Monday, March 22, 2021

"JEANINE AÑEZ ES PARTE DE UNA ORGANIZACIÓN DELICTIVA QUE ASUMIÓ EL PODER CON 4% DE APOYO"

 
Tras la detención de la expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Añez por su responsabilidad en el golpe de Estado en ese país, el ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que su detención se debe a que fue parte de una organización delictiva que tomó el poder cuando tenía el 4% de apoyo en las urnas.
En conversación con "Tormenta de Ideas", que se emite por Radio Nihuil de Mendoza, Lima se refirió a la situación de la expresidenta, que fue detenida esta semana por orden del Ministerio Público.
Lima destacó que es la Justicia y no el Gobierno el que está ordenando la investigación y las detenciones por lo ocurrido en Bolivia en 2019.
El ministro explicó por qué Añez es apuntada por el golpe de Estado y como miembro de una organización delictiva. En ese sentido, dijo que "alguien que tiene un 4% no puede ser presidente de un país".
Manifestó que se trató de "una senadora con el 4% (que) fue autoproclamada", y destacó que "recibió la banda de parte del comandante de las Fuerzas Armadas, el coronel Orellana", lo que para la Justicia boliviana "son elementos claros de un golpe de Estado".
"Cuando un militar te pone la banda y nadie en la Asamblea Legislativa aprueba la gestión, hay hechos irregulares que tienen que ser objeto de un proceso penal", aclaró Lima.
Para el funcionario del gobierno del presidente Luis Arce, Añez es parte de una organización que decidió asumir el poder con 4% de apoyo. "La decisión que toma como exsenadora es de convocar a una sesión de la asamblea legislativa sin el quórum de ningún senador", explicó.
Dentro del contexto que se vivía en ese momento, dijo que las acciones se justificaron en base a un "informe de Luis Almagro (presidente de la OEA) que dijo que había un fraude electoral, pero no se ha encontrado ningún elemento de prueba que pueda señalar que hubo un fraude".
Además, Lima puntualizó que a partir de esas acciones y "en resistencia a ese golpe de Estado hubo personas acribilladas por las Fuerzas Armadas". "Hubo masacres que se generaron por esas decisiones de la organización dirigida por Añez", explicó. Memo de Argentina (https://bit.ly/3vOFsi3)
 
 
 
 
 
LA DETENCIÓN DE ÁÑEZ: LA PUNTA DEL ICEBERG DE LA CRISIS INSTITUCIONAL
 
Bajo acusaciones de sedición, terrorismo y conspiración, el sábado 13 de marzo la expresidenta de facto boliviana, Jeanine Áñez, fue detenida y luego trasladada a una celda para mujeres en un cuartel de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en La Paz.
 
El País Digital de Argentina (https://bit.ly/3sbVtwf)
 
Bajo acusaciones de sedición, terrorismo y conspiración, el sábado 13 de marzo la expresidenta de facto boliviana, Jeanine Áñez, fue detenida y luego trasladada a una celda para mujeres en un cuartel de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en La Paz. Su arresto se produjo en consonancia con la aprehensión de los exministros transitorios Álvaro Coímbra - ex Ministro de Justicia - y Álvaro Rodrigo Guzmán - ex Ministro de Energía -.
Tan sólo un día después de que se decretara prisión preventiva por cuatro meses para Áñez, el gobierno masista presentó cuatro nuevos juicios en su contra. La ex mandataria denunció estos actos como un "abuso y persecución política" por parte del MAS, a la vez que declaró: "Me acusan de haber participado en un golpe de Estado que nunca ocurrió. Mis oraciones por Bolivia y por todos los bolivianos".
Áñez enfatizó que no se está respetando su “estatus de expresidenta” y que acudirá a instancia internacionales. De hecho, desde el cuartel de la policía, escribió una carta a Luis Almagro - secretario general de la OEA - y a Michael Dóczy - embajador de la Unión Europea en Bolivia - solicitando que envíen misiones oficiales de observación. Alega haber sido detenida sin previa notificación acerca de la existencia de un juicio en su contra.
El hecho ha generado una gran conmoción ante la oposición boliviana, quienes al día de la fecha niegan el golpe de Estado de 2019, e insisten en que la ex mandataria de facto sea juzgada por el Parlamento y no por los tribunales ordinarios, dada su condición de expresidenta. Como respuesta, el Ministro de Justicia, Iván Lima, señaló: “se la juzga como exsenadora, no como expresidenta de facto”.
La grieta política y social es clara, pero no así la postura Tribunal Constitucional Plurinacional. En el golpe de Estado de 2019, el órgano apoyó la llegada de Áñez al Palacio Quemado basándose en una interpretación constitucional que entendía que la senadora llenaría el vacío de poder ocasionado por la renuncia de Morales, con el propósito de evitar una crisis institucional, social y política.
Habiendo transcurrido menos dos años, la posición del poder judicial dio un giro de 180°, y presentó cargos contra la expresidenta de facto. La confusión acerca de las denuncias contra Áñez es tan grande, que de hecho Morales tuiteó que la aprehensión de la misma se debía a las responsabilidades de esta ante la represión de las protestas populares en contra de su gobierno. En sus palabras, las denuncias cristalizan demandas de “justicia y verdad para las 36 víctimas fatales, los más de 800 heridos y más de 1.500 detenidos ilegalmente en el golpe de Estado”. Sin embargo, estos hechos particulares no son los que – de momento – están siendo investigados en este proceso.
Esta situación refleja una vez más cómo oficialismo y oposición han cooptado canales formales de gobernanza y los han alterado en favor de sus propios intereses políticos y partidarios. En síntesis, a una sociedad previamente fragmentada, y a una dirigencia política incapaz de canalizar las demandas sociales, se suma una nueva variable: el debilitamiento institucional visibilizado en la ambivalencia de los órganos estatales.
 
 
 
 
 
EL POLÉMICO ARRESTO DEL EXPRESIDENTE ANEZ
 
Notizie Geopoliteche de Italia (https://bit.ly/3cah6rg)
 
La detención de la ex presidenta boliviana Jeanine Añez por "terrorismo, sedición y conspiración" está provocando mucha discusión. Empezando por el hecho de que en realidad puede ser una venganza política, siempre y cuando no se pruebe la validez de las acusaciones.
Los exministros de Energía Rodrigo Guzmán y el juez Álvaro Coimbra también fueron detenidos con la mujer por los mismos cargos. También se emitieron órdenes de detención para los exministros Arturo Murillo, Yerko Nuñez y Luis Fernando López. En total, la justicia boliviana está cazando al menos a otras diez personas que formaban parte del gobierno anterior, algunas ya huyeron al exterior.
Como recordarán, en noviembre de 2019, al final de unas elecciones muy controvertidas que habían visto a Evo Morales afirmarse por cuarta vez consecutiva, las violentas protestas callejeras organizadas por la oposición habían obligado al presidente, para salvaguardar su propia seguridad, a exiliados primero en México y luego en Argentina, y habían gritado por un golpe.
Durante aproximadamente un año, a la espera de las elecciones del otoño pasado, Bolivia estuvo gobernada por un ejecutivo de centroderecha encabezado por Áñez, que de inmediato se distinguió por la ruptura de las relaciones diplomáticas con Cuba y Venezuela y por haber dado paso a algunas privatizaciones.
La inesperada victoria en las elecciones de noviembre del candidato del partido de Morales, Luis Arce, también trajo al ex presidente Morales de regreso a Bolivia, según la oposición también con un gran deseo de venganza.
El actual gobierno niega querer vengarse, pero cree que es correcto condenar a los autores de un golpe de Estado que, con la consiguiente represión de las protestas, había causado decenas de muertos y heridos en enfrentamientos con la policía y el ejército. En febrero pasado, el Congreso aprobó una ley que concedía amnistía a todos aquellos que se habían manifestado a favor de Morales y que habían sido detenidos durante los enfrentamientos posteriores al presunto golpe.
Los obispos bolivianos se pronunciaron a favor de Áñez, denunciando detenciones "sin tomar en cuenta las mínimas garantías constitucionales ni siquiera la presunción de inocencia, lo que confirma una forma de actuar que lamentablemente hemos visto en el sistema judicial, que deja a algunos impunes y criminaliza". otros, según el poder político del momento ”.
La posición del secretario general de la OEA (organización de los estados americanos) Luis Almagro es bastante ambigua, la qaule solo puede defender la posición de Añez, dado que había estado entre los que en 2019 habían arrojado sombras sobre las elecciones que habían liderado. a la reelección de Morales y así favoreció al nuevo gobierno interino.
El gobierno de Arce ha manifestado reiteradamente que no acepta injerencias de organizaciones internacionales ni de otros estados en materia de política interna, dejando claro que seguirá adelante con los cargos.
Es probable que las detenciones puedan considerarse actos de justicia más que de venganza, pero es necesario que se respeten todos los derechos constitucionales en un país que ahora está políticamente dividido en dos y que necesitaría más pacificación que venganza.
 
 
 
 
 
EL ENJUICIAMIENTO A PRESIDENTES, ¿UN RIESGO PARA LA DEMOCRACIA?
 
TN de Argentina (https://bit.ly/2NKZYz6)
 
En la Argentina, gran parte de la política se juega en tribunales. Tanto Cristina Kirchner como Mauricio Macri, los dos expresidentes que marcaron el rumbo de nuestro país en el pasado reciente y siguen siendo gravitantes para el futuro cercano, se encuentran acechados por causas judiciales que pesan en su contra. Ambos están preocupados por estos expedientes, en especial aquellos que involucran a sus familias, y determinan las prioridades de sus agendas a partir de sus problemas judiciales.
Al margen de las particularidades de cada denuncia y las pruebas que existen para fundamentarlas, en los últimos años vivimos una judicialización exagerada de la política que es expresión de problemas funcionales y valóricos: el viejo dilema de la baja calidad institucional. No obstante, este fenómeno parece no ser exclusivo de la Argentina. Los expresidentes están siendo investigados, procesados e incluso encarcelados en todo el mundo.
Ejemplos en todo el mundo
Solo por mencionar algunos casos: Jacob Zuma, expresidente de Sudáfrica, se enfrentará en mayo a un juicio por corrupción. El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está siendo juzgado actualmente. El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado a prisión por corrupción y tráfico de influencias. En Estados Unidos, los fiscales de Nueva York están investigando los negocios del expresidente Donald Trump. En Perú, la lista es extensa, desde Alberto Fujimori (1990-2000) hasta Martín Vizcarra (2018-2020), los últimos expresidentes han sido acusados por corrupción. En Brasil, las condenas a Lula acaban de ser anuladas, y podría volver a presentarse como candidato, aunque la decisión es procesal y no se expresa sobre el fondo de las acusaciones que deberán volver a investigarse.
El enjuiciamiento a expresidentes alrededor del mundo expone y permite desestimar la tesis del lawfare. Para el kirchnerismo más puro, existe una persecución judicial injustificada hacia líderes populares (Correa en Ecuador, Lula en Brasil, Cristina en Argentina) como estrategia para detener un supuesto movimiento progresista latinoamericano, sin embargo, el argumento pierde consistencia rápidamente dado que el enjuiciamiento a presidentes por casos de corrupción se trata de un fenómeno generalizado, que atañe a líderes de los más diversos países e ideologías opuestas. Los casos de Uribe en Colombia o de la mayoría de los expresidentes de Perú ponen de manifiesto que las acusaciones de corrupción no parecen tener en Latinoamérica una inclinación ideológica, y que por el contrario tiene una raíz distinta. Tal como lo sostuvieron organizaciones respetadas como Human Rights Watch o letrados prestigiosos como Roberto Gargarella, se confirma que el lawfare es un argumento con endeble fundamento teórico y empírico.
A primera vista, procesar a los funcionarios que incurren en comportamientos ilícitos parece ser esencial para una República: todos deben rendir cuentas y someterse al imperio de la ley. Sin embargo, algunos expertos han comenzado a advertir que en ocasiones, resulta perjudicial para el sistema democrático. Victor Menaldo, James D. Long y Morgan Wack, cientistas políticos de la Universidad de Washington, remarcan que los presidentes y primeros ministros no son personas corrientes. Los elegidos por los ciudadanos para dirigir los destinos de una nación pueden ser muy populares, a veces venerados por sus seguidores. Por ello, los procesos judiciales contra ellos se perciben inevitablemente como políticos y se convierten en divisorios.
Democracias fuertes vs. democracias débiles
La investigación realizada en la Universidad de Washington sobre el enjuiciamiento de líderes mundiales revela que tanto la impunidad generalizada como el exceso en los enjuiciamientos pueden socavar la Democracia. Pero estos enjuiciamientos suponen un riesgo diferente para democracias maduras como Francia que para democracias de baja intensidad como Bolivia.
Las democracias fuertes suelen ser lo suficientemente eficaces (y el sistema judicial lo suficientemente independiente) para investigar a los políticos que se comportan de una manera inadecuada, incluyendo a altos dirigentes, garantizando la imparcialidad y el debido proceso. La justicia logra que los líderes rindan cuentas y se consolida el Estado de Derecho. De todas formas, incluso en las democracias maduras puede ocurrir que los fiscales o los jueces corrompan los procesos y se deslegitimen las decisiones judiciales (el presidente de los Republicanos, Christian Jacob, sostiene que la sentencia de tres años de prisión a Sarkozy es “absolutamente desproporcionada y expone la persecución del sistema judicial”).
La persecución política excesiva es más probable, y potencialmente más perjudicial, en las democracias de baja intensidad, donde los tribunales y otras instituciones públicas suelen ser poco independientes de la política. Cuanto más débil y dependiente sea el poder judicial, más fácil será para los líderes políticos valerse de éste, ya sea para ampliar su propio poder o para acabar con un oponente.
// Causas de corrupción K: se retrasan los juicios contra Cristina Kirchner
Éste es el desafío al que se enfrentan países como la Argentina, que cuenta con un sistema democrático relativamente consolidado pero deficiente y disfuncional en múltiples aspectos (en México, este desafío se afrontó de una manera sencilla pero inevitablemente polémica, con inmunidad para los expresidentes). Los procesos judiciales que afrontan Mauricio Macri y Cristina Kirchner son percibidos públicamente en función de la grieta política que atraviesa a la sociedad. De un lado y del otro, se divisan persecuciones políticas orquestadas por el adversario y el valor de las pruebas (los hechos) son despreciados. Las investigaciones judiciales no solo caen dentro de la grieta, sino que cooperan para ensancharla cada vez más, generando un circulo vicioso que daña al sistema político.
Además, por el peso específico que conservan ambos expresidentes, especialmente Cristina Kirchner, quien aún ocupa el centro de la escena política en la Argentina, su preocupación por los temas judiciales termina impactando negativamente en la agenda de política pública. Debido a la preocupación de Cristina, la justicia federal se convierte en el tema más importante para la administración del Frente de Todos (incluso por encima de problemas más gravitantes para los argentinos, como la inflación y la inseguridad). Hay un uso excesivo de recursos y energía para atender a una cuestión que para la realidad de los ciudadanos de a pie reviste menor importancia.
 
 
 
 
 
LA IDEOLOGÍA POPULISTA ES EL CÁNCER DE LA DEMOCRACIA
 
En Bolivia estamos frente a una batalla decisiva donde está en juego nuestra identidad nacional y la cuestión de la distribución del poder
 
Panam Poste de Panamá (https://bit.ly/312W5bx)
 
La elección del subrogante de Evo Morales es un error histórico de los bolivianos que traerá un costo muy alto para el futuro del país. El presidente Arce no es, ni mucho menos, el líder moral e intelectual que las actuales circunstancias requieren para salvar la democracia y asegurar un mejor porvenir para todos. En estos meses, todos los actos del gobierno contra la clase media son sólo leves temblores del cataclismo que se aproxima.
La verdad es que el candidato elegido en octubre pasado resultó ser, además de incompetente, un detractor del sistema democrático. En sus propias declaraciones, el presidente Arce afirma que su modelo de sociedad es el que impuso la revolución cubana hace 60 años. Esta paradoja de un presidente elegido democráticamente, pero que ejerce su gobierno prescindiendo de las reglas de juego de la democracia, no sucede sólo en Bolivia. Varios países de la región enfrentan esa incongruencia de regímenes democráticos en su origen que, una vez electos, confunden el gobierno con el Estado y sus actos son guiados por un inequívoco desprecio por la democracia liberal y por los derechos individuales.
Los nuevos caudillos en Latinoamérica dirigen un proyecto ideológico regional esencialmente antidemocrático que utiliza sus lealtades tribales para eliminar los mecanismos de control y equilibrio de los poderes públicos creados para proteger a los ciudadanos del abuso de poder del gobierno.  Los caudillos y sus “movimientos sociales “, una vez en el poder, lentamente, a través de la propaganda y la intimidación a opositores u obstaculizadores de su proyecto, generan las condiciones necesarias para lograr un control hegemónico del Estado. Para cumplir el objetivo de apropiarse del Estado, un primer paso es denigrar y destruir el pasado, dominar el presente, y así controlar el futuro político del país.
En esta variedad de populismo, las masas tienen cada vez más poder y menos lucidez. Los encantadores de serpientes se quieren perpetuar en el poder y se cierran a la tolerancia, a la inteligencia, a los espacios éticos y   estéticos, a los valores de la democracia y a la energía de sociedades que resguardan las libertades individuales. La promesa de los caudillos de acabar con la pobreza distribuyendo la riqueza a través del Estado encandila a muchos votantes, pues es más fácil depender del gobierno que valerse por sí mismo.
No hay duda, por ejemplo, de que el mensaje del gobierno al desvincular a los funcionarios profesionales de carrera de distintas reparticiones especializadas del Estado marca el regreso a la idea de la lucha de clases y refleja la convicción peligrosa e injusta, por parte del gobierno, de que en esta elección la clase media, a la que asocian con la formidable e histórica “rebelión de las Pititas“, ha sido derrotada.
En ese contexto, la clase media carece de derechos en el llamado “proceso de cambio“. Los ciudadanos son víctimas de una arquitectura política que refuerza la separación e inmutabilidad de identidades y que aleja a la sociedad de la tolerancia y la moderación que se requieren hoy para resolver los problemas sociales y económicos agravados por la pandemia.
De la misma manera, la suplantación premeditada de los símbolos y del bagaje histórico intelectual y cultural de la República de Bolivia no es un acto gratuito, responde a un proyecto de ingeniería social. Dicho proyecto es una amenaza existencial a la diversidad de Bolivia, promueve el separatismo y la división regional y étnica y elimina los espacios de participación de los ciudadanos más capacitados para construir un futuro para todos en Bolivia.
Por esa razón, estamos frente a una batalla decisiva donde está en juego nuestra identidad nacional y la cuestión de la distribución del poder. Si no defendemos la diversidad de nuestra identidad avasallada y permitimos que el actual gobierno consolide la tarea iniciada por Evo Morales y sus asesores del exterior de fundir el MAS y su gobierno con el Estado, dejaremos a nuestros hijos un país sin futuro. La realidad es que líderes poco recomendables son hoy los árbitros de las vidas de los sufridos ciudadanos bolivianos.
 
 
 
 
 
MARÍA CORINA MACHADO Y JEANINE ÁÑEZ, LAS MUJERES QUE SE ENFRENTAN AL SOCIALISMO
 
Panam Post de Panamá (https://bit.ly/391VDPa)
 
El premio Sájarov para la Libertad de Conciencia tiene dos nuevas propuestas para candidatas, por su defensa de la libertad y la lucha por los derechos humanos. Ellas son la líder opositora venezolana María Corina Machado y la expresidente de Bolivia, Jeanine Áñez.
La propuesta destaca el papel de ambas, a pesar de haber sido censuradas, agredidas, acusadas y encarceladas por los regímenes de sus respectivos países. En el caso de María Corina Machado, destacan » la firmeza de su lucha contra un estado autoritario, cargado de represión política».
Los firmantes de la carta con las propuestas al premio Sájarov fueron Berta Soler Fernández, representante de las Damas de Blanco de Cuba y ganadora del 2005 junto a Guillermo “Coco” Fariñas Hernández, quien recibió el mismo reconocimiento en 2010.
Los últimos días han sido movidos especialmente para la expresidente de Bolivia. La Fiscalía de ese país emitió recientemente una orden de aprehensión contra Áñez y varios de sus ministros. Casualmente la decisión está enmarcada en las mismas acusaciones atribuidas en 2019 al expresidente Evo Morales y que lo llevaron a exiliarse ante la orden de arresto.
La firme postura de Machado
Ambas mujeres han fijado posición ante los gobiernos de sus países. Es bien recordado cuando María Corina Machado dijo varias verdades a Hugo Chávez en plena Asamblea Nacional, mientras el entonces presidente daba un discurso de ocho horas transmitido a toda Venezuela.
Machado se quedó sin inmunidad parlamentaria en 2014 cuando era diputada. En aquel momento el presidente del Parlamento era Diosdado Cabello, quien aseveró que iba a pedir una investigación en su contra por «traición a la patria», tras participar en una sesión de embajadores de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Han sido numerosas las arremetidas del chavismo en contra de Machado. Sin embargo, la exdiputada ha llevado adelante denuncias contra el régimen, se ha reunido con mandatarios y diplomáticos de otros países trasladando las denuncias sobre la crisis que atraviesa el país y ha conformado iniciativas políticas como Súmate y Vente Venezuela.
La opositora ha destacado por ser una de las figuras políticas más fuertes en Venezuela, probablemente más que el líder opositor Juan Guaidó. En su momento, el joven parlamentario cuando desempeñó el cargo de presidente del gobierno interino venezolano recibió críticas de Machado por modificar el Estatuto de Transición que fija la línea de acción contra el régimen de Nicolás Maduro.
Recientemente, Machado reclamó al Consejo de DDHH de la ONU por el papel del organismo ante la grave situación política y socioeconómica del país. “Es una vergüenza que el régimen venezolano, acusado de crímenes de lesa humanidad, sea parte de este Consejo. No hay más excusas. Es tiempo de actuar”, dijo en la sesión virtual 46 de la asamblea.
La defensa de la democracia de Añez
La historia de Jeanine Áñez es diferente, pero coincide en algo: la relevancia que adquirió al enfrentarse al socialismo en su país. Además, se convirtió en la segunda mujer en Bolivia en asumir la Presidencia.
Ha sido crítica a Evo Morales, inclusive objetó al gobierno de Argentina por albergarlo en septiembre de 2020 cuando huía de la justicia boliviana. “¿Cuál es la autoridad que tiene para amparar una conspiración violenta de Evo Morales contra la democracia boliviana desde suelo argentino?”, dijo ante la Asamblea General de la ONU.
Ahora en la carta donde la proponen como candidata al premio Sájarov, se destaca la utilidad de sus acciones como presidente.
Ni bien se dio a conocer la orden de detención de la Fiscalía, Áñez se pronunció a través de Twitter, afirmando que se trata de una persecución política. Lo último sobre su caso fue que la Justicia de Bolivia aumentó de cuatro a seis meses la prisión preventiva en su contra.
Adicional, un juez decidió revocar la orden de llevarla a un centro médico, por lo que fue trasladada a otro centro penitenciario. Ahora el Parlamento Europeo decidirá sobre ambas propuestas para el premio Sájarov, un reconocimiento a quienes han dedicado su vida a favor de la libertad.
 
 
 
 
 
 
LA DICTADURA DE BOLIVIA MANTIENE A LOS CIUDADANOS EN UN ESTADO DE INDEFENSIÓN IGUAL QUE EL DE LOS PEORES REGÍMENES DE AMÉRICA LATINA
 
Utilizar “jueces infames”, juicios y falsas acusaciones para anular opositores e infundir miedo a la ciudadanía es el método usado 62 años por la dictadura de Cuba, por 22 años en la dictadura de Venezuela, reinstalado por Ortega en Nicaragua y con el que Correa sometió por mas de 10 años a los ecuatorianos
 
Infobae de Argentina (https://bit.ly/3lAJvtM)
 
Por Carlos Sánchez Berzain.- La dictadura en Bolivia tiene mas de 15 años y las democracias del mundo dudan en tratarla como tal. Desde hace mas de una década es un país con presos, perseguidos y exiliados políticos, sin estado de derecho, sin división e independencia de poderes y con una justicia instrumento de represión que ha institucionalizado la violación de derechos humanos. El reciente apresamiento de la ex presidenta Jeanine Añez, las vejaciones y la persecución desatadas, son una repetición de casos como “Octubre 2003”, “La Calancha”, “Porvenir”, “Terrorismo” y mas, que prueban la dictadura en Bolivia que tiene a los bolivianos en estado de indefensión.
Dictadura es “el régimen político que por la fuerza o violencia concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales”. Prueba una dictadura la ausencia de cualquiera de los elementos esenciales de la democracia, obligatorios para los países de las Américas por el articulo 3 de la Carta Democrática Interamericana: “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.
El “estado de indefensión” es “la situación en la que es puesta una persona cuando se la hace incapaz de repeler física o jurídicamente las agresiones que ponen en peligro sus derechos fundamentales”. La indefensión es “el estado de vulnerabilidad en que se encuentra alguien que no puede resistirse frente a una agresión o situación injusta que lo afecta, y nadie lo protege frente a ellos”. En el ámbito jurídico-procesal, es “la situación en que la parte se ve limitada o despojada por el órgano jurisdiccional de los medios de defensa que le corresponden en el desarrollo del proceso”.
Utilizar “jueces infames”, juicios y falsas acusaciones para anular opositores e infundir miedo a la ciudadanía es el método usado 62 años por la dictadura de Cuba, por 22 años en la dictadura de Venezuela, reinstalado por Ortega en Nicaragua y con el que Correa sometió a indefensión por mas de 10 años a los ecuatorianos. Centenas de casos como el de Armando Valladares en Cuba o actualmente contra los artistas y jóvenes de San Isidro, el de Leopoldo López o del Gral Baduel o de los gerentes norteamericanos en Venezuela, los estudiantes en Nicaragua, el del diario El Universo o el de Galo Lara en Ecuador, lo prueban.
La “persecución política judicializada” consiste en que la dictadura construye una “narrativa falsa” con la que “encubre sus crímenes y los achaca a sus víctimas” y utilizando el sistema de fiscales y jueces que controla “enjuicia, apresa y condena a inocentes” con el propósito de “anular, exiliar o reclutar”.
La falsa narrativa en el caso del derrocamiento del Presidente Sánchez de Lozada en Octubre 2003 se hizo para encubrir los crímenes de Evo Morales y sus cómplices sobre la falsedad de “venta de gas a Chile” y con el título de “masacre” atribuirlos con infamia a los derrocados que fueron encarcelados y hasta ahora perseguidos y exiliados con constante “asesinato de reputación”. La falsa narrativa en los casos la Calancha, Porvenir, Hotel las Américas y Terrorismo se hizo para encubrir esas masacres que perpetró Evo Morales y presentarlas como “crímenes de separatistas” cuando en verdad defendían la República y la Constitución, y las víctimas convertidas en terroristas fueron encarcelados, exiliados y otros reclutados al servicio de la dictadura a la que son funcionales hasta hoy.
Ahora en el caso denominado “golpe de estado 2019” la narrativa dictatorial es la falsedad que pretende tapar los crímenes infraganti de fraude, falsificaciones y mas cometidos públicamente por Evo Morales, certificados por la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, además de tapar las masacres de Senkata y de Sacaba que Morales instruyó inmediatamente después de su fuga, probadas por grabaciones públicas. Como en Octubre 2003, la Calancha, Porvenir, Hotel las Américas, Terrorismo y otros, la dictadura repite con Jeanine Añez y un numero indeterminado de bolivianos, el ritual de falsificar acusaciones, apresar, extorsionar, torturar, asesinar la reputación, invocar falsamente la defensa de derechos humanos para violarlos.
Es la dictadura en Bolivia que “en lugar de jueces tiene verdugos” y que ha “convertido los juicios en linchamientos” para someter a “régimen de terror a un pueblo en estado de indefensión”. ¿Quien es el próximo? ¿Hasta cuando?
 
 
 
 
 
EL MODELO BOLIVIANO Y UN FALSO DISCURSO DE ÉXITO ECONÓMICO
 
Perú 21 (https://bit.ly/3f6KqRk)
 
La pleitesía que le rindió Yonhy Lescano, candidato presidencial de Acción Popular (AP), en entrevista con Perú21 al crecimiento económico boliviano llamó la atención por dos motivos: el primero, porque lo destacó un político que representa a un partido distanciado de la izquierda y, segundo, porque afirmó que la Bolivia de Evo Morales “ha crecido más que el Perú” sin presentar información que sustente esa afirmación.
Lescano argumentó que el modelo boliviano encontró el éxito en la renegociación de contratos de actividades extractivas y gasíferas, y dejó entrever que seguiría ese ejemplo de convertirse en presidente de la República.
Pero, ¿qué tan cierta es la efectividad del modelo boliviano?, ¿es realmente un ejemplo de economía sostenible y a seguir por el Perú?
Lo que quedó claro es que Verónika Mendoza, candidata presidencial de Juntos por el Perú, no es la única seguidora de Morales en esta contienda electoral.
Puro espejismo
Según cifras del Banco Mundial, el Producto Bruto Interno (PBI) de Bolivia registra una caída estrepitosa desde 2013, año en el que fijaba un alza en su economía en 6%. En 2019, antes de la crisis generada por la pandemia del coronavirus, el incremento del PBI de ese país apenas sobrepasó el 2%.
El Perú, en ese mismo periodo, registró también un descenso. En 2013, el PBI se encontraba en 5.8%, y en 2019 figuraba en 2.1%. Sin embargo, hay diferencias sustanciales.
Mientras nuestro país generaba US$201,175 millones en PBI, en 2013, en ese mismo año Bolivia producía US$30,659 millones. En 2019, los bolivianos alcanzaron 40,895 millones, y los peruanos 226,848 millones. Además, en los últimos 20 años, el pico más alto del PBI de Perú fue de 8% en el año 2008, y el de Bolivia fue el 6% de 2013, de acuerdo al Banco Mundial. Los números son claros.
“Bolivia ha tenido una economía más ordenada en los últimos años, no han gastado más de lo que han ganado y han estado bastante favorecidos con los precios del gas y el petróleo, pero definitivamente no es un modelo económico de éxito”, explicó a este diario el economista y profesor de la Universidad del Pacífico, Enrique Castellanos.
Castellanos señaló que si se trata de definir a cuál de las dos economías le fue mejor en los últimos diez años, indicó que los índices del Perú “son mejores”. “Las cifras del Perú son buenísimas. De 2013 a 2019 el Perú creció 3%, mucho mejor de lo que le fue a Bolivia”, sostuvo.
En 2006, el gobierno de Evo Morales nacionalizó las actividades de hidrocarburos. Es decir, el Estado expropió a los privados de ese rubro y tomó posesión de la industria. Esa es la renegociación a la que se refiere Lescano.
Para el exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi, esa intervención provocó que las reservas de Bolivia en hidrocarburos disminuyan en el largo plazo.
“Cuando existen recursos, lo que se debe buscar es tener reservas y para ello hay que realizar actividades de exploración. De eso no se encarga el Estado, sino un privado, que tiene más experiencia y que está preparado para tomar riesgos”, señaló a Perú21.
Herrera Descalzi señaló que si hay algo “bueno” hecho por el país altiplánico en este sector, es “haber masificado el gas” para el consumo de la ciudadanía a un mayor alcance que en el Perú”. “Este aspecto es lo único que valdría la pena destacar el ejemplo boliviano”, aseveró.
Perú en mejor posición
No solo en el PBI el Perú, un país con 32 millones de habitantes, aparece mejor ubicado que Bolivia, con más de 11 millones de ciudadanos. También en otras aristas, según el Banco Mundial.
Por ejemplo, en reducción de la pobreza, Perú recortó cifras de 58% en 2004 a 20% en 2019. Bolivia, en tanto, disminuyó la pobreza de 59% a 37% en el mismo periodo de tiempo.
En esperanza de vida, nuestro país registraba los 71 años de vida como expectativa de vida en 2000, y ahora se encuentra en 76 años. El país vecino pasó de los 62 años como proyección a los 71 años de vida.
Tenga en cuenta
-Yonhy Lescano (Acción Popular) lidera las preferencias electorales con 13%, según Datum. Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) aparece en el quinto lugar con 7% a su favor. Ambos candidatos miran a Bolivia como modelo económico.
-Mendoza comentó que lo que planea imitar es la nacionalización del gas. “Me parece inaudito que, teniendo reservas de gas en Cusco desde hace 15 años, ese gas se vaya a México, Japón y nosotros no lo estemos usando”, expresó.
-Según el simulacro de votación de Ipsos, en una segunda vuelta entre Lescano y Mendoza, el primer resultaría ganador.
 
 
 
 
 
ADULTO MANIPULÓ A UNA CHICA DE 14 AÑOS A TRAVÉS DE UN VIDEOJUEGO Y QUISO LLEVÁRSELA A BOLIVIA
 
La Voz de Argentina (https://bit.ly/3c8aDgw)
 
Un ciudadano boliviano fue detenido y procesado con prisión preventiva por el delito de trata de personas en Santa Fe.
Intentaba raptar y llevar en un micro hacia el país vecino a una adolescente de 14 años, a la que había captado a través del popular videojuego “Free Fire”.
La historia comenzó hace un par de meses. El joven contactó a la chica a través del juego virtual. Desde finales de 2020, tuvieron un diálogo fluido, que pasó luego del chat de la plataforma hacia Facebook y WhatsApp.
El hombre usó información personal de la menor para avanzar con su plan de manipulación y así concretar el posterior secuestro. Pudo conocer a través de las redes que la adolescente es la mayor de siete hermanos y que se encontraba en una situación familiar vulnerable.
Tras varias semanas, en una charla virtual le propuso tener “una relación más seria”. Luego, le preguntó a la víctima si le gustaría que fuera hasta Mar del Plata, de donde ella es oriunda, para conocerla. Esto terminó ocurriendo los primeros días de febrero.
Del ingreso al país del ahora imputado no hay registros, por lo que, según la hipótesis de la Justicia, conocía no solamente una manera de entrar a la Argentina de forma clandestina, sino también de salir para sacar así a la joven. 
Luego, llegaría otra manipulación que incluía también de trabajo en un supuesto salón de belleza de una prima de él. Respecto a esto último, le aseguró que ganaría 3.500 dólares cada semana y tendría alojamiento gratuito. Además, le mostró imágenes del lugar y la comunicó con la supuesta dueña del establecimiento.
“El monto de la oferta excesivamente elevado en relación con la tarea a desarrollar, permite fácilmente afirmar que esta no era cierta y que el despliegue de las sucesivas maniobras engañosas llevadas a cabo por el imputado escondía una clara finalidad de explotación, que estimamos sexual, teniendo en cuenta las características de la víctima y las manifestaciones del propio imputado al intentar convencer a la víctima de que esa no era su finalidad”, precisó la Fiscalía Federal N°1.
Sin embargo, esto se pudo evitar a partir de la denuncia de los padres ante la Policía de Santa Fe, que interceptó el micro en el que ambos viajaban con destino hacia Salvador Mazza, en Salta. Allí, cruzarían a Bolivia. Además, se pudo conocer que, durante el viaje, el imputado tenía el DNI de la chica y le había pedido que apagara su celular.
 
 
 
 
 
TRÁFICO DEL JAGUAR EN BOLIVIA: TRES CLAVES PARA CONOCER CÓMO OPERAN LAS MAFIAS
 
Radio Bio Bio de Chile (https://bit.ly/3tJRHum)
 
Una investigación con un equipo encubierto develó las rutas y las mafias que operan para el tráfico del jaguar en Bolivia. Los investigadores descubrieron también que no sólo se comercializa colmillos, piel y huesos, sino que la carne se vende en restaurantes de forma clandestina.
“El tráfico de jaguar no solo es un problema de conservación, sino de crimen organizado”, dice Andrea Crosta, director ejecutivo y cofundador de Earth League International (ELI), institución que durante dos años realizó una investigación sobre el tráfico de jaguar en varias ciudades de Bolivia.
La investigación se hizo con con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza de los Países Bajos (UICN NL), entre el 2018 y el 2020, con el fin de exponer uno de los eslabones menos conocidos en la cadena de tráfico del felino: el de las comunidades asiáticas que habitan en este país, quienes hablan en un idioma distinto al de las autoridades locales que los investigan.
Así se llegó a establecer que existen al menos tres grupos criminales que operan en territorio boliviano, formados, principalmente, por ciudadanos chinos, que operan en los departamentos de Santa Cruz y Beni.
Además del tráfico en transporte aéreo, se descubrió que la carne del jaguar también se vende en por lo menos dos restaurantes de Santa Cruz. ¿Qué está pasando en Bolivia con el jaguar?
Las rutas del tráfico
La venta de las partes de jaguar se inicia, generalmente, por redes sociales como el WeChat, la plataforma tecnológica de mensajería más usada por la comunidad china dentro y fuera del país asiático.
Hasta el 2017 las ventas se promocionaban en las radios locales o en anuncios impresos, sobre todo en áreas rurales. Sin embargo, actualmente esta forma se ha reducido drásticamente y desde enero del 2019 no ha habido nuevas incautaciones de partes de jaguar.
“Hemos empezado a tener indicios de presencia de organizaciones criminales internacionales”, comenta Rodrigo Herrera, asesor legal de la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGBAP) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia.
Una de estas bandas, conocida como Putian, tendría relación directa con la mafia Fujian en Hong Kong, China. Según la investigación de ELI, estas bandas criminales no solo desarrollan negocios ilegales, sino que también han instalado restaurantes y tiendas que utilizan de fachada tanto para el tráfico de partes de jaguar como para otro tipo de bienes ilegales, que pueden ir desde animales silvestres hasta drogas.
La investigación también reveló que para el tráfico de partes de jaguar como colmillos, huesos y hasta genitales, los criminales utilizan el transporte aéreo a través de aeropuertos con poca seguridad.
Entre las rutas descubiertas por la investigación se detectó que hay traficantes en Brasil que trasladan las partes de jaguar por Surinam y Guyana debido al débil control en estos países.
-ADVERTENCIA: A continuación se presentan imágenes que pueden herir la sensibilidad de algunas personas-.
El tigre americano
Para los ciudadanos chinos que viven en Bolivia el jaguar es conocido como el tigre americano. Esa denominación se debe a que los jaguares están sustituyendo a los tigres asiáticos en el tráfico de partes de felino.
Thaís Morcatty, investigadora de la Universidad Oxford Brookes, publicó un estudio sobre la relación entre la llegada de las inversiones china a Bolivia, principalmente para proyectos de infraestructura, y el tráfico de jaguar.
En su estudio, Morcatty indica que la búsqueda de sustitutos a las partes de tigre ya han ocurrido en África, donde las poblaciones de leones también se han reducido por esta demanda.
“Hay nuevas vías que se están abriendo a estos cazadores, mientras el flujo de trabajadores [de los grandes proyectos de infraestructura] crea una nueva demanda por carne de monte, específicamente por parte de ciudadanos chinos”, señala el informe.
La investigación del equipo de agentes encubiertos de ELI también detectó el consumo de carne de jaguar en restaurantes de Santa Cruz, operados por ciudadanos chinos, que ofrecen de forma oculta diversos tipos de carne silvestre.
Delitos sin sanción
“Es muy fácil ir detrás del cazador, que generalmente es local, en este caso, de Bolivia. Pero es el eslabón más débil. La caza furtiva existe porque hay un traficante que pide los colmillos”, comenta Crosta, de ELI.
Las cifras de incautación de partes de jaguar entre el 2014 e inicios del 2019 señalan que el decomiso de 760 colmillos corresponden a unos 200 jaguares. Además, entre el 2014 y el 2016, el servicio postal de Bolivia, Ecobol, encontró 300 colmillos en 16 paquetes con destino a Asia.
Hasta el momento se conocen 34 casos de tráfico de jaguar, tanto vivos como de partes del animal. De ellos, solo cinco tienen sentencia y dos de ellos cumplen penas en la cárcel de hasta seis años, la pena máxima en este delito.
Un anteproyecto de ley del Ministerio del Ambiente y Agua enviado al Ministerio de la Presidencia busca la creación de la Ley de Protección de los Animales, que propone incluir entre los delitos de fauna el “biocidio animal”, con una pena de hasta 15 años de cárcel.
La directora de la Fiscalía Especializada en Justicia Penal Juvenil y Delitos Medioambientales de la Fiscalía General del Estado, Vania Arroyo, considera que es necesario fortalecer las normas. “Por ahora sugerimos el trabajo con agravantes. Por ejemplo, si es que el animal es comercializado, pero además lo han asesinado o ha sido decapitado, debe tener más pena de cárcel. Actualmente la sanción es mínima y es una burla”, indica.
La investigación de ELI ha puesto de manifiesto otro serio problema: Los 300 colmillos que fueron incautados en 16 paquetes en el servicio postal boliviano no tienen casos abiertos y, lo que es peor, no existe información oficial sobre el paradero de esas piezas.
 
 
 
 
 
LA GUERRA DEL AGUA: PRIVATIZACIÓN Y DEFENSA DEL RECURSO EN SUDAMÉRICA
 
La cotización del agua de California en el mercado de futuros de Wall Street encendió las alarmas en la región, donde la lucha en defensa del recurso es un hito en contra de los excesos privatizadores del neoliberalismo de fin del siglo XX. Un repaso por las experiencias de Chile, Bolivia y la posición argentina, que entiende al agua como “un derecho humano, un bien público inajenable e imprescriptible".
 
Telam de Argentina (https://bit.ly/3lBEX6p)
 
El agua cotizando en bolsa, un escenario probable para la región a mediano plazo
La cotización del agua de California en el mercado de futuros de Wall Street, considerando al fluido esencial para la vida como un commodity más, es un nuevo hito en el camino de privatización de ese recurso natural, que expertos bursátiles no descartan que se pueda replicar en el mediano plazo en otros países de la región.
El proceso de privatización del agua comenzó hace más de 40 años en Chile, con Augusto Pinochet, quien lisa y llanamente privatizó el agua y plasmó esa decisión en la Constitución de 1980. Le siguió con la premier británica conservadora Margaret Thatcher, quien privatizó la distribución del fluido y plantó la semilla de los sistemas de concesiones que aplicaron los gobiernos neoliberales que, Consenso de Washington mediante, se hicieron fuertes en Latinoamérica en los '90.
Con estos antecedentes, la noticia de que el agua de California comenzó a cotizar en el mercado futuro de materias primas de Wall Street encendió las alertas entre quienes defienden que el agua es un recurso de bien común, no privatizable ni transable.
El índice del agua en ese mercado, que comenzó a cotizar el 7 de diciembre pasado, se constituye con el promedio de cinco mercados de California y les permite fijar un precio para los próximos dos meses y una proyección para los próximos ocho trimestres, explicó a la cadena de noticias CNN el economista Alvaro Pereyra, CEO la operadora bursátil Passfolio.
"Por lo tanto, tenemos el precio indicativo de lo que va a valer el acre por pie de agua (1.233.581,8 litros) para fines de 2022, que rondará los 520 dólares", precisó Pereyra.
Héctor Rubini, investigador de la Universidad del Salvador, estimó en declaraciones a CNN Radio que "progresivamente el agua comenzará a cotizar en otros mercados mundiales, porque se trata de un recurso cada vez más escaso", y estimó que esta situación se dará "en las próximas tres o cuatro décadas".
En la misma línea, Federico Di Yenno, operador bursátil especializado en commodities, dijo a Télam que "es factible que dentro de algunos años, bastantes, en áreas donde haya escasez de agua veamos que se cotice en otro mercado de futuro".
"Así como se ha avanzado en un mercado futuro en un índice para la soja sudamericana, eso podría ocurrir con el agua en algún momento. Brasil y Chile, por ejemplo, lo podrían tener, sobre todo Chile, que tiene un mercado fuerte", agregó.
Pero la perspectiva económica que habilita la mercantilización de un recurso humano tiene otras lecturas y consecuencias. Para el español Pedro Arrojo-Agudo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento de las Naciones Unidas, "no se puede poner un valor al agua, como se hace con otros productos básicos comercializados, porque el agua es un bien público y está vinculada a la salud".
"Además, el agua ya está fuertemente amenazada por la población mundial creciente y la contaminación grave de la agricultura y la industria minera, como para que ahora sea un ítem más del mercado", agregó.
Arrojo-Agudo prepara un informe sobre este tema para la próxima Asamblea General de la ONU, en octubre de este año, "porque un mercado de futuro de este tipo también podría atraer a especuladores como fondos de cobertura y bancos a apostar por estos precios, repitiendo la burbuja especulativa del mercado de alimentos de 2008".
Gustavo Villa Uria, ingeniero en recursos hídricos y subsecretario de Obras Hidráulicas de la Nación, señaló en diálogo con Télam que en América Latina "está bastante firme la posición de que el agua es un bien público y que no es sujeto de apropiación".
El funcionario admitió que "algunos sectores muy de derecha en Argentina creen que el agua es pasible de enajenación", pero destacó que el "marco normativo (del país) es muy claro, muy contundente, en el sentido de que el agua es un bien público, inajenable, imprescriptible y que no hay forma de que ese bien pase a ser privado sin modificar la Constitución y el Código Civil".
Pero esa apropiación del agua "se puede conseguir generando organismos hídricos sin capacidad de control, porque si no hay capacidad de control, aunque el bien sea público, se lo apropia el más fuerte". Es ahí donde el Estado tiene que estar presente "con capacidad de medir, regular, controlar y garantizar que el agua sea repartida en forma equitativa y razonable", agregó Villa Uria.
Los avances privatistas sobre el agua tuvieron una serie de hitos que se encadenaron en los últimos 30 años del Siglo XX.  En la década de los '70 el dictador chileno Augusto Pinochet dejó la economía en manos de economistas alineados con la Escuela de Chicago, que primero privatizaron las tierras y luego el agua, y consagraron esa decisión en la Constitución de 1980, que sigue vigente.
"En Chile la empresas que producen el aguacate (palta), en la provincia de Petoca, compran grandes cantidades de agua para sus cultivos y las poblaciones cercanas sufren un feroz racionamiento", señaló a Télam Rodrígo Mundaca, vocero nacional del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (Modatima).
La propiedad del agua y sus consecuencias para la población, agregó, "es uno de los tres o cuatro temas más controvertidos en las discusiones para la reforma de la Constitución" que está en marcha en Chile.
A principios de los 80s, la primera ministra británica Margaret Thatcher (1979-1990) dio un paso más e, impedida de privatizar el agua, lo hizo con las redes de distribución, dando paso a un nuevo modelo de aplicación de políticas liberales que luego se replicaron en varios países de América Latina.
El Consenso de Washington fue un acuerdo firmado en 1989 -durante la Presidencia de George Bush padre- para aplicar una paquete de reformas estandarizadas y tuteladas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en los países en desarrollo abrumados por sus crisis económicas.
Ese proceso en Argentina tuvo su cenit durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), pero tuvo expresiones de distinto tenor en toda la región, que en la mayoría de los casos siguen con modelos de concesiones instalados y vigentes.
La guerra del agua, un hito en las luchas sociales de Bolivia que llevaron a Morales al poder
La Guerra del Agua es un hito en contra de los excesos de las privatizaciones del neoliberalismo de fin del siglo XX en toda Latinoamérica. También es una bisagra en la historia contemporánea de Bolivia, donde las protestas le torcieron el brazo al exdictador Hugo Banzer y a las empresas transnacionales, a la vez que consolidaron a una dirigencia indígena antisistema que un lustro más tarde llegó a la Presidencia del país con Evo Morales.
Las protestas comenzaron en enero de 2000, un mes antes de la privatización del abastecimiento del agua potable municipal en Cochabamba, y alcanzaron tal magnitud que fueron llevadas al cine en formato documental en la película canadiense "La Corporación" (2003) y en ficción, en la película española "También la lluvia" (2010), una coproducción boliviana, española y francesa protagonizada por Luis Tosar y Gael García Bernal.
En febrero de 2000, con el auspicio del Banco Mundial, una de las tres patas del Consenso de Washington, la multinacional estadounidense Bechtel firmó con el exdictador y por entonces presidente constitucional de Bolivia un contrato para privatizar el suministro de agua a Cochabamba.
El contrato por el monopolio de los recursos hídricos fue adjudicado al consorcio Aguas del Tunari: Bechtel, con el 27,5%, el consorcio español Abengoca S.A., con el 25% y el resto se repartía entre Edison, Petrópolis S.A., A. Petricevich y SOBOCE S.A.
De inmediato, el consorcio incrementó las tarifas del agua potable en un 350% promedio y su principal ejecutivo Geroffrey Thorpe advirtió que si la gente no pagaba se le iba "a cortar el servicio".
Para dar un marco legal a la privatización, el Gobierno hizo aprobar la ley 2029, que verificó el contrato con Aguas del Tunari y le concedió el monopolio sobre todos los recursos hídricos. La interpretación de esa norma hizo que la privatización incluyera el agua usada por los campesinos para el riego, así como los recursos de la comunidad, que habían sido independientes antes de esa regulación.
La ley consideraba "permitir la venta de los recursos de agua" que nunca habían sido realmente parte del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa). Esto hizo pensar que los sistemas comunales independientes del agua, que todavía no estaban conectados con Semapa, serían expropiados por la nueva concesión.
Aguas de Tunari no solo podría haber instalado las conexiones necesarias para conectarse a los sistemas comunales independientes, sino que también habría podido cobrar a los residentes por la instalación de estas conexiones.
La ley indicaba además que la población requeriría una licencia para recoger el agua de lluvia, una política inaplicable. De allí el título de la película que se filmó en 2010, "También la lluvia", que giraba en torno a las presiones para expropiar a una comunidad el uso de un pozo de agua de lluvia que había comprado. El rechazo fue generalizado y sobrevino el estallido.
En el primer mes del nuevo siglo, ante el temor de que la anunciada privatización del recurso afectara las aguas de riego de los sectores campesinos, dirigentes de sectores sociales participaron de una reunión en la Prefectura (actual Gobernación), con el prefecto Hugo Galindo Saucedo; el alcalde cochabambino Manfred Reyes Villa; el arzobispo de Cochabamba, Tito Solari, y el dirigente de la Coordinadora del Agua Oscar Olivera, con representantes del Gobierno local, entre otros, que terminó con la detención, en medio de la reunión, de los dirigentes sociales.
La protesta escaló al día siguiente cuando las organizaciones sociales montaron una guardia frente al lugar de detención y luego tomaron la plaza de armas. La respuesta oficial fue una represión policial que se desmadró al punto que el prefecto Galindo Saucedo renunció al cargo y el Gobierno designó al coronel Eduardo Wayar como comandante Departamental de Policía.
Esa misma noche fueron detenidos otros seis dirigentes, que fueron enviados a la población de Puerto Rico, en el departamento de Pando, por lo que al día siguiente los manifestantes bloquearon las calles de Cochabamba y cortaron las rutas de acceso a la ciudad.
Tras meses en este clima de tensión y enfrentamientos, el 8 de abril el presidente Banzer decretó el estado de excepción local, una suerte de estado de sitio.
Con la intención de frenar las protestas Banzer declaró la Ley Marcial y la represión policial y militar se salió de quicio. La policía boliviana mató al menos a una persona, Víctor Hugo Daza, de 17 años, y se contabilizaron 121 heridos y 172 manifestantes detenidos.
Mientras tanto, la economía boliviana, que había cedido sus principales resortes a empresas privadas, se desbarrancaba a medida que crecían las protestas en todo el país, ya no sólo en Cochabamba.
Desde el altiplano, el dirigente Felipe Quispe, El Mallku, fallecido recientemente, lideró las protestas que terminaron de poner en jaque al Gobierno de Banzer que, ya en septiembre, tras nueve meses ininterrumpidos de conflicto, retrocedió y anuló el contrato de privatización con Bechtel.
De inmediato la multinacional estadounidense inició un juicio contra el Estado de Bolivia en reclamo de 25 millones de dólares en concepto de indemnizaciones por daños. El argumento fue que el contrato sólo le permitía administrar el deteriorado sistema de aguas y que había sido el gobierno de Cochabamba el que impulsó el tarifazo.
La demanda tuvo un efecto boomerang porque convocó la atención de los movimientos anticapitalistas y anticorrupción, que fustigaron no sólo a la empresa sino al modelo de privatización llevado al extremo en Bolivia pero vigente también en Chile, Perú y Argentina, entre otros países de la región que seguían los dictados del Consenso de Washington.
Este plan estandarizado de rescate de las economías en crisis de la región, tutelado por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, impuso fuertes ajustes y privatizaciones de las empresas públicas, inspiradas en el modelo privatizador de la premier británica Margaret Thatcher (1979-1990).
En enero de 2006, con Evo Morales recién instalado en el Palacio Quemado como primer presidente indígena de Bolivia, Bechtel y sus socios internacionales finalmente retiraron la demanda contra el Estado boliviano.
La propiedad del agua será un duro debate en la Constituyente en Chile
El agua de Chile, privatizada desde hace 40 años por la dictadura de Augusto Pinochet y blindada en la Constitución de 1980, será uno de los ejes de la convención constituyente que está en marcha y el debate no será sencillo porque "la derecha va a hacer todo lo posible por mantener la propiedad privada del agua y las presiones corporativos van a ser feroces", anticipo Rodrigo Mundaca, activista chileno por los derechos humanos ambientales.
Mundaca es vocero del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (Modatima) y fue galardonado en 2018 con el Premio Internacional de Derechos Humanos de Nuremberg.
El activista, que es ingeniero agrónomo, dijo a Télam que la cotización del agua de California en el mercado de futuros de Wall Street, a partir de diciembre pasado, "da cuenta de la presión internacional que existe sobre este bien natural común, por parte de la industria extractiva, fundamentalmente. Pero también a propósito de transformar al agua en un bien de capital, que genera plusvalía a sus tenedores".
Además, destacó que, desde la privatización del agua resuelta por Pinochet, Chile se convirtió en uno de los mercados "'más exitosos' en materia de comercialización, compra y arriendo de agua, con más de 123.000 transacciones de derecho de aprovechamiento de aguas".
Más cerca en el tiempo, "un informe del Banco Mundial de 2011, señaló que solo entre 2005 y 2008 se realizaron 20.000 transacciones de derechos de aprovechamiento de aguas por un equivalente a 4,8 billones de dólares", agregó.
• Télam: ¿Qué ha significado no tener acceso al agua para la población de Chile?
• Rodrigo Mundaca: En Chile, la base de la desigualdad está edificada desde la privatización de los bienes naturales comunes, particularmente de la privatización de la tierra y el agua. Las principales fortunas del país, Matte, Angelini, el propio (presidente Sebastián) Piñera se edifican desde la privatización de la tierra, en 1974, cuando les entregan dos millones de hectáreas de asentamientos mapuches, y desde la privatización del agua, que enriquece a los capitales internacionales, pero sin duda más a los nacionales.
• T: ¿Y en estos tiempos de coronavirus?
• RM: Estamos atravesando una pandemia feroz y todos plantean que una de las medidas más eficientes para impedir el avance del Covid es el lavado frecuente de nuestras manos. ¿Cómo se lavan las manos más de un millón y medio de personas que tienen serios problemas para poder acceder al agua todos los días? Porque el agua se encuentra capturada por la megaminería química a cielo abierto, por el agronegocio, por la hidroeléctrica y las forestales. Hay un millón y medio de personas que hoy no tienen acceso al agua potable. Yo vivo en la región de Valparaíso, donde hay más de 300.000 personas que dependen de camiones aljibe para poder acceder al agua todos los días. Y en los sectores perirurales y rurales la entrega de agua es de 50 litros de agua por persona. La OMS en materia de acceso al agua y de volumen, habla de 150 litros diarios en una situación de normalidad. Pero en una situación de anormalidad ese volumen se duplica. O sea que se están entregando 50 litros por persona, en un escenario de pandemia y donde no se prioriza el derecho humano al agua.
"El agua se encuentra capturada por la megaminería química a cielo abierto, por el agronegocio, por la hidroeléctrica y las forestales"
RODRIGO MUNDACA
Mundaca destacó entonces la necesidad de sacar la privatización del agua de la letra constitucional. Explicó que "en Chile el régimen jurídico de aguas se encuentra anidado en la Constitución política del '80" y sostuvo que muchos "sostienen que el agua está dentro de los cuatro temas que van a generar mayor controversia en la discusión de la nueva norma jurídica".
• T: ¿Que posibilidad hay de que en la discusión de la nueva Constitución se llegue a una solución asequible para todas las partes?
• RM: Está difícil porque las presiones corporativas que hay en torno del agua indican que este va a ser uno de los cuatro temas centrales de la disputa del proceso constituyente. Y, además, porque la oposición chilena no logró unirse y hay territorios donde los partidos opositores van en listas separadas. Así va a ser difícil copar los dos tercios del proceso constituyente para poder impulsar aquellas reformas que son sustanciales. Pero además la derecha va a poner también a sus constituyentes. Antonio Walker Prieto, que fue ministro de Agricultura hasta el 6 de enero, renunció para ser candidato. Él y su familia tenían un volumen de agua de 29.000 litros por segundo; eso equivale al suministro permanente y continuo de 14 millones de ciudadanos. Walker dice que le interesa el agua como bien común y para salvaguardar la vida de las comunidades, pero también para mantener la certeza jurídica de que la propiedad del agua no se va a tocar.
• T: Aparte del camino de la Constituyente, ¿están explorando otro camino?
• RM: El proceso constituyente es un punto de partida, no de llegada. Esto significa que si nos fuera bien y pudiéramos terminar con las leyes de amarre, recuperar los fondos de pensión, recuperar los derechos sociales a la educación, a la salud, a la vivienda, y también el derecho al agua, el proceso constituyente no concluye una vez formulada la norma. Después hay que hacerlo carne, hay que materializarlo en los territorios y en las comunidades. El debate está instalado, pero tenemos que construir musculatura política desde las comunidades y territorios para seguir ejerciendo presión para que la Constituyente no soslaye la importancia de hacer del agua un derecho humano.
En Chile no solo está privatizada la fuente del agua, sino también la gestión del recurso
"En Chile no solamente está privatizada la fuente de agua sino que también está privatizada la gestión del agua. El 89,4% de los clientes totales que consumen agua potable en Chile están en manos de empresas transnacionales", explicó Mundaca,
"Aguas Andinas, que provee agua en Santiago, es del grupo Suez, de origen francés. El Plan de Pensión de Maestros de Ontario controla el 34,2% del mercado global del agua potable en el país. Esto tiene que ve no sólo con la privatización de las fuentes de agua durante la dictadura sino que también tiene que ver con la privatización de las sanitarias durante los regímenes de los gobiernos de la Concertación", agregó.
Mientras ubicó la privatización de la fuente del agua en la dictadura de Augusto Pinochet, explicó que la concesión de la gestión de ese recurso sucedió en democracia. "Desde 1998 en adelante, en particular durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, la red de distribución, como le dicen en Argentina, están en manos de empresas transnacionales. Chile además paga las tarifas más altas de América Latina por consumir agua potable, y el negocio de las sanitarias es, por decirlo elegantemente, un negocio extraordinariamente opaco", advirtió.
"Chile paga las tarifas más altas de América Latina por consumir agua potable"
RODRIGO MUNDACA
"La privatización de Frei de los recursos sanitarios no es un fenómeno aislado porque coincide con las privatizaciones de (Gonzalo)Sánchez de Losada en Bolivia, con (Alberto) Fujimori en Perú y con (Carlos) Menem en Argentina. Fue un esfuerzo coordinado del neoliberalismo en América Latina para privatizar servicios básicos", concluyó.
"En países como el nuestro, el agua es un bien público, inajenable e imprescriptible"
El subsecretario de Obras Hidráulicas de la Nación, Gustavo Villa Uria, contó que en Argentina y la región "cada tanto el Banco Mundial y alguna ONG sustentada por empresas alimenticias importantes, como Nestlé, salen a hablar de un mercado a futuro del agua", pero ratificó que el Gobierno entiende al agua como “un derecho humano, un bien público inajenable e imprescriptible".
El ingreso del agua de California al mercado bursátil no es un tema ajeno a América Latina, destacó Villa Uria en diálogo con Télam. "Chile tiene las aguas privadas, que son motivo de mercado presente y futuro. Este modelo lo estableció Pinochet con los Chicago Boys en la década del '70 y desde ese momento todas las aguas continentales chilenas son un bien de mercado", señaló Villa Uria, ingeniero en recursos hídricos.
"En países como el nuestro, el agua es un bien público, es inajenable e imprescriptible. Un bien que no puede ser privatizado sino que puede ser concesionado para prestar algún servicio", agregó.
• Télam: ¿Hay una confrontación ideológica en torno al uso del agua?
• Gustavo Villa Uria: Sí. Cada tanto tiempo el Banco Mundial y algunas ONGs sustentadas por algunas empresas alimenticias importantes, como Nestlé y otras, se dedican a hablar sobre la necesidad de que haya un mercado de futuro y un bien de uso del agua. Pero hay otra línea ideológica, que es el agua como un derecho humano y un recurso básico.
• T: El tema es que el agua es un recurso humano del cual depende la producción del agro, que sí cotiza en bolsa.
• GVU: Sabemos que la diferencia entre una buena y una mala producción de granos depende del agua disponible. Con poca agua se produce poco, con mucha, se produce bastante, con exceso se produce poco...y con una cantidad justa se puede producir una cosecha récord y una serie de condiciones. Estos capitales están operando en función de estas condiciones y de tener pronósticos mejores de los que disponemos la mayoría de los países: información propia sobre la circulación y las probabilidades de lluvia. Este es un recurso tecnológico que consiguen algunos a partir de convenios con universidades americanas que le dan información privilegiada.
"En países como el nuestro, el agua es un bien público, es inajenable e imprescriptible"
GUSTAVO VILLA URIA
• T: ¿Información satelital, por ejemplo?
• GVU: Sí, satelital y de pronóstico futuro. La satelital es información en tiempo real y para los próximos 7 a 10 días, pero si queremos información a tres meses ya tenemos que hacer análisis estadísticos y estocásticos, o sea de series variantes en el tiempo, y eso cuesta muchos recursos, mucha gente y dinero, y son análisis con un grado de eficiencia relativamente bajo. Pero hay quienes están diciendo que esta bajante del río Paraná no es un suceso raro sino que es que el río está entrando en un ciclo de los próximos 20 o 30 años con condiciones similares a estas.
• T: ¿Y esto incide sobre los mercados?
• GVU: Como Argentina es un país relevante en el mercado de cereales, que haya sequía en la región litoral quiere decir que nuestra producción es menor y eso impacta sobre los precios de la soja. Algo similar pasa sobre la zona maicera de Estados Unidos o sobre la región de Europa. Todo eso es lo natural, después está lo antrópico, lo producido por el hombre: las deforestaciones, el cambio de uso de la tierra, las modificaciones y crecimiento de las zonas urbanas, que son puntos calientes a los que se dirigen las tormentas, y entonces ahora llueve más en las ciudades que en el campo. Son todas explicaciones que se van estudiando y son esenciales para nosotros, los gestores, y también para algunos inversores en el planeta.
• T: Pareciera que considerar el agua como un commodity es un camino sin muchas salidas. ¿Cómo se evita esto?
• GVU: Ese es un camino, el otro es que el agua es un bien público, que está para satisfacer las necesidades de cada usuario, algunos con pagos de canon, otros no, pero es el Estado el que recibe ese canon por el agua o el que paga los perjuicios que produce al agua. Esto ocurre en el 99% de los países, pero hay empresas que han armado este mercado de futuro de agua porque el agua dulce pasa a ser un bien más escaso, por varios motivos. Primero, por condiciones y ciclos naturales. Segundo, porque hay cada vez más demanda de uso a través de cultivos, porque hoy la mayor parte de la población mundial no produce sus alimentos. Entonces, para aquel que produce los alimentos, el agua es un insumo básico y, si no la tiene, la va a comprar y la va a recargar en el precio de los alimentos.
• T: En Argentina, mirando los años '90, las privatizaciones se dieron en el marco de un modelo neoliberal que fue parte de una movida muy concertada por lo menos regionalmente.
• GVU: Así es. En los '90 vinieron con un modelo de concesiones, al que se opuso muy fuertemente Evo Morales diciendo que el agua era un derecho humano. Por eso, cuando llegó al Gobierno de Bolivia, le canceló la concesión y empezó a dar agua a todo el mundo. En Argentina, en el Gobierno de Néstor Kirchner se le canceló la concesión por problemas de nitratos al grupo Suez y se fundó la empresa Aysa para dar el servicio y multiplicó las inversiones por mucho más. Porque a los concesionarios lo único que les interesaba era cobrar lo más alto posible la tarifa a los usuarios que tenía y no expandirse a áreas en donde no estaban seguros que las personas pudieran pagar.
• T: ¿Y hoy cómo estamos en este tema?
• GVU: En Latinoamérica está bastante firme la posición de que el agua es un bien público, que no es sujeto de apropiación. Algunos sectores muy de la derecha argentina creen que el agua es pasible de enajenación. Pero es muy difícil, nuestro marco normativo es muy claro, muy contundente en el sentido de que el agua es un bien público, inajenable, imprescriptible y para cambiar eso hace falta modificar la Constitución, el Código Civil… Pero eso se puede conseguir generando organismos hídricos sin capacidad de control, porque sin control, aunque el bien sea público, el que se la apropia es el más fuerte. Entonces, es importante que el Estado esté presente y que tenga la capacidad de medir, regular, controlar, registrar y garantizar que el agua sea distribuida en forma equitativa y razonable.
 
 
 
 
 
GOBIERNO BOLIVIANO EXIGE QUE VACUNAS ANTI COVID-19 NO SEAN UN INSTRUMENTO DE DOMINACIÓN
 
Sputnik News de Rusia (https://bit.ly/2NJ3TMO)
 
En el marco del mecanismo COVAX, arribaron a Bolivia las primeras 228.000 dosis de vacunas anti COVID-19. En los próximos meses llegarán más, hasta lograr inmunizar al 20% de la población, con el apoyo de la OMS
Llegó a Bolivia el primer lote de vacunas anti COVID-19 en el marco del mecanismo COVAX, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el acto de entrega de las 228.000 dosis de la receta de AstraZeneca participaron autoridades del Estado Plurinacional, así como de otros organismos internacionales y embajadores, la mayoría europeos. Si bien agradeció esta colaboración, desde el Gobierno boliviano afirmaron que "la vacuna debería ser un bien común de la humanidad. No deberíamos tratarla como mercancía".
Las dosis de AstraZeneca/Oxford fueron fabricadas en el Serum Institut of India, con sede en Bombay, la ciudad más grande de ese país. Las recogió en Miami, Estados Unidos, un vuelo de Transporte Aéreo Militar (TAM) hasta la ciudad de Santa Cruz, donde las subieron a un avión Hércules que las depositó finalmente en el hangar de los Diablos Negros, en el aeropuerto militar alteño. Una señal de distensión hacia los uniformados, varios de los cuales están implicados en el golpe de Estado en 2019 contra Evo Morales (2006-2019).
Una receta de mediana efectividad
AstraZeneca, del Reino Unido, se asoció con varias empresas fabricantes de vacunas alrededor del mundo, quienes replican su fórmula bajo otras marcas. En rigor, las dosis que llegaron a La Paz llevan el rótulo de Covishield, hechas en India. Y al igual que la AstraZeneca, su efectividad es apenas del 63,1%, según la OMS. Inocularse con la receta inglesa requiere un poco de azar: la posibilidad de recibir una protección efectiva ante el coronavirus está seis a cuatro.
Según la OMS, esta vacuna se basa sobre "un vector de adenovirus no replicativo" frente al coronavirus. "La vacuna expresa el gen de la proteína de la espícula (así se designa a las púas que muestran las ilustraciones de este virus) enviando a las células receptoras la instrucción de sintetizar la proteína del antígeno S singular" del COVID-19. De esta manera el cuerpo generaría una respuesta inmune y retendría esa información en las células de memoria inmunológica.
Pero vacunas como la Sputnik V, desarrollada en Rusia, lograron una eficacia mayor al 91,6%, muy posiblemente porque su fórmula se base sobre dos adenovirus. Uno más que la fórmula de Oxford.
Conferencia en el aeropuerto militar
Luego de la descarga de las vacunas, las autoridades nacionales e internacionales brindaron una conferencia de prensa en el aeropuerto militar. El ministro de Salud, Jeyson Auza, agradeció pero también apuntó hacia los países acumuladores de vacunas, cuyos embajadores en algunos casos estaban ahí presentes.
El ministro indicó que las 228.000 dosis de Covishield "van a servir para dar continuidad a nuestro plan de vacunación. Somos testigos de países que han concentrado sus necesidades de vacunas en cinco veces (a lo requerido por su población)".
Y agregó: "Es necesario adoptar las medidas que correspondan para garantizar que los países que menos poseen también garanticen la vacunación de su población".
En este sentido, pidió que el acceso a las diversas vacunas anti COVID-19 "sea una política como planeta, que garantice a todos los países inmunizar y proteger a la población ante esta enfermedad".
La posición de la OMS
La oficial en Bolivia de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la doctora Alma Morales, indicó que el mecanismo COVAX llegará con vacunas "a los 92 países más pobres del mundo, 10 de los cuales están en América Latina y son absolutamente financiados" por la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI, por su sigla en Inglés), la Alianza Mundial para las Vacunas e Inmunización (GAVI) y UNICEF, además de la OMS/OPS.
Morales comentó que hasta mayo llegarán más dosis en el marco del mecanismo COVAX. En los próximos días llegaría un próximo embarque de 108.000 dosis, luego otro de 338.000 dosis. "De esta manera Bolivia estará recibiendo 672.000 dosis, que se van a llevar con equidad a las poblaciones vulnerables", entre las cuales mencionó a adultos mayores, personas en grupos de riesgo y pobladores del área rural.
Para su transporte, la receta de AstraZeneca presenta la ventaja de que requiere una refrigeración de entre dos y ocho grados Celsius, por lo cual sería ideal para llevar a quienes viven alejados de centros urbanos.
La doctora nicaragüense afirmó que en los siguientes meses llegarán a Bolivia cinco millones de dosis de diversas vacunas, en el marco del COVAX.
Son necesarios mayores esfuerzos
Rogelio Mayta, ministro de Relaciones Exteriores, habló ante embajadores de la Unión Europea, Francia, Alemania, España, Suecia e India. Resaltó que "es un momento de valorar enormemente el esfuerzo de la comunidad internacional por el mecanismo COVAX. Pero también es un buen tiempo para reflexionar sobre su efectividad".
Y agregó: "No solamente nos queda celebrarnos, aplaudirnos y abrazarnos. También debemos ser críticos". El canciller aclaró que Bolivia, mediante contratos con varias empresas y países, tiene asegurada la provisión de vacunas para la totalidad de su población inoculable, estimada en 7,5 millones de personas.
Pero "no podemos simplemente mirar hacia adentro de nuestra realidad. Vemos que faltan vacunas en el mundo. La pandemia, en vez de irse, recrudece", evidenció Mayta.
El ministro atribuyó esta pandemia, en parte, a los daños que la humanidad inflige a la Madre Tierra. Además, se apoyó en estudios según los cuales las pandemias de este tipo se repetirán en el futuro, con otros tipos de virus.
Por ello, el canciller consideró que el esfuerzo del mecanismo COVAX, aunque grande, es "insuficiente en términos globales. Ayuda a que los países ricos se laven la cara y se vean bien bonitos al espejo".
Aunque "debemos tener la capacidad de ser críticos y pensar que la vacuna debería ser un bien común de la humanidad. No deberíamos tratarla como mercancía", sostuvo Mayta.
E informó que "como país tenemos que negociar con empresas, farmacéuticas, a veces en condiciones complicadas. En algunos casos quieren obligarnos a firmar contratos inaceptables. Seguimos negociando con alguna empresa como Pfizer", de Estados Unidos.
Para el canciller boliviano, "vacunas y medicamentos no debieran ser mercancías, ni debieran ser el vehículo para que los millonarios se vuelvan más ricos".
Y se dirigió a gran parte de los embajadores allí presentes: "Si queremos ser consecuentes con el discurso de los derechos humanos, que privilegian la vida sobre todas las cosas, hoy nos toca pensar en paradigmas diferentes".
El canciller abundó: "Debemos priorizar la vida en nuestro planeta. No solamente la vida de la gente de los países ricos. No solamente dar unas migajas que alcancen al 20% de los países en vías de desarrollo, como descargo de conciencia. ¡Para todos o para ninguno!", reclamó.
Hasta el momento, a Bolivia llegaron 20.000 dosis de Sputnik V; 500.000 dosis de Sinopharm, de China; y las 228.000 dosis de Covishield.
Además de los próximos lotes del mecanismo COVAX ya anunciados, se prevé que antes de fin de mes lleguen 1,7 millones de dosis de Sputnik V, desarrollada por el laboratorio Gamaleya.
Entre marzo de 2020 y marzo de 2021, Bolivia acumuló 265.000 casos de COVID-19. Hasta el momento fallecieron 12.000 personas por esta enfermedad.
 
 
 
 
 
INTIMAN A JUBILARSE A DIPLOMÁTICOS DE CARRERA Y EL KIRCHNERISMO AVANZA EN DESTINOS CLAVES
 
Los representantes designados en China, Rusia, Cuba y Bolivia responden a Cristina Kirchner; diplomáticos que tuvieron roles importantes con Macri dicen que hay “listas negras”; el plan para fomentar jubilaciones
 
La Nación de Argentina (https://bit.ly/3smLWCw)
 
Exdirigente del Partido Socialista y asiduo concurrente a las oficinas del Instituto Patria Ariel Basteiro fue designado el jueves pasado, de manera formal, a través del Boletín Oficial, como nuevo embajador argentino en Bolivia, destino que ya ocupó durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner.
El nombre de Basteiro -anfitrión habitual de Evo Morales en sus visitas al país- se suma a los de Sabino Vaca NarvajaLuis Ilarregui y Eduardo Zuain, otros tres dirigentes cercanos a la expresidenta que en las últimas semanas asumieron o se confirmó que asumirán en estratégicas misiones diplomáticas del país en el exterior.
Mientras las sedes diplomáticas se llenan de kirchneristas duros, diplomáticos que ocuparon cargos durante la gestión de Cambiemos denuncian fuera de micrófono la existencia de “listas negras” que los excluyen de nuevas asignaciones, combinadas con intimaciones concretas de jubilación anticipada para aquellos embajadores o ministros ya veteranos, sin lugar en el nuevo esquema de política exterior. Una avanzada que remite a las cartas que recibieron por parte de la Anses jueces y fiscales que habían iniciado su trámite jubilatorio, para que lo concreten.
“Los que asumieron en las últimas semanas son amigos de la doctora, aunque tienen distintos perfiles”, contestan, lacónicos, desde la Cancillería que encabeza Felipe Solá. El avance cristinista en la política exterior es ya notorio, y contrasta con las designaciones de dirigentes cercanos al presidente Alberto Fernández, como Jorge Arüello en Estados Unidos, Alberto Iribarne en Uruguay y -parcialmente- Daniel Scioli en Brasil.
De Rusia y China fueron desplazados dos diplomáticos de carrera: Ricardo Lagorio en la Federación Rusa y Luis María Kreckler de China, en teoría por una gestión deficiente en la negociación con la empresa Sinopharm para la provisión de vacunas. “Lagorio y Kreckler forman parte de la lista de diplomáticos que fueron dejados de lado, y sin asignación de funciones”, se queja un embajador de carrera, enojado con las nuevas decisiones de la cancillería.
Exembajador en Alemania durante el gobierno de Cambiemos, Kreckler es uno de los diplomáticos que recibió la intimación a “iniciar trámites jubilatorios”, junto a Héctor Salvador (exembajador en Países Bajos), Fernando Lerena (director de Promoción de Comercio e Inversiones), Estanislao Zawels (embajador en Serbia hasta diciembre pasado) y Reina Sotillo (miembro del Consejo Federal Pesquero).
Los exvicecancilleres de Macri, Carlos Foradori y Guillermo Raimondi, y los exembajadores Juan José Arcuri (Grecia), Eugenio Curia (Canadá), Daniel Chuburu (México), Martín García Moritán (ONU durante la gestión de Susana Malcorra) y Arnaldo Ferrari (Italia), son solo algunos de los diplomáticos con trayectoria y protagonismo en la gestión anterior que fueron marginados. “Bajaron todos los que tienen que ver con la UCR que ganó en Gualeguaychú, macristas y peronistas no kirchneristas. Solo se salvaron los radicales K”, sostiene uno de los marginados, que señaló como ejemplos a Pablo Grinspun (hoy en la UE) y Hugo Gobbi, actualmente en la India.
Desde ese sector critican las intimaciones que desde el edificio de Cancillería a diplomáticos de 65 años para “sugerirles” que se jubilen. “Los embajadores se jubilan a los 70 y el resto (ministros, consejeros) a los 67. Están contraviniendo la ley de Servicio Exterior y vamos a ir a la Justicia si nos obligan a jubilarnos”, advierte uno de ellos. “Es materia gris que el país se está perdiendo. Y lo hacen para que no se note que ellos no saben nada”, recalca otro diplomático enojado.
Desde la Cancillería niegan la existencia de esa “lista”, que los enojados atribuyen al jefe de gabinete Guillermo Justo Cháves (miembro del grupo albertista Callao) y a Rodolfo Yáñez, secretario de coordinación y hermano de la primera dama, Fabiola áañez, quien firma las intimaciones. “No hay ninguna persecución, se elige a los que se consideran adecuados para cada lugar. Además, ¿qué hacés con un excanciller del gobierno anterior? Son como jarrones chinos, no sabés donde ponerlos”, graficaron desde el edificio de la calle Esmeralda. También reconocieron que hay una movida para jubilarlos, pero solo “a quienes les corresponde por la edad”, aclararon.
Los que llegan
La llegada de Basteiro a Bolivia -a tono con el regreso del MAS de Morales y del presidente Luis Arce al poder- tiene puntos en común con la designación de Ilarregui (oficializada la semana pasada) como nuevo embajador en Cuba. “Quiero felicitarlo muy especialmente. Trabajamos juntos y conocí su compromiso con la gestión cuando él era legislador y yo presidía el Senado bonaerense”, lo saludó Solá, viejo amigo del exdirigente peronista de izquierda y uno de los “primeros kirchneristas”, siempre al lado del fallecido Néstor Kirchner.
Tanto en Bolivia como en Cuba las designaciones fueron gestos hacia administraciones afines en lo ideológico. Los nuevos representantes tienen un perfil diferente a quienes cumplieron funciones allí durante el gobierno de Cambiemos: Normando Álvarez García, antecesor de Basteiro, respondía al gobernador radical de Jujuy, Gerardo Morales, y Javier García, diplomático de carrera, fue trasladado desde Cuba a Gran Bretaña a mediados del año pasado.
Los cambios en las relaciones “estratégicas” con Rusia y China también merecieron especial atención. “La relación con Rusia estuvo planchada durante el macrismo”, dijo Zuain en una entrevista reciente con Russia Today (RT). Vicecanciller durante la gestión del fallecido Héctor Timerman (está procesado por la firma del Memorándum con Irán, en 2013), Zuain llegó al gobierno de la mano del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. “Es un gran gesto para Rusia que se envíe a un exvicecanciller”, aseguran en cancillería en relación a Zuain, uno de cuyos roles será “colaborar” para “acelerar” la provisión de vacunas Sputnik V desde Moscú hacia la Argentina, un acuerdo en el que la vicepresidenta intervino de manera personal.
Vaca Narvaja, en tanto, cumple con varios requisitos para ser el nuevo embajador en China: linaje combativo (es hijo del exlíder de Montoneros Fernando Vaca Narvaja) y amplia experiencia en temas vinculados con China reconocida por propios y extraños.
Nadie sabe cual será la próxima embajada “colonizada” por el cristinismo, aunque desde ese sector reclaman a viva voz el reemplazo de Eduardo Porretti, encargado de negocios en Venezuela, y la designación de un embajador afín al chavismo en ese país. Mientras tanto, veteranos diplomáticos que no comulgan con el Gobierno aseguran que las intimaciones podrían multiplicarse en las próximas horas.
 
 
 
 
 
LATINOAMÉRICA VIRA DE NUEVO A LA IZQUIERDA
 
La Nación de Costa Rica (https://bit.ly/2ND3zPs)
 
En los 20 años transcurridos del siglo XXI, la política latinoamericana ha atravesado por tres momentos históricos. Las primeras luces del nuevo siglo alumbraron la región suramericana con gobierno progresistas liderados por personajes como Pepe Mujica, Luiz Inacio Lula, Dilma Rousseff, Evo Morales, Cristina y Néstor Kirchner, Rafael Correa y Hugo Chávez. Todos ellos llegaron al poder mediante procesos electorales transparentes, dirigiendo coaliciones de centro/izquierda y enfrentados a regímenes oligárquicos que inspirados en concepciones neoliberales, tenían sumidos a sus países en la pobreza, el desempleo y la recesión económica. Los nuevos gobiernos, en poco más de 10 años, redujeron la pobreza de un 48.4% a un 28% y la miseria del 22.6% a un 12% (datos de la CEPAL). El desempleo cayó de cifras cercanas al 15% a un 7%.Se generó un crecimiento económico de alrededor del 3.5% anual.
Estos procesos entraron en crisis a mediados de la segunda década del siglo XXI cuando la derecha neoliberal recupera el poder en la mayoría de los países que había perdido, en algunos casos mediante procedimientos electorales como Uruguay, en otros mediante golpes de estado blandos como en Bolivia o sobornando y corrompiendo dirigentes como en Ecuador. El resultado fue que en pocos años se perdieron los avances sociales y regresó la inequidad, el desempleo y la pobreza. Según el informe de Desarrollo Humano de la ONU en 2019 para la región, el 10% más rico concentra el 37% del ingreso, mientras el 40% de los más pobres sólo reciben el 13% de él. La misma ONU dice que como consecuencia de la pandemia del Covid 19, la pobreza en Latinoamérica se incrementó en 45 millones, ascendiendo a 230 millones de su población, el 35% de la misma. De hecho esta ha sido la zona del mundo donde en la actualidad el contagio es mayor.
El tercer momento lo estamos viviendo en la actualidad cuando los movimientos populares y democráticos recuperan su fuerza con signos inequívocos de avance. La justicia brasilera reconoce los errores e injusticia en el proceso contra Lula, lo absuelve de toda culpa y las encuestas lo ubican muy por encima de Bolsonaro en la opinión pública. En Chile se elige una Asamblea Constituyente para remplazar la constitución pinochetista. En Bolivia gana las elecciones Luis Arce del Movimiento al Socialismo. En Ecuador, el ganador de la primera vuelta electoral es Andrés Arauz de la Unión por la Esperanza (UNES). En Colombia, quien puntea en las encuestas electorales es Gustavo Petro, quien ha propuesto un pacto histórico para cambiarle de rumbo al país. Como dice la consigna popular: “¡Se siente…se siente…la Centroizquierda está presente!”

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