La explotación del Cerro Rico de Potosí, desde hace cinco siglos, está causando hundimientos en la cima que a su vez amenazan la vida de miles de mineros bolivianos. Los empleados, entre el miedo y la resignación, defienden su necesidad de trabajar a sabiendas del peligro, sin que el Estado ejecute acciones ante un posible desastre.
Gracias al Cerro Rico, descubierto en 1545, Potosí ha pasado a
la historia como una ciudad de leyenda porque en la colonia fue la primera
productora mundial de plata, el soporte del imperio español y un motor del
comercio internacional ya que en el siglo XVII las monedas potosinas eran
valoradas como lo es en la actualidad el dólar estadounidense.
Lejos de ese pasado de opulencia, en el que se cruzan la
historia y la fantasía, la montaña continúa siendo agujereada y dinamitada por
los mineros porque es la forma fácil de obtener los materiales con óxidos de
plata acumulados desde la colonia.
Potosí se encuentra a una altura de 4.000 metros sobre el nivel
del mar en el suroeste de Bolivia y la cima del cerro a 4.702 metros.
En la bocamina Cristo de Piedra, una de las 5.000 que hay en
Cerro Rico, el minero Miguel Delgadillo dice a France 24 que los obreros no
tienen otra opción que seguir perforando.
“Existe el miedo, pero qué podemos hacer. Necesitamos llevar el
pan del día a nuestra familia. Tengo cuatro hijos”, afirma Delgadillo, de 50
años y trabajador de la empresa Pailaviri, que por jornada suele ganar cerca de
20 dólares por extraer cargas de roca y tierra que contienen plata, zinc, plomo
y estaño.
Para protegerse y como es costumbre entre los mineros
bolivianos, Miguel realiza cada viernes un rito que incluye masticar hojas de
coca y beber alcohol casi puro para invocar la ayuda del 'Tío', que es una
imagen hecha en barro del diablo al que consideran dueño de las vetas y del
subsuelo.
Según informes policiales, en lo que va del año, al menos una
decena de mineros han muerto en el Cerro Rico por derrumbes e intoxicaciones,
aunque Miguel cree que son muchos más los fallecidos en los accidentes
laborales sin que sean reportados.
“Se está cayendo el Cerro, hay que atajarse (impedirlo)”, dice
la anciana quechua Basilia Mamani, de 74 años, que pertenece al sector de las
“palliris” o mujeres que rebuscan entre las rocas desechadas los pedazos que
aún contienen minerales.
La mujer cuenta que todos los días tiene miedo, pero que ha
logrado sobrevivir gracias al cerro: cada tres meses junta una carga de 143
dólares o, si tiene suerte, de 430 dólares, dependiendo de si los minerales
hallados son de baja o alta ley.
Ambos defienden sus trabajos, pero están conscientes del peligro
y del daño que la minería hace a la morfología cónica del cerro, una imagen
emblemática que forma parte del escudo boliviano.
Ascender a la cima es difícil debido al riesgo de los
hundimientos y las prohibiciones de los mineros, pero cada tanto se conocen imágenes
que muestran los derrumbes.
“El cerro se está hundiendo ante nuestros ojos”
El periodista potosino Juan José Toro es uno de los férreos
defensores del patrimonio natural que supone el Cerro Rico y su importancia
como ícono turístico e histórico de Bolivia, pero lamenta que la actividad
minera esté provocando su derrumbe.
“Estamos viendo los potosinos que el cerro se está hundiendo
ante nuestros ojos”, dice Toro a France 24.
La evidencia son las columnas de polvo que con cierta frecuencia
se elevan al cielo desde la cúspide y que en el último tiempo han sido captadas
por los potosinos y viralizadas en las redes sociales.
Según Toro, los hundimientos reconocidos suman una docena,
aunque la Comisión de Restauración y Rehabilitación del Cerro Rico de Potosí
estableció 19 de los que tres son grandes cráteres con el riesgo de unirse.
Toro denuncia que el Estado “no hace nada” para frenar la
explotación de la cima de la montaña, que es “desmedida e irracional”, pero
también “ilegal” porque están prohibidas las operaciones por arriba de la cota
4.400 del cerro.
Por ser insistente en sus denuncias en el diario 'El Potosí',
del que es director adjunto, Toro fue brutalmente agredido en 2020 por mineros
cuando intentaba subir a la cima del cerro con una comisión de defensa
patrimonial y este año Reporteros sin Fronteras lo incluyó en un programa para
periodistas perseguidos.
Toro sostiene que detrás de la necesidad laboral y económica de
los obreros operan “mafias” mineras que están buscando el derrumbe del cerro
para poder explotar fácilmente sus minerales.
“No se está diciendo que se vayan todas las cooperativas, sino
solamente las que tienen operaciones ilegales en la cúspide. Esas no pasan de
diez”, subraya Toro al señalar que el desalojo no alcanzaría a todo el sector
sino solo a los operadores ilegales.
En Cerro Rico trabajan cada día cerca de 20.000 mineros en tres
turnos para 70 cooperativas, un sector conocido en Bolivia por ser una fuerza
de movilización social y política aliada del Gobierno.
Desde el 2014, la UNESCO considera a Potosí como Patrimonio
Mundial en Peligro por el descontrol de la minería y las autoridades analizan
soluciones que, según Toro, son dilatorias y requieren de gastos millonarios
que no pagarían las cooperativas.
"Si no hay una solución, puede ocurrir una catástrofe"
El exministro de minería Epifanio Mamani, que encabeza en Potosí
la Comisión de Restauración y Rehabilitación del Cerro Rico, evalúa las salidas
al problema, pero es consciente de que el tiempo apremia.
“Si no se da una solución inmediata podría ocurrir una
catástrofe donde podrían fallecer muchos operadores mineros y el cerro que ya
tiene una deformación considerable en la cúspide se convertiría en un
yacimiento explotado a cielo abierto a partir de la cota 4.400”, advierte
Mamani.
El exfuncionario criticó que los mineros provoquen dentro de la
montaña la aparición de vacíos horizontales y verticales al sacar los
materiales con óxidos de plata que sostienen la morfología del cerro.
Los últimos datos que tiene señalan que en la cúspide trabajan
alrededor de 2.000 mineros y que usan “pequeños cartuchos de dinamita” para
derrumbar miles de toneladas de roca, dice.
“Es una extracción que tiene costos mínimos y tiene un alto
valor económico. Entonces es un negocio redondo para las cooperativas”, agrega
el exministro.
La propuesta que analizó con las cooperativas y el ministro de
Minería, Ramiro Villavicencio, consiste en reubicar en 90 días a los mineros
que trabajan en la cúspide y rellenar con materiales especiales los
hundimientos de la zona.
La mitad de los mineros serían reubicados en el mismo cerro y
otro tanto en minas adyacentes a la ciudad, un traslado que genera dudas dado
el rechazo de otros sectores ante la informalidad laboral y medioambiental con
la que trabajan las cooperativas.
Aún así, Mamani confía en que el proyecto puede avanzar a la
siguiente tarea, que consistiría en estabilizar el cerro con el relleno de unos
materiales resistentes para después –a largo plazo– reconstruir la forma cónica
de la montaña.
Se trata de un proyecto con un sinfín de retos, pero los potosinos
saben que salvaguardar el cerro es proteger el futuro de la ciudad. France 24
de Francia (https://bit.ly/39JLtTw)
LUIS ARCE: “LA OEA HA JUGADO UN ROL NEFASTO EN EL GOLPE DE ESTADO DE 2019 EN BOLIVIA”
France
24 de Francia (https://bit.ly/3AVcMpL)
El presidente de Bolivia, Luis Arce, concedió una entrevista a
France 24 en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) en Nueva York. El mandatario se refirió al papel que jugaron
varias instituciones, como la Organización de Estados Americanos (OEA), en el
golpe de Estado de 2019, y cómo esto promovió la creación de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) como un organismo que estuviera “a
la altura de los desafíos que encara la región”.
El presidente boliviano también habló sobre la situación
judicial de la expresidenta interina Jeanine Áñez, asegurando que ella estará
en prisión “hasta que la justicia dé su veredicto, pues alguien tiene que
responder por los 38 muertos del golpe de Estado”. En cuanto al estado de salud
de Áñez, Arce menciona que ella “está siendo monitoreada todos los días, ha
recibido visitas de médicos especialistas y se le ha llevado a clínicas
especiales” y que “nadie puede afirmar de buenas a primeras que su salud está
dañada”.
El mandatario hace énfasis en la posible participación que
habrían tenido diversas instituciones y personalidades políticas en el “golpe
de Estado de 2019” en Bolivia. Arce acusa de estar involucrados en el “golpe” a
los expresidentes Mauricio Macri y Lenín Moreno, a la Unión Europea, al embajador
de Brasil e incluso a la Iglesia católica. “¿De qué comunidad estamos hablando?
¿De la que colaboró con el golpe de Estado?” añade el presidente boliviano.
“Evo Morales está cumpliendo las funciones de presidente del
Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP) y Luis Arce está cumpliendo las funciones
de presidente del Estado plurinacional”, enfatiza Arce ante los comentarios que
aseguran que Morales está detrás de su mandato moviendo los hilos en las
decisiones del país.
Con el arribo de los últimos lotes de vacunas contra el
Covid-19, Bolivia contaría con el 100% de las dosis completas para los 7,1
millones de personas de su población vacunable, según el ministro de Salud y
Deportes Jeyson Auza. El país sudamericano además ha registrado una desescalada
de casos nuevos de coronavirus en las últimas semanas. Ante estas cifras el
presidente boliviano afirma que su estrategia para la gestión de la pandemia
fue “conseguir las pruebas PCR para distribuirlas gratuitamente en todo el
país, tomar acciones a tiempo según sus resultados y adquirir las vacunas a
través de negociaciones bilaterales con otros gobiernos”.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, incluyó a Bolivia en
la lista de países que no han “realizado esfuerzos sustanciales" en el
último año "para cumplir con sus obligaciones" en la lucha contra el
narcotráfico. Luis Arce rechaza estas acusaciones y recuerda que “en el
Gobierno de facto fue donde se recrudeció el narcotráfico en el país y una vez
el Gobierno democrático entra se inician las tareas de erradicación de la hoja
de coca”. También le reprocha a Estados Unidos que en sus informes “nunca reclaman
nada sobre narcotráfico al Gobierno de facto, solo apuntan al Gobierno
nacional”.
EL RACISMO: UNA SOMBRA QUE RECORRE BOLIVIA
Cuba
Periodistas (https://bit.ly/3CU1CCi)
En octubre de 2019, la derecha boliviana acusó sin pruebas al
Movimiento al Socialismo (MAS) de cometer un fraude monumental en las
elecciones generales. Como consecuencia, campesinos, originarios, militantes de
ese partido, sufrieron los ataques de hordas racistas que, bajo el argumento de
la defensa de la democracia y la libertad, cundieron de pánico las calles,
apaleando y amenazando a todos los que por su apariencia vinculaban con el
masismo.
La aparición de grupos irregulares, sus vínculos con los líderes
de la derecha, y la protección ofrecida por el gobierno de facto de Jeanine
Añez, no son un hecho menor y pusieron al descubierto uno de los flagelos que
afecta al país: el racismo, que se manifestó como una de las verdaderas causas
del golpe de estado al gobierno de Evo Morales.
Sería oportuno entonces preguntarse ¿es el racismo un fenómeno
nuevo que ha afectado al país a partir de los acontecimientos del 2019? La
respuesta desafortunadamente es no. El racismo y la discriminación
constituyeron prácticas habituales desde la etapa colonial en Bolivia, que
fueron configurando las estructuras y relaciones de poder, haciendo uso de la
violencia y condenando a algunos sectores a la invisibilización.
De acuerdo con la opinión de los investigadores Andrés Calla y
Khantuta Muruchi: “En Bolivia el racismo fue silencioso pues no precisó expresarse
abiertamente, ya que sus víctimas solían internalizarlo y se situaban
mansamente en los espacios que les asigna la estructura. En cambio, para los
sectores excluidos mayoritarios, indígenas, campesinos y sectores populares,
los cambios significan la posibilidad de acceder y posesionarse en espacios de
poder político que hasta ahora les fueron negados”[i].
Es por eso, que el triunfo del MAS y la llegada al gobierno de
Evo Morales, el primer presidente indígena en Bolivia, el año 2006, significó
un duro golpe que quebró el imaginario de la élite económica-política que hasta
ese momento había monopolizado el poder del Estado, tal y como lo resume Álvaro
García Linera: “Para la historia racializada del país, fue como si el cielo se
hubiera caído, como si los acerados desprecios de inferiorización escalonada
con los que la sociedad colonial ordenó el mundo a partir de los colores de
piel y apellidos, se convirtieran en polvo ante la insolencia de un campesino
entrando al Palacio de Gobierno”[ii].
Es que el racismo, opera en la subjetividad y la representación
social de los individuos y es consecuencia de la colonización interna. El odio
y desprecio al indio, está asociado también a su estigmatización como un ser
inferior, ignorante, representante de la pobreza y el atraso cultural.
La aprobación de la nueva constitución en el año 2009, dio paso
al nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia, que reconoció y dignificó la
existencia de las 36 etnias que habitan en el país. A partir de entonces,
fueron notables los esfuerzos por eliminar la discriminación y el racismo. Uno
de los logros más significativos fue la promulgación de la Ley contra el
racismo y toda forma de discriminación en el año 2010, que de acuerdo con lo
expresado en su artículo I, “persigue el objetivo de establecer mecanismos y
procedimientos para la prevención y sanción de actos de racismo y toda forma de
discriminación en el marco de la Constitución Política del Estado y Tratados
Internacionales de Derechos Humanos”[iii].
Sin lugar a dudas, el proceso de cambio liderado por Evo Morales
influyó positivamente en la autopercepción de los indígenas, originarios y
campesinos que, como resultado de las políticas públicas de redistribución de
las riquezas, llevada a cabo por el MAS, no sólo salieron de la pobreza
extrema, sino que se incorporaron a la vida económica y social como una clase
media emergente con la autoestima fortalecida. Por primera vez en la historia
de Bolivia, apellidos como Quispe, Mamani, Condori, Pary, Choquehuanca, por
solo citar algunos ejemplos figuraron en las listas de altos cargos públicos y
políticos.
Sin embargo, la clase media, los comités cívicos, así como
políticos conservadores, aun cuando se beneficiaron del indiscutible
crecimiento económico del país, durante el proceso de cambio, jamás lo
aceptaron y lo percibieron además como una invasión de “sus espacios
naturales”. No fue suficiente la normativa legal para desmontar el racismo del
imaginario social, se mantuvo como adormecido pero presente, hasta el golpe de estado
de 2019.
A propósito de estos acontecimientos, el pasado mes de agosto,
el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (GIEI), llegó a Bolivia para hacer entrega
de un informe sobre la violación de los derechos humanos en el país andino
durante el último trimestre de 2019. Entre los problemas estructurales
señalados en el capítulo IV del documento se encuentra el racismo y el
irrespeto a los símbolos indígenas. Es por eso que de las 36 recomendaciones
que hace el GIEI, al menos 6 tienen que ver con el racismo y la discriminación.
Entre ellas destaca: «Que los líderes políticos y sociales se
abstengan de utilizar la problemática del racismo para generar discursos de
odio, estigmatización o violencia”. En esta misma línea de pensamiento, más
adelante en el propio informe se enfatiza que “El clima de polarización
ideológica en la población creció en la medida en que los líderes políticos
incentivaron o toleraron la violencia que ejercían sus respectivos
simpatizantes, a lo que se sumó la ineficaz intervención de las autoridades del
Estado»[iv].
Esta afirmación interesante y oportuna nos permite reflexionar
sobre el papel de los principales líderes de la derecha que incitaron
situaciones de violencia, a lo que resulta necesario añadir el rol
desestabilizador y cómplice de los medios de comunicación y redes sociales.
No hay que olvidar que fue Carlos Mesa, el líder de Comunidad
Ciudadana, quien el 20 de octubre de 2019, en la noche, cuando aún no se
conocían los resultados finales para elegir al presidente del país, anunció una
segunda vuelta electoral y llamó a sus seguidores a defender el voto en las
calles. Este fue el inicio de una escalada de violencia que devino en la quema
de Tribunales Electorales Departamentales y propiedades privadas de diputados y
gobernadores del MAS, así como agresiones físicas a campesinos e indígenas en
varias ciudades bolivianas.
Estas movilizaciones y luego el establecimiento del gobierno de
facto encabezado por la autoproclamada presidenta Jeanine Añez, coinciden con
el surgimiento en la región de una derecha radical con rasgos fascistoides que
enlaza en varios puntos con un fenómeno que ha ido abriéndose paso en América
Latina en los últimos años: el populismo de derecha.
El auge de esta corriente podríamos ubicarla a partir del 2015,
unida a la emergencia a escala internacional de fenómenos similares, como el
representado por Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil,
Mauricio Macri en Argentina y Lenin Moreno en Ecuador. Este es un populismo que
se manifiesta como gestor de la restauración conservadora y de la acción
golpista.
Al respecto, las investigadoras Bárzaga y Hernández, destacan:
«El discurso populista de derecha en la región, tiene como centro las emociones
y como escenario fundamental los medios de comunicación y redes sociales. Todo
es válido en la lucha contra el progresismo y otras fuerzas políticas y
populares. De acuerdo con la narrativa de los gobiernos de derecha, una
victoria electoral de la izquierda es sin dudas un fraude monumental, un
mandato extendido y autoritario de la derecha es cuando menos necesario para
mantener la democracia y por supuesto un mandato prolongado de la izquierda es
una “dictadura corrupta”»[v].
El discurso de los líderes populistas de derecha, en el caso de
Bolivia, tiene un profundo sentido racista y de fanatismo religioso, camuflado
tras una supuesta lucha contra la corrupción. El golpe de estado al presidente
Morales en el año 2019, no fue una acción democrática de las masas enardecidas
ante la supuesta corrupción del gobierno del MAS, fue un linchamiento por parte
de la derecha contra los indígenas, campesinos y originarios, que se atrevieron
a incorporarse a la vida política, económica y social del país a la par de la
ya establecida clase media. De esta forma, todo lo relacionado con el MAS, era
identificado con la corrupción, el fraude y debía ser eliminado.
Si analizamos el tema desde el punto de vista simbólico, debemos
detenernos en la entrada de los golpistas al Palacio Presidencial con la
Biblia, el rosario y la bandera tricolor boliviana, cumpliendo la promesa hecha
ante el cabildo de Santa Cruz de hacer que Dios regresara al Palacio. A
propósito de este hecho, uno de los líderes golpistas Luis Fernando Camacho, el
10 de noviembre de 2019, publicó en sus redes sociales: “¡Dios volvió al
palacio y 15 min después empezaron las renuncias de todos los delincuentes de
este país! ¡A quienes no creyeron… les digo que Dios existe y ahora va a
gobernar Bolivia para todos los bolivianos! Mañana iniciamos procesos a los
senadores, diputados, ministros, viceministros y todos los que humillaron a
nuestro pueblo… no es odio ni venganza, ¡es justicia! ¡Dios bendiga Bolivia!
¡Dios bendiga nuestra juventud!”.
En una primera lectura de esta declaración de Camacho, se pueden
identificar dos elementos preocupantes, que corroboran el efecto negativo de la
incitación a la violencia de algunos líderes políticos, señalado por los
expertos del GIEI. En primer lugar, la utilización de la religión como bandera,
señalando como infieles y herejes a los indígenas y sus creencias
tradicionales.
En segundo lugar, la manera en que involucra y convoca a la
juventud, específicamente a aquellos que protagonizaron acciones “en defensa de
la democracia y la libertad”, antes del golpe de estado de noviembre de 2019,
que devinieron en actos violentos y racistas que causaron daños físicos y
morales a todos aquellos que identificaban con el Movimiento al Socialismo.
No es posible destacar estos hechos sin mencionar dos
organizaciones cuyo accionar antes del golpe y durante el gobierno de facto de
Jeanine Añez denota un marcado carácter racista, nos referimos a la Unión
Juvenil Cruceñista (UJC) y la Resistencia Juvenil Cochala (RJC).
El primero de estos grupos, la Unión Juvenil Cruceñista, creada
en 1957, es considerada el brazo armado del Comité Cívico de Santa Cruz. Este
grupo se autodefine como cívico y autonomista, pero la Federación Internacional
de Derechos Humanos lo ha descrito como “grupo paramilitar fascista”.
Los unionistas abiertamente expresan su admiración por grupos
como los Ustachas de Croacia y las SS de la Alemania nazi e incluso adoptan
frecuentemente en sus reuniones el saludo fascista con el brazo extendido. Sus
miembros, menores de treinta años tienen una tendencia violenta y racista,
muchos de ellos han sido procesados judicialmente por estos delitos.
La UJC, que casualmente tuvo como vice presidente a Luis
Fernando Camacho, el golpista, se destaca por su profundo odio hacia los
“indios”, mujeres que visten polleras y cualquier otra persona que no comulgue
con sus intereses políticos. Por ese motivo desde la llegada al gobierno de Evo
Morales, se declararon abiertamente opositores y protagonizaron acciones
violentas y desestabilizadoras, con fines separatistas.
Días antes de las elecciones de 2019, durante el cierre de
campaña del Movimiento al Socialismo, en Santa Cruz, miembros de la UJC,
agredieron verbal y físicamente a varios de los asistentes. Era el preludio de
una ola de violencia en la que los unionistas usurparon funciones de la
policía, patrullando la ciudad y violando varios derechos humanos elementales.
Sobre este tema el presidente Luis Arce Catacora, refiriéndose a lo señalado
por el GIEI, comentó:
“El informe refiere de manera directa la conducta asumida por el
Comité Cívico pro Santa Cruz, en el establecimiento de prácticas no amparadas
en el derecho a protesta, al extremo de suspender derechos, creando situaciones
de excepción, que dependen únicamente de decisiones estatales. Una organización
privada no puede limitar y controlar la libre circulación de personas y mucho
menos emitir permisos de circulación, arrogándose funciones que no le
competen[vi]”.
Todas estas acciones de la Unión Juvenil Cruceñista, contra los
militantes y simpatizantes del MAS, contaron con el apoyo de los cívicos de
Santa Cruz e inspiraron la aparición de un grupo irregular en Cochabamba; la
autodenominada Resistencia Juvenil Cochala (RJC), quienes se autodefinen como
una fuerza pacífica, una plataforma ciudadana sin lideres formada para combatir
la tiranía y luchar por la democracia en Bolivia.
Pese a que algunos lo catalogan como un grupo espontáneo los
hechos demuestran que se trata de una construcción fascista y paramilitar, que
se distingue por su profundo odio hacia Evo Morales y su rechazo por los
campesinos, indígenas y mujeres de pollera.
Los miembros de la RJC operaban encapuchados, montados en sus
motocicletas y portando armas caseras. De esta forma atacaban en grupo a
personas vulnerables y aisladas, así consta en un video que circuló en las
redes sociales, donde integrantes de la Resistencia golpearon a dos mujeres de
pollera.
Agredieron además a la alcaldesa de Vinto en Cochabamba,
Patricia Arce, la obligaron a caminar descalza, le arrojaron pintura, la
ofendieron, humillaron, maltrataron y le cortaron el cabello, solo por ser
miembro del MAS, por ser mujer, por ser indígena.
Una vez instalado el gobierno de facto se comprobó que la
Resistencia Juvenil Cochala contaba con el apoyo explícito del gobierno. El
ministro Arturo Murillo dijo que la RJC fue «muy útil» durante los días del
conflicto. «Los cochabambinos estamos muy agradecidos por toda su labor que
realizaron anteriormente. Si quieren ser un grupo de seguridad, pueden
presentar sus papeles al ministerio de Gobierno, todo tiene que ser
documentado. Necesitamos orden», señaló Murillo en conferencia de prensa[vii].
La impunidad acompañó a estos grupos irregulares durante el
gobierno de facto de Jeanine Añez. La Unión Juvenil Cruceñista y la Resistencia
Juvenil Cochala continuaron alentando la violencia, la discriminación y la
polarización del país.
Esa realidad cambió con el triunfo del MAS en las elecciones
generales del 2020, cuando el 55,1% de los bolivianos decidió en las urnas,
recuperar la democracia. Sin embargo, aún existen tensiones, que obstaculizan
el camino a la unidad del país. La más reciente manifestación de racismo y
discriminación tuvo lugar el 24 de septiembre durante los actos conmemorativos
por el 211 Aniversario del grito libertario de Santa Cruz.
La celebración transcurrió en un ambiente de tensión, promovida
principalmente por el vergonzoso y ofensivo comportamiento de autoridades
locales. Es el caso de Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico pro Santa
Cruz, quien, como una clara señal de desprecio, dio la espalda a los
asambleístas departamentales del Movimiento al Socialismo y como si no fuera
suficiente la afrenta, desinfectó con un atomizador de alcohol su entorno, así
como las manos de algunos que saludaron a las autoridades del partido de
gobierno.
El golpista Luis Fernando Camacho, ahora gobernador de ese
departamento, inició su discurso sin saludar al vicepresidente David
Choquehuanca, quien se encontraba allí como presidente en ejercicio del Estado
Plurinacional. Durante su intervención, utilizó frases provocativas y
despectivas contra el Movimiento al Socialismo y sus seguidores. Aprovechó el
espacio para acusar a las autoridades del gobierno central de intentar
desestabilizar Santa Cruz e impidió el uso de la palabra al presidente en
ejercicio al concluir:” Esta es fiesta cruceña y quienes vienen a agredir a Santa
Cruz no lo van a hacer. Con mi discurso, el acto se da por cerrado”[viii].
Nuevamente el racismo, la sombra que recorre Bolivia se hizo
presente. No fueron solamente las autoridades masistas y algunos líderes de
movimientos sociales las víctimas de discriminación y en algunos casos
agresiones verbales y físicas. Al final del acto en medio de insultos la
Whipala fue retirada, desconociendo y discriminando uno de los símbolos
nacionales que representa a los indígenas y originarios.
Estos actos racistas y discriminatorios causan descontento,
enfrentamientos y división. Son la expresión del pensamiento de la derecha
radical, que continúa saboteando al gobierno del MAS.
Conclusiones
El auge del racismo en Bolivia, como preludio del golpe de
estado del 2019, coincide con la presencia del populismo de derecha en el
continente americano. Los discursos de los líderes golpistas bolivianos
utilizaron la religión como bandera, para esconder sus profundos sentimientos
de odio y de racismo.
El papel de líderes políticos de derecha como Carlos Mesa y Luis
Fernando Camacho promovieron la violencia y la actuación de grupos con
tendencias fascistas como la Resistencia Juvenil Cochala y la Unión Juvenil
Cruceñista que incurrieron en graves violaciones de los derechos humanos,
documentadas en el Informe del GIEI. Sus ataques a los indígenas, campesinos y
originarios demuestran que aún está latente el racismo en la sociedad
boliviana.
Actualmente varios de sus miembros están siendo procesados por
la justicia en el marco de las investigaciones del Caso Golpe de Estado. Por su
parte, el presidente Luis Arce Catacora, ha anunciado que se trabajará en la
desarticulación de estos grupos irregulares. Sin embargo, estas acciones no
serán suficientes para eliminar esta sombra que recorre Bolivia. Será necesario
continuar la labor iniciada por el gobierno de Evo Morales e insistir en el
ámbito educativo y familiar en el fomento del respeto y la igualdad.
Teniendo en cuenta que el racismo fue una de las verdaderas
causas del golpe de estado del 2019, cabe decir que urge su eliminación, para
garantizar la estabilidad del nuevo gobierno del MAS que a diario debe sortear
los intentos golpistas y separatistas de la derecha.
UN INCIDENTE CON LA BANDERA INDÍGENA AGRAVA LA POLARIZACIÓN
POLÍTICA BOLIVIANA
Market
Research Telecast (https://bit.ly/3ii7XzE)
En Bolivia ha estallado un nuevo conflicto en torno a la bandera
indígena o ustedes son libres, que el país adoptó como su segunda bandera
nacional en 2009. El 24 de septiembre, en la ceremonia de conmemoración del
aniversario de Santa Cruz, región boliviana fuertemente opuesta a En el
gobierno izquierdista de Luis Arce, dirigentes opositores bajaron la libertad
que poco antes había enarbolado el vicepresidente David Choquehuanca,
argumentando que es divisivo. Al mismo tiempo, el gobernador de Santa Cruz, Luis
Fernando Camacho, no permitió que Choquehuanca hablara en la ceremonia en
nombre del gobierno central. Estos hechos elevaron la polarización política
boliviana a su nivel más alto desde las elecciones de octubre de 2020.
El Gabinete de Arce ha abierto un proceso penal contra los
autores de los hechos, considerándolos “un nuevo delito contra los libres”. En
Bolivia, no respetar adecuadamente los símbolos nacionales es un delito que se
castiga con dos años de prisión. Por su parte, el líder cívico de Santa Cruz
Rómulo Calvo ha solicitado la dimisión de los dos ministros que hicieron esta
acusación por su “temeraria audacia de provocar al pueblo santacrucero”.
“El eres libre se respeta porque es lengua, es historia, es el
resumen de toda la lucha de nuestros pueblos originarios y no se borrará por
capricho de un grupo de personas. Esa pelea, esa batalla de años hermanos no se
borra con la intención, con un gallo viejo paradita ”, dijo Luis Arce luego del
incidente. Arce no participó del evento en el que su vicepresidente no pudo
hablar por encontrarse fuera del país. Por otro lado, Calvo declaró que el sois
libre “No representa al pueblo de Santa Cruz y muchos bolivianos, por el uso
político que se le dio a este símbolo utilizado en sometimientos, incendios, enfrentamientos
y violencia”.
Camacho fue el principal líder de las protestas que culminaron
con la caída del presidente Evo Morales en noviembre de 2019. Este movimiento
se identificó con la tradicional bandera boliviana y, en diversas ocasiones,
atacó y destruyó wiphalas , consideradas emblemas del Movimiento al Socialismo
de Morales (MAS ). Camacho salió en defensa de la bandera indígena multicolor
para tratar de evitar que los sectores indígenas del país chocaran con el nuevo
gobierno surgido del derrocamiento de Morales. Fue un gesto efímero. El
gobierno interino de Jeanine Añez dejó a un lado la libertad del ceremonial
oficial y desplegó un discurso de reivindicación de la “república de Bolivia”,
que había sido reemplazada por el Estado Plurinacional durante el período de
Morales.
Desde su elección como gobernador de la región oriental de Santa
Cruz en marzo de este año, Camacho se ha enfrentado intensamente al gobierno de
Arce, que tiene su sede principalmente en el oeste del país. Para ello, ha
fomentado la tradicional desconfianza de los habitantes de los llanos
orientales hacia los montañeses (o “collas”) que migran constantemente a su
territorio ancestral. Allí está el polo con mayor dinamismo económico, basado
en la industria de la soja y otros productos naturales. Esta migración ha
provocado fuertes presiones sobre la tenencia tradicional de la tierra y sobre
el medio ambiente. Camacho, la élite de Santa Cruz y los grupos indígenas del
lugar piden que la tierra se distribuya solo entre los nativos de Santa Cruz y
la preservación de la cultura original frente a la “invasión” de los migrantes
de ascendencia aymara y quechua.eres libre como los suyos y han logrado,
durante el primer gobierno del MAS, convertirse en la segunda bandera nacional.
A lo largo de los 14 años del gobierno de Evo Morales, la
relación con los pueblos indígenas de las regiones del oriente boliviano ha
sido complicada y llena de desencuentros. El conflicto clave fue la
discrepancia sobre la construcción de una carretera a través de un parque
nacional. Morales, interpretando las necesidades de los campesinos quechuas y
aymaras, fue un firme partidario de la misma. Los líderes de los guaraníes y
otras culturas selváticas se opusieron con no menos firmeza, para evitar la
llegada de migrantes occidentales por la carretera. Como resultado, el proyecto
se detuvo, pero la relación entre los dos sectores indígenas se vio afectada.
Actualmente, la mayoría de los indígenas orientales se alinean con la oposición
y los poderes regionales contra el MAS.
JULIÁN GIL ACLARA SI EVO MORALES FINANCIÓ SU PROYECTO DE
ENTREVISTAS
Azteca
Tv de México (https://bit.ly/3kQIz5F)
Julián Gil estuvo envuelto en la polémica por el proyecto de
entrevistas en el que está trabajando y en el que figuran personajes de la
política y hasta el clero, pero fue la entrevista a Evo Morales la que lo puso
en la mira y surgiera la sospecha de que recibió recursos de dicha nación para
hacer propaganda a favor del expresidente boliviano.
El actor explicó que se trata de una serie de documentales en
los que entrevistará a varios ex presidentes y “ya tenemos solicitud para más
de 10 ex presidentes de latinoamérica y “arrancamos con el señor Evo Morales
fue el primero que me dio la oportunidad, el próximo, si Dios, quiere va hacer
el ex presidente de ¡Uruguay
“Es un proyecto muy bonito donde yo, que no soy periodista,
ni reportero, me voy a sentar como un ciudadano de las de la calle con un
ex presidente para hacerle las preguntas que le puedes hacer tú y yo, y no
necesariamente tienen que ser preguntas de política y de indagar cosas. Quiero
saber cómo un ser humano llega a ser presidente. Muchas veces, son seres
humanos que vienen de barrios muy humildes”, explicó.
“Donde yo fui hacer la entrevista tuve que agarrar avión, carro,
motocicleta, en el sitio que fui fue super inhóspito, en medio de la selva de
Bolivia”, contó.
Sobre los rumores que Evo financió el proyecto de Julián, dijo:
“Es una diputada es la oposición el señor Evo Morales, donde yo vaya, van a
hablar, siempre está la oposición, si yo lo hago con el blanco, el de negro va
a decir que yo estoy haciendo las cosas mal,
pero la gente empezó a juzgarme sin haber visto entrevista”, agregó.
Adelantó que ya envió una petición de entrevista al Papa para
poder incluirlo en este proyecto: “A mí la política no me gusta, la aborrezco.
Lo que me gusta es investigar la psicología de un ser humano. Ya se le envió
una solicitud al Papa, queremos tomarnos un té con el Papa.
BOLIVIA ESPERA QUE FORTALECIMIENTO DEL PUERTO DE ILO SEA UN EJE
CENTRAL DE SU AGENDA CON PERÚ
Portal
Portuario de Chile (https://bit.ly/2Y0TjFt)
El viceministro de Relaciones Exteriores boliviano, Freddy
Mamani, informó que el fortalecimiento del Puerto de Ilo será un eje de la
agenda que Perú y Bolivia trabajarán en el gabinete binacional en octubre.
“Uno de los temas precisamente es la agenda bilateral, el tema
del intercambio comercial, la exportación de ciertos productos, la
interconexión eléctrica, el Puerto de Ilo, transporte internacional terrestre,
lucha contra el contrabando, desarrollaremos algunas acciones que tengan que
ver con el patrimonio cultural, que tienen que ver con migración, temas
consulares”, aseveró en entrevista con Bolivia TV.
Respecto al Puerto de Ilo, el funcionario aseguró que es uno de
los temas que necesita una mesa técnica para avanzar en el fortalecimiento de
la infraestructura física. El objetivo es mejorar en alternativas a los puertos
de Chile.
“Esta es una de las grandes oportunidades. Esperemos que los
ministerios del área y las instancias técnicas puedan avanzar en las
negociaciones y, fundamentalmente, encontrar el camino como ya se ha planteado
en varias ocasiones por el puerto de Ilo, nuestro comercio internacional, y ese
es uno de los temas centrales y precisamente en ellos se está trabajando. Se
han fijado algunas reuniones técnicas para avanzar en estos y otros temas que
se han definido precisamente por nuestros presidentes”, aseguró.
En 2016, los entonces presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de
Perú, Pedro Pablo Kuczynski, acordaron facilitar el acceso de la carga
boliviana al océano Pacífico mediante el fortalecimiento de Ilo.
Ambos países también tienen acuerdos previos para la exportación
de gas boliviano mediante el Puerto de Ilo a los mercados de Asia.
El vicecanciller Mamani y el viceministro de Comercio Exterior e
Integración, Benjamín Blanco, participaron el lunes de una reunión preparatoria
junto a representantes de Perú rumbo al encuentro binacional.
Medio ambiente, recursos hídricos transfronterizos, seguridad y
defensa, fortalecimiento institucional, infraestructura para la integración y
el desarrollo son otros de los temas de la agenda entre ambos países.
ESTUDIANTES DE BRASIL, PERÚ, BOLIVIA Y MÉXICO ELIGEN A LA
UNISIMÓN PARA FORTALECER SUS ESTUDIOS PROFESIONALES
La
Opinión de Colombia (https://bit.ly/3CVkaSB)
La Unisimón sede Cúcuta dio la bienvenida a 23 jóvenes de
diferentes Instituciones de Educación Superior (IES) inmersos en el programa de
movilidad académica, eje de intercambio cultural y desarrollo para los
estudiantes de distintas universidades nacionales e internacionales que deciden
realizar parte de sus estudios en otro país, ciudad o Universidad.
Los estudiantes beneficiados se dividen en dos grupos; el
primero está conformado por 12 de movilidad internacional, y el segundo, por 11
de movilidad nacional, quienes provienen de las instituciones: Universidad
Federal do Tocantins (Brasil); Universidad Señor de Sipán (Perú); Universidad Amazónica
de Pando (Bolivia); Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo (México);
Unidad Central del Valle del Cauca, Fundación Estudios Superiores Comfanorte y
Universidad Francisco de Paula Santander (Colombia).
La movilidad académica favorece la experiencia de los
estudiantes a partir del intercambio cultural, la educación complementaria, el
acceso a nuevos sistemas educativos, el fortalecimiento de la investigación, el
aprendizaje profesional y la mejora del currículum personal.
En Unisimón, estas iniciativas que se generan continuamente, son
lideradas por el Departamento de Internacionalización y Cooperación (DICO) con
el apoyo de Bienestar Universitario.
Faber Alberto Peña García, coordinador del DICO resaltó que
“para la Unisimón es importante promover la internacionalización, para
enriquecer el proceso de formación de los estudiantes desde experiencias
académicas y culturales, por lo cual semestre tras semestre se promueven
convocatorias para becas, cursos u otras oportunidades a través de convenios
con universidades nacionales e internacionales”.
Actualmente, la Universidad Simón Bolívar cuenta con 210
convenios internacionales y 100 nacionales para que los estudiantes locales
tengan la oportunidad de realizar semestres académicos en con diferentes IES y
los extranjeros elijan a Cúcuta como destino.
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