Tras la detención de la expresidenta de facto
de Bolivia Jeanine Añez por su responsabilidad en el golpe de Estado en ese
país, el ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que su detención se debe a
que fue parte de una organización delictiva que tomó el poder cuando tenía el
4% de apoyo en las urnas.
En conversación con "Tormenta de
Ideas", que se emite por Radio Nihuil de Mendoza, Lima se refirió a la
situación de la expresidenta, que fue detenida esta semana por orden del
Ministerio Público.
Lima destacó que es la Justicia y no el
Gobierno el que está ordenando la investigación y las detenciones por lo
ocurrido en Bolivia en 2019.
El ministro explicó por qué Añez es apuntada
por el golpe de Estado y como miembro de una organización delictiva. En ese
sentido, dijo que "alguien que tiene un 4% no puede ser presidente de un
país".
Manifestó que se trató de "una senadora
con el 4% (que) fue autoproclamada", y destacó que "recibió la
banda de parte del comandante de las Fuerzas Armadas, el coronel
Orellana", lo que para la Justicia boliviana "son elementos claros de
un golpe de Estado".
"Cuando un militar te pone la banda y
nadie en la Asamblea Legislativa aprueba la gestión, hay hechos irregulares que
tienen que ser objeto de un proceso penal", aclaró Lima.
Para el funcionario del gobierno del
presidente Luis Arce, Añez es parte de una organización que decidió asumir el
poder con 4% de apoyo. "La decisión que toma como exsenadora es
de convocar a una sesión de la asamblea legislativa sin el quórum de
ningún senador", explicó.
Dentro del contexto que se vivía en ese
momento, dijo que las acciones se justificaron en base a un "informe de Luis
Almagro (presidente de la OEA) que dijo que había un fraude electoral, pero no
se ha encontrado ningún elemento de prueba que pueda señalar que hubo un
fraude".
Además, Lima puntualizó que a partir de esas
acciones y "en resistencia a ese golpe de Estado hubo personas
acribilladas por las Fuerzas Armadas". "Hubo masacres que se
generaron por esas decisiones de la organización dirigida por Añez",
explicó. Memo de Argentina
(https://bit.ly/3vOFsi3)
LA DETENCIÓN DE ÁÑEZ: LA PUNTA DEL ICEBERG DE
LA CRISIS INSTITUCIONAL
Bajo acusaciones de sedición, terrorismo y conspiración, el sábado 13 de
marzo la expresidenta de facto boliviana, Jeanine Áñez, fue detenida y luego
trasladada a una celda para mujeres en un cuartel de la Fuerza Especial de
Lucha Contra el Crimen (FELCC) en La Paz.
El País Digital de Argentina (https://bit.ly/3sbVtwf)
Bajo acusaciones de sedición, terrorismo y
conspiración, el sábado 13 de marzo la expresidenta de facto boliviana, Jeanine
Áñez, fue detenida y luego trasladada a una celda para mujeres en un cuartel de
la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en La Paz. Su arresto se
produjo en consonancia con la aprehensión de los exministros transitorios
Álvaro Coímbra - ex Ministro de Justicia - y Álvaro Rodrigo Guzmán - ex
Ministro de Energía -.
Tan sólo un día después de que se decretara
prisión preventiva por cuatro meses para Áñez, el gobierno masista presentó
cuatro nuevos juicios en su contra. La ex mandataria denunció estos actos como
un "abuso y persecución política" por parte del MAS, a la vez que
declaró: "Me acusan de haber participado en un golpe de Estado que nunca
ocurrió. Mis oraciones por Bolivia y por todos los bolivianos".
Áñez enfatizó que no se está respetando su
“estatus de expresidenta” y que acudirá a instancia internacionales. De hecho,
desde el cuartel de la policía, escribió una carta a Luis Almagro - secretario
general de la OEA - y a Michael Dóczy - embajador de la Unión Europea en
Bolivia - solicitando que envíen misiones oficiales de observación. Alega haber
sido detenida sin previa notificación acerca de la existencia de un juicio en
su contra.
El hecho ha generado una gran conmoción ante
la oposición boliviana, quienes al día de la fecha niegan el golpe de Estado de
2019, e insisten en que la ex mandataria de facto sea juzgada por el Parlamento
y no por los tribunales ordinarios, dada su condición de expresidenta. Como
respuesta, el Ministro de Justicia, Iván Lima, señaló: “se la juzga como
exsenadora, no como expresidenta de facto”.
La grieta política y social es clara, pero no
así la postura Tribunal Constitucional Plurinacional. En el golpe de Estado de
2019, el órgano apoyó la llegada de Áñez al Palacio Quemado basándose en una
interpretación constitucional que entendía que la senadora llenaría el vacío de
poder ocasionado por la renuncia de Morales, con el propósito de evitar una
crisis institucional, social y política.
Habiendo transcurrido menos dos años, la
posición del poder judicial dio un giro de 180°, y presentó cargos contra la
expresidenta de facto. La confusión acerca de las denuncias contra Áñez es tan
grande, que de hecho Morales tuiteó que la aprehensión de la misma se debía a
las responsabilidades de esta ante la represión de las protestas populares en
contra de su gobierno. En sus palabras, las denuncias cristalizan demandas de
“justicia y verdad para las 36 víctimas fatales, los más de 800 heridos y más
de 1.500 detenidos ilegalmente en el golpe de Estado”. Sin embargo, estos
hechos particulares no son los que – de momento – están siendo investigados en
este proceso.
Esta situación refleja una vez más cómo
oficialismo y oposición han cooptado canales formales de gobernanza y los han
alterado en favor de sus propios intereses políticos y partidarios. En
síntesis, a una sociedad previamente fragmentada, y a una dirigencia política
incapaz de canalizar las demandas sociales, se suma una nueva variable: el
debilitamiento institucional visibilizado en la ambivalencia de los órganos
estatales.
EL POLÉMICO ARRESTO DEL EXPRESIDENTE ANEZ
Notizie Geopoliteche de Italia (https://bit.ly/3cah6rg)
La detención de la ex presidenta boliviana
Jeanine Añez por "terrorismo, sedición y conspiración" está
provocando mucha discusión. Empezando por el hecho de que en realidad
puede ser una venganza política, siempre y cuando no se pruebe la validez de
las acusaciones.
Los exministros de Energía Rodrigo Guzmán y el
juez Álvaro Coimbra también fueron detenidos con la mujer por los mismos
cargos. También se emitieron órdenes de detención para los exministros
Arturo Murillo, Yerko Nuñez y Luis Fernando López. En total, la justicia
boliviana está cazando al menos a otras diez personas que formaban parte del
gobierno anterior, algunas ya huyeron al exterior.
Como recordarán, en noviembre de 2019, al
final de unas elecciones muy controvertidas que habían visto a Evo Morales
afirmarse por cuarta vez consecutiva, las violentas protestas callejeras
organizadas por la oposición habían obligado al presidente, para salvaguardar
su propia seguridad, a exiliados primero en México y luego en Argentina, y habían
gritado por un golpe.
Durante aproximadamente un año, a la espera de
las elecciones del otoño pasado, Bolivia estuvo gobernada por un ejecutivo de
centroderecha encabezado por Áñez, que de inmediato se distinguió por la
ruptura de las relaciones diplomáticas con Cuba y Venezuela y por haber dado
paso a algunas privatizaciones.
La inesperada victoria en las elecciones de
noviembre del candidato del partido de Morales, Luis Arce, también trajo al ex
presidente Morales de regreso a Bolivia, según la oposición también con un gran
deseo de venganza.
El actual gobierno niega querer vengarse, pero
cree que es correcto condenar a los autores de un golpe de Estado que, con la
consiguiente represión de las protestas, había causado decenas de muertos y
heridos en enfrentamientos con la policía y el ejército. En febrero
pasado, el Congreso aprobó una ley que concedía amnistía a todos aquellos que
se habían manifestado a favor de Morales y que habían sido detenidos durante
los enfrentamientos posteriores al presunto golpe.
Los obispos bolivianos se pronunciaron a favor
de Áñez, denunciando detenciones "sin tomar en cuenta las mínimas
garantías constitucionales ni siquiera la presunción de inocencia, lo que
confirma una forma de actuar que lamentablemente hemos visto en el sistema
judicial, que deja a algunos impunes y criminaliza". otros, según el poder
político del momento ”.
La posición del secretario general de la OEA
(organización de los estados americanos) Luis Almagro es bastante ambigua, la
qaule solo puede defender la posición de Añez, dado que había estado entre los
que en 2019 habían arrojado sombras sobre las elecciones que habían liderado. a
la reelección de Morales y así favoreció al nuevo gobierno interino.
El gobierno de Arce ha manifestado reiteradamente que no acepta injerencias de
organizaciones internacionales ni de otros estados en materia de política
interna, dejando claro que seguirá adelante con los cargos.
Es probable que las detenciones puedan
considerarse actos de justicia más que de venganza, pero es necesario que se
respeten todos los derechos constitucionales en un país que ahora está
políticamente dividido en dos y que necesitaría más pacificación que venganza.
EL ENJUICIAMIENTO A PRESIDENTES, ¿UN RIESGO
PARA LA DEMOCRACIA?
TN de Argentina (https://bit.ly/2NKZYz6)
En la Argentina, gran parte de la política se
juega en tribunales. Tanto Cristina Kirchner como Mauricio
Macri, los dos expresidentes que marcaron el rumbo de nuestro país en el pasado
reciente y siguen siendo gravitantes para el futuro cercano, se encuentran
acechados por causas judiciales que pesan en su contra. Ambos están preocupados
por estos expedientes, en especial aquellos que involucran a sus familias, y
determinan las prioridades de sus agendas a partir de sus problemas judiciales.
Al margen de las particularidades de cada
denuncia y las pruebas que existen para fundamentarlas, en los últimos años
vivimos una judicialización exagerada de la política que es expresión
de problemas funcionales y valóricos: el viejo dilema de la baja calidad
institucional. No obstante, este fenómeno parece no ser exclusivo de la
Argentina. Los expresidentes están siendo investigados, procesados e incluso
encarcelados en todo el mundo.
Ejemplos en todo el mundo
Solo por mencionar algunos casos: Jacob
Zuma, expresidente de Sudáfrica, se enfrentará en mayo a un juicio por corrupción. El Primer Ministro de
Israel, Benjamin Netanyahu, está siendo juzgado actualmente. El expresidente francés Nicolas
Sarkozy fue condenado a prisión por corrupción y tráfico de influencias.
En Estados Unidos, los fiscales de Nueva York están investigando los negocios
del expresidente Donald Trump. En Perú, la lista es extensa,
desde Alberto Fujimori (1990-2000) hasta Martín
Vizcarra (2018-2020), los últimos expresidentes han sido acusados por corrupción. En Brasil, las condenas
a Lula acaban de ser anuladas, y podría volver a presentarse como
candidato, aunque la decisión es procesal y no se expresa sobre el fondo de las
acusaciones que deberán volver a investigarse.
El enjuiciamiento a expresidentes alrededor
del mundo expone y permite desestimar la tesis del lawfare. Para el
kirchnerismo más puro, existe una persecución judicial injustificada hacia
líderes populares (Correa en Ecuador, Lula en Brasil, Cristina en Argentina)
como estrategia para detener un supuesto movimiento progresista
latinoamericano, sin embargo, el argumento pierde consistencia rápidamente dado
que el enjuiciamiento a presidentes por casos de corrupción se trata de
un fenómeno generalizado, que atañe a líderes de los más diversos países e
ideologías opuestas. Los casos de Uribe en Colombia o de la mayoría de los
expresidentes de Perú ponen de manifiesto que las acusaciones de corrupción no
parecen tener en Latinoamérica una inclinación ideológica, y que por el
contrario tiene una raíz distinta. Tal como lo sostuvieron organizaciones
respetadas como Human Rights Watch o letrados prestigiosos como Roberto
Gargarella, se confirma que el lawfare es un argumento con endeble fundamento
teórico y empírico.
A primera vista, procesar a los funcionarios
que incurren en comportamientos ilícitos parece ser esencial para una
República: todos deben rendir cuentas y someterse al imperio de la ley. Sin
embargo, algunos expertos han comenzado a advertir que en ocasiones, resulta
perjudicial para el sistema democrático. Victor Menaldo, James D. Long y Morgan
Wack, cientistas políticos de la Universidad de Washington, remarcan que los
presidentes y primeros ministros no son personas corrientes. Los elegidos por
los ciudadanos para dirigir los destinos de una nación pueden ser muy
populares, a veces venerados por sus seguidores. Por ello, los procesos
judiciales contra ellos se perciben inevitablemente como políticos y
se convierten en divisorios.
Democracias fuertes vs. democracias débiles
La investigación realizada en la Universidad
de Washington sobre el enjuiciamiento de líderes mundiales revela
que tanto la impunidad generalizada como el exceso en los enjuiciamientos
pueden socavar la Democracia. Pero estos enjuiciamientos suponen un riesgo
diferente para democracias maduras como Francia que para democracias de baja
intensidad como Bolivia.
Las democracias fuertes suelen ser lo
suficientemente eficaces (y el sistema judicial lo suficientemente independiente)
para investigar a los políticos que se comportan de una manera inadecuada,
incluyendo a altos dirigentes, garantizando la imparcialidad y el debido
proceso. La justicia logra que los líderes rindan cuentas y se consolida el
Estado de Derecho. De todas formas, incluso en las democracias maduras puede
ocurrir que los fiscales o los jueces corrompan los procesos y se
deslegitimen las decisiones judiciales (el presidente de los Republicanos,
Christian Jacob, sostiene que la sentencia de tres años de prisión a Sarkozy es
“absolutamente desproporcionada y expone la persecución del sistema judicial”).
La persecución política excesiva es más
probable, y potencialmente más perjudicial, en las democracias de baja
intensidad, donde los tribunales y otras instituciones públicas suelen ser poco
independientes de la política. Cuanto más débil y dependiente sea el poder
judicial, más fácil será para los líderes políticos valerse de éste, ya sea
para ampliar su propio poder o para acabar con un oponente.
// Causas de corrupción K: se retrasan los juicios contra
Cristina Kirchner
Éste es el desafío al que se enfrentan países
como la Argentina, que cuenta con un sistema democrático relativamente
consolidado pero deficiente y disfuncional en múltiples aspectos (en
México, este desafío se afrontó de una manera sencilla pero inevitablemente
polémica, con inmunidad para los expresidentes). Los procesos judiciales que
afrontan Mauricio Macri y Cristina Kirchner son percibidos públicamente en función
de la grieta política que atraviesa a la sociedad. De un lado y del otro, se
divisan persecuciones políticas orquestadas por el adversario y el valor de las
pruebas (los hechos) son despreciados. Las investigaciones judiciales no solo
caen dentro de la grieta, sino que cooperan para ensancharla cada vez más,
generando un circulo vicioso que daña al sistema político.
Además, por el peso específico que conservan
ambos expresidentes, especialmente Cristina Kirchner, quien aún ocupa el centro
de la escena política en la Argentina, su preocupación por los temas
judiciales termina impactando negativamente en la agenda de política
pública. Debido a la preocupación de Cristina, la justicia federal se
convierte en el tema más importante para la administración del Frente de Todos
(incluso por encima de problemas más gravitantes para los argentinos, como la
inflación y la inseguridad). Hay un uso excesivo de recursos y energía para
atender a una cuestión que para la realidad de los ciudadanos de a pie reviste
menor importancia.
LA IDEOLOGÍA POPULISTA ES EL CÁNCER DE LA
DEMOCRACIA
En Bolivia estamos frente a una batalla decisiva donde está en juego
nuestra identidad nacional y la cuestión de la distribución del poder
Panam Poste de Panamá (https://bit.ly/312W5bx)
La elección del subrogante de Evo Morales es un error histórico de los bolivianos que
traerá un costo muy alto para el futuro del país. El presidente Arce no es, ni
mucho menos, el líder moral e intelectual que las actuales circunstancias
requieren para salvar la democracia y asegurar un mejor porvenir para todos. En
estos meses, todos los actos del gobierno contra la clase media son sólo leves
temblores del cataclismo que se aproxima.
La verdad es que el candidato elegido en
octubre pasado resultó ser, además de incompetente, un detractor del sistema
democrático. En sus propias declaraciones, el presidente Arce afirma que su
modelo de sociedad es el que impuso la revolución cubana hace 60 años.
Esta paradoja de un presidente elegido democráticamente, pero
que ejerce su gobierno prescindiendo de las reglas de juego de la democracia,
no sucede sólo en Bolivia. Varios países de la región enfrentan esa
incongruencia de regímenes democráticos en su origen que, una vez electos,
confunden el gobierno con el Estado y sus actos son guiados por un inequívoco
desprecio por la democracia liberal y por los derechos individuales.
Los nuevos caudillos en Latinoamérica dirigen
un proyecto ideológico regional esencialmente antidemocrático que utiliza sus
lealtades tribales para eliminar los mecanismos de control y equilibrio de los
poderes públicos creados para proteger a los ciudadanos del abuso de poder del
gobierno. Los caudillos y sus “movimientos sociales “, una vez en el
poder, lentamente, a través de la propaganda y la intimidación a opositores u
obstaculizadores de su proyecto, generan las condiciones necesarias para lograr
un control hegemónico del Estado. Para cumplir el objetivo de apropiarse del
Estado, un primer paso es denigrar y destruir el pasado, dominar el presente, y
así controlar el futuro político del país.
En esta variedad de populismo, las masas
tienen cada vez más poder y menos lucidez. Los encantadores de serpientes se
quieren perpetuar en el poder y se cierran a la tolerancia, a la inteligencia,
a los espacios éticos y estéticos, a los valores de la democracia y a la
energía de sociedades que resguardan las libertades individuales. La promesa de
los caudillos de acabar con la pobreza distribuyendo la riqueza a través del
Estado encandila a muchos votantes, pues es más fácil depender del gobierno que
valerse por sí mismo.
No hay duda, por ejemplo, de que el mensaje
del gobierno al desvincular a los funcionarios profesionales de carrera de
distintas reparticiones especializadas del Estado marca el regreso a la idea de
la lucha de clases y refleja la convicción peligrosa e injusta, por parte del
gobierno, de que en esta elección la clase media, a la que asocian con la
formidable e histórica “rebelión de las Pititas“, ha sido derrotada.
En ese contexto, la clase media carece de
derechos en el llamado “proceso de cambio“. Los ciudadanos son víctimas de una
arquitectura política que refuerza la separación e inmutabilidad de identidades
y que aleja a la sociedad de la tolerancia y la moderación que se requieren hoy
para resolver los problemas sociales y económicos agravados por la pandemia.
De la misma manera, la suplantación
premeditada de los símbolos y del bagaje histórico intelectual y cultural de la
República de Bolivia no es un acto gratuito, responde a un proyecto de
ingeniería social. Dicho proyecto es una amenaza existencial a la diversidad de
Bolivia, promueve el separatismo y la división regional y étnica y elimina los
espacios de participación de los ciudadanos más capacitados para construir un
futuro para todos en Bolivia.
Por esa razón, estamos frente a una batalla
decisiva donde está en juego nuestra identidad nacional y la cuestión de la
distribución del poder. Si no defendemos la diversidad de nuestra identidad
avasallada y permitimos que el actual gobierno consolide la tarea iniciada por
Evo Morales y sus asesores del exterior de fundir el MAS y su gobierno con el
Estado, dejaremos a nuestros hijos un país sin futuro. La realidad es que líderes poco
recomendables son hoy los árbitros de las vidas de los sufridos ciudadanos
bolivianos.
MARÍA CORINA MACHADO Y JEANINE ÁÑEZ, LAS MUJERES
QUE SE ENFRENTAN AL SOCIALISMO
Panam Post de Panamá (https://bit.ly/391VDPa)
El premio Sájarov para la Libertad de
Conciencia tiene dos nuevas propuestas para candidatas, por su defensa de la
libertad y la lucha por los derechos humanos. Ellas son la líder opositora
venezolana María Corina Machado y la expresidente de Bolivia, Jeanine Áñez.
La propuesta destaca el papel de ambas, a
pesar de haber sido censuradas, agredidas, acusadas y encarceladas por los
regímenes de sus respectivos países. En el caso de María Corina Machado,
destacan » la firmeza de su lucha contra un estado autoritario, cargado de
represión política».
Los firmantes de la carta con las propuestas
al premio Sájarov fueron Berta Soler Fernández, representante de las Damas
de Blanco de Cuba y ganadora del 2005 junto a Guillermo “Coco” Fariñas
Hernández, quien recibió el mismo reconocimiento en 2010.
Los últimos días han sido movidos
especialmente para la expresidente de Bolivia. La Fiscalía de ese país emitió
recientemente una orden de aprehensión contra Áñez y varios de sus ministros.
Casualmente la decisión está enmarcada en las mismas acusaciones atribuidas en 2019 al expresidente Evo
Morales y que lo llevaron a exiliarse ante la orden de arresto.
La firme postura de Machado
Ambas mujeres han fijado posición ante
los gobiernos de sus países. Es bien recordado cuando María Corina Machado dijo
varias verdades a Hugo Chávez en plena Asamblea Nacional, mientras el entonces
presidente daba un discurso de ocho horas transmitido a toda Venezuela.
Machado se quedó sin inmunidad parlamentaria
en 2014 cuando era diputada. En aquel momento el presidente del Parlamento era
Diosdado Cabello, quien aseveró que iba a pedir una investigación en su contra
por «traición a la patria», tras participar en una sesión de embajadores
de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Han sido numerosas las arremetidas del
chavismo en contra de Machado. Sin embargo, la exdiputada ha llevado adelante
denuncias contra el régimen, se ha reunido con mandatarios y diplomáticos de
otros países trasladando las denuncias sobre la crisis que atraviesa el país y
ha conformado iniciativas políticas como Súmate y Vente Venezuela.
La opositora ha destacado por ser una de las
figuras políticas más fuertes en Venezuela, probablemente más que el líder
opositor Juan Guaidó. En su momento, el joven parlamentario cuando desempeñó el
cargo de presidente del gobierno interino venezolano recibió críticas de
Machado por modificar el Estatuto de Transición que fija la
línea de acción contra el régimen de Nicolás Maduro.
Recientemente, Machado reclamó al Consejo de DDHH de la ONU por el papel del organismo ante
la grave situación política y socioeconómica del país. “Es una vergüenza
que el régimen venezolano, acusado de crímenes de lesa humanidad, sea parte de
este Consejo. No hay más excusas. Es tiempo de actuar”, dijo en la sesión
virtual 46 de la asamblea.
La defensa de la democracia de Añez
La historia de Jeanine Áñez es diferente, pero
coincide en algo: la relevancia que adquirió al enfrentarse al socialismo en su
país. Además, se convirtió en la segunda mujer en Bolivia en asumir la
Presidencia.
Ha sido crítica a Evo Morales, inclusive
objetó al gobierno de Argentina por albergarlo en septiembre de 2020 cuando
huía de la justicia boliviana. “¿Cuál es la autoridad que tiene para amparar
una conspiración violenta de Evo Morales contra la democracia boliviana desde
suelo argentino?”, dijo ante la Asamblea General de la ONU.
Ahora en la carta donde la proponen como
candidata al premio Sájarov, se destaca la utilidad de sus acciones como
presidente.
Ni bien se dio a conocer la orden de detención
de la Fiscalía, Áñez se pronunció a través de Twitter, afirmando que se trata
de una persecución política. Lo último sobre su caso fue que la Justicia de
Bolivia aumentó de cuatro a seis meses la prisión preventiva en su contra.
Adicional, un juez decidió revocar la
orden de llevarla a un centro médico, por lo que fue trasladada a otro centro
penitenciario. Ahora el Parlamento Europeo decidirá sobre ambas propuestas
para el premio Sájarov, un reconocimiento a quienes han dedicado su vida a
favor de la libertad.
LA DICTADURA DE BOLIVIA MANTIENE A LOS
CIUDADANOS EN UN ESTADO DE INDEFENSIÓN IGUAL QUE EL DE LOS PEORES REGÍMENES DE
AMÉRICA LATINA
Utilizar “jueces infames”, juicios y
falsas acusaciones para anular opositores e infundir miedo a la ciudadanía es
el método usado 62 años por la dictadura de Cuba, por 22 años en la dictadura
de Venezuela, reinstalado por Ortega en Nicaragua y con el que Correa sometió
por mas de 10 años a los ecuatorianos
Infobae de Argentina
(https://bit.ly/3lAJvtM)
Por Carlos Sánchez Berzain.- La dictadura en Bolivia tiene
mas de 15 años y las democracias del mundo dudan en tratarla como tal. Desde hace mas de una década es un país con presos,
perseguidos y exiliados políticos, sin estado de derecho, sin división e
independencia de poderes y con una justicia instrumento de represión que ha
institucionalizado la violación de derechos humanos. El reciente apresamiento
de la ex presidenta Jeanine Añez,
las vejaciones y la persecución desatadas, son una repetición de casos como
“Octubre 2003”, “La Calancha”, “Porvenir”, “Terrorismo” y mas, que
prueban la dictadura en Bolivia
que tiene a los bolivianos en estado de indefensión.
Dictadura es “el
régimen político que por la fuerza o violencia concentra todo el poder en una
persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las
libertades individuales”. Prueba una dictadura la ausencia de cualquiera de los elementos
esenciales de la democracia, obligatorios para los países de las
Américas por el articulo 3 de la
Carta Democrática Interamericana: “el respeto a los derechos humanos y
las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al
estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y
basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del
pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la
separación e independencia de los poderes públicos”.
El “estado de
indefensión” es “la situación en la que es puesta una persona
cuando se la hace incapaz de repeler física o jurídicamente las agresiones que
ponen en peligro sus derechos fundamentales”. La indefensión es “el estado de vulnerabilidad en que se
encuentra alguien que no puede resistirse frente a una agresión o situación
injusta que lo afecta, y nadie lo protege frente a ellos”. En el
ámbito jurídico-procesal, es “la situación en que la parte se ve limitada o
despojada por el órgano jurisdiccional de los medios de defensa que le
corresponden en el desarrollo del proceso”.
Utilizar “jueces
infames”, juicios y falsas acusaciones para anular opositores e
infundir miedo a la ciudadanía es el método
usado 62 años por la dictadura de Cuba, por 22 años en la dictadura
de Venezuela, reinstalado
por Ortega en Nicaragua y con el que Correa sometió a indefensión por
mas de 10 años a los ecuatorianos.
Centenas de casos como el de Armando
Valladares en Cuba o actualmente contra los artistas y jóvenes de San Isidro, el de Leopoldo López o del Gral Baduel o de los
gerentes norteamericanos en Venezuela, los estudiantes en Nicaragua, el del diario El
Universo o el de Galo Lara en Ecuador, lo prueban.
La “persecución política judicializada” consiste en que la dictadura construye una “narrativa
falsa” con la que “encubre sus crímenes y los achaca a sus
víctimas” y utilizando el sistema de fiscales y jueces que controla “enjuicia,
apresa y condena a inocentes” con el propósito de “anular, exiliar o reclutar”.
La falsa narrativa en el caso del derrocamiento del
Presidente Sánchez de Lozada en
Octubre 2003 se hizo para encubrir los crímenes de Evo Morales y sus cómplices
sobre la falsedad de “venta de gas
a Chile” y con el título de “masacre” atribuirlos con infamia a los derrocados que fueron
encarcelados y hasta ahora perseguidos y exiliados con constante “asesinato de
reputación”. La falsa narrativa en los casos la Calancha, Porvenir,
Hotel las Américas y Terrorismo se hizo para encubrir esas masacres que
perpetró Evo Morales y presentarlas como “crímenes de separatistas” cuando en
verdad defendían la República y la Constitución, y las víctimas convertidas en
terroristas fueron encarcelados, exiliados y otros reclutados al servicio de la
dictadura a la que son funcionales hasta hoy.
Ahora en el caso denominado “golpe de estado 2019” la narrativa dictatorial es la
falsedad que pretende tapar los crímenes infraganti de fraude, falsificaciones
y mas cometidos públicamente por Evo
Morales, certificados por la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, además de tapar las
masacres de Senkata y
de Sacaba que Morales
instruyó inmediatamente después de su fuga, probadas por grabaciones públicas.
Como en Octubre 2003, la Calancha, Porvenir, Hotel las Américas, Terrorismo y
otros, la dictadura repite con Jeanine Añez y un numero indeterminado de
bolivianos, el ritual de falsificar acusaciones, apresar, extorsionar,
torturar, asesinar la reputación, invocar falsamente la defensa de derechos humanos
para violarlos.
Es la dictadura en Bolivia que “en lugar de jueces tiene verdugos” y que ha “convertido los juicios en
linchamientos” para someter a “régimen de terror a un pueblo en estado de indefensión”. ¿Quien
es el próximo? ¿Hasta cuando?
EL
MODELO BOLIVIANO Y UN FALSO DISCURSO DE ÉXITO ECONÓMICO
Perú 21
(https://bit.ly/3f6KqRk)
La
pleitesía que le rindió Yonhy Lescano, candidato presidencial de Acción Popular
(AP), en entrevista con Perú21 al crecimiento económico boliviano
llamó la atención por dos motivos: el primero, porque lo destacó un político
que representa a un partido distanciado de la izquierda y, segundo, porque
afirmó que la Bolivia de Evo Morales “ha crecido más que el Perú” sin presentar
información que sustente esa afirmación.
Lescano
argumentó que el modelo boliviano encontró el éxito en la renegociación de
contratos de actividades extractivas y gasíferas, y dejó entrever que seguiría
ese ejemplo de convertirse en presidente de la República.
Pero,
¿qué tan cierta es la efectividad del modelo boliviano?, ¿es realmente un ejemplo
de economía sostenible y a seguir por el Perú?
Lo
que quedó claro es que Verónika Mendoza, candidata presidencial de Juntos por
el Perú, no es la única seguidora de Morales en esta contienda electoral.
Puro
espejismo
Según
cifras del Banco Mundial, el Producto Bruto Interno (PBI) de Bolivia registra
una caída estrepitosa desde 2013, año en el que fijaba un alza en su economía
en 6%. En 2019, antes de la crisis generada por la pandemia del coronavirus, el
incremento del PBI de ese país apenas sobrepasó el 2%.
El
Perú, en ese mismo periodo, registró también un descenso. En 2013, el PBI se
encontraba en 5.8%, y en 2019 figuraba en 2.1%. Sin embargo, hay diferencias
sustanciales.
Mientras
nuestro país generaba US$201,175 millones en PBI, en 2013, en ese mismo año
Bolivia producía US$30,659 millones. En 2019, los bolivianos alcanzaron 40,895
millones, y los peruanos 226,848 millones. Además, en los últimos 20 años, el
pico más alto del PBI de Perú fue de 8% en el año 2008, y el de Bolivia fue el
6% de 2013, de acuerdo al Banco Mundial. Los números son claros.
“Bolivia
ha tenido una economía más ordenada en los últimos años, no han gastado más de
lo que han ganado y han estado bastante favorecidos con los precios del gas y
el petróleo, pero definitivamente no es un modelo económico de éxito”, explicó
a este diario el economista y profesor de la Universidad del Pacífico, Enrique
Castellanos.
Castellanos
señaló que si se trata de definir a cuál de las dos economías le fue mejor en
los últimos diez años, indicó que los índices del Perú “son mejores”. “Las
cifras del Perú son buenísimas. De 2013 a 2019 el Perú creció 3%, mucho mejor
de lo que le fue a Bolivia”, sostuvo.
En
2006, el gobierno de Evo Morales nacionalizó las actividades de hidrocarburos.
Es decir, el Estado expropió a los privados de ese rubro y tomó posesión de la
industria. Esa es la renegociación a la que se refiere Lescano.
Para
el exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi, esa intervención
provocó que las reservas de Bolivia en hidrocarburos disminuyan en el largo
plazo.
“Cuando
existen recursos, lo que se debe buscar es tener reservas y para ello hay que
realizar actividades de exploración. De eso no se encarga el Estado, sino un
privado, que tiene más experiencia y que está preparado para tomar riesgos”,
señaló a Perú21.
Herrera
Descalzi señaló que si hay algo “bueno” hecho por el país altiplánico en este
sector, es “haber masificado el gas” para el consumo de la ciudadanía a un
mayor alcance que en el Perú”. “Este aspecto es lo único que valdría la pena
destacar el ejemplo boliviano”, aseveró.
Perú
en mejor posición
No
solo en el PBI el Perú, un país con 32 millones de habitantes, aparece mejor
ubicado que Bolivia, con más de 11 millones de ciudadanos. También en otras
aristas, según el Banco Mundial.
Por
ejemplo, en reducción de la pobreza, Perú recortó cifras de 58% en 2004 a 20%
en 2019. Bolivia, en tanto, disminuyó la pobreza de 59% a 37% en el mismo
periodo de tiempo.
En
esperanza de vida, nuestro país registraba los 71 años de vida como expectativa
de vida en 2000, y ahora se encuentra en 76 años. El país vecino pasó de los 62
años como proyección a los 71 años de vida.
Tenga
en cuenta
-Yonhy
Lescano (Acción Popular) lidera las preferencias electorales con 13%, según
Datum. Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) aparece en el quinto lugar con 7%
a su favor. Ambos candidatos miran a Bolivia como modelo económico.
-Mendoza
comentó que lo que planea imitar es la nacionalización del gas. “Me parece
inaudito que, teniendo reservas de gas en Cusco desde hace 15 años, ese gas se
vaya a México, Japón y nosotros no lo estemos usando”, expresó.
-Según
el simulacro de votación de Ipsos, en una segunda vuelta entre Lescano y
Mendoza, el primer resultaría ganador.
ADULTO
MANIPULÓ A UNA CHICA DE 14 AÑOS A TRAVÉS DE UN VIDEOJUEGO Y QUISO LLEVÁRSELA A
BOLIVIA
La Voz de Argentina (https://bit.ly/3c8aDgw)
Un
ciudadano boliviano fue detenido y procesado con prisión preventiva por el
delito de trata de personas en Santa Fe.
Intentaba
raptar y llevar en un micro hacia el país vecino a una adolescente de 14 años,
a la que había captado a través del popular videojuego “Free Fire”.
La
historia comenzó hace un par de meses. El joven contactó a la chica a través
del juego virtual. Desde finales de 2020, tuvieron un diálogo fluido, que pasó
luego del chat de la plataforma hacia Facebook y WhatsApp.
El
hombre usó información personal de la menor para avanzar con su plan de
manipulación y así concretar el posterior secuestro. Pudo conocer a través de
las redes que la adolescente es la mayor de siete hermanos y que se encontraba
en una situación familiar vulnerable.
Tras
varias semanas, en una charla virtual le propuso tener “una relación más
seria”. Luego, le preguntó a la víctima si le gustaría que fuera hasta Mar del
Plata, de donde ella es oriunda, para conocerla. Esto terminó ocurriendo los
primeros días de febrero.
Del
ingreso al país del ahora imputado no hay registros, por lo que, según la
hipótesis de la Justicia, conocía no solamente una manera de entrar a la
Argentina de forma clandestina, sino también de salir para sacar así a la
joven.
Luego,
llegaría otra manipulación que incluía también de trabajo en un supuesto salón
de belleza de una prima de él. Respecto a esto último, le aseguró que ganaría
3.500 dólares cada semana y tendría alojamiento gratuito. Además, le mostró
imágenes del lugar y la comunicó con la supuesta dueña del establecimiento.
“El
monto de la oferta excesivamente elevado en relación con la tarea a
desarrollar, permite fácilmente afirmar que esta no era cierta y que el
despliegue de las sucesivas maniobras engañosas llevadas a cabo por el imputado
escondía una clara finalidad de explotación, que estimamos sexual, teniendo en
cuenta las características de la víctima y las manifestaciones del propio
imputado al intentar convencer a la víctima de que esa no era su finalidad”,
precisó la Fiscalía Federal N°1.
Sin
embargo, esto se pudo evitar a partir de la denuncia de los padres ante la
Policía de Santa Fe, que interceptó el micro en el que ambos viajaban con
destino hacia Salvador Mazza, en Salta. Allí, cruzarían a Bolivia. Además, se
pudo conocer que, durante el viaje, el imputado tenía el DNI de la chica y le
había pedido que apagara su celular.
TRÁFICO
DEL JAGUAR EN BOLIVIA: TRES CLAVES PARA CONOCER CÓMO OPERAN LAS MAFIAS
Radio Bio Bio de Chile
(https://bit.ly/3tJRHum)
Una
investigación con un equipo encubierto develó las rutas y las mafias que operan
para el tráfico del jaguar en Bolivia. Los investigadores descubrieron también
que no sólo se comercializa colmillos, piel y huesos, sino que la carne se
vende en restaurantes de forma clandestina.
“El
tráfico de jaguar no solo es un problema de conservación, sino de crimen
organizado”, dice Andrea Crosta, director ejecutivo y cofundador de Earth
League International (ELI), institución que durante dos años realizó una
investigación sobre el tráfico de jaguar en varias ciudades de Bolivia.
La
investigación se hizo con con la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza de los Países Bajos (UICN NL), entre el 2018 y el
2020, con el fin de exponer uno de los eslabones menos conocidos en la cadena
de tráfico del felino: el de las comunidades asiáticas que habitan en este
país, quienes hablan en un idioma distinto al de las autoridades locales que
los investigan.
La
venta de las partes de jaguar se inicia, generalmente, por redes sociales como
el WeChat, la plataforma tecnológica de mensajería más usada por la comunidad
china dentro y fuera del país asiático.
Hasta
el 2017 las ventas se promocionaban en las radios locales o en anuncios
impresos, sobre todo en áreas rurales. Sin embargo, actualmente esta forma se
ha reducido drásticamente y desde enero del 2019 no ha habido nuevas
incautaciones de partes de jaguar.
“Hemos
empezado a tener indicios de presencia de organizaciones criminales
internacionales”, comenta Rodrigo Herrera, asesor legal de la Dirección General
de Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGBAP) del Ministerio de Medio Ambiente y
Agua de Bolivia.
Una
de estas bandas, conocida como Putian, tendría relación directa con la
mafia Fujian en Hong Kong, China. Según la investigación de ELI, estas bandas
criminales no solo desarrollan negocios ilegales, sino que también han
instalado restaurantes y tiendas que utilizan de fachada tanto para el tráfico
de partes de jaguar como para otro tipo de bienes ilegales, que pueden ir desde
animales silvestres hasta drogas.
La
investigación también reveló que para el tráfico de partes de
jaguar como colmillos, huesos y hasta genitales, los criminales utilizan el
transporte aéreo a través de aeropuertos con poca seguridad.
-ADVERTENCIA:
A continuación se presentan imágenes que pueden herir la sensibilidad de
algunas personas-.
El
tigre americano
Para
los ciudadanos chinos que viven en Bolivia el jaguar es conocido como el tigre
americano. Esa denominación se debe a que los jaguares están sustituyendo a los
tigres asiáticos en el tráfico de partes de felino.
Thaís
Morcatty, investigadora de la Universidad Oxford Brookes, publicó un estudio sobre la relación
entre la llegada de las inversiones china a Bolivia, principalmente para
proyectos de infraestructura, y el tráfico de jaguar.
En
su estudio, Morcatty indica que la búsqueda de sustitutos a las partes de tigre
ya han ocurrido en África, donde las poblaciones de leones también se han
reducido por esta demanda.
“Hay nuevas vías que se están abriendo a estos
cazadores,
mientras el flujo de trabajadores [de los grandes proyectos de infraestructura]
crea una nueva demanda por carne de monte, específicamente por parte de
ciudadanos chinos”, señala el informe.
“Es
muy fácil ir detrás del cazador, que generalmente es local, en este caso, de
Bolivia. Pero es el eslabón más débil. La caza furtiva existe porque hay un
traficante que pide los colmillos”, comenta Crosta, de ELI.
Las
cifras de incautación de partes de jaguar entre el 2014 e inicios del 2019
señalan que el decomiso de 760 colmillos corresponden a unos 200
jaguares. Además, entre el 2014 y el 2016, el servicio postal de
Bolivia, Ecobol, encontró 300 colmillos en 16 paquetes con destino a Asia.
Hasta
el momento se conocen 34 casos de tráfico de jaguar, tanto
vivos como de partes del animal. De ellos, solo cinco tienen sentencia y dos de
ellos cumplen penas en la cárcel de hasta seis años, la pena máxima en este
delito.
La
directora de la Fiscalía Especializada en Justicia Penal Juvenil y Delitos
Medioambientales de la Fiscalía General del Estado, Vania Arroyo, considera que
es necesario fortalecer las normas. “Por ahora sugerimos el trabajo con agravantes.
Por ejemplo, si es que el animal es comercializado, pero además lo han
asesinado o ha sido decapitado, debe tener más pena de cárcel. Actualmente la
sanción es mínima y es una burla”, indica.
La
investigación de ELI ha puesto de manifiesto otro serio problema: Los 300
colmillos que
fueron incautados en 16 paquetes en el servicio postal boliviano no tienen
casos abiertos y, lo que es peor, no existe información oficial sobre el
paradero de esas piezas.
LA
GUERRA DEL AGUA: PRIVATIZACIÓN Y DEFENSA DEL RECURSO EN SUDAMÉRICA
La
cotización del agua de California en el mercado de futuros de Wall Street
encendió las alarmas en la región, donde la lucha en defensa del recurso es un
hito en contra de los excesos privatizadores del neoliberalismo de fin del
siglo XX. Un repaso por las experiencias de Chile, Bolivia y la posición
argentina, que entiende al agua como “un derecho humano, un bien público
inajenable e imprescriptible".
Telam de
Argentina (https://bit.ly/3lBEX6p)
El
agua cotizando en bolsa, un escenario probable para la región a mediano plazo
La cotización del agua de California en el mercado de futuros de Wall
Street, considerando al fluido esencial para la vida como un
commodity más, es un nuevo hito en el camino de privatización de ese recurso
natural, que expertos bursátiles no descartan que se pueda replicar en el
mediano plazo en otros países de la región.
El
proceso de privatización del agua comenzó hace más de 40 años en Chile, con
Augusto Pinochet, quien lisa y llanamente privatizó el agua y plasmó esa
decisión en la Constitución de 1980. Le siguió con la premier británica conservadora
Margaret Thatcher, quien privatizó la distribución del fluido y plantó la
semilla de los sistemas de concesiones que aplicaron los gobiernos neoliberales
que, Consenso de Washington mediante, se hicieron fuertes en Latinoamérica en
los '90.
Con
estos antecedentes, la noticia de que el agua de California comenzó a cotizar en el mercado
futuro de materias primas de Wall Street encendió las alertas
entre quienes defienden que el agua es un recurso de bien común, no
privatizable ni transable.
El
índice del agua en ese mercado, que comenzó a cotizar el 7 de diciembre pasado,
se constituye con el promedio de cinco mercados de California y les permite
fijar un precio para los próximos dos meses y una proyección para los próximos
ocho trimestres, explicó a la cadena de noticias CNN el economista Alvaro
Pereyra, CEO la operadora bursátil Passfolio.
"Por lo tanto, tenemos el precio indicativo de lo que va a valer el acre
por pie de agua (1.233.581,8 litros) para fines de 2022, que rondará los 520
dólares", precisó Pereyra.
Héctor
Rubini, investigador de la Universidad del Salvador, estimó en declaraciones a
CNN Radio que "progresivamente el agua comenzará a cotizar en
otros mercados mundiales, porque se trata de un recurso cada vez más
escaso", y estimó que esta situación se dará "en las próximas
tres o cuatro décadas".
En
la misma línea, Federico Di Yenno, operador bursátil especializado en
commodities, dijo a Télam que "es factible que dentro de algunos años,
bastantes, en áreas donde haya escasez de agua veamos que se cotice en otro
mercado de futuro".
"Así
como se ha avanzado en un mercado futuro en un índice para la soja
sudamericana, eso podría ocurrir con el agua en algún momento. Brasil y Chile,
por ejemplo, lo podrían tener, sobre todo Chile, que tiene un mercado
fuerte", agregó.
Pero
la perspectiva económica que habilita la mercantilización de un recurso humano
tiene otras lecturas y consecuencias. Para el español Pedro Arrojo-Agudo,
Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento de
las Naciones Unidas, "no se puede poner un valor al agua, como se
hace con otros productos básicos comercializados, porque el agua es un bien
público y está vinculada a la salud".
"Además,
el agua ya está fuertemente amenazada por la población mundial creciente y la
contaminación grave de la agricultura y la industria minera, como para que
ahora sea un ítem más del mercado", agregó.
Arrojo-Agudo prepara
un informe sobre este tema para la próxima Asamblea General de la ONU, en
octubre de este año, "porque un mercado de futuro de este tipo también
podría atraer a especuladores como fondos de cobertura y bancos a apostar por
estos precios, repitiendo la burbuja especulativa del mercado de alimentos de
2008".
El
funcionario admitió que "algunos sectores muy de derecha en Argentina
creen que el agua es pasible de enajenación", pero destacó que el
"marco normativo (del país) es muy claro, muy contundente, en el sentido
de que el agua es un bien público, inajenable, imprescriptible y que no hay
forma de que ese bien pase a ser privado sin modificar la Constitución y el
Código Civil".
Pero
esa apropiación del agua "se puede conseguir generando organismos hídricos
sin capacidad de control, porque si no hay capacidad de control, aunque el bien
sea público, se lo apropia el más fuerte". Es ahí donde el Estado
tiene que estar presente "con capacidad de medir, regular, controlar y
garantizar que el agua sea repartida en forma equitativa y razonable",
agregó Villa Uria.
Los
avances privatistas sobre el agua tuvieron una serie de hitos que se
encadenaron en los últimos 30 años del Siglo XX. En la década
de los '70 el dictador chileno Augusto Pinochet dejó la
economía en manos de economistas alineados con la Escuela de Chicago, que
primero privatizaron las tierras y luego el agua, y consagraron esa decisión en
la Constitución de 1980, que sigue vigente.
La
propiedad del agua y sus consecuencias para la población, agregó, "es uno
de los tres o cuatro temas más controvertidos en las discusiones para la
reforma de la Constitución" que está en marcha en Chile.
A
principios de los 80s, la primera ministra británica Margaret Thatcher (1979-1990)
dio un paso más e, impedida de privatizar el agua, lo hizo con las redes de
distribución, dando paso a un nuevo modelo de aplicación de políticas liberales
que luego se replicaron en varios países de América Latina.
El Consenso
de Washington fue un acuerdo firmado en 1989 -durante la Presidencia
de George Bush padre- para aplicar una paquete de reformas
estandarizadas y tuteladas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco
Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en los países en
desarrollo abrumados por sus crisis económicas.
Ese
proceso en Argentina tuvo su cenit durante el Gobierno de Carlos
Menem (1989-1999), pero tuvo expresiones de distinto tenor en toda la
región, que en la mayoría de los casos siguen con modelos de concesiones
instalados y vigentes.
La
guerra del agua, un hito en las luchas sociales de Bolivia que llevaron a
Morales al poder
La
Guerra del Agua es un hito en contra de los excesos de las privatizaciones
del neoliberalismo de fin del siglo XX en toda Latinoamérica. También es
una bisagra en la historia contemporánea de Bolivia, donde las protestas le
torcieron el brazo al exdictador Hugo Banzer y a las empresas transnacionales,
a la vez que consolidaron a una dirigencia indígena antisistema que un lustro
más tarde llegó a la Presidencia del país con Evo Morales.
Las
protestas comenzaron en enero de 2000, un mes antes de la privatización del
abastecimiento del agua potable municipal en Cochabamba, y alcanzaron tal
magnitud que fueron llevadas al cine en formato documental en la película
canadiense "La Corporación" (2003) y en ficción, en la película
española "También la lluvia" (2010), una coproducción boliviana,
española y francesa protagonizada por Luis Tosar y Gael García Bernal.
En febrero de 2000, con el auspicio del Banco Mundial, una de las tres
patas del Consenso de Washington, la multinacional estadounidense
Bechtel firmó con el exdictador y por entonces presidente constitucional de
Bolivia un contrato para privatizar el suministro de agua a Cochabamba.
El
contrato por el monopolio de los recursos hídricos fue adjudicado al consorcio
Aguas del Tunari: Bechtel, con el 27,5%, el consorcio español Abengoca S.A.,
con el 25% y el resto se repartía entre Edison, Petrópolis S.A., A. Petricevich
y SOBOCE S.A.
De
inmediato, el consorcio incrementó las tarifas del agua potable en un 350%
promedio y
su principal ejecutivo Geroffrey Thorpe advirtió que si la gente no pagaba se
le iba "a cortar el servicio".
La
ley consideraba "permitir la venta de los recursos de agua" que nunca
habían sido realmente parte del Servicio Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado (Semapa). Esto hizo pensar que los sistemas comunales
independientes del agua, que todavía no estaban conectados con Semapa, serían
expropiados por la nueva concesión.
Aguas
de Tunari no solo podría haber instalado las conexiones necesarias para
conectarse a los sistemas comunales independientes, sino que también habría
podido cobrar a los residentes por la instalación de estas conexiones.
La
ley indicaba además que la población requeriría una licencia para recoger el
agua de lluvia,
una política inaplicable. De allí el título de la película que se filmó en
2010, "También la lluvia", que giraba en torno a las presiones para
expropiar a una comunidad el uso de un pozo de agua de lluvia que había
comprado. El rechazo fue generalizado y sobrevino el estallido.
La
protesta escaló al día siguiente cuando las organizaciones sociales montaron
una guardia frente al lugar de detención y luego tomaron la plaza de armas. La
respuesta oficial fue una represión policial que se desmadró al punto que el
prefecto Galindo Saucedo renunció al cargo y el Gobierno designó al coronel
Eduardo Wayar como comandante Departamental de Policía.
Esa
misma noche fueron detenidos otros seis dirigentes, que fueron enviados a la
población de Puerto Rico, en el departamento de Pando, por lo que al día
siguiente los manifestantes bloquearon las calles de Cochabamba y cortaron las
rutas de acceso a la ciudad.
Tras
meses en este clima de tensión y enfrentamientos, el 8 de abril el presidente
Banzer decretó el estado de excepción local, una suerte de estado de sitio.
Con
la intención de frenar las protestas Banzer declaró la Ley Marcial y la
represión policial y militar se salió de quicio. La policía boliviana mató al
menos a una persona, Víctor Hugo Daza, de 17 años, y se contabilizaron 121
heridos y 172 manifestantes detenidos.
Mientras
tanto, la economía boliviana, que había cedido sus principales resortes a
empresas privadas, se desbarrancaba a medida que crecían las protestas en todo
el país, ya no sólo en Cochabamba.
Desde
el altiplano, el dirigente Felipe Quispe, El Mallku, fallecido recientemente,
lideró las protestas que terminaron de poner en jaque
al Gobierno de Banzer que, ya en septiembre, tras nueve meses
ininterrumpidos de conflicto, retrocedió y anuló el contrato de privatización
con Bechtel.
De
inmediato la multinacional estadounidense inició un juicio contra el Estado de
Bolivia en reclamo de 25 millones de dólares en concepto de indemnizaciones por
daños. El argumento fue que el contrato sólo le permitía administrar el
deteriorado sistema de aguas y que había sido el gobierno de Cochabamba el que
impulsó el tarifazo.
La
demanda tuvo un efecto boomerang porque convocó la atención de los movimientos
anticapitalistas y anticorrupción, que fustigaron no sólo a la empresa sino al
modelo de privatización llevado al extremo en Bolivia pero vigente también en
Chile, Perú y Argentina, entre otros países de la región que seguían los
dictados del Consenso de Washington.
Este
plan estandarizado de rescate de las economías en crisis de la región, tutelado
por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Departamento del
Tesoro de Estados Unidos, impuso fuertes ajustes y privatizaciones de las
empresas públicas, inspiradas en el modelo privatizador de la premier británica
Margaret Thatcher (1979-1990).
En enero de 2006, con Evo Morales recién instalado en el Palacio Quemado como
primer presidente indígena de Bolivia, Bechtel y sus socios internacionales finalmente
retiraron la demanda contra el Estado boliviano.
La
propiedad del agua será un duro debate en la Constituyente en Chile
El
agua de Chile, privatizada desde hace 40 años por la dictadura de Augusto
Pinochet y blindada en la Constitución de 1980, será uno de los ejes de la
convención constituyente que está en marcha y el debate no será sencillo
porque "la derecha va a hacer todo lo posible por mantener la propiedad
privada del agua y las presiones corporativos van a ser feroces", anticipo
Rodrigo Mundaca, activista chileno por los derechos humanos ambientales.
Mundaca es vocero del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y
la protección del Medio Ambiente (Modatima) y fue galardonado en 2018 con el
Premio Internacional de Derechos Humanos de Nuremberg.
El
activista, que es ingeniero agrónomo, dijo a Télam que la cotización del agua
de California en el mercado de futuros de Wall Street, a partir de diciembre
pasado, "da cuenta de la presión internacional que existe sobre este bien
natural común, por parte de la industria extractiva, fundamentalmente. Pero
también a propósito de transformar al agua en un bien de capital, que genera
plusvalía a sus tenedores".
Además,
destacó que, desde la privatización del agua resuelta por Pinochet, Chile se
convirtió en uno de los mercados "'más exitosos' en materia de
comercialización, compra y arriendo de agua, con más de 123.000 transacciones
de derecho de aprovechamiento de aguas".
Más
cerca en el tiempo, "un informe del Banco Mundial de 2011, señaló que solo
entre 2005 y 2008 se realizaron 20.000 transacciones de derechos de
aprovechamiento de aguas por un equivalente a 4,8 billones de dólares",
agregó.
•
Télam: ¿Qué ha significado no tener acceso al agua para la población de Chile?
• Rodrigo Mundaca: En Chile, la base de la desigualdad está edificada desde la
privatización de los bienes naturales comunes, particularmente de la
privatización de la tierra y el agua. Las principales fortunas del país, Matte,
Angelini, el propio (presidente Sebastián) Piñera se edifican desde la
privatización de la tierra, en 1974, cuando les entregan dos millones de
hectáreas de asentamientos mapuches, y desde la privatización del agua, que
enriquece a los capitales internacionales, pero sin duda más a los nacionales.
• T: ¿Y en estos tiempos de coronavirus?
•
RM: Estamos atravesando una pandemia feroz y todos plantean que una de las
medidas más eficientes para impedir el avance del Covid es el lavado frecuente
de nuestras manos. ¿Cómo se lavan las manos más de un millón y medio de
personas que tienen serios problemas para poder acceder al agua todos los
días? Porque el agua se encuentra capturada por la megaminería química a
cielo abierto, por el agronegocio, por la hidroeléctrica y las forestales. Hay
un millón y medio de personas que hoy no tienen acceso al agua potable. Yo vivo
en la región de Valparaíso, donde hay más de 300.000 personas que dependen de
camiones aljibe para poder acceder al agua todos los días. Y en los sectores
perirurales y rurales la entrega de agua es de 50 litros de agua por persona.
La OMS en materia de acceso al agua y de volumen, habla de 150 litros diarios
en una situación de normalidad. Pero en una situación de anormalidad ese
volumen se duplica. O sea que se están entregando 50 litros por persona, en un
escenario de pandemia y donde no se prioriza el derecho humano al agua.
"El
agua se encuentra capturada por la megaminería química a cielo abierto, por el
agronegocio, por la hidroeléctrica y las forestales"
RODRIGO
MUNDACA
Mundaca
destacó entonces la necesidad de sacar la privatización del agua de la letra
constitucional. Explicó que "en Chile el régimen jurídico de aguas se
encuentra anidado en la Constitución política del '80" y sostuvo que
muchos "sostienen que el agua está dentro de los cuatro temas que van a
generar mayor controversia en la discusión de la nueva norma jurídica".
•
T: ¿Que posibilidad hay de que en la discusión de la nueva Constitución se
llegue a una solución asequible para todas las partes?
• RM:
Está difícil porque las presiones corporativas que hay en torno del agua
indican que este va a ser uno de los cuatro temas centrales de la disputa del
proceso constituyente. Y, además, porque la oposición chilena no logró unirse y
hay territorios donde los partidos opositores van en listas separadas. Así va a
ser difícil copar los dos tercios del proceso constituyente para poder impulsar
aquellas reformas que son sustanciales. Pero además la derecha va a poner
también a sus constituyentes. Antonio Walker Prieto, que fue ministro de Agricultura
hasta el 6 de enero, renunció para ser candidato. Él y su familia tenían un
volumen de agua de 29.000 litros por segundo; eso equivale al suministro
permanente y continuo de 14 millones de ciudadanos. Walker dice que le interesa
el agua como bien común y para salvaguardar la vida de las comunidades, pero
también para mantener la certeza jurídica de que la propiedad del agua no se va
a tocar.
•
T: Aparte del camino de la Constituyente, ¿están explorando otro camino?
•
RM: El proceso constituyente es un punto de partida, no de llegada. Esto
significa que si nos fuera bien y pudiéramos terminar con las leyes de amarre,
recuperar los fondos de pensión, recuperar los derechos sociales a la
educación, a la salud, a la vivienda, y también el derecho al agua, el proceso
constituyente no concluye una vez formulada la norma. Después hay que hacerlo
carne, hay que materializarlo en los territorios y en las comunidades. El
debate está instalado, pero tenemos que construir musculatura política desde
las comunidades y territorios para seguir ejerciendo presión para que la
Constituyente no soslaye la importancia de hacer del agua un derecho humano.
En
Chile no solo está privatizada la fuente del agua, sino también la gestión del
recurso
"En
Chile no solamente está privatizada la fuente de agua sino que también está
privatizada la gestión del agua. El 89,4% de los clientes totales que
consumen agua potable en Chile están en manos de empresas transnacionales",
explicó Mundaca,
"Aguas
Andinas, que provee agua en Santiago, es del grupo Suez, de origen francés. El
Plan de Pensión de Maestros de Ontario controla el 34,2% del mercado global del
agua potable en el país. Esto tiene que ve no sólo con la privatización de las
fuentes de agua durante la dictadura sino que también tiene que ver con la
privatización de las sanitarias durante los regímenes de los gobiernos de la
Concertación", agregó.
Mientras
ubicó la privatización de la fuente del agua en la dictadura de Augusto
Pinochet, explicó que la concesión de la gestión de ese recurso sucedió en
democracia. "Desde 1998 en adelante, en particular durante el
gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, la red de distribución, como le dicen en
Argentina, están en manos de empresas transnacionales. Chile además paga las
tarifas más altas de América Latina por consumir agua potable, y el negocio de
las sanitarias es, por decirlo elegantemente, un negocio extraordinariamente
opaco", advirtió.
"Chile
paga las tarifas más altas de América Latina por consumir agua potable"
RODRIGO
MUNDACA
"La
privatización de Frei de los recursos sanitarios no es un fenómeno aislado
porque coincide con las privatizaciones de (Gonzalo)Sánchez de Losada en
Bolivia, con (Alberto) Fujimori en Perú y con (Carlos) Menem en
Argentina. Fue un esfuerzo coordinado del neoliberalismo en América Latina
para privatizar servicios básicos", concluyó.
"En
países como el nuestro, el agua es un bien público, inajenable e
imprescriptible"
El
subsecretario de Obras Hidráulicas de la Nación, Gustavo Villa Uria, contó que
en Argentina y la región "cada tanto el Banco Mundial y alguna ONG
sustentada por empresas alimenticias importantes, como Nestlé, salen a hablar
de un mercado a futuro del agua", pero ratificó que el Gobierno
entiende al agua como “un derecho humano, un bien público inajenable e
imprescriptible".
El
ingreso del agua de California al mercado bursátil no es un tema ajeno a
América Latina, destacó Villa Uria en diálogo con Télam. "Chile tiene las
aguas privadas, que son motivo de mercado presente y futuro. Este modelo lo
estableció Pinochet con los Chicago Boys en la década del '70 y desde ese
momento todas las aguas continentales chilenas son un bien de mercado",
señaló Villa Uria, ingeniero en recursos hídricos.
"En
países como el nuestro, el agua es un bien público, es inajenable e
imprescriptible. Un bien que no puede ser privatizado sino que puede ser
concesionado para prestar algún servicio", agregó.
•
Télam: ¿Hay una confrontación ideológica en torno al uso del agua?
•
Gustavo Villa Uria: Sí. Cada tanto tiempo el Banco Mundial y algunas ONGs
sustentadas por algunas empresas alimenticias importantes, como Nestlé y otras,
se dedican a hablar sobre la necesidad de que haya un mercado de futuro y un
bien de uso del agua. Pero hay otra línea ideológica, que es el agua como un
derecho humano y un recurso básico.
• T: El tema es que el agua es un recurso humano del cual depende la producción
del agro, que sí cotiza en bolsa.
•
GVU: Sabemos que la diferencia entre una buena y una mala producción de granos
depende del agua disponible. Con poca agua se produce poco, con mucha, se
produce bastante, con exceso se produce poco...y con una cantidad justa se
puede producir una cosecha récord y una serie de condiciones. Estos capitales
están operando en función de estas condiciones y de tener pronósticos mejores
de los que disponemos la mayoría de los países: información propia sobre la
circulación y las probabilidades de lluvia. Este es un recurso tecnológico que
consiguen algunos a partir de convenios con universidades americanas que le dan
información privilegiada.
"En
países como el nuestro, el agua es un bien público, es inajenable e
imprescriptible"
GUSTAVO
VILLA URIA
•
T: ¿Información satelital, por ejemplo?
•
GVU: Sí, satelital y de pronóstico futuro. La satelital es información en
tiempo real y para los próximos 7 a 10 días, pero si queremos información a
tres meses ya tenemos que hacer análisis estadísticos y estocásticos, o sea de
series variantes en el tiempo, y eso cuesta muchos recursos, mucha gente y
dinero, y son análisis con un grado de eficiencia relativamente bajo. Pero hay
quienes están diciendo que esta bajante del río Paraná no es un suceso raro
sino que es que el río está entrando en un ciclo de los próximos 20 o 30 años
con condiciones similares a estas.
•
T: ¿Y esto incide sobre los mercados?
•
GVU: Como Argentina es un país relevante en el mercado de cereales, que haya
sequía en la región litoral quiere decir que nuestra producción es menor y eso
impacta sobre los precios de la soja. Algo similar pasa sobre la zona maicera
de Estados Unidos o sobre la región de Europa. Todo eso es lo natural, después
está lo antrópico, lo producido por el hombre: las deforestaciones, el cambio
de uso de la tierra, las modificaciones y crecimiento de las zonas urbanas, que
son puntos calientes a los que se dirigen las tormentas, y entonces ahora
llueve más en las ciudades que en el campo. Son todas explicaciones que se van
estudiando y son esenciales para nosotros, los gestores, y también para algunos
inversores en el planeta.
•
T: Pareciera que considerar el agua como un commodity es un camino sin muchas
salidas. ¿Cómo se evita esto?
•
GVU: Ese es un camino, el otro es que el agua es un bien público, que está
para satisfacer las necesidades de cada usuario, algunos con pagos de canon,
otros no, pero es el Estado el que recibe ese canon por el agua o el que paga
los perjuicios que produce al agua. Esto ocurre en el 99% de los países,
pero hay empresas que han armado este mercado de futuro de agua porque el agua
dulce pasa a ser un bien más escaso, por varios motivos. Primero, por
condiciones y ciclos naturales. Segundo, porque hay cada vez más demanda de uso
a través de cultivos, porque hoy la mayor parte de la población mundial no
produce sus alimentos. Entonces, para aquel que produce los alimentos, el agua
es un insumo básico y, si no la tiene, la va a comprar y la va a recargar en el
precio de los alimentos.
•
T: En Argentina, mirando los años '90, las privatizaciones se dieron en el
marco de un modelo neoliberal que fue parte de una movida muy concertada por lo
menos regionalmente.
• GVU: Así es. En los '90 vinieron con un modelo de concesiones, al que
se opuso muy fuertemente Evo Morales diciendo que el agua era un derecho
humano. Por eso, cuando llegó al Gobierno de Bolivia, le canceló la concesión y
empezó a dar agua a todo el mundo. En Argentina, en el Gobierno de Néstor
Kirchner se le canceló la concesión por problemas de nitratos al grupo Suez y
se fundó la empresa Aysa para dar el servicio y multiplicó las
inversiones por mucho más. Porque a los concesionarios lo único que les
interesaba era cobrar lo más alto posible la tarifa a los usuarios que tenía y
no expandirse a áreas en donde no estaban seguros que las personas pudieran
pagar.
•
T: ¿Y hoy cómo estamos en este tema?
•
GVU: En Latinoamérica está bastante firme la posición de que el agua es un bien
público, que no es sujeto de apropiación. Algunos sectores muy de la derecha
argentina creen que el agua es pasible de enajenación. Pero es muy difícil,
nuestro marco normativo es muy claro, muy contundente en el sentido de
que el agua es un bien público, inajenable, imprescriptible y para
cambiar eso hace falta modificar la Constitución, el Código Civil… Pero eso
se puede conseguir generando organismos hídricos sin capacidad de control,
porque sin control, aunque el bien sea público, el que se la apropia es el más
fuerte. Entonces, es importante que el Estado esté presente y que tenga la
capacidad de medir, regular, controlar, registrar y garantizar que el agua sea
distribuida en forma equitativa y razonable.
GOBIERNO
BOLIVIANO EXIGE QUE VACUNAS ANTI COVID-19 NO SEAN UN INSTRUMENTO DE DOMINACIÓN
Sputnik News
de Rusia (https://bit.ly/2NJ3TMO)
En
el marco del mecanismo COVAX, arribaron a Bolivia las primeras 228.000 dosis de
vacunas anti COVID-19. En los próximos meses llegarán más, hasta lograr
inmunizar al 20% de la población, con el apoyo de la OMS
Llegó
a Bolivia el primer lote de vacunas anti COVID-19 en el marco del mecanismo COVAX,
impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el acto de entrega
de las 228.000 dosis de la receta de AstraZeneca participaron
autoridades del Estado Plurinacional, así como de otros organismos
internacionales y embajadores, la mayoría europeos. Si bien agradeció esta
colaboración, desde el Gobierno boliviano afirmaron que "la vacuna debería
ser un bien común de la humanidad. No deberíamos tratarla como mercancía".
Las
dosis de AstraZeneca/Oxford fueron fabricadas en el Serum Institut of
India, con sede en Bombay, la ciudad más grande de ese país. Las recogió en
Miami, Estados Unidos, un vuelo de Transporte Aéreo Militar (TAM) hasta la
ciudad de Santa Cruz, donde las subieron a un avión Hércules que las depositó
finalmente en el hangar de los Diablos Negros, en el aeropuerto militar alteño.
Una señal de distensión hacia los uniformados, varios de los cuales están
implicados en el golpe de Estado en
2019 contra Evo Morales (2006-2019).
Una
receta de mediana efectividad
AstraZeneca,
del Reino Unido, se asoció con varias empresas fabricantes de vacunas alrededor
del mundo, quienes replican su fórmula bajo otras marcas. En rigor, las dosis
que llegaron a La Paz llevan el rótulo de Covishield, hechas en India. Y al
igual que la AstraZeneca, su efectividad es apenas del 63,1%, según la
OMS. Inocularse con la receta inglesa requiere un poco de azar: la posibilidad
de recibir una protección efectiva ante el coronavirus está seis a cuatro.
Según
la OMS, esta vacuna se basa sobre "un vector de adenovirus no
replicativo" frente al coronavirus. "La vacuna expresa el gen de la
proteína de la espícula (así se designa a las púas que muestran las
ilustraciones de este virus) enviando a las células receptoras la instrucción
de sintetizar la proteína del antígeno S singular" del COVID-19. De esta
manera el cuerpo generaría una respuesta inmune y retendría esa información en
las células de memoria inmunológica.
Pero
vacunas como la Sputnik V, desarrollada en Rusia, lograron una eficacia mayor al 91,6%, muy posiblemente porque su
fórmula se base sobre dos adenovirus. Uno más que la fórmula de Oxford.
Conferencia
en el aeropuerto militar
Luego
de la descarga de
las vacunas, las autoridades nacionales e internacionales brindaron una
conferencia de prensa en el aeropuerto militar. El ministro de Salud, Jeyson
Auza, agradeció pero también apuntó hacia los países acumuladores
de vacunas, cuyos embajadores en algunos casos estaban ahí
presentes.
El
ministro indicó que las 228.000 dosis de Covishield "van a servir para dar
continuidad a nuestro plan de vacunación. Somos testigos de países que han
concentrado sus necesidades de vacunas en cinco veces (a lo requerido por su
población)".
Y
agregó: "Es necesario adoptar las medidas que correspondan para garantizar
que los países que menos poseen también garanticen la vacunación de su
población".
En
este sentido, pidió que el acceso a las diversas vacunas anti COVID-19
"sea una política como planeta, que garantice a todos los países inmunizar
y proteger a la población ante esta enfermedad".
La
posición de la OMS
La
oficial en Bolivia de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
la doctora Alma Morales, indicó que el mecanismo COVAX llegará con vacunas
"a los 92 países más pobres del mundo, 10 de los cuales están en América
Latina y son absolutamente financiados" por la Coalición para la Promoción
de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI, por su sigla en
Inglés), la Alianza Mundial para las Vacunas e Inmunización (GAVI) y UNICEF,
además de la OMS/OPS.
Morales
comentó que hasta mayo llegarán más dosis en el marco del mecanismo COVAX. En
los próximos días llegaría un próximo embarque de 108.000 dosis, luego otro de
338.000 dosis. "De esta manera Bolivia estará recibiendo 672.000
dosis, que se van a llevar con equidad a las poblaciones vulnerables",
entre las cuales mencionó a adultos mayores, personas en grupos de riesgo y
pobladores del área rural.
Para
su transporte, la receta de AstraZeneca presenta la ventaja de que
requiere una refrigeración de entre dos y ocho grados Celsius, por lo cual
sería ideal para llevar a quienes viven alejados de centros urbanos.
La
doctora nicaragüense afirmó que en los siguientes meses llegarán a Bolivia
cinco millones de dosis de diversas vacunas, en el marco del COVAX.
Son
necesarios mayores esfuerzos
Rogelio
Mayta, ministro de Relaciones Exteriores, habló ante embajadores de la Unión
Europea, Francia, Alemania, España, Suecia e India. Resaltó que "es un
momento de valorar enormemente el esfuerzo de la comunidad internacional por el
mecanismo COVAX. Pero también es un buen tiempo para reflexionar sobre su
efectividad".
Y
agregó: "No solamente nos queda celebrarnos, aplaudirnos y abrazarnos.
También debemos ser críticos". El canciller aclaró que Bolivia, mediante
contratos con varias empresas y países, tiene asegurada la provisión de
vacunas para la totalidad de su población inoculable, estimada en 7,5 millones
de personas.
Pero
"no podemos simplemente mirar hacia adentro de nuestra realidad. Vemos que
faltan vacunas en el mundo. La pandemia, en vez de irse, recrudece",
evidenció Mayta.
El
ministro atribuyó esta pandemia, en parte, a los daños que la humanidad inflige
a la Madre Tierra. Además, se apoyó en estudios según los cuales las pandemias
de este tipo se repetirán en el futuro, con otros tipos de virus.
Por
ello, el canciller consideró que el esfuerzo del mecanismo COVAX, aunque
grande, es "insuficiente en términos globales. Ayuda a que los países ricos
se laven la cara y se vean bien bonitos al espejo".
Aunque
"debemos tener la capacidad de ser críticos y pensar que la vacuna debería
ser un bien común de la humanidad. No deberíamos tratarla como mercancía",
sostuvo Mayta.
E
informó que "como país tenemos que negociar con empresas, farmacéuticas, a
veces en condiciones complicadas. En algunos casos quieren obligarnos a
firmar contratos inaceptables. Seguimos negociando con alguna empresa como
Pfizer", de Estados Unidos.
Para
el canciller boliviano, "vacunas y medicamentos no debieran ser
mercancías, ni debieran ser el vehículo para que los millonarios se vuelvan más
ricos".
Y
se dirigió a gran parte de los embajadores allí presentes: "Si queremos
ser consecuentes con el discurso de los derechos humanos, que privilegian la
vida sobre todas las cosas, hoy nos toca pensar en paradigmas diferentes".
El
canciller abundó: "Debemos priorizar la vida en nuestro planeta. No
solamente la vida de la gente de los países ricos. No solamente dar unas
migajas que alcancen al 20% de los países en vías de desarrollo, como descargo
de conciencia. ¡Para todos o para ninguno!", reclamó.
Hasta
el momento, a Bolivia llegaron 20.000 dosis
de Sputnik V; 500.000 dosis de Sinopharm,
de China; y las 228.000 dosis de Covishield.
Además
de los próximos lotes del mecanismo COVAX ya anunciados, se prevé que antes de
fin de mes lleguen 1,7 millones de dosis de Sputnik V, desarrollada por el laboratorio Gamaleya.
Entre
marzo de 2020 y marzo de 2021, Bolivia acumuló 265.000 casos de COVID-19. Hasta el momento
fallecieron 12.000 personas por esta enfermedad.
INTIMAN
A JUBILARSE A DIPLOMÁTICOS DE CARRERA Y EL KIRCHNERISMO AVANZA EN DESTINOS
CLAVES
Los representantes designados en China, Rusia,
Cuba y Bolivia responden a Cristina Kirchner; diplomáticos que tuvieron roles
importantes con Macri dicen que hay “listas negras”; el plan para fomentar
jubilaciones
La Nación de
Argentina (https://bit.ly/3smLWCw)
Exdirigente
del Partido Socialista y asiduo concurrente a las oficinas del Instituto Patria Ariel Basteiro fue designado el
jueves pasado, de manera formal, a través del Boletín Oficial, como nuevo
embajador argentino en Bolivia,
destino que ya ocupó durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner.
El
nombre de Basteiro -anfitrión habitual de Evo Morales en sus visitas al país- se suma a
los de Sabino Vaca Narvaja, Luis Ilarregui y Eduardo Zuain, otros tres dirigentes
cercanos a la expresidenta que en las últimas semanas asumieron o se confirmó
que asumirán en estratégicas misiones diplomáticas del país en el exterior.
Mientras
las sedes diplomáticas se llenan de kirchneristas duros, diplomáticos que ocuparon
cargos durante la gestión de Cambiemos denuncian fuera de micrófono la
existencia de “listas negras” que los excluyen de
nuevas asignaciones, combinadas con intimaciones concretas de
jubilación anticipada para aquellos embajadores o ministros ya veteranos,
sin lugar en el nuevo esquema de política exterior. Una avanzada que remite a
las cartas que recibieron por parte de la Anses jueces y fiscales que habían
iniciado su trámite jubilatorio, para que lo concreten.
“Los
que asumieron en las últimas semanas son amigos de la doctora, aunque tienen
distintos perfiles”, contestan, lacónicos, desde la Cancillería que encabeza Felipe
Solá. El avance cristinista en la política exterior es ya notorio, y
contrasta con las designaciones de dirigentes cercanos al presidente Alberto
Fernández, como Jorge Arüello en Estados Unidos, Alberto
Iribarne en Uruguay y -parcialmente- Daniel Scioli en
Brasil.
De
Rusia y China fueron desplazados dos diplomáticos de carrera: Ricardo
Lagorio en la Federación Rusa y Luis María Kreckler de
China, en teoría por una gestión deficiente en la negociación con la empresa
Sinopharm para la provisión de vacunas. “Lagorio y Kreckler forman parte de la
lista de diplomáticos que fueron dejados de lado, y sin asignación de funciones”,
se queja un embajador de carrera, enojado con las nuevas decisiones de la
cancillería.
Exembajador
en Alemania durante el gobierno de Cambiemos, Kreckler es uno de los
diplomáticos que recibió la intimación a “iniciar trámites jubilatorios”, junto
a Héctor Salvador (exembajador en Países Bajos), Fernando
Lerena (director de Promoción de Comercio e Inversiones), Estanislao
Zawels (embajador en Serbia hasta diciembre pasado) y Reina
Sotillo (miembro del Consejo Federal Pesquero).
Los
exvicecancilleres de Macri, Carlos Foradori y Guillermo
Raimondi, y los exembajadores Juan José Arcuri (Grecia), Eugenio Curia
(Canadá), Daniel Chuburu (México), Martín García Moritán (ONU durante la
gestión de Susana Malcorra) y Arnaldo Ferrari (Italia), son solo
algunos de los diplomáticos con trayectoria y protagonismo en la gestión
anterior que fueron marginados. “Bajaron todos los que tienen que ver con la
UCR que ganó en Gualeguaychú, macristas y peronistas no kirchneristas. Solo se
salvaron los radicales K”, sostiene uno de los marginados, que señaló como
ejemplos a Pablo Grinspun (hoy en la UE) y Hugo Gobbi, actualmente en la India.
Desde
ese sector critican las intimaciones que desde el edificio de Cancillería a
diplomáticos de 65 años para “sugerirles” que se jubilen. “Los embajadores se
jubilan a los 70 y el resto (ministros, consejeros) a los 67. Están
contraviniendo la ley de Servicio Exterior y vamos a ir a la Justicia si nos
obligan a jubilarnos”, advierte uno de ellos. “Es materia gris que el país se
está perdiendo. Y lo hacen para que no se note que ellos no saben nada”,
recalca otro diplomático enojado.
Desde
la Cancillería niegan la existencia de esa “lista”, que los enojados atribuyen
al jefe de gabinete Guillermo Justo Cháves (miembro del grupo
albertista Callao) y a Rodolfo Yáñez, secretario de coordinación y
hermano de la primera dama, Fabiola áañez, quien firma las
intimaciones. “No hay ninguna persecución, se elige a los que se consideran
adecuados para cada lugar. Además, ¿qué hacés con un excanciller del gobierno
anterior? Son como jarrones chinos, no sabés donde ponerlos”, graficaron desde
el edificio de la calle Esmeralda. También reconocieron que hay una movida para
jubilarlos, pero solo “a quienes les corresponde por la edad”, aclararon.
Los
que llegan
La
llegada de Basteiro a Bolivia -a tono con el regreso
del MAS de Morales y del presidente Luis Arce al
poder- tiene puntos en común con la designación de Ilarregui (oficializada la
semana pasada) como nuevo embajador en Cuba. “Quiero felicitarlo muy
especialmente. Trabajamos juntos y conocí su compromiso con la gestión cuando
él era legislador y yo presidía el Senado bonaerense”, lo saludó Solá, viejo
amigo del exdirigente peronista de izquierda y uno de los “primeros
kirchneristas”, siempre al lado del fallecido Néstor Kirchner.
Tanto
en Bolivia como en Cuba las designaciones fueron gestos hacia administraciones
afines en lo ideológico. Los nuevos representantes tienen un perfil diferente a
quienes cumplieron funciones allí durante el gobierno de Cambiemos: Normando
Álvarez García, antecesor de Basteiro, respondía al gobernador radical de Jujuy, Gerardo
Morales, y Javier García, diplomático de carrera, fue trasladado desde Cuba
a Gran Bretaña a mediados del año pasado.
Los
cambios en las relaciones “estratégicas” con Rusia y China también merecieron
especial atención. “La relación con Rusia estuvo planchada durante el
macrismo”, dijo Zuain en una entrevista reciente con Russia Today (RT).
Vicecanciller durante la gestión del fallecido Héctor Timerman (está
procesado por la firma del Memorándum con Irán, en 2013), Zuain llegó al
gobierno de la mano del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo
Zamora. “Es un gran gesto para Rusia que se envíe a un exvicecanciller”,
aseguran en cancillería en relación a Zuain, uno de cuyos roles será
“colaborar” para “acelerar” la provisión de vacunas Sputnik V desde Moscú hacia
la Argentina, un acuerdo en el que la vicepresidenta intervino de manera
personal.
Vaca
Narvaja, en tanto, cumple con varios requisitos para ser el nuevo embajador en
China: linaje combativo (es hijo del exlíder de Montoneros Fernando
Vaca Narvaja) y amplia experiencia en temas vinculados con China reconocida
por propios y extraños.
Nadie
sabe cual será la próxima embajada “colonizada” por el cristinismo, aunque
desde ese sector reclaman a viva voz el reemplazo de Eduardo
Porretti, encargado de negocios en Venezuela, y la
designación de un embajador afín al chavismo en ese país. Mientras tanto,
veteranos diplomáticos que no comulgan con el Gobierno aseguran que las
intimaciones podrían multiplicarse en las próximas horas.
LATINOAMÉRICA
VIRA DE NUEVO A LA IZQUIERDA
La Nación de
Costa Rica (https://bit.ly/2ND3zPs)
En
los 20 años transcurridos del siglo XXI, la política latinoamericana ha
atravesado por tres momentos históricos. Las primeras luces del nuevo siglo
alumbraron la región suramericana con gobierno progresistas liderados por
personajes como Pepe Mujica, Luiz Inacio Lula, Dilma Rousseff, Evo Morales,
Cristina y Néstor Kirchner, Rafael Correa y Hugo Chávez. Todos ellos llegaron al
poder mediante procesos electorales transparentes, dirigiendo coaliciones de
centro/izquierda y enfrentados a regímenes oligárquicos que inspirados en
concepciones neoliberales, tenían sumidos a sus países en la pobreza, el
desempleo y la recesión económica. Los nuevos gobiernos, en poco más de 10
años, redujeron la pobreza de un 48.4% a un 28% y la miseria del 22.6% a un 12%
(datos de la CEPAL). El desempleo cayó de cifras cercanas al 15% a un 7%.Se
generó un crecimiento económico de alrededor del 3.5% anual.
Estos
procesos entraron en crisis a mediados de la segunda década del siglo XXI
cuando la derecha neoliberal recupera el poder en la mayoría de los países que
había perdido, en algunos casos mediante procedimientos electorales como
Uruguay, en otros mediante golpes de estado blandos como en Bolivia o
sobornando y corrompiendo dirigentes como en Ecuador. El resultado fue que en
pocos años se perdieron los avances sociales y regresó la inequidad, el
desempleo y la pobreza. Según el informe de Desarrollo Humano de la ONU en 2019
para la región, el 10% más rico concentra el 37% del ingreso, mientras el 40%
de los más pobres sólo reciben el 13% de él. La misma ONU dice que como
consecuencia de la pandemia del Covid 19, la pobreza en Latinoamérica se incrementó
en 45 millones, ascendiendo a 230 millones de su población, el 35% de la misma.
De hecho esta ha sido la zona del mundo donde en la actualidad el contagio es
mayor.
El
tercer momento lo estamos viviendo en la actualidad cuando los movimientos
populares y democráticos recuperan su fuerza con signos inequívocos de avance.
La justicia brasilera reconoce los errores e injusticia en el proceso contra
Lula, lo absuelve de toda culpa y las encuestas lo ubican muy por encima de
Bolsonaro en la opinión pública. En Chile se elige una Asamblea Constituyente
para remplazar la constitución pinochetista. En Bolivia gana las elecciones
Luis Arce del Movimiento al Socialismo. En Ecuador, el ganador de la primera
vuelta electoral es Andrés Arauz de la Unión por la Esperanza (UNES). En
Colombia, quien puntea en las encuestas electorales es Gustavo Petro, quien ha
propuesto un pacto histórico para cambiarle de rumbo al país. Como dice la
consigna popular: “¡Se siente…se siente…la Centroizquierda está presente!”
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