Los gobiernos de todos los países, en especial los del
Mercado Común del Sur (Mercosur), deben salvaguardar la institucionalidad
democrática en Bolivia, opinó el diputado opositor uruguayo Daniel Caggiani en
diálogo con Sputnik.
"Creo que es necesario que los gobiernos de todos
los países, más allá de su visión ideológica, tengan una especial mirada para
que en Bolivia se encauce todo de manera democrática. Creo que el Mercosur
tiene un papel fundamental en ese sentido", dijo el legislador del Frente
Amplio (centroizquierda) sobre los dichos del presidente boliviano, Luis Arce,
esta semana en la cumbre del Grupo de Puebla en México.
El presidente de Bolivia pidió a ese foro político y
académico de la izquierda latinoamericana que analice los "intentos de desestabilización
de derecha" que se están realizando en su país.
"Tenemos preocupación desde Bolivia de lo que
está ocurriendo en La Paz. Luego de haber ganado con el 55% de la votación hace
un año, hay una reagrupación de la derecha que está intentando nuevamente
reeditar las viejas acciones que evidenciamos en el país en 2019", afirmó
Arce.
El mandatario se refiere a que el 8 de noviembre
varios sectores sociales y comités cívicos regionales liderados por la
oposición comenzaron un paro indefinido, que continuó por varios días, en
rechazo de la ley contra el lavado del dinero que propuso el Gobierno.
Bolivia y el Mercosur
Caggiani cree que el Mercosur, integrado por
Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, debe salvaguardar la democracia en
Bolivia porque este país "es un Estado asociado y, además, en proceso de
ingreso (...), solamente falta que su ingreso tenga aprobación del Senado
brasileño".
Agregó: "Es importante que el conjunto de países
que integran el Mercosur tengan una acción especial de cuidado y salvaguarda de
la institucionalidad democrática en Bolivia".
Entre los líderes regionales opositores que
respaldaron públicamente la convocatoria al paro en Bolivia del mes pasado se
destacan el gobernador de Santa Cruz (Bolivia, este), Luis Fernando Camacho, y
el alcalde de La Paz, Iván Arias, ambos aliados de la expresidenta transitoria
Jeanine Áñez (2019-2020).
Camacho encabezó en 2019, como presidente del Comité
Cívico de Santa Cruz, las protestas que culminaron en el golpe de Estado y
relató luego, en declaraciones reproducidas por medios locales, cómo su padre
gestionó el apoyo militar y cómo él mismo acordó con otros dirigentes el
derrocamiento de Evo Morales (2006-2019).
Durante la crisis de 2019, Camacho llamó abiertamente
al derrocamiento de Morales, ingresó al Palacio de Gobierno llevando una Biblia
y tras la caída del indígena socialista logró que algunos de sus colaboradores
se integren al gabinete de la presidenta transitoria Áñez. Sputnik News de
Rusia (https://bit.ly/3rrWaEi)
INTENTOS DE DESESTABILIZACIÓN DE LA DERECHA SE
OBSERVAN EN VARIOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
Sputnik
News de Rusia (https://bit.ly/31mkwEN)
En América Latina pueden apreciarse intenciones de
desequilibrar Gobiernos por parte de fuerzas de derecha, indicó en
declaraciones exclusivas a Sputnik el fundador del Partido de los Trabajadores
Socialistas de Argentina (PTS), Christian Castillo.
"Hay un elemento común, y es que ni bien ven la
posibilidad, los partidos de derecha pasan al ataque para forzar caídas de
Gobiernos que no le son afines", señaló el dirigente de izquierdas.
El referente del Frente de Izquierda de Trabajadores
(FIT), que engloba al PTS, indicó que las fuerzas de derecha tienen varios
modos de generar conflictos en sus respectivos países.
"El golpe de Estado en Honduras contra Manuel
Zelaya (2006-2009), el de Paraguay contra Fernando Lugo (2008-2012), la
destitución de Dilma Rousseff (2011-2016), el encarcelamiento de Luis Inácio
Lula Da Silva (2003-2010) que permitió la presentación de Jair Bolsonaro y
posteriormente el propio golpe en Bolivia contra Evo Morales (2006-2019) son
los elementos más salientes de lo que vivimos en América Latina", enumeró
Castillo.
El referente de izquierdas observó que en algunos
países de la región "la oposición de derecha pierde el Gobierno tiene un
poder de veto importante".
"Por ejemplo el caso peruano, donde han hecho
retroceder al Gobierno de Pedro Castillo en distintas medidas y lo han obligado
a cambios de gabinete", señaló.
Esto forzó al actual presidente peruano a
"derechizar" su programa político y su alianza, "pero sin
embargo, la oposición ha presentado un pedido de vacancia que tiene por
finalidad su propia destitución".
"Que se haya retrocedido en algunos casos, como
la elección de Luis Arce como presidente en Bolivia o la victoria de Xiomara
Castro en Honduras, no deja de mostrar un patrón de conducta de las fuerzas más
de derecha que cada vez vuelven a intentonas de este tipo", resumió.
Bolivia
Castillo coincide con las advertencias del presidente
boliviano Luis Arce en el Grupo de Puebla, quien denunció que en su país hay
una "reagrupación de la derecha" con fines de
"desestabilización" a raíz del paro nacional convocado por sectores
liderados por el Comité Cívico de Santa Cruz (este).
Los grupos opositores aprovecharon así el descontento
social que generó una ley contra el lavado de dinero, al final derogada por el
parlamento, que pretendía ordenar y endurecer el actual ordenamiento legal
contra ese delito.
"La derecha boliviana intentó ampararse en el
descontento que generó el proyecto de ley presentado por el Gobierno del MAS
para volver a tratar de hacer un reagrupamiento en un intento de reeditar, de
alguna forma, el bloque que estuvo detrás del golpe contra Evo Morales",
sostuvo Castillo.
El político argentino consideró que hay un intento de
los sectores de derecha bolivianos de hacer una demostración de fuerza para que
no sea juzgado por su responsabilidad en el golpe de Estado el gobernador de
Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
LA JUSTICIA TARDA, PERO LLEGA
Rebelión
de España (https://bit.ly/3ojoJSf)
La democracia en muchos Estados va ligada al poder
político tradicional, que se ejercita mediante el voto y la elección de
candidatos, los elegidos son legitimados para tomar decisiones y ejecutarlas en
beneficio de toda la población.
Aunque en Bolivia esta característica es importante,
el verdadero poder que fortalece a la propia democracia fluye en las calles y
la toma de las vías públicas, a través de marchas, asambleas, cabildos; que es
así como el verdadero poder se asienta en las masas movilizadas.
Dicho esto es necesario analizar la multitudinaria
Marcha por la Patria y las demandas que planteó a lo largo de su largo
recorrido de 200 kilómetros desde la localidad de Caracollo hacia la ciudad de
La Paz. Esa movilización, además del respeto al 55% de votación que dio como
ganador a Luis Arce Catacora del Movimiento al Socialismo – MAS en las
elecciones presidenciales del 2020, también exigió justicia para las víctimas
del cruento golpe de Estado del 2019, a la cabeza de Jeanine Añez y sus
colaboradores, de los cuales se tiene a unos pocos cumpliendo detenciones
preventivas en centros penitenciarios.
¿Por qué, a dos años del golpe de Estado, existen tan
pocos aprehendidos? La respuesta es clara, por la retardación de justicia; es
por tal situación que la Fiscalía tardó casi un año para emitir una acusación
formal en contra de la señora Añez y sus cómplices. Al parecer la Marcha por la
Patria tuvo su efecto inmediato, una vez más se demuestra que el poder de
movilización social es fundamental para que la justicia cumpla con los tiempos
determinados en la norma, y en este sentido podemos decir que La Justicia
Tarda, Pero Llega. La acusación formal por el caso Golpe se fundamenta en que
se ejecutó una sucesión ilegal a la Presidencia del Estado el 12 de noviembre
de 2019, por la que Añez se autoproclamó Presidenta, sin el tratamiento de las
renuncias de autoridades en el Legislativo; la señora Añez asumió ilegalmente
la Presidencia del Senado, sin que se haya formalizado la renuncia de la Ex
Senadora Adriana Salvatierra, y luego Añez se proclamó Presidenta del Estado,
sin la aceptación por la Asamblea Legislativa Plurinacional de las renuncias
del Ex Presidente, Evo Morales y del Ex Vicepresidente, Álvaro García Linera.
Ahora la pregunta es: ¿Se resolvió la discusión entre
un Juicio Ordinario y un Juicio de Responsabilidades para procesar penalmente
estos hechos delictivos? A mi entender este tema ya fue resuelto, puesto que el
Juicio Ordinario nos ha demostrado que avanza con mayor rapidez, porque se
tiene una acusación formal y la señora Añez cumple detención preventiva en el
Centro Penitenciario para Mujeres de la ciudad de La Paz. En tanto que el
“Juicio de Responsabilidades” se encuentra estancado en la Comisión de Justicia
Plural, Ministerio Público y Defensa del Estado de la Asamblea Legislativa
Plurinacional, a la espera de llegar a los 2/3 que se necesitan para
autorizarlo.
Volviendo a la acusación formal presentada por la
Fiscalía, la misma se respalda por la Sentencia Constitucional Plurinacional N°
52/2021, que en palabras del propio Ministro de Justicia y Transparencia
Institucional: “(…) En el año 2019 en el país [Bolivia] existió un golpe de
Estado, declarando inconstitucional la autoproclamación de la Sra. Añez, por lo
que no existió una sucesión ipso facto, nunca hubo vacío de poder”. Si ya se
tiene una posición del Ministerio cabeza de sector, ¿Cuál es la motivación de
algunas autoridades, para impulsar un Juicio de Responsabilidades en contra de
la señora Añez desde el inicio de su asunción inconstitucional e ilegal,
otorgándole un privilegio que solo es para el Presidente o Vicepresidente que
fueron elegidos constitucionalmente? Me refiero en particular al Viceministro
de Justicia y Derechos Humanos, César Siles, que sale a declarar a la opinión
pública mencionando que: “(…) El proceso penal contra la expresidenta Jeanine
Añez, se encuentra paralizado hasta que el Tribunal Constitucional
Plurinacional se pronuncie sobre la constitucionalidad de los tipos penales
(…)”. ¿Será que el Viceministro no leyó la Sentencia Constitucional N° 52/2021?
En ella se afirma que no hubo sucesión constitucional y menos una proclamación
legal y legítima, siendo que Añez tomó el poder violentamente y la fuerza
desmedida de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas. Esta clase de
contradicciones y ocurrencias de algunas autoridades, deslegitiman al gobierno
de Luis Arce Catacora por la falta de coordinación entre los Ministros y los
Viceministros, afectando la línea política del Gobierno.
Pero lo más desastroso es el pronunciamiento de Edwin
Quispe, Secretario General de la Fiscalía General del Estado, que al referirse
a la Acusación Formal contra Añez, se da la tarea de determinar el tiempo
exacto en el que se podría iniciar un Juicio de Responsabilidades, el cual
según su entender sería desde la imposición de la banda presidencial, que le
fue colocada a Añez por el general Kaliman, hoy acusado y prófugo de la
justicia por el caso Golpe. Aclaro que el hecho de que un militar vestido con
traje de campaña haya colocado una banda presidencial, no le otorga la calidad
constitucional y la legalidad correspondiente a la señora Añez, no la convierte
en Presidenta Constitucional. Me parece que estas declaraciones temerarias de
algunos operadores de justicia no solo contradicen la posición de la acusación
formal de la Fiscalía de Distrito de La Paz, sino que se alinean con la
estrategia de la defensa de la acusada, que viene exigiendo llevar adelante un
Juicio de Responsabilidades, porque saben que a mayor tiempo en celdas, sin las
acusaciones formales de los juicios ordinarios que se le instauró, existe mayor
posibilidad de lograr su libertad.
Es necesario aclarar que un Juicio de
Responsabilidades tarda demasiado, tomando palabras del abogado de las víctimas
de Senkata, Thomas Becker: “(…) los juicios de responsabilidades son largos y
las victimas pueden optar por hacer juicio con los mecanismos internacionales
si hay bloqueos en Bolivia para obtener justicia, por tanto, es importante
avanzar en los juicios [ya instaurados] (…)”. Becker se está refiriendo a los
juicios planteados por denuncias de la ex Diputada Lidia Patty ante la justicia
ordinaria.
Seguramente muchos se preguntarán: ¿Cuál es la mejor
vía para enjuiciar a Añez y por qué no se puede instaurar el Juicio de
Responsabilidades? A tiempo de responder, primero se debe aclarar que en el
ordenamiento penal boliviano existen las dos vías, pero los tiempos son
indispensables para saber desde qué momento del curso de los hechos se podría
iniciar un hipotético Juicio de Responsabilidades contra Añez, y como lo
indiqué en anteriores artículos, el tiempo exacto, que ahora no solo ratifica
la Sentencia Constitucional N° 52/2021, sino también la Acusación Formal
presentada por la Fiscalía de Distrito de La Paz, sería el momento en que se
dieron las aceptaciones de las renuncias formales del Ex Presidente Evo Morales
y del Ex Vicepresidente, Álvaro García Linera, lo que no sucede sino hasta el
21 de enero de 2020, por lo que a partir de ese momento podría correr el Juicio
de Responsabilidades contra la señora Añez, el tiempo anterior corresponde
llevar adelante un Juicio Ordinario. Y es precisamente que en ese tiempo
anterior ocurren las masacres de El Pedregal (11 de noviembre de 2019), Sacaba
(15 de noviembre de 2019) y la de Senkata (19 de noviembre de 2019), por lo que
no sólo la forma ilegal y violenta de su acceso al poder, sino también las
masacres mencionadas, pueden y deben ser juzgadas en la vía ordinaria, no
correspondiendo ningún juicio de privilegio constitucional.
DIPUTADOS DE JXC PIDEN LA REMOCIÓN DEL EMBAJADOR DE
ARGENTINA EN BOLIVIA
El
diplomático Ariel Basteiro participó de la marcha del MAS que era encabezada
por Evo Morales. Los legisladores opositores presentaron un proyecto para su
reemplazo porque consideraron que “no debió inmiscuirse en asuntos internos de
Bolivia”.
Parlamentario
de Argentina (https://bit.ly/3dcxdo2)
Los diputados nacionales de Juntos por el Cambio
Lucila Lehmann, Fernando Iglesias y Marcela Campagnoli, presentaron un proyecto
de resolución solicitando el reemplazo inmediato del embajador de Argentina en
Bolivia, Ariel Basteiro, ya que argumentaron que “no debe expresarse en
cuestiones partidarias de otros países incumpliendo sus deberes como
embajador”.
“Repudiar las expresiones realizadas por el señor
embajador Ariel Basteiro, a cargo de la Embajada de Argentina en la República
de Bolivia en el acto llevado a cabo el jueves 24 de noviembre relativas a
cuestiones y liderazgos partidarios internos de dicho Estado e instar al Poder
Ejecutivo su inmediato reemplazo”, fundamentan en el cuerpo del texto.
En tanto, la legisladora Lehmann sustentó que el Poder
Ejecutivo “ha esgrimido repetidamente el argumento de no inmiscuirse en asuntos
internos de otros países para evitar fijar una posición ante los repetidos
atropellos contra la democracia y los derechos humanos en Venezuela y Nicaragua
que fueron condenados en gran parte del mundo”.
“Si hay algo que no admite lugar a dudas es que un
diplomático (Basteiro) no debe expresarse en cuestiones partidarias de otros
países incumpliendo sus deberes como Embajador, de acuerdo a la Ley del
Servicio Exterior de la Nación, a que intervino en asuntos internos del Estado
Plurinacional de Bolivia”, afirmó en relación a la participación de Basteiro al
reencuentro de la marcha política del MAS para expresar su apoyo en defensa de
la democracia y los valores que llevaron a Evo Morales al Gobierno en 2005.
BOLIVIA AVANZA HACIA UNA NUEVA CONCEPCIÓN DE LAS
AUTONOMÍAS FRENTE AL DESASTRE DEL MODELO DE MORALES Y ARCE
La Gaceta
de España (https://bit.ly/31jtbbc)
Aunque le sea prácticamente imposible, Evo Morales
necesita lavar su imagen y retomar el poder en Bolivia, ya la mejor manera es
hacerlo por medio de una nueva asistencia de la ciudadanía a las urnas, con un
padrón electoral del que se presume que tiene entre un millón y un millón y
medio de votos fantasma en favor de su partido, el Movimiento al Socialismo
(MAS).
Hace unas semanas, Morales planteó ante la derrota de
una de las denominadas “leyes malditas” por la oposición, la Ley N° 1386 de
Ganancias Ilícitas, que se dirima el camino hacia el federalismo frente a una
nueva discusión nacional que ha provocado otra de estas leyes, la Ley N° 1407
del Plan de Desarrollo Económico y Social, que termina con las autonomías en
Bolivia, y sobre la que los principales alcaldes del país se encuentran
asistiendo a una mesa de diálogo instalada por el régimen de Arce Catacora.
Luis Fernando Camacho, gobernador opositor del
departamento de Santa Cruz, aceptó la idea de discutir sobre federalismo,
aunque no se pronunció sobre el plebiscito que propone Morales para que el MAS
concentrar aún más el poder (el que probablemente él buscará retomar luego).
La idea ha dividido nuevamente a la propia oposición,
pues muchos consideran que se trata de un tema que distrae la atención de los
temas verdaderamente importantes, como la defensa de lo que ya se tiene ahora
mismo (que es la asignación de recursos de acuerdo a ley autonómica y en un
entorno de crisis económica generalizada).
Desde luego, lo que Camacho busca es una bandera para
proyectarse como líder nacional en Bolivia. Por eso ha iniciado una campaña
para hablar sobre el federalismo en el resto del país.
El gobernador cruceño ha iniciado su cruzada en el
departamento de Tarija. Fue recibido con agresiones por parte del masismo de
ese departamento, y más tarde se organizaron grupos de choque para impedirle
tomar su vuelo de retorno. Los masistas bloquearon el acceso al aeropuerto
Oriel Lea Plaza “a quienes portaran carnet de identidad expedido en Santa
Cruz”.
Todo esto ilustra la grave crisis estructural por la
que atraviesa Bolivia desde hace ya varios años, pero si no se la empieza a
discutir desde hoy, ¿cuándo entonces?
Ni las autonomías ni el federalismo conducen a la
libertad por sí mismos
Cuando se escucha hablar de autonomías en Bolivia, el
primer modelo de las mismas que viene a la mente es, por ejemplo, el de las
Comunidades Autónomas de la España actual, implementadas hace ya 40 años.
Igualmente, cuando se escucha hablar de federalismo,
la primera interpretación es que se trata de un paso más hacia la independencia
y la secesión. Y cuando se escucha hablar de independencia y secesión, se
piensa también en el separatismo gallego, vasco o catalán, e incluso del pacto
fiscal que se propone frente al modelo implementado en y desde Madrid.
Sin entrar en demasiados detalles al respecto, lo
importante a destacar es la interpretación que pueden tener unos y otros sobre
todos estos términos y conceptos. Por ejemplo, en 2016, con motivo del décimo
aniversario de la declaración del fin de la banda terrorista Euskadi Ta
Askatasuna (ETA, o “País Vasco y Libertad” en euskera), hace unas semanas
volvió a circular un vídeo en redes sociales en el que Arnaldo Otegi, jefe de
Bildu, explicaba sus proyectos a la nueva izquierda española de PSOE-Podemos en
2016:
“(Alfonso Daniel Rodríguez) Castelao era un
federalista convencido, pero llegó a la conclusión -así como han llegado a la
misma conclusión algunos federalistas catalanes- que difícilmente uno puede
construir un Estado federal y federarse con alguien que no quiere federarse
contigo. Calvo Sotelo dijo ‘antes una España roja que una España rota’,
Castelao le contestó -y yo estoy totalmente de acuerdo con él- ‘para que algún
día España sea roja, republicana y laica, esa España tendrá que estar
anteriormente rota’”.
Para darse una idea de lo que significa lo dicho por
Otegi, la banda terrorista ETA -que se proclamaba independentista, socialista y
revolucionaria- tiene 829 víctimas mortales en su haber por toda España.
En otras palabras, el federalismo en sí mismo no es
garantía de nada, bien puede conducir hacia la libertad individual, como bien
puede conducir a gravísimos errores como el del comunismo y sus crímenes. Es
por eso que resulta imprescindible discutir claramente el objetivo que Bolivia
quiere alcanzar, ya sea mediante la profundización de las autonomías o con la
implementación del federalismo.
El fracaso del proceso autonómico en Bolivia
Juan Carlos Urenda Díaz, abogado constitucionalista
cruceño formado en Harvard, que ha trabajado y escrito mucho sobre la materia,
ha dicho recientemente en una entrevista con Maggy Talavera.
Por ejemplo, el Dr. Urenda ha afirmado que “una de las
razones por las que ha fracasado el proceso autonómico es que aquí se da una
autonomía de mentiras. Hay más candados que competencias. La Constitución
boliviana tiene el germen de su propia destrucción autonómica”.
Juan Carlos Urenda también ha sostenido: “Ha habido un
avance muy importante, se eligen gobernadores por voto popular y las asambleas
legislativas tienen facultades normativas, pero no tienen competencias claras
en la Constitución ni recursos. Bolivia es el primer país con autonomías
centralizadas, un oximorón perfecto”.
Además, Urenda agrega que “si bien las autonomías son
parte del camino que es preciso andar para alcanzar el federalismo, primero es
necesario consolidarlas. No se conoce en la historia de la humanidad un Estado
que haya pasado de ser unitario centralizado a federal de la noche a la mañana.
El mejor camino para arribar al federalismo es profundizar el modelo
autonómico”.
Sobre la manera de alcanzar el federalismo, Urenda
sostiene que existen solamente dos caminos: “desde el momento en que se crea un
Estado, o desde el proceso autonómico, pero si se impulsa un tercer proceso
revolucionario, que implica borrón y cuenta nueva, es muy peligroso porque se
puede perder tanto la aspiración federalista como lo poco que hoy existe de
autonomías”.
Probablemente se necesite una reforma parcial de la
constitución para profundizar las competencias que tienen ahora las autonomías
en la Constitución, que son muy pocas. Sin embargo, aunque las autonomías no
hubiesen sido saboteadas como con el régimen del MAS, el objetivo sigue siendo
el federalismo.
Un error de diseño inicial en las autonomías
Hay otro aspecto más por el cual han fracasado las
autonomías y no se está abordando: el hecho de que el Estado en su conjunto, en
todos sus niveles de administración y organización territorial, tanto de
gobierno central como de las autonomías departamentales y municipales, tienen
la misma voracidad fiscal, están diseñadas primero para ir ganando cuantas más atribuciones
y competencias sean posibles sobre la economía conforme pase el tiempo.
Claro que ante el centralismo es preferible seguir el
principio de subsidiariedad, donde la solución debe estar lo más cerca posible
del problema. Sin embargo, si hoy tanto el gobierno central como las autonomías
departamentales tienen problemas de financiamiento, no es porque existe una
redistribución inequitativa de recursos -como afirman los proponentes del pacto
fiscal-, sino porque todos los niveles de administración pública entraron en
una carrera del gasto sin precedentes durante la etapa del auge, y ahora se
niegan a ajustarse en la etapa de ajuste. ¿Quién propone hoy recortar el gasto
tanto del gobierno central como de las autonomías?
“Aquellos que niegan los derechos individuales no
pueden pretender además ser defensores de las minorías”, decía Ayn Rand. Es
decir, el que verdaderamente importa aquí es el ciudadano, el individuo, y no
el Estado, porque, por muy cerca que se encuentre geográficamente del problema
a solucionar, sigue siendo este quien está llamado a solucionarlo.
Es por esto que la búsqueda del pacto fiscal,
entendido como redistribución de los recursos más equitativa, es una nueva
equivocación que también puede truncar lo poco de autonomía que se tiene
actualmente.
Entonces, si lo que se quiere es llevar más recursos a
las regiones para solucionar los problemas de la gente, primero es necesario
reconocer a quién y cómo estos se están quitando primero (ya sea por medio de
impuestos, de la apropiación estatal indebida de rentas por explotación de
recursos naturales, o por el efecto expulsión de emprendedores e inversionistas
privados que genera el exceso de gasto público en cualquiera de sus niveles de
administración).
Un federalismo liberal para Bolivia
Si partimos de la idea de que la riqueza no se trata
de quitarle algo a alguien más (ni de ser solidario con recursos ajenos), sino
de crear abundancia para el mundo, la manera de profundizar las autonomías para
alcanzar el federalismo es girar desde el concepto del pacto fiscal hacia el de
la competencia fiscal.
En este sentido, las aspiraciones del federalismo en
Bolivia no pueden nacer con la idea de que sirve «para cobrar sus propios
impuestos y así generar desarrollo”. Si fuera el caso nacería muerto, porque
presupone que es el Estado el que se hace cargo de su desarrollo mediante gasto
público en primer lugar.
El espíritu de un federalismo de corte liberal, en
cambio, es el de la competencia fiscal entre regiones, para ver quién atrae más
capital privado en función de que sea este quien se haga cargo de la solución
de sus problemas.
El federalismo con espíritu liberal es el que cobra
sus propios impuestos, efectivamente, pero con los incentivos adecuados: cuanto
menor sea la recaudación, mejor. Hasta ahí su aspecto práctico, pero sólo tiene
futuro si se aborda un límite explícito sobre su capacidad de gasto y además de
endeudamiento.
La clave de todo este asunto es discutir sobre cuáles
son las atribuciones y competencias del Estado sobre la economía, sobre quién
se hace cargo de su desarrollo: la iniciativa privada (el mercado), o el
arrogante burócrata que sabe lo que es mejor para los demás (el Estado).
En este sentido, si el federalismo por el que el
Bolivia se termina inclinando es uno del tipo liberal, buscará limitar el
propio poder de los eventuales estados o departamentos federales, apuntando al
primer mecanismo de acumulación de poder, que es la capacidad de gasto y
endeudamiento público que tenga la administración.
Se trata de un debate y trabajo de muy largo aliento,
y que no solucionará los problemas del país que se identifique con este
espíritu, pero tiene que empezar alguna vez, y probablemente la mejor manera de
hacerlo es mediante la construcción de un nuevo partido político fundado con
estos principios fundamentales, lo cual, a su vez, permitirá empezar a
cohesionar las distintas iniciativas opositoras de hoy. Y no mañana, sino desde
hoy, en tiempos donde son cada vez menos los recursos existentes para
redistribuir.
TERTSCH PIDE JUNTO A LA HIJA DE ÁÑEZ LA LIBERTAD PARA
TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS EN LAS NARCODICTADURAS COMUNISTAS
La Gaceta
de España (https://bit.ly/3EmOg2H)
El presidente del ECR-Eurolat y eurodiputado de VOX,
Hermann Tertsch, ha pedido en Barranquilla (Colombia), ciudad que acoge el
Congreso Mundial de Juristas, la libertad de todos los presos políticos en las
narcodictaduras comunistas. Lo ha hecho junto a Carolina Ribera Áñez, hija de
la expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez, encarcelada, torturada y maltratada
por el Gobierno izquierdista de Luis Arce.
Precisamente Áñez fue este año finalista al Premio
Sájarov del Parlamento Europeo en reconocimiento a la lucha por los derechos
humanos por iniciativa del ECR -a propuesta de VOX- para denunciar las
prácticas antidemocráticas que los regímenes de extrema izquierda utilizan
contra las fuerzas de la oposición en la Iberosfera.
La Fiscalía de Bolivia -controlada por el Ejecutivo-
ordenó el pasado mes de noviembre la detención preventiva de la exmandataria
durante otros seis meses en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores y
esta semana anunció que pedirá una condena de diez años de prisión contra ella
por supuestamente haber asumido de forma «autoproclamada» la presidencia, y la
acusó de delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la
Constitución boliviana.
La expresidenta se defendió a través de Twitter y
aseguró que el objetivo es condenarla a cualquier precio. «No les importa la
independencia del Órgano Judicial, el derecho del pueblo a protestar por el
fraude que cometió el MAS, comprobado por la OEA; no les importa haber
instigado a la violencia ni destruir el país».
Así, añadió que el objetivo también es «acallar a su
propio fracaso interno, el engaño a los más humildes, a los pueblos indígenas,
a las autonomías y a las regiones». «Áñez es el chivo expiatorio de un proyecto
totalitario contra Bolivia y la libertad», subrayó.
BOLIVIA CREA NUEVA ENTIDAD PARA OPERAR AEROPUERTOS:
¿QUÉ HAY DETRÁS DE LA MEDIDA?
La Voz de
América de EEUU (https://bit.ly/3IjjYzY)
El gobierno de Luis Arce en Bolivia ha decidido
eliminar a la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la
Navegación Aérea (Aasana). La medida llega después de más de cinco décadas de
existencia del organimo y en medio de un conflicto laboral y una huelga
indefinida.
En su lugar creó una nueva entidad, que fue nombrada
como Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol).
El miércoles, el gobierno puso a los 42 aeropuertos
del país bajo el control de la policía y los militares para garantizar sus
operaciones.
La medida tuvo lugar en medio de denuncias de pagos
atrasados y otras demandas de los empleados de Aasana. A la par, el sindicato
llamó a una huelga.
Los trabajadores de Aasana afirman que nunca
obtuvieron una respuesta positiva del gobierno a sus peticiones.
“Es una situación muy crítica la que los trabajadores
de Aasana estamos pasando (...) por 54 años estamos sirviendo a la población
boliviana y por un decreto han anulado a la empresa para crear una nueva
institución que no entendemos su función”, dijo el dirigente laboral Víctor
Ticona a la Voz de América.
El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño justificó
la decisión diciendo que la huelga ponía en riesgo el transporte aéreo nacional
e internacional.
“Cambiará drásticamente esta nueva empresa que se hará
cargo de la administración de aeropuertos del país”, explicó el ministro el
lunes.
Medios bolivianos como la Razón, afirman el martes que
la medida deja sin empleo a 1.000 empleados. Aunque la Central Obrera Boliviana
se ha mostrado cercana a la administración de Arce y por esa razón ha sido
criticada desde las bases sindicales, su secretario ejecutivo, Juan Carlos
Huarachi, salió en respaldo a los trabajadores perjudicados.
“Lamentamos la actitud (…) del gobierno”, dijo
Huarachi. “Debería consultarnos, porque no podemos aceptar que de la noche a la
mañana por un decreto cambien de razón social y despidan a los trabajadores”.
Para el abogado y analista legal Williams Bascopé, el
gobierno busca suprimir a un sindicato para crear otra empresa bajo el Estatuto
del Funcionario Público, que no permite el sindicalismo.
“Es una medida neoliberal que viene de un gobierno que
dice defender a los trabajadores”, opinó el abogado por Twitter.
Por otro lado, los pasajeros de vuelos nacionales e internacionales
se mostraron sorprendidos ante el inusitado movimiento en los aeropuertos y
aunque el gobierno aseguró que las operaciones serían normales con la ayuda de
un equipo de contingencia, algunos vuelos fueron demorados.
El gobierno también anunció que se destinarán más de
182 millones de bolivianos, un equivalente a 26 millones de dólares, para
cubrir el pago por despido de más de 800 desempleados por la desaparición de
Aasana.
ASISTIERON EN JUJUY A UNA MUJER BOLIVIANA EMBARAZADA
VÍCTIMA DE TRATA DE PERSONAS
Somos
Jujuy de Argentina (https://bit.ly/3EgyyWG)
Una mujer embarazada oriunda de Bolivia que ingresó a
Argentina a través de una red de trata de personas fue asistida por el Consejo
Provincial de la Mujer e Igualdad de Género para que pueda concretar su retorno
al vecino país.
Maximiliano Danert, coordinador de Atención Integral a
Casos de Alto Riesgo y Trata de Personas, explicó a Somos Jujuy el trabajo
realizado. «Había sido traída a Argentina por una red de trata. Mediante el
pedido de colaboración de otra provincia la recibimos y empezamos a
contactarnos con toda la red de trata y tráfico de Bolivia», precisó.
«Tenemos consulados de Bolivia en San Salvador y La
Quiaca, articulamos con los dos y con varias unidades de acción de Bolivia»,
destacó el letrado, haciendo hincapié en que fue posible «restituir derechos».
«Ya vino embarazada. Había sido hace un tiempo rescatada
y estaba en una situación judicial a resolver», indicó en cuanto al tiempo que
permaneció la víctima en el país, descartando que se trate de un hecho
vinculado a la prostitución.
En cuanto al avance del embarazo, Danert indicó que al
momento de asistirla en Jujuy cursaba la semana 33 de gestación, por lo que era
clave, además de los controles epidemiológicos y sanitarios de rigor, preservar
al bebé.
«Ella quería volver a ver a su familia en Bolivia»,
manifestó por último el coordinador de Atención Integral a Casos de Alto Riesgo
y Trata de Personas del Consejo Provincial de la Mujer.
La línea 145 es de atención gratuita para recibir
información, solicitar asistencia y denunciar casos de trata de personas y
funciona las 24 horas.
FELICIDAD IBARRA: “AL GOBIERNO LE GUSTA ENTRAR ‘COMO
JUAN POR SU CASA’ PARA PODER EXTRAER RECURSOS MINEROS O HIDROCARBUROS”
Las pocas
oportunidades educativas y laborales en los territorios indígenas de Bolivia
han provocado la migración de las juventudes hacia las grandes ciudades, ¿qué
sucede, entonces, con su participación en los movimientos por la defensa de las
tierras?
Revista
Mongabay de Indonesia (https://bit.ly/3xP5WRW)
Felicidad Ibarra tiene 30 años y más de diez dedicados
a defender el territorio de la Nación Qhara Qhara a la que pertenece. Ella
nació en la comunidad de Uruchini, del municipio San Lucas, en Bolivia, un
territorio mitad indígena y mitad campesino. Sus recuerdos de infancia están
asociados al aroma de los grandes campos de uva y durazno, un olor que evoca la
contradicción de contar con una fuente estable de ingresos, pero bajo el yugo
de un puñado de patrones que tenían la propiedad de las tierras.
Históricamente, explica Ibarra, las tierras de San
Lucas le pertenecían a tres nacionalidades indígenas originarias: los
Quillakas, Chichas y los Qhara Qhara, pero solo los últimos consiguieron
recuperar su territorio, hoy llamado Payaqullu – San Lucas. Con el paso de los
años, también lograron reconstituir 10 de sus territorios a los que llaman Marka
o Jatun Ayllu, ubicadas entre el departamento de Chuquisaca y Potosí.
“De ese tiempo a aquí, ha cambiado mucho”, asegura la
joven lideresa qhara qhara, “ya la gente se ha quedado con las tierras, cada
uno tiene sus parcelas, familia por familia. Es decir, ya no hay patrones, se
terminó con eso”.
Este capítulo en la vida de la Nación Qhara Qhara fue
la que la llevó a elegir a los 19 años el camino del activismo. Ibarra está
convencida de que quiere ayudar a que su pueblo alcance una verdadera autonomía
y así apoyar la restitución de territorios ancestrales mediante la titulación
de tierras colectivas. Por eso también decidió mudarse a Sucre para estudiar en
la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca: primero Comunicación Social,
luego Administración de empresas y, actualmente, Derecho. Un largo camino de
aprendizaje donde la elección de cada carrera respondía a las necesidades de su
pueblo.
Ibarra es la hija de en medio entre nueve hermanos y
ahora es madre de un pequeñito de seis meses de edad, a quien amamanta
cariñosamente mientras responde a las preguntas de Mongabay Latam. Aunque desde
el año pasado decidió dedicarse un poco más a su familia, no ha dejado de
estudiar ni de ser la actual responsable de la coordinación regional Valles,
una de las cuatro bases lideradas por la Coordinadora Nacional de Defensa de
Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia
(Contiocap).
¿En algún momento se dudó de tus capacidades por ser
joven? ¿Se te negaron espacios de participación en el momento que empezaste en
tu camino como defensora del territorio?
Sí y lo más triste es que, quienes lo hacen, es la
gente que te conoce. Es decir, hay mucha gente que en el camino nos han
conocido y llega un momento en que, por intereses particulares, esa gente
termina del lado del opresor, si vale el término. Son ellos los que te señalan,
indicando que son “oenegistas” o que son esto o lo otro. El desprestigio viene
de la gente que nos ha conocido en el camino, no necesariamente de los mismos
indígenas. Hay gente que se ocupa de hacernos mala fama.
También sucede que uno estudia, pero no hay mucha
valoración a los indígenas de manera general. Al momento de la verdad, cuando
uno busca trabajo y le piden requisitos de por lo menos haber ejercido con tres
años de experiencia, entonces ocurre que hay un montón de gente joven que
inclusive los han captado muchos partidos políticos desde que terminan de
estudiar (…), solamente con la condición de que al año próximo va a conseguir
trabajo. Se ha llegado a ese extremo.
¿Dónde quedan las juventudes en los movimientos
indígenas? ¿Qué lugar están ocupando actualmente en la defensa de sus
territorios?
Sí hay jóvenes aquí cerca, son jóvenes que están
iniciando, jóvenes en el bachillerato o quizás en la secundaria. Ellos son los
que están más cerca de las autoridades apoyando desde sus territorios, desde
sus comunidades. Pero el desafío es mantener la identidad en las futuras
generaciones porque hay mucha migración de parte de los indígenas. No la habría
si se tuviera atención con políticas públicas en favor de los pueblos
indígenas, pero como no existen, los jóvenes tienen que migrar y el problema es
que hay pocos que vuelven. En algunas comunidades solamente hay gente adulta
mayor y eso es muy triste, es muy penoso. Me ha tocado ver de cerca a muchas
comunidades donde más del 72 % de la población es gente de la tercera edad, ya
no hay gente joven e inclusive hay muchas escuelas y unidades educativas que
están desapareciendo porque ya no hay niños. Todo eso es triste, es penoso,
porque afecta a toda la población indígena.
Hay migración por falta de oportunidades, pobreza y
violencias que provocan desplazamientos, ¿cómo dirías tú que se podría volver a
interesar a las juventudes en los territorios? ¿Cómo lograr que regresen, se
acerquen y apoyen?
Han empezado a incrementar los impuestos y eso hace
inestable para uno vivir en la ciudad. Uno no tiene trabajo ahí, hay
inestabilidad económica y eso ha hecho que, necesariamente, se vuelva a sus
lugares. Yo me he dado cuenta de que en estos últimos años la gente ha empezado
a valorar más los territorios. A mí me alegró mucho ver a la gente joven que ha
vuelto. Un Tata de la Nación, nos decía: “Hay veces que las cosas suceden por
algo y una de esas es el tema de la pandemia; no hay que verlo como algo malo,
sino como algo bueno. Hay que sacarle una oportunidad”.
Pero seguro la migración va a continuar y la única
forma de poder mantener a los jóvenes en el lugar de origen, uno, es un
trabajo; dos, mantener y siempre fomentar los principios y los valores desde la
casa, porque no podemos echarle la culpa de eso a ningún gobierno.
¿Qué relación tiene actualmente la Nación Qhara Qhara
con el gobierno de Bolivia?
El actual gobierno de turno ve a la Nación Qhara Qhara
como si fuera parte de la oposición. No es vista como un territorio indígena
simplemente. Esto porque siempre ha sido muy contestataria al gobierno. De
hecho es algo interesante porque, en el año 2007 o 2008, en las propuestas de
la Asamblea Constituyente, la Nación Qhara Qhara ha sido parte del pacto de
unidad que se ha creado y las autoridades han sido partícipes cuando se ha
entregado la propuesta de la nueva Constitución al vicepresidente Álvaro García,
en ese entonces, y obviamente apoyaron al presidente Evo Morales, a inicios de
su gestión.
Pasados dos años, se le empezaron a pedir los cambios
y qué hay de los territorios indígenas. Cuando empezaron a reclamar, cuando
empezaron a hacerle notar los errores que estaba cometiendo, no le gustó.
Empezaron los cambios, tanto de ministros, de personas allegadas al gobierno y
desde entonces la Nación Qhara Qhara para el gobierno es opositora. Pero uno ve
cómo viven en los territorios indígenas, uno ve cómo vive la gente en las
comunidades; los pueblos indígenas han sido muy rezagados. Es como si no
tuvieran ese mismo derecho que la gente que sí es adepta o afín al gobierno,
que sí tienen varios beneficios, que sí les llegan algunos proyectos sociales,
pero los que no, pierden todo eso y no tienen acceso a esos derechos. A la
gente la han logrado dividir, porque si uno lo analiza bien, al Estado no le
conviene que en Bolivia haya varios territorios indígenas consolidados porque
tiene que pedir consulta previa para poder ingresar a esos territorios. Y al
gobierno le gusta entrar “como Juan por su casa” por cualquier lugar de Bolivia
para poder extraer recursos mineros o hidrocarburos, cualquier recurso, y mejor
si son no renovables.
¿Qué momento está atravesando la titulación de tierras
para los pueblos indígenas bolivianos? ¿Cuáles son los conflictos actuales para
lograrlo?
Aquí, con la nueva Constitución, ya no se habla de
pueblos originarios sino de “Naciones y pueblos indígenas originarios
campesinos”. El problema ahí es que se ha insertado ese término como si fuera
uno solo, por eso hay una rivalidad y yo siempre lo digo: no toda la gente que
vive en el campo es indígena originario campesino. ¿Por qué? Porque, por
ejemplo, hay pequeños empresarios que salen de la ciudad, tienen los recursos y
compran grandes extensiones de tierras y se afilian a la comunidad y también
son campesinos, son considerados así. También antes existía un grupo de
personas que se denominaban “Los Sin Tierra” que, generalmente, era la gente
que había salido de las minas y que el gobierno debía apoyarlos con dotarles de
terreno. Lo que hace esa organización es solicitar tierras fiscales al gobierno
para que le dé su dotación gratuita en las tierras de la Amazonía, pero lo que
no han podido ver, de lo que no se ha percatado el gobierno hasta la fecha es
que al querer ingresar de esa forma a esos territorios, lo que ha hecho es
dotarles territorios que eran de los pueblos indígenas de la Amazonía.
No todos los territorios indígenas de la Amazonía han
terminado con su titulación de tierras. Si bien la demanda de titulación de
tierras la ha presentado al Instituto Nacional de Reforma Agraria —que depende
del Viceministerio de Tierras—, ellos pasan una serie de trámites muy
burocráticos que tardan años, tal es el caso de la Marka Quila Quila, de Sucre,
que llevan más de 10 años buscando la titulación de sus tierras. Lo mismo en
muchos otros territorios. Entonces, en ese lapso de espera de llegada de sus
títulos, si bien los territorios son grandes, apenas han logrado titular un
pequeño puntito y todos los demás se los han entregado a los “Interculturales”
o a los empresarios. Todas esas situaciones nos han demostrado que uno tiene
que ser adepto de un partido político afín al gobierno, no importa si es de
izquierda o derecha, tiene que ser así o no tienes derecho ni acceso a nada.
En lo personal, ¿qué te ha dejado luchar por el
territorio y el bienestar colectivo de los pueblos?
Se podría decir que al final luchamos por algo que ya
lucharon nuestros antepasados, nuestros abuelos. Junto a las autoridades
aprendí eso, porque uno no nace sabiendo de dónde ni cómo es nada. En el camino
se aprende y conoce muchas cosas de sus mismas raíces. Ellos no pelean por un
auto, ellos no peleaban por una cancha, no pelean por algún bien material.
Ellos pelean por algo que es mucho más importante y grande: la tierra y el
territorio. Cuando hablamos siempre de la tierra y el territorio, ellos dicen
que la tierra es una parte, una parcela que pertenece a mi familia, pero el
territorio es algo que nos pertenece a la comunidad entera. Entonces, cuando
ellos dicen que nuestra lucha es por el territorio, también están hablando del
ecosistema en general. Todo eso nos demuestra que ellos no tienen esa sed, no
están hambrientos —como las empresas— de simplemente sacarle el jugo a la
Tierra, sino que también tengo que aprender a saber responderle y agradecerle.
La gente indígena para mí no es ambiciosa, pero por supuesto no toda la gente
es igual, también hay mucha gente que ya se ha corrompido. Pero el indígena
como tal es de grandes principios y valores. Para mí esa lucha, todo eso es lo
que me ha motivado más para seguir apoyando.
Tu hijo ahora es parte de una nueva generación, ¿qué
responsabilidades tienen ustedes, como generaciones antecesoras, con las
infancias de la Nación Qhara Qhara para que ellos sean los nuevos defensores
del futuro?
Como las autoridades son enciclopedias andantes, como
yo digo, ellas tienen que enseñar la educación intercultural, tenemos que
enseñar las cosas en casa y hacerles ver las realidades del territorio, de
nuestros orígenes. Y si ellos van a tener ese conocimiento y van a ser
conscientes de su realidad, no van a tener que renegar, si no van a tener que
lidiar y aprender a vivir con ella. La gente se ha victimizado mucho por ser
del campo y por ser pobre y eso es algo que no tiene que ocurrir, al final de
cuentas todos venimos sin nada y sin nada nos vamos. Eso es algo que tenemos
que enseñar a nuestras nuevas generaciones: todo es prestado y tenemos que
aprender a vivir y a buscar las mismas oportunidades. No por haber sido yo una
persona del campo tengo que victimizarme y renegar de lo que fui. Tengo la
oportunidad de seguir adelante, de poder conocer y saber. No puedo decir que
solamente el conocimiento ancestral, la cosmovisión es lo único bueno, no,
tengo que aprender de eso y tengo que aprender de lo otro y convivir con ambas.
Solo la educación nos va a llevar adelante, la del territorio, la de casa y la
de las unidades educativas.
Si los sabios son enciclopedias andantes y tienen
mucho qué enseñar a las juventudes, ¿qué sucede a la inversa?
Algo que me gustó mucho es que las autoridades hayan
empezado a crear una especie de equipos multidisciplinarios en su estructura
orgánica. Al menos eso está ocurriendo en la Nación Qhara Qhara. Me gustó mucho
que hicieran eso porque, como bien mencioné, antes las autoridades eran puros
mayores o gente de más de 30 años, por lo menos. Y ahora los jóvenes están
empezando a ejercer cargos, asumir responsabilidades y, por el tema de la
migración, se han dado cuenta de que es un error no ponerles dentro de las
estructuras orgánicas. Esto se tiene que mezclar, no pueden ser puros jóvenes y
tampoco puros mayores. Los jóvenes estamos para ayudarles técnicamente, interpretar
y dar lecturas, para hacer actas, solicitudes y gestiones ante las
instituciones del Estado. Las autoridades mayores guían. Les hemos hecho darse
cuenta con el tiempo también y yo valoro muchos cambios.
LA DISCRETA NACIONALIZACIÓN DE LA BANCA BOLIVIANA
Nodal
(https://bit.ly/3xR1S3D)
Para comprender con mayor claridad la situación
boliviana, vamos a hacer una entrada teórica al problema. Antes de entrar al
sistema financiero boliviano vamos a comprender primero el tema de los
“derechos de propiedad” para luego ver cómo han sido trastocados estos en el
sistema financiero local.
Como señala Thomas Pikkety en Capital e Ideología, una
de las principales cuestiones para entender el surgimiento del concepto de
propiedad privada en las sociedades capitalistas (“Propietaristas”, en la
terminología del autor) es la dificultad que encontraron dichas sociedades en
determinar la diferencia entre los derechos propietarios y los privilegios
feudales.
Presentes desde el imperio romano –pero nunca
definidos plenamente con relación a los privilegios políticos y los derechos de
sangre– los “derechos de propiedad”, entendidos como las acciones autorizadas
legalmente por la posesión de un bien, representaban el corazón legal del
establecimiento de un orden económico capitalista.
La dificultad se debió al hecho de que la definición
de los “derechos de propiedad” no pudo, ni puede, establecerse desde un plano
axiomático de qué es lo justo, condenando a los burgueses de todas las
sociedades a hacer un collage pragmático y factible entre las situaciones
reales de su sociedad y sus ideales liberales.
Para comprender mejor el problema, parafraseamos el
ejemplo de las “corveas” [1] francesas del autor: Si el trabajo gratuito –un
día o 2 a la semana– para el señor de la tierra por parte de los jornaleros
franceses era visto como una prerrogativa feudal a ser abolida por la
Revolución Francesa, ¿por qué tras la revolución se consideró como un “derecho
natural” de los terratenientes el cobrar a los jornaleros el equivalente a las
mismas jornadas gratuitas –ahora “abolidas”– en dinero?
Ya sean los sistemas de “aprendices” en las
plantaciones estadounidenses tras la guerra civil, o el debate durante la
reforma agraria boliviana respecto a qué parte de las obras en las haciendas
constituía “inversión del propietario” y cuál era resultado del pongueaje de
los trabajadores, la constitución capitalista de los derechos de propiedad en
las sociedades contemporáneas fue una evolución gradual de los sistemas
feudales, esclavistas y/o coloniales que la precedieron [2].
En el caso específico de los sistemas financieros de
los distintos países, la estructura político-legal de sus derechos de propiedad
fue construida sobre el molde del sistema anglosajón de los derechos de
propiedad [3]. Nacido de unas guerras civiles en las que la burguesía luchó
contra el poder del Estado [4], el sistema de derechos de propiedad anglosajón
reduce al mínimo el señorío público para expandir a sus anchas el mundo de la
propiedad privada.
En lo que concierne al sistema financiero, tanto en su
vertiente británica como estadounidense, el sistema iguala la condición legal
de los inversores a los de vendedores de frutas en un mercado y la condición de
los bancos al de supermercados. Así, el sistema garantiza los siguientes
“derechos”. Aquí listamos los más importantes, pero de ninguna manera es
exhaustiva la lista:
1)
“Libertad” de precios; es decir de fijar intereses, comisiones y
cláusulas varias por los préstamos o inversiones incurridas.
2) Derecho
de elección de clientes con los que realizar contratos; es decir, el derecho
legal de discriminar por criterios financieros y/o gerenciales a los clientes
que reciban préstamos y/o inversiones.
3) Derecho
a hacer uso de sus productos para su beneficio empresarial; en Estados Unidos,
es legal que se use los depósitos de los clientes para re-comprar las acciones
del banco o Fondo de Inversiones, subiendo artificialmente el precio de las
acciones.
4) Derecho
a la trasferencia irrestricta de productos y activos; legalmente se puede
vender la deuda de los clientes a otros bancos o fondos de inversión.
La “libertad” de precios del sistema financiero
privado es la razón por la que 3 millones de estadounidenses, como mínimo,
perdieron sus hogares en la crisis de 2008 [5]. La discriminación legal por
parte de la banca llevó a la exclusión racista del crédito bancario a los
afroamericanos [6], excluyéndolos en ghettos [7].
La recompra de acciones ya equivalió en el periodo
2003 a 2012 al 54% de las ganancias de las empresas cotizadas en el índice
S&P 500, llevando a que se tripliquen los sueldos de los gerentes de las
grandes empresas mientras que la inversión en tecnología y la remuneración de
salarios lleva estancada 10 años [8]. La libre transferencia de deudas fue la
causa de la crisis de las hipotecas “sub-prime” de 2008 [9].
Así, vemos que estos “derechos” no son más que
dispositivos legales para el enriquecimiento privado a costa de la desigualdad
social y la destrucción del aparato productivo del país. Como herramienta legal
de la burguesía, encubren dentro del derecho civil y comercial estructuras que
dan privilegios a la banca y a la bolsa que ningún otro sector de la economía
posee.
En las propias sociedades anglosajonas sería inadmisible
triplicar el precio del agua en una zona de desastre natural o prohibir el
acceso de afroamericanos o latinos a una cafetería. Sin embargo, como señalamos
arriba los oficiales de crédito pueden triplicar el interés sobre la hipoteca
de un trabajador que acaba de ser despedido y son libres de negarse a prestar
dinero a afroamericanos.
La única razón por la que estos privilegios de
propiedad del sistema financiero anglosajón se han ido expandiendo es la
homogenización forzada de los sistemas financieros internacionales por parte
del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Es fundamental
recordar que si algo se construyó en Bretton Woods fue un acuerdo financiero,
que daría lugar a la creación del FMI, y sólo después y como corolario a un acuerdo
comercial, en la forma del GATT posterior Organización Mundial del Comercio.
En el caso específico de Bolivia, la implantación
plena del modelo anglosajón de privilegio financiero fue la ley N° 1488 [10] de
1993. Antes de la misma, si bien el sistema financiero boliviano tenía una
estructuración claramente capitalista, estaba sometido a condicionamientos y
regulaciones del nuevo Estado nacido de la revolución de 1952.
Guiados por las experiencias del primer peronismo en
Argentina y el modelo de desarrollo militar-estatal brasileño, las autoridades
del MNR, primero, y militares, después, buscaron controlar el sistema
financiero lo suficiente para que sea un instrumento útil para la
industrialización capitalista.
En esta ley de los noventa, el congreso neoliberal del
momento eliminó todo elemento de control estatal sobre el sistema financiero y
liberó a la voluntad de la banca extranjera las tasas de interés, comisiones y
garantías que se debía establecer en los contratos. Lo que siguió fue el
establecimiento de préstamos con tasas de interés reales –es decir, descontada
la inflación- superiores al 10% y el total de los bienes de los clientes como
garantía de dichos préstamos.
En un país en el que 6 de cada 10 habitantes de la
ciudad –y 9 de cada 10 del campo– no podían acceder a una canasta de alimentos
suficiente, la ley le garantizaba a la banca el derecho de expropiar desde la
casa hasta los muebles, la cocina, las ollas e incluso la ropa de las y los
trabajadores endeudados.
Sin duda el caso boliviano fue uno donde la
consecuencia natural de este sistema se mostró con mayor rapidez: en apenas 7
años de su implementación, la mora bancaria, es decir el porcentaje de
prestatarios de la banca que no podía pagar sus cuotas, había escalado al
récord histórico de 20% [11], llevando al sistema financiero boliviano al borde
del colapso total.
Esta situación de desesperación financiera de amplias
capas de los sectores populares, más un crecimiento del desempleo y la pobreza
urbana debido a la des-industrialización del país durante el período
neoliberal, fue la base material del descontento de las y los trabajadores
precarizados y endeudados de las periferias metropolitanas.
Fue esta la base material para que la organización
popular se acelere y derive en los grandes levantamientos anti-neoliberales de
la Guerra del Agua –año 2000– y la Guerra del Gas –año 2003–. Vale aclarar,
desde ya, que excede por mucho los alcances de este artículo discutir las
condiciones subjetivas de dichas insurrecciones.
Con la caída del último gobierno neoliberal y el
surgimiento del Proceso de Cambio, se abría el camino, largo, de la
construcción de una nueva sociedad. Es así que, entre la gran cantidad de
desigualdades e injusticias que la Asamblea Constituyente debatió, el tema de
la propiedad privada y su relación con los derechos humanos se puede resumir en
el siguiente verso del grupo de rap Ukamau y Ké: “Que nadie escupa sangre para
que otro viva mejor” [12].
De la misma manera que los revolucionarios franceses
del siglo XVIII, la Asamblea Constituyente boliviana de 2006-2008, en un
ejercicio de soberanía, redefinió socialmente los límites de la propiedad
privada a favor de las grandes mayorías. No hay mejor reflejo de eso que el
Artículo 56 de la nueva Constitución de 2009:
“I. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada
individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social.
Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso
que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo…” (Nueva
Constitución Política del Estado, Primera Parte, Título 2, Capítulo Quinto,
Sección IV, Art 56).
En el caso del sistema financiero, el nuevo enfoque
del Estado Plurinacional va a plasmarse en la Ley N° 393 “Ley de Servicios
Financieros” del año 2013 [13]. Sustituyendo el modelo de privilegios
financieros del sistema anglosajón, la nueva ley cambió radicalmente la
estructura del sistema:
1) Se
elimina la “libertad” de precios. Se crea un Régimen de control de Tasas de
Interés bajo control Estatal (Art. 59) que efectivamente prohíbe al sistema
financiero privado fijar tasas a voluntad (Art. 62), así mismo la ley prohíbe
cualquier renegociación del contrato que beneficie a la banca (Art. 86). En la
práctica, se quita de las garras de la gran propiedad definir el acceso a las fuentes
de capital de la sociedad, siendo ahora un elemento de la esfera pública, y por
tanto de la política, la decisión de cómo usar los recursos de la sociedad.
2) Se
establece el control social-nacional sobre los flujos financieros. En
simultáneo al Régimen de Control de Tasas de Interés, se establece los Niveles
de Cartera igual bajo control Estatal (Art. 66), dando a las autoridades la
potestad de poner cuotas de cartera en sectores prioritarios (Art. 67 y 94). Es
decir, la Banca privada no sólo está obligada a ofrecer préstamos a tasas de
interés preferenciales a sectores que la sociedad priorice –actualmente estos
son créditos productivos a micro y pequeñas empresas y préstamos para la compra
o construcción de vivienda social– sino que están obligados a que una cuota de
sus préstamos sean justamente estos préstamos preferenciales, actualmente esta
parte es 50%.
3) Se
restablece la existencia de la banca estatal (Art. 163 y 175), dotándole al
Estado no sólo de la capacidad de regular las prácticas del sistema financiero
privado, sino de competir con el mismo para garantizar el mayor beneficio
social posible.
4) Se
prohíbe a la Banca Privada hacer uso de sus fondos para compra de acciones de
empresas no vinculadas a su misión (Art. 227). Esto efectivamente elimina la
posibilidad de especular en la bolsa con los depósitos de los ahorristas.
5) Se
elimina el despotismo hipotecario del sistema Financiero. Se prohíbe a la Banca
privada re-financiar moras (Art. 227); así mismo las garantías de las hipotecas
son pre-establecidas en el contrato y no pueden ser modificadas posteriormente
(Art. 86). Así mismo, incluso si el bien hipotecado no cubre en su remate toda
la deuda, la diferencia la asume el banco (Art. 82). Sumado a las medidas de
vivienda social establecidas en la Ley N° 850, en Bolivia ninguna familia puede
perder su hogar a manos del banco.
6) Se
prohíbe explícitamente cualquier forma de discriminación a clientes del sector
financiero (Art 74 y 75).
Para los críticos neoliberales, el sistema financiero
actual es la expropiación de la Banca, pero se equivocan. La existencia de la
banca privada y su extracción de ganancias sigue existiendo; pero se ha
limitado los privilegios de la propiedad privada en favor de los derechos
colectivos de la sociedad.
Se ha prohibido la destrucción de hogares y negocios
familiares, garantizando en su lugar viviendas para las familias y
oportunidades de desarrollo a los trabajadores autónomos y de la Economía
Popular. Se eliminó la posibilidad de jugar a la timba financiera con los
depósitos de los ahorristas, en su lugar el Estado garantiza la seguridad del
ahorro de los trabajadores. En una frase, no se ha eliminado la Banca Privada,
sino que se la ha puesto bajo el control colectivo de la sociedad, se la ha
nacionalizado.
Mucha de la estabilidad macroeconómica de Bolivia es
resultado de esta medida, ya adelantadas previamente en la forma de decretos y
resoluciones ministeriales. La bolivianización de la economía, eliminando así
los riesgos de la inflación importada, es posible gracias a las penalizaciones
que se pone en tasas pasivas a la moneda extranjera. La estabilidad cambiaria
ha sido por primera vez lograda al prohibir que la Banca apueste con dólares en
la Bolsa.
Buena parte del crecimiento de la Economía Popular y
la reducción de la pobreza urbana es resultado del acceso al crédito productivo
por parte de millones de trabajadores autónomos y trabajadores precarizados.
Así, la fortaleza del modelo económico boliviano no se encuentra solamente en
el control responsable de las cuentas públicas, sino en la voluntad política
del pueblo organizado, así como del MAS-IPSP, de establecer el control
colectivo sobre los Hidrocarburos, la energía, el litio, las telecomunicaciones
y el Sistema Financiero.
La construcción de un continente post-neoliberal y,
eventualmente, post-capitalista, sólo podrá surgir del aprendizaje colectivo de
nuestras experiencias locales y nacionales de lucha y construcción. Si algo
sirve justamente de ejemplo de la experiencia boliviana es que solo en la radicalidad
del control colectivo y soberano de los sectores clave de la economía se
encuentra el camino para romper las cadenas de dominación y pobreza que han
establecido las oligarquías locales y el imperialismo.
ASP-B PLASMA RUTA PARA REACTIVAR LOS PUERTOS ALTERNOS
DE PERÚ
America
Retail de Perú (https://bit.ly/3lw720d)
La Administración de Servicios Portuarios de Bolivia
(ASP-B) desarrolla un plan de reactivación de puertos alternos por Perú, para
que las mercancías en tránsito tengan un “tratamiento justo y condiciones
adecuadas”, de acuerdo a sus requerimientos.
Lo informó el gerente ejecutivo Dante Justiniano, a
través de un artículo de opinión publicado en su país, en el que también
explicó que para recuperar el sector del comercio exterior boliviano, pese a la
persistencia de la pandemia del COVID-19, hay que generar las mejores
condiciones para los empresarios que mueven carga importadora y exportadora con
el emprendimiento de la política de diversificación de puertos alternativos.
También destacó los acuerdos favorables con descuentos
por el puerto chileno de Arica.
“En ese entendido, Bolivia reactivó e intensificó el
comercio exterior por el puerto peruano de Ilo, que a septiembre de este año se
acrecentó en 207%, en comparación con igual periodo del año pasado. Similar
situación se experimentó por el puerto peruano de Matarani”, señaló.
'98 SEGUNDOS SIN SOMBRA', LA PELÍCULA BOLIVIANA
APLAUDIDA EN FESTIVALES INTERNACIONALES
Sputnik
News de Rusia (https://bit.ly/3rrXdEe)
Sputnik conversó con Juan Pablo Richter, el joven
director del nuevo film boliviano, que entreteje sueños y recuerdos de la
adolescencia en la región oriental. Su guión cautivó a Geraldine Chaplin, quien
también actúa en la película. El realizador contó los detalles de esta
producción.
La película boliviana 98 segundos sin sombra, recién
estrenada, recoge críticas positivas tanto fuera como dentro del país. Se basa
en la novela del mismo nombre, publicada en 2014, de la escritora cruceña
Giovanna Rivero.
"En 2016 me regalaron el libro en La Paz. Me fui
de viaje, lo llevé conmigo y lo leí en el avión. Fue así como amor a primera
lectura, una experiencia muy linda. Ya en la página 10 sabía que iba a hacer
esta película", contó el director Juan Pablo Richter a Sputnik desde
Buenos Aires, Argentina.
Quedó cautivado con Genoveva, su protagonista.
"Es fantástica. Y pasa que veo mucho de ella en mí. Y mucho de mí en ella.
Hubo una conexión superinmediata", explicó. En la película, la
protagonista es interpretada por la actriz cruceña Irán Zeitun.
Genoveva es una adolescente que vive en un pueblo
violento al que llama "Culo del Mundo". La película, una coproducción
boliviana-francesa "es un retrato de su vida y su entorno, contados desde
el poder de su imaginación y de sus sueños", dijo el director.
Nacido en 1982, Richter comentó que al leer la novela
de Rivero "veía muchas cosas de mi adolescencia y de mi personalidad en
Genoveva. Quise transmitir esa forma de pensar y de ver el mundo, creo que eso
fue lo más importante en mi relación con el personaje. No hay cosas
autobiográficas como tal, pero sí hay sensaciones muy similares que me unen a
ella".
¿Cómo se sintió trabajar con Geraldine Chaplin?
El guión de 98 segundos sin sombra llegó a cautivar a
la legendaria actriz estadounidense Geraldine Chaplin —hija del icónico actor
Charles Chaplin—, por lo cual quiso tener un rol en esta cinta, la segunda del
director Juan Pablo Richter.
"Trabajar con Geraldine fue un regalo y una
oportunidad increíble", expresó Richter. Relató que cuando hacían el
casting, sabían que el personaje de Clara Luz —la abuela de Genoveva— sería
"el más desafiante". Primero buscaron una actriz a la medida en
Bolivia. Luego expandieron la búsqueda a Argentina y Brasil.
"Ahí a Paula Gosalvez [productora y directora de
casting] se le ocurrió la idea de contactar a Geraldine Chaplin. Sigue
pareciendo irreal mientras te lo cuento. Nos contactamos con su manager, a
través del coproductor francés. Semanas después ella me responde, me dice que
el guión le encantaba y que quiere estar en la película", recordó Richter.
"¡Qué privilegio más grande! Voy a estar siempre
muy agradecido a la vida por esta oportunidad", sostuvo.
Filmación en pleno golpe
"A nosotros la pandemia [de COVID-19] no nos
perjudicó en términos de rodaje, porque terminamos de filmar tres meses antes
del inicio de la pandemia [en marzo de 2020]. Pero sí filmamos durante
noviembre de 2019, con todos los conflictos sociales en Bolivia. Eso sí se
convirtió en desafío", comentó el director nacido en Trinidad,
departamento de Beni (este).
Actualmente sí les afecta el inicio en Bolivia de la
cuarta ola de la pandemia, porque gran parte del público potencial prefiere
evitar las salas de cine.
"En términos de asistencia a las salas, la
pandemia sí nos afecta. La gente tiene miedo de ir a los cines a ver películas.
Creo que tenemos que adaptarnos, porque las cosas no van a volver hacia atrás.
Hay que empezar a considerar todas las opciones de distribución de una
película", advirtió Richter.
En este sentido, evaluó que "los servicios de
streaming están creciendo mucho. Hay que empezar a considerarlo. ¡Ojo! No es
tan fácil decir: 'Voy directo a streaming. Depende de que el servicio quiera
tener la película. Pero creo que se ha convertido en una opción más que
importante".
Y agregó: "Nunca va a ser lo mismo que ver la
película en la pantalla gigante de una sala de cine, pero tenemos que ser
realistas y saber lo que está pasando. Siento que hay que trabajar en nuevas
formas de distribución. Aparecerán nuevas formas y tendremos que adaptarnos
para eso".
98 segundos sin sombra se financió principalmente a
través del Programa de Intervenciones Urbanas (PIU) en 2019, del Ministerio de
Planificación de Bolivia. La producción estuvo a cargo de la local Pucara Films
y Cine-Sud Promotion, de Francia.
La película se estrenó el pasado 14 de noviembre en el
Black Film Festival, de Estonia. "Fue una experiencia muy linda. El
festival es muy prestigioso, muy grande. El equipo de programación y el
festival como tal estaban muy enamorados de la película. Nos han tratado muy
bien, le han dado cuatro screening, en las mejores salas", comentó
Richter.
"El gran desafío era conectar con un público
totalmente distinto, con bagajes culturales totalmente distintos. Ver que la
película tiene universalidad y conecta con todos ellos ha sido alucinante. La
gente salió contenta del cine, se acercaba a mí, conversaba de sus
experiencias", contó el director.
Este 2 de diciembre se estrenó en el REC - Festival
Internacional de Cine de Tarragona, España. "Tenemos invitaciones para más
festivales, pero son para el próximo año", dijo Richter. También hoy
comienza la segunda semana de proyección en salas de Bolivia, "lo que cual
me pone muy contento. La recepción está siendo muy linda y estoy agradecido por
eso".
El estado del cine boliviano
"Creo que es un momento contradictorio, porque en
Bolivia hay cada vez mejores películas, mejores cineastas. La calidad de
nuestro cine crece de manera increíble. Pero, al mismo tiempo, creo que el cine
boliviano nunca había estado tan abandonado", consideró Richter.
Quienes hacen cine "siempre hemos estado
abandonados. Siempre la lucha ha sido cuesta arriba. Pero creo que ahora no se
encuentran vías de diálogo y de concertación". Para el realizador,
"se necesita un soporte estatal. No quiero decir que solo vivan del Estado
las películas, para nada. Pero sí necesitas un punto de partida, un
apoyo".
Richter decidió estudiar cine a los 16 años. A los 17
entró a la universidad y se recibió de Comunicación Social en tres años. A
partir de entonces comenzó un largo proceso de formación en Estados Unidos, en
Argentina y varios países.
"Siempre he sido una persona que me ha gustado
contar cosas, desde chiquito. A diferencia de muchos cineastas, nunca tuve
cámara de niño. Pero siempre he tenido una obsesión amorosa, digamos, por
contar cosas", explicó el cineasta.
De niño le gustaban las películas de terror. Luego
llegó a Stanley Kubrick, "mi director favorito, mi ídolo. Después de ver
La naranja mecánica, El resplandor y 2001, Odisea en el espacio sabía que quería
hacer esto: contar historias".
Richter también está comprometido con la formación de
nuevas y nuevos cineastas. "Me interesa mucho la formación de guionistas.
Me parece fundamental. Por eso en 2018, con mi colega Alejandro Loayza, creamos
el taller de guión Islab".
Este taller selecciona a seis guionistas de Bolivia
"y vamos a la Isla del Sol [en el lago Titicaca] por cuatro días. Allá
reciben asesorías individualizadas, clases magistrales, pero sobre todo tienen
tiempo para sentarse y escribir, empezar a darle forma a sus historias. La Isla
del Sol es perfecta para todo eso".
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