Al
conmemorarse 142 años del inicio de la Guerra Del Pacifico que derivaría en el
enclaustramiento marítimo de Bolivia tras la invasión chilena en 1879,
recientes estudios realizados por el abogado Víctor Hugo Chávez Serrano,
señalan que la extensión de los territorios ocupados por Chile en la
actualidad, que nunca fueron cedidos por el Estado boliviano en el Tratado de
1904, son mayores a los denunciados anteriormente.
En contacto con EL DIARIO, el jurista y docente universitario
informó que, según nuevos estudios a nivel geográfico efectuados sobre los
territorios usurpados, el territorio que jamás fue cedido por el Estado
boliviano es mayor al que se creía.
Chávez señala que en las denuncias y propuestas de demanda que
viene presentando a todos los gobiernos desde hace años atrás, los paralelos 24
al 23 no forman parte del territorio cedido por Bolivia tras la guerra del
Pacífico; por lo tanto, se debe pedir la soberanía sobre ese territorio. Los
recientes estudios indican que el espacio geográfico que no está contemplado
por el tratado de 1904 es aún mayor.
“El paralelo 23 al paralelo 22.54 que son 6 minutos (11
kilómetros de costa), se deben sumar a los 111 kilómetros que es un paralelo,
por tanto, Chile le debe a Bolivia en realidad 122 kilómetros de costa” señaló.
El jurista señala que este territorio debe ser reivindicado
mediante una demanda de carácter arbitral. (El Diario)
BOLIVIA
Y LA SOBERANÍA TERRITORIAL SOBRE LAS ISLAS DEL PACÍFICO
Antecedentes
histórico-coloniales
De manera general sabemos que mucho antes del Imperio
Tahuantinsuyo, Tiahuanaco, la metrópoli milenaria de la civilización macizo
andino, ya había dominado aquellas costas. Más tarde la dinastía de Manco Cápac
y Mama Ocllo irradió su cultura, por lo que las denominaciones de varios
lugares tienen origen incaico y se conserva huellas de su presencia, como la
palabra Atacama (que puede tener origen quechua), un territorio que fue
descubierto durante el reinado del Inca Túpac Yupanqui, quien lo incorporó a su
imperio.
Posteriormente, durante la colonia el Consejo Supremo de Indias
desde su creación -1 de agosto de 1524- ejerció las más importantes
atribuciones legislativas, políticas y judiciales respecto a los dominios
americanos. Asimismo, dictaminaba los proyectos de estatutos, ordenanzas y
constituciones remitidos por las autoridades coloniales y hacía nombrar a los
funcionarios de jerarquía; elevaba ternas ante el rey para la provisión de los
cargos de prelados, dignidades y otras autoridades en América, como:
Adelantados, Gobernadores, Virreyes, Intendentes, Audiencias, Cabildos y
Consulados.
La Corona también creó dos primeros grandes Virreinatos: el de
Nueva España y del Perú en el Siglo XVI y en el XVIII los Virreinatos de Nueva
Granada y del Río de la Plata.
Las Leyes IX y XII, de la Recopilación de Indias, fijaron el
ámbito espacial precisando los lindes territoriales tanto de Real Audiencia de
Charcas como del Distrito Audiencial de Chile.
Todos los documentos históricos revelan los límites
territoriales entre los dos Estados, pero Chile después de la usurpación el
Litoral se dedicó a tergiversar la verdad histórica bajo argucias artificiosas,
con lo cual únicamente demostró sus propias contradicciones e incoherencias.
“Uti Possidetis Juris” de 1810
Bolivia, al constituirse en Estado independiente, lo hizo en
posesión de un territorio cuyo dominio le señalaron legítimos títulos de
pertenencia. En el año 1810 en América, para la definición de sus fronteras
entre los países emancipados de la Colonia, incorporaron el sistema jurídico
clásico de “Uti Possidetis Juris” del derecho pretorial romano, con efectos de
retroactividad a ese año, determinando que las Repúblicas Hispanoamericanas
aceptan en principio como fronteras los límites que entre los distintos
territorios habían establecido los descubridores y colonizadores.
La Real Audiencia de Charcas
Esta entidad, creada por Felipe II por Real Cédula dada en
Valladolid el 18 de septiembre de 1559, solo pudo establecerse en 1561. Así, la
audiencia de Charcas extendía su jurisdicción de mar a mar, entre el Brasil,
Cusco y Arequipa, por un lado, y Atacama y Cuyo del otro; abarcando los
gobiernos establecidos en Tucumán, Buenos Aires y Paraguay, desde Collao por el
Norte, hasta el último extremo de la América por el Sur, y del océano Atlántico
al Pacífico, de oriente a occidente, exceptuando solo la reducida capitanía de
Chile. Fue el pedestal fundamental para la fundación de Bolivia, que se
constituyó en todo el territorio de la Real Audiencia de Charcas que comprende
todo el litoral de Atacama desde el Loa hasta el Paposo, y el Estado Chileno
sobre el Distrito Audiencial de Chile que abarca desde el río Salado junto al
Paposo hasta Cabo de Hornos.
IV. Las Leyes IX y XII, Libro 2°, de la Recopilación de las
Leyes de los Reinos de las Indias de 1680.- Las Leyes IX y XII de la
Recopilación de Indias, determinaron los límites territoriales tanto de la Real
Audiencia de Charcas como del Distrito Audiencial de Chile. Respecto a Bolivia,
antigua Nueva Toledo y posterior Audiencia de Charcas, los límites
territoriales en 1681 fueron establecidos así: “por el septentrión con la Real
Audiencia de Lima y provincias no descubiertas, por el mediodía con la Real
Audiencia de Chile; y por el levante y poniente (oeste) con dos mares del Norte
y del Sur (Pacífico), y de Castilla y Portugal, por la parte de las provincias
de Santa Cruz del Brasil”. En esa época la Audiencia de Charcas tenía ya
determinado su contacto con el océano Pacífico (Mar del Sur) cuyo territorio
separaba las Audiencias de Lima y de Chile.
Actualmente el territorio de Bolivia, entonces Alto Perú, parte
de la Real Audiencia de Charcas, integró en un comienzo el Virreinato del Perú
o Lima, hasta su desmembramiento decretado por Real Cédula de 8 de agosto de
1776, y la incorporación de las provincias del Alto Perú al nuevo Virreinato
del Río de la Plata o Buenos Aires, con todo las intendencias y provincias:
Intendencia de La Paz, Intendencia de Cochabamba, Intendencia de Charcas,
Intendencia de Potosí (incluyendo el litoral sobre el Pacífico), Intendencia
Salta del Tucumán, Intendencia Córdova del Tucumán, Intendencia de Buenos
Aires, e Intendencia de Paraguay, Provincia de Mojos y Provincia de Chiquitos. (El
Diario)
A
142 AÑOS DE LA DEFENSA DE CALAMA
En
la mañana del domingo 23 de marzo de 1879, a horas 07:00 a.m., el ejército
invasor chileno llegó a las cercanías de la ciudad de Calama, después de ocupar
con fuerza, con más de 20.000 soldados, a la ciudad portuaria boliviana de
Antofagasta el 14 de febrero de 1879. El ejército invasor, compuesto por los cuerpos
de infantería, caballería, motorizado y marina, avanzaron hacia el territorio
nacional sin obstáculo, para usurpar y ocupar los puertos de Mejillones,
Cobija, Tocopilla y Caracoles. Este contingente estaba con armamento moderno
dotado por Gran Bretaña, que por conveniencias propias empujó a Chile contra
Bolivia, proporcionando barcos, vituallas, ropas y armamento, respaldando la
usurpación.
El ejército chileno, con esa ayuda británica, estaba compuesto
por tres compañías de Batallón Segundo de Línea, una de cazadores, del Cuarto
de Línea, 120 cazadores de a caballos, ocho piezas de montaña, 50 pontoneros y
21 carros de retaguardia cargados con víveres para los soldados, forraje para
los caballos y tablones para pasar y tender puentes sobre el río Loa, armados
hasta los dientes.
El 16 de marzo el parlamentario chileno Ramón Espech mandó con
un emisario al Dr. Ladislao Cabrera una nota para pedirle rendición, con el fin
de evitar el derramamiento de sangre. El patriota Cabrera respondió y rechazó
en forma contundente la propuesta, con las siguientes palabras: “No estoy
dispuesto a aceptar la intimación que se me hace. Defenderemos la integridad
del territorio boliviano, hasta el último trance”.
Ante la respuesta negativa, atacaron con furor al pueblo de Calama,
ubicándose en el vado sur del río Loa.
Mientras, los 135 defensores voluntarios civiles bolivianos se
ubicaron en distintos lugares del vado norte del río. La batalla duró más de
cuatro horas. Las municiones de los patriotas se acabaron. Cabrera y los
sobrevivientes optaron por retirarse, viendo la imposibilidad de resistir a la
superioridad numérica del enemigo. Murieron 18 bolivianos y hubo 120 chilenos
entre muertos y heridos.
Sobre los últimos momentos del triunfo en Calama, el subteniente
chileno Carlos Soupor informó al periódico de Valparaíso sobre la lucha de
Eduardo Avaroa, que defendió la heredad boliviana. Avaroa con dos heridas en el
cuerpo perdió mucha sangre. Cuando los chilenos le intimaron rendición, Avaroa
no aceptó, por última vez le pidieron que se rinda. Avaroa respondió:
“¿Rendirme yo?, ¡que se rinda su abuela, carajo!”. Ante esta terrible
contestación y afrenta ultimaron al moribundo con una descarga de fusilería.
Luego lo cubrieron con la bandera chilena, rindiendo homenaje al heroísmo y
valentía de un hombre.
Los invasores comenzaron a festejar el triunfo alrededor del
héroe, al grito de ¡viva Chile! En la tarde enterraron a Avaroa en el
cementerio de Calama.
EDUARDO AVAROA HIDALGO
Nació el 13 de octubre de 1838 en San Pedro de Atacama, sus
padres fueron Juan Avaroa y Benita Hidalgo. Estudió en la escuela del pueblo,
después Teneduría de libros y Contabilidad. Fue miembro del Concejo Municipal
de San Pedro de Atacama. Avaroa fue padre de cinco hijos: Amalia, Andrónico,
Eugenio, Antonia y Eduardo. Murió a la edad de 41 años.
LADISLAO CABRERA
Nació en Totora, departamento de Cochabamba, el 23 de mayo de
1830. Sus padres fueron Mariano Cabrera y Manuela Vargas La Faye.
Estudió en Cochabamba hasta el bachillerato. Luego se fue a
estudiar leyes en la Universidad de Arequipa. Al finalizar la guerra del
Litoral fue nombrado Ministro Plenipotenciario de Bolivia en Washington, fue
prefecto de Potosí y Chuquisaca. Murió el 24 de diciembre de 1904, a la edad de
74 años.
EN
LOS TOLDOS IMPLORAN UN SALVOCONDUCTO POR BOLIVIA
El Tribuno de Argentina (https://bit.ly/2OSlORQ)
Con
la desesperación de sentirse presos en su propia tierra, e implorando a un país
extranjero un salvoconducto para poder llegar a otro punto de la Argentina, los
vecinos de Los Toldos, en el extremo norte del departamento Santa Victoria, se
movilizaron en la tarde de ayer en reclamo de una medida de excepción que les
permita circular legalmente por territorio boliviano para llegar a Bermejo,
cruzar (en gomones) a Aguas Blancas y desde allí a la ciudad de Orán, donde
deben cumplir con los trámites que impone la burocracia estatal.
El histórico reclamo tomó relevancia nuevamente ayer cuando unas
500 familias se movilizaron por las calles del pintoresco pueblo fronterizo, al
cual se llega exclusivamente por vía terrestre, circulando unos 100 kilómetros
desde Bermejo por la ruta Panamericana de Bolivia, para luego volver a ingresar
al territorio nacional. La vía alternativa por territorio nacional -la ruta 7-
que había sido inaugurada el año pasado, no soportó la inclemencia natural de
las Yungas que pronto hicieron presa fácil y transformaron en intransitable ese
camino.
Dino
Flores, poblador del lugar, en contacto con El Tribuno imploró para que las
autoridades provinciales o federales gestionen un salvoconducto para las
personas que tengan domicilio en Los Toldos y que por motivos excepcionales
deban transitar por la ruta boliviana para llegar a Orán. "Vamos a cumplir
con todos los requisitos. Incluso nos podrían dar un determinado tiempo para
presentarnos en Bermejo y de allí cruzar a Aguas Blancas. No hace falta que nos
quedemos en ningún lugar en Bolivia, ni siquiera para cargar combustible",
expresó.
Flores informó que el intendente Virgilio Mendoza y los
legisladores departamentales están reunidos en Salta capital por este tema. Al
respecto se supo que el gobernador Gustavo Sáenz gestiona con autoridades
nacionales un cordón sanitario que eximirá del PCR y que garantizará que no se
bajan en ningún lado y entren de nuevo al país.
LA
QUIACA – VILLAZÓN. NACIÓN Y PROVINCIA DEFINEN MEDIDAS PARA CONTROL Y TRÁNSITO
VECINAL FRONTERIZO
Jujuy al Día
de Argentina (https://bit.ly/3lIPfSf)
El
Gobernador de la Provincia, Gerardo Morales, participó vía Zoom, de una reunión
con el ministro del Interior Wado de Pedro, la ministra de Salud Carla
Vizzotti, el ministro de Transporte Mario Andrés Meoni, la ministra de
Seguridad Sabrina Frederic, gobernadores y funcionarios provinciales, para
conocer en detalles las medidas restrictivas que aplica el estado nacional en
las fronteras respecto a las medidas sanitarias por el Covid-19. Acompañaron al
Mandatario, ministros, secretarios y directores de Estado, de manera de
unificar criterios respectos a las medidas que adoptara Jujuy a ese respecto.
En la oportunidad, el Secretario de Integración Regional y
Relaciones Internacionales, Pablo Palomares, indicó que se analizó cómo afectan
las restricciones en frontera que lleva adelante el gobierno nacional por la
pandemia, y que en el caso particular de Jujuy no tiene mayor incidencia ya
que, dichas medidas se dan, principalmente las fronteras aéreas y marítimas.
En
tanto, las fronteras terrestres siguen cerradas para el tránsito de pasajeros,
quedando habilitado únicamente el transporte internacional de carga y por eso
se avanza en definir los criterios sanitarios que se tendrán en cuenta a partir
de ahora.
En tanto, dijo, el Gobernador puso especial énfasis en el
transito vecinal fronterizo que se quiere llevar adelante entre La Quiaca –
Villazón, restando solamente el padrón de beneficiarios correspondiente por
parte del Estado Plurinacional de Bolivia y que se apruebe el protocolo
sanitario. Ese esquema de ingreso al país, dijo, permitirá ordenar y controlar
a la gente, tanto de Villazón como de La Quiaca, recordando que únicamente
podrán acceder al padrón los residentes documentados en esas ciudades, quedando
excluidos habitantes de otras localidades, concluyó.
REFORZARÁN
LOS CONTROLES EN LA FRONTERA CON BOLIVIA Y PARAGUAY
Junto a
otros gobernadores de provincias con límites internacionales, el mandatario
salteño participó de una reunión virtual para analizar la situación ante el
aumento de casos de coronavirus.
Página 12 de
Argentina (https://bit.ly/3tPSav0)
El gobernador
Gustavo Sáenz participó ayer, junto a otros gobernadores cuyos territorios
limitan con países vecinos, de una reunión vía teleconferencia con los ministros
nacionales de Transporte, Mario Meoni; de Interior, Wado de Pedro; de Salud,
Carla Vizzotti, y de Seguridad, Sabina Frederic, para evaluar la
situación del transito internacional y analizar las medidas de seguridad
sanitarias en cada caso.
Salta
tiene tres fronteras internacionales: con Chile al oeste; con Bolivia, al
norte, y con Paraguay, al este.
El
gobierno de Salta destacó que en la reunión el gobernador Sáenz planteó que
deben ser vacunados los efectivos de fuerzas nacionales que colaboran en el
control de los pasos internacionales no habilitados. También planteó la
situación de los pobladores del pueblo de Los Toldos, que para acceder al resto del territorio nacional tienen
que pasar por Bolivia y en algunos casos el gobierno del país vecino les exige
contar con una prueba de PCR con 72 de anticipación.
Trascendió
que en el encuentro hubo coincidencia en reforzar los controles de las fuerzas
de seguridad en las fronteras para evitar el tránsito no habilitado, y en que
se debe prestar especial atención a la situación epidemiológica en las
fronteras con Brasil, Paraguay y Bolivia.
El
gobierno provincial indicó que los funcionarios nacionales y los gobernadores
analizaron la situación de los pasos fronterizos de las respectivas
jurisdicciones y coordinaron acciones ante la suba de contagios por coronavirus
en los países vecinos. “Es fundamental contar con corredores seguros para
reducir la circulación del virus en el país”, indicó Sáenz en la oportunidad.
En
este marco, recordó que la provincia tiene frontera con tres países y para la
custodia por los numerosos pasos no habilitados (que aumentaron con las
restricciones de circulación por la pandemia) desde el año pasado la Policía de
Salta trabaja coordinadamente con miembros de fuerzas nacionales encargadas del
control en los pasos de frontera. Oficialmente el gobierno salteño informó que
Sáenz requirió que se contemple la vacunación del personal nacional para evitar
que decaiga el recurso humano.
Del
encuentro trascendió que se decidió declarar como esenciales a las personas que
cumplen funciones relacionadas con el control de fronteras, y apurar su
vacunación, tanto para el caso de integrantes de fuerzas de seguridad como de
inspectores de Migraciones y Aduanas.
Controles
para el reingreso al país
Asimismo,
en la reunión se evaluaron también los corredores terrestres seguros vigentes
para el reingreso de los argentinos provenientes del exterior, y las posibles
medidas de control sanitario. Según los registros migratorios, hay alrededor de
27 mil argentinos en el exterior aunque la principal entrada al país será por
vía aérea.
En
ese sentido, se supo que el 70% de los argentinos que están volviendo al país
residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos
Aires. Los funcionarios nacionales recordaron que el control del cumplimiento
de la cuarentena obligatoria es responsabilidad de las provincias y de la
Ciudad. También se recordó que aunque las pruebas den negativas, la única
manera segura para prevenir contagios es cumplir con los siete días de
aislamiento.
Además
de Sáenz, del encuentro participaron los gobernadores de Jujuy, Gerardo
Morales; de Mendoza, Rodolfo Suárez; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de
Neuquén, Omar Gutiérrez; de Catamarca, Raúl Jalil; de Formosa, Gildo Insfrán;
de San Juan, Sergio Uñac; de Río Negro, Arabela Carreras; de Chubut, Mariano
Arcioni; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de La Rioja, Ricardo Quintela, y
Corrientes Gustavo Valdés.
Sáenz
estuvo acompañado por los ministros de Gobierno, Ricardo Villada; de Salud,
Juan José Esteban; de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, y el representante de
Relaciones Internacionales de Salta, Julio Argentino San Millán.
CONTINÚAN
USANDO GOMONES PARA CRUZAR LA FRONTERA ENTRE ARGENTINA Y BOLIVIA
Vía País de
Argentina (https://bit.ly/3tG3Twe)
Mientras
los gobiernos de Argentina y Bolivia anuncian que las fronteras entre ambos
países continuarán cerradas para evitar la proliferación del coronavirus, en la
práctica la realidad es muy diferente. Todavía se ve “gomones” atravesando
el río Bermejo con pasajeros que ponen en riesgo su vida para pasar del
otro lado de los puntos limítrofes.
En
el paso fronterizo del río Bermejo que divide suelo salteño con Bolivia permanece
firme la actividad de los bagayeros y de los gomones, según videos difundidos
por medios locales. Es, sin duda, la otra cara de los anuncios de los
Gobiernos. De hecho, la circulación de gente en la frontera argentino-boliviana
nunca se detuvo. En plena pandemia, la gente utilizaba los más de 60 pasos
clandestinos para cruzar la frontera. Algunas personas lo hacían (y hacen) en
chalanas, otras a pie.
El
peligro, además de la precariedad de las embarcaciones, es que el río Bermejo
está más crecido debido a las lluvias. A principios de marzo, un gomón que viajaba con 20 pasajeros a bordo, se pinchó al chocar con una rama y naufragó en
las turbulentas aguas del río que separa a Argentina de Bolivia. Un informe realizado por el medio La Voz del Pueblo destaca
que la única diferencia que se ha visto entre los trágicos sucesos de principio
de mes es el uso de chalecos salvavidas.
MAR
DEL PLATA: PROCESARON AL HOMBRE QUE CAPTÓ A UNA ADOLESCENTE Y LA TRASLADABA EN
MICRO HACIA BOLIVIA
Argentina Gob
(https://bit.ly/3re7QH5)
La
vulnerabilidad de la adolescente de 14 años, por carencias afectivas y
económicas, fue aprovechada por el imputado, procesa por el delito de trata,
quien había tomado contacto con ella a través de un juego virtual y le había
propuesto un vínculo amoroso. Primero la llevó desde Mar del Plata hasta Buenos
Aires. Cuando viajaban en ómnibus rumbo al norte, fue rescatada en la provincia
de Santa Fe.
El
sujeto de 25 años, oriundo de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, fue procesado
con prisión preventiva por el delito de trata de personas, agravado por mediar
engaño –a través de un supuesto enamoramiento-, abuso de la situación de
vulnerabilidad –que conocía antes de viajar hasta Mar del Plata a buscar a la
víctima- y por haber sido cometido contra una adolescente de 14 años. Así lo
dispuso el juez Santiago Martín, subrogante del Juzgado Federal N°3 de Mar del
Plata, en línea con el planteo de la fiscala Laura Mazzaferri.
El
vínculo entre víctima y victimario se inició a través del contacto por medio de
un juego virtual. Luego vino la propuesta de un noviazgo, el viaje del acusado
desde Bolivia hasta Mar del Plata y la propuesta de trasladarse juntos hasta el
país limítrofe. Para ello, el imputado sacó provecho de la situación de
vulnerabilidad económica, social y emocional de la adolescente. Le hizo
promesas de un mejor futuro, ostentación de dinero y regalos varios que fueron
creciendo en la medida en que el accionar delictivo se iba perfeccionando.
Tras
la denuncia de la familia –que se radicó por su desaparición en la justicia
provincial en una primera instancia-, y la colaboración de la Procuraduría de
Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y del Comité Ejecutivo para la Lucha
contra la Trata, la policía santafesina interceptó el pasado 15 de febrero el
colectivo en que viajaban el acusado y la víctima, lo cual permitió el rescate
de la adolescente y la detención del sujeto.
Con
la investigación impulsada por la Fiscalía Federal N°1, donde quedó radicado el
caso tras la aceptación de la competencia atribuida por la UFI provincial, se
le recibió a la víctima declaración en Cámara Gesell y se requirió el
procesamiento con prisión preventiva del imputado.
Cuando
el acusado intentó trasladar a la adolescente fuera del país, no sólo le había
solicitado su DNI y lo había guardado en su billetera, sino que además le
habría ordenado apagar su teléfono celular. De hecho, una tía de la joven
intentó comunicarse, pero fue atendida por el hombre quien le dijo que “él
tomaba las decisiones y que se iban a ir a Bolivia”.
Para
la fiscalía, que actuó en coordinación con la PROTEX, la restricción de las
comunicaciones es otro indicador del delito de trata: “Tiene efectos similares
al confinamiento físico y a la imposición de restricciones ambulatorias. Puede
esto ser incluso más grave cuando se impide el contacto con familiares y amigos
ya que se obstruye así la posibilidad de realizar un pedido de auxilio”.
EL
DERROCAMIENTO DE EVO MORALES Y LA PRIMERA GUERRA
DEL LITIO
Revista
Piensa de Chile (https://bit.ly/3caKgXm)
Desde
finales del siglo XIX, el mundo se había acostumbrado a las guerras del
petróleo. Pero ahora comienzan las guerras del litio, que es un mineral
fundamental para la fabricación de teléfonos celulares… y también para la de
automóviles eléctricos. Un historiador y un periodista británicos lograron
obtener una serie de documentos del Foreign Office –el ministerio de
Exteriores del Reino Unido– que demuestran que Londres organizó de punta a
cabo el derrocamiento del presidente de Bolivia, Evo Morales, para apoderarse
de las reservas de litio de ese país.
Mientras
entretenía al público con sus payasadas, Boris Johnson supervisó el derrocamiento
del presidente Evo Morales en Bolivia, ocupó la isla de Socotra y
organizó la victoria de Turquía sobre Armenia…
sin que nadie mencionara nada de eso.
¿Recuerdan
ustedes el derrocamiento del presidente boliviano Evo Morales, a finales de 2019?
En aquel momento, la prensa dominante anunciaba que Morales había
transformado su país en una dictadura y que “el pueblo”
lo había sacado del poder. Por su parte, la Organización de
Estados Americanos (OEA) publicó un informe donde “certificaba” que había
existido fraude en la elección presidencial boliviana –en la cual Evo
Morales había sido reelecto en primera vuelta– y que lo ocurrido
no era un golpe de Estado sino un “regreso a la democracia”.
Para
no acabar como el presidente chileno Salvador Allende, Evo Morales se fue
a México, donde denunció que había sido objeto de un golpe de Estado
organizado por fuerzas deseosas de apoderarse de las reservas de litio
de Bolivia. Al no ser capaz de identificar a quienes se movían
detrás de los golpistas, su denuncia fue ridiculizada en Occidente.
Sólo nosotros,
desde la Red Voltaire, revelamos entonces que la operación que
derrocó al presidente Evo Morales había sido ejecutada por una comunidad
de católicos croatas descendientes de ustachis (también llamados “ustachas”),
asentada en el departamento boliviano de Santa Cruz desde el fin de
la Segunda Guerra Mundial, en realidad una de las redes stay-behind montadas
por la OTAN después de aquel conflicto [1].
Un
año más tarde, el candidato del partido del presidente Evo Morales –el
Movimiento al Socialismo (MAS)– ganó por amplia mayoría una nueva
elección presidencial [2].
Esta vez no hubo reclamos sobre la legitimidad de la elección y
Evo Morales pudo regresar a su país, donde fue acogido triunfalmente
–aunque ya no como presidente de Bolivia [3].
La supuesta dictadura de Morales nunca existió pero la que
Jeanine Áñez había instalado –gracias a la complicidad de los
altos mandos del ejército y de la policía– acababa de ser expulsada del
poder mediante las urnas.
En
Londres, el historiador Mark Curtis y el periodista Matt Kennard lograron
acceso a documentos desclasificados del ministerio británico
de Exteriores (Foreign Office). Y acaban de publicar sus
conclusiones en el sitio web Declassified UK, asentado en Sudáfrica desde
que fue blanco de la censura militar en Reino Unido [4].
A
lo largo de su carrera, Mark Curtis nos ha mostrado que la descolonización
no modificó la política del Reino Unido. Nosotros mismos ya hemos
citado sus trabajos en al menos una decena de artículos publicados
en Red Voltaire.
El
nuevo trabajo de Mark Curtis muestra que el derrocamiento del presidente
boliviano Evo Morales fue resultado de una orden del ministerio británico
de Exteriores y de varios elementos de la CIA estadounidense, y que
no pasó por la administración Trump. El objetivo de la operación era
hacer posible el saqueo del litio boliviano, que despierta la ambición del
Reino Unido en el actual contexto de la transición energética.
En
2009, la administración Obama ya había emprendido en Bolivia una intentona
golpista, frustrada por el presidente Evo Morales y cuyo resultado fue la
expulsión de varios diplomáticos y funcionarios estadounidenses en aquel país.
Por su parte, la administración Trump parece haber aparentado
que dejaba las manos libres a los neoconservadores en América Latina,
aunque impidiéndoles sistemáticamente proceder a la ejecución final de sus
planes.
El
litio es un elemento fundamental en la fabricación de baterías y está presente
en los llamados “salares” existentes en las montañas de Chile, Argentina y
principalmente en Bolivia –países que conforman el «triángulo del litio»–,
así como en el Tíbet. Pero también está presente, en forma sólida,
en ciertos minerales que se extraen en minas, como en Australia.
Actualmente, el litio se ha convertido en un elemento clave,
más importante incluso que el petróleo, en el contexto de los
Acuerdos de París sobre el cambio climático.
En
febrero de 2019, el presidente Evo Morales había autorizado el TBEA Group
–una empresa china– a explotar las principales reservas de litio
de Bolivia. Así que en Londres se trazó un plan para robar
el litio boliviano.
Evo
Morales, dirigente aymara, fue electo presidente de Bolivia en 2006.
Había llegado al mundo de la política a través del
sindicalismo, como dirigente de los pequeños productores de hoja de coca
–una planta local prácticamente indispensable para las poblaciones que
viven a grandes altitudes sobre el nivel del mar, pero que también
puede ser procesada para convertirla en la conocida cocaína, la poderosa droga
públicamente prohibida en Estados Unidos. Al convertirse en el
primer miembro de los pueblos originarios electo presidente de Bolivia,
Evo Morales encarnó el regreso de esas poblaciones al poder, al que
nunca habían tenido acceso desde la colonización española.
En
este punto, se impone una pequeña cronología:
Ya en 2017-2018, el Reino
Unido había enviado expertos a la empresa nacional boliviana Yacimientos de
Litio Bolivianos (YLB) para evaluar las condiciones para la eventual
explotación de las reservas de Bolivia.
En 2019-2020, Londres financia
un estadio para «optimizar la exploración y la producción del litio boliviano
utilizando la tecnología británica».
En abril de 2019, la embajada
del Reino Unido en Buenos Aires organiza un seminario con representantes
de Argentina, Chile y Bolivia, responsables de empresas mineras y
responsables gubernamentales, para presentarles las ventajas que representaría
para ellos trabajar con la London Metal Exchange –la Bolsa de Metales
de Londres. El gobierno del presidente Evo Morales envió
un ministro como representante de Bolivia.
Justo antes del derrocamiento
del presidente Evo Morales, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estuvo
financiando los proyectos británicos.
Mucho antes del golpe contra
el presidente Evo Morales, el ministerio británico de Exteriores recurrió
a una empresa de Oxford –Satellite Applications Catapult– para cartografiar las
reservas de litio. El mapa así obtenido fue distribuido por el Banco
Interamericano de Desarrollo –el ya mencionado BID– sólo después del
derrocamiento de Evo Morales.
Meses después del
derrocamiento de Evo Morales, la embajada del Reino Unido en Bolivia
y la empresa Watchman UK organizaron un seminario con 300 actores
del sector del litio. Watchman UK se especializa en cómo manipular
poblaciones enteras para llevarlas a participar en proyectos contrarios a
sus propios intereses, o sea en cómo evitar que esas poblaciones
se rebelen.
Para
neutralizar a los bancos bolivianos, la embajada británica organizó
–8 meses antes del golpe de Estado– un seminario sobre seguridad
informática. En ese evento fue presentada la firma DarkTrace (creada por el
MI5 británico) y se explicó a los participantes que sólo los
establecimientos bancarios que utilizaran los servicios de DarkTrace podrían
trabajar con la City londinense.
Mark
Curtis y Matthew Kennard señalan que Estados Unidos no participó
oficialmente en el golpe contra Evo Morales… pero varios
funcionarios salieron de la CIA para orquestarlo. Por ejemplo,
DarkTrace reclutó a Marcus Fowler, un especialista de la CIA en
ciberoperaciones, y a Alan Wade, ex jefe de inteligencia
de la CIA. El personal encargado de preparar el golpe era
principalmente británico, como los responsables de Watchman UK,
Christopher Goodwin-Hudson –ex militar de carrera y posteriormente
director de la seguridad en Goldman Sachs– y Gabriel Carter –miembro del
Special Forces Club de Knightsbridge, quien pasó por Afganistán.
El
historiador Mark Curtis y el periodista Matthew Kennard aseguran también que
la embajada británica en Bolivia proporcionó a la Organización de
Estados Americanos (OEA) los datos que fueron utilizados para «probar» el
supuesto fraude en la elección presidencial. Aquel “informe” de
la OEA fue posteriormente desmentido por investigadores del Massachusetts
Institute of Technology (MIT) [5],
antes de que los electores bolivianos se encargaran de desmentirlo
definitivamente en las urnas, en la elección siguiente.
Los
hechos están confirmando los trabajos del historiador británico Mark Curtis.
En 3 años, desde el golpe de Estado en Bolivia
–realizado en 2019–, hemos mostrado el papel del Reino Unido en
la guerra contra Yemen [6]
y en el conflicto del Alto Karabaj (2020) [7].
El
Reino Unido realiza guerras cortas y operaciones secretas, evitando en la
medida de lo posible que su acción quede bajo las luces de los
medios. Controla la percepción pública sobre su presencia utilizando
para ello una multitud de agencias de prensa y de medios de difusión que
Londres subvenciona en secreto. Utiliza todos esos medios y agencias
de prensa para explotar el país según su propia conveniencia. E
incluso puede hacer durar esa situación por el mayor tiempo posible,
manteniendo la certeza de que sus víctimas volverán a recurrir a su supuesta
ayuda, lo cual pone a Londres en situación de ser el único actor
capaz de aplacar los conflictos que inicia.
BAJO
DESCONFIANZA Y CRECIMIENTO DE LA EXTREMA DERECHA, BOLIVIA INTENTA CASTIGAR EL
GOLPE
Ante un nuevo momento de convulsión nacional, el
país enfrenta crímenes contra la democracia, explica el exsecretario de la OEA
Paulo Abrão
Rede Brasil
Atual (https://bit.ly/3d2ypcS)
"En
este momento Bolivia atraviesa una nueva convulsión social", advirtió el
abogado Paul Abram, exsecretaria de Justicia Nacional en el gobierno Dilma
Rousseff y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, durante el
programa Revista TVT Brasil , Domingo (21). Para el
analista, la tensión creció luego de que la Justicia aumentara, el sábado (20),
la prisión preventiva de la ex presidenta golpista en Bolivia, Jeanine Áñez . Para
evitar el riesgo de fuga u obstrucción judicial, debe permanecer detenida hasta
seis meses. “El gobierno tomó acciones concretas para responsabilizar a
los autores que fueron centrales en el proceso
de salida de Evo Morales,
en 2019. Episodio que resultó en al menos dos masacres ”, dice, refiriéndose a
las acciones autorizadas por el gobierno golpista por decreto, para que las
Fuerzas Armadas reprimieran las protestas contra el golpe. Como resultado,
murieron al menos 36 personas. "Ochocientos resultaron heridos y hubo
doscientas detenciones arbitrarias", agregó el analista.
Enfrentando
la discontinuidad democrática
Sin
embargo, a pesar de representar una acción valiente, ya que, según Abrão,
“rompe una tradición, en nuestra región, de olvido, pactos y no afrontar estas
situaciones que son severas y muy graves de discontinuidad democrática”, la
actitud de iniciar un proceso de la rendición de cuentas, especialmente con el
arresto de Jeanine, ha suscitado preocupaciones. “La gran mayoría está en
contra de esta prisión. Entienden que esta es una actitud que puede estar
rodeada de algún criterio de persecución política ”.
Otra
preocupación, proveniente de organizaciones internacionales de derechos
humanos, es que eventuales errores de procedimiento terminen cancelando la
investigación. “Y, en consecuencia, en la impunidad”, lo que frustraría a
las víctimas del gobierno de Jeanine Áñez.
Mientras
tanto, el país andino está experimentando un resurgimiento del extremismo de
derecha. En Santa Cruz, el estado económicamente más fuerte de Bolivia y
fronterizo con Brasil, Luis Fernando
Camacho fue elegido gobernador. "Declaró que este es
el lugar de la resistencia y que la próxima vez que vayan a La Paz será para
volver a tomar el poder, en un discurso de extremismo de derecha con muy poco
compromiso con las instituciones democráticas".
Situación
alarmante
Paulo
Abrão considera alarmante la situación, pues mira hacia atrás en acciones como
las de los llamados grupos de resistencia juvenil, que son paramilitares
armados que circulan por las calles generando terror social. "Todo
esto está volviendo a la escena política de Bolivia en este momento".
Para
el abogado, todo dependerá de "cómo la justicia gestionará y justificará
adecuadamente el debido proceso en la cárcel del expresidente" y la
reacción del resto de los sectores sociales. Afirma además que la respuesta
al golpe fue el resultado electoral en sí. “Fue la elección de Luis Arce. La
población rechazó la toma del poder ”.
BOLIVIA
DEBE PONER FIN A LA JUSTICIA DE VENGANZA
Human Rights
Watch (https://bit.ly/3lPdkqE)
Es
irónico que Jeanine Áñez, una política conservadora que se desempeñó como
presidenta interina de Bolivia durante un año, fuera detenida el 13 de marzo
por cargos de “terrorismo” y otros delitos. Bajo su administración, que
terminó en noviembre, los fiscales utilizaron la misma definición demasiado
amplia de “terrorismo” para perseguir a su predecesor, Evo Morales. Ambos
casos muestran los peligros de un sistema de justicia dócil con los que están
en el poder y la urgente necesidad de una reforma.
La
falta de independencia afectó al sistema de justicia boliviano durante los 14
años que Morales estuvo en el poder, pero la administración de Áñez no fue
mejor. Su gobierno presionó públicamente a los fiscales para promover sus
intereses políticos, lo que llevó a investigaciones criminales de más de 100
partidarios del Movimiento de Izquierda al Socialismo (MAS) de Morales por
sedición y / o terrorismo. Decenas más estaban bajo investigación criminal
por pertenecer a una organización criminal, incumplimiento del deber y otros
delitos. Había pruebas contundentes de que muchos casos tenían
motivaciones políticas.
Las
más de 1.500 páginas del expediente contra Morales, que revisamos , no
contenían evidencia de que hubiera cometido actos que apropiadamente serían
considerados terrorismo. Del mismo modo, los cargos de terrorismo contra
Áñez son tremendamente desproporcionados.
Morales
nunca fue detenido, ya que estaba exiliado en el extranjero. Áñez enfrenta
cuatro meses de prisión preventiva y hasta 24 años de prisión si es declarado
culpable.
En
octubre, Luis Arce, el candidato del MAS, ganó las elecciones presidenciales
por un amplio margen. Poco después, Arce dijo en una entrevista con El País que
la justicia “es una deuda que tenemos en el MAS” con el pueblo y prometió que
durante su gobierno no habría presiones políticas sobre fiscales y jueces. En
noviembre , creó una comisión de expertos para
redactar propuestas de reforma para un sistema de justicia independiente. Esas
palabras y acciones ahora parecen huecas.
La policía detuvo a Áñez y a dos de
sus exministros por cargos de “terrorismo”, “sedición” y
“conspiración” por su presunta participación en un golpe de Estado contra
Morales en noviembre de 2019. Se encuentra pendiente una orden de captura para
otros tres exministros. Los fiscales abrieron el caso con base en una denuncia de un excongresista del
MAS y el gobierno defendió las detenciones.
La
oposición niega que haya habido un golpe, sosteniendo que Morales renunció
luego de que decenas de miles de bolivianos protestaron por presunto fraude
electoral en las elecciones de octubre de 2019. Observadores electorales de
la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea señalaron graves
irregularidades. Los partidarios del MAS afirman que no hubo tal fraude y
los líderes de la oposición conspiraron para hacerse cargo del gobierno.
Lo
que está claro es que los mandos militares y policiales
“sugirieron” públicamente a Morales que renunciara, lo cual
hizo. La oficina del fiscal general debe investigar a fondo las denuncias
de infracciones al derecho de voto de las personas y que se respete su voto, ya
sea mediante fraude electoral, amenazas u otras acciones para anular la
voluntad de los votantes. Pero estas investigaciones deben respetar
plenamente el debido proceso y los derechos a un juicio justo. Los cargos
deben basarse en pruebas adecuadas y ser proporcionales a la presunta conducta.
El
documento de acusación contra Áñez y dos exministros, que revisamos, alega que
ellos “promovieron, dirigieron, fueron miembros y apoyaron” organizaciones cuyo
objetivo era romper el “orden constitucional” de Bolivia. Las pruebas
contra Áñez no están claras en el documento.
Áñez,
entonces vicepresidenta segunda del Senado, asumió la presidencia interina el
12 de noviembre de 2019, tras la renuncia de otras cuatro autoridades del MAS
que la precedieron en la línea sucesoria. Uno de ellos, el presidente de
la Cámara de Diputados, se vio obligado a dimitir luego de que una turba tomara
como rehén a su hermano y exigiera su renuncia.
El
Tribunal Constitucional dijo que Áñez era el presidente interino legal de
Bolivia, concluyendo que la siguiente persona en la línea de sucesión se
convierte en presidente interino.
La
actual ministra de Justicia ha dicho que el caso contra Áñez se refiere a su conducta antes de
convertirse en presidenta interina . Sin embargo, durante
la presidencia de Áñez se cometieron violaciones atroces de los derechos
humanos y los responsables aún deben rendir cuentas.
El
15 de noviembre de 2019, Áñez emitió un decreto que otorgaba
a los militares una discreción demasiado amplia para usar la fuerza contra los
manifestantes. El mismo día 10 simpatizantes del MAS fueron asesinados en
la ciudad central de Sacaba y otros 10 fueron asesinados en Senkata, en las
afueras de La Paz, el 19 de noviembre. Testigos nos dijeron que las fuerzas
estatales abrieron fuego contra los manifestantes en los dos casos.
En
octubre y noviembre de 2019, tanto los partidarios del MAS como sus opositores
presuntamente llevaron a cabo actos de violencia muy graves, incluidos
incendios provocados y secuestros. Además, simpatizantes del MAS
presuntamente mataron a dos manifestantes anti-Morales en la localidad de
Montero.
Un
decreto de redacción vaga aprobado en febrero de 2021 por la Asamblea
Plurinacional, donde el MAS tiene mayoría, otorga una amnistía e indulto
general para las personas procesadas durante el gobierno de Áñez por delitos
relacionados con la “crisis política” iniciada en octubre de 2019. dejó en
claro que el decreto está diseñado para aplicarse a los partidarios del MAS.
Las
víctimas no serán atendidas por investigaciones unilaterales que violen los
derechos al debido proceso, que serán cuestionadas dentro y fuera de Bolivia y
que atenten contra el estado de derecho. Merecen una justicia real e
imparcial y que todos los responsables rindan cuentas, sin amnistías ni
indultos basados en su opinión política.
Durante el gobierno de
Áñez, hicimos un llamado a los fiscales para que retiren los cargos abusivos y
defiendan los derechos humanos. Preguntamos lo mismo ahora.
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