MINISTRO DE ECONOMÍA BOLIVIANO: "HAY MUCHA ESPERANZA DE QUE LA ECONOMÍA FUNCIONARÁ MEJOR EN 2022"

En diálogo con Sputnik, el titular de uno de los ministerios más importantes del presidente Luis Arce relató cómo se elaboraron las medidas económicas que pusieron al Estado Plurinacional nuevamente a la cabeza del crecimiento en América Latina.
Durante los 11 meses de presidencia de Jeanine Áñez la economía cayó un 12,5%. Para el cierre de este 2021, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, prevé una recuperación del Producto Bruto Interno (PBI) superior al 5%, una de las mayores de la región. ¿Cómo se pudo pasar de la decadencia económica dejada por el golpismo al impresionante crecimiento que se evidencia este año? ¿Qué previsiones tiene el Gobierno para 2022?
El ministro Montenegro compartió con Sputnik su análisis sobre el primer año de Gobierno de Luis Arce. Este periodo estuvo marcado por la recuperación de la democracia y, también, por el repunte de la economía boliviana, seriamente afectada por las decisiones de Áñez (2019-2020) en el marco de la pandemia de COVID-19.
Montenegro relató en qué situación se encontró el ministerio cuando Arce le entregó las llaves, en noviembre de 2020: "Teníamos la idea de que nos habían dejado 17.000 millones de pesos bolivianos [2.456 millones de dólares], porque así lo había afirmado el exministro de Economía Branko Marinkovic un mes antes de dejar el cargo".
Pero al ocupar su oficina, Montenegro evidenció que solamente tenían disponibilidad de 3.000 millones de bolivianos [434 millones de dólares]. La situación era desesperante: "Esa suma nos alcanzaba para pagar la planilla de un mes. Más recursos no existían".
Durante su campaña para la presidencia, Arce se había comprometido a otorgar el Bono Contra el Hambre a millones de personas, como una manera de reactivar la economía estancada. "Lo que hemos hecho es ir colocando medidas de oferta y demanda", explicó el ministro.
"Como lo prometió el presidente, cumplimos y pagamos el bono a partir del 1º de diciembre de 2020", indicó. El Bono Contra el Hambre llegó con 1.000 bolivianos (150 dólares) a más de cuatro millones de ciudadanas y ciudadanos. Una porción importante de los 11,5 millones de habitantes que tiene Bolivia.
"Fueron 435 millones de Bs [600 millones de dólares] insertados en la demanda interna", remarcó la autoridad.
La elección de Montenegro
El presidente Arce fue ministro de Economía desde el comienzo del Gobierno de Evo Morales (2006-2019). Cuando se volvieron a celebrar elecciones democráticas, en 2020, Arce pasó a manejar el Ejecutivo y nombró a Montenegro para ocupar su asiento en el Gabinete.
"Con el hermano presidente hemos trabajado varios años. Lo he acompañado en la Red de Análisis Fiscal, como jefe de esa división que le proveía datos macroeconómicos. Posteriormente fui presidente del Banco de Desarrollo Productivo (BDP) por siete años", recordó el ministro.
"Bajo su directriz, hemos logrado que un banco pequeñito vaya creciendo de forma importante, apoyando a productores. Son elementos que él ha considerado al momento de mi nombramiento", efectuado el 9 de noviembre de 2020.
"Trabajamos con sus mismas directrices [del presidente Arce] y siempre en su lógica no-autocomplacencia. Logramos un buen resultado, pero no nos quedamos ahí. Esto continúa. No hay momento para mirar los buenos resultados, sino que debemos seguir buscando nuevos resultados positivos", sostuvo.
"Es la lógica con la cual nos ha imbuido el presidente, y nos la sigue exigiendo en la actualidad", contó Montenegro.
Desastres económicos del golpismo
Para defender al Gobierno ilegítimo de Áñez, la oposición afirma que durante 2020 no solamente cayó la economía de Bolivia, sino la de todos los países del mundo, debido a las restricciones a la circulación impuestas para enfrentar la pandemia de COVID-19.
Pero el ministro sostuvo que es una falacia. "Hay que señalar que el Gobierno de facto manejó muy mal las finanzas públicas. De hecho, la actividad económica durante el primer trimestre de 2020 ya tenía una variación cercana a cero. Eso significa que la economía no crecía, que ya estaba rumbo a generar un escenario de recesión", aún antes de que llegara la pandemia a Sudamérica, en marzo de ese año.
"Sin pandemia, la economía estaba mal administrada. Pidieron créditos de liquidez al Banco Central por más de 25.000 millones de Bs, una cifra cercana a 3.800 millones de dólares", dijo el ministro.
Y redundó: "Definitivamente hubo un mal manejo macroeconómico del país. Se perdieron reservas por más de 1.600 millones de dólares".
Con la llegada de Arce a la presidencia, el Gobierno implementó el FARIP (Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública) con 2.000 millones de Bs para que los municipios tomaran crédito y así pudieran concluir obras desatendidas por el surgimiento de la pandemia.
Con el FARIP también se generan empleos e ingresos, "un círculo virtuoso en cada localidad", advirtió el ministro.
El Gobierno también creó el FOSIP, un fondo de 1.261 millones de Bs (182 millones de dólares) destinado al desarrollo productivo y la sustitución de importaciones.
Este fondo presta a una tasa del 0,5% a pequeños y medianos emprendedores: "Ya se ha colocado casi el 50% de este fondo", dijo Montenegro. Un requisito para el otorgamiento del crédito consistía en que los insumos adquiridos fueran de industria boliviana.
Con la finalidad de mejorar la capacidad productiva, el Gobierno decidió eliminar por un año el cobro del IVA (Impuesto al Valor Agregado) a las importaciones. "Ahora la tasa es cero para importar bienes de capital dirigidos a la agricultura, al sector industrial, la construcción o la minería", dijo el ministro.
Economía de pandemia
Montenegro resaltó el trabajo realizado por el Gobierno de Arce para garantizar la llegada de vacunas anti-COVID-19, así como pruebas de antígeno nasal que se ofrecen de manera gratuita. Hasta el momento, el país cuenta con 21,5 millones de dosis, lo cual da tranquilidad a la población para desarrollar sus actividades, mientras mantengan los protocolos de bioseguridad.
"Hay disponibilidad y certeza de que la gente puede recurrir gratuitamente a vacunarse. Así se logra la inmunización masiva, lo cual ha dado certidumbre a las actividades. De esta forma el turismo, la hotelería y el transporte aéreo se están reactivando", manifestó.
En este contexto, resaltó que en febrero de 2022 se realizará otra vez el carnaval de Oruro. Es el más grande del país, por eso "ya está generando mucho empleo y actividad económica para el departamento".
El ministro destacó que el Gobierno también intervino para que se renegocien los créditos bancarios, ya que la mayoría de los prestatarios habían sido afectados en sus ingresos por la pandemia.
"Hemos aplicado medidas de manera oportuna. Por ello, de tener una variación negativa de -12,9% en el primer semestre de 2020, en el primer semestre de 2021 la economía crece en un 9,4%", informó el ministro.
"Se han reactivado muchos sectores. Esto se evidencia en el valor de las ventas facturadas en restaurantes, donde se registra una recuperación del 36%. En transporte aéreo, del 49%; en hoteles, del 38%".
En este aspecto, Montenegro indicó que la cantidad de empresas registradas pasó de 11.800 en 2020 a 17.000 en 2021, lo cual representa un crecimiento del 44%.
Inflación, exportaciones, desempleo
"La inflación está controlada. Vamos a terminar el año con una inflación cercana al 1%, la más baja de la región", aseguró Montenegro. Y destacó que el déficit fiscal "en la gestión anterior terminó con el 12,5%. Hoy perfilamos terminar con un déficit cercano del 8,5%".
El ministro expuso que la balanza comercial deja superávit para Bolivia: "Las exportaciones han aumentado de manera importante. Las exportaciones son por 9.000 millones de dólares, mientras las importaciones tienen un valor de 7.400 millones de dólares. Hemos generado una balanza comercial positiva de 1.584 millones de dólares".
En este sentido, apuntó que también creció la recaudación tributaria en un 14%. Pasó de 38 millones de Bs en 2020 a 44 millones de Bs en este año.
Montenegro indicó que la tasa de desempleo bajó notablemente. En julio de 2020, era del 11,6%. Un año más tarde es del 5,2%.
"De tener 3,65 millones de trabajadores, caímos a 3,14 millones en la peor parte de la pandemia (en 2020). Hoy ya son 4,2 millones de trabajadores, especialmente insertos en la industria manufacturera", reveló el ministro.
Previsiones para 2022
En 2022 se prevé que la economía crezca un 5,1%. Para asegurar que la circulación monetaria no se estanque, el presupuesto general —que será de 235.000 millones de Bs (34.000 millones de dólares)— destinará el 16,6% —unos 39.000 millones de Bs (5.365 millones de dólares)— al financiamiento de obras públicas.
En estos días, como en la mayor parte del mundo, la población boliviana está abocada a preparar las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Son tiempos de consumo desmedido, también de uso intensivo de transporte público de mediana y larga distancia. A la vez, es un lapso de reflexión individual sobre qué se hará en 2022 para mantenerse a flote.
¿Qué quisiera decirle al pueblo boliviano? "Les transmito un mensaje de esperanza, porque las condiciones están dadas", dijo Montenegro. Y aseguró que el incentivo del IVA cero para la importación de bienes de capital "posibilita que muchos bolivianos retornen al país con su maquinaria, sus equipos".
Agregó: "Hay mucha esperanza, mucha previsión de que la economía va a funcionar mejor en 2022. Le digo al pueblo boliviano que estamos generando todas las condiciones macroeconómicas, así como todos los incentivos por lado de la oferta y de la demanda".
En este sentido, sostuvo que "no es fácil reconstruir nuestra economía, lastimada en 2020. Calculábamos que este proceso nos iba a tomar un año y medio o dos, pero se está avanzando de manera importante. Creemos que el pueblo boliviano así lo está sintiendo". Sputnik News de Rusia (https://bit.ly/3Jh0wo3)
 
 
 
 
 
POR QUÉ ENERGYX PUEDE NO SER EL 'SANTO GRIAL' DEL LITIO EN BOLIVIA
 
Recientemente, dos artículos publicados por el NYT y Argus Media han destacado la selección de EnergyX en el grupo de empresas que evaluarán la salmuera boliviana con tecnología DLE. Esta empresa ha argumentado que Bolivia, más que cualquier otro país que posea recursos de litio, requiere de su tecnología. Sería la única empresa que ha sugerido la aplicación de tecnología DLE a la infraestructura existente en el Salar de Uyuni.
Sin embargo, existen al menos tres obstáculos para aplicar esta táctica como se señaló en un artículo anterior. Estos obstáculos ponen los argumentos de EnergyX en una seria cuestión y señalan la necesidad de revisar el enfoque del gobierno para acelerar la introducción de Bolivia en el mercado del litio.
 
Seeking Alpha de Canadá (https://bit.ly/3su2DyV)
 
En los últimos días se han difundido ampliamente dos artículos publicados por The New York Times y Argus Media sobre el tema del litio en Bolivia. Ambas contribuciones periodísticas apuntan generalmente al mismo objetivo. Destacan la selección de EnergyX en el grupo de 8 empresas calificadas por el gobierno para evaluar la salmuera del Salar de Uyuni, Coipasa y Pastos Grandes con tecnologías de extracción directa de litio (DLE). En cuanto a EnergyX, me gustaría señalar de entrada que se trata de una empresa de reciente creación, con poco más de 3 años de vida y sin ninguna experiencia práctica en la aplicación de dichas tecnologías, aunque, según el artículo del New York Times, la El viceministro boliviano del área sería su principal impulsor, aspecto sobre el que no emitiré más comentarios. En artículos anteriores publicados (solo en español) en Noticias Fides y Brujula Digital, ya expresé mi opinión sobre la convocatoria internacional lanzada a fines de abril de este año por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), la empresa estatal de litio de Bolivia. En la misma lógica, ni el papel que habría jugado la célebre consultora londinense Benchmark Minerals Intelligence (BMI) en la convocatoria internacional y sus resultados ni la participación o lobby del profesor boliviano de la Universidad de Texas mencionado en ambos informes o, Finalmente, la influencia de las embajadas de potencias extranjeras en la selección de EnergyX y las demás empresas de la lista difundida por el gobierno luego de más de 7 meses de total opacidad en dicho proceso, será parte de esta discusión. Planeo considerar todos estos asuntos en otro artículo.
Dicho todo lo anterior, solo quisiera compartir algunos puntos mencionados en gran medida en una aportación mía anterior, que encajarían perfectamente en lo que EnergyX viene proponiendo en los últimos meses y que, al parecer, habría logrado convencer al gobierno de incluirlo en su "lista de oro". Vamos a ir al grano. En diversos medios, EnergyX ha manifestado que Bolivia, más que cualquier otro país que posea recursos de litio en salmueras, requiere de su tecnología. ¿Por qué? Bueno, porque, entre otras cosas, esta sería la única empresa que ha sugerido la aplicación de tecnologías DLE a la infraestructura productiva existente en el Salar de Uyuni. Hasta aquí todo bien, ¿no?
El CEO de EnergyX ha explicado su método de extracción de la siguiente manera: "Digamos que la salmuera pasa por un primer filtro y saca la sal de sodio. Luego pasa por un segundo filtro y saca la sal de potasio. Y finalmente, el litio es removido y el proceso termina con 5 o 7 corrientes purificadas después de que la salmuera pasa a través de esta serie de filtros. Todo esto puede suceder en cuestión de horas en lugar de semanas, o incluso años ". Obviamente, este esquema fue diseñado originalmente para su aplicación a la salmuera de pozo, no a la salmuera preconcentrada, que sería el caso si se utilizara en las diferentes etapas del sistema de estanques de evaporación solar construido por YLB, como ahora propone EnergyX.
En mi artículo profético publicado en Researchgate en octubre de este año, ya señalé tres obstáculos para aplicar este enfoque. En primer lugar, si se aplica antes de los estanques de silvinita y sales mixtas, es decir en estanques de halitas, sería necesario ver si esto no afectaría el suministro de materia prima, en términos de compuestos químicos y porcentajes de concentración tanto de potasio y litio requeridos, para la planta industrial de cloruro de potasio (KCl) y para la planta de carbonato de litio (Li2CO3) (en construcción). Cabe recordar que la primera planta le costó al pueblo boliviano alrededor de 200 millones de dólares y la segunda costará alrededor de 130 millones de dólares, que incluyen estudios de diseño e ingeniería de detalle, así como la planta de tratamiento de agua necesaria para esta última. Aquí, una observación adicional sería que, si se aplica el método DLE en esta etapa del proceso de evaporación, no tendría sentido continuar usando los otros estanques altamente ineficientes, poniendo en serio el argumento del CEO de EnergyX.
En segundo lugar, si se usa después de los estanques mixtos de sal, el impacto solo podría ser evidente en la planta industrial de Li2CO3, pero sería insignificante ya que en esta etapa ya se habría perdido demasiado litio en el proceso. En ambos casos, se deberían realizar ajustes fundamentales en las plantas industriales, no contemplados en sus diseños, con costos y tiempos de ejecución indeterminados.
Finalmente, el uso de nuevas técnicas, en cualquier etapa del proceso de evaporación solar, conduciría a un aumento de la tasa de recuperación de litio dirigida a la planta industrial Li2CO3 con la consecuente disminución de la concentración de litio en el mal llamado estanque residual. A esto lo he llamado "incentivos perversos". Como dije en el artículo citado anteriormente, esto haría inviable el negocio con los alemanes, que el gobierno estaría pensando en reactivar actualmente. En estas circunstancias, sería interesante saber qué tiene previsto hacer el gobierno con respecto a este tema, dado que unos días antes de las elecciones bolivianas de 2020, la empresa ACI Systems presentó al gobierno una demanda de arbitraje por los supuestos perjuicios. causado por la derogación del Decreto Supremo No. 3738 que cancela el contrato de YLB con dicha empresa internacional.
Para terminar, es probable que Bolivia esté en el centro de las discusiones sobre el litio en los próximos días, semanas y meses, particularmente debido a lo que está sucediendo hoy en día en Chile. Con el advenimiento de la revolución del litio / EV, Uyuni es el único depósito de litio que eventualmente podría generar más energía que Atacama para la creciente flota eléctrica en el mundo.
 
 
 
 
 
RESERVAS INTERNACIONALES DE BOLIVIA SE ESTABILIZAN EN 2021 TRAS SEIS AÑOS DE CAÍDA
 
Sputnik News de Rusia (https://bit.ly/3Eial1j)
 
El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que sus reservas internacionales netas (RIN) se estabilizaron en 2021, luego de seis años de caída, para sumar un valor de 4.762 millones de dólares a fines de noviembre, como resultado de la política de reactivación en vigencia.
"En 2021, las RIN se estabilizaron, producto de la reactivación económica y la mejora de los precios internacionales de las materias primas", dijo el BCB en un informe preliminar de resultados financieros de este año.
Destacó que los indicadores de las RIN "están por encima de los parámetros internacionales referenciales", citando que a fines de noviembre las RIN equivalían a casi el 12% del Producto Interno Bruto y eran suficientes para cubrir seis meses de importaciones o hasta cuatro años de obligaciones de deuda externa pública y privada.
Tras marcar un récord histórico de 15.084 millones de dólares en 2014, las reservas internacionales netas de Bolivia cayeron sostenidamente a la par de un crecimiento del déficit comercial, que solo fue revertido a partir de 2021.
En 2020, las RIN de Bolivia se habían reducido en 1.519 millones de dólares en comparación con el año anterior, para cerrar ese año en 4.949 millones, cifra que sería superada ligeramente en 2021 según proyecciones basadas en las cifras oficiales del comercio exterior.
En un informe paralelo, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior señaló que las reservas internacionales del país están constituidas actualmente por oro metálico en 51%, divisas 36%, derechos especiales de giro 12% y una participación en el Fondo Monetario Internacional equivalente al 1% restante.
 
 
 
 
 
EX ALTO FUNCIONARIO BOLIVIANO ENFRENTA JUICIO POR SOBORNO POR UN ACUERDO CON EMPRESA DEL SUR DE LA FLORIDA
 
El Nuevo Herald de EEUU (http://hrld.us/3eocyxC)
 
Cuando el líder boliviano Evo Morales se vio obligado a renunciar en medio de la agitación política por su controversial reelección hace dos años, un gobierno rival desplegó a la policía con gases lacrimógenos para atacar a las multitudes de manifestantes que apoyaban al ex presidente socialista.
El agente químico fue comprado a precios muy inflados a una empresa de armas tácticas en el sur de la Florida por los funcionarios bolivianos conservadores que asumieron el poder, según los registros judiciales y los cargos penales presentados en el sur de la Florida.
Los sobornos sellaron el trato, según las autoridades federales de Miami.
En el centro del presunto plan de corrupción en el extranjero estaba Arturo Carlos Murillo Prijic, ex ministro de gobierno boliviano. Fue arrestado a principios de este año en una casa en Doral y acusado en diciembre de cargos de confabulación y lavado de dinero que lo acusan de aceptar más de $500,000 en sobornos del proveedor de gas lacrimógeno del sur de la Florida entre noviembre de 2019 y abril de 2020.
Murillo, de 57 años y quien está detenido desde su arresto, tiene un juicio programado para el 18 de enero en el tribunal federal de Miami. Es el único de los cinco acusados en el caso que ha optado por ir a un juicio con jurado.
Los otros cuatro acusados nombrados como coconfabulados ya se declararon culpables en 2021: Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, de 51 años, ex jefe de gabinete; Bryan Berkman, de 36 años, director general de Bravo Tactical Solutions en Tamarac; su padre, Luis Berkman, de 58 años, de Georgia; y Philip Lichtenfeld, de 48 años, ciudadano estadounidense. Está previsto que todos sean sentenciados ante el juez de distrito Paul Huck el mismo día en que Murillo vaya a juicio.
Bryan Berkman, su padre, Luis Berkman, y Litchtenfeld están acusados de pagar más de $1 millón en sobornos a Murillo, Méndez y otros dos funcionarios bolivianos para obtener un contrato por los gases lacrimógenos con valor de $5.7 millones con el gobierno conservador de la ex presidenta interina boliviana Jeanine Áñez. Los Berkman y Lichtenfeld lavaron el dinero de los pagos a los ex funcionarios del gobierno boliviano a través de cuentas bancarias en la Florida y Bolivia, según las denuncias de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) presentadas por el fiscal Eli Rubin.
La abogada defensora de Murillo, Ana Davide, dijo que el enjuiciamiento federal de su cliente es el resultado de un juego de poder político en Bolivia por parte del nuevo gobierno socialista que reemplazó a la administración de Áñez, y que duró solo un año después de la salida de Morales.
“Nuestra posición es que la persecución del señor Murillo está impulsada por la actual administración boliviana, que está tratando de silenciar a sus críticos”, dijo Davide al Miami Herald el martes. “El gobierno boliviano ha encarcelado a todos los miembros del gobierno de Murillo, incluyendo a la ex presidenta, Jeanine Áñez, por sus opiniones antisocialistas”.
En el tribunal federal de Miami los cuatro acusados firmaron declaraciones de hechos como parte de sus acuerdos de culpabilidad, admitiendo el siguiente plan: Entre marzo y abril del año pasado, Bryan Berkman, Luis Berkman, Lichtenfeld, Murillo y Méndez hicieron Tactical Solutions. A su vez, la empresa del sur de la Florida transfirió unos $3.3 millones de esos ingresos a una cuenta bancaria en Brasil para pagar al fabricante real del gas lacrimógeno en virtud del contrato de defensa de Bravo con el gobierno boliviano.
La enorme diferencia —unos $2.4 millones— correspondía al contrato de defensa inflado de Bravo, que cubría tanto los beneficios como los sobornos, según los fiscales. Ambos Berkman organizaron entonces la transferencia de $700,000 a través de una cuenta bancaria en Miami como sobornos a Murillo y Méndez, y otros $500,000 como honorarios a Lichtenfeld por ayudar a obtener el contrato de gases lacrimógenos de Bravo con el gobierno boliviano, según los acuerdos de declaración de culpabilidad de los acusados. Lichtenfeld era un viejo amigo de Méndez, ex jefe de gabinete del ministro. Se pagaron otros $40,000 en sobornos a otros dos funcionarios bolivianos no identificados, según los fiscales.
Los acusados “realizaron intencionadamente transacciones complicadas para dificultar el rastreo del origen de este dinero en efectivo”, según las declaraciones presentadas con sus acuerdos de culpabilidad.
Los abogados de los cuatro acusados, Michael Nadler, Joseph DeMaria, Frank Schwartz y David Magilligan, declinaron hacer comentarios antes de la sentencia de sus clientes.
No solo enfrentan varios años de prisión, sino que los fiscales planean recuperar millones de dólares en ganancias ilícitas a través de juicios de confiscación y luego entregar el dinero al gobierno de Estados Unidos.
BOLIVIA TAMBIÉN DEMANDA
Sin embargo, lo que hace que este caso de corrupción en el extranjero sea diferente a otros es que el actual gobierno del presidente boliviano Luis Arce, afiliado al partido socialista de Morales, está tratando de recuperar los mismos millones a través de acciones legales. El gobierno de Arce ha demandado a los mismos acusados en el caso penal federal, pero en el Tribunal de Circuito de Miami-Dade, alegando incumplimiento de deberes fiduciarios y conspiración civil.
“Bolivia ha sufrido importantes daños monetarios como resultado directo ... de la participación de cada uno de los acusados en la conspiración”, dice la demanda, que fue presentada por el bufete de abogados Greenberg Traurig en Miami.
El caso del gobierno boliviano está programado para ser juzgado en octubre de 2022, pero ese procedimiento ocurriría mucho después de cuando se espera que los fiscales federales obtengan sentencias de confiscación contra los acusados.
 
 
 
 
 
LA LUCHA DE LAS MUJERES GUARANÍES CONTRA LA SEQUÍA EN EL CHACO BOLIVIANO
 
Las guaraníes de las comunidades de Timboy Tiguasú, Pozo del Anta y Yaguacua, en Bolivia, lideran la producción y el mantenimiento de huertos comunitarios. Es su modo de resistencia colectiva ante las fuertes sequías, que impactan al municipio de Yacuiba. Así, resguardan la seguridad alimentaria de sus familias.
 
El Diario de Argentina (https://bit.ly/3pohXvi)
 
Al menos unas 50 mujeres de las comunidades guaraníes de Yaguacua, Timboy Tiguasú y Pozo del Anta —del municipio tarijeño de Yacuiba, ubicado al sur de Bolivia— se convirtieron en guardianas de su territorio ante los impactos de la crisis climática. Desde 2019, lideran una batalla contra la poca variedad de alimentos y la desertificación de esta región. Lo hacen a través de huertos comunales, pequeños oasis que traen esperanza a familias indígenas.
“Es importante cuidar la tierra para alimentarse adecuadamente, cuidar el monte y la poca agua que tenemos, porque si no nos quedaremos cada vez sin cosecha, sin nada y eso es preocupante”, explica la exMburuvicha (capitana grande) Hilda Vallejos Coímbra.
Ella y otras mujeres de las tres comunidades que forman parte del Territorio Indígena Yaku-igüa, perteneciente a la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), diversificaron la producción con hortalizas y vegetales, para alimentarse mejor durante la crisis sanitaria por Covid-19. A partir de ello tomaron conciencia de la importancia de proteger la seguridad alimentaria.
Ante el abrupto cambio del clima, las familias de Yaguacua y otras comunidades del sector se vieron afectadas por sequías y heladas, que se dieron con más fuerza en los recientes cinco años.
En ese contexto, las mujeres de este lugar, de Timboy Tiagusú y Pozo del Anta, tomaron las riendas del manejo de las huertas comunitarias, debido a la conexión que tienen aún con su territorio. Algunas asumieron como Mburuvichas (nombre en guaraní que también se da a la capitana grande o primera autoridad de la comunidad) de los huertos comunales, donde lideran el proceso.
Las mujeres de la comunidad Timboy Tiguasú se reúnen en el huerto comunal, donde siembran colectivamente hortalizas y vegetales. Esta labor la hacen desde que comenzó la pandemia de Covid-19. En aquel momento, se dieron cuenta que necesitaban alimentos más nutritivos y decidieron diversificar su dieta.
Las mujeres de la comunidad Yaguacua siembran hortalizas durante los meses de agosto y septiembre. Esta acción permite introducir nutrientes al suelo y generar espacios húmedos. La implementación de los huertos comunales es fundamental para aminorar la extrema sequía y la desertificación. 
Las huertas comunales de las tres comunidades son un aporte para resguardar la seguridad alimentaria de unas 700 personas. Todos los miembros de cada comunidad se hacen cargo de manera colectiva de la actividad, pero hay una mayor presencia de mujeres.
En la huerta comunitaria de Yaguacua comenzaron a plantar lechuga, nabo, acelga, cebolla y remolacha para humedecer la tierra. Además, estos cultivos se combinan con la siembra de árboles de limón, pomelo y naranja, con el fin de tener sombra para la plantación de hortalizas y, así, generar microclimas que ayuden a potenciar la producción.
El ingeniero forestal del Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija (Cerdet),  Samuel Flores, recuerda que entre las causas de la crisis climática están la deforestación y el avance de la frontera agrícola y ganadera. “Es un proceso provocado por la acción humana (lo que sucede acá)”, acota.
Esta es una de las realidades que afecta a las comunidades del Chaco, pues la frontera agrícola de soja se amplía cada vez más e incluso bordean las zonas indígenas.
Grandes áreas fueron deforestadas debido a la actividad agrícola en la frontera de Pozo del Anta, donde producen de forma mecanizada maíz y soja. Las que lideran esta actividad son las colonias menonitas, según Flores.
Debido a la deforestación de la zona, muchos riachuelos que suministran agua a las comunidades indígenas se ven cada vez más secos y con poca afluencia. En el lugar se deforesta, además, para abrir caminos con el fin de sacar producción agrícola industrial hacia Santa Cruz.
A la Mburuvicha de la comunidad Yaguacua, Mari Isabel Córdova, le preocupa la sequía que amenaza a su territorio, que repercute en el abandono de las comunidades de parte de los más jóvenes que migran por las pocas posibilidades de sobrevivir a corto y largo plazo.
A la Mburuvicha de la comunidad Yaguacua, Mari Isabel Córdova, le preocupa la sequía que amenaza a su territorio, que repercute en el abandono de las comunidades de parte de los más jóvenes que migran por las pocas posibilidades de sobrevivir a corto y largo plazo.
Los baldes de plástico son la compañía permanente de las comunarias, quienes las llevan casi a todos lados para recibir agua y aprovechar el bombeo, que funciona pocas veces a la semana. Esta tarea depende, además, de que haya gasolina para el motor que la activa.
Si bien esta zona del Chaco se caracteriza por ser seca y con tierras áridas, los impactos del acelerado cambio climático golpean aún más a esta región. Por eso, las guaraníes de estas comunidades aprenden, también, a implementar otros sistemas de recolección de agua, como la cosecha de la poca lluvia que a veces cae por allí y el almacenamiento de este recurso.
A partir de 2019, la comunidad de Timboy Tiguasú usa la “bolsa tanque”, que es un recipiente de lona en el que se recolecta de los pozos y rellena cada semana, aproximadamente,  5.000 litros de agua. Esta bolsa fue facilitada por el Cerdet y el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI).
La dinámica del cuidado de los huertos depende de todas las integrantes, quienes tienen tareas específicas individuales, pero también labores conjuntas cada semana.
Rosabel Villalba Soto, de 33 años, es una de las encargadas del cuidado de las huertas comunitarias de Timboy Tiguasú, donde también se producen calabazas. Este es uno de los productos que tradicionalmente sembraban las comunidades tanto para el autoconsumo como para la venta a pequeña escala.
Muchas mujeres de la comunidad Timboy Tiguasú están a cargo del cuidado de las huertas comunitarias y colocan unos pequeños carteles para dejar una representación de que son parte de este proyecto. El trabajo comunal en las comunidades indígenas es vital en la cultura guaraní.
El maíz es un alimento muy importante para las comunidades Yaku-igüa: no sólo los representa culturalmente, sino que es uno de los principales productos de consumo alimenticio para las familias guaraníes.
Por ello, a la par de la siembra de hortalizas, continúan con la producción de maíz nativo y se resisten a la incorporación de semillas transgénicas de este producto, que en los últimos años ingresó, de manera ilegal, al Chaco boliviano.
Rosa Baldiviezo (36 años), de la comunidad Timboy Tiguasú, posa con su pequeña hija de dos años, en su huerta familiar. Ante la implementación del huerto comunal, muchas familias mencionan que tomaron conciencia en torno a la calidad y diversidad de su alimentación, por eso comenzaron a sembrar en los patios de sus casas.
Recolectar agua es una de sus labores diarias de Hilda Vallejos Coímbra (39 años), agricultora y excapitana de la comunidad Pozo del Anta. Lo hace muchas veces en varios recipientes pequeños de plástico en las horas puntuales en las que se bombea agua durante la semana.
El sueño y la meta de las mujeres de estas comunidades guaraníes del Chaco boliviano es seguir aprendiendo nuevas y mejores formas de alimentar a sus familias, reforzando la unión de su pueblo a través del trabajo colectivo, y así también evitar que se queden vacíos por la migración, y cuidar su territorio frente el avance de la frontera agrícola.
 
 
 
 
 
EL GAS NO CONVENCIONAL SUPERA POR PRIMERA VEZ AL CONVENCIONAL EN LA PRODUCCIÓN TOTAL
 
Ambito de Argentina (https://bit.ly/3elRaJs)
 
La producción de gas no convencional, al igual que en el caso del petróleo, continuó con su tendencia alcista. Tal es así, que durante noviembre superó al convencional en la producción total en el país, según se desprende de un informe elaborado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral.
De acuerdo al estudio, durante el mes pasado el 51,98% de la producción total de gas fue del no convencional, que proviene en su gran mayoría de la cuenca Neuquina (48,75%) y el resto de la cuenca Austral (3,23%).
El foco del crecimiento, señala, está en la producción del gas natural shale de la cuenca Neuquina, que alcanzó 42,03 MMm3/d en octubre de 2021, representando el 33,06% del total producido en el país y el 50% del total de dicha cuenca. De esta manera, se registra un crecimiento del 40%, respecto a octubre de 2020.
El informe también destacó que, en similitud con la producción del gas, en el caso del petróleo también hay una fuerte presencia de la producción no convencional, que crece sostenidamente. “Hoy por hoy el no convencional representa el 36,2% de la producción total de país, y ha tenido un crecimiento del 61% respecto al mismo mes del 2020”, remarcó el estudio.
Análisis
Roberto Carnicer, director del Área Energía de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral, explicó a Ámbito los factores que impulsan el crecimiento de la producción de gas no convencional y remarcó, entre otras aristas, el rol del Plan Gas.Ar. “El crecimiento de la producción de gas no convencional, evidentemente, es porque Argentina alcanzó la madurez y la capacidad para lograr producir gas con precios competitivos. El Plan Gas.Ar le dio previsibilidad en un sector que nunca tenía definido de cuánto era el precio para el mercado doméstico, concretamente para el mercado residencial y las centrales térmicas”, señaló.
Si bien Carnicer destacó que esa previsibilidad puede promover una mayor cantidad de inversiones, señaló que “evidentemente la contracara de la moneda es que ese precio de reconocimiento a los productores no se transfiere al consumidor final”. “Concretamente, está subsidiada la demanda, la tarifa. No se está subsidiando el precio del gas”, dijo y agregó: “El precio de gas es el precio producto de una subasta, y eso generó la situación de que aumentara notablemente el número de fracturas en no convencional, alcanzando valores extraordinarios, muy superiores a los que se habían logrado en su pico histórico en agosto de 2019”.
“El Plan Gas.Ar blinda a la demanda mediante la participación del Estado en el pago de la diferencia que hay entre el precio de gas de acuerdo al Plan Gas.Ar y de acuerdo a lo que se recauda por tarifa en las distribuidoras. Eso es mayor inflación y por lo tanto mayor déficit fiscal y mayor déficit en el balance comercial energético”, remarcó Carnicer.
Exportación
Por otra parte, al analizar si a raíz del incremento de la producción puede pensarse en sustituir importaciones y, en un futuro, exportar, Carnicer sostuvo: “Es el objetivo del Plan Gas.Ar. Y la historia demuestra que es imprescindible reconocer el precio del gas para el mercado doméstico, para fomentar inversiones y sustituir importaciones, en vez de estar pagando un precio de importación del GNL o gas proveniente de Bolivia, caro.
Hoy todavía no se puede hacer en su totalidad, porque hay que hacer infraestructura. Hay que lanzar, con seriedad, los proyectos de expansión del sistema de transporte. Podría hacerse un swap de exportaciones de gas por importaciones de gas: es decir, exporto e importo simultáneamente en el invierno, si tuviera volúmenes importantes en la cuenca neuquina. Por lo tanto, podría eventualmente exportar en el invierno, si la producción de gas sigue creciendo, aún con importaciones de gas en Buenos Aires a través del barco en Escobar. Porque lo que haría es como se hace entre Estados Unidos y Canadá: que en la costa Este exporta de Estados Unidos a Canadá, y en la costa Oeste Canadá le exporta gas a Estados Unidos. Hacer un swap, con mayor cantidad de gas, debe ser una realidad en el futuro”.
En tanto, al referirse al impacto que puede tener en el país la crisis energética que vive actualmente Europa, con el precio del gas en máximos históricos, señaló: “Nos va a impactar, concretamente por lo que sucede en el mundo con los commodities. Están altos, y esto va a afectar el costo de gas de importación en el invierno. Tanto del proveniente de Bolivia, como el del GNL, que dependerá de la oferta y la demanda. Pero Argentina tiene un precio doméstico, cuanta más producción de gas tengamos, más vamos a tener un precio doméstico razonable que se podrá desacoplar de los avatares de una región deficitaria de gas como la europea. Cuanto más se produzca y se más exporte, nos libera de los problemas del déficit del gas natural”.
 
 
 
 
 
“EL TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA PODRÍA DESAPARECER, DADAS LAS CONDICIONES ECONÓMICAS”
 
Asuntos Legales de Colombia (https://bit.ly/3H4inNh)
 
Fernando Triana, socio de Triana Uribe & Michelsen y miembro de Asipi, aseguró que el presupuesto está congelado desde el año 2008
La comunidad legal ha advertido que la falta de presupuesto haría que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina desaparezca. Fernando Triana, socio de Triana Uribe & Michelsen y presidente del Tribunal de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (Asipi), aseguró que el presupuesto del organismo está congelado desde 2008 y el dinero no es suficiente para atender las causas. Además, a la fecha, Perú debe US$394.352 en aportes.
¿Qué es el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina?
Es el órgano judicial de la integración y es el tribunal supranacional andino. Con sede en Quito, tiene magistrados de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, toda vez que Chile y Venezuela se retiraron de la comunidad. El Tribunal de la Comunidad Andina se encarga de todo el tema judicial que se suscita entre los países con objeto de la discusión de integración aduanera, económica y social.
¿Por qué está en crisis el organismo?
Desde 2008, el presupuesto del Tribunal de Justicia está totalmente congelado y desde entonces la cantidad de causas que llegan es impresionante. El Tribunal opera en Quito, en una economía dolarizada, y eso ha convertido el presupuesto en un tema más grave, pues antes Ecuador era un país mucho más económico.
¿Los países miembro sí están manteniendo económicamente al Tribunal?
Ese es otro agravante, pues los países miembros tienen una deuda inmensa con el Tribunal porque no pagan sus estipendios: Perú, Ecuador y Bolivia tienen deudas. El único que se mantiene al día es Colombia porque nosotros hemos sido respetuosos de los tratados internacionales.
¿Cómo ha respondido Colombia con el pago?
Colombia está al día y, por ejemplo, en noviembre de 2020 pagó seis meses por adelantado. La pandemia ha sido una excusa de los otros países miembros, pero la deuda viene de años atrás. En noviembre de este año el Tribunal volvió a entrar en crisis, incluso muchos se preguntan a qué van a Quito los magistrados que se elijan el otro año, si no hay recursos para pagarles. El Tribunal está destinado a desaparecer dadas las condiciones económicas.
¿Cuál es el interés de Asipi en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina?
En medio del sistema mundial de propiedad intelectual, la fortaleza económica y la seguridad jurídica de los países tambalea sin el tribunal, pues no tenemos ley propia, sino la ley andina.
Tenemos normas supranacionales andinas vigentes en los países miembro, como la 486, que regenta el derecho de autor y la propiedad industrial. Si desaparece el Tribunal, cada país interpretaría la norma andina a su parecer y sería un caos normativo y judicial. Nuestro interés es ilustrar al público y a las autoridades de lo que está pasando.
¿Cómo funcionan estas normas compartidas en la región?
Tenemos la misma ley para los cuatro países en temas como derecho de autor y propiedad industrial. Esto, con el fin de evitar la anarquía de cada nación. El Tribunal dicta a las autoridades colombianas, como superintendencias y ministerios, cómo deben interpretar la ley andina para que se interprete de la misma manera en todos los países.
¿Qué dice el Gobierno sobre la crisis del organismo?
El presidente de la República, Iván Duque, está enterado y ha sido muy receptivo porque parte de su política de Estado es la economía naranja, la cual se funda en la protección adecuada de la propiedad intelectual, y él ha sido uno de los pocos presidentes colombianos que están comprometidos con la protección de la propiedad intelectual de manera integral.
Antecedentes
Según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el país que a la fecha tiene la mayor deuda es Perú, pues debe US$394.352 de un aporte anual de US$456.560. El organismo reportó también que Bolivia y Ecuador pagaron sus saldos pendientes el día de ayer. En términos de aportes, Bolivia debía US$390.763 y Ecuador US$78.773. Para el año 2020, el presupuesto del organismo fue de US$1,17 millones, que se destinaron a resolver 439 causas judiciales que llegaron al Tribunal.