Desde finales del siglo XIX, el mundo se había acostumbrado a las guerras del petróleo. Pero ahora comienzan las guerras del litio, que es un mineral fundamental para la fabricación de teléfonos celulares… y también para la de automóviles eléctricos. Un historiador y un periodista británicos lograron obtener una serie de documentos del Foreign Office –el ministerio de Exteriores del Reino Unido– que demuestran que Londres organizó de punta a cabo el derrocamiento del presidente de Bolivia, Evo Morales, para apoderarse de las reservas de litio de ese país.
Recuerdan
ustedes el derrocamiento del presidente boliviano Evo Morales, a finales
de 2019? En aquel momento, la prensa dominante anunciaba que
Morales había transformado su país en una dictadura y que
“el pueblo” lo había sacado del poder. Por su parte, la
Organización de Estados Americanos (OEA) publicó un informe donde
“certificaba” que había existido fraude en la elección presidencial boliviana
–en la cual Evo Morales había sido reelecto en primera vuelta– y que
lo ocurrido no era un golpe de Estado sino un “regreso a la
democracia”.
Para
no acabar como el presidente chileno Salvador Allende, Evo Morales se fue
a México, donde denunció que había sido objeto de un golpe de Estado
organizado por fuerzas deseosas de apoderarse de las reservas de litio
de Bolivia. Al no ser capaz de identificar a quienes
se movían detrás de los golpistas, su denuncia fue ridiculizada
en Occidente.
Sólo nosotros,
desde la Red Voltaire, revelamos entonces que la operación que
derrocó al presidente Evo Morales había sido ejecutada por una comunidad
de católicos croatas descendientes de ustachis (también llamados “ustachas”),
asentada en el departamento boliviano de Santa Cruz desde el fin de
la Segunda Guerra Mundial, en realidad una de las redes stay-behind montadas
por la OTAN después de aquel conflicto [1].
Un
año más tarde, el candidato del partido del presidente Evo Morales –el
Movimiento al Socialismo (MAS)– ganó por amplia mayoría una nueva
elección presidencial [2]. Esta vez no hubo reclamos sobre
la legitimidad de la elección y Evo Morales pudo regresar a su país,
donde fue acogido triunfalmente –aunque ya no como presidente
de Bolivia [3]. La supuesta dictadura de Morales
nunca existió pero la que Jeanine Áñez había instalado –gracias a la
complicidad de los altos mandos del ejército y de la policía– acababa de
ser expulsada del poder mediante las urnas.
En
Londres, el historiador Mark Curtis y el periodista Matt Kennard lograron
acceso a documentos desclasificados del ministerio británico
de Exteriores (Foreign Office). Y acaban de publicar sus
conclusiones en el sitio web Declassified UK, asentado en Sudáfrica desde
que fue blanco de la censura militar en Reino Unido [4].
A
lo largo de su carrera, Mark Curtis nos ha mostrado que la descolonización
no modificó la política del Reino Unido. Nosotros mismos ya hemos
citado sus trabajos en al menos una decena de artículos publicados
en Red Voltaire.
El
nuevo trabajo de Mark Curtis muestra que el derrocamiento del presidente
boliviano Evo Morales fue resultado de una orden del ministerio británico
de Exteriores y de varios elementos de la CIA estadounidense, y que
no pasó por la administración Trump. El objetivo de la operación era
hacer posible el saqueo del litio boliviano, que despierta la ambición del
Reino Unido en el actual contexto de la transición energética.
En
2009, la administración Obama ya había emprendido en Bolivia una intentona
golpista, frustrada por el presidente Evo Morales y cuyo resultado fue la
expulsión de varios diplomáticos y funcionarios estadounidenses en aquel país.
Por su parte, la administración Trump parece haber aparentado
que dejaba las manos libres a los neoconservadores en América Latina,
aunque impidiéndoles sistemáticamente proceder a la ejecución final de sus
planes.
El
litio es un elemento fundamental en la fabricación de baterías y está presente
en los llamados “salares” existentes en las montañas de Chile, Argentina y
principalmente en Bolivia –países que conforman el «triángulo del litio»–,
así como en el Tíbet. Pero también está presente, en forma sólida,
en ciertos minerales que se extraen en minas, como en Australia.
Actualmente, el litio se ha convertido en un elemento clave,
más importante incluso que el petróleo, en el contexto de los
Acuerdos de París sobre el cambio climático.
En
febrero de 2019, el presidente Evo Morales había autorizado el TBEA Group
–una empresa china– a explotar las principales reservas de litio
de Bolivia. Así que en Londres se trazó un plan para robar
el litio boliviano.
Evo
Morales, dirigente aymara, fue electo presidente de Bolivia en 2006.
Había llegado al mundo de la política a través del
sindicalismo, como dirigente de los pequeños productores de hoja de coca
–una planta local prácticamente indispensable para las poblaciones que viven a
grandes altitudes sobre el nivel del mar, pero que también puede ser
procesada para convertirla en la conocida cocaína, la poderosa droga
públicamente prohibida en Estados Unidos. Al convertirse en el
primer miembro de los pueblos originarios electo presidente de Bolivia,
Evo Morales encarnó el regreso de esas poblaciones al poder, al que
nunca habían tenido acceso desde la colonización española.
En
este punto, se impone una pequeña cronología:
Ya en 2017-2018, el Reino
Unido había enviado expertos a la empresa nacional boliviana Yacimientos de
Litio Bolivianos (YLB) para evaluar las condiciones para la eventual
explotación de las reservas de Bolivia.
En 2019-2020, Londres financia
un estadio para «optimizar la exploración y la producción del litio boliviano
utilizando la tecnología británica».
En abril de 2019, la embajada
del Reino Unido en Buenos Aires organiza un seminario con representantes
de Argentina, Chile y Bolivia, responsables de empresas mineras y
responsables gubernamentales, para presentarles las ventajas que representaría
para ellos trabajar con la London Metal Exchange –la Bolsa de Metales
de Londres. El gobierno del presidente Evo Morales envió
un ministro como representante de Bolivia.
Justo antes del derrocamiento
del presidente Evo Morales, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estuvo
financiando los proyectos británicos.
Mucho antes del golpe contra
el presidente Evo Morales, el ministerio británico de Exteriores recurrió
a una empresa de Oxford –Satellite Applications Catapult– para cartografiar las
reservas de litio. El mapa así obtenido fue distribuido por el Banco
Interamericano de Desarrollo –el ya mencionado BID– sólo después del
derrocamiento de Evo Morales.
Meses después del
derrocamiento de Evo Morales, la embajada del Reino Unido en Bolivia
y la empresa Watchman UK organizaron un seminario con 300 actores
del sector del litio. Watchman UK se especializa en cómo manipular
poblaciones enteras para llevarlas a participar en proyectos contrarios a
sus propios intereses, o sea en cómo evitar que esas poblaciones
se rebelen.
Para
neutralizar a los bancos bolivianos, la embajada británica organizó
–8 meses antes del golpe de Estado– un seminario sobre seguridad
informática. En ese evento fue presentada la firma DarkTrace (creada por el
MI5 británico) y se explicó a los participantes que sólo los establecimientos
bancarios que utilizaran los servicios de DarkTrace podrían trabajar con
la City londinense.
Mark
Curtis y Matthew Kennard señalan que Estados Unidos no participó
oficialmente en el golpe contra Evo Morales… pero varios
funcionarios salieron de la CIA para orquestarlo. Por ejemplo,
DarkTrace reclutó a Marcus Fowler, un especialista de la CIA en
ciberoperaciones, y a Alan Wade, ex jefe de inteligencia
de la CIA. El personal encargado de preparar el golpe era
principalmente británico, como los responsables de Watchman UK,
Christopher Goodwin-Hudson –ex militar de carrera y posteriormente
director de la seguridad en Goldman Sachs– y Gabriel Carter –miembro del
Special Forces Club de Knightsbridge, quien pasó por Afganistán.
El
historiador Mark Curtis y el periodista Matthew Kennard aseguran también que
la embajada británica en Bolivia proporcionó a la Organización de
Estados Americanos (OEA) los datos que fueron utilizados para «probar» el
supuesto fraude en la elección presidencial. Aquel “informe” de
la OEA fue posteriormente desmentido por investigadores del Massachusetts
Institute of Technology (MIT) [5], antes de que los electores bolivianos
se encargaran de desmentirlo definitivamente en las urnas, en la
elección siguiente.
Los
hechos están confirmando los trabajos del historiador británico Mark Curtis.
En 3 años, desde el golpe de Estado en Bolivia
–realizado en 2019–, hemos mostrado el papel del Reino Unido en
la guerra contra Yemen [6] y en el conflicto del Alto Karabaj
(2020) [7].
El
Reino Unido realiza guerras cortas y operaciones secretas, evitando en la
medida de lo posible que su acción quede bajo las luces de los
medios. Controla la percepción pública sobre su presencia utilizando
para ello una multitud de agencias de prensa y de medios de difusión que
Londres subvenciona en secreto. Utiliza todos esos medios y agencias
de prensa para explotar el país según su propia conveniencia. E
incluso puede hacer durar esa situación por el mayor tiempo posible,
manteniendo la certeza de que sus víctimas volverán a recurrir a su
supuesta ayuda, lo cual pone a Londres en situación de ser el único
actor capaz de aplacar los conflictos que inicia. Red Voltairenet Org
MÉXICO
ANALIZA LEY PARA NACIONALIZAR RESERVAS DE LITIO
México busca
proteger sus yacimientos del mineral empleado para fabricar equipos
electrónicos y baterías
La Razón de
México (https://bit.ly/30MfTzM)
México busca proteger sus yacimientos de litio, un mineral
empleado para fabricar baterías y equipos electrónicos y cuyo valor se calcula
en más de 50 billones de
pesos, por ello se prepara una Reforma legislativa.
La
iniciativa para modificar al artículo 27 constitucional, presentada por el senador de Morena Alejandro Armenta,
en septiembre pasado está en análisis y dictaminación en las comisiones unidas
de Puntos Constitucionales y
Estudios Legislativos Segunda.
El tema llamó la atención del presidente, Andrés Manuel López Obrador,
porque los yacimientos de Litio en nuestro país son explotados por China,
España, Reino Unido y Canadá, pero las ganancias, que representan 4.5 veces la
deuda internacional de México, se las quedan casi en su totalidad.
"Ya
no podemos seguir otorgando más concesiones. Vamos a ver qué importancia tiene
el litio, qué beneficios tiene para la Nación, pero los recursos naturales de
México tienen que beneficiar al pueblo de México", afirmó el presidente López Obrador el
11 de marzo.
El mandatario no descartó la posibilidad de
recurrir a la nacionalización o expropiación, pero adelantó que no se trata de
realizar estas acciones sin control.
En cambio, la iniciativa que presentó Armenta
Mier no busca eliminar a la competencia de las mineras extranjeras, pero sí regular de mejor manera el mercado y revisar
las concesiones que se hayan otorgado a fin de terminar con los excesos.
No
estamos en contra de la inversión extranjera, estamos en contra del saqueo de
nuestro país. Con la nacionalización del litio, sí se permitirían las
concesiones a la iniciativa privada, pero con base en lineamientos en beneficio
de México
El
senador de Morena reconoció que el mayor yacimiento de litio en México se ubica
en el estado de Sonora, cuyas reservas se calculan en unos 244 millones de
toneladas.
¿Para
qué sirve el litio?
Se ha convertido en uno de los elementos
químicos clave en un mundo que busca tecnologías
más ligeras, con materiales resistentes y varias veces reutilizables,
detalló Plinio Sosa Fernández,
experto de la Facultad de Química
(FQ) de la UNAM.
El tercer elemento de la tabla periódica ha sido
usado en diversas industrias: para tratar la bipolaridad y depresión; para
obtener mejor aluminio y grasas multipropósito para lubricantes; en el aire
acondicionado o para el caucho sintético.
El boom de su uso se dio por el desarrollo de
las baterías que son
usadas en todo el mundo para teléfonos
celulares, equipos
electrónicos de trabajo, para los autos eléctricos y dispositivos recargables,
celdas solares o para la generación de energía eólica.
Las principales reservas de litio están en el
triángulo que forma Bolivia, Argentina y Chile, naciones donde actualmente hay
problemas sociales.
El
sólido más ligero de todos
Surgido en los primeros minutos luego del Big
Bang, el litio fue descubierto por August
Arfwedson y Jöns Jacob Berzelius en 1817, quienes lo llamaron así en
honor a la palabra griega “piedra”, algo irónico, porque se trata del sólido
más ligero de todos.
Sosa Fernández indicó
que en su estado puro el litio es muy inestable y explosivo al contacto con el
oxígeno, por lo que debe almacenarse en aceite.
PUNO
CUENTA CON PROFESIONALES CAPACES PARA EXPLOTAR EL LITIO
Radio Onda
Azul de Perú (https://bit.ly/3qSZCUk)
El
catedrático de la escuela profesional de Ingeniería de Minas de la Universidad
Nacional del Altiplano (UNA) Puno, Fidel Huisa Mamani, señaló que se cuenta con profesionales capaces en todas
las áreas vinculadas en la extracción de minerales, caso del litio.
“Depende de una decisión política del gobierno nacional y regional” opinó.
Refirió
que el caso de la explotación del litio en el departamento de Puno, es una oportunidad desde el aspecto
tecnológico que se debe aprovechar. En el caso de Chile Argentina y
Bolivia, dijo que por las características de yacimientos que tienen, ya están
avanzando tecnológicamente.
“No
vamos a descubrir la pólvora, hagamos alianzas”, dijo, al tiempo de indicar que
Macusani Yellowcake, titular de la concesión minera, ya están realizando
algunos trabajos, pero se tiene que negociar para cambiar varios aspectos.
Además, señaló que para
transformar el mineral se debe tener las condiciones tecnológicas para que la
región se desarrolle.
LA
JUSTICIA LLEGA A BOLIVIA
El camino de la reconciliación no puede transitarse sobre
heridas abiertas. Razones para enjuiciar a los golpistas en Bolivia
Juventud Rebelde de Cuba (https://bit.ly/38N9AAq)
Después de la sustitución de los altos mandos militares,
parecía claro que el próximo paso en Bolivia sería abrir brecha al
enjuiciamiento de los protagonistas del golpe.
Buena parte de Latinoamérica ha sufrido las dictaduras
militares, y sabe que sobre la impunidad es imposible reconstruir con salud
social y política.
Tampoco la necesaria reconciliación de que han hablado los
actuales dirigentes bolivianos, podría transitar sobre tantas heridas abiertas,
ni ser atada a la condición de dejar sin juzgamiento los crímenes.
El aliento que esa actitud insuflaría a eventuales y nuevas acciones golpistas, podría resultar suicida para un ejecutivo
que está de vuelta de la defenestración y del posterior intento de
estigmatización frustrado por sus bases, cuando les reiteraron el respaldo
mediante del voto, en octubre pasado.
Una podría preguntarse ahora si sería ético y constructivo
que el sistema judicial desconociera a quienes fueron heridos, apresados o
humillados por los usurpadores del poder, y hacer oídos sordos a su reclamo de
justicia junto al de los parientes de los asesinados.
Transcurrieron cuatro largos meses desde que Luis Arce
juramentó los nuevos cargos en todos los cuerpos del Ejército y la Policía
hasta que la Fiscalía emitió, apenas el sábado, la orden de procesamiento a la
expresidenta usurpadora Jeanine Áñez y a una decena de altos exfuncionarios de su
ejecutivo.
Desde octubre de 2020, sin embargo, el Senado saliente había
aprobado la recomendación de procesar a la exgobernante y sus colaboradores,
así como a otros responsables por las matanzas de Sacaba y Senkata: solo dos masacres entre varias ocurridas durante el
golpismo.
En ese lapso, recordaba un jurista, los implicados no solo
evitaron concurrir, de buena fe, ante los magistrados, para hacer sus
descargos.
Además, algunos como la propia Áñez se postularon en las recientes elecciones regionales y otros
responsables resultaron, incluso, electos, tal cual ha ocurrido con Fernando
Camacho —una de las caras más visibles de la asonada— a quien la mayoría de los
votantes del departamento de Santa Cruz acaba de sufragar como su gobernador.
Ello demuestra que aunque el MAS sigue contando con mayoría
en la población —como lo han evidenciado los resultados de los comicios
regionales—, la violencia y el racismo también siguen teniendo seguidores… Una
verdad que no puede desconocerse si se quiere salvaguardar la
estabilidad.
En ese entorno es que ha tenido lugar el arresto de la
exgobernanta de facto, de dos de sus exministros, y del dirigente de la llamada
Resistencia Juvenil Cochala, Yassir Molina, cabecilla de un verdadero grupo paramilitar que entre sus abusos cuenta la
agresión con signos vejatorios de la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce: aquella
mujer cuya foto dio la vuelta al orbe mientras se la paseaba como trofeo, con
el cabello cortado y el rostro embarrado con pintura roja, después de haber sido golpeada
por los de la Resistencia.
Otros asuntos a tomar en cuenta son que, a pesar del tiempo
transcurrido, los expedientes de los acusados no están completamente
conformados aún, según trascendidos, y que dos de los responsables golpistas de mayor rango —el
exministro de Gobierno, Arturo Murillo, y el exviceministro de Régimen Interior
y Policía, Javier Issa—, hace rato huyeron del país mientras eran investigados,
para lo cual debieron valerse de relaciones con las autoridades que se desempeñaban en Migración.
Esos constituyen antecedentes que sostienen la decisión
judicial de dictar cuatro meses de prisión preventiva contra Áñez y los dos
exministros arrestados, pues las autoridades estiman que también podrían intentar la fuga.
Luego de la primera comparecencia de ella, vía telefónica, el
domingo, ante los representantes de la justicia, se han divulgado formalmente
los cargos presentados contra todos los encartados: terrorismo, sedición y
conspiración.
«Se ha respetado el debido proceso», reiteró en uno de sus
cintillos la Agencia Boliviana de Información (ABI).
Las voces que piden juicio, crecen… Tanto, que el gobierno
debió llegar a un acuerdo con los familiares de las víctimas de la violencia
golpista, a tenor del cual se ha comprometido a brindarles respaldo
para su sobrevivencia material pero, también, a que los crímenes no queden
impunes.
Según explicó el ministro de Justicia y Transparencia
Institucional, Iván Lima, además de los pedidos de ayuda, los sobrevivientes y familiares de las víctimas plantearon un «reclamo
fundamental»: el pedido de justicia en el marco de la reparación integral de
los daños cometidos (por el golpismo) en noviembre de 2019.
A las demandas de los parientes de los asesinados se suma el pronunciamiento, en igual sentido, de la Central Obrera
Boliviana (COB), y de diversas voces del Parlamento.
«Somos el portavoz de las organizaciones sindicales —apuntó
la COB el mes pasado—. Las notas y denuncias que nos llegan las estamos
transmitiendo a nuestra Asamblea Legislativa como un poder del
Estado», añadió respecto al pedido de acelerar los juicios.
Según ha recordado en las redes sociales el actual presidente
de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, los acusados «llevan en sus hombros»
la muerte de 37 personas, más de 800 heridos y al menos 1
500 detenidos como resultado de las persecuciones durante el régimen de facto.
«El pueblo boliviano ha sufrido la violencia de los
golpistas. El dolor y el luto fueron regados por el mal llamado “gobierno transitorio”, que en los hechos fue una dictadura impuesta a
sangre y fuego».
La Defensoría del Pueblo considera que los delitos del
golpismo son de lesa humanidad.
Ello, sin contar hechos corruptos o decisiones
antidemocráticas que sostienen otros cuatro juicios de responsabilidades de los que también
acaba de tomar nota la Fiscalía.
En medio de la alharaca cuestionadora de los juicios que ya
empiezan a levantar voces de afuera como las de Estados Unidos y la Unión
Europea —voces que quedaron en silencio durante y después de la asonada, y ahora hablan de
«motivaciones políticas»—, vale la pena preguntarse si no existen razones para
procesos con todas las de la ley, como los que el sistema judicial boliviano se
propone.
CANDIDATA
PERUANA SIN DUDAS SOBRE GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA
Prensa Latina de Cuba (https://bit.ly/3vF02BA)
La candidata presidencial peruana Verónika Mendoza consideró
hoy indudable que la exgobernante de Bolivia Jeanine Áñez llegó al gobierno del
vecino país mediante un sangriento golpe de Estado.
'¿A quien le cabe duda que en Bolivia hubo un golpe de
Estado, con muertos de por medio?' y con falsas denuncias de fraude electoral,
dijo la postulante del bloque de izquierda Juntos por el Perú (JP) en una entrevista televisiva.
Respondió
así a una pregunta sobre si Áñez fue detenida acusada de
perpetrar un golpe de Estado.
'Pero ocurrió todo lo contrario, porque después ha habido estabilidad y
crecimiento económico y 50 por ciento de la población tiene gas domiciliario', agregó.
Mendoza
agregó que en la conversación con Morales hablaron de la posibilidad de un
acuerdo de explotación binacional del litio que poseen ambos países e industrializar el recurso.
'En lugar de regalarlo a una transnacional, decidir nosotros qué hacer con el
litio e industrializarlo aquí con participación Estado de la mano con el sector
privado, para que sirva a los intereses nacionales', señaló la candidata presidencial.
Por
otra parte, criticó a su rival electoral, el populista Yonhy Lescano, quien encabeza
las encuestas, por prometer cambios sin convicción ni compromiso y solo para
atraer electores, empeño en el que incurre en contradicciones.
EL
GOBIERNO BOLIVIANO ACUSA A LA UE DE "PROPICIAR" UNA ADMINISTRACIÓN
"NO CONSTITUCIONAL" EN 2019
Infobae de Argentina (https://bit.ly/2OVmdma)
El
Gobierno de Bolivia ha cuestionado el papel desempeñado por la Unión Europea
durante la crisis postelectoral de 2019 y ha asegurado que "propició"
la llegada de la administración "no constitucional" de Jeanine Áñez,
actualmente en prisión preventiva por un supuesto golpe de Estado.
El
portavoz de la Presidencia boliviana, Jorge Richter, ha reconocido en
declaraciones al diario 'La Razón' que la visión que tiene el Gobierno de Luis
Arce sobre el papel de la UE "no es de un agrado completo", ya que
estima que el bloque "propició que en Bolivia se pueda instalar un
gobierno no constitucional como el de la señora Añez.
"Propició
con ese silencio también para que aquello transcurriera y finalmente sea el
resultado que conocemos", ha añadido, en alusión al año en que duró este
Gobierno interino y que no concluyó hasta la celebración de nuevas elecciones
en octubre de 2020.
Según Richter, "los apresuramientos eran evidentes" y la UE busco
"rápidamente" una solución que diese una "legalidad mínima"
al proceso. Áñez ocupaba durante las elecciones de 2019 la vicepresidencia del
Senado, cargo que esgrimió para reivindicarse como sucesora de Evo Morales en
la jefatura de Estado tras la cascada de dimisiones que siguieron a la salida
del entonces presidente.
"Después
de la solución de un Gobierno que se autoproclama y usurpa funciones para poder
lograr el cometido de instalar un presidente, prescindiendo de la Asamblea
Legislativa, esto no recibió las críticas ni la censura que correspondía en ese
sentido y en esa perspectiva", ha recriminado el portavoz.
LA
OEA RECHAZÓ LAS ACUSACIONES DE ARGENTINA DE HABER PARTICIPADO DE UN PRESUNTO
GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA
El canciller de Argentina, Felipe Solá, calificó
de “inmoral absoluto” al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y lo
responsabilizó de la salida del poder de Evo Morales tras las elecciones de
2019
Infobae de Argentina (https://bit.ly/3eGkUCk)
En medio de la polémica por las detenciones de Jeanine Áñez y cinco de sus
ministros, la Organización de Estados Americanos (OEA)
rechazó este lunes las acusaciones de Argentina de haber
participado en un presunto golpe de Estado contra el ex presidente Evo Morales.
“Puesto que la OEA fue la única organización multilateral que
sostuvo que el mandato constitucional del ex presidente debía ser respetado y que todas las instituciones debían actuar con
apego a la Constitución, es evidente la falsedad absoluta de cualquier
acusación contra la Organización de haber participado en un golpe de Estado”, señala el organismo internacional en un comunicado.
Respecto a las elecciones celebradas en 2019, la OEA asegura
que hubo un debilitamiento de la autoridad electoral. Denuncia “cambios
significativos en la composición del Tribunal Supremo Electoral (TSE), así como
en su estructura interna”.
“Es importante señalar como antecedente a las renuncias de
los magistrados del TSE las innumerables presiones que recibieron en el marco
de esta elección. El 21 de noviembre de 2018, en las semanas
previas a definir la habilitación o inhabilitación de las candidaturas inscritas para las primarias, los vocales (Dunia) Costas y
(Antonio) Sandoval habían presentaron una nota de denuncia ante el Defensor del
Pueblo en la que indicaban que habían sido intimidados y solicitaban garantías
para el ejercicio de sus funciones. El 25 de noviembre de 2018, ambos vocales
presentaron también una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, señala la OEA.
El organismo también denuncia una “paralización dolosa del
Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP)”. Aduce que esta se realizó de forma intencional,
arbitraria y sin ningún fundamento técnico que justificara dicha paralización.
Esto se llevó a cabo cuando había un 83,76% de las actas verificadas y
divulgadas, de un 89,34% que ya habían sido transmitidas y estaban en
el sistema TREP, según informa la OEA.
En el comunicado también señalan que durante la jornada
electoral se hizo uso de servidores clandestinos a los cuales se desvió de
manera intencional información del TREP. Además, hubo manipulación y ocultamiento sobre
el uso de los servidores.
“Se evadieron intencionalmente los controles de la
empresa auditora y se redirigió el tráfico hacia una red que estaba fuera del
dominio, administración, control y monitoreo del personal del TSE. El esquema tecnológico paralelo y no controlado
que se creó de manera deliberada facilitó un entorno que permitía la
manipulación de datos, suplantación de actas o cualquier maniobra, facilitado
por la volatilidad de la evidencia digital”, denuncia la OEA en su comunicado.
A lo anterior se le añade, ingresos remotos indebidos al
sistema, accesos de personas no autorizadas al mismo, provisión de información
falsa e intento deliberado de ocultar servidores.
La OEA también denuncia que hubo un llenado doloso e
irregular de actas de escrutinio que afectaron su cómputo. De acuerdo con la investigación realizada, de una muestra
de 4.692 actas revisadas, 226 estaban manipuladas. También hubo quema de
material electoral sensible.
La OEA señala, además, que no se preservaron los metadatos de
las imágenes del TREP que determinan la autenticidad de las imágenes y la
identificación de la fuente de los archivos.
Entre otras de las denuncias realizadas por la Organización de Estados Americanos están: ingresos inexplicables y no autorizados al sistema,
modificaciones en más de una ocasión del software del Cómputo Oficial en pleno
proceso, modificación de bases de datos.
La OEA advierte que no hubo una adecuada preservación de la evidencia sobre los comicios, como tampoco garantías en
la cadena de custodia del material electoral.
Por último, denuncia que “se constataron actas del voto en el
exterior originales (sin llenar) en las instalaciones del TSE” y que “la autenticación para el uso del software del sistema de cómputo
era débil y permitía a alguien tomar control con roles de administración”.
Por otra parte, el canciller de Argentina, Felipe Solá,
calificó de “inmoral absoluto” al secretario general de la
OEA, Luis Almagro, y lo responsabilizó por el “golpe de
Estado”, que dice sufrió Evo Morales en 2019.
”Es un inmoral absoluto (...) que se pone a las órdenes del
más fuerte, a las órdenes de Donald Trump (en ese entonces presidente de EEUU),
traiciona toda su historia política y mandatos”, dijo sobre Almagro y su “aporte” para que en
Bolivia se diera el “golpe de Estado”.
Morales se vio forzado a renunciar a la Presidencia de
Bolivia el 10 de noviembre de 2019 y siempre ha acusado a la OEA y a Almagro de
sustentar “la maquinaria del golpe de Estado” tras el informe sobre
las elecciones de ese año, que fueron anuladas por denuncias de fraude a su
favor.
El expresidente boliviano vivió por casi 11 meses en
Argentina, desde donde dirigió la campaña del Movimiento al Socialismo (MAS) con la que Luis Arce ganó la Presidencia en octubre
pasado.
Los lazos entre Argentina y Bolivia vienen desde los
Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa
y viuda Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y ahora reeditan esa alianza con Luis Arce.
El ministro argentino, quien dio estas declaraciones a un
canal de televisión boliviano este jueves en la noche, también arremetió contra
el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, con el que Argentina no tuvo
relaciones, y dijo que “gobernó con odio”. Solá también contó
que en la asunción del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, el 1 de marzo
de 2020 en Montevideo se negó a saludar a la entonces canciller interina de
Bolivia, Karen Longaric, pues el Gobierno de su país no la reconocía como tal, y tampoco saludó a
Almagro porque le “daba vergüenza”.
El canciller Solá llegó a La Paz, sede del Gobierno y el
Parlamento, el miércoles en la noche e inició su agenda oficial este jueves con
reuniones con su homólogo boliviano, Rogelio Mayta, el vicepresidente, David
Choquehuanca, y el presidente del país, Luis Arce, en el que abordaron
distintos temas.
En su visita, el canciller de Argentina expresó el compromiso
de su país para que Bolivia forme parte del Mercosur como miembro de pleno derecho y adelantó que se prevé que el tema sea
tratado en la cumbre del bloque regional el próximo 26 de marzo en Buenos
Aires.Solá, quien también fue condecorado con la legión de honor Mariscal
Andrés de Santa Cruz, en grado de Gran Cruz, retornará a su país este viernes.
¿UN
NUEVO “GIRO A LA IZQUIERDA”?
El País de Argentina (https://bit.ly/3ljJUkd)
La
anulación de las sentencias que pesaban sobre el expresidente Lula Da Silva en
Brasil, y el arresto de la ex presidenta de facto Jeanine Añez actualizaron un
debate que, por tener como centro a la opinión pública y a la academia, no deja
de ser interesante para la discusión. ¿Hay un nuevo giro ideológico en
Latinoamérica? ¿Con el fortalecimiento de las posiciones tanto políticas, como
de gobierno, del progresismo regional asistimos a un retorno del “giro a la
izquierda”? ¿O continúa siendo esta una región en disputa, indefinible en
términos de orientación ideológica para los analistas políticos?
Como escribimos aquí, aquí y más tarde aquí la tesis de un giro a la derecha, a
partir del triunfo de Mauricio Macri en 2015 en Argentina, nunca logró
verificarse en los hechos. Es cierto que tras el triunfo del Macri, la salida
anticipada de Dilma Rousseff en Brasil, el triunfo de Piñera en Chile, la
“traición” de Lenin Moreno en Ecuador, la ratificación del uribismo en
Colombia, del Partido Colorado en Paraguay y de Juan Hernández en Honduras, y
más tarde las victorias Jair Bolsonaro, Nayib Bukele en El Salvador y Luis
Lacalle Pou en Uruguay marcaron un rumbo ideológico nítido orientado al
neoliberalismo, este no estuvo exento de “nubarrones” progresistas en el
camino. Las victorias de Daniel Ortega en Nicaragua, de Nicolás Maduro en
Venezuela, de Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO) en México, de Alberto
Fernández (AF) en Argentina y la de Luis Arce en Bolivia luego del golpe
militar de un año atrás, convivieron durante este último quinquenio con
el ascenso de una (¿nueva?) derecha regional.
Los sucesos que encabezan esta nota, y lo que puede ocurrir el
próximo 11 de abril en el balotaje en Ecuador si triunfa el favorito Andrés
Arauz, y en la primera vuelta en Perú, si la progresista Verónika Mendoza logra
alcanzar la segunda vuelta, colocan en primera plana el cambio de orientación
ideológica que comienza lentamente (o no) a desplegarse en la región. Ahora
bien, si por un momento arriesgamos y aceptamos la existencia de un retorno a
las políticas distribucionistas, mercado internistas y Estado céntrica (tomando
prestado el concepto a Marcelo Cavarozzi) ¿de qué tipo de progresismo estamos
hablando? ¿Qué expresan los triunfos de AMLO, AF, Arce y Arauz? ¿Representan la
continuidad de los liderazgos de Rafael Correa, Evo Morales y Cristina
Fernández? ¿O se trata de un nuevo tipo de conducción estatal?
Una más que breve biografía política de estos referentes ilustra
que se trata de dirigentes políticos que expresan algo distinto a sus
predecesores. Exceptuando el caso de AMLO, ya que en México su victoria
clausuró el ciclo neoliberal que por 30 años condujo los destinos del país del
norte de la región, AF, Arce y Arauz provienen de diferentes espacios
político-institucionales, pero comparten dos características comunes que los hizo
candidateables (y votables): su “moderación” política y su “independencia” del
candidato “natural”. En los tres casos, su posicionamiento político- ideológico
distó (en algunos casos más leves que otros) de ser el encarnado por las
figuras precedentes, y su designación por parte de estas obedeció, en gran
parte, a lo que estos tres candidatos expresaban de cara a un electorado
plural. La frase de AF “Con Cristina no alcanza y sin ella no se puede” bien
puede aplicar a los tres casos.
La selección de estos candidatos, obviamente, tuvo en su haber más
de una razón, pero el perfil seleccionado por los tres históricos líderes
intentó ofrecerle a la ciudadanía un candidato que sea la expresión del espacio
partidario, con un discurso moderado y una silueta política autónoma, y sobre
todo técnica. En el caso de Alberto Fernández su experiencia gubernamental como
jefe de gabinete de Néstor Kirchner y fugazmente de CFK, el de Arce como
ministro de economía de Evo Morales a lo largo de casi todo su mandato, y el de
Arauz, un cuadro técnico que sirvió de apoyo al gobierno de Rafael Correa en
distintos espacios de la estructura estatal.
En el marco de un contexto de crisis política y económica los tres
candidatos oficiaron como expresión de un nuevo tiempo en la política
sudamericana, marcada por el conflicto geopolítico EEUU vs. China-Rusia,
una evidente dificultad para el retorno de los líderes históricos que
comandaron el primer proceso de transformación en estos países y un nuevo
momento para una región en disputa como nunca antes desde el retorno a la
democracia en los ochenta.
Aún resta dilucidar si esta exitosa estrategia de campaña
(selección de candidato- moderación y autonomía) que permitió el regreso del
kirchnerismo y el evismo (y probablemente de no mediar el fraude, del
correismo) puede traducirse en un gobierno estable. Y no hablamos aquí de
exitoso en el sentido de ser quienes culminen con la crisis colosal que dejaron
sus antecesores y la pandemia, sino que lo hacemos en términos de estabilidad
política, ya que será, en mi concepto, la vara desde dónde se podrá medir
a estos primeros mandatarios. La etapa que se abrió tras la crisis sanitaria
mundial exige de estos nuevos presidentes ser ante todo cuidadosos de su
posición política institucional, es decir, de la de lograr una acumulación de
recursos de poder que impidan que las oposiciones de derecha (unidas a la fecha
y sabedoras que pueden regresar pronto) se envalentonen y pateen el tablero.
El gobierno en nuestra región nunca está exento de peligros y
acechanzas. La inestabilidad presidencial, aquel fenómeno novedoso que expulsa
presidentes manteniendo el formato democrático, está siempre ahí, a la vuelta
de la esquina. Desde allí que los liderazgos presidenciales post neoliberalismo
tardío tendrán una doble tarea: fortalecer su posición política (lo que implica
generar recursos de poder a expensas de la oposición) e intentar surfear la
crisis económica y de salud con las herramientas disponibles, intentando
mejorar en todos los índices al magro precedente neoliberal. Una tarea, a
todas luces, para nada sencilla.
AMÉRICA
LATINA: CUANDO SE MEZCLAN LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA
Ya sea que se trate de Jeanine Áñez, Evo Morales,
Lula da Silva o Martín Vizcarra, los casos que involucran a expresidentes
levantan interrogantes sobre la politización de la Justicia en América Latina.
DW de Alemania (https://bit.ly/3bSSpPO)
Jeanine Áñez, expresidenta interina de Bolivia, se
encuentra en prisión preventiva, dictada por la Justicia a solicitud de la
fiscalía boliviana. En su contra se desarrolla una investigación por
acusaciones de "sedición, terrorismo y conspiración", en lo
que ya se conoce como el caso "golpe de Estado”.
Sus partidarios hablan de "persecución política”, como
lo hicieran en su día los seguidores de Evo Morales, forzado a dejar la
presidencia de Bolivia en noviembre de 2019. Morales fue acusado de varios
delitos, entre ellos el de terrorismo. Otros miembros de su
gobierno corrieron una suerte parecida. Human Rights Watch (HRW) analizó 21
casos, detectando "evidencia de cargos infundados, violaciones del debido
proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención
preventiva".
Eso sí, HRW constató también en su informe que durante el
gobierno de Morales, "la fiscalía presentó cargos contra varios de sus
rivales políticos, en casos que parecían estar motivados por razones políticas". El problema de la Justicia boliviana no es nuevo.
"Es un fenómeno que se ha mostrado en los 14 años de Gobierno de Evo
Morales, pero también en los tiempos de la presidenta interina, Jeanine
Añez", afirma Marie Christine Fuchs, directora del programa Estado de Derecho para Latinoamérica, de la fundación
Konrad Adenauer (KAS), cercana a la conservadora Unión Cristianodemócrata
alemana. De todos modos, en lo tocante aAñez, considera que hubo "violación del
debido proceso, porque la orden de captura efectivamente no se basó en hechos
debidamente fundados. Por eso, hay un uso arbitrario de la figura de
detención".
Control judicial
Pero las interrogantes sobre la independencia de la Justicia
no se limitan a Bolivia. La sombra de las dudas viene planeando desde hace años
también sobre otros países como Brasil, donde un juez de la Corte
Suprema anuló recientemente las sentencias contra el expresidente
Luiz Inácio "Lula” da Silva.Se trata de un fallo relativo solo a aspectos
formales de un proceso en el que, sin embargo, hubo también sospechas de fondo.
"Ya se sabía que, bajo el pretexto de combatir la
corrupción a cualquier precio, en la 'Operación Lava Jato', los fiscales y
jueces violaron leyes procesales y garantías constitucionales, como la
presunción de inocencia", señalan Carol Proner y Juliana Neuenschwander, de la
Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD), en un escrito
titulado "El lawfare como arma política".
Y agregan que "Sergio Moro se consagró como héroe
nacional contra la corrupción, centralizando todos los procesos... El estilo del magistrado,
posteriormente nombrado Ministro de Justicia por el presidente Jair Bolsonaro,
siempre fue singular, discrepando de la usual y recomendada discreción en la
magistratura".
Marie Christine Fuchs concede que el paso del juez Moro a la cartera de Justicia en
Brasil alimentó en su día sospechas de que "tal vez haya habido
una cercanía demasiado grande entre la Justicia y la política". No
obstante, considera que en Brasil, como en Colombia, hay tribunales que están ejerciendo su tarea de control.
"Esa es justamente la función de la Justicia. Claro
que se convierte en un problema si se politizan los procesos.
Sé que a muchas cortes en la región a veces se les reprocha un cierto
activismo político, porque a veces asumen funciones que en otros países sería mejor
ubicar en manos del parlamento. Pero, en muchos casos, los tribunales
justifican su actuar invocando las omisiones de los parlamentos", dice.
No obstante, subraya que "no todo es blanco o
negro" y que las posibilidades de acción parlamentaria se han visto
restrigidas, en los últimos tiempos, debido a la pandemia del coronavirus.
"Muchos gobiernos han dictado estado de emergencia, y esto les ha
permitido gobernar por decreto, sin control parlamentario y solamente con el control judicial posterior".
Fundamento de la democracia
La experta de la KAS, autora del libro "Justicia y
política en América Latina: ¿un amor-odio?", considera que se está
viviendo un escenario muy peligroso para el Estado de derecho en la región, donde hay tendencias populistas. Y enfatiza que
"para asegurar la democracia en el continente, una de las tareas más
necesarias es fortalecer la independencia judicial".
Su debilidad actual la atribuye a la debilidad general de las
instituciones, producto de una serie de factores, entre ellos, Fuchs
destaca "la desigualdad estructural que viven desde hace siglos los
latinoamericanos, que les hace difícil creer en la Justicia y su
independencia". Más aún cuando no todos parecen entender de
igual forma los límites que impone la división de poderes.
Como muestra, un ejemplo: en noviembre pasado, el
presidente de El Salvador causó polémica con tuits que, según consigna la ONU
en su portal de noticias, "intentaron presionar al poder judicial para acelerar los juicios contra figuras de la oposición”. El
relator especial la ONU sobre la independencia de los jueces y abogados, Diego
García-Sayán, recordó que "el poder ejecutivo debe respetar la
independencia del poder judicial y abstenerse de socavar su
autoridad”, agregando que las decisiones judiciales
deben ser acatadas, "no interpretadas por otros poderes del
gobierno".
LA REVANCHA DE EVO MORALES
El Periódico de Guatemala (https://bit.ly/38KMyu0)
El régimen socialista de Bolivia, presidido por Luis Alberto
Arce Catacora, subordinado de Evo Morales, ha encarcelado a la expresidenta
interina (2019-20), Jeanine Áñez Chávez, bajo los cargos de “sedición, terrorismo y
conspiración”, por haber dado un “golpe de Estado” en contra del gobierno de
Morales. En todo caso, cabe recordar que Áñez Chávez asumió el cargo de
presidenta interina de Bolivia después de que el exgobernante Evo Morales se viera obligado a renunciar, a raíz de las
protestas masivas en contra del fraude electoral perpetrado por el régimen
bolivariano de Morales el 20 de octubre de 2019.
El gobierno de Morales se derrumbó después de que la OEA hizo
público el informe de auditoría sobre las elecciones celebradas
el 20 de octubre de 2019 en Bolivia, en el cual se revelaron graves anomalías,
irregularidades e inconsistencias en el escrutinio electoral.
Morales, antes y después de su renuncia, denunció la
perpetración de un “golpe de Estado” en su contra, aunque la
opinión pública nacional e internacional tenía claro que el mismo Morales fue
quien atentó contra la institucionalidad democrática boliviana, ya que, por un
lado, forzó su postulación a la reelección presidencial, a pesar de que la Constitución de Bolivia lo
prohíbe expresamente; y, por otro lado, consumó un fraude electoral para
impedir un balotaje entre él y el presidenciable opositor Carlos Mesa, ya que
sabía que en una segunda vuelta perdería las elecciones. Es decir, que Morales perpetró una suerte de
“autogolpe de Estado”, al igual que los regímenes de Nicolás Maduro en
Venezuela, Manuel Zelaya en Honduras y Daniel Ortega en Nicaragua.
Por tanto, no hay duda de que la caída de Morales no fue
consecuencia de un “golpe de Estado”, aunque las cajas de
resonancia bolivarianas hicieran eco a la infundada denuncia Morales, sino que
fue producto de que él se puso al margen de la Ley y lo que procedía era la
aplicación de la misma y la imposición de las sanciones penales correspondientes, lo que no ocurrió debido
a que la Fiscalía de Bolivia no imputó cargos a Morales, por “sedición”,
casualmente un mes antes de que Arce Catacora accediera al poder (8 de
noviembre de 2020).
La expresidenta interina Áñez Chávez garantizó la celebración de elecciones justas y limpias el
18 de octubre de 2020, en las cuales se eligieron presidente y vicepresidente,
senadores y diputados. Arce Catacora resultó electo como presidente de Bolivia,
postulado como presidenciable por el Movimiento al Socialismo (MAS), cuyo líder máximo es
Evo Morales, lo que acredita la transparencia e imparcialidad de los comicios.
Junto a Jeanine Áñez Chávez fueron detenidos sus exministros
de Justicia, Álvaro Coimbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, y el oficialismo boliviano también exige la detención inmediata de los
expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, principales líderes de la oposición
política.
El director de la División de las Américas de Human Rights
Watch (HRW), José Miguel Vivanco, a raíz de los encarcelamientos políticos indicados, ha hecho
un llamado urgente a toda la comunidad internacional a reaccionar a lo que él
denomina como un “irrespeto al Estado de derecho” que se está cometiendo en
Bolivia. Asimismo, Vivanco afirma que las órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía de Bolivia en
contra de la expresidenta interina Áñez Chávez y otros, carecen de pruebas y
evidencias.
EVO
Y LAS AGENDAS
Correo de Perú (https://bit.ly/3qTPFWR)
Si
el nefasto expresidente boliviano Evo Morales -ahijado político de los tiranos
Fidel Castro y Hugo Chávez-, es el modelo a seguir de la candidata presidencial
de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, los peruanos estamos notificados de a
dónde podría ser llevado nuestro país en caso triunfe esta opción de izquierda
contraria a la minería responsable y la inversión privada, y que sueña con una
nueva Constitución y otra reforma agraria.
No sé qué de bueno puede traer al Perú algo de lo que hizo Morales
en Bolivia, quien llegó al poder, cambió la Carta Magna y no se quiso ir nunca,
ni siquiera cuando un referéndum convocado por su propia administración le dijo
que se vaya a su casa. Recordemos que quien llegara al poder tras una larga
carrera de dirigente cocalero y agitador profesional, copó las entidades
públicas e hizo lo que le dio la gana. La separación de poderes fue una burla
en el vecino país.
El expresidente Morales fue muy astuto para escribir sus discursos con la mano
izquierda y gobernar con la derecha, lo que hizo que su país no termine en una
catástrofe económica, social y humanitaria como la ocasionada por los hermanos
Castro en Cuba y el chavismo en Venezuela. Sin embargo, este personaje no es
ningún buen ejemplo de respeto a la democracia, la alternancia del poder y la
independencia de las instituciones.
Y como si fuera poco la aparición de Morales al lado de Mendoza, a
través del programa La Encerrona el expresidente Ollanta Humala confirmó lo que
ella siempre negó: que sí escribió en las célebres agendas de Nadine Heredia
donde se hicieron anotaciones de millonarios montos de dinero que nadie sabe de
dónde salieron. Esto era un secreto a voces desde hace seis años, pero la
postulante de Juntos por el Perú hasta hoy inste en que es mentira. ¿Alguien le
creerá?
MESA: ADMITIR QUE HUBO GOLPE DE ESTADO EN
BOLIVIA SUPONDRÍA PROCESAR A ARCE
Swissinfo de Suiza (https://bit.ly/3vs1W8p)
El
líder del mayor partido opositor de Bolivia. el exmandatario Carlos Mesa, dijo en
una entrevista con Efe que admitir un supuesto golpe de Estado implica que el
presidente del país, Luis Arce, fue elegido bajo una convocatoria de una
Administración de facto y que debería ser procesado por ello.
Mesa consideró que de admitirse el "razonamiento
bizarro" del Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) sobre el supuesto
golpe de Estado en 2019 "debería procesarse a Luis Arce y David
Choquehuanca" por presentarse a "una convocatoria a elecciones de un
Gobierno de facto", como la que hizo la ahora exmandataria Jeanine Áñez.
Y añadió irónicamente que en ese "mundo paralelo"
también "llegaríamos a la conclusión (...) que hay que procesar a quienes
pidieron la renuncia del presidente Morales o a quienes pidieron la inmediata
sucesión constitucional".
Con esto se refirió a los legisladores que reconocieron el mandato
de Áñez como también a la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, y el secretario
general de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, señalados
como afines al MAS, que también sugirieron a Morales renunciar en 2019.
INTERPELA A LA ONU Y UE
Mesa, líder del partido Comunidad Ciudadana (CC), reiteró que el
Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, detenida junto a dos de sus exministros,
fue de "derecho y no de facto, fue producto de una sucesión constitucional
y fue reconocido internacionalmente por la mayoría de los países que conforman
la ONU y la OEA".
"La Unión Europea y Naciones Unidas saben que no hubo un
proceso de golpe de Estado, porque junto a la Iglesia católica promovieron la
facilitación de reuniones para tratar de pacificar al país y encontrar
respuestas a la crisis política" en ese momento, afirmó.
Mesa recordó que en esas reuniones también participaron el
Gobierno de España, el MAS, la Democracia Cristiana, Comunidad Ciudadana y los
comités cívicos, "que eran las fuerzas con representación parlamentaria y
las fuerzas que habíamos obtenido el mejor resultado en el proceso electoral
fraudulento" de 2019.
El expresidente boliviano (2003-2005) envió este domingo una carta
a varios organismos internacionales, entre ellos la ONU, la Unión Europea y la
Organización de Estados Americanos (OEA) en la que insta a la comunidad
internacional a poner "su máxima atención en Bolivia".
UNA SITUACIÓN "DRAMÁTICA"
Carlos Mesa reiteró su advertencia de que el país andino está
"en una situación dramática de persecución política, de judicialización de
la política".
A juicio de Mesa, "el Gobierno está acelerando el paso hacia
un modelo autocrático muy parecido al modelo venezolano" y dio que el
argumento del golpe de Estado para detener a la expresidenta Áñez y dos
exministros suyos afecta a "todo elemento vinculado a la defensa de sus
derechos fundamentales".
El líder opositor señaló que el sistema judicial y la Fiscalía se
"pegan al sol que más calienta" o funcionan "al servicio del
poder de turno", como el giro de esta última que en 2019 emitió
aprehensiones contra los vocales electorales denunciados por fraude y que ahora
ha decidido ordenar detenciones por el supuesto golpe de Estado.
Por otro lado, Mesa reconoció que la oposición pasa por un momento
complejo y no tiene "una condición de movilización, efervescente",
tras el impacto que supuso la derrota en las elecciones generales del año
pasado.
Mencionó que el de ahora "es un proceso de toma de conciencia
en el que se tiene que enfrentar algo muy importante que es el miedo (...) el
Gobierno está generando el miedo a través de una táctica del terror".
La expresidenta interina Áñez fue trasladada este lunes a una
cárcel en La Paz en la que se le habilitó un espacio de aislamiento por
protocolos de la covid-19 por quince días, al igual que a sus dos exministros
recluidos en el penal de San Pedro en La Paz.
ECUADOR
Y BOLIVIA, ENTRE LOS PAÍSES DE SUDAMÉRICA CON LAS TARIFAS MÁS ALTAS DE BANDA
ANCHA FIJA DURANTE EL 2020
El Universo
de México (https://bit.ly/3rRFQdb)
Un
análisis del portal Cable.co.uk comparó
los distintos precios mensuales del servicio de banda ancha fija alrededor del
mundo. En el ámbito de Sudamérica se determinó que aproximadamente el usuario
gasta $ 33,65 por este.
La
propuesta Cable.co.uk nació hace más de diez años y busca proporcionar
información comparativa de los servicios de internet para que el usuario tome
una decisión. También evalúan los principales proveedores de televisión, banda
ancha y telefonía del Reino Unido.
El
país de la región con el servicio más barato es Argentina, cuyo plan más barato
ronda los $ 19,49, seguido de Colombia con $ 24,63. Los países con las tarifas
más altas son Ecuador ($ 40,38 al mes) y Bolivia ($ 45,96 al mes).
Un
equipo de la Cámara de Comercio de Quito analizó las cifras correspondientes al
2020 sobre el costo del servicio y su calidad. En el caso de Ecuador, se
determinó que en promedio se tiene una velocidad de 29,38 megabits por segundo
(Mbps), mientras que en Chile llega a 171,02 Mbps.
Carlos
Zaldumbide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, explicó que
en marzo de 2021 se lanzó por parte del Gobierno la Estrategia Nacional de
Comercio Electrónico (ENCE), con la que se pretende dinamizar la digitalización
de valor de comercio electrónico: “Sin embargo, el documento no incluye
referencias a la infraestructura de conectividad a internet en el país,
considerando que, si el servicio de internet fijo no mejora en calidad, precios
accesibles y mayor cobertura, resultará complicado lograr los objetivos que la
estrategia pretende lograr”.
El
pasado viernes, el Gobierno presentó el proyecto para el despliegue de un cable
submarino con el que se busca aumentar diez veces el ancho de banda actual de
internet en las islas Galápagos y posicionarlo al mismo nivel del territorio
continental.
La
capacidad total del cable es de 4 terabits por segundo, pero inicialmente se
manejarán 10 gigabits por segundo. Actualmente la conectividad a las islas
Galápagos se ha venido realizando por medio de arrendamiento satelital, cuyo
costo le representa a la CNT-EP un total de $ 311 millones. Según la empresa
pública, para bajar esos valores y ofrecer un mejor servicio de
telecomunicaciones al archipiélago, la mejor alternativa es el escenario de
arrendamiento de fibra óptica, que reduce el costo a $ 240′344.937.
PANAMÁ
Y BOLIVIA LIDERAN LA TRAGEDIA EN EDUCACIÓN DEL MUNDO
Nuevo Siglo
de Colombia (https://bit.ly/3lmhmGB)
En
las calles de Ciudad de Panamá un noticiero alemán presentaba la semana pasada
la tragedia que se ensaña con los niños. Visitan la plaza central de mercado de
la ciudad, y lo que encuentra son cientos de niños trabajando en los locales,
sentados en el piso acompañando a sus madres, mientras juegan con un celular,
mientras corren por los caminos congestionados de compradores, expuestos no
solo a la pandemia, también al abuso sexual y a la explotación laboral.
El
noticiero explica que Panamá y Bolivia
lideran la triste lista de países que cumplieron 365 días con las escuelas
cerradas y donde no hay luces sobre una posibilidad del retorno presencial.
En
total, 168 millones de infantes en el
mundo siguen sin volver a las escuelas, lo grave es que el 70% de ellos se
concentra en Latinoamérica. Además de Panamá y Bolivia, la mayoría de las
escuelas y colegios de Colombia, El Salvador, México, Perú, República
Dominicana, Guatemala, Paraguay, también se encuentran cerrados. El
único país no latinoamericano que se encuentra en la lista de los 10 países del
mundo con un año sin educación es Bangladesh, uno de los países más pobres y
desiguales del mundo, en el golfo de Bengala rodeado por la India, un país
famoso por la explotación laboral infantil en las enormes fábricas de maquilas
que producen la ropa de bajo costo de grandes cadenas de moda.
Cada
día que pasa sin clases hace que los niños se encuentren más rezagados. Según palabras de la directora ejecutiva de
Unicef, Henrietta Fore, “no se puede permitir un segundo año consecutivo sin
escuelas abiertas, o que la presencialidad siga siendo limitada. No se pueden
escatimar esfuerzos para mantener las escuelas abiertas, y darle prioridad en
las acciones de los gobiernos en los planes de apertura”.
Para
la mayoría de los infantes y jóvenes en edad escolar, las instituciones
educativas son el único lugar en el que pueden relacionarse con sus compañeros,
encontrar apoyo, acceder a los servicios de salud e inmunización. Por otra
parte, para miles es el único lugar donde pueden encontrar una alimentación
nutritiva. Mientras los cierres sigan siendo más prolongados los infantes
siguen si acceder a esos aspectos fundamentales para su supervivencia y su
construcción como seres humanos.
El
siguiente aspecto que destaca el informe es el incremento de la violencia
intrafamiliar y el aumento de problemas como la depresión, el suicidio y el
aumento generalizado de la violencia. Para millones, la escuela también es el
lugar donde pueden huir de esos problemas, donde pueden recibir atención
psicológica y acompañamiento. La situación es considerada por varios expertos
otra pandemia, unas que se acerca a una generación perdida.
1 de cada 7 niños no tendrán educación
214 millones de estudiantes en todo el mundo han
perdido las tres cuartas partes de sus clases presenciales. Y 888 millones han
visto afectadas sus clases presenciales durante el 2020. La
diferencia abismal es que excepto algunos picos de contagios los colegios en
Europa, Asia o África han cerrado las escuelas por semanas, pero no lo han
hecho de forma indefinida. En países como Alemania, Polonia, Bélgica, Reino
Unido, China, España o Japón se tomaron decisiones como hacer más extensas las
vacaciones, pero no cerrar. En dichos países como en la mayoría, la educación
es una política central del Estado, y de la sociedad. Hay plena conciencia que
es un sector fundamental de la población.
La
pandemia de Covid, va a generar unos cambios a largo plazo, porque de no
retornar, cientos de miles de personas se quedarán por fuera de sistema
educativo. Pero a la vez la pandemia mostró la fragilidad de los sistemas y la
necesidad de políticas que sean más orientadoras y generen mayor cohesión. Pensar en los nuevos
diseños de las instituciones educativas, en la importancia que vuelve a tener
la higiene, las prácticas de aseo, los espacios limpios, el número de
estudiantes por aula, la ventilación, la necesidad de fortalecer la práctica
deportiva, el consumo de alimentos saludables, enfrentar el problema de las
bebidas azucaradas y de las grasas saturadas, pues un año después, el Covid ha
cobrado más vidas en la población con problemas de obesidad. Por eso, se hace
necesario pensar en las acciones conjuntas para mejorar el sistema
educativo, en temas de calidad, alimentación y entorno.
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