Luego de las detenciones de Jeanine Áñez, dos de
sus ex ministros y algunos mandos militares, la derecha golpista empieza a
rearticularse: exigen amnistía, la liberación de los aprehendidos y amenazan
con un paro cívico nacional si llega a haber una nueva detención “ilegal”.
Reciben respaldo de la OEA y la Iglesia Católica. Sectores del MAS se declaran
en estado de emergencia. Es posible derrotar a los golpistas transformando la
resistencia en ofensiva anticapitalista.
A pocos días
de las elecciones subnacionales (regionales) del 7 de marzo, se empezaron a
conocer órdenes de
aprehensión emitidas por el ministerio Público contra miembros del ex gobierno
golpista así como contra algunos mandos militares y policiales por el caso
“golpe de Estado”.
Con
estas medidas, motivadas por la denuncia de "golpe de Estado" interpuesta
en diciembre de 2020 por la exdiputada del MAS, Lidia Patty, el ministerio
Público determinó el encarcelamiento, por cuatro meses como medida preventiva,
de la expresidenta golpista, Jeanine Áñez además de dos de sus ex ministros (de
Justicia, Álvaro Coímbra y de Energía, Rodrigo Guzmán).
Estas
detenciones además de la de algunos mandos militares, provocó la reacción y
pronunciamiento de representantes del bloque golpista que denunciaron
“persecución política” por parte del Gobierno de Luis Arce Catacora. Arguyendo
que éste sería el títere de Evo Morales y que no puede “seguir sus pasos”.
Una
de estas voces fue la del excandidato presidencial Carlos Mesa que llamó a
reorganizar el “movimiento pitita” (base social del golpismo) y señalaba que
“estamos en un proceso de persecución política peor que en las dictaduras”.
Tuto Quiroga, el exvicepresidente del fallecido dictador Hugo Bánzer Suárez, y
que también tuvo un rol protagónico durante el golpe pronunció todo un alegato
señalando que no hubo golpe de Estado y mostrando su
disposición a que se convoque a la rearticulación.
Así,
el exlíder cívico y hoy a punto de ser el gobernador del Departamento de Santa
Cruz, Luis Fernando Camacho, realizó este lunes un masivo Cabildo, desde donde
advertía que daba un plazo de 48 horas para que se libere a todos los detenidos
caso contrario “saldrán a las calles”. Al mismo tiempo, también se realizaban
concentraciones de cívicos en algunas ciudades como Cochabamba y La Paz. En
esta última ciudad, la movilización derechista fue encabezada nada menos que
por la exmonja y presidente prorrogada de la Asamblea Permanente de Derechos
Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo
Carvajal, quién llamó con urgencia a defender a la Policía y las Fuerzas
Armadas.
Sin
embargo, a estas belicosas declaraciones emitidas en el Cabildo de Santa Cruz,
le sucedieron las resoluciones de la reunión nacional de los comités cívicos,
de los 9 departamentos del país, realizada al día siguiente, en la que el
ultimátum de las 48 horas desaparece para ser reemplazado por la exigencia de
amnistía, llamados a comisiones de DD .HH. de la OEA y de la Unión Europea para
que se pronuncien por lo que califican como “persecución política” y el anuncio
del inicio inmediato de un paro cívico nacional en caso de que se produjera una
nueva detención “ilegal”.
Por
su parte el Gobierno, que había detenido al líder de la agrupación paramilitar
RJK (Resistencia Juvenil Kochala), Yassir Molina, el sábado -mismo día que
aprehendían a Áñez-, lo terminó liberando el lunes mientras se realizaba el
Cabildo de Santa Cruz ante el chapucerío judicial presentado por la Fiscalía.
Recordemos que Yassir Molina encabezó las golpizas contra mujeres de pollera en
Cochabamba durante el golpe de Estado. En la misma línea, el ministro de
Gobierno, Eduardo del Castillo, al día siguiente del Cabildo cruceño, declaraba
que “no existían órdenes de aprehensión contra Camacho”, en un intento que
pareciera buscar evitar que la tensión política continúe escalando así como
abrir las puertas a algún tipo de negociación.
De
la misma manera, la referida reunión de los comités cívicos, a nivel nacional,
realizada al día siguiente de la liberación de Yassir Molina, bajando los
decibeles de las amenazas, pareciera ser una señal en el mismo sentido.
Sin
embargo, la gran polarización política instalada a partir del golpe de Estado,
y que vuelve a resurgir con las aprehensiones, pone en evidencia la existencia
de sectores de ultraderecha no dispuestos a negociar y que buscan garantizar la
impunidad de todos los responsables, políticos y materiales, de los crímenes de
lesa humanidad y la represión cometidos durante y después del golpe de Estado
como es la reciente declaración de ANSSCLAPOL (Asociación Nacional de
Suboficiales, Sargentos, Cabos, Policías y Personal Administrativo), filial La
Paz, en la que se declaran en alerta ante las aprehensiones.
Así mismo,
la demanda de amplios sectores populares, encabezados por las víctimas y
familiares de las víctimas del golpe de Estado que exigen justicia, dificulta
cualquier intento de negociación que lleve a la impunidad, obligando al
Gobierno del MAS a navegar en las contradictorias y turbulentas aguas de los
que exigen impunidad y de los que exigen justicia.
Diversos
sectores de las y los trabajadores y el pueblo han empezado a reagruparse a
partir de las amenazas de la derecha afirmando que esta vez no permitirán
nuevas intentonas golpistas. La campaña por justicia a las víctimas es una
piedra en el zapato de golpistas y masistas (que tienen presión desde abajo por
este tema).
¿Es posible
obtener justicia con las instituciones del Estado Plurinacional?
La
aprehensión de unos pocos responsables del golpe de Estado ha provocado el
entusiasmo de importantes sectores populares que han redoblado su demanda de
justicia. Este entusiasmo, es completamente legítimo, ya que mientras más
responsables de las masacres vayan a la cárcel fortalece la moral de lucha de
las y los de abajo y por lo tanto esa fuerza moral es clave no solo para
mantener viva la demanda de justicia sino para volcarla a la lucha contra los
capitalistas, quienes desde la agroindustria, desde el capital bancario y
financiero, así como desde las cámaras empresariales, financiaron y alentaron
el movimiento golpista.
En
este escenario, de profunda polarización política, también hay sectores desde
abajo y a la izquierda del MAS que empiezan a cuestionar la idoneidad de las
instituciones judiciales para garantizar la demanda de justicia. No se puede
olvidar que son los mismos fiscales y jueces que llevan adelante hoy estos
procesos contra los golpistas los que detuvieron ilegalmente a más de 1500
personas durante el Gobierno de Áñez y que hicieron la vista gorda cuando
torturaron en instituciones policiales a cientos de detenidos en la ciudad de
El Alto y que no promovieron ningún tipo de investigación ante las masacres de
Ovejuyo, Sacaba y Senkata.
Pero
eso no es todo, estos mismos jueces y fiscales que componen las instituciones
del Estado Plurinacional de Bolivia son los mismos que puso el Gobierno de Evo
Morales, durante su gestión, y que garantizaron la impunidad de los asesinos de
Octubre del 2003, que garantizaron la impunidad de la masacre de El Porvenir,
en Pando el 11 de septiembre del 2008 y que garantizaron la impunidad de los
derechistas en Sucre (noviembre de 2007 y mayo del 2008) y en Cochabamba (enero
del 2007).
Si
la cúpula conciliadora del MAS se ha visto obligada a tener que proceder con
unas pocas aprehensiones, ha sido gracias a la persistencia de la
movilizaciones de las víctimas y a las crecientes críticas dentro de su propio
partido y de los movimientos sociales que vieron no solo una completa pasividad
durante los primeros meses del Gobierno de Arce con respecto a este tema, sino
que peor aún, vieron a los mismos golpistas institucionalizarse en posiciones
claves del Estado a partir de las elecciones subnacionales, gracias al MAS y a
su justicia venal.
Pero también
empiezan a surgir sectores que desconfían de las cúpulas del MAS a quiénes han
visto no parar de negociar no solo durante el golpe, legalizándolo, no solo
impidiendo que en agosto de 2020 la movilización derrote a los golpistas en las
calles, sino que los han visto negociar durante todo el gobierno de Evo Morales
quién otorgó enormes ventajas económicas al empresariado y a las clases
dominantes, beneficiándolos de la bonanza económica de los últimos años y de la
precarización laboral heredada del ciclo neoliberal y que Morales no modificó.
Por todo
esto, desde la Liga Obrera Revolucionaria (LOR-CI), organización que impulsa La
Izquierda Diario Bolivia, alertamos que el slogan difundido por el Gobierno de
que las aprehensiones no serían “venganza sino justicia” solo tienen el
objetivo de recomponer ilusiones no solo en el Gobierno sino también en las
corrompidas y represivas instituciones del Estado Plurinacional como son la
Policía, las FF. AA. y el aparato judicial. Lo hacen buscando sentar las bases
de una nueva negociación que les permita garantizar la gobernabilidad del
Estado en una situación muy distinta a la de los 14 años de Evo Morales.
Distinta porque el 55% de Arce Catacora obtenido en las elecciones del 18 de
octubre no fue la expresión de ilusiones como en el primer ciclo del MAS, sino
que fue la expresión del mal menor frente a la brutalidad golpista, situación
que quedó expresada claramente en las elecciones subnacionales y en el
retroceso electoral del MAS.
En
línea con lo anterior, se puso en evidencia, las disputas internas dentro de
este partido así como las brechas étnicas y de clase, que marcan los ritmos en
los que se desarrolla esta segunda experiencia de las masas y el pueblo con
este nuevo Gobierno. No sólo se trata de que Luis Arce no es Evo Morales, sino
que el propio Evo Morales tampoco es el de los primeros años de su Gobierno.
Las tensiones y la fragmentación
del voto al MAS en las subnacionales son la expresión
distorsionada de estas profundas contradicciones.
Un problema
estratégico: transformar la lucha antigolpista en lucha anticapitalista
Sectores
de los movimientos sociales empezaron a manifestar que se declaran en estado de
emergencia frente a las últimas amenazas y reagrupamientos de la derecha
golpista. Auto convocados de la ciudad El Alto, del barrio popular de Kára Kara
en Cochabamba, campesinos de la provincia de Omasuyos en Achacachi, las
Bartolinas (Confederación Nacional de Mujeres Bartolina Sisa de Bolivia), las
barriadas populares de Campo Víbora en Santa Cruz, así como movilizaciones
exigiendo justicia en las calles del centro de Tarija, de La Paz y Cochabamba,
son muestras de la disposición a la lucha de importantes sectores populares.
Sin embargo, esta disposición a la lucha, las burocracias sindicales y de los
movimientos sociales junto a las cúpulas del MAS pretenden contenerla en los
estrechos marcos de la defensa del Gobierno de Arce, para poner toda la fuerza
de las y los de abajo al servicio de la estrategia de contención y
“convivencia” del MAS con las clases dominantes.
Recordemos
que Álvaro García Linera, en una reciente entrevista para Jacobin
Latinoamérica, afirmó lo que ya todos hemos visto durante sus 14 años de
Gobierno con Evo Morales, a saber: que la única estrategia posible es la
convivencia con las clases dominantes y el tímido regateo en la distribución de
la renta nacional, negando de esta manera toda posibilidad de emancipación social
y por lo tanto la búsqueda permanente, es decir, estratégica, de convivir y
negociar con los golpistas y la derecha racista y reaccionaria.
Desde la
LOR-CI estamos en las antípodas de esta resignación fatalista de los
intelectuales y dirigentes del MAS. Creemos que la lucha por justicia para las
víctimas derrotando definitivamente a la derecha golpista y a las clases
sociales propietarias que los sostienen es posible. Pero para esto es necesario
que las y los trabajadores y el pueblo rompan con la estrategia de negociación
y convivencia muy bien expresada por García Linera, y avancen con paso firme en
el desarrollo de todas las formas de autoorganización y movilización
independiente, recuperando en primer lugar sus organizaciones sindicales,
vecinales, comunales y campesinas, expulsando a las corrompidas burocracias
como la de Juan Carlos Huarachi de la COB, que parasitan, fragmentan y
paralizan a las organizaciones obreras, campesinas y populares.
Estas
burocracias sindicales son las que han permitido que los ataques empresariales
puedan avanzar fábrica por fábrica y empresa por empresa, además de haber sido
parte de impedir en noviembre del 2019 y en agosto del 2020 una resistencia
masiva y contundente al golpismo proimperialista.
La
coordinación de las y los trabajadores y sectores que se encuentran en lucha,
el desarrollo de los comités de autodefensa para impedir los ataques de los
grupos derechistas y el establecimiento de formas democráticas para la
organización y al servicio de la lucha son tareas de primer orden ante el
reagrupamiento y amenazas de Camacho y sus amigos.
El
desarrollo de estas formas de movilización y organización independiente puede
alentar a que las y los trabajadores y el pueblo, adopten un programa
claramente anticapitalista, es decir, que ataque el poder económico de los
golpistas. Para ello es necesario avanzar en la expropiación, sin
indemnización, de los capitales agroindustriales derrotando de un solo golpe
esos nidos de la reacción como son la CAINCO (Cámara de Industria, Comercio,
Servicios y Turismo de Santa Cruz) y el comité cívico de Santa Cruz.
Los
capitalistas quienes sostienen a la derecha golpista quieren que seamos las y
los trabajadores y el pueblo quienes paguemos la crisis en marcha. Debemos
oponernos a este plan y que sean ellos quienes paguen la crisis económica. Para
ello es necesario impulsar la lucha contra los despidos y la desocupación
exigiendo la inmediata prohibición de despidos y que toda fábrica y empresa que
cierre o despida pase a manos de sus trabajadores. La nacionalización de la
banca y del sistema financiero y su administración directa y colectiva por sus
trabajadores, sería un gran paso para derrotar a la derecha empresarial y
golpista.
Para
terminar de manera definitiva con los golpistas y las amenazas de una nueva
asonada de los cívicos, iglesias y paramilitares, así como para garantizar
justicia plena para las víctimas de las masacres y las torturas durante el
golpe de Estado es urgente impulsar la movilización, transformando la
resistencia antigolpista de los sectores populares, en una ofensiva
anticapitalista que busque abrir el camino a un gobierno de las y los
trabajadores del campo y la ciudad y que pueda abrir las puertas a la lucha por
el socialismo. El primer obstáculo a superar en este horizonte son aquellos
dirigentes e intelectuales del MAS, que dicen que esta labor es imposible, y
que buscan contener nuestra movilización en los estrechos márgenes de la
negociación y convivencia con los capitalistas. Izquierda Diario de Argentina (https://bit.ly/3bXpASv)
LA DICTADORA
AL BOTE
Telesur de Venezuela (https://bit.ly/2OBWmzV)
La
investigación abierta y prisión preventiva contra Jeanine Áñez, ex presidenta
de facto de Bolivia, ex dictadora para mayor exactitud, y dos ex
integrantes de su gabinete acusados de sedición, conspiración y terrorismo por
los hechos que condujeron al golpe de Estado en 2019 contra el presidente Evo
Morales marca un hito fundamental en el restablecimiento del régimen
constitucional y de la justicia en Bolivia.
Habría que
añadir el efecto ejemplarizante que el hecho tiene para América Latina y el
Caribe, donde la impunidad ha sido la regla para los autores de las
innumerables rupturas del orden democrático, incluyendo las más recientes
contra presidentes de la ola progresista iniciada tras la elección de Hugo
Chávez en 1998.
Conviene
recordar que Áñez se autoproclamó presidenta del Senado y más tarde presidenta
de Bolivia en una sesión donde solo había 9 senadores y estaba ausente la
mayoritaria bancada del MAS. Eso sí, recibió la banda presidencial de manos del
jefe de las fuerzas armadas. La fiscalía también emitió órdenes de
captura contra los exministros Yerko Núñez (presidencia), Arturo Murillo
(interior) y Fernando López (defensa) y exjefes militares y policiales.
Entre los
militares destacan el general Williams Kaliman, jefe de las fuerzas armadas que
desencadenó el golpe al pedir la renuncia de Morales, y su sucesor Carlos
Orellana, el primero residente actual en Estados Unidos y el segundo en
Colombia. Murillo y López se ausentaron del país después de la arrolladora
victoria electoral en noviembre de 2020 de los candidatos masistas a
presidente y vicepresidente Luis Arce y David Choquehuanca.
Está también
comprendido en esta investigación el recién electo gobernador de Santa Cruz
Luis Fernando Camacho, uno de los protagonistas fundamentales del golpe, aunque
todavía la fiscalía no ha ordenado su captura.
Existen más
responsables del atentado al orden constitucional, dentro y fuera de Bolivia,
unos visibles en extremo, como el secretario general de la fétida OEA Luis
Almagro, otros mas encubiertos como los oficiales de la CIA participantes en la
operación, en estrecha unión con sus colegas británicos. El portal inglés
Declassified UK, dedicado a asuntos de política exterior e inteligencia,
revela, citando documentos del Foreign Office que la embajada británica en La
Paz se movió rápidamente para apoyar el régimen golpista con los ojos puestos
en los yacimientos bolivianos de litio, los mayores del planeta.
El
golpe de Estado comenzó a prepararse con mucha antelación, cuando los medios
hegemónicos locales e internacionales, destacadamente CNN y El País, comenzaron
a vaticinar con derroche de mendacidad, que La Paz preparaba un gran fraude
electoral, noción que desgraciadamente caló en la cabeza de muchos dentro y
fuera de Bolivia.
Sobre esta
matriz de opinión se montaron las acciones de Almagro, imprescindibles para
precipitar y consumar el golpe, de modo que el uruguayo puede ser considerado
tan responsable como Áñez de la muerte de 36 personas en las
masacres de Sacaba y Senkata y otros hechos de sangre, como de los cien heridos
y 1500 presos políticos resultantes de la inmisericorde cacería de demócratas
desatada por la dictadura añizta. La cancillería boliviana, que analiza
llevar a Almagro a juicio, ha expresado: “El señor Almagro no tiene la
autoridad moral ni ética para referirse a Bolivia, después del daño profundo
que hizo al pueblo boliviano. Sus acciones costaron vidas y debe rendir
cuentas”.
No
ha de extrañar por eso el cínico cuestionamiento del turbio personaje a la
posibilidad de un juicio justo en Bolivia para los personeros de la dictadura,
actitud con la que una vez más se extralimita en sus funciones e
irrespeta la soberanía boliviana. “La secretaría general debe atender la
naturaleza colegiada de su mandato y abstenerse de confrontarse con un gobierno
electo democráticamente como es el boliviano”, fustigó la cancillería mexicana.
La
medida de prisión contra la ex dictadora y su entorno ha llevado a la
activación sediciosa de los llamados Comités Cívicos de la parte oriental y
separatista del país, nido de las corrientes más reaccionarias,
proimperialistas, antibolivianas, tras los cuales se parapetan los partidos de
extrema derecha y derecha. Siempre partidarios del golpismo, estos grupos
oligárquicos no pueden aceptar que sean llevados a juicio sus pares del
gobierno de facto, por aquello de cuando veas las barbas de tu vecino arder…”
No cabe duda del liderazgo de Camacho entre ellos, sujeto fascistoide que no
tardará en buscar un choque con el gobierno del presidente Luis Arce Catacora.
El juicio contra Áñez se inserta centralmente en la disputa por nuestra región
entre las fuerzas neoliberales, antidemocráticas por definición, y las
progresistas, democráticas por vocación.
EL NUEVO
TABLERO POLÍTICO EN BOLIVIA
Celag Org (https://bit.ly/3bWjYrv)
La vida
política boliviana sigue a su ritmo vertiginoso. En poco más de una semana
sucedieron dos hechos significativos que no pueden pasar inadvertidos. Primero
fue el turno de las elecciones subnacionales, y seguidamente tuvo lugar la
aprehensión preventiva de la expresidenta Áñez acusada de “terrorismo, sedición
y conspiración”.
¿Cómo
afectan ambos hechos al nuevo tablero político boliviano?
Comencemos
por una obviedad: una cita electoral subnacional no es lo mismo que una
nacional. Y en Bolivia eso ha sido así a lo largo de las últimas décadas. Si
echamos la vista atrás, observamos que el MAS siempre obtuvo una votación
subnacional de entre 15 y 30 puntos por debajo de lo logrado a nivel
presidencial. Y en esta ocasión ocurre algo parecido. Luis Arce obtuvo 55
puntos en elecciones generales del año pasado, y ahora el MAS logra un 42,5 %
de los votos a nivel gobernación (gana en 3 de los 9 departamentos en primera
vuelta y concurre a 4 en segunda); mientras que, a nivel municipal, se ganó en
241 de un total de 337 o, visto de otro modo, alcanzó el 33,3 % de los votos.
La única variable en la que sí hubo un retroceso fue a nivel de capitales más
El Alto, obteniendo solamente el 24,3 % de votos (sólo se ganó Oruro).
Sigamos
con otra obviedad: el MAS continúa siendo la principal fuerza electoral y
política del país, con presencia a lo largo y ancho de todo el territorio
boliviano. No hay ningún otro partido que tenga esa capacidad. Existe
oposición, sí, pero muy atomizada geográficamente; hay liderazgos locales, sí,
pero no a nivel país.
Otra
característica de la nueva oposición es que se bolsonarizó. La
nueva derecha boliviana se escoró hacia el extremo, situándose en muchas
ocasiones por afuera de los bordes de la democracia. Camacho, ahora gobernador
electo de Santa Cruz, o Iván Arias, exministro de Áñez y ahora alcalde de La
Paz, son buenos ejemplos de ese nuevo trumpismo latinoamericano que
canta fraude cuando pierde, que reniega de la democracia cuando no le conviene
y que tiene como centralidad el odio, el odio a lo popular, a lo indígena, a
todo avance que implique una ampliación de derechos y libertades, y un freno a
sus privilegios.
Pero
no toda la nueva oposición es así. Una novedad resultante de esta cita
electoral subnacional es que una escisión del MAS, la agrupación Jallalla
Bolivia, emerge con fuerza. El caso de Eva Copa, expresidenta del Senado, es el
más notable: ha logrado ganar la ciudad de El Alto, con una votación altísima.
Esta es la primera vez que una opción que nace del MAS y decide ir por fuera
tiene un resultado tan exitoso en una plaza electoral importante. Se trata de
un hecho a considerar, nada desdeñable, porque podría tener consecuencias
notables en la política boliviana en los próximos años.
Pero
esta cita electoral, la subnacional, por muy importante que sea, que lo es, no
tiene capacidad por sí sola para explicar el tablero político boliviano.
El
Gobierno de Luis Arce es indudablemente el que concentra la mayor parte de las
expectativas de la ciudadanía. El bienestar cotidiano depende de la gestión del
presidente en lo económico, en lo social. Tener un bono para salir de la
pobreza, encontrar un trabajo, mejorar el ingreso, tener la vacuna, tener
acceso a la educación pública y gratuita. Esas son todas las razones que hacen
que la centralidad política siga estando el ámbito de la toma de decisiones del
presidente.
Hasta
el momento, Luis Arce no ha decepcionado en cuanto a su gestión. En apenas
cuatro meses, le ha dado tiempo para activar el Bono contra el hambre, ha
creado un nuevo régimen de reintegro del IVA para familias de ingresos bajos,
ha aumentado el ingreso de los jubilados, ha reducido los precios de los
alimentos, ha implementado el impuesto a las grandes fortunas, ha ordenado la
capitalización del 100 % de los beneficios de 2020 de la banca, ha ayudado a
refinanciar créditos, ha venido reactivando al sector agrario e industrial, ha
devuelto el crédito malhabido de Áñez con el FMI y, por último, ha conseguido
cientos de miles de dosis de vacunas para una población que había sido
abandonada a su suerte.
A
partir de aquí, el principal desafío del Gobierno de Luis Arce es doble. Por un
lado, continuar con las políticas económicas, sociales y sanitarias que traigan
resultados satisfactorios e inminentes a las familias bolivianas. Por otro,
procurar el encaje institucional y democrático de los nuevos representantes
electos que pregonan posturas manifiestamente antidemocráticas. Es en este
sentido que los procesos abiertos por la Justicia contra la expresidenta de
facto Jeanine Áñez y parte de su Gabinete adquieren una
importancia fundamental para la senda de la consolidación democrática en el
país. En el nuevo tablero político boliviano no puede haber lugar para la
desestabilización, la violencia, el racismo y la ruptura de la democracia.
LA
VENGANZA DE EVO MORALES DESTRUYE LA DEMOCRACIA EN BOLIVIA
14 y Medio
de Cuba (https://bit.ly/3twlmXZ)
La
brutal detención de la expresidenta Jeanine Añez y los
exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, sin notificación ni
proceso previo, viola los derechos humanos fundamentales y las garantías
establecidas en los tratados internacionales y en nuestra propia Constitución.
Los bolivianos hemos visto, con la mayor crudeza, el estado de indefensión en
el cual vivimos y la carencia absoluta de una Justicia que actúe con
independencia frente al poder político para proteger el derecho al proceso
debido y a la presunción de inocencia.
No
tengo la menor duda: la expresidente Añez y sus dos exministros, detenidos
ilegalmente y privados de libertad por cuatro meses, son víctimas del abuso del
poder, sin límites ni escrúpulos, para satisfacer la venganza motivada por el
odio de Evo Morales y su entorno radical. Abuso y venganza que destruyen
nuestra democracia y aniquilan cualquier esperanza de consolidación
democrática; abuso y venganza que desmienten las promesas y discursos del
presidente y el vicepresidente actuales; abuso y venganza que nos muestran que
quienes nos gobiernan lo hacen desde fuera y por encima de la institucionalidad
democrática boliviana.
La
tesis bajo la cual se basa la imputación y la resolución de la detención
preventiva carece de todo sentido y fundamento legal, y sólo se sostiene por el
afán resentido de cambiar la vergonzosa historia del fraude electoral por un
falso relato que convierte a verdugos en héroes y a defensores de la libertad
en golpistas.
La
grave crisis política y social sufrida por la sociedad boliviana en los días
posteriores a las elecciones presidenciales del 20 octubre de 2019 fue causada
por el fraude electoral, comprobado por las misiones de observación electoral de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) y la Unión Europea.
Fueron
los responsables de este fraude electoral quienes originaron las protestas
ciudadanas que paralizaron el país durante 21 días. Fueron los responsables del
Gobierno de ese momento, presidido por Evo Morales, quienes llamaron a sus
seguidores a confrontar a quienes pacíficamente habían bloqueado las calles de
las ciudades en protesta contra el fraude, y son estas antiguas autoridades,
que incitaron el enfrentamiento de civiles contra civiles, quienes deben ser
procesadas por los muertos y heridos registrados en los choques.
La
expresidenta Añez llegó al Gobierno después de que el entonces presidente, Evo Morales, y su vicepresidente,
Álvaro García Linera, hubieran renunciado. La renuncia de la
presidente de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, ya se había anunciado,
al igual que la del presidente de la Cámara de Diputados y del primer
vicepresidente de la Cámara de Senadores. Todas ellas se debieron a una
decisión política de la cúpula del MAS (Movimiento al Socialismo), que buscaba
provocar un vacío de poder para que a los pocos días retornase Morales.
Esas
sucesivas renuncias generaron una situación que nadie habría podido prever y
que casi nos lleva a una confrontación civil generalizada. En Bolivia no hubo
un golpe de Estado, sino una sucesión constitucional, desarrollada en base a un
pronunciamiento del Tribunal Constitucional y con la mediación de la comunidad
internacional y la Iglesia católica, que evitaron una guerra civil y
posibilitaron la reconstitución del Órgano Electoral y la celebración de las
elecciones que dieron origen al actual Gobierno. Y fue toda esa legitimidad,
interna y externa, la que hizo que el masismo participara y presidiera las
cámaras del Parlamento hasta el inicio del nuevo Gobierno.
Lo
que hoy sucede es un acto de terrorismo de Estado al servicio del control
totalitario y antidemocrático del poder por parte de un partido que demuestra,
una vez más, que no cree en la democracia y que la destruye para gobernar
mediante el temor, frente a la indefensión generalizada.
Nadie
en su sano juicio puede creer que un "Gobierno de golpistas" acabe
convocando unas elecciones limpias de las que se retira advirtiendo a la
opinión pública y a los competidores de la posible victoria de sus más
antagónicos adversarios. No, no hay un caso en la historia política de la
humanidad que haya terminado así. Los golpistas crean dictaduras o, en todo
caso, falsas democracias, totalitarismos en los que predominan el fraude
electoral, el terror y el amedrentamiento, que, desgraciadamente, están de
vuelta en Bolivia.
EVO
MORALES SIGUE AL FRENTE DEL PODER EN BOLIVIA Y QUIERE LA PRESIDENCIA
El
exembajador de Bolivia en la OEA, Jaime Aparicio Otero, dijo en entrevista con
PanAm Post que ante el revés electoral que sufrió el partido de Evo Morales, el
gobierno está arreciando la represión por el temor a una nueva rebelión popular
Panamon de
Panamá https://bit.ly/3lwkf7N)
Un
trofeo. Eso ha sido Jeanine Áñez para Evo Morales y la izquierda que logró
instalarse nuevamente en el poder en Bolivia. La
expresidente interina fue encarcelada por la justicia al servicio de Morales y su
partido por los presuntos delitos de sedición, conspiración y terrorismo,
alegando un supuesto golpe de Estado. Los objetivos son claros. Reivindicar la
imagen de Evo Morales desapareciendo las serias
denuncias de fraude que lo llevaron a renunciar en 2019, de la
misma manera como desaparece la imagen del presidente Luis Arce. El jefe ya
está de vuelta y quiere todo el poder.
La
tesis del golpe del Estado se cae sola. La cronología de los hechos la echa por
la borda. Jeanine Áñez asumió un gobierno de
transición tras la renuncia de Evo Morales. Era la única funcionaria
disponible en la línea de mando constitucional tras las dimisiones en cadena.
Ejerció la presidencia interina durante un año y cumplió con la función de
convocar a elecciones libres, en las que el Movimiento al Socialismo (MAS)
participó y ganó con un nuevo rostro, el de Luis Arce, el candidato de Evo
Morales. Pero todo indica que se trataba de una jugada para garantizar el regreso de
Morales.
Al
día siguiente de la toma de posesión de Arce como presidente, Evo Morales
volvió Bolivia. Lo hizo con evidente triunfalismo y la prepotencia de haber
conseguido que los procesos
en su contra los anulara un juez apenas una semana después de las elecciones.
Los rumores ya son un secreto a voces. El exembajador de Bolivia ante la Organización
de Estados Americanos (OEA), Jaime Aparicio Otero, dijo en
entrevista concedida a PanAm Post que existe el rumor de
que Evo Morales quiere recuperar la Presidencia. Al mismo tiempo señaló que el
presidente Luis Arce parece ausente en este momento en Bolivia y que la cabeza
visible del poder sigue siendo Evo Morales.
Para
el diplomático de carrera –quien también se desempeñó como embajador en Estados
Unidos y viceministro de Relaciones Exteriores– lo que ocurre en Bolivia
debe mantener en alerta a toda la región. Advierte que todo forma parte de los
planes del Grupo de Puebla para mantener dominada a Latinoamérica. Y si bien el
MAS consiguió la presidencia por la vía democrática, el temor de los
socialistas al pueblo sigue latente tras el revés electoral en los comicios
regionales y municipales del pasado 7 de marzo.
El
Ministerio Público imputó a la expresidente Jeanine Áñez y una juez le dicto de
inmediato cuatro meses de prisión preventiva. Por el otro lado, un juez anuló
los procesos abiertos contra Evo Morales apenas el MAS ganó la presidencia.
¿Está politizada la justicia boliviana? ¿Está tomando este nuevo gobierno el
camino de la persecución a la disidencia como en Cuba, Venezuela y Nicaragua?
En
Bolivia no existe una justicia independiente. La teoría del “golpe de Estado“
es una fabricación política que no tendría valor jurídico en un país con una
justicia independiente, que no es el caso de Bolivia.
La
detención arbitraria de la expresidente y dos de sus exministros, en horas de
la noche y sin notificación previa, y su posterior detención en una cárcel
constituye una violación de todos los estándares del debido proceso
internacional y nacional. Llama la atención que esas detenciones arbitrarias y
la falsa narrativa de un “golpe de Estado“ inexistente, se hayan producido un
día después de la visita oficial a Bolivia del canciller argentino, Felipe
Solá, quien no ahorró comentarios respecto a asuntos internos de Bolivia e
incluso calificó de “inmoral absoluto“ al secretario general de la
OEA, Luis Almagro, y lo
responsabilizó de un supuesto “golpe de Estado“ contra Evo Morales en 2019. La
falsa narrativa del “golpe“ es útil para el canciller argentino, pues es un
pretexto para atacar a la OEA, que se ha convertido en el último obstáculo para
las estrategias del Grupo de Puebla de
extender su proyecto populista en la región.
También
es curioso que este plan de persecución, unido a la narrativa del “golpe de
Estado” se haya dado un mes después de que Evo Morales declaró a la prensa que
había mentido sobre su viaje a Cuba:
“Cuando yo
fui a Cuba no fue por temas de salud, fui a una reunión de planificación con
Cuba y Venezuela, una reunión de alto nivel a ver cómo retomábamos la
democracia”.
¿Se
está buscando con este proceso judicial lavarle la cara a Evo Morales con la
tesis de “golpe de Estado”? Es decir, ¿están logrando que en Bolivia ya no se
hable más del fraude sino del supuesto golpe de Estado?
La
narrativa absurda de que no hubo fraude tiene dos objetivos: primero,
reivindicar a Evo Morales para promover una, aún incierta, estrategia de
control del Estado boliviano que le dé el poder hegemónico a Evo Morales y su
ala radical y; en segundo lugar, utilizar la supuesta inexistencia de fraude
para acusar a Luis Almagro y a la OEA de haber propiciado un “golpe de Estado”.
Está claro que lo que sucede hoy en Bolivia y en otros países de la región es
una arremetida del Grupo de Puebla para retornar al poder en la región. Para
eso necesitan recrear la historia y fabricar una narrativa favorable a sus
intereses ideológicos.
¿Cómo
se puede deslegitimar el gobierno interno de Jeanine Añez acusándola a ella y a
sus ministros de sedición, conspiración y terrorismo si el actual gobierno fue
electo gracias a las elecciones convocadas por esta administración transitoria?
No
hay una racionalidad jurídica que explique la actitud del gobierno de perseguir
a la expresidente que presidió las elecciones que les retornó al poder. La
razón política es que acaban de sufrir una enorme derrota en las elecciones para
alcaldes y gobernadores de la semana pasada. El partido de gobierno ha perdido
en 7 de 9 alcaldías de las capitales más grandes e importantes del país y en
las gobernaciones más importantes y pobladas del país. Este revés electoral los
ha llevado a acelerar la represión contra la oposición por temor a una nueva
rebelión popular como sucedió en 2019, luego del fraude electoral que ocasionó
la fuga de Evo Morales a México.
¿Qué
papel juega en este proceso el presidente Luis Arce, quien en una entrevista
descartó que Jeanine Áñez estuviera encabezando un gobierno de facto y
reconoció que era un gobierno transitorio constitucional?
El
presidente Arce parece ausente en este momento. La cabeza visible del poder
sigue siendo Evo Morales y sus operadores formados en Cuba, García Linera y
Quintana. Hay todo tipo de rumores, incluso el rumor de que Morales quiere
recuperar la Presidencia, pero la realidad es aún muy incierta.
¿Faltó
más determinación durante el gobierno de Jeanine Añez para que la justicia
castigara a los autores del fraude cometido en 2019 y se evitara que volvieran
al poder? Es decir, ¿se le vino la izquierda contra ella porque no logró
neutralizarla cuando tuvo el poder para hacerlo?
La
presidente Áñez fue elegida por sucesión constitucional con una ley promulgada
por la Asamblea Legislativa, donde Evo Morales tenía dos tercios en ese
Congreso. En Bolivia no hubo golpe de Estado porque
renunció el presidente, y voluntariamente renunciaron tanto el vicepresidente
como las primeras autoridades de la Asamblea Legislativa en la línea de
sucesión constitucional. Por tanto, se generó un vacío de poder que llevó a la
sucesión constitucional en la restante principal autoridad del Congreso:
Jeanine Áñez, quién durante las negociaciones entre la Iglesia Católica, la
Unión Europea y miembros de la Asamblea Nacional estuvo ausente, según confirmó
el expresidente Tuto Quiroga. Además, la mayoría del MAS, en la Asamblea,
incluyendo la entonces presidente del Congreso y ahora alcaldesa electa de El
Alto, Eva Copa, aceptó la renuncia del presidente Evo Morales y llamó a nuevas
elecciones.
El
Tribunal Constitucional también emitió sentencia constitucional favorable a
este procedimiento que fue homologado en la instancia legislativa que permitió
la elección de nuevas directivas camarales.
En
esas circunstancias, la presidente tuvo que gobernar con un Congreso adverso,
con la justicia en manos del Movimiento al
Socialismo, y no pudo neutralizar a una izquierda aliada con el
crimen organizado en Bolivia.
Hoy,
Bolivia vive momentos muy difíciles. El presidente Arce afirma públicamente que
su modelo de sociedad es el que impuso la revolución cubana hace 60 años.
Esa paradoja de regímenes elegidos democráticamente, pero que una vez en el
poder, confunden el gobierno con el Estado y sus actos son guiados por un
inequívoco desprecio por la democracia liberal y el estado de Derecho. Los nuevos
caudillos en Latinoamérica impulsan un proyecto ideológico regional
esencialmente antidemocrático que utiliza sus lealtades tribales para eliminar
los mecanismos de control y equilibrio de los poderes públicos creados para
proteger a los ciudadanos del abuso de poder del gobierno. El populismo, una
vez en el poder, lentamente, a través de la propaganda y la intimidación a
opositores u obstaculizadores de su proyecto, genera las condiciones necesarias
para controlar todos los poderes del Estado y perpetuarse en el poder.
BOLIVIA:
MÓNICA RINCÓN PIDE INVESTIGAR A MORALES Y ÁÑEZ SIN INSTRUMENTALIZAR A LA
JUSTICIA CON FINES POLÍTICOS
La
conductora de Conexión Global Prime se refirió a la persecución política en
contra del ex presidente Evo Morales y la ex mandataria interina y presa,
Jeanine Áñez. "La esperanza es que la oposición y el oficialismo aprendan
a ganar sólo en las urnas el poder, y que la alternancia sea un valor y no
sinónimo de inestabilidad", señaló.
CNN Chile (https://bit.ly/39apFAH)
Él
persigue, ella persigue, ellos persiguen, tú persigues, todos persiguen. En estos tiempos es el verbo más conjugado en
Bolivia.
Una
vez que fue “invitado” a renunciar por los militares, tras las acusaciones de
fraude electoral, a Evo Morales lo
pretendieron enjuiciar por terrorismo y sedición.
Mismos cargos que enfrenta ahora la ex mandataria
interina y presa, Jeanine Áñez. Los partidarios de uno y otra, antes y
ahora, han acusado persecución
política y organismos como Human Rights Watch (HRW) han respaldado,
en ambos casos, esas aprensiones.
Mientras,
el nuevo presidente, Luis Arce, tiene que buscar la forma de vivir sin que la sombra de su mentor, Evo
Morales, lo oscurezca y enfrentar una compleja crisis económica a raíz de la pandemia.
Para
lo segundo debiera estar preparado; fue el ministro responsable del llamado milagro
económico boliviano: más de 5% de crecimiento anual durante una década,
impulsado por las materias primas, nacionalizaciones, bajos impuestos en otras
áreas, desarrollo del agro y una política de inclusión social.
La
esperanza es que la oposición y el oficialismo aprendan a ganar sólo en las
urnas el poder,
la esperanza es que la alternancia sea un valor y no sinónimo de inestabilidad.
Porque como dijo el presidente de Bolivia: “el poder debe circular
igual que la sangre en el cuerpo”, o sea, renovarse, limpiarse, no quedarse
estancado nunca en una persona o en un grupo.
ACAPARAN
TITULARES TESTIMONIOS CONTADOS POR VÍCTIMAS DEL GOBIERNO GOLPISTA EN BOLIVIA
Radio
Agramonte de Cuba (https://bit.ly/2Q6EflN)
Testimonios
de víctimas de las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (La Paz), de la
persecución política durante el gobierno de facto en Bolivia acaparan hoy
titulares en medio del proceso judicial contra exautoridades golpistas.
La
etiqueta #SomosDemocracia constituye una alianza de los medios estatales
bolivianos para rememorar aquellos hechos lamentables que enlutaron a varias
familias y expone a la opinión pública detalles de la represión contra quienes
rechazaron el golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales en
noviembre de 2019.
Gloria
Quisbert, presidenta de las víctimas de Senkata, relató al canal estatal
Bolivia TV cómo un contingente militar desde un helicóptero disparaba a la
gente y la negligencia médica de algunos doctores dejó morir a los heridos por
considerarlos del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Por
su parte Gonzalo Mamani, víctima del mismo hecho, contó cómo efectivos
policiales quemaban las banderas whipala, arrojaban gases lacrimógenos contra
mujeres y niños y actuaban violentamente por considerar a la gente afines a ese
movimiento.
Asimismo,
María Cristina Quispe Mamani, narró al mismo medio de comunicación cómo su
esposo perdió la vida a causa del disparo de militares cuando sólo se dirigía a
cobrar su sueldo.
La estrategia comunicacional llega en medio del proceso judicial impulsado por
la Fiscalía contra la exmandataria de facto Jeanina Áñez, y exmiembros de su
Gabinete, actualmente en prisión preventiva, un proceso calificado por la
derecha boliviana de cacería de brujas pese a esos testimonios contundentes.
Por
otra parte, el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos (Foladh) recordó la
víspera en un comunicado que Áñez cometió graves violaciones a los derechos
humanos, principalmente contra dirigentes y militantes del MAS y grupos
vulnerables, así como crímenes de lesa humanidad y criminalizó las protestas
sociales.
Denunció
la Foladh que más de 150 dirigentes y miembros de ese movimiento fueron
sometidos a juicios bajo cargos de presunta sedición y terrorismo, incluyendo
las acusaciones contra el líder aymara, todas sin fundamentos plausibles, como
parte de una campaña de persecución y exclusión política de la principal fuerza
opositora.
Rechazó
la actitud injerencista de la OEA que, una vez más, defendió a Áñez y a su
Gabinete y calificó a esa organización de propiciadora de escenarios de
desestabilización y de una abierta parcialidad.
La
Cancillería local denunció la intromisión de esa organización y aseguró que
Luis Almagro, su secretario general, no tiene la autoridad moral ni política
para referirse a Bolivia y favorece intereses particulares y políticos,
mientras olvida las violaciones, muertes y persecuciones cometidas por el
régimen de facto.
Sus
acciones costaron vidas humanas y debe rendir cuentas por su comportamiento
parcializado y alejado de la objetividad, denunció el texto al referirse a las
declaraciones de Almagro sobre el arresto de Áñez y varios miembros de su
Gabinete.
AAR
A LESCANO Y MENDOZA: " NO ENGAÑEN, BOLIVIA NO ES UN ÉXITO ECONÓMICO”
La República
de Perú (https://bit.ly/3lqujPP)
Los
candidatos presidenciales de izquierda Yonhy Lescano, de Acción Popular, y Verónika Mendoza, de Juntos Por el Perú, han argumentado que el modelo económico de Bolivia debería servir como un ejemplo para el Perú.
Augusto
Álvarez Rodrich se refirió a un informe de Apoyo y Consultoría, el
cual ha revelado que el crecimiento económico del país vecino, durante el 2006
al 2019, es una falsa historia de éxito.
El
documento escrito por el economista Víctor Albuquerque sostiene que
la economía boliviana sí destacó en la región en el Gobierno de Evo
Morales; sin embargo, aclara que fueron inferiores a los éxitos
conseguidos por el Perú en el mismo periodo.
El
periodista resaltó que el país logró estos resultados sin incurrir en desequilibrios
económicos en comparación de Bolivia. Albuquerque agregó
que Morales reintrodujo un polémico proceso de estatizaciones de
empresas en los sectores de hidrocarburos y minerías.
AAR manifestó
que los índices positivos adquiridos por la gestión de Evo Morales se
debieron a los altos precios del gas natural, contratos indexados al costo del
petróleo e inversiones realizadas por operadores privados.
“¿Eso
queremos para el Perú? No, queremos un modelo económico que permita
avanzar con una perspectiva sólida a largo plazo y no con esos modelos que nos
lo pintan algunos candidatos como muy exitosos (...) No engañen, Bolivia no es un éxito económico como el que nos quiere vender Yonhy Lescano y Verónika Mendoza”, acotó.
*ACCIONES
CONTRA MIGRACIÓN ILEGAL POR RÍO DESAGUADERO*
_*LOS
ANDES DE PERU*_
Debido
al paso ilegal de personas hacia el vecino país de Bolivia, los efectivos de la
Policía Nacional, junto al personal de la Marina y del Ejército Peruano,
realizarán operativos inopinados en el río Desaguadero.
Según
informó el director de la oficina descentralizada de Relaciones Exteriores en
Puno, Carlos Sánchez del Águila, hace una semana sostuvo una reunión con las
autoridades de dichas instituciones y con el alcalde de Desaguadero, a fin de
coordinar acciones.
“Hay
paso ilegal por embarcaderos clandestinos… Tenemos algunas limitaciones en
materia de recursos logísticos, pero esperamos iniciar los operativos en la
zona este mes”, dijo el funcionario, aclarando que la medida tiene que ver con
la pandemia.
APERTURA DE FRONTERA
“Esperemos
que muy pronto tengamos noticias positivas al respecto, sobre todo por el tema
de la reactivación económica y del turismo, que son dos asuntos que nos
preocupan mucho”, finalizó.
DATO
Para
prevenir el paso ilegal, las autoridades del orden realizarán el control en la
vía Puno-Desaguadero. El objetivo es impedir la migración ilegal.
EN
LA FRONTERA PERÚ-BOLIVIA, TRANSPORTISTAS TAMBIÉN PROTESTARON EN CONTRA DEL
INCREMENTO DEL PRECIO DE COMBUSTIBLE
Radio Ondqa
Azul de Perú (https://bit.ly/2Q9joOM)
Hoy
en la plaza principal del distrito de Huayrapata, provincia de Moho y en el
hito 25 (frontera entre Perú – Bolivia) los transportistas que prestan el servicio de transporte de pasajeros en
la ruta Huayrapata – Huancané- Juliaca, también protestaron hoy en
contra del incremento del precio del combustible.
El
representante de la asociación de transportistas del distrito antes mencionado,
Lucio Peralta, señaló que cada día
se va incrementando el precio del combustible, además de la tarifa de pago en
los peajes. “Pedimos la intervención del gobierno, porque al final
la población es la más perjudicada”, dijo.
Además, mencionó que las autoridades del gobierno
regional de Puno, hasta el momento no atienden los pedidos de la
población, principalmente la obra de mejoramiento y asfaltado de la trocha
Aziruni – Rosaspata – Huayrapata.
Luego
de iniciada la huelga indefinida por transportistas de carga pesada y pasajeros
de nivel interregional el pasado 16 de marzo, transportistas de nivel urbano de
Juliaca se sumaron a las protestas este miércoles 17.
Así lo hicieron desde distintos puntos de la
ciudad y a tempranas horas, colocando sus unidades vehiculares en las
salidas impidiendo el tránsito de vehículos y peatones.
Según
los empresarios no se sienten
conformes con el incremento de los carburantes, que afecta directamente
a su bolsillo pese a que el pasaje es de un sol.
En
ese sentido mencionaron que continuarán
reclamando hasta que sean escuchados por la autoridad nacional, caso
contrario radicalizarían sus protestas.
COCAÍNA
INCAUTADA EN EL CHACO: CARGA TOTALIZA 574 KILOS Y SU VALOR RONDARÍA LOS US$ 4
MILLONES
Hoy de
Paraguay (https://bit.ly/3qTJyC1)
El
agente fiscal Eduardo Royg, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el
Narcotráfico, intervino en la detención de tres sujetos que transportaban una
carga de aproximadamente 574 kilogramos de cocaína a bordo de un camión de gran
porte. La droga iba oculta en un doble fondo y tendría un valor aproximado de 3
millones de dólares americanos.
Los
implicados fueron identificados como Juan Antonio Gill Mieres, Rafael Chamorro
y Alberto Ferreira Britez, este último chofer del camión. Todos de nacionalidad
paraguaya.
El
procedimiento fue ejecutado en la madrugada de este miércoles, a la altura del
cruce Carmelo Peralta, Chaco, aproximadamente a 700 km de la capital.
Presuntamente,
los ahora detenidos formarían parte de una organización criminal que se dedica
a introducir al país cargamentos de cocaína provenientes de Bolivia.
Según
las pesquisas, el grupo narcotraficante utilizaría como medios avionetas y
pistas clandestinas del departamento de Alto Paraguay para traer la droga al
país, y posteriormente transportarla vía terrestre hasta los departamentos de
Concepción y Amambay, ya que su destino final sería el Brasil.
El fiscal Royg informó que
en las próximas horas los 3 detenidos serán imputados y que pedirá prisión
preventiva como medida cautelar.
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