ARGENTINA, BOLIVIA Y CHILE NECESITAN UN BOOM DEL LITIO RESPONSABLE

En Perú, los inversionistas chinos han estado activos en el sector minero desde 1992. Sin embargo, su capacidad institucional gubernamental se ha construido de manera reactiva en paralelo con el aumento de la inversión china en el sector a mediados de la década de 2000. Aunque Perú firmó Convención Internacional de 1989 Para garantizar que los pueblos indígenas tengan derecho a una «consulta previa» sobre posibles proyectos que afecten al medio ambiente del que dependen, dos de las inversiones mineras más grandes de China en el país se han enfrentado a disputas de larga data con los residentes locales, en parte porque Falta de transparencia e inclusión en el proceso de toma de decisiones.
En 2007, Zijin compró la mina de cobre Río Blanco en el distrito norte de Piura, pero el proyecto aún está sin desarrollar después de unos 15 años, debido a Fuerte oposición y protestas de las comunidades agrícolas locales. Consorcio liderado por Minerals and Metals Group (MMG), de mayoría china Ella compró Las Bambas en Apurimac, sur de Perú, en 2014 con más de 7 mil millones de dólares. Si bien la mina se encuentra entre las minas de cobre más productivas de Perú, las comunidades locales continúan haciéndolo. preocupante en temas sociales y ambientales.
Un desafío para los ministerios jóvenes
El Ministerio de Medio Ambiente de Perú fue creado en 2008, en medio del auge de la inversión minera en China después de la compra de Río Blanco en 2007. Este fortalecimiento institucional reactivo ha limitado su capacidad para desarrollar y hacer cumplir políticas de consulta previa o mitigación del daño ambiental.
Al igual que Perú, los ministerios de medio ambiente de la LTC también son jóvenes, con Bolivia desde 2009, Chile hasta 2010 y Argentina hasta 2015. En esta próxima ola de inversiones en litio, enfrentarán muchos desafíos similares, como lo hizo Perú con el cobre. Sin embargo, el inicio temprano de unos años, combinado con fuertes regulaciones internacionales de protección ambiental, le da a las empresas a largo plazo una ventaja sobre Perú. Pero deben implementar con éxito reformas clave para la transparencia, la participación y la rendición de cuentas.
En segundo lugar, los países latinoamericanos deben cumplir con sus obligaciones bajo Acuerdo de Escazú. Firmado en 2018 por 24 países de América Latina y el Caribe, este nuevo tratado internacional garantiza los derechos nacionales a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales, la justicia ambiental y un medio ambiente saludable y sostenible para las generaciones actuales y futuras. Los componentes clave del acuerdo requieren que los países vayan más allá del estándar de consulta previa, involucren a las partes interesadas en las primeras etapas del proceso y les brinden una mayor agencia para dar forma a los resultados.
Si bien Argentina y Bolivia han ratificado plenamente el acuerdo, Chile aún no lo ha firmado y Perú sigue siendo el único signatario. El acuerdo entró en vigor en abril de 2021, por lo que sus efectos aún no son del todo visibles. Pero hasta que Chile y Perú ratifiquen el acuerdo, las comunidades locales e indígenas en Argentina y Bolivia tendrán derechos legales más amplios a la información, participación y justicia ambiental que grupos similares en Chile y Perú.
Finalmente, China debe perseguirlo nuevos compromisos Honrar las protecciones para las partes interesadas en sus proyectos de financiamiento de desarrollo e inversión extranjera, especialmente los pueblos indígenas y otras poblaciones vulnerables. La convivencia exitosa con las comunidades locales que también dependen del agua subterránea del área requerirá la inclusión de esas comunidades en la planificación del proyecto y la gestión del agua, así como los beneficios económicos de las inversiones en litio.
China ha asegurado a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional que implementará nuevos marcos de debida diligencia tanto en protección ambiental como social, especialmente para sus empresas que operan en áreas propensas a conflictos. Los gobiernos de LTC serán en última instancia responsables de responsabilizar a los inversores chinos por estas promesas, pero el interés internacional podría ser un incentivo importante para cumplir.
Si el proceso se gestiona correctamente, los bloques estarán listos para que todas las partes interesadas en la minería de litio LTC se beneficien del auge que se avecina. Las comunidades locales, especialmente los grupos históricamente excluidos como los pueblos indígenas, tendrán más acceso y participación en los procesos de toma de decisiones del gobierno. Una mayor transparencia y responsabilidad también puede ayudar a prevenir daños ambientales significativos y cualquier conflicto asociado en las áreas circundantes. También es probable que los gobiernos de LTC y los inversores chinos se beneficien financieramente de resultados más sostenibles y pacíficos.
En última instancia, la realización de estos beneficios requerirá la entrega seria de compromisos amplios de transparencia, inclusión y rendición de cuentas por parte de todas las partes. El San Miguelino de Argentina (https://bit.ly/3E8gjTg)
 
 
 
 
 
DINI ALERTA DE INFLUENCIA DE EVO MORALES EN EL PERÚ
 
Según el medio boliviano Página Siete, un informe de la Dirección Nacional de Inteligencia de Perú advierte que esa presencia incrementará la acción de grupos extremistas.
 
Revista Caretas de Perú (https://bit.ly/3lrOWMN)
 
Hasta la DINI, que se encuentra en medio de un gran desorden de organización y nombramientos, y donde el Gobierno puso al frente al policía retirado José Luis Fernández Latorre, alerta de la actual influencia del expresidente boliviano Evo Morales en la política peruana.
Según el medio boliviano Página Siete, un informe de la Dirección Nacional de Inteligencia de Perú advierte que esa presencia incrementará la acción de grupos extremistas. Durante este 2021, el relacionamiento de militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) con actores peruanos se ha visto visiblemente reforzado.
“La cada vez mayor presencia e influencia de Evo Morales Ayma en Perú abrirá espacios hacia una mayor politización de sectores extremistas sobre temas sensibles como el cambio de Constitución Política y la despenalización de la hoja de coca”, advierte el documento firmado por el propio Fernández Latorre.
En esa línea, detalla que ex autoridades del gobierno de Morales participaron en eventos en el Perú para promover la legalización de la hoja de coca, la reforma de la Constitución y la expulsión de la DEA.
“El 10 de agosto ingresó al país por Desaguadero una delegación del partido político boliviano MAS para participar en el Foro Sindical de la Federación Nacional de Trabajadores de Educación del Perú”, añade el documento.
Entre ellos figuran el exgerente de la empresa estatal Mi Teleférico César Dockweiler, el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Óscar Barriga, el exministro Fernando Huanacuni y el exviceministro Félix Cárdenas.
Se detalla que en agosto, septiembre y octubre se incrementó la presencia de integrantes del MAS en Perú. Se contabilizan nueve eventos para promover el modelo de gobierno aplicado por el MAS, a los que asistieron Félix Cárdenas, los dirigentes nortepotosinos Sebastián Felipe y Delia Chile, y el exviceministro de Coca Dionisio Núñez.
Según la DINI, Cárdenas comenzó a operar en territorio peruano desde que fue posesionado en 2010, con discursos que “criticaban las costumbres y leyes que sustentan el modelo económico-político-social e incluso la democracia (consideradas colonialistas) opuestas al modelo bolivariano que propugna”.
Entre 2012 y 2015 se detectó el ingreso a territorio peruano de la actual ministra de Culturas, Sabina Orellana.
Consultada por el medio boliviano, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luciana Campero lamentó que el presidente peruano Pedro Castillo se deje influenciar para implementar lo que considera el “modelo totalitario” que Morales pretende exportar a Perú.
“Castillo quiere cambiar la Constitución en Perú seguramente para perpetuarse en el poder, para darse las artimañas de Evo Morales en Bolivia e implementar un modelo totalitario y dictatorial del MAS. Se nota la intención de Morales en tener presencia en Perú”, declaró.
Campero reveló que está en contacto permanente con congresistas peruanos para seguir las acciones de “injerencia” de Morales.
 
 
 
 
 
BOLIVIA: CINCO HIPÓTESIS POLÍTICAS SOBRE LA MARCHA POR LA DEMOCRACIA
 
El País de España (https://bit.ly/3lqSGxT)
 
La marcha que concluyó el 29 de noviembre en la plaza San Francisco (La Paz), que había comenzado en Caracollo (Cochabamba) el 22, resultó un hito político que sorprendió a propios y ajenos por su carácter multitudinario. No sería exagerado decir que es la mayor movilización popular que ha visto Bolivia desde que el Movimiento al Socialismo (MAS) ganó la Presidencia, por enero de 2006. A casi 16 años desde entonces, y de los 22 que pasaron desde la marcha “Por el Territorio y la Dignidad”, los pueblos en la calle han vuelto a hablar con contundencia. Al respecto algunas reflexiones:
Contundencia popular frente al golpismo. Los últimos acontecimientos desestabilizadores con epicentro en Santa Cruz, como los paros arengados por el gobernador Camacho y su brazo armado ‒el Comité Cívico Pro Santa Cruz y la Resistencia Juvenil Cochala‒ en contra de dos leyes económicas, parecieron ser un parteaguas en las perspectivas de la gestión de Luis Arce. La escalada continuó con el planteo de Camacho (con poco eco en otras latitudes bolivianas conducidas por opositores) de la federalización del sistema político del país. Todo indicaba la inauguración de una etapa inusualmente convulsa para un presidente electo hace poco más de un año: el Gobierno hubo de retirar y abrogar las leyes en disputa, la economía cruceña (de los pequeños) y la vacunación se detuvieron por unos días, y ya parecía que Arce iría a gobernar a la defensiva hasta que culminara su mandato, si es que lo dejaban. El mes pasado, como reveló la última encuesta de CELAG, el 57 % de los bolivianos pensaba que podría producirse un golpe de Estado en un futuro cercano. Sin embargo, la poderosa marcha “del millón” que concluyó en La Paz, gritó colectivamente que el golpismo no va a pasar; que la democracia que se recuperó en las urnas se respeta. Otra demanda concordante con la primera, y ésta sí fue hacia los responsables políticos, fue la de justicia y reparación a las víctimas del golpe de Estado.
Unidad. La marcha, encabezada desde el inicio por Evo Morales, pero secundada de cerca por Arce y David Choquehuanca, también mostró que las normales diferencias dentro de una gestión de Gobierno, no cuentan cuando las amenazas de desestabilización y golpe se tornan reales. Todos los mensajes fueron inequívocamente en la misma dirección, incluyendo los de los cientos de organizaciones sociales, indígenas y campesinas.
Plurinacional-popular. El componente social de la marcha dijo mucho. A pesar de las diatribas mediáticas que avizoraban la pérdida de apoyo popular al Gobierno, la “muerte política” de Evo Morales y una supuesta desastrosa gestión económica que empobrecía a la gente, mientras los líderes hablaban en el palco, la fila de gente llegaba hasta El Alto, a unos 10 kilómetros de ahí. Y no era sólo el MAS, no eran solamente funcionarios del Gobierno enviados a “hacer bulto”, como la oposición quiso instalar: mujeres, hombres, jóvenes y adultos mayores, campesinos, indígenas, comerciantes, productores; muchos organizados, otros no, pero todos estaban allí, sabiendo que volvían a hacer historia. Historia, porque lo vivido en los últimos años enseñó que la calle no se cede, no se abandona; porque la calle vaciada en una sociedad polarizada es igual al avance de los procesos antipopulares y reaccionarios, como se pudo constatar en 2019.
Liderazgos. El Gobierno consiguió un respaldo explícito que posiblemente no esperaba. A pesar de los excelentes indicadores de recuperación económica y protección sanitaria, empezaba a predominar cierto clima de desconcierto respecto del rumbo, de lo acertado o no de las medidas tomadas, de una supuesta “lentitud” en la toma de decisiones, de una inadecuada comunicación, o de la idoneidad de parte del g La marcha demostró que buena parte del 55 % que apoyó en 2019 respalda a Arce y a Evo. Cada uno de ellos tiene hoy un rol muy diferente al que ejercieron hace unos años, y esta marcha ha demostrado que cada quien ocupa un rol político distinto, pero complementario.
El desafío. Es una incógnita si este apoyo popular en la calle tendrá una lectura que vaya más allá de la defensa de la democracia y del proceso político popular en curso. En cuanto a la evaluación de la gestión, ¿fue sólo una defensa del modelo económico en curso o es, también, una señal de que hay respaldo para medidas más audaces? Como bien afirma Álvaro García Linera, el “nuevo progresismo” tiene como característica, entre otras, la de estar encabezado por “liderazgos administrativos” de las instituciones del Estado en favor del campo popular. Quizás, en el caso boliviano, se hayan abierto las puertas para pensar en la aplicación de un nuevo programa de reformas de segunda generación.
 
 
 
 
 
"EL NEOLIBERALISMO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO ES CLASISTA, COLONIAL Y RACISTA"
 
El Periódico de España (https://bit.ly/3xDOrnG)
 
Pregunta.- El filósofo Paul B. Preciado le atribuye a usted la invención del feminismo del siglo XXI.
Respuesta.- Creo que, en Feminismo bastardo, Paul hace un prólogo muy afectuoso. Yo no me atribuiría ese lugar. Pero sí soy consciente de que el libro es un instrumento para el planteamiento de discusiones teóricas y profundas, no solo alrededor de los feminismos, sino de las luchas sociales-
P.- Conforme va conquistando espacios, surgen muchas reacciones en contra del feminismo como algo monolítico. ¿Es mejor hablar de feminismos en plural?
R.- A lo largo de todo el libro yo parto de esa premisa. En mi práctica política no se puede reducir al feminismo a uno, no hay un solo feminismo. Pero la formulación de conquista en sí misma no me gusta, prefiero hablar en términos de soberanía.
P.- ¿Qué es el feminismo bastardo?
R.- Es inventar un espacio político que ya existe pero que no tiene nombre, que es el lugar del intersticio, de lo ilegítimo, de la no pertenencia y de la desobediencia a todas las micro y macro tiranías identitarias. Lo bastardo es un lugar político de gran alcance, porque tiene muchos pliegues de interpelación al mismo tiempo.
¿Y el feminismo intuitivo?
R.- Muchas veces no se llama a sí mismo feminismo, ya que no deviene de la instrucción académica. A mí me parece muy importante porque no es elitario, puesto que no es un bloque de ideas que aprendes en un aula, sino de decisiones soberanas que vas tomando en base a una lectura de la sociedad y a una toma de posición. En el caso de la sociedad boliviana, es el feminismo más potente y masivo, el que está colapsando los departamentos de justicia para decir que el Estado es incapaz de producir justicia.
P.- Tres ideas sobre las que pivota su libro son despatriarcalización, descolonización y capitalismo. ¿Qué relación guardan entre sí?
R.- Son indisolubles, tres estructuras de poder que cuelgan la una de la otra, o que parecen una misma estructura con tres componentes. Es imposible luchar contra estructuras patriarcales sin entender que estas son además coloniales y capitalistas. Y lo mismo pasa si quieres luchar contra estructuras capitalistas. Es casi un absurdo no identificar el carácter patriarcal y colonial de las mismas. Y no solo afecta a las mujeres bolivianas, es un orden global que afecta a absolutamente todo.
P.- ¿La propia concepción del feminismo dominante en Europa es colonialista?
R.- No sé ni siquiera si Europa existe o si podemos hablar de un feminismo dominante. Pero sí que hay un neoliberalismo con perspectiva de género al que yo llamo tecnocracia de género. Esta estructura de poder de los organismos internacionales y estatales ha sido asumida como guion en muchos medios de comunicación, y es clasista, colonial y racista. Está anclada en la lógica de lucha por derechos, de una generalidad casi absurda en el siglo XXI, como si hubiera una especie de demanda de igualdad hombre mujer, sin tomarse jamás la molestia de aclarar de qué hombre y de qué mujer estamos hablando.
P.- ¿Este feminismo se olvida de las mujeres del sur?
R.- Toda mujer reconocida como europea en esta parte del mundo está sentada sobre el trabajo de las mujeres del sur exiliadas del neoliberalismo, que aportan su trabajo en condiciones precarias. No se puede analizar la situación de las mujeres en España supuestamente emancipadas sin tener en cuenta las bolsas de ocupación de esas mujeres del sur mal pagadas, que con su trabajo de cuidados posibilitan que las chicas que estén en las universidades o en otros trabajos, y no interpelando las estructuras patriarcales coloniales.
P.- ¿Tiene que ver con su rechazo a los símbolos coloniales el recibimiento que Mujeres Creando le preparó al rey Felipe VI cuando asistió hace un año a la toma de posesión del presidente Luis Arce?
R.- Yo no sé cómo España no ha logrado disolver la monarquía, cuando muchas otras sociedades en Europa lo han hecho. El rey es una figura anacrónica, un gran absurdo. Nosotras le preparamos dos recibimientos. Rodearon con tela una estatua de Colón en el centro de La Paz para que nadie la afectara delante de él, pero la grafiteamos con la frase «las mujeres, ante el rey, de rodillas, jamás», porque el presidente del Senado, un joven indígena del Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales, se inclinó casi de rodillas ante el rey. Este se alojó en una plaza con una estatua dedicada a Isabel la Católica, que deconstruimos vistiéndola como las indígenas bolivianas. Una horda de hispanistas destruyó nuestro trabajo, pero le habíamos pintado la cara de rojo, y los trabajadores de la limpieza nos dijeron que habían informado a sus patrones de que la pintura no salía porque no querían cumplir sus órdenes, aunque no era cierto. Fue algo muy lindo. El actual embajador de España en Bolivia me dijo que le pareció fabuloso.
P.- ¿Quiénes son Mujeres Creando?
Es un movimiento heterogéneo que cumplirá 30 años en el 2022. «Indias, putas y lesbianas juntas, revueltas y hermanadas» es una metáfora para describir nuestra capacidad de funcionar desde las alianzas insólitas y prohibidas, que son las únicas subversivas. Y no solo hablamos de feminismo, sino que lo concretamos en prácticas útiles para la sociedad. Por eso nos hemos ganado mucho amor en la sociedad boliviana. Si no, nadie entendería que sigamos vivas 30 años después.
R.- Su programa de radio le ha hecho muy popular. ¿Le ha traído problemas?
Radio Deseo está autogestionada por Mujeres Creando casi sin dinero, pero llegamos a un público masivo. Todo colectivo que lo ha pedido ha tenido un espacio de máxima audiencia. He entrevistado a todo el país. El único personaje que se ha negado es Evo Morales, pero hemos sido el único medio que ha reconstruido paso a paso su derrocamiento, y hemos logrado destapar muchas cosas en pleno gobierno fascista. Por eso soy objeto de campañas de odio, y una de las mujeres más insultadas de Bolivia. Vivo en aislamiento social obligatorio desde hace 30 años porque pago lo que hago con mi vida. Pero le hemos hecho encerronas al poder una y mil veces, y se las vamos a seguir haciendo. Así que puedo asegurar que no soy una víctima sacrificial. No sabe cuánto me divierto.
 
 
 
 
 
LA SEGUNDA OLEADA PROGRESISTA LATINOAMERICANA – POR ÁLVARO GARCÍA LINERA
 
Nodal (https://bit.ly/3lmlt6Y)
 
El mundo está atravesando una transición política-económica estructural. El viejo consenso globalista de libre mercado, austeridad fiscal y privatización que encandiló a la sociedad mundial durante 30 años, hoy se ve cansado y carece de optimismo ante el porvenir. La crisis económica de 2008, el largo estancamiento desde entonces, pero principalmente el lockdown de 2020 han erosionado el monopolio del horizonte predictivo colectivo que legitimó el neoliberalismo mundial.
Hoy, otras narrativas políticas reclaman la expectativa social: flexibilización cuantitativa para emitir billetes sin límite; Green New Deal, proteccionismo para relanzar el empleo nacional, Estado fuerte, mayor déficit fiscal, más impuestos a las grandes fortunas, etc., son las nuevas ideas-fuerza que cada vez son más mencionadas por políticos, académicos, líderes sociales y la prensa del mundo entero. Se desvanecen las viejas certidumbres imaginadas que organizaron el mundo desde 1980, aunque tampoco hay nuevas que reclamen con éxito duradero el monopolio de la esperanza de futuro. Y mientras tanto, en esta irresolución de imaginar un mañana más allá de la catástrofe, la experiencia subjetiva de un tiempo suspendido carente de destino satisfactorio agobia el espíritu social.
América Latina se adelantó a estas búsquedas mundiales hace más de una década. Los cambios sociales y gubernamentales en Brasil, Venezuela, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, dieron cuerpo a esta primera oleada de gobiernos progresistas y de izquierda que se plantearon salir del neoliberalismo. Más allá de ciertas limitaciones y contradicciones, el progresismo latinoamericano apostó a unas reformas de primera generación que logró tasas de crecimiento económico entre 3 y 5 por ciento, superiores a las registradas en tiempos anteriores. Paralelamente, se redistribuyó de manera vigorosa la riqueza, lo que permitió sacar de la pobreza a 70 millones de latinoamericanos y de la extrema pobreza a 10 millones. La desigualdad cayó de 0.54 a 0.48, en la escala de Gini y se aplicó un incremento sostenido del salario y de los derechos sociales de los sectores más vulnerables de la población que inclinó la balanza del poder social en favor del trabajo. Algunos países procedieron a ampliar los bienes comunes de la sociedad mediante la nacionalización de sectores estratégicos de la economía y, como en el caso de Bolivia, se dio paso a la descolonización más radical de la historia, al lograr que los sectores indígena-populares se constituyan en el bloque de dirección del poder estatal.
Esta primera oleada progresista que amplió la democracia con la irrupción de lo popular en la toma de decisiones, se sostuvo sobre un flujo de grandes movilizaciones sociales, descrédito generalizado de las políticas neoliberales, emergencia de liderazgos carismáticos portadores de una mirada audaz del futuro y un estado de estupor de las viejas élites gobernantes.
La segunda oleada progresista
La primera oleada del progresismo latinoamericano comenzó a perder fuerza a mediados de la segunda década del siglo XXI, en gran parte, por cumplimiento de las reformas de primera generación aplicadas.
El progresismo cambió la tasa de participación del excedente económico en favor de las clases laboriosas y el Estado, pero no la estructura productiva de la economía. Esto inicialmente le permitió transformar la estructura social de los países mediante la notable ampliación de las clases medias, ahora con mayoritaria presencia de familias provenientes de sectores populares e indígenas. Pero la masificación de ingresos medios, la extendida profesionalización de primera generación, el acceso a servicios básicos y vivienda propia, etc., modificó no sólo las formas organizativas y comunicaciones de una parte del bloque popular, sino también su subjetividad aspiracional. Incorporar estas nuevas demandas y darle sostenibilidad económica en el marco programático de mayor igualdad social, requería modificar el modo de acumulación económica y las fuentes tributarias de retención estatal del excedente.
La incomprensión en el progresismo de su propia obra y la tardanza en plantarse los nuevos ejes de articulación entre el trabajo, el Estado y el capital, dieron paso desde 2015 a un regreso parcial del ya enmohecido programa neoliberal. Pero, inevitablemente, este tampoco duró mucho. No había novedad ni expansivo optimismo en la creencia religiosa en el mercado, sólo un revanchismo enfurecido de un libre mercado crepuscular que desempolvaba lo realizado en los años 90 del siglo XX: volver a privatizar, a desregular el salario y concentrar la riqueza.
Ello dio pie a la segunda oleada progresista que desde 2019 viene acumulando victorias electorales en México, Argentina, Bolivia, Perú y extraordinarias revueltas sociales en Chile y Colombia. Esto enmudeció esa suerte de teleología especulativa sobre el fin del ciclo progresista. La presencia popular en la historia no se mueve por ciclos, sino por oleadas. Pero claro, la segunda oleada no es la repetición de la primera. Sus características son distintas y su duración también.
En primer lugar, estas nuevas victorias electorales no son fruto de grandes movilizaciones sociales catárticas que por su sola presencia habilitan un espacio cultural creativo y expansivo de expectativas transformadoras sobre las que puede navegar el decisionismo gubernamental. El nuevo progresismo resulta de una concurrencia electoral de defensa de derechos agraviados o conculcados por el neoliberalismo enfurecido, no de una voluntad colectiva de ampliarlos, por ahora. Es lo nacional-popular en su fase pasiva o descendente.
Es como si ahora los sectores populares depositaran en las iniciativas de gobierno el alcance de sus prerrogativas y dejaran, de momento, la acción colectiva como el gran constructor de reformas. Ciertamente, el gran encierro mundial de 2020 ha limitado las movilizaciones, pero curiosamente no para las fuerzas conservadoras o sectores populares allí donde no hay gobiernos progresistas, como Colombia, Chile y Brasil.
Una segunda característica del nuevo progresismo es que llega al gobierno encabezado por liderazgos administrativos que se han propuesto gestionar de mejor forma en favor de los sectores populares, las vigentes instituciones del Estado o aquellas heredadas de la primera oleada; por tanto, no vienen a crear unas nuevas. Dicho de otra manera, no son liderazgos carismáticos, como en el primer progresismo que fue dirigido por presidentes que fomentaron una relación efervescente, emotiva con sus electores y disruptivas con el viejo orden. Sin embargo, la ausencia de relación carismática de los nuevos líderes no es un defecto sino una cualidad del actual tiempo progresista, pues fue por esa virtud que fueron elegidos por sus agrupaciones políticas para postularse al gobierno y, también, por lo que lograron obtener la victoria electoral. En términos weberianos, es la manera específica en que se rutiniza el carisma, aunque la contraparte de ello será que ya no puedan monopolizar la representación de lo nacional-popular.
En tercer lugar, el nuevo progresismo forma ya parte del sistema de partidos de gobierno, en cuyo interior lucha por ser dirigente. Por tanto, no busca desplazar el viejo sistema político y construir uno nuevo como en la primera época, lo que entonces le permitió objetivamente enarbolar las banderas del cambio y de la transgresión por exterioridad al sistema tradicional. Lo que ahora se proponen es estabilizarlo preservando su predominancia, lo que los lleva a una práctica moderada y agonista de la política.
En cuarto lugar, la nueva oleada progresista tiene al frente a unos opositores políticos cada vez más escorados hacia la extrema derecha. Las derechas políticas han superado la derrota moral y política de la primera oleada progresista y, aprendiendo de sus errores, ocupan las calles, las redes y levantan banderas de cambio.
Han cobrado fuerza social mediante implosiones discursivas reguladas que las ha llevado a enroscarse en discursos antiindígena, antifeminista, antiigualitarista y anti-Estado. Abandonando la pretensión de valores universales, se han refugiado en trincheras o cruzadas ideológicas. Ya no ofrecen un horizonte cargado de optimismo y persuasión, sino de revancha contra los igualados y exclusión de quienes se considera son los culpables del desquiciamiento del viejo orden moral del mundo: los populistas igualados, los indígenas y cholos con poder, las mujeres soliviantadas, los migrantes pobres, los comunistas redivivos…
Esta actual radicalización de las derechas neoliberales no es un acto de opción discursiva, sino de representación política de un notable giro cultural en las clases medias tradicionales, con efecto en sectores populares. De una tolerancia y hasta simpatía hacia la igualdad hace 15 años atrás, la opinión pública construida en torno a las clases medias tradicionales ha ido girando hacia posiciones cada vez más intolerantes y antidemocráticas ancladas en el miedo. Las fronteras de lo decible públicamente han mutado y el soterrado desprecio por lo popular de años atrás ha sido sustituido por un desembozado racismo y anti-igualitarismo convertidos en valores públicos.
La melancolía por un antiguo orden social abandonado y el miedo a perder grandes o pequeños privilegios de clase o de casta ante la avalancha plebeya han arrojado a estas clases medias a abrazar salvacionismos político-religiosos que prometen restablecer la autoridad patriarcal en la familia, la inmutabilidad de las jerarquías de estirpe en la sociedad y el mando de la propiedad privada en la economía ante un mundo incierto que ha extraviado su destino. Es un tiempo de politización reaccionaria, fascistoide, de sectores tradicionales de la clase media
Y finalmente, en quinto lugar, el nuevo progresismo afronta no sólo las consecuencias sociales del gran encierro planetario que 2020 desplomó la economía mundial sino, en medio de ello, el agotamiento de las reformas progresistas de primera generación.
Esto conlleva una situación paradojal de unos liderazgos progresistas para una gestión de rutina en tiempos de crisis económicas, médicas y sociales extraordinarias.
Pero, además, globalmente se está en momentos de horizontes minimalistas o estancados: ni el neoliberalismo en su versión autoritaria logra superar sus contradicciones para irradiarse nuevamente ni los diversos progresismos logran consolidarse hegemónicamente. Esto hace prever un tiempo caótico de victorias y derrotas temporales de cada una de estas u otras opciones.
Sin embargo, la sociedad no puede vivir indefinidamente en la indefinición de horizontes predictivos duraderos. Más pronto que tarde, de una u otra manera, las sociedades apostarán por una salida, la que sea. Y para que el porvenir no sea el desastre o un oscurantismo planetario con clases medias rezando por orden a la puerta de los cuarteles como en Bolivia, el progresismo debe apostar a producir un nuevo programa de reformas de segunda generación que, articuladas en torno a la ampliación de la igualdad y la democratización de la riqueza, propugne una nueva matriz productiva para el crecimiento y bienestar económicos.
Pero, además, con ello, ayudar a impulsar un nuevo momento histórico de reforma moral e intelectual de lo nacional-popular, de hegemonía cultural y movilización colectiva, hoy ausentes, sin los cuales es imposible imaginar triunfos políticos duraderos.
 
 
 
 
 
¿HACIA UNA BOLIVIA FEDERAL?
 
No es un secreto que en la sociedad boliviana existen sectores radicalizados que quizá podrían asumir el federalismo como un primer paso hacia la eventual escisión del Estado boliviano.
 
Mundiario de España (https://bit.ly/3Ec0A5R)
 
Comencemos diciendo que el debate sobre el federalismo —y, en realidad, cualquier otro debate—, siempre y cuando conlleve el uso de la razón y la puesta en práctica del respeto, es saludable para la sociedad. No debe haber asunto prohibido, pues pocas cosas hay tan perjudiciales para el espíritu abierto colectivo como la timidez, la propensión a la diatriba frente a la del diálogo o la indiferencia para con el pensamiento crítico de las realidades.
En Bolivia, el federalismo no es una propuesta nueva. Los discursos parlamentarios decimonónicos de Andrés Ibáñez y de Lucas Mendoza de la Tapia frente a los de Evaristo Valle, lo prueban. Es por eso que pienso que quizás la conformación federal en Bolivia pudo haberse dado desde el comienzo de la vida republicana. Y es que, al haberse fundado Bolivia sobre una jurisdicción que no necesariamente aglutinaba a una sociedad cultural, étnica, religiosa y lingüísticamente homogénea, probablemente sus diferentes demarcaciones territoriales pudieran haberse asumido como relativamente autónomas por ser diferentes unas de las otras. Creo que, en este asunto, fue el espíritu tradicionalista de la mentalidad criolla el que se impuso, haciendo centralista el gobierno. No es casual que la mayor parte de los países europeos, dispuestos relativamente como Estados-nación, sean hoy unitarios.
Ahora bien, desde la teoría política, el federalismo no es sinónimo de un emergente espíritu segregacionista ni mucho menos de una inexorable desintegración estatal. Pero eso, repito, desde la teoría política. Muchas veces, lo que ocurre en la práctica, en el devenir humano, en la praxis, dista mucho de lo que manda la teoría… El Estado federal funciona de mejor manera cuando sus Estados federados son originarios. En palabras sencillas, cuando el país nace queriendo adoptar el sistema federal, y no cuando luego, con el paso del tiempo, se decanta por una progresiva descentralización. El primer caso denota voluntad de unidad desde el inicio; el segundo, lo contrario.
Creo que así como tendría ventajas (por ejemplo, una mayor eficiencia de los asambleístas departamentales, quienes, hoy por hoy, no hacen mucho, o un mejor aprovechamiento de los recursos), el federalismo también podría suponer ciertos riesgos. No es un secreto que en la sociedad boliviana existen sectores radicalizados que quizá podrían asumir el federalismo como un primer paso hacia la eventual escisión del Estado boliviano. El federalismo supone un pacto de Estados federados que tienen una soberanía mucho mayor, un poder mayor. Esto funciona bien en democracias estables, con instituciones, con sociedades bien educadas en lo que significa el funcionamiento federalista y, sobre todo, cuando concurren tiempos de paz.
Me entusiasma pensar en una Bolivia federal, que, además de fortalecer materialmente sus regiones, rompa con mentalidades vinculadas con, verbigracia, el nacionalismo chovinista, el patrioterismo o el espíritu gregario en general, pero no mientras no se tenga un clima de paz para debatirla, y mucho menos si el debate es frivolizado con banderas partidistas o de casta. El federalismo reformaría cimientos profundos del país, pues no solamente tiene relación con cuestiones materiales y económicas, también la tiene con el espíritu colectivo de la ‘bolivianidad’, con la identidad boliviana. Cada Estado tendría sus leyes, y en esto se pondrían a prueba las idiosincrasias, las intelectualidades regionales, la voluntad de solidaridad para con los demás Estados, etc. Es por todo esto que el debate debería tomar en cuenta no solo a políticos, sino también a pensadores, historiadores, sociólogos e intelectuales en general.
Pero para llevar adelante un debate así, primero se deben sanear las instituciones y el Estado de Derecho. ¿Qué debate serio y profundo podría llevarse a cabo en un clima de tensiones y, sobre todo, estando bajo un gobierno persecutor? Retomar la democracia en todos sus aspectos y pacificar Bolivia es el primer paso para cualquier empresa positiva que se quiera realizar en lo consiguiente.
 
 
 
 
 
LA FISCALÍA BOLIVIANA PRESENTA UNA ACUSACIÓN FORMAL EN CONTRA DE JEANINE ÁÑEZ POR AUTOPROCLAMARSE PRESIDENTA
 
El País de España (https://bit.ly/3pik1DK)
 
La comisión de fiscales encargada del caso de Jeanine Áñez presentó este martes una acusación formal contra la expresidenta boliviana por dos delitos menores que conllevan penas de prisión muy bajas. Áñez continua en una prisión de mujeres de La Paz, en la que lleva encerrada desde marzo de este año, mientras la Fiscalía desarrolla una investigación contra ella por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración para derrocar al presidente Evo Morales en 2019 y autoproclamarse la líder del Gobierno. La defensa de Áñez considera que las acusaciones son falsas.
Los acusadores deben limitarse a los hechos ilegales que supuestamente cometió por Áñez antes de asumir la presidencia, ya que sus decisiones durante su gestión solo pueden ser procesadas con una autorización parlamentaria previa, que la oposición se niega a conceder. “La comisión de fiscales, después de haber realizado un análisis, una investigación y una colección de evidencias tanto testificales como documentales, así como las pericias correspondientes, ha logrado establecer que existen los elementos suficientes de que la señora Jeanine Áñez Chávez hubiera adecuado su conducta a esos tipos penales”, declaró Edwin Quispe, secretario general de la Fiscalía.
Los delitos por los que se enjuiciará a Áñez en este proceso, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes, tienen una pena de un mes a dos años de prisión. Por tanto, no ameritarían que la expresidente se encuentre detenida, pero al mismo tiempo ella está acusada de otros delitos más graves, en particular el de terrorismo, que se sanciona con 20 años de prisión. La investigación del comportamiento de Áñez durante la crisis política boliviana se ha dividido en dos casos, Golpe I y Golpe II, que es como los llama oficialmente la Fiscalía.
A partir de la acusación que se acaba de conocer, el caso Golpe II pasará a juicio. En cambio, el primero se halla empantanado por la dificultad de los fiscales de reunir los testimonios de quienes supuestamente decidieron que Áñez se hiciera cargo del Gobierno en una serie de reuniones convocadas por la iglesia católica y la Unión Europea, a las que asistieron líderes del partido de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), y los principales dirigentes de la oposición. Hasta ahora solo ha declarado el expresidente Carlos Mesa, quien se acogió a su derecho a no responder para no incriminarse. La Fiscalía aún no ha recibido la declaración de Luis Fernando Camacho, líder de las protestas contra Morales en 2019 y actual gobernador de Santa Cruz. Cada vez que este fue convocado se creó tal tensión política en su región que las autoridades desistieron de su intención.
Junto con Áñez han sido acusados formalmente los principales jefes militares del momento en el que se produjo la renuncia de Evo Morales, entre ellos el excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman, que se encuentra prófugo. Otros exjefes acusados están detenidos desde hace meses. El relato de la fiscalía plantea que inmediatamente después de la salida de Morales del poder, y prescindiendo de una reunión de la Asamblea Legislativa, Áñez, que entonces era segunda vicepresidente del Senado y la única política opositora con un cargo parlamentario importante, actuó como si fuera la encargada del país prescindiendo de los procedimientos parlamentarios habituales cuando se da la renuncia de algún mandatario. Según los acusadores, los militares transportaron a la entonces senadora en aviones y automóviles, y le dieron protección, como si ya fuera presidenta de Bolivia, y ella les ordenó salir a las calles a cuidar el orden público, que en ese momento se hallaba alterado por manifestaciones y estallidos de vandalismo. Finalmente, según la acusación, Áñez se “autoproclamó” gobernante del país en una reunión legislativa que no contaba con el quorum necesario.
La defensa de la expresidenta y de toda la oposición actual, que respaldó a su Gobierno en 2019, es que se produjo un “vacío de poder” tras la renuncia del presidente, el vicepresidente y también de los presidentes de las cámaras de diputados y senadores, todos ellos del Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, por lo que se aplicó una sucesión “ipso facto” que sustituyó a los renunciantes por la primera autoridad con más alto rango que quedaba, que era Áñez. Esta opinión fue respaldada en ese momento por un comunicado de prensa del Tribunal Constitucional, del que posteriormente, cuando el MAS ya había vuelto al poder, este se retractó. Según la oposición, la sucesión para evitar un vacío de poder hacía innecesario el tratamiento parlamentario de la renuncia de Morales y también que hubiera una proclamación parlamentaria con el quorum legal.
La división de la investigación contra Áñez en dos procesos ha sido atribuida por la defensa a la necesidad de los fiscales de prolongar la detención preventiva de la exgobernante, que es de un máximo de seis meses por cada acusación. Áñez la ha considerado una estratagema para darle más tiempo a la Fiscalía para armar la acusación más importante, violando así su derecho a un debido proceso.
 
 
 
 
 
SUBSECRETARIA DE RREE, CAROLINA VALDIVIA, VIAJA A BOLIVIA EN LO QUE SERÍA UN PASO MÁS EN LA NORMALIZACIÓN DE RELACIONES BILATERALES ENTRE AMBOS PAÍSES
 
El Mostrador de Chile (https://bit.ly/3IkjzO2)
 
En horas de esta tarde se espera que una delegación chilena, liderada por la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia Torres, viaje a Bolivia, lo que vendría a representar un paso más en la política de normalización de relaciones que han acordado las diplomacias de ambos países. La normalización de las relaciones entre Chile y Bolivia dio un primer paso en mayo de este año, cuando ambas naciones establecieron una hoja de ruta para recomponer la compleja relación bilateral, aunque dicho proceso no incluye la cuestión marítima ni el tema del Silala.
Un paso importante en la política de normalización de las relaciones entre Chile y Bolivia se concretará en los próximos días, luego que una delegación de la Cancillería chilena –presidida por la subsecretaria Carolina Valdivia Torres– llegue al país vecino. Según fuentes cercanas , la subsecretaria estaría viajando este mismo martes a Bolivia.
De esta manera, se está dando un paso más en la política de normalización de relaciones que han acordado las diplomacias de ambos países, marcadas por un conflicto marítimo de larga data que llegó hasta la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, y que el 2018 desestimó la demanda boliviana para obligar a Chile a negociar una salida al mar.
"La corte ha puesto las cosas en su lugar. Así que viva Chile", destacó en ese momento el Presidente Sebastián Piñera, en su primera reacción oficial tras seguir, acompañado de ministros, legisladores y el Poder Judicial, la lectura de la sentencia por parte del juez somalí Abdulqawi Ahmed Yusuf.
De este modo, la reconstrucción de relaciones con Bolivia se constituye en el logro mas importante de la Cancillería chilena bajo la administración del Presidente Piñera, cuya política ha sido fuertemente cuestionada por episodios como el viaje a Cúcuta –donde el Mandatario invitó a los migrantes venezolanos a ir a Chile– y la negativa de firmar el Acuerdo de Escazú, el que fue promovido por el propio Gobierno chileno.
La normalización de las relaciones entre ambos países dio un primer paso en mayo de este año, cuando ambas naciones establecieron una hoja de ruta para recomponer la compleja relación bilateral, aunque dicho proceso no incluye la cuestión marítima ni el tema del Silala.
 
 
 
 
 
DARÍO MARTÍNEZ: “CON EL GASODUCTO NÉSTOR KIRCHNER, ESTAMOS MÁS CERCA DE PODER EXPORTAR GAS A LA REGIÓN”
 
Ambito de Argentina https://bit.ly/3G2RWa5
 
En lo que fue una jornada relevante y durante su participación en el ciclo Ámbito Debate, el secretario de Energía, Darío Martínez, se refirió a la inminente licitación por el gasoducto Néstor Kirchner, que, sostiene, le permitirá al país ahorrar divisas y, en un futuro, exportar gas a la región. También remarcó el impulso que el Plan Gas dio al sector y destacó el incremento en la producción de petróleo, entre otros aspectos.
Periodista: ¿La energía es uno de los elementos fundamentales para el desarrollo económico en Argentina?
Darío Martínez: Sin dudas. Un país que apuesta al desarrollo económico, tiene que tener energía en cantidad y calidad. Un país federal, como establece nuestra Constitución, no sólo tiene que tener energía en cantidad y calidad, sino que tiene que tener la posibilidad de tener la energía en donde un vecino se quiere desarrollar y donde una pyme se quiere instalar. Eso es parte de los objetivos que nos han planteado el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner. La reconstrucción de una Argentina más federal, significa una energía más federalizada. Sin esa energía, es muy difícil ese crecimiento del país que todos nos merecemos y soñamos.
P.: ¿Es importante que Argentina tenga un sendero para recorrer, con objetivos trazados? Y en ese sentido, un ejemplo puede ser lo que se hizo con Vaca Muerta y el otro, el impacto que tuvo el Plan Gas.Ar. ¿Cree que es así?
D.M.: Se han tomado decisiones, aun en épocas de incertidumbre por la pandemia, como fue lanzar el Plan Gas.Ar, cuyo objetivo era frenar el declino del alrededor el 8,5% que teníamos en Argentina. Y no solamente pudimos frenar ese declino, sino que tenemos un incremento del 5% en la producción general del país. Fue un programa que estableció previsibilidad, reglas claras, un horizonte a cuatro años, una integración nacional al valor agregado nacional creciente. Eso es un círculo virtuoso, donde los trabajadores en vez de estar suspendidos están en sus puestos: se recuperaron 11.000 puestos de trabajo rápidamente. Las pymes se suman a la cadena de valor, intentando tener cada vez un porcentaje más grande de ese proceso. Las productoras administran los recursos y los transforman en producción. Las provincias que son las verdaderas dueñas del recurso, se ven beneficiadas porque es un apalancamiento al desarrollo regional, pero también regalías para el desarrollo de cada provincia. Eso es un círculo virtuoso que la Secretaría puso a funcionar y los números acompañan. A tal punto, que en invierno del año que viene vamos a tener topeados los gasoductos. Por eso, esta nueva decisión del Presidente de reestructurar el Presupuesto y destinar una partida más importante a la licitación que tenemos que lanzar antes de fin de año para la primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner. Que, además de los beneficios que trajo el Plan Gas.Ar, hay que sumarle a una gran ventaja en el ahorro de divisas que vamos a generar. Porque el objetivo ahora es que vamos a dejar de importar GNL y dejar de quemar combustible para generar electricidad. Medioambientalmente también es un avance, porque el primer vehículo de la transición energética es el gas. En ese sentido, en invierno de 2023 queremos estar inyectando unos 24 millones de m3 más de gas y en la segunda etapa, llegar a 40 millones de m3. Nos va a resolver un tema de divisas importante, para una Argentina que lo necesita. Un ahorro fiscal importantísimo. Es todo ventaja, es una de las grandes obras de la gestión de Alberto Fernández.
P.: Mientras en Argentina está dando buen resultado el Plan Gas.Ar, en otras partes del mundo, en Europa por ejemplo, atraviesan una crisis energética importante y el precio del gas subió mucho...
D.M.: No es que el Plan Gas AR nos blinde de ese problema, pero nos ayuda mucho. Los aumentos de precios en Europa, los cortes programados en China en más de 30 de sus provincias que hicieron que se les caiga la producción. No es que estamos blindados de no tener esos problemas, pero nos ayudó mucho tener el Plan Gas.Ar y tratar de comprar la menor cantidad de GNL posible. Además, en el contexto de una crisis energética internacional, también tenemos un horizonte que nos preocupa, que es el declino de Bolivia, y el Plan Gas.Ar también nos ayuda a ir cubriendo ese problema que tiene Bolivia, que es proveedor tanto de Argentina como de Brasil. Y eso, que es un problema, lo transformamos en una oportunidad. Porque con el gasoducto Néstor Kirchner, estamos muy cerca de poder exportar gas a la región: sobre todo a Uruguay, Chile y Brasil. Y reemplazar quizá a ese proveedor de gas que era Bolivia, por Argentina y por una Vaca Muerta que viene dando muy buenos valores de producción.
P.: ¿La idea, entonces, es poder exportar gas a aquellos lugares que consumen el gas de Bolivia?
D.M.: El primer objetivo es dejar de importar GNL. Con la primera etapa, que cuesta unos u$s1.570 millones, se va a producir un ahorro u$s1.500 millones en divisas. Y un ahorro fiscal superior a los u$s1.100 millones por año. Con la segunda etapa del gasoducto, llegando a Salliqueló, nos pone en la potencialidad y la posibilidad poner ese gas cerca de Brasil, que tiene que hacer su inversión en un gasoducto. Nos da también disponibilidad de gas para poder venderle a Chile, que se abastece a GNL y tiene el problema que hay a nivel mundial; y nos da la posibilidad de abastecer a Uruguay. Es un horizonte muy positivo para Argentina. Es una obra importantísima.
P.: ¿Y en qué situación se encuentra la producción de petróleo?
D.M.: Octubre fue la mejor marca de producción en los últimos seis años. En noviembre, vamos a estar en 545.000 barriles diarios. Es un número importante, es el segundo mejor de los últimos diez años. Y básicamente es porque se le dio confianza y previsibilidad a un sector. Son las claves de un sector que Argentina necesitaba, porque no tener producción propia, nos genera la dificultad de tener que importar con billetes que no tenemos y a un precio más caro. Y, por supuesto, es una palanca para cada una de las regiones y las cuencas. Y Vaca Muerta es la locomotora que tracciona todo esto.
P.: ¿Cómo se lleva adelante el proceso de inversión para ampliar la infraestructura?
D.M.: Siempre hay que estar abiertos a la posibilidad de la inversión privada. La segunda etapa del gasoducto creo que tiene que tener un componente importante de ello. Pero para eso hay que dar estas señales claras. Comenzar a licitar la primera etapa, tener producción luego para ese gasoducto, que no es menor. Esto tiene que ser una oportunidad para el desarrollo de toda la industria nacional. Es la misma discusión o planteo que tenemos con la transición energética. Argentina está en el camino a la transición energética. Pero ese camino tiene que ser en función de la potencialidad y la posibilidad de nuestra industria. No podemos ir a un esquema de transición energética donde luego tengamos dependencia tecnológica o no tengamos autonomía. En ese sentido hay que ir avanzando. El primer vehículo es el gas, hay una ventana para aumentar la producción de petróleo. El desafío es crecer en la producción, para que le vaya bien al país y a las empresas productoras. Hay que producir más para exportar más. Son horizontes que nos planteamos y las decisiones que tomamos, genera confianza y certidumbre en el sector. Y si hay confianza y certidumbre, hay inversión. Con la inversión, tenés producción, tenemos desarrollo de industria nacional. Es un circulo virtuoso.
P.: ¿Cómo ve el momento de la Argentina, con la negociación con el FMI que podría generar algún impacto en el sector y en la disponibilidad de divisas?
D. M.: Hay una discusión que tiene más que ver con el rol de Martín Guzmán. Yo me tengo que asegurar que Argentina produzca más y hacerle más fácil el trabajo a (Miguel) Pesce y a Martín (Guzmán) que lleva adelante todo ese proceso. Aun en el momento en el que estamos, hablamos de valores de producción altísimos. No sólo en hidrocarburos, también en renovables. En bioetanol estamos en niveles previos a la pandemia. Aun con estas reglas de juego, tenemos números muy positivos. Creemos que luego van a ser mejores. Trato de hacerle más fácil el trabajo al ministro de Economía: producir y tener que importar menos. Y después tener la capacidad no sólo para exportar energía, también conocimiento. Por eso queremos que las pymes se fortalezcan y sean jugadores que puedan cubrir de manera creciente una parte más importante.
P.: ¿Cuán relevante considera que es y será YPF para la industria, que rol tiene reservado la compañía para el futuro?
D.M.: Es importantísimo. Tengo la suerte de que esté Pablo González, con quien coincidimos por dónde va el desarrollo. Es la locomotora que tracciona el desarrollo del resto de los hidrocarburos. Y se está preparando para la transición energética. Tiene un gran desafío por delante, una empresa que tiene esa impronta y la responsabilidad de ser quien lleva adelante el desarrollo, poder tener la capacidad de hacer la inversión necesaria. Pero sigue siendo quien más invierte y la que más se ocupa del mercado interno. Y tiene que ser de esa manera.
 
 
 
 
 
EL GRUPO DE PUEBLA LLAMÓ A LA UNIDAD DE LA REGIÓN PARA FRENAR EL "DESEMBARCO FASCISTA"
 
En Ciudad de México se hicieron presentes la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, de Ecuador, Rafael Correa, y de Paraguay, Fernando Lugo. También participaron de manera remota el presidente de Argentina, Alberto Fernández, su par de Bolivia, Luis Arce, y el expresidente de Brasil, Lula da Silva.
 
Página 12 de Argentina (https://bit.ly/3xGJfiM)
 
Con un llamado a la unidad de América latina para enfrentar a la amenaza de la extrema derecha comenzó este martes el séptimo encuentro del Grupo de Puebla, denominado "¡Cambio ahora!". El foro de debate que agrupa a decenas de líderes progresistas de Latinoamérica y España celebró, durante una asamblea que volvió a ser presencial desde Ciudad de México, la victoria de Xiomara Castro en Honduras y confió en los triunfos de Gabriel Boric en diciembre en Chile y de Luiz Inácio Lula da Silva el próximo año en Brasil. Tampoco estuvo exento en el debate la preocupación frente a las consecuencias sociales y económicas de la pandemia de coronavirus.
Al encuentro del Grupo de Puebla en la capital mexicana asistieron la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, de Ecuador, Rafael Correa, de Paraguay, Fernando Lugo, y de Colombia, Ernesto Samper, entre otros. También participaron de forma remota el presidente de Argentina, Alberto Fernández, su par de Bolivia, Luis Arce, y el expresidente de Brasil, Lula da Silva.
Unidad para negociar "en pie de igualdad"
"América latina junta puede mucho", expresó el expresidente de Brasil, Lula da Silva, durante el séptimo encuentro celebrado por el foro regional, el tercero de forma presencial. Lula dijo que se debe trabajar para "reconstruir la unidad de América latina y el Caribe" porque "juntos podemos negociar en pie de igualdad con China, con Estados Unidos y poder tener acuerdos más favorables con la Unión Europea".
El líder de la izquierda brasileña y potencial candidato presidencial en 2022 señaló que, si trabajan de manera colectiva, los países latinoamericanos pueden exportar productos con valor agregado y no solo materias primas. En otro tramo de su intervención, Lula advirtió que "la ONU ya no representa lo que representaba" y que, por ese motivo, se necesita "una nueva gobernanza mundial que tenga autoridad moral para resolver conflictos, que construya más igualdad en el mundo".
La pandemia de covid-19 fue uno de los temas más abordados por los líderes presentes en el encuentro. Lula señaló que ésta empeoró la situación de los latinoamericanos, debido a que hoy existen varios trabajadores que perdieron sus empleos, migrantes y personas que pasan hambre. Por su parte el presidente de Bolivia, Luis Arce, pidió "tomar medidas conjuntas para cuidarnos entre todos" y favorecer la distribución de vacunas a nivel mundial.
Alerta ante el "desembarco fascista"
Aludiendo al presente de Bolivia, Arce alertó sobre un "reagrupamiento de la derecha" que busca generar las "condiciones" para repetir un "golpe de Estado" como el que existió contra Evo Morales en 2019. "Empiezan a esgrimir argumentaciones para deslegitimar la ganancia de una contienda electoral muy clara y tratar de desgastar al gobierno. Es un tema que me gustaría dar a conocer", dijo el mandatario en línea con lo expresado el lunes en La Paz, durante el cierre de la multitudinaria "marcha por la patria".
En esa misma línea, el expresidente colombiano Ernesto Samper advirtió un "desembarco fascista" en la región, un tema denunciado también por varios de los exmandatarios presentes, como el ecuatoriano Rafael Correa y el español José Luis Rodríguez Zapatero. "Ese desembarco fascista no nos da miedo. Tenemos con qué enfrentarlo", concluyó Samper. En ese sentido, Correa consideró que "la derecha judicializa la política para ganar lo que no ganó en las urnas".
"El Grupo de Puebla debe servir para generar pensamiento latinoamericano" ante el neoliberalismo, expresó el expresidente ecuatoriano. "Hoy que nos quieren convencer de que las ideologías están de más, es cuando más vigente debe estar el debate ideológico. Nuestra ideología, la ideología progresista, debe ser la supremacía del ser humano sobre el capital, en un mundo absolutamente dominado por el imperio del capital", señaló.
Sobre ese punto, la exmandataria brasileña Dilma Rousseff consideró que en América latina las democracias están "atacadas" y puso como ejemplo el derrocamiento del hondureño Manuel Zelaya en 2009, su propia destitución en 2016, la salida de Evo Morales de Bolivia en 2019 y que ahora "están atacando" al presidente peruano, Pedro Castillo, con un juicio político en su contra.
Elogios a Xiomara Castro y Gabriel Boric
Más allá del temor frente a la "derechización" de la región, también hubo tiempo para celebrar el triunfo de la candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Castro, que pondrá fin a 12 años de gobierno del Partido Nacional. El expresidente de Paraguay, Fernando Lugo, aseguró que la victoria de Castro en las urnas fue "transparente y alegró a todo el continente". "Ese viento suave ojalá se convierta en un huracán que nadie pueda detener", expresó.
Al respecto, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, sostuvo: "Xiomara Castro será la primera presidenta de Honduras en la historia. Es una noticia muy importante, importantísima en esta Centroamérica siempre con tantos problemas sociales". Zapatero también mostró "todo el apoyo" al candidato chileno de izquierda, Gabriel Boric, en la segunda vuelta de las presidenciales de diciembre frente al ultraderechista José Antonio Kast, para que Chile "no regrese a un pasado que nos duele y nos conmueve".
"La victoria de Lula en Brasil va a cambiar el continente y el orden internacional y ojalá una alianza estrecha entre México y Brasil con dos presidentes progresistas en un momento tan decisivo históricamente", agregó el exmandatario español sobre un eventual triunfo del brasileño en las elecciones del próximo año.
El Grupo de Puebla cuenta con 54 líderes progresistas de 16 países. El séptimo encuentro del foro regional tiene lugar en la Ciudad de México este martes y continuará con las actividades pogramadas para el miércoles. Sus ejes centrales son el debate sobre nuevos modelos solidarios de desarrollo y la definición de una agenda progresista para el continente tras las profundas consecuencias políticas, económicas y sociales que generó la pandemia, según señalaron los organizadores.