yo asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano”, dijo el 4 de febrero) y cumplió su promesa básica de campaña de manera inmediata a la toma del poder (convocó a la Asamblea Nacional Constituyente).

Con el aval de encarnar un nuevo tipo de liderazgo, comenzó un gobierno diferente a todos los anteriores, energizado por el desbordante entusiasmo de un pueblo.

El presidente, que en ese momento tenía apenas 44 años, empezó de inmediato a trascender las fronteras nacionales. En tiempos del reinado unipolar del capitalismo, la impronta soberanista y popular que marcó su gobierno desde el primer día, levantó roncha en un continente pleno de gobiernos obsecuentes o sometidos por la opresión económica del norte. Es por ello que la campaña de descrédito, que se había iniciado desde que se convirtió en favorito para ganar las elecciones, arreció sostenidamente con cada una de sus ejecutorias en el gobierno.

Para finales de 2001, dotado de amplios poderes habilitantes, emprendió cambios jurídicos de fondo dirigidos a puntos neurales del capitalismo: la posesión de la tierra y la sacrosanta libertad de empresa. Adicionalmente, en el complejo mundo post-11 de septiembre, Chávez no se alineó a rajatabla con un Estados Unidos que desató la guerra en Afganistán, supuestamente contra el terrorismo. Su denuncia de los terribles daños colaterales del conflicto (niños y otros inocentes caídos bajo la más avanzada tecnología de la muerte) enfureció a la clase gobernante mundial. Claramente se le tachó de enemigo.

Llegó el terrífico año 2002, cuando una oposición envalentonada por los primeros estragos en la popularidad de Chávez se lanzó la parada del golpe de Estado, dando pie a otro de los momentos estelares del comandante. Apenas unas horas después de ser derrocado, una marejada de pueblo civil y militar hizo lo impensable: lo restableció en su cargo, otro acontecimiento único en la historia.

En los meses siguientes a abril siguió su tenaz combate contra un enemigo bien apoyado aunque no tan guapo. Superó con astucia el episodio mediático de la plaza Altamira y enfrentó al lado de un colectivo heroico el paro petrolero y patronal de diciembre-enero. Más capítulos para un relato épico.

Esos años son una muestra de su manera de estar en el mundo: sin pedir ni dar tregua a los adversarios. En 2004 se sometió a una prueba de la que muy pocos presidentes, emperadores o reyes podrían salir ilesos, el referendo revocatorio. Su campaña victoriosa quedó registrada como una joya de la estrategia política, tal como la batalla de Santa Inés lo había sido en el campo militar.

Chávez siguió trazando el nuevo rumbo de la historia en el tiempo que le quedaba en este plano terrenal. Lo hizo en sus contundentes victorias de 2006 (presidenciales), 2009 (referendo de la enmienda constitucional) y 2012 (presidenciales de nuevo). También lo hizo en sus dos grandes derrotas: la electoral de de 2007 (referendo de la reforma constitucional) y la que sufrió ante la terrible enfermedad que finalmente lo doblegó en 2013. Su discurso del 8 de diciembre de 2012, especie de lectura de su testamento político y humano, es algo que solo puede hacer un ser trascendental: ponerle el epílogo a su propia historia.

Una figura mundial

Además de histórico, el humilde campesino que nació en Sabaneta de Barinas el 28 de julio de 1954, logró convertirse en una figura de proyección universal. Se puede hacer una revisión exhaustiva de todos los presidentes anteriores a Chávez, desde Cristóbal Mendoza (el primero después de la Independencia) o desde José Antonio Páez (el primero tras la ruptura de la Gran Colombia), y no se encontrará ninguno que haya generado tanto interés en el mundo.

Una investigación realizada a principios de esta década por el historiador Rafael Ramón Castellanos arrojaba la conclusión de que Chávez era ya para ese momento, a escala mundial, el presidente acerca de quien se habían escrito más libros, tesis de grado y otros trabajos académicos, superando incluso a uno de sus grandes mentores, Fidel Castro, y al carismático francés Charles De Gaulle. En 2010, Castellano tenía registradas las fichas de 3 mil 133 obras. En los ocho años transcurridos desde entonces, el volumen de libros y trabajos académicos debe haber aumentado exponencialmente.

Si a eso se le suman las toneladas de palabras que se han escrito (y se siguen escribiendo) sobre Chávez en los medios de comunicación de todo el planeta, se entiende por qué en cualquier lugar del orbe, usted dice que viene de Venezuela y –en el idioma que sea- alguien exclamará: “¡Oh, Chávez, Chávez!”.

ARGENTINA: NO ES BOLIVIANO, PARAGUAYO NI JUDÍO. ¿QUIÉN ES?

La Haine de Venezuela (www.lahaine.org)

El secretario general del sindicato de árbitros (Sadra), Guillermo Marconi, aseguró el martes pasado que evalúan “suspender los partidos cuando los hinchas insulten al Presidente” [ver https://lahaine.org/aH7B]. Hoy los referís están habilitados para frenar los encuentros cuando aparezcan agresiones o actos de discriminación contra las comunidades de Bolivia y Paraguay. Lo mismo sucede cuando cantan contra la comunidad judía.

Al comienzo Cambiemos supuso que estaban únicamente ligados al fútbol. Pero las voces de las multitudes se expandieron. Primero fueron los repudios en los estadios de River y San Lorenzo. Luego la figura del Presidente fue vituperada en dos recitales: el de Dancing Mood en el Centro Cultural Konex y en el de Los Guasones. Por una interrupción momentánea en la Línea D de subterráneos, un grupo de pasajeros embistió contra Macri en la estación Callao. Se volvieron a repetir en los estadios de Independiente, Chacarita, Gimnasia y Huracán. En este último caso por un corte de luz bastante prolongado. También en Lanús, Unión y en un estadio del ascenso, el del Club Mitre, de Santiago del Estero, del Nacional B.

Entonces, el Gobierno tomó la decisión de habilitar la discusión parlamentaria por la legalización del aborto que provoca millares de muertes evitables. Pero el cálculo político no empaña lo esencial: diputados y senadores finalmente afrontarán una discusión largamente demorada a pesar de la exigencia de la calle. Como seguramente será la del próximo 8 de Marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que tuvo su origen en un hecho de 1857, cuando cientos de mujeres de una fábrica textil de Nueva York marcharon contra los bajos salarios. La jornada terminó con 120 muertas por la brutal represión policial.

Hacia el 8M

Del total de la población relevada por la EPH en el 3° trimestre de 2015, más de la mitad (51,5%) eran mujeres. Sin embargo, a fines de 2015 el 43,6% de las mujeres encuestadas decía estar empleada, en el 3° trimestre de 2 016 ese porcentaje disminuyó al 42,9%. En el caso de las mujeres hasta 29 años, la tasa de empleo caía hasta el 31,3%, es decir que sólo 1 de cada 3 mujeres menores de 30 años tenía empleo.

En términos de desocupación, mientras en el 3° trimestre de 2016 la tasa promedio era de 8,5%, para el caso de las mujeres dicho valor aumentaba a 9,2% y al 20,8% para aquellas menores de 30 años. En comparación con 2015, todos los valores han empeorado, ya que en ese momento la tasa de desocupación femenina en general era del 6,9% (2,3% menos) y, en el caso de las menores de 30 años, era del 14%, es decir, 6,8% menos.

Mientras en 2015 las mujeres percibían un 25% menos de salario que los hombres por igual tarea desempeñada, en 2016 dicha brecha se amplió hasta un 33%, según indica un relevamiento realizado por la consultora de Recursos Humanos Mercer. Esto representa un deterioro del 8% en la relación salarial del hombre y la mujer, en tan sólo un año.

Los valores que se brindan aquí reflejan las consecuencias de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno nacional desde diciembre de 2015 a la fecha que afectaron a la clase trabajadora en su totalidad. Partiendo de una devaluación que alcanzó un pico del 62% en marzo y que ha disparado un proceso inflacionario que sólo en 2016 alcanzó un 36,25%, pasando por la política de despidos y cesantías en el ámbito público y privado que ya se cargó con más de 250.000 puestos de trabajo, hasta los aumentos de tarifas aprobados en estos últimos tiempos que destruyen los salarios -ya insuficientes, de antemano-; son todas políticas que favorecen la concentración económica y repercuten negativamente en la clase trabajadora.

La violencia doméstica también aumenta cuando la plata no alcanza y los hombres descargan sobre los cuerpos de las mujeres las frustraciones e impotencias que la crisis del sistema capitalista genera. Así también repercuten con más fuerza la desocupación, los despidos y la flexibilización laboral ya que uno de los factores que influyen en la violencia doméstica es la imposibilidad de muchas mujeres de ser independientes en materia económica. Entonces, la reducción del acceso al trabajo -o la pérdida del trabajo- favorecen el establecimiento de relaciones de dependencia de la mujer hacia el hombre, con todas las limitaciones para ellas que esto significa en términos materiales como simbólicos.

No debemos olvidarnos de la ya existente disyuntiva con la que cargan las mujeres entre acceder a un trabajo -o desarrollar una carrera- y la decisión de ser madres. Las insuficientes licencias por maternidad y su inequitativo otorgamiento sólo a las mujeres, la falta de jardines y guarderías en los espacios de trabajo, entre otras razones, son elementos que profundizan el acceso desigual de las mujeres al mercado laboral.

Pero como bien sabemos, no es solamente la decisión de ser o no ser madre la que dificulta la inserción de las mujeres en el mercado laboral, ya que en muchos casos basta con el solo hecho de ser mujer para no ser contratada. Claro está que esto también tiene que ver con la ideología capitalista y patriarcal, según la cual contratar a una mujer significa mayor riesgo, porque no solamente debe someterse a la explotación en el mercado laboral capitalista como los hombres, sino carga, en la mayoría de los casos, con el trabajo no-remunerado e invisibilizado en el ámbito doméstico, asegurando así la reproducción social y el buen funcionamiento del sistema capitalista. Ahora bien, esa doble carga genera que las mujeres, ante cualquier inconveniente en casa, la enfermedad de un/a hijo/a por ejemplo, no puedan ir a trabajar.

Por último, la gestión del Estado que lleva adelante el Gobierno nacional de Mauricio Macri, donde los recursos se orientan no en favor de los derechos de la clase trabajadora sino para garantizar mayores niveles de acumulación a los sectores económicos concentrados, también perjudica con doble fuerza a las mujeres.

La falta de recursos disponibles para implementar eficazmente la Ley N° 26.485 “De Protección Integral de la Mujer”, o para llevar adelante políticas de educación sexual o de inclusión laboral, son pruebas de ello. Por esto, el paro internacional de mujeres y la movilización del 8 de Marzo son imprescindibles para llamar la atención sobre las desigualdades que siguen reproduciendo la opresión de la mujer en el sistema patriarcal y su explotación en el sistema capitalista.

Ley de Cupo Laboral Trans

A dos años de aprobada la Ley de cupo trans, y de esperar la reglamentación de una disposición considerada modelo en el mundo, la gobernadora María Eugenia Vidal habría decidido no poner su firma y hacer todo lo necesario para que no se haga efectiva. Las reuniones y conversaciones con organizaciones que luchan por los derechos LGBTIQ no serían más que otra de las estrategias para dilatar la reglamentación de la norma que beneficiaría simbólicamente a una población sojuzgada históricamente.

Se trata de la ley nº 14.783 “Amancay Diana Sacayán” de Cupo Laboral Trans en la provincia de Buenos Aires, aprobada por la Legislatura bonaerense el 17 de septiembre de 2015, promulgada un mes más tarde y que no se implementó jamás.

“No voy a contratar a nadie: ni trans ni no trans”. Con estas palabras, en octubre del año pasado, en plena campaña electoral y ante la presencia de muy pocos funcionarios de su gabinete, la gobernadora Vidal habría enterrado la implementación concreta de la Ley de Cupo Laboral Trans. Esa reunión privada marcó el final de una estrategia oficial basada en dos años de desgaste. Desde que la Ley fue aprobada en la Legislatura, fueron convocados a consultas decenas de organizaciones LGBTIQ; el último de esos encuentros fue hace un año, en febrero de 2017. Desde ese momento hasta hoy no ha transcendido ningún avance.

La norma obliga a que el Estado provincial, sus organismos descentralizados, las empresas del Estado, las municipalidades, las empresas subsidiadas por el Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, contraten a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal. Según las estadísticas no estaríamos hablando de más de 2.000 puestos laborales.

5 y 6 de marzo: paro nacional de estatales y docentes

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina ( Ctera ) paró lunes y martes en reclamo de la reapertura de la paritaria nacional –que el Gobierno derogó por decreto– y de negociaciones sin techo salarial. Además, hicieron una movilización al Congreso nacional y harán un nuevo cese de actividades el jueves 8 en adhesión al Paro Internacional de Mujeres.

Las clases sólo comenzaron en siete provincias, donde hubo acuerdo de actualización salarial: San Luis (40%), Santiago del Estero (20%), Tucumán (17,5%), San Juan (17%), Corrientes (17%), Misiones (15,5%) y Salta (15%). En el resto del país las aulas se encuentran vacías. El Gobierno que conduce María Eugenia Vidal salió a la ofensiva y adelantó que descontará el presentismo a los docentes que se sumen a la huelga .

En la Ciudad de Buenos Aires, en los últimos 7 años la partida para educación ha caído un 8,9 % según el informe elaborado por docentes de la zona sur de la Asamblea Unificada del Distrito 21°, que abarca las escuelas ubicadas en los barrios de Villa Lugano y Villa Riachuelo .

Esta zona es la que precisamente más se vio afectada con la falta de vacantes (12.000). A esto hay que sumar el anuncio de hace una semana atrás, donde el Gobierno porteño anunció el cierre de 13 sedes del Plan FinEs dejando a 80 docentes sin trabajo y alrededor de 500 estudiantes que no podrán terminar sus estudios secundarios.

También en las últimas horas se conoció el cierre del programa socioeducativo Administradores de Red. El programa existe desde 2012 y se creó como un plan de fomento a las escuelas técnicas. La decisión de darlo de baja afecta a unos 90 trabajadores que se encargan de todo lo que tiene que ver con las redes y la conectividad de las escuelas técnicas, los pisos tecnológicos, etc.

A su vez, mientras se llevaba a cabo la apertura de la sesión legislativa de este año, una movilización de docentes y terciarios se hacía presente en la Legislatura porteña para reclamar por el aumento de salario en las paritarias, y para rechazar la intervención del Ejecutivo en la formación docente. A pesar de las amenazas de descuentos, el paro se sintió con fuerza y docentes de toda la Provincia se movilizaron masivamente en la Capital jujeña.

Con la adhesión del nivel primario agrupado en el gremio ADEP, secundario y terciario en el CEDEMS, el paro se sintió con fuerza en toda la Provincia de Jujuy, llegando al 90% de acatamiento en el nivel primario, según informaron desde el sindicato.

La Provincia se encuentra cuarta en el ranking de los peores salarios docentes, con un sueldo de $11.861 para la jornada simple en el caso de una maestra con diez años de antigüedad, apenas por encima de Misiones, Formosa y Santiago del Estero.

Por eso, el rechazo al irrisorio aumento del 5% que la Ministra de Educación, Isolda Calsina, y el gobernador, Gerardo Morales, pretenden imponer de hecho sin dar lugar a paritarias libres, como ya hicieron en los dos años anteriores, se sintió con fuerza en la multitudinaria movilización.

En Mendoza, más de 15.000 personas marcharon el lunes 26 de febrero bajo la consigna #MásParaEducación convocadas por el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE). La movilización concluyó con un acto en Casa de Gobierno. Sute es el único gremio de la provincia que no aceptó la oferta salarial del 15.7% del Gobierno en tres cuotas. El gobernador Alfredo Cornejo amenazó a los docentes con aplicar el aumento por decreto si no lo aceptan.

“En cada lugar donde haya despidos, hay luchas que van a multiplicarse”, aseguró el titular de ATE Nacional, Hugo “Cachorro” Godoy, al anunciar un nuevo paro de 48 horas de los trabajadores estatales de todo el país. La medida de fuerza del 5 y 6 de marzo, coincidirá con la huelga que convocó la Ctera a nivel nacional.

Ante los medios y rodeado de otros dirigentes nacionales, provinciales y sectoriales, Godoy explicó: “Los trabajadores en general, y los trabajadores estatales en particular, estamos atravesando los momentos más tremendos de nuestras vidas, nos está pasando lo peor. Ya son más de 3.000 los despedidos y despedidas del Estado Nacional. El Gobierno Nacional no ha dado una sola muestra de intención de generar un espacio de discusión para resolver estos problemas. Están cerrando fábricas, como en FANAZUL, terminando emprendimientos productivos, como la mina y la usina de Río Turbio, transfiriendo funciones del Estado al ámbito privado, como sucede en SENASA y en INTI”.

En la misma línea, el secretario general de ATE reclamó la reapertura de paritarias, expresó el rechazo al “techo del 15 % de aumento que pretende imponer el Gobierno” y pidió “la reincorporación de todos los trabajadores y trabajadoras despedidos” en el sector público. De esta manera, los dos gremios mayoritarios de cada una de las CTA, Autónoma y de los Trabajadores, protagonizarán jornadas de lucha que se prevén masivas.

Luego de la importante movilización y ocupación del hall de CONICET el pasado 20 de febrero, el próximo viernes 9 de marzo los investigadores y científicos volverán al Polo Científico para buscar una solución definitiva a la tanda de despidos que la patronal pretende ejecutar. Se trata de 90 trabajadores del organismo que se quedarían en la calle este mes.

Estos despidos forman parte de un recorte más general que dejó a fines del 2017 a más de 400 científicos y científicas en la calle y otros más de 400 en condición de "pendientes". En este último caso, se trata de investigadores que fueron evaluados sin tener en cuenta lo sancionado a través de la Ley que prohíbe la discriminación por edad en el ingreso a organismos públicos. Hoy aún no saben si se encuentran o no despedidos/as.

Como si esto fuera poco, el lunes 26 de febrero vía mail “al personal de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico y de la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación” el CONICET informó que “se descontinuará el pago por presentismo para el personal de ambas carreras”. La comunicación llegó con un archivo adjunto de un supuesto dictamen de la “comisión de política salarial” que intenta argumentar la no incumbencia del acta paritaria firmada en mayo de 2017 para los trabajadores del CONICET, que se desempeñan en las Carreras de Investigación y Personal de Apoyo. Según este dictamen la Comisión de política salarial evalúa que dichos trabajadores no deben ser “beneficiarios del premio por presentismo” por la modalidad de sus tareas y objetivos.

Este ataque no llega aislado. El país se encuentra conmovido por los despidos en las dependencias del Estado. El caso del INTI, que lleva un mes de lucha contra la cesantía de 258 trabajadores es el ejemplo más paradigmático. La situación del CONICET no es distinta. El combo desatado por el Gobierno implica tres patas: congelamiento presupuestario, una agresiva reducción de ingresos a las carreras de investigación (que implicó el despido de cientos de becarios los últimos dos años) y con esta última medida se desnuda la tercera pata del ajuste, el congelamiento de los salarios para aquéllos que sí lograron ingresar a las carreras.

Finalmente, los trabajadores de Río Turbio (Santa Cruz), que siguen apostados en la boca de la mina 5 de manera pacífica, denunciaron que el Gobierno nacional ordenó movilizar un escuadrón de 125 gendarmes asentados en Bariloche.

Conflictos privados

La semana pasada cuando los trabajadores de EFASA en Azul, se presentaron a su lugar de trabajo fueron recibidos en la puerta por integrantes de la empresa, quienes a “dedo” les dijeron quiénes ingresaban y quiénes no a trabajar. A los despidos, se suma la precariedad laborar a la que están siendo sometidos. Según trascendió los trabajadores estarían trabajado 14 horas diarias por un salario que no cubre la canasta familiar y sin percibir el pago de horas extras.

Las y los trabajadores del Diario Hoy y Red92 se manifestaron en las puertas del Country Abril, donde vive la dueña de ambos medios, Myriam Renée Chávez de Balcedo, para exigir el pago de los salarios adeudados. La protesta se hizo con palas y cascos de seguridad, y los empleados de la radio y el diario simularon cavar pozos, con la sospecha de que el dinero de los sueldos de enero podría estar enterrado en algún lugar de las inmediaciones de la vivienda. Cabe recordar que el hijo de la dueña y ex director de la empresa, Marcelo Balcedo, quien se encuentra preso en Uruguay e investigado por lavado de dinero, estaba a su vez sospechado de tener billetes enterrados en su mansión uruguaya, el Gran Chaparral.

La familia Balcedo adeuda $ 2.000.000 en sueldos a sus trabajadores e incumple sistemáticamente las conciliaciones dictadas por el Ministerio de Trabajo, que hasta el momento no le efectuó ninguna sanción. Luego de varias acciones de protesta que lograron visibilizar el conflicto, el Ministerio de Trabajo sentó a las partes y comprometió al grupo empresario a buscar una salida que resguarde los 700 puestos laborales en el Ingenio San Isidro. Se volverán a reunir el próximo jueves.

El martes 6 a las 14:00 realizarán una concentración los trabajadores de la metalúrgica Stockl en Camino de Cintura y Melián, Parque Industrial Burzaco. Después de dos meses de conflicto y estando aún sin respuestas de ningún tipo siguen luchando en defensa de los puestos de trabajo y exigen solución para las 130 familias metalúrgicas.

La Asociación Obrera Textil rechazó la decisión de Companhia de Tecidos Norte Das Minas (Coteminas), de despedir a otros 50 trabajadores de la planta ubicada en La Banda, Santiago del Estero, y denunció el vaciamiento de la fábrica.

Nueva ofensiva contra los sindicatos

El bloque de diputados de Cambiemos presentó un proyecto elaborado por el legislador radical Luis Petri que busca modificar algunos artículos de la Ley de Asociaciones Sindicales y del Código Penal. El proyecto exige a los dirigentes gremiales y titulares de obras sociales sindicales que, al asumir cargos en sus organizaciones, realicen declaraciones juradas de sus patrimonios y que lo vuelvan a hacer concluido su mandato. Además, a nivel penal, los coloca como sujetos de delitos a los que, hasta ahora, están expuestos exclusivamente los funcionarios públicos, como si los fondos sindicales fueran patrimonio público. El mismo proyecto fundamenta las modificaciones sobre la base de cuestionar la naturaleza de las organizaciones gremiales considerándolas entes “paraestatales” que manejan fondos de “interés social”.

La iniciativa implica una injerencia indebida del Estado sobre organizaciones que, según la Constitución Nacional y la OIT, tienen un carácter privado más allá del rol mediador que la Ley de Asociaciones Sindicales le confiere al Estado.

El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, reconoció que si bien “toda política del Estado que apunte a la transparencia es saludable, presentado el día después de una movilización masiva (21F), es evidente que se enmarca en la política antisindical del Gobierno”.

Para Omar Plaini, titular del sindicato de Canillitas, “es una barbaridad. Analizando legislación comparada, solo existió en el Gobierno fascista de Mussolini, donde los sindicatos eran un bien común administrado por el Estado”. Agregó que “las organizaciones sindicales, como las ONG, tienen sus estatutos. Rendimos cuenta ante los afiliados”.

Una ola de allanamientos a sitios vinculados al gremio de la industria lechera, Atilra, fue desatada el miércoles. Las acciones de la justicia se habrían realizado a partir de una denuncia de un yerno de Héctor “Eitin” Ponce. Por supuesta malversación de fondos fueron allanados el supermercado de ATILRA, la sede del CET del gremio, la clínica “10 de setiembre”, más otras reparticiones ligadas a Ponce, secretario general del sindicato.

Ponce es uno de los gremialistas apuntados por el macrismo y sobre el que cargaron sistemáticamente desde el Gobierno. De hecho, los allanamientos fueron seguidos de fuertes rumores de intervención sobre la organización sindical.

El Gobierno prepara un nuevo golpe a las finanzas de un sindicato opositor. Será sobre un aporte de los bancos a favor de la Asociación Bancaria, el gremio que lidera Sergio Palazzo, enfrascado en una negociación salarial inconclusa y conflictiva y con una intervención permanente de los funcionarios en el afán de encarrilar el debate en las pautas previstas por el Ejecutivo.

La medida irá en la misma línea que otra de la cartera laboral, adoptada semanas atrás, que anuló la vigencia del descuento forzoso del 1% sobre los sueldos de los empleados bancarios no afiliados al gremio, denominado "cuota solidaria".

La decisión apunta a dañar a La Bancaria, que aparece como una amenaza a la pauta salarial de 15% sin cláusula gatillo que impulsa el Ejecutivo para la actual ronda de paritarias. Mientras ese parámetro avanza entre gremios alineados con el oficialismo como Obras Sanitarias y los colectiveros de la Unión Tranviarios Automotor, el sindicato bancario y los docentes surgen como los principales obstáculos para asentarlo para el resto de las negociaciones.

La Asociación Bancaria cuenta con un antecedente judicial a su favor. Tras la caída de la "cuota solidaria" y la demora en la firma de un nuevo acuerdo salarial, por la negativa del Gobierno de habilitar una cláusula gatillo, la seccional chaqueña del gremio presentó un pedido de amparo ante la Justicia provincial para sostener la aplicación de esa herramienta de actualización salarial incluso a partir de enero, cuando en teoría ya estaba vencida.

La Justicia de primera instancia de Chaco dictaminó a favor de considerar "ultra activa" esa cláusula y el aporte forzoso de los no afiliados, es decir, por su vigencia hasta tanto el acuerdo vencido no fuese reemplazado por uno nuevo, y otorgó la medida cautelar, lo que mereció una apelación de la cartera laboral.

En paralelo a los cortocircuitos entre el Gobierno Nacional y una porción de la CGT y las CTAs, el Ministerio de Trabajo, Jorge Triaca, dispuso que se modifique la lógica de asignación de recursos de una caja, nada despreciable, de unos mil millones de pesos. Son fondos que se transfieren a los gremios y que están destinados a capacitar trabajadores agremiados para formarlos en distintas especializaciones.

La selección del ministro la componen: Antonio Caló (UOM), Ricardo Pignanelli (Smata), Luis Barrionuevo (Gastronómicos), Gerardo Martínez (Uocra), Carlos West Ocampo (Sanidad), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), Ramón Ayala (Uatre), Roberto Fernández (Uta), Luis Ramón Hlebowicz (Pasteleros) y Armando Cavalieri (Comercio).

La Comisión Directiva del SOMU dio a conocer un comunicado el lunes: “La intervención judicial que sufriera el S.O.M.U (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos), durante 2 años, se normalizará hoy (5/3) cuando se realice el levantamiento definitivo de la intervención judicial , que se producirá en una audiencia en el juzgado Criminal Correccional y Federal número 6, secretaría 11, a cargo del juez Canicoba Corral, en presencia de los 11 secretarios nacionales.

El gremio de marítimos fue intervenido judicialmente por el Juez Canicoba Corral el 18 de febrero del 2016, el cual dejó aproximadamente 4.500 marítimos desocupados y sin cobertura médica, sumada a la pérdida de la vida institucional y sindical.

Después de las elecciones llevadas a cabo el 22 de diciembre del 2017, que dieran como victoriosa a la LISTA 18 VERDE FEDERAL, encabezada por Raúl Durdos como secretario General y Daniel Mereles, como secretario adjunto, se dio comienzo a un gremio de lucha sindical, conducido por trabajadores para los trabajadores”.

Los militantes del PRO que desembarcaron en el principal gremio marítimo del país durante la intervención deberán dejar su cargo. Y algunos ya encuentran en otro organismo su próxima parada. Se trata del INTI. En las últimas horas se conoció el listado de los 94 asesores contratados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), organismo que atraviesa un duro conflicto por el despido de 258 profesionales.

En la nómina aparece Fernando Rodeles, ex jefe de prensa del Somu durante el mandato de Gladys González y ahora jefe “de facto” de la comunicación del INTI. Como en el SOMU, el ex fundación Pensar, no llegó solo, sino que lo hizo con un “equipo” de trabajo que se encarga de la “prensa”.

Pero la sorpresa del extenso listado, es que apareció Javier Otaola. Otro ex asesor de González en el SOMU, pero con la particularidad de ser hijo de Elena Otaola, ex Directora Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social durante la gestión de Carlos Tomada.

Elena Otaola fue una funcionaria de extrema confianza de los Independientes Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez, dos que como con el kirchnerismo mantienen muy buena relación con Cambiemos.

Contra los movimientos sociales: Planes sociales por programas de empleo

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación anunció el desmantelamiento de los últimos programas de empleo que le quedaban sin desfinanciar. El Programa “Argentina Trabaja” y el Programa “Ellas Hacen”. El Gobierno de Mauricio Macri desde hace dos años ha avanzado en la descooperativización de los programas eliminando el requisito de organización cooperativa al beneficiario del programa de empleo, anulando y suprimiendo matrículas de Cooperativas de trabajo, e impidiendo a las mismas acceder a la obra pública.

El Gobierno de Mauricio Macri ha vuelto a implementar los planes sociales en la Argentina. Ha creado y masificado un plan social que no tiene contraprestación alguna por parte del beneficiario, que no exige su registración en el monotributo, ni requisito de capacitación alguna a quien lo perciba.

“Los Movimientos Populares en la Argentina no queremos planes sociales. Pretendemos conservar la capacidad creativa de planificar la organización colectiva del trabajo de las compañeras y compañeros que han quedado excluidos del modelo económico que profundiza el Gobierno de los patrones”, señalan en una declaración el Frente Barrial CTA, la CNCT (Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo) y el Frente por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala.

Al respecto, el Polo Obrero señala en un comunicado que: “ Ante los anuncios de cambios en la modalidad de contra prestación de los beneficiarios de los programas sociales, 'Argentina Trabaja', 'Ellas Hacen' y 'desde el Barrio', el Polo Obrero denuncia que se trata de una medida de ajuste para achicar el gasto social y constituye un ataque contra los trabajadores precarizados.

La nueva modalidad, “hacemos futuro” sugiere que a los desocupados les faltaría capacitación para ingresar en el mercado laboral, pero la realidad es que la falta de oferta laboral está dictada por la crisis económica, el enorme endeudamiento y la especulación con bonos y dólares y la caída del consumo, es decir, por la falta de expectativas que tienen los empresarios en una reactivación de la economía, es lo que explica el fracaso del plan “Empalme” que anunció Macri hace un año.

Por otro lado, durante más de 7 años una mayoría de trabajadores de estos programas realizaron tareas de mantenimiento, limpieza y construcción en municipios y entes estatales, durante los cuales ni este Gobierno ni el anterior regularizó su situación laboral como lo exige la ley, pasándolos a la planta y al convenio correspondiente”.

Para finalizar: “Las razones de este ajuste hay que verlas como un ataque, otro más, de un gobierno de ricos contra los trabajadores, pero además son revanchistas porque se producen luego de que los desocupados y sus organizaciones fueran protagonistas, junto a una parte de la clase obrera del proceso de movilización popular contra el ajuste que se viene desarrollando desde el 14 y el 18 de diciembre.

En los próximos días nos reuniremos con el conjunto de las organizaciones piqueteras a las que les propondremos un plan de lucha unificado, con piquetes, cortes de ruta, acampes y bloqueos hasta derrotar esta ataque artero contra los desocupados y sus organizaciones”.

Los trabajadores de la cooperativa de carreros y cartoneros La Esperanza, se movilizaron a la sede del municipio de Córdoba para exigir la continuidad del Programa de Servidores Urbanos, que daba empleo a 250 familias. “Reclamamos el pago del mes de enero y febrero que no fueron realizados y que están impagos. Al subir a la explanada de Municipalidad salió el grupo de Infantería de la Policía y comenzaron a reprimir. Hay una compañera embarazada que recibió un golpe en la cabeza y fue trasladada de urgencia, y le tuvieron que hacer 20 puntos de sutura”, dijo Ignacio Andrés, miembro de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr).

En este sentido, desde la organización señalan que esta medida unilateral es una respuesta por parte del municipio, afín al Gobierno nacional, a la participación de este sector cooperativo en las movilizaciones de fines del 2017 contra la Reforma Previsional.

Malas noticias

El déficit financiero o real, tomando en cuenta los intereses de la deuda, fue de $ 29.818 millones. Un año antes, en enero de 2017 fue de $ 5.556. Sin embargo, para el Gobierno, fue superavitario en $ 3.929. Sucede que en consonancia con el modelo instalado por el FMI, mide el resultado de las cuentas públicas asociadas al funcionamiento de la Administración Pública Nacional. Bajado a tierra, si hace falta ajustar, hay que meter mano en gastos tales como salarios, inversiones, planes sociales o previsionales. La deuda no se toca.

Vale la pena cruzar la caída de los subsidios con el volumen de los intereses de la deuda en 2017. Según datos de ASAP, una organización especializada en análisis fiscales, revelan que si por un lado el “ahorro” fue de $ 83.708 millones, por el otro desembolsó $ 314.000 millones. Para achicar los subsidios, hubo que aumentar fuerte las tarifas. En el caso del gas cerca del 1.000 % a abril del año pasado y el costo de la electricidad un 867 %.

En enero la salida de dólares por turismo, fue de U$S 1.567 millones. El neto del año pasado habría rondado U$S 7.900 millones. También en enero el déficit comercial fue de U$S 986 millones. Las cifras del INDEC anotaron una suba del 10,7 % a las exportaciones, pero al mismo tiempo las importaciones aumentaron 32,1 %, o sea, tres veces más.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas de los comercios pymes finalizaron febrero con una caída de 1,5 % frente a igual mes del año pasado, medidas a precios constantes, y acumulan una baja anual de 1,3% en los primeros dos meses de 2018. La consultora Kantar World Panel había revelado que el consumo masivo se contrajo un 2 % en enero, con respecto al mismo mes del 2017. Según la consultora, el descenso de la canasta se concentró en el Nivel Socio Económico Bajo superior, que representa un tercio de la población Argentina, donde el consumo disminuyó un 11 %.

Federico Filipponi, director comercial, sostuvo que "la evolución de este grupo tiene un impacto directo en el total de la canasta. Estos hogares fueron históricamente el motor de crecimiento y tuvieron un nivel de consumo similar a los niveles altos y medios; incrementos en tarifas en servicios y transporte, inflación en ascenso, y paritarias todavía lejanas y sin claridad sobre ganarle a la inflación impactan directo en las posibilidades y perspectiva de este grupo determinante de la población".

Además se registró una disminución de un 9 % del canal mayorista en enero, que es uno de los sectores que más creció en los últimos años. Por su parte, sólo crecieron las ventas en el almacén. El director comercial de la consultora explicó que "el crecimiento del almacén sigue proviniendo de los hogares de menores recursos, que tienen al almacén como principal canal para sus compras de bebidas y lácteos". El sector Lácteos es uno de los sectores en baja, en enero cayó un 7 %, comparado con el mismo mes de 2017.