Entrevista a Froylán Gámez Gamboa, funcionario de la Dirección de Asuntos Especiales de la Subsecretaría para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México
El 12 de noviembre de 2019 Evo Morales llegó a México en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. El golpe de Estado perpetrado en Bolivia lo obligó a pasar sus últimas horas en el país resguardado en el Trópico de Cochabamba. Aunque su llegada a México fue un éxito, el plan que se desplegó consistió en un complejo entramado entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández, presidente electo de Argentina, que sufrió múltiples inconvenientes diplomáticos.
Solo cuatro mexicanos viajaron en el avión en busca de Evo
Morales, tres militares y Froylán Gámez Gamboa, un civil asignado por la
cancillería. En diálogo con NODAL, el funcionario contó al detalle cómo fue la
operación para salvarle la vida a Evo Morales y todos los vaivenes que
sufrieron durante el viaje.
¿Qué misión le encargaron desde la Secretaría de Relaciones
Exteriores? ¿Cuál fue su rol dentro del avión?
La misión de inicio fue dar todos los servicios requeridos al
expresidente Evo Morales en cuestiones diplomáticas, explicarle sus derechos y
obligaciones una vez recibido el asilo. La tarea general era traer con vida a
Evo Morales y salvaguardar su integridad. Esta tarea se me encomendó desde la
cancillería y junto a mí iban tres compañeros de la Fuerza Aérea Mexicana: el
piloto, el copiloto y un tercer tripulante. Los tres siempre comunicados y yo
dándoles las instrucciones recibidas en las charlas que teníamos. Mi rol dentro
del avión era muy específico. Primero, el darle la información a los pilotos
hacia dónde dirigirnos, darle la certidumbre de que teníamos permisos de
sobrevuelo de los demás países y también explicarles lo que pasaba cuando
recibía información y una vez ya con el presidente arriba del avión, estar
informando de lo que vivíamos y lo que estábamos gestionando para hacer esta
encomienda con mucho éxito.
¿Cómo fueron las horas previas y la estadía en el aeropuerto
boliviano? Dado que se trataba de un golpe de Estado en proceso ¿quiénes
negociaron en nombre de Bolivia?
Fueron horas de incertidumbre por lo que sucedía en el propio
país boliviano ya que, una vez que estábamos en Perú, necesitábamos de un
permiso para sobrevolar el espacio aéreo boliviano y poder llegar a Cochabamba
a buscar al expresidente Morales. El descontrol del gobierno boliviano generaba
mucha incertidumbre, nadie sabía quién mandaba o qué se hacía. Entonces, una
vez que recibimos un número de permisos de sobrevuelo por un funcionario de la
cancillería, es cuando tomamos la decisión de despegar hacia Bolivia. Media
hora antes de ingresar a Cochabamba nos niegan el espacio aéreo y estamos una
hora sobrevolando sin comunicación más que con la torre de control. A la hora
nos dijeron que nos regresemos, que vayamos a Perú ya que el tema sobrepasaba
todas las gestiones que ellos pudieran hacer. Cuando regresamos a Perú y aterrizamos
para recibir instrucciones y ver lo que sucedía, todo cambió. La recepción fue
distinta, creo que ellos ya habían sentido presión de algunos de los otros
países o midieron los costos políticos y es cuando al fin las gestiones de
nuestros embajadores nos permiten tener un permiso de sobrevuelo en Bolivia.
Perú complicó mucho la situación, primero no nos cargaban
combustible y luego tuvimos que pagarlo. Así, empezó a atardecer hasta que
logramos despegar con todas las trabas que Perú puso. Cuando llegamos a
Cochabamba se oía la voz del pueblo afuera del aeropuerto y el expresidente Evo
caminaba hacia el avión. Dentro del aeropuerto estaban los militares
resguardando las instalaciones y cuidando el entorno. Ahí lo recibo yo al
presidente en la escalera del avión y le damos la bienvenida a territorio
mexicano. Todo estaba dispuesto para regresar a Perú y cargar más combustible
para que todo fluya conforme a lo planeado. Cuando estábamos a punto de
despegar con Evo en el avión, Perú nos negó el espacio aéreo y ahí es cuando
consultamos cuál era el motivo, si cargar combustible o sobrevolar. Entonces
nos dijeron que simplemente no podíamos ni cargar combustible ni sobrevolar su
espacio aéreo. Esto se lo informamos a Evo Morales y ahí es cuando regresamos a
estacionar el avión y empiezan otra serie de problemas.
Una vez estacionado el avión, militares que se apersonaron nos
piden abrir las puertas y nuestro general piloto Miguel Hernández baja del
avión para informar de la situación que tenemos. Yo le expliqué al expresidente
que sería violar tratados internacionales si cualquiera de los militares
bolivianos decidiera subir al avión. Sin duda Evo Morales sabía de lo que eran
capaces y ahí es cuando comenta en el libro el presidente Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) lo que se vivió abajo con el general Hernández y lo que
aconteció que estuvieron haciéndole preguntas. Nos pedían que despegáramos de
inmediato y claro que lo íbamos a hacer, pero cuando tengamos una solución.
El agradecimiento que hace AMLO en su libro a Alberto Fernández
fue por las gestiones que hizo ante Paraguay junto a nuestros embajadores para
poder irnos hacia allá, cargar combustible e inclusive comida que ya no
teníamos. Una vez que nos dieron la certidumbre sin un permiso, porque la prioridad
era despegar más que la palabra de los funcionarios y del propio presidente de
Paraguay en su momento, pues fue lo que nos alentó a irnos hacia Paraguay. Todo
esto se les informó a Evo Morales y Álvaro García Linera.
Las negociaciones de parte nuestra con Bolivia en gran medida
las hizo nuestra embajadora Teresa Mercado. Además estuvo dando instrucciones y
siempre pendiente el subsecretario Maximiliano Reyes. En Bolivia se negociaba
con quien estaba de turno y afuera con el excanciller Pary, con el capitán
Terceros y con los funcionarios que estuvieran en ese momento en la línea de
gestión. Efectivamente, era un golpe de Estado y era complicado negociar. Por
eso en parte fue complicado conseguir el permiso, que nos dejaran estar en el
aeropuerto de Cochabamba y que nos extendieran el tiempo en el aeropuerto.
También se negoció con el entonces director del aeropuerto de Cochabamba y la
verdad es que la embajadora se lleva todo el reconocimiento a esas gestiones
junto con el subsecretario Reyes y el canciller Marcelo Ebrard que siempre
estuvo pendiente e informado de lo que acontecía.
¿Qué pasó una vez que logró despegar desde el aeropuerto
internacional de El Chapare? ¿Corrió riesgos el éxito de la misión humanitaria
que rescató a Evo Morales?
Una vez que despegamos rumbo a Paraguay hubo un movimiento
atípico que realizó el piloto sin mayor escándalo pero fue un rayo de luz, un
resplandor que resultó ser un proyectil, algo que revela el presidente López
Obrador en su libro. Sin embargo, lo platicamos después y no en el momento
porque no se podía generar incertidumbre ni temor. Al contrario, teníamos que
tener un manejo de crisis muy eficiente y dar siempre certidumbre no solo a los
pasajeros bolivianos sino también a nosotros mismos. Si bien algunos medios revelaron
que era un fusil, el mismo habría derribado el avión. Lo que el general vio no
fue menor pero gracias a Dios no llegó a alcanzar el avión. Eso es lo que
sucedió.
Sin duda que cualquier misión de esta magnitud conlleva un
riesgo. Aunque nunca lo veíamos así y tratábamos de hacer lo mejor posible,
siempre el riesgo está. Cuando regresamos de Paraguay el expresidente Evo
Morales nos pidió no cruzar por Bolivia, por eso es que rodeamos Brasil, que
generosamente nos dio el permiso al igual que Perú y Ecuador. Los momentos de
riesgo existían paso a paso en la misión pero afortunadamente libramos cada uno
de ellos con inteligencia emocional, planeación y muchos funcionarios del
gobierno de México y del Ejército que estuvieron al tanto minuto a minuto y que
nunca descuidaron ningún punto en las negociaciones y gestiones con los otros
países. Nodal de Argentina
(https://bit.ly/3k0ibpz)
FISCAL DE TARAPACÁ Y CARTELES DE DROGAS: LA FRONTERA CON BOLIVIA
ES TOTALMENTE VULNERABLE
Radio
Cooperativa de Chile (https://bit.ly/3C3KycJ)
El fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, abordó el
Informe del "Observatorio del Narcotráfico en Chile", el que fue
difundido ayer miércoles por el Ministerio Público y que presentó como
principales hallazgos de los años 2020 y 2021 los intentos de carteles
mexicanos de la droga ampliamente conocidos de asentarse en el país e iniciar
en suelo nacional la producción local de sustancias ilícitas.
El persecutor explicó en Lo Que Queda del Día de Cooperativa los
factores primordiales que podrían transformar al país en más que un puente para
la distribución de sustancias. En concreto, por contar con el PIB per cápita
más alto de Sudamérica, "somos un país como un nivel de vida bastante
superior al de países de la región", y "también un gran consumidor de
droga".
"No podemos desconocer eso (el alto consumo de sustancias
ilícitas). Dejémonos de pensar que somos un país solamente de tránsito. No, no,
no, nosotros nos hemos transformado en un país de alto consumo de droga,
especialmente de marihuana. En consecuencia, también es un mercado
atractivo", señaló Arancibia.
Por lo demás, "Chile es un país atractivo como una ruta
nueva", apuntó, advirtiendo que nuestro país "todavía no es una zona
roja o de alto riesgo, pero para allá vamos si no nos preocupamos".
En ese sentido, el fiscal acentuó que "la frontera con
Bolivia es total y absolutamente vulnerable. Entra y sale quién quiere".
"Se han descubierto en Europa cargamentos de droga cuyo
último puerto desde donde pudieron haber salido es Chile. En Holanda y España
se han descubierto grandes cargamentos que venían de nuestro país, de tal
manera que eso pone en riesgo toda nuestra estructura y seguridad marítima y
comercial en muchos aspectos" y el comercio con otros socios
internacionales, reflexionó.
A modo de ejemplo, Arancibia ratificó que -como señaló ayer el
reporte de la Fiscalía Nacional- carteles como el de Jalisco Nueva Generación y
el de Sinaloa han tratado de penetrar con "intentos importantes" en
el mercado de Chile a través de tráficos de droga frustrados por las
autoridades.
En el primer caso, "se pretendía instalar una especie de
centro de producción de marihuana de alta concentración y calidad en Alto
Hospicio, la que iba a ser bajo techo. (...) Nosotros pudimos detectar esa
operación, con herramientas propias de la ley de drogas desbaratarla y, en
definitiva, hay un mexicano que está en prisión preventiva en esa causa y que
va a pasar a juicio oral próximamente", detalló el persecutor.
Respecto al segundo episodio, "gracias a los análisis de
inteligencia, se logró determinar que estaba instalándose en Iquique gente que
venía desde México vinculada al Cártel de Sinaloa" y apresar a los
involucrados, agregó el fiscal.
ANALISTA PIDE "CONSENSO NACIONAL" ENTRE GUERRA CONTRA
LAS DROGAS O UNA LEGALIZACIÓN
Radio
Cooperativa de Chile (https://bit.ly/3hiwdB4)
El director ejecutivo de AthenaLab, Juan Pablo Toro, planteó que
en vista de que la estrategia chilena contra el narcotráfico no parece
erradicar ni las bandas ni el consumo, se debe dar un debate serio sobre cómo
abordar el problema a nivel macro.
"A lo largo del tiempo se ha probado de todo: se ha puesto
acento en los decomisos, en las capturas, después en los insumos, en los
activos especialmente -yo creo que por ahí va la cosa-, pero al final tiene que
hacerse una combinación de todo: tienes que decomisar droga, capturar a los
criminales y desmovilizar sus activos, pero para eso necesitas inteligencia y
también reducir la impunidad que hay en torno al negocio", expuso en Una
Nueva Mañana en Cooperativa.
Pero reflexionó que "también se puede plantear un debate:
si hay que combatir todas las drogas con la misma intensidad, puede decidir el
país que no, puede decidir que sí. Lo importante es que haya un consenso
nacional de qué crímenes se van a combatir y con cuánta severidad, y cuál va a
ser el enfoque".
A juicio del analista de seguridad, "hay que poner acento
sobre los activos, la inmovilización e incautación -llámense propiedades,
llámense autos, llámense cuentas, etcétera. Eso tiene que empobrecer a los
criminales, y también hay que identificar su red de testaferros o familiares
beneficiados".
En esa línea, Toro sostuvo que "si por un lado hay gente
que está queriendo una guerra frontal contra las drogas, y otros quieren
legalizar algún tipo de drogas, pongámonos de acuerdo, porque no podemos ser
ambiguos cuando estamos tratando este problema", y agregó que este
"debería ser una prioridad de los candidatos" a la Presidencia.
Respecto a los que abogan por una legalización parcial, llamó a
"ver qué ha pasado en algunos países: por ejemplo, en Estados Unidos
legalizaron la marihuana en algunos estados, pero la crisis que tienen es con
los opioides, como el fentanilo, y tienen más muertos que durante toda la
Guerra de Vietnam", o en Uruguay, donde pese al consumo controlado de
cannabis persiste el narcotráfico porque "en sus ciudades fronterizas
están los grupos brasileños, que cometen toda clase de delitos".
En definitiva, el experto remarcó que "mientras se rehace
ese planteamiento, es importante no abandonar las capacidades y el combate
frontal. Debatamos, pero por mientras sigamos combatiendo".
GOBIERNO: EN CHILE SE ESTÁ PERSIGUIENDO EL TRÁFICO
El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, explicó -en esta
línea- que a las "bandas las estamos persiguiendo, muchas de ellas las
hemos desbaratado en territorio nacional, y también con la coordinación con las
policías a nivel internacional donde estamos haciendo el trabajo, pero primero un
llamado a la calma con respecto a estos titulares, porque efectivamente en
Chile se está persiguiendo el delito de tráfico de drogas y así lo dicen las
cifras este año".
"Tenemos un 140% más de decomiso que el año pasado y
también más armas decomisadas y también más bandas criminales desarticuladas y
vamos a seguir en esa línea", agregó.
Por su parte, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro,
indicó que todos los gobiernos, no sólo el actual, no han podido ni controlar
los fuegos artificiales, cuestionando "cómo vamos a controlar entonces que
ingresen los carteles mexicanos y colombianos a Chile", añadiendo que
"creo que hay acá una amenaza constante y no se ha hecho lo
suficiente".
GOBIERNO DE BOLIVIA BUSCA IMPONER CONDICIONES A LA EMPRESA
PORTUARIA ARICA RESPECTO DE AJUSTE TARIFARIO
Portal
Portuario de Chile (https://bit.ly/3nkmiir)
El Gobierno de Bolivia inició una ofensiva comunicacional con el
fin de imponer sus propias condiciones a la Empresa Portuaria Arica (EPA)
respecto del ajuste tarifario que la estatal chilena generó a la Administración
de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B), luego de que el acuerdo suscrito
entre ambas compañías estatales caducara el pasado 4 de agosto.
La chilena, cabe recordar, planteó a ASP-B -que oficia como agente
aduanero para las importaciones bolivianas en Arica en virtud del Tratado de
Paz y Amistad de 1904- un descuento de 38% para una serie de 23 servicios. Sin
embargo, después de un mes de conversaciones, la contraparte de Bolivia no
suscribió el nuevo modelo tarifario y, tal como en las negociaciones
anteriores, desvirtuó vía redes sociales, comunicados de prensa y apariciones
en medios locales los avances y principios de acuerdo anunciados por la
portuaria ariqueña.
En esta oportunidad, el turno fue del Ministro de Economía y
Finanzas Públicas de Bolivia, Marcelo Montenegro, que -según la agencia estatal
ABI- “demandó” a la empresa chilena a dialogar y a dar más plazo para que su
país pueda hacer una contrapropuesta al nuevo modelo tarifario.
Según el ministro, “nosotros teníamos un acuerdo tarifario que
feneció en agosto de este año; la ASP-B inició las acciones pertinentes para
tratar el tema desde el mes de abril, pero la EPA rehusó el mismo argumentando
temas sanitarios, y de manera unilateral subió los costos portuarios en Arica
desde el 5 de agosto”.
En esa línea, pidió a la concesionaria chilena ampliar el
acuerdo de 2019 por seis meses más, tiempo en que el gobierno boliviano, junto
a la ASP-B, analizará con profundidad y elementos técnicos la medida asumida.
“Nosotros, como Estado boliviano, requerimos este tiempo para
analizar y presentar una contrapropuesta, basada en un estudio realista y
profundo sobre la base que hace la EPA. Nos parece un exceso unilateral que
hace la empresa chilena al imponer nuevas tarifas sin previa negociación y
acuerdo entre partes”, dijo.
La autoridad boliviana añadió que con el nuevo régimen tarifario
el costo portuario para la mercadería boliviana tendría un 246% de incremento,
por lo que se rechaza el tratamiento unilateral de las tarifas en el Puerto de
Arica.
“Le pedimos a EPA retroceder con su medida y aceptar el plazo de
seis meses para negociar (…). No aceptaremos ni firmaremos ningún incremento
unilateral; el alza de costos de la EPA viola los acuerdos firmados entre
Bolivia y Chile en 1904”, señaló, a pesar de que el Tratado no establece ni
fija tarifas, sino que solo garantiza el libre “el más amplio y libre tránsito”
de las mercancías bolivianas por puertos chilenos; específicamente, Arica y
Antofagasta.
“LOS VALIENTES NO ASESINAN”, LA FRASE QUE SALVÓ A JUÁREZ Y A EVO
MORALES
Polemón
de México (https://bit.ly/38XZzQS)
Las palabras de Guillermo Prieto salvaron en la historia a dos
presidentes indios: Benito Juárez en 1858 y Evo Morales en 2019.
En ambos casos, un golpe de Estado producido por las fuerzas más
oscuras de la reacción llevó a la desestabilización de los países. Para México
significó tres años de guerra civil, la Guerra de Reforma; para Bolivia, a una
usurpación y breve dictadura que, con el poder de la voluntad popular, pudo ser
revertida electoralmente, lo que confirmó de qué lado estuvo siempre la
orientación ideológica de aquel país.
México también padeció de una usurpación: en 1858 se
autoproclamó como presidente el general conservador Félix Zuloaga, cabeza más
visible del Plan de Tacubaya por el que se pretendió derogar la recién
promulgada Constitución de 1857 y las primeras Leyes de Reforma. Juárez asumió
la Presidencia en su calidad de Presidente de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación ante la renuncia del presidente constitucional Ignacio Comonfort y de
ahí, tras ser liberado de su cautiverio en Palacio Nacional, trasladó su gobierno
a Guanajuato y posteriormente, a Guadalajara.
En la capital jalisciense tuvo lugar un hecho decisivo. El 13 de
marzo de 1858, el presidente Juárez y su gabinete fueron aprendidos en el
Palacio de Gobierno por tropas amotinadas y, al día siguiente, en medio de los
combates que se dieron, el teniente rebelde, Filomeno Bravo, cuyas órdenes eran
custodiar al Presidente, sin más, ordenó a sus soldados darle muerte.
El gran poeta y cronista Guillermo Prieto, su ministro de
Hacienda en el momento, se interpuso entre Juárez y el pelotón acallando el
grito mortal de ¡fuego! Y con sus palabras, como el mismo Juárez lo expresara
después, salvó su vida, salvó la Reforma y salvó la República.
“¡Alto, los valientes no asesinan!… sois unos valientes, los
valientes no asesinan, sois mexicanos, éste es el representante de la ley y de
la patria”.
Prosigue en sus Memorias de mis tiempos:
“Los rostros feroces de los soldados, su ademán, la conmoción
misma, lo que yo amaba a Juárez… yo no sé… se apoderó de mi algo de vértigo o
de cosa de que no me puedo dar cuenta … Rápido como el pensamiento, tomé al
señor Juárez de la ropa, lo puse a mi espalda, lo cubrí con mi cuerpo … abrí
mis brazos … y ahogando la voz de “fuego” que tronaba en aquel instante, grité:
“¡Levanten esas armas!, ¡levanten esas armas!, ¡los valientes no asesinan … !”
y hablé, hablé, yo no sé qué hablaba en mí que me ponía alto y poderoso, y
veía, entre una nube de sangre, pequeño todo lo que me rodeaba; sentía que lo
subyugaba, que desbarataba el peligro, que lo tenía a mis pies… Repito que yo
hablaba, y no puedo darme cuenta de lo que dije… a medida que mi voz sonaba, la
actitud de los soldados cambiaba… un viejo de barbas canas que tenía al frente,
y con quien me encaré diciéndole: “¿Quieren sangre? ¡Bébanse la mía…!” alzó el
fusil… los otros hicieron lo mismo… […]
“Los soldados lloraban protestando que no nos matarían y así se
retiraron como por encanto…”.
Si es imposible no estremecerse ante la narración de Prieto
sobre aquellos hechos que han quedado siglo y medio en el pasado, con más
razón, la piel se eriza y la sangre hierve al conocer lo que sucedió en aquel,
ya de por sí heroico rescate del depuesto presidente boliviano Evo Morales Ayma
el 12 de noviembre de 2019.
Los eventos ya son conocidos: la aeronave de la Fuerza Aérea
Mexicana arribó a Lima, Perú, el 11 de noviembre con la orden del Presidente
Andrés Manuel López Obrador de traer sano y salvo a Morales, tras los eventos
del golpe de Estado dado por la élite criolla y racista, con la bendición del
secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro (o
“Almugre”), el peor de cuantos dirigentes ha tenido esa cuestionada
institución.
En su vuelo a Bolivia tuvo que ser regresado a Perú al negar el
gobierno golpista el ingreso a su espacio aéreo temporalmente, hasta que,
lograda la autorización, pudo aterrizar en la base aérea de Chimoré para lograr
su encomienda.
Hasta este momento de los eventos, lo que era del conocimiento
público era la odisea para emprender e retorno a México: tanto Bolivia como
Perú negaron el espacio aéreo, por lo que hubo que dirigirse a Asunción de
Paraguay. Con trabajos se logró que, desde ahí, Brasil autorizase el vuelo
sobre su línea fronteriza. Perú finalmente aceptó el sobrevuelo de la nave
mexicana, debido a la negativa de Ecuador.
Por fin, al alcanzar el Océano Pacífico, el avión entró a aguas
internacionales y arribó al territorio nacional a las 5 de la tarde del 12 de
noviembre.
Los días siguientes la violencia social estalló en Bolivia,
fueron saqueadas y quemadas las casas de familiares y colaboradores de Morales
y las movilizaciones populares en las ciudades de Sacaba y Senkata fueron
reprimidas y terminaron en masacres que hoy están siendo juzgadas por el actual
gobierno democrático de Luis Arce Catacora.
En esta ya de por sí dolorosa relación de condenables actos, el
pasado 1° de septiembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó
parte de la información que se relata a mayor profundidad en su último libro,
el décimo octavo, “A mitad la del camino”.
En la base de Chimoré, la tripulación mexicana fue agredida por
militares bolivianos. El piloto mexicano, Miguel Eduardo Hernández Velázquez,
fue golpeado con las armas y al ser encañonado, evocó al salvador de Juárez:
“Joven soldado: LOS VALIENTES NO ASESINAN”.
A pesar de que el forcejeo continuó, la aeronave al fin pudo
despegar, pero al vuelo, ésta fue atacada, afortunadamente de forma
infructuosa, por un proyectil lanzado por un lanzacohetes RPG-7 de fabricación
rusa. Sólo la destreza de Hernández en las maniobras aéreas pudo salvar
nuevamente al presidente indio y a la tripulación entera, como un nuevo
Guillermo Prieto (dicho esto con absoluta responsabilidad y conciencia, lejos
de las burdas y ridículas comparaciones de Enrique Krauze).
Evo Morales logró arribar a México sano y salvo, donde
permaneció algunos días hasta que llegó al poder el presidente argentino
Alberto Fernández, quien también le concedió el asilo humanitario hasta que, al
triunfo electoral en Bolivia de Arce Catacora, pudo cruzar la frontera y
regresar a su patria con un triunfal recibimiento.
La actuación de México en estos acontecimientos deberá ser
recordada como una de las más honrosas páginas de su historia diplomática y las
palabras de Guillermo Prieto recordadas como una gran reserva moral ante las
tendencias asesinas de la reacción.
ARMAS A BOLIVIA: RECHAZARON COMO QUERELLANTE A LA LIGA ARGENTINA
POR LOS DERECHOS HUMANOS
Telam
de Argentina (https://bit.ly/2YL4OS0)
La Cámara en lo Penal Económico rechazó que la asociación civil
Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) actúe como querellante en la
causa en la que fueron denunciados el expresidente Mauricio Macri y varios
funcionarios de su gobierno por presunto contrabando agravado de armas a Bolivia
en noviembre de 2019, cuando en ese país se consolidaba un golpe de Estado
contra Evo Morales.
Fuentes judiciales indicaron que la Sala B de la Cámara confirmó
lo resuelto en primera instancia, al considerar que por el delito que se
investiga, además del Ministerio Público Fiscal, solo estaría legitimada para
desempeñar el rol acusador la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP).
La causa se inició luego de una denuncia presentada por los
ministros de Seguridad, Sabrina Frederic, y de Justicia y Derechos Humanos,
Martín Soria, y la administradora de la AFIP, Mercedes Marcó Del Pont, por “el
envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia", realizado el 12 de
noviembre de 2019, por el gobierno de Macri.
Esa presentación del Ejecutivo consignaba que poco después de
haberse producido la asonada que instaló en el poder a la mandataria de facto
Jeanine Áñez, el entonces comandante de la Fuerza Aérea de Bolivia, Jorge
Terceros Lara envió a la Embajada argentina en La Paz una nota de
agradecimiento por el envío a la nación andina por parte de la administración
de Cambiemos una gran cantidad de material represivo.
La denuncia sostuvo además que ese envío se justificó con el
pretexto de "proteger" la delegación argentina en La Paz, en un
momento de alta conmoción social y política, pero en cambio, con ese material,
"se apoyó un golpe de Estado" en el país vecino.
La LADH había reclamado ser querellante “por tratarse de una
causa en la que se investiga la presunta comisión de delitos vinculados a
graves violaciones a los derechos humanos”, cometidas por los “golpistas que
usurparon el Gobierno en el Estado Plurinacional de Bolivia”.
La Sala B de la Cámara recordó que el objeto de la investigación
“no se encuentra conformado por los delitos presuntos cometidos en el Estado
Plurinacional de Bolivia en los sucesos que habrían motivado la renuncia del ex
presidente de aquel país, Evo Morales, sino por el supuesto delito de
contrabando agravado”.
"El legitimado para querellar por aquel delito, como regla
general, sólo sería la AFIP”, destacaron los camaristas Roberto Hornos y
Carolina Robiglio, quienes remarcaron, además, que la LADH no presentó los instrumentos
que acrediten su constitución ni las facultades otorgadas al presidente de la
asociación.
EL PAPEL PROTAGÓNICO DE LAS FUERZAS ARMADAS LATINOAMERICANAS EN
LA POLÍTICA
Journal
USP de Brasil (https://bit.ly/3hgD9P1)
El ejército está de vuelta en la escena política
latinoamericana. La peculiaridad de este retorno es que se da por medios
institucionales, degradando la democracia sin, sin embargo, representar una
ruptura institucional. El avance de los partidos conservadores y las reformas
neoliberales en la región se apoya en los militares, ya sea en la contención de
grupos sociales y políticos, o en la amenaza de un golpe militar para reducir
el espacio de deliberación popular. A esto se suma el descrédito de la
ciudadanía en relación a los partidos políticos y la decepción por la posible
vida que brinda la democracia. En este contexto, vemos un resurgimiento del
viejo fantasma del intervencionismo militar en la política: los autodenominados
guardianes de los intereses nacionales.
Manuel Zelaya fue depuesto en junio de 2009 con la participación
de las fuerzas militares hondureñas, luego de sugerir una nueva circunscripción
y acercarse a la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA). Si bien el golpe
de Estado fue condenado por la Organización de Estados Americanos, las nuevas
elecciones organizadas en noviembre de 2009 reconocieron la victoria del
candidato opositor Porfirio Lobo, del Partido Nacional de Honduras. Diez años
después, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia obligó al
entonces presidente Evo Morales a renunciar en noviembre de 2019 para permitir
la "pacificación" y la "estabilidad" del país. El
autoproclamado gobierno provisional de Jeanine Añez adoptó posteriormente el
Decreto 4.078,
Asimismo, es notorio que Nicolás Maduro depende de los militares
para garantizar la gobernabilidad en Venezuela. Después de años de políticas
que aislaron políticamente a los elementos más conservadores y favorecieron a
los funcionarios pro-chavistas, las Fuerzas Armadas de Venezuela representan el
último bastión de la Revolución Bolivariana. Este apoyo ideológico le ha
costado caro a las arcas públicas venezolanas: el alto mando militar es el
encargado de administrar las principales empresas estatales, controlar los
ingresos de importación de petróleo, minerales y alimentos en el país. En
Brasil, como señalan numerosos análisis, el actual presidente ha asignado un
número sin precedentes de puestos ejecutivos federales clave a funcionarios
activos, además de coquetear con soluciones autoritarias para gobernar.
Con la promulgación de los Estados de Emergencia al inicio de la
pandemia, el personal militar amplió su rol en la esfera pública en todas las
democracias latinoamericanas. Estas misiones, típicas de las respuestas
estatales a desastres naturales, son adecuadas cuando se limitan a actividades
logísticas en apoyo de agencias civiles. Sin embargo, cuando el personal
militar asume el papel de policía o en la gestión política, existen riesgos
para el control democrático de las fuerzas armadas. En Brasil, Chile y Bolivia,
los militares se hicieron cargo de la gestión política de la crisis de salud,
ya sea actuando como ministros o coordinando zonas de emergencia sin la
intermediación de funcionarios civiles.
La politización de las fuerzas armadas también se da de manera
indirecta, actuando como un instrumento para la represión de la oposición
política y el mantenimiento del orden social. Este es el caso de las
manifestaciones en Chile, Bolivia, Honduras, Guatemala y, más recientemente,
Colombia. Las democracias latinoamericanas están bajo una prueba de fuego. La
politización de los cuarteles es un problema real y requiere la formulación de
políticas coordinadas que aseguren el control democrático más que ideológico de
las instituciones militares.
GORE PUNO: “PERÚ Y BOLIVIA DEBEN SUSCRIBIR UN NUEVO CONVENIO
PARA GAS NATURAL”
Radio
Pachamama de Perú (https://bit.ly/3k0kUPP)
Perú y Bolivia, deben suscribir un nuevo convenio gasífero para
que el vecino país pueda suministrar gas natural a Puno y otras regiones, con
lo cual el costo de este insumo energético se reduciría, señaló el gerente de
Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Puno, Harold Cari Larico.
A través de Pachamama radio, indicó que el convenio suscrito
entre ambos países no tuvo resultados debido a muchos factores, entre ellos la
pandemia, además ya feneció hace dos años.
“El Gobierno Regional no tiene injerencia directa en el tema del
gas, este tema debe ser abordado netamente entre Estados”, dijo, al tiempo de
indicar que el ente regional envió varios documentos para que Puno sea
incorporado dentro de los proyectos de Proinversión, entidad que tiene a su cargo
el tema del gas.
Sin embargo, precisó que existe una norma que autoriza a las
municipalidades envasar gas y distribuirlos en su jurisdicción, pero eso debe
ser a través de ductos, es decir, tiene que ser gas natural, como el que tiene
Bolivia, y no GLP como el que se produce en el Perú.
En ese marco, pidió al gobierno de Pedro Castillo revisar este
tema y precisó que el Gobierno Regional ya emitió información al nivel central,
además de solicitar una reunión con el director de Hidrocarburos para que las normas
sean modificadas y se renueve el convenio con el vecino país de Bolivia.
LA VIEJA PESCANOVA VUELVE A LA ACTIVIDAD CON UNA RED DE
DISTRIBUCIÓN EN BOLIVIA
La
Voz de Galicia (https://bit.ly/3BXnJal)
Pescanova SA es lo que queda del grupo que en su día presidió
Fernández de Sousa, tras la quiebra de la compañía en el año 2013. El rescate
de la pesquera capitaneado por la gran banca redujo el peso de la vieja
sociedad en el capital de Nueva Pescanova primero al 20 %, luego la diluyó al
1,6 % y finalmente la dejó en el 0,34 % actual.
Durante los ocho años en los que la banca ha dirigido el grupo
pesquero, la vieja matriz no ha parado de litigar para recuperar su 20 %.
Ahora, con Abanca como propietario de Nueva Pescanova, el viejo accionariado
sigue sin estar dispuesto a enterrar el hacha de guerra en los juzgados pero,
además, ha puesto en marcha un nuevo plan estratégico «dirigido a retomar la
actividad comercial de la sociedad» según consta en las cuentas semestrales
depositadas en la CNMV, ya que, a diferencia de la corporación Nueva Pescanova
SL, que es la que concentra toda la actividad pesquera y comercializadora, la
vieja matriz cotiza en bolsa.
Objetivo, Sudamérica
Y lo que le cuenta esta sociedad de cartera a sus accionistas es
que ha comenzado a crear una infraestructura de distribución en Bolivia para
comercializar en este mercado productos del mar y otros productos de
alimentación. Es solo el inicio de una nueva etapa en la que el consejo de
administración, que preside Luis Malo de Molina, «pretende recuperar la
actividad propia de la compañía, y dejar de ser exclusivamente una sociedad de
mera tenencia de su participación en Nueva Pescanova SL», dice la vieja matriz,
que acaba de convocar a sus accionistas a una junta general que se celebrará el
próximo 24 de septiembre en Chapela (Redondela), en donde tiene su sede social.
El consejo de administración tiene previsto detallar a los
accionistas el plan en marcha para la vuelta a la actividad de la firma,
demorado en los últimos meses como consecuencia del impacto de la pandemia. «El
éxito de esta primera fase del plan estratégico dará pie al desarrollo de
nuevas fases y a la expansión de la actividad en otros países», explica la
vieja Pescanova a sus accionistas.
La antigua matriz, cuyo principal accionista sigue siendo, según
la CNMV, Manuel Fernández de Sousa (aunque tiene las acciones bajo embargo
judicial), cerró el primer semestre de su ejercicio fiscal (del 1 de diciembre
del 2020 al 31 de mayo del 2021) sin actividad, con un beneficio neto de 21.000
euros, en contraste con los 9.000 euros de pérdidas registrados en el mismo
período del ejercicio anterior.
La firma no facturó en los últimos seis meses, mientras que hace
un año presentaba una facturación de 92.000 euros.
La vieja Pescanova afronta varios procesos judiciales, algunos
de los cuáles podría incluso suponer su liquidación en caso de que no prospere
su recurso; de momento cuenta con 32,68 millones de euros de provisiones por
este motivo.
Litigios y fianzas
La sociedad también ha de hacer frente a la fianza de casi mil
millones de euros impuesta por la Audiencia Nacional como culpable, junto a 19
acusados más, por su responsabilidad en la quiebra del grupo en el 2013.
La sentencia de octubre del 2020 impone a la sociedad una multa
de dos años a razón de 30 euros diarios, así como la condena al pago de la
indemnización por responsabilidad civil por al menos 165 millones de euros, que
podría elevarse a 200 en fase de ejecución de sentencia, con carácter solidario
junto con otros acusados, según reconoce la propia Pescanova.
La sentencia se encuentra recurrida en casación frente en el
Tribunal Supremo. Con independencia de que el recurso prospere, la sociedad
asegura que no le corresponderá a ella pagar esas sumas, sino al grupo resurgido
de la quiebra tras el rescate de los bancos. «A dichos importes deberá dárseles
el mismo tratamiento que a los créditos sometidos al convenio de acreedores de
la compañía, con una quita del 97,5 %, y deberá ser Nueva Pescanova quien
responda de cualquier cantidad pagadera por este motivo», explica la firma a
sus accionistas.
Además de Fernández de Sousa, con el 7,5 % de Pescanova SA,
entre los accionistas de referencia figura también el fallecido Alfonso Paz
Andrade, con el 3 %, cuyas acciones pasarán ahora a sus herederos legítimos.
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