Oxilia señaló que el acuerdo
facilitaría el transporte de la materia prima y el acceso a los principales
mercados en los dos océanos: Atlántico y Pacífico. “Además, sería un gran
impulso a la industria automotriz eléctrica en Paraguay. El Chaco paraguayo se
volverá un polo productivo con acceso a la hidrovía y a los dos océanos”,
resaltó.
Precisó que Bolivia tiene gran
parte de las reservas de litio del mundo, por ejemplo en el salar de Uyuni,
mientras que nuestro país cuenta con una mejor posición desde el punto de vista
de comunicación a los océanos a través de lo que será el Corredor Vial
Bioceánico, que atraviesa la Región Occidental con 574 kilómetros y cuyo primer
tramo está concluido, otro en proceso de licitación y uno más que culminará en
el próximo gobierno.
Ubicación. El experto en energía
reiteró la privilegiada posición paraguaya desde el punto de vista geográfico
para contar con acceso al litio de Bolivia, y con un puerto más favorable para
la llegada a los mercados.
“Eso también va a ayudar a que
los otros componentes que hacen parte de las baterías puedan ingresar por la
hidrovía Paraguay-Paraná, y entonces tener la disponibilidad de los recursos
necesarios y tal vez manejar una continuación de la cadena de valor con una industria
automotriz eléctrica, es decir, ver si podemos comenzar ensamblando vehículos
eléctricos (motos, bicicletas), vinculados a la producción de las baterías”,
señaló.
Detalló que las baterías se
fabrican en módulos que después se configuran para el uso que uno quiera
darles, módulos que acoplados pueden ser útiles para una batería para motos,
bicicletas o vehículos como buses. “Habría que hablar con Bolivia, de hecho hay
que recordar que en el Tratado de Paz que se firmó en 1938 con Bolivia hablaba
del otorgamiento de una especie de zona franca en un puerto sobre el río
Paraguay en el Chaco”, insistió Oxilia.
Vehículos eléctricos
Con relación a la instalación de
una industria automotriz eléctrica, la Itaipú Binacional (IB) suscribió un
memorando de entendimiento con el Instituto Tecnológico Automotriz de Corea del
Sur (Katech), para iniciar la implementación del Plan Piloto de Movilidad
Eléctrica, que conllevará la instalación del primer centro tecnológico
automotriz en el país, con una donación de Corea por USD 16 millones. Última
Hora de Paraguay (https://bit.ly/3PwJaqf)
LITIO: CHILE Y ARGENTINA ANUNCIAN
REUNIÓN TRILATERAL CON BOLIVIA
La Prensa Austral de Chile
(https://bit.ly/3z7p5Q1)
Chile y Argentina anunciaron
desde Buenos Aires una futura reunión trilateral con Bolivia para avanzar en la
producción conjunta de litio.
La idea apunta a elaborar una
“estrategia común de gobernanza”, detallaron desde el Ministerio de Relaciones
Exteriores trasandino.
La cita congregó a los
cancilleres Santiago Cafiero y Antonia Urrejola (en la foto). Ambos conversaron
sobre la “profunda agenda política, económica y comercial bilateral”, indicó el
gobierno argentino.
Además, los cancilleres
subrayaron la importancia de la agregación de valor, la gobernanza ambiental,
social, la formación y la capacitación de recursos humanos “en consonancia con
la reciente conformación del Grupo de Trabajo Binacional de Litio y Salares”.
“Cafiero y Urrejola coincidieron
en una mirada estratégica sobre la manera de desarrollar la cadena de valor del
litio, con foco en el triángulo Argentina, Chile y Bolivia, considerado la
reserva más grande del mundo, con cerca del 65% de los recursos mundiales de
ese mineral”, señaló la Cancillería argentina.
Durante el encuentro, Urrejola
mostró el interés de Chile “en conocer la experiencia argentina de YPF Litio”,
cuyo objetivo es “integrar toda la cadena de valor del mineral”.
EXMINISTRO EXPRESÓ QUE SE ESTARÍA
BUSCANDO ASILO DE PEDRO CASTILLO EN BOLIVIA Y COLOMBIA
El exministro del Interior
Mariano González dijo tener conocimiento que se estaría buscando el asilo para
el mandatario Pedro Castillo.
Trome de Perú
(https://bit.ly/3J3qNqk)
A TOMAR EN CUENTA. El exministro
del Interior, Mariano González, manifestó tener conocimiento que se estaría
buscando el asilo para el presidente Pedro Castillo en Bolivia y Colombia;
durante una entrevista en Cuarto Poder.
González se presentó en Cuarto
Poder, donde brindó detalles de su breve gestión y su sonada salida del
Ministerio del Interior, hace unos días.
En un momento de la entrevista,
Sol Carreño le preguntó si alguna persona estaría buscando un asilo para Pedro
Castillo en algún gobierno ‘afín’.
Al respecto, González dijo haber
oído que ‘habría la posibilidad que podría intentar irse a Bolivia y Colombia.
“Yo estoy seguro que ni el presidente Gustavo Petro, ni el presidente Luis Arce
estarían dispuesto a semejante cosa”, añadió.
HAY QUE CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA
PARA DISTRIBUIR EL GAS, DICE ESPECIALISTA
Carlos Gordillo Andía sostuvo que
la idea de traer gas natural de Bolivia es buena, pero a la vez se deben
impulsar políticas para su implementación.
La Republica de Perú
(https://bit.ly/3OwTRro)
El viernes funcionarios del
Gobierno Regional de Puno se reunieron con sus pares de Arequipa para avanzar
en la propuesta de traer gas natural de Bolivia. Los gobernadores de ambas
regiones tienen la firme intensión de traer gas barato para el sur del país.
Para el especialista en temas
energéticos, Carlos Gordillo Andía, la idea es buena, pero a la vez se deben
impulsar políticas para su implementación, como la construcción de gasocentros,
la conversión de autos al sistema de Gas natural Vehicular (GNV) y la forma en
que se distribuirá a los hogares y las industrias.
El especialista señala que otro
tema importante es la forma en que el gas natural llegará: comprimido o
licuado. El gas licuado pasa por un proceso que lo vuelve líquido a bajas
temperaturas. El gas comprimido solo es puesto en cisternas que soportan hasta
220 bares de presión. “El gas licuado es más eficiente, porque se puede
almacenar casi el doble, pero el proceso es más costoso”, indicó.
Reunión de gobernadores de Puno y
Arequipa
El gobernador regional de Puno,
Germán Alejo Apaza, insiste en impulsar la importación de Gas Licuado de
Petróleo (GLP) de Bolivia para las regiones del sur del país. Por ello arribó a
la región Arequipa para conformar una agenda de desarrollo junto a la
gobernadora Kimmerlee Gutiérrez. Entre los puntos debatidos está abaratar los
costos del balón doméstico decretando una libre importación del insumo con la
empresa boliviana de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
“Estamos gestionando la
importación de gas de Bolivia y queremos hacer parte a las regiones del sur
para que al final los pueblos sean los beneficiados”, sostuvo Alejo. Junto a
Gutiérrez acordaron que sus equipos técnicos, elaboren un informe para este
procedimiento y enviarlo al Ejecutivo nacional. Dijo que como regiones buscan
que se unifiquen y que a través de un decreto este vigente la libre
importación. Alejo sostuvo que de conseguir su propósito, el balón en el
altiplano costaría S/ 25 a S/ 30 y en Arequipa entre S/ 35 a S/ 40 por los
costos de transporte.
MARCO ANTONIO GARCÍA CLAROS,
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS:
“BOLIVIA ES UN NARCOESTADO DISIMULADO”
El experimentado jurista dialogó
con Infobae sobre la situación actual de la Justicia en su país y la creciente
injerencia del gobierno del MAS. Sobre Evo Morales, no dudó en afirmar que el
ex presidente debería “estar preso”, y cuestionó la condena de 10 años contra
la ex jefa de Estado interina, Jeanine Áñez
Infobae de Argentina
(https://bit.ly/3zvW8Pi)
Marco Antonio García Claros es un
abogado boliviano de vasta experiencia, que supo ser presidente del Colegio de
Abogados de Cochabamba, su ciudad natal, y vicepresidente del Colegio Nacional
de Abogados de Bolivia. Actualmente es candidato a la presidencia de la Federación
Interamericana de Abogados. Sin embargo, esta oportunidad no le llega en
cualquier momento. Le llega en tiempos en que la Justicia de su país se ha
visto fuertemente penetrada y manipulada por el gobierno del Movimiento al
Socialismo (MAS), bajo la presidencia de Luis Arce, pero con la indiscutible
participación protagónica del ex mandatario, Evo Morales.
En diálogo con Infobae, el
jurista habló de todo: desde su candidatura a la presidencia de la Federación,
hasta el proceso judicial que se le inició a la ex jefa de Estado interina,
Jeanine Áñez, quien recientemente fue condenada a 10 años de prisión. Respecto
a esto último, García Claros no dudó en decir: “Es un proceso completamente
inventado por delitos inexistentes”.
También apuntó contra Evo Morales,
quien, según sostuvo el abogado, “debería estar preso” por un amplio abanico de
acusaciones, que van desde fraude electoral hasta terrorismo. Y alertó que las
políticas del Ejecutivo llevaron a Bolivia a ser “un narcoestado disimulado”.
Por último, García Claros subrayó
que uno de los principales desafíos de la Federación Interamericana de Abogados
será recuperar en todos los países de la región “la independencia judicial, la
imparcialidad con la que deben trabajar los jueces”.
-¿Después de tantos años de
experiencia en la Justicia de su país, cómo se gestó su candidatura a la
presidencia de la Federación Interamericana de Abogados?
-Desde el año 2000 soy miembro de
la Federación Interamericana y desde 2002 soy Consejero por Bolivia. La
participación de mi país en la Federación ha sido limitada, teníamos uno o dos
personas que concurrían frecuentemente. A partir del 2000 hicimos mucho más
cuerpo asistiendo permanentemente y convocando además a las entidades gremiales
de mi país, el Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, el Colegio de
Cochabamba… Actualmente estoy en el Comité Ejecutivo de la Federación
Interamericana, y antes de eso seguimos con preocupación el curso que estaban
siguiendo algunos acontecimientos que están derivando en una suerte de crisis
institucional muy severa que contribuimos juntamente con otros miembros a
superarla. No te digo que la hayamos superado definitivamente, pero se ha
avanzado notablemente en ese sentido; en el sentido de superar la crisis
institucional que aquejan, no solamente a la Federación, sino a todos los
organismos gremiales a nivel interamericano, y estos probablemente se han
agudizado con la pandemia. La pandemia ha sido nefasta, porque no ha permitido
la interacción, no ha permitido las reuniones presenciales, todo ha tenido que
hacerse de forma virtual, y lo virtual ha constituido una seria limitación en
varios ámbitos, en el educativo, por ejemplo. Hemos tenido que reaprender a
ejercer la docencia a través del Internet, y donde ha sido bastante complicado
asumir la virtualidad ha sido a nivel judicial. Ese es el contexto.
Inicialmente uno postula la vicepresidencia y automáticamente en el siguiente
periodo asume ya la presidencia de la institución. Esa es la forma
institucional de asumir la presidencia. Eso por una parte. Lo que hicimos fue
recomponer nuestro capítulo, el capítulo tiene que estar constituido por
miembros individuales. Es el capítulo boliviano el que me ha postulado a esta
candidatura.
-Usted supo desempeñarse como
presidente del Colegio de Abogados de Cochabamba, su ciudad. ¿El Colegio de
Abogados de Bolivia tiene alguna incidencia o puede apalancar alguna
candidatura en la Federación?
-Sí, nuestro interés justamente,
cuando nos reunimos hace unos dos meses en la ciudad de La Paz, fue para motivar
que los colegios de mi país se reintegren a las actividades de la Federación.
Desde hace algunos años, una de las víctimas del proceso político que vive mi
país ha sido precisamente la colegiatura obligatoria. Anteriormente había
colegiación obligatoria y una institucionalidad bastante fuerte en los
colegios. Eso se ha suprimido, se ha eliminado la colegiación obligatoria, y
eso ha significado un grave retroceso en la participación de los colegios a
nivel internacional en las instituciones gremiales y también una merma en su
funcionamiento a nivel local. Hace unos meses nos hemos reunido con los
colegios, con el Colegio Nacional de Abogados, con el Colegio de Abogados de la
Paz, de Cochabamba… Ellos están de acuerdo con la postulación, pero por temas
económicos todavía no va a ser posible su reincorporación a la institución. Una
vez que nos quitan la colegiación obligatoria empiezan a perseguir a los
colegios y a quitarles el sustento económico que permitía una actividad
relativamente provechosa.
-¿El Gobierno es el que quita ese
sustento?
-Sí, se ha dictado una ley…
Primero decretos supremos, y finalmente una ley. Manteniendo sí la condición de
entidades de derecho público que tienen los colegios, que lamentablemente
todavía no logran entender de qué se trata el ser entidades de derecho público
y la proyección que se puede conseguir. Pero en este momento el tema del
registro de la matriculación corresponde al Ministerio de Justicia, entonces
los colegios ya es una colegiación voluntaria que realizan y eso le quita mucha
fortaleza.
-¿A qué atribuye esto? En los
últimos tiempos, desde la vuelta del MAS al poder, ahora con la presidencia de
Luis Arce, se han acentuado las denuncias contra el Gobierno por injerencia
sobre la justicia boliviana. ¿Lo que usted explica está vinculado a esto?
¿Efectivamente hay una fuerte injerencia del Gobierno sobre el sistema
judicial?
-Sí, muy acentuada. El principal
enemigo que tuvo inicialmente el Gobierno fue el Colegio de Abogados, en la
medida que empezaban a cuestionar, siendo uno de los más visibles oponentes,
además dado el conocimiento que tenían en el complejo tema de la justicia.
Entonces el único colegio que fue afectado fue el Colegio de Abogados,
eliminando la colegiación obligatoria, situación que no sucede con otros
colegios. El Colegio Médico, el Colegio de Arquitectos, de Ingenieros,
continúan con colegiación obligatoria y estos colegios son los que manejan el
registro de profesionales. Entonces, eliminada la oposición de los colegios, ha
sido más fácil la ruptura completa. Si teníamos crisis antes en la
administración de justicia, esta es ahora definitiva. Se pensó que ésta se
superaba con la elección de magistrados, pero ha sido peor porque este es un
tema que se manipula desde el poder y se logran magistrados que son serviles al
Gobierno y eso es un hecho que hay que revertir. Lo lamentable es que el
Gobierno, el oficialismo, reconoce este problema, pero cuando ya le toca
solucionarlo, lo que hace más bien es aprovecharse de esto para mantener la
continuidad de estos magistrados y jueces que son serviles a su causa. Estamos
hablando no solamente del órgano judicial, sino también del Ministerio Público.
Porque de otra manera no se puede explicar la facilidad con la que los
opositores o cualquier persona que no se sujete a sus designios sea pasible a
un enjuiciamiento, a que se le invente una causa y finalmente se lo mantenga
detenido, se lo procese y condene.
-Con respecto a esto último, el
caso más resonante es el de la ex presidenta Jeanine Áñez. ¿Cuál es su opinión,
o su análisis jurídico del proceso judicial contra la ex mandataria?
-Es un proceso completamente
inventado por delitos inexistentes. Si quieren procesarla la tendrían que haber
procesado ante el juez natural. Es decir, deberían haberla procesado en un
juicio de responsabilidades como ex presidenta. Pero le han inventado dos
procesos: el llamado golpe 1 y después el golpe 2. El golpe 1 lo dejan en
suspenso porque se dan cuenta que los delitos por los cuales le estaban
juzgando eran inexistentes e inventan otro llamado golpe 2 en el cual la
procesan y la condenan. Esto es parte de la manipulación grosera que se hace
desde el poder utilizando los mecanismos judiciales para perseguir a la
oposición. En este caso condenar a una persona por delitos inexistentes. Esta
situación ha tenido connotaciones a nivel internacional, especialmente todas
aquellas instituciones que fueron facilitadoras para garantizar darle
continuidad y evitar la profunda crisis y el vacío de poder que se había
generado en octubre-noviembre de 2019. Estas instituciones que fueron la Unión
Europea, la Embajada del Brasil, la Conferencia Episcopal de Bolivia, todas
estas entidades que permitieron y facilitaron el diálogo entre todos los
actores, incluyendo por supuesto al oficialismo, a los líderes de la oposición,
y viabilizaron la sucesión constitucional, están a las puertas de ser sometidos
a otro juicio igual por alzamiento armado, terrorismo, y otras figuras que se
han inventado para procesar a todas aquellas personas que participaron en el
proceso de diálogo y facilitación debido a la renuncia y al vacío de poder que
nos dejó el señor Evo Morales en noviembre del 2019.
-¿Cuál es la situación de ciertas
causas que había contra Evo Morales, desde las muertes que hubo en aquellos
días de protesta post elecciones, también ciertas denuncias de campañas
financiadas con dinero del narco? ¿El Gobierno está utilizando la justicia para
frenar todas esas denuncias y acusaciones?
-Una de las primeras acusaciones
que tenía el ex presidente Morales era el de fraude electoral, en base al
informe final elaborado por la Organización de Estados Americanos. Además,
documento realizado a solicitud del Gobierno boliviano, que tenía carácter
vinculante y que finalmente fue el instrumento que se utilizó para intentar
enjuiciar a Evo Morales. También acusaciones serias de terrorismo. Esos días se
genera un vacío de poder, la policía estaba acuartelada, el ejército o las
Fuerzas Armadas estaban acuarteladas, y todos los grupos de choque, estos
grupos violentos financiados por el MAS, por el partido de Gobierno, irrumpen
violentamente en las ciudades, se produce la quema de buses en la ciudad de La
Paz, ingresan violentamente a domicilios de opositores, los queman… Toda esta
situación de grave violencia ante ciudadanos indefensos, arrinconados en sus
domicilios, viendo y escuchando cómo estos grupos violentos ingresaban a
domicilios, convocaban a una guerra civil. Cerrar los ojos y pensar que no pasó
nada, que hubo tranquilidad, que en realidad hubo un supuesto golpe de Estado,
que nunca existió, salvo en la imaginación de estas personas… Pero nosotros que
vivimos esa situación, con gente financiada que organizaba, que irrumpía para
quemar e incendiar las ciudades… Esa situación lamentable, es la arremetida de
alguien que no termina de irse del poder y que si se va, va a ser dejando un
reguero de muertos, y es lo que finalmente pasó.
-Usted habló de denuncias de
fraude, hechos de violencia, muertos… ¿Evo Morales hoy en día debería estar
preso?
-Sí, así es. Pero como hemos
dicho, varios de los procesos se han extinguido en la medida en la que ellos
manejan el Ministerio Público y a la justicia, entonces definitivamente todas
las acusaciones que existieron en su momento por terrorismo, por haber dejado a
las ciudades aisladas, que no tengan alimento… Todas esas situaciones han
quedado extinguidas. Actualmente no hay ninguna causa en contra de Evo Morales
ni la de fraude electoral ni la de terrorismo, ni otras causas. Actualmente el
señor Evo Morales está parapetado en el Chapare, donde se va a realizar un
campeonato de fútbol los próximos días que va a llevar su nombre: Copa Evo.
-Los principales aliados de Evo
Morales son justamente los gobiernos autoritarios y dictatoriales que tenemos
hoy en la región, como Venezuela, Cuba y Nicaragua, donde la justicia está
completamente cooptada por los gobiernos de turno. ¿En qué situación está
Bolivia judicialmente? ¿Está cerca de llegar al modelo de esos países, o
todavía tiene un margen de maniobra?
-Tiene que ver también con lo
económico. Es con seguridad por la existencia de una economía paralela, una
economía paralela financiada por el narcotráfico, y una economía boyante porque
además si estamos exportando algo, es droga. Estamos inundando de droga a todos
los países vecinos. Se han establecido nuevos canales para la salida de la
droga del país y en las últimas semanas todos los días, ya sea en los propios
países afectados, en el Paraguay, en el Brasil, incluso en Bolivia, se han
detectado cargamentos de droga transportados en avionetas. También hay graves
denuncias anteriores respecto al tema del narcotráfico y de la conformación de
narcoestados: Cuba, Venezuela, y como puente de la droga peruana, Bolivia. Esa
incidencia en la economía de mi país es lo que de alguna u otra manera está
manteniéndonos a flote; porque de otra manera la crisis tendría que ser muy
parecida a la que ustedes están viviendo actualmente.
-¿O sea, Bolivia ya se convirtió
en un narcoestado?
-Disimulado sí. Disimulado
porque… ¿de dónde sale la droga? O somos puente de droga que viene del Perú, y
aquí nos encargamos de fabricarla. Porque no explicas de otra manera el hecho
de que durante el último tiempo existan tantos operativos y tantos delitos de
narcotráfico con cargamentos muy importantes. El último operativo estamos
hablando de cargamentos que van más o menos en los 700 millones de dólares.
Entonces no estamos hablando de algo sencillo, estamos hablando de algo muy
fuerte. Evo Morales está parapetado en el Chapare, que es el principal
productor de coca, que es el elemento básico para la elaboración de la droga.
Es coca excedentaria. Es decir, no se utiliza para el consumo humano, se
utiliza absolutamente en su totalidad a la elaboración de narcóticos. Ese es el
lugar donde está parapetado en este momento el señor Evo Morales y ese es el
lugar donde se va a desarrollar el campeonato de fútbol. Entonces, ¿cuál es el
objetivo de desarrollar un campeonato? Primero es recuperar su imagen, una imagen
muy deteriorada políticamente; en lo interno Evo Morales definitivamente ha
perdido la base que tenía entonces, pero tiene que recuperarla en algún momento
y parece que el tema del campeonato de fútbol es una oportunidad. Pero lo va a
hacer en el Chapare. Entonces eso debería ser una prevención para cualquier
equipo de circuito: ¿dónde voy a ir a jugar?, ¿quién está financiando? Porque
no está financiando el Gobierno, no está financiando la Federación Boliviana de
Fútbol, están financiando los productores de coca del Chafari.
-Ante todo este panorama que
venimos hablando, ¿uno de los desafíos que tendrá la Federación es justamente
trabajar en estos países como Bolivia, donde hay tanta injerencia de la
política?
-Sí, una de las principales
actividades es recuperar en todos los países la independencia judicial, la
imparcialidad con la que deben trabajar los jueces. Este es un problema
agravado por la pandemia, pero es un problema crónico en nuestros países, y hay
que trabajar insistentemente sobre esta materia. El boliviano es mucho más
sensible porque habíamos aceptado como solución el elegir porque elegimos a los
magistrados… Decían que era la receta mágica, que el pueblo intervenga y elija
a sus magistrados, pero la solución al resultado ha sido peor que la
enfermedad, ahora estamos peor que antes. Esa es una tarea pendiente de los
abogados y por supuesto de las entidades gremiales a nivel interamericano, y
por supuesto la Federación lo que va a hacer es recuperar el trabajo que hagan
todas las entidades que la conforman y una de ellas es el Colegio Nacional de
Abogados de Bolivia, que está recuperando presencia, pese a las dificultades
económicas, pese a la persecución que han sufrido los colegios, a las
limitaciones que imponen el ya no tener ingresos. Sí se está recuperando
paulatinamente, pero este es un proceso todavía de largo aliento.
MOTOCICLISTAS RECLAMARON QUE SE
ACLARE LA MUERTE DE BENÍTEZ
Se movilizaron y pidieron
justicia por el salteño que murió tras un accidente en Bolivia. Comentaron que
no viajarán al vecino país hasta que haya una explicación de lo que pasó.
El Tribuno de Argentina
(https://bit.ly/3b43Y9r)
Salteños que habitualmente viajan
en moto se unieron ayer para reclamar justicia por la muerte de Alejandro
Benítez, el salteño que murió tras un accidente en una ruta de Bolivia. Se
movilizaron desde el monumento a Gemes hasta la PLAZA 9 DE JULIO y aseguraron que, por el
momento, no volverán al país vecino.
Benítez era un docente jubilado
salteño que viajaba en moto por Bolivia y fue embestido por un camión el 7 de
julio. Según denunciaron sus compañeros, lo llevaron a un centro de salud y
falleció sin la atención adecuada porque no le aceptaban moneda argentina para
pagar el traslado a un hospital de mayor complejidad. Tras el caso, quedó en
debate la reciprocidad con Bolivia, ya que en hospitales de Salta se recibe a
personas de ese país constantemente.
"Queremos que se aclare la
muerte del profesor, que los bolivianos nos den el mismo trato que nosotros a
ellos, que haya reciprocidad y que el responsable se haga cargo", expresó
ayer a El Tribuno Carlos Hoyos, uno de los motociclistas. También contó que
decidieron no volver a viajar por Bolivia hasta que haya una respuesta clara
sobre lo sucedido porque tienen temor. "No estamos en contra del pueblo o
de los motociclistas de Bolivia porque son gente muy buena. Vamos en contra del
sistema. Dijeron que habría reciprocidad con Argentina y eso no se está
cumpliendo", agregó Hoyos.
El motociclista también destacó
que en Bolivia les cobran más por el combustible y que es el único país donde
pasa eso.
Los manifestantes se reunieron a
las 14 en el monumento a Gemes
y, tras una recorrida por la ciudad, llegaron a la plaza 9 de Julio con
banderas y pancartas que pedían justicia. Allí compartieron un minuto de silencio por Alejandro Benítez y
también hicieron sonar sirenas para recordar lo sucedido con el docente.
Noelia Chaile es una motoviajera
que se sumó ayer a la movilización en Salta capital. Contó que conoció a
Alejandro Benítez por Facebook y que seguía por esa red social los viajes que
él junto a su grupo realizaba. Noelia anda por las rutas desde 2008 con su
moto. "En Bolivia, tienen un protocolo que tendrían que haber activado en
el momento del accidente y no lo hicieron. Alejandro agonizó por dos horas y
eso no es humano".
Valentín Paoli viaja en dos
ruedas desde hace seis años y también se sumó al reclamo. "El grupo de
motoqueros está siempre unido. En esta causa estamos todos presentes"
dijo.
El motoviajero compartió que fue
muy triste enterarse de lo que le pasó a Benítez. "Ando en la ruta en
grupo y nos ayudamos entre todos. Conocés mucha gente en el camino y hacés una
fraternidad. Si no tenés a alguien que te ayude, puede ser la peor
muerte", señaló.
Rafael Abraham es otro motoquero
salteño que se sumó. "Como comunidad motoquera nos armamos para apoyar a
la familia y visibilizar para que no le pase a otros, para que tengamos
igualdad de derechos tanto en Bolivia como acá", dijo.
CARAVANA Y BOCINAZO PARA REPUDIAR
EL CASO DE "ABANDONO Y MUERTE" DEL MOTOCICLISTA SALTEÑO EN BOLIVIA
Motociclistas jujeños realizaron
durante la tarde de este domingo una caravana para manifestarse en repudio por
el abandono, la falta de atención médica y la muerte del docente salteño
Alejandro Benítez, ocurrida el 3 de julio pasado en Bolivia tras sufrir un
accidente vial.
Hola Salta de Argentina
(https://bit.ly/3J5zPD3)
La protesta, que formó parte de
una convocatoria a nivel nacional, partió desde las inmediaciones de la
exestación de trenes ubicada en la ciudad capital, hasta el Consulado de
Bolivia, situado en la calle Ramírez de Velasco al 100 donde se realizó un
bocinazo. “Nos manifestamos en repudio por el caso de abandono y trato inhumano
que padecieron nuestros hermanos por parte del personal de salud y seguridad de
Bolivia, y en apoyo a los integrantes de Pasión 2 Ruedas de Tartagal, ciudad
donde residía el docente y donde también esta tarde hubo un reclamo de justicia
e igualdad recíproca por parte de los amigos salteños”, dijeron a Télam los
motociclistas de la “Hermandad Jujeña” sobre ruedas.
Después de protestar en el
Consulado, los más de 50 motociclistas jujeños se movilizaron por el centro de
la ciudad, para concluir en la Plaza Belgrano, frente a Casa de Gobierno, con
un minuto de silencio en memoria de Benítez. “Si en Bolivia vas en un vehículo,
sufrís un accidente y si no tenés la plata para pagar los servicios podes
terminar muriendo como le pasó a nuestro compañero. En cambio, acá un turista
que se accidenta tiene todo el sistema de salud a disposición. Es repudio y
bronca lo de hoy”, remarcaron. Benítez, quien era un docente jubilado oriundo
de la localidad de General Mosconi (Salta), fue embestido por un camión a la
altura de Ivirgarzama, en Cochabamba, lo que le provocó serias heridas y
golpes.
Días después del hecho, el
Gobierno de Salta presentó un pedido ante la Cancillería argentina para se que
realicen las gestiones necesarias ante el Estado Plurinacional de Bolivia en
reclamo por este caso. "(Fue) una verdadera pesadilla para quienes
acompañaban a Benítez, ya que tanto el camionero que colisionó la moto, como el
personal de fuerzas de seguridad que intervino y del Centro Médico de
Ivirgarzama, se negaron a trasladar al docente hasta un Centro Médico de mayor
complejidad, porque les exigieron pagar por anticipado y en dólares o pesos
bolivianos los gastos de traslado de la ambulancia", señalaron. En el
documento, que fue presentado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, se indicó que "los acompañantes tenían solo pesos argentinos y los
testimonios que pueden recogerse de los testigos del hecho, y de todo lo
sucedido después, dan cuenta de la dramática situación que vivieron y que
termina con el desenlace fatal" de Benítez en ese lugar, sin recibir la
atención médica necesaria. La Cancillería argentina, por intermedio de su
embajada en La Paz, manifestó su disposición de elevar una nota de protesta
oficial ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia,
"reclamando explicaciones y manifestando su profunda preocupación"
por el abandono, la falta de atención médica y la muerte de Benítez.
PROPONEN QUE LOS EXTRANJEROS NO
RESIDENTES EN SALTA PAGUEN PRESTACIONES MÉDICAS
La iniciativa es del diputado
Bernardo Biella, quien pretende que la medida se extienda a todos los
hospitales y centros de salud de la provincia, porque en realidad actualmente
ya se cobra en algunos lugares de la provincia. Las críticas del INADI.
Página 12 de Argentina
(https://bit.ly/3J3nM9q)
El diputado provincial Bernardo
Biella presentó un proyecto de ley durante el receso legislativo, mediante el
cual busca que "todas las personas que son extranjeras, no residentes en
Salta, paguen la asistencia en los hospitales públicos de la provincia”.
La iniciativa se presenta como
parte de los coletazos, muchas veces rayanas en la xenofobia, que hubo en el
país tras el trágico fallecimiento del docente salteño Alejandro Benítez en
Bolivia. Situación que todavía se investiga si se le negó una prestación médica
de urgencia por su nacionalidad, algo que el gobierno de Bolivia ya negó.
Sin embargo, legisladores de
distintas provincias argentinas presentaron proyectos para que los extranjeros
paguen por sus prestaciones médicas en nuestro país. Esto ya se reflejó en la
Legislatura de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde los representantes de
Juntos por el Cambio, Roberto García Moritán y Marina Kienast, como así también
en la provincia de Buenos Aires con el proyecto que presentó el legislador del
partido Liberal, Nahuel Sotelo. En Salta se suma Biella.
Los argumentos
En diálogo con Salta/12, el
representante del bloque Salta Independiente aclaró que, en caso de promulgarse
la ley, “el arancelamiento será para las personas extranjeras no residentes en
la provincia de Salta, y de esta manera, vamos a llevarle un recurso a los
hospitales que necesitan medicamentos, gasas, férulas, etcétera”.
“Queremos que se haga justicia y
se pague un arancel en todos los hospitales, centros de salud y salitas de la
provincia para que también tengan la posibilidad de generar ciertos
recursos", añadió.
Tomando como caso testigo lo
ocurrido con el docente Alejandro Benítez, aunque todavía no está claro que
realmente se le haya negado atención, Biella explicó que "las urgencias y
la atención médica programada, son cosas totalmente distintas, por eso un paro
cardiorrespiratorio o un accidente de tránsito, se atiende de manera urgente y
después se ve el arancelamiento, y no es que se les pide plata para atenderlos
como pasó en Bolivia”.
“La legislación internacional
afirma que el derecho a la vida está por encima de todos los otros derechos que
existen, por eso todo paciente que necesita asistencia de urgencia, se lo debe
asistir de manera inmediata sin cobrar ni un centavo”, amplió.
El planteo del Inadi
Sin aún tener el proyecto en
cuestión en su poder, el delegado del INADI en Salta, Gustavo Farquharson, de
igual manera tomó posición contraria al espíritu del proyecto de ley.
"No sé en base a qué
estadísticas se manejan, porque no sé cuántas realmente son las personas
migrantes que se hacen atender en hospitales públicos, pero la ley establece
que las personas migrantes tienen derecho de ser atendidas en hospitales y centros
de salud, porque el sistema de salud pública es universal”, recordó el
funcionario nacional.
“Hoy ya se les cobra la atención,
por ejemplo, en el Hospital San Bernardo, entonces creo que surge la discusión
de algo erróneo porque se dice que el sistema de salud está desbordado gracias
a los migrantes, y no es así, sino que está desbordado porque no se financia
bien desde hace años”, afirmó.
Añadió que “es ínfima la cifra y
número de personas migrantes no residentes que se atienden en hospitales para
decir que si se les cobra, el sistema va a andar bien, sumado a que esto va en
contra de la Ley de Migraciones, pero en la práctica escuché a la cónsul de
Bolivia decir que sí se les cobra a los extranjeros en los hospitales”, aclaró.
"No se busca
discriminar"
Biella coincidió con Farquharson
en el hecho de que algunos hospitales públicos efectivamente cobran sus
prestaciones a las personas extranjeras no residentes: “hoy en día hay cuatro
hospitales arancelados en Salta, que son el San Bernardo, el Oñativia, el Materno
Infantil y el de Cafayate, donde se prestan las atenciones pero se genera un
arancelamiento, y después se envía un asistente social al domicilio del
paciente para ver si es carenciado, y recién entonces en caso de ser así, se le
bonifica la asistencia”. Sin embargo, en la práctica los hospitales suelen
cobrar el arancelamiento antes de brindar la atención.
“No estamos discriminando para
nada, porque queremos atender a los pacientes extranjeros, pero si tiene
recursos, deberá pagar la consulta, porque nuestro sistema sanitario tiene un
límite, y necesitamos refinanciar los recursos del Estado, y esta es una de las
herramientas que le podemos dar, así que simplemente queremos una salud
igualitaria, y si hay personas carentes de recursos, no pagan, y de lo
contrario, se arancela”, reiteró.
El legislador aseguró que
"vienen gran cantidad de pacientes del país vecino a dar a luz a sus hijos
a nuestra provincia de manera gratuita, porque tienen una buena calidad de
prestación ya que en Bolivia se paga". Sin embargo, no brindó cifras sobre
la cantidad de personas residentes en el vecino país que vendrían a realizarse
estas prácticas del lado argentino.
Biella completó esa frase
añadiendo que "además", esas embarazadas de Bolivia, que vienen a dar
a luz a Argentina, "se llevan la AUH (asignación universal por hijo)”.
Aunque tampoco en este caso aportó datos para determinar si realmente ocurre
así.
Apostar a la reciprocidad
Sustentado en las legislaciones
vigentes, Gustavo Farquharson insistió en que “el sistema es público y
universal, como lo establece la Ley nacional de Migraciones que es del 2003,
que es una legislación de avanzada, y que considera la migración como un
derecho humano”.
“Hay que apostar a la
reciprocidad para que se cumpla el tratado que se firmó en el 2019, y
fortalecer nuestro sistema de salud, que aún en el deterioro en el que se
encuentra, es único y es motivo para enorgullecerse, pero creo que es necesario
contar con mejores estadísticas para ver qué número de personas extranjeras, no
residentes, se hacen atender”, continuó.
E insistió en el proyecto de
Biella, "en principio iría en contra de una ley vigente". “Después
discutamos por qué nuestro sistema de salud es deficiente o es decaído, y
exigir a través de Cancillería que sea recíproco a la hora de la atención
médica a los extranjeros no residentes”, pidió.
Otro proyecto
Bernardo Biella también contó que
presentaron otro proyecto para que el Ministerio de Salud actualice los
aranceles de los hospitales públicos.
"A pesar de que la alcaldesa
de Bolivia en Salta dijo que pagan aranceles, en realidad son aranceles de hace
10 años, y son de $250, o sea, nada”, señaló.
Por último, indicó que buscarán
"un proyecto transversal, lejos de lo partidario, porque el derecho a la
salud es universal, pero arancelado (sic), o sea que a los extranjeros no
residentes se los va a atender como corresponde, pero después se les va a pasar
una factura”.
El ojo por ojo lleva a la
violencia
Frente a los discursos de odio y
xenofobia que se generaron luego de la
muerte de Alejandro Benítez, Gustavo Farquharson reflexionó que “la
tragedia que le ocurrió al docente salteño no nos debe llevar a igualar para
abajo”.
“Hay que exigir reciprocidad,
pero evitar la xenofobia y el racismo sobre una comunidad que tiene permanencia
en nuestro país y en nuestra provincia, y colabora muchísimo con el desarrollo
social, cultural y económico”, destacó.
Independientemente de esta
postura, el funcionario se mostró dispuesto "a discutir el proyecto, pero
se debe tener en cuenta que algunos discursos generan discriminación y
xenofobia, porque el ojo por ojo nos lleva a la violencia y a prácticas
discriminatorias sobre la comunidad boliviana”.
ASP-B ASEGURA QUE MOVIMIENTO DE
CARGA BOLIVIANA POR PUERTOS CHILENOS DISMINUYÓ EN EL PRIMER SEMESTRE
Portal Portuario de Chile
(https://bit.ly/3PwZ2sH)
El movimiento de carga boliviana
por los puertos chilenos de Arica y Antofagasta al primer semestre de este año
cayó entre un 22% y 81%, respectivamente. En tanto, por los puertos peruanos de
Ilo y Matarani registraron un crecimiento exponencial de 198% y 1.752%.
De acuerdo con los datos de la
estatal Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B), en los primeros
seis meses del año, el movimiento de la carga boliviana por el puerto de Arica
fue de 467.500 toneladas métricas (TM), un 22% menos que las 601.217 TM
registradas en igual período de 2021, consignó el medio local boliviano La
República.
Similar comportamiento se dio en
el Puerto de Antofagasta donde se movilizaron 221 TM de carga boliviana entre
enero y mayo de este año frente a las 1.152 TM registradas en igual lapso de
2021.
El panorama fue distinto en los
puertos peruanos, donde se registraron cifras récord en el primer semestre de
este año respecto al mismo período del año pasado.
El Puerto de Ilo movió 99.590 TM
de carga boliviana en comparación con las 33.447 TM de 2021. En tanto, por el
Puerto de Matarani se movieron 65.807 TM frente a las 3.354 TM reportadas al
primer semestre de 2021.
Para el gerente de la ASP-B,
Dante Justiniano, si bien es cierto que se han movido 1.189.529 TM de carga en
2021 por el puerto de Arica, en los primeros seis meses de este año no se ha
llegado ni a la mitad.
“Haciendo una evaluación de lo
que pasó, ha afectado mucho el proceso de negociación, donde se ha querido ver
visos de imposición, han querido de alguna manera menospreciar la carga
boliviana, pero nosotros en ese proceso de negociación, siempre hemos elevado
el privilegio de la carga boliviana”, sostuvo.
Respecto al movimiento de carga
por los puertos peruanos, señaló que registraron un “movimiento interesante de
carga”, lo que hace prever que hasta finales de año se puedan mover unas
200.000 TM por la terminal de Ilo y entre 150.000 y 200.000 TM por el Puerto de
Matarani.
La ASP-B, de acuerdo con
Justiniano, plantea ser un territorio clave de articulación entre los puertos
de los océanos Pacífico y Atlántico por su estratégica ubicación geográfica,
menor distancia, posibilidades de prestación de servicios logísticos, así como
de su potencial para la conexión a otros territorios.
“Bolivia posee un ‘heartland’, un
centro estratégico, al encontrarse en el corazón de la región sudamericana, lo
que le permite llegar a ser la unión interoceánica por naturaleza y, para ello,
se generaron proyectos a ser desarrollados en corto y mediano plazo”, afirmó.
Así también el funcionario indicó
que la ASP-B plantea encarar proyectos de consolidación de la presencia estatal
en territorio boliviano fronterizo que conectan con los océanos Pacífico y
Atlántico, a fin de consolidar un ‘hinterland’ o zona de influencia terrestre
articulada a los puertos. Asimismo, en una visión táctica, busca generar un
‘forenlad’ integrador y estratégico entre puertos mediante rutas marítimas y
fluviales de exportación e importación.
Finalmente, señaló que en el otro
extremo geográfico, se plantea un segundo ‘hinterland’ ubicado en las
poblaciones de Puerto Suárez y Puerto Quijarro con la unión de lo que será
Puerto Busch, un terminal soberano en el oriente de Bolivia y la siguiente
conexión al Atlántico.
“En corto plazo se procederá a la
habilitación de las operaciones en Puerto Busch, que es la salida al Atlántico
y que integra a puertos de Argentina, Paraguay y Uruguay”, dijo.
TREN DE ARAGUA, DELINCUENTES
VENEZOLANOS EN LATINOAMÉRICA
Revista Diálogo Américas
(https://bit.ly/3S2VPTd)
La presencia en Chile de la banda
criminal de origen venezolano el Tren de Aragua puso en alerta a las
autoridades de la región sobre todo en Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia.
“El Tren de Aragua posee
logística que le permite extender sus redes y participar activamente en el
crimen organizado como el narcotráfico y el tráfico de personas y armas”, dijo
a Diálogo el 10 de julio de 2022 Valeska Troncoso, investigadora del Centro de
Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional, del Instituto de Relaciones Internacionales
de la Universidad Nacional de la Plata, Argentina. “Esta banda criminal utiliza
la corrupción y la impunidad como medios para obtener beneficios económicos y
extender sus redes y la violencia, lo que despertó las alertas de los gobiernos
y las fuerzas de seguridad del hemisferio”.
Efectivos de la Policía de
Investigaciones (PDI) de Chile realizaron en junio un operativo en el Cerro
Chuño, en Arica. El jefe de la Prefectura Antinarcóticos y Contra el Crimen
Organizado Norte de la PDI Rodrigo Fuentes, confirmó el arresto de 11
delincuentes venezolanos pertenecientes a “una facción denominada Los Gallegos
del Tren de Aragua, el hallazgo de un cadáver y la incautación de armamento,
municiones, droga y chalecos antibalas”, indicó el portal chileno de noticias
Cooperativa.
“Esta mafia opera en el norte de
Chile y se dedica a la trata de mujeres con fines de explotación sexual como su
principal fuente de ingresos, incluso más que el tráfico de drogas y de armas”,
publicó el diario boliviano El Deber. “En Bolivia existe un grupo que opera
sobre todo en la frontera con Chile, pero hay emisarios que captan a las
venezolanas y colombianas en ciudades como Santa Cruz de la Sierra, La Paz,
Cochabamba y Oruro. En narcotráfico se dedican al negocio de las drogas
sintéticas”.
“Esta facción Los Gallegos ha
operado muy fuerte y violentamente en Perú y países de Centroamérica. Logramos
establecer su presencia acá y los lugares donde estaban fijando sus moradas
(…). No podemos hablar de domicilios porque cambian de [vivienda]
constantemente para ocultarse con armamento, lo que nos llevó a realizar un
trabajo mucho más extenso”, abundó Fuentes.
El origen de la megabanda en
Venezuela se remonta a fines de 2009, cuando durante la construcción del
sistema ferroviario venezolano en Ar la localidad de Aragua, un sindicato de
trabajadores vio la oportunidad de comenzar actividades ilícitas.
“En estas organizaciones tenemos
integrantes que se dedican a la trata de personas con fines de explotación
sexual”, detalló Fuentes. “Otras personas se dedican a cobrar dinero por
extorsiones, otros son encargados del tráfico de drogas, de mover armamento de
un sector a otro; y los sicarios matan a quienes no obedecen o no cumplen con
el pago, por orden de un líder de la organización”.
Con la multitudinaria diáspora de
refugiados provocada por el desplome económico en Venezuela, producto del
régimen de Nicolás Maduro, la banda aprovechó la oportunidad y se extendió
donde refugiados venezolanos son presa fácil, dice el diario argentino Clarín.
“Los métodos violentos utilizados
por esta organización criminal, presente actualmente en Colombia, Ecuador, Perú
y Chile, es una estrategia para controlar determinados territorios, en donde
operan otras organizaciones criminales”, añadió Troncoso.
Fuentes de la Policía chilena
señalaron a Clarín que la persecución del grupo es “muy compleja”. Primero,
porque ingresaron de manera ilegal al país y poseen múltiples identidades
venezolanas falsas. Segundo, porque rotan todas sus operaciones entre distintos
puntos. Nunca asientan a la misma persona en un lugar. Lo hacen solo por
periodos cortos, lo que dificulta su seguimiento”.
Sin embargo, “Somos la primera
policía que hemos desarticulado a una facción de esta organización. Lo hicimos
en febrero [de 2022] desarticulando una de sus facciones”, recalcó a
Cooperativa Sergio Muñoz,director general de la PDI.
“No vamos a descansar hasta
desarticular todas las facciones que se encuentren en nuestro país. Ya lo hemos
dicho, no es una organización piramidal. Esto tiene vínculos en diferentes
partes. Sabemos que podrían estar ubicadas en diferentes partes del país”,
finalizó.
RUSIA ACUSA A LAS TROPAS
UCRANIANAS DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD Y PIDE UN TRIBUNAL INTERNACIONAL
RESPALDADO POR BOLIVIA, IRÁN Y SIRIA
ABC News de Australia
(https://ab.co/3S2Vi3F)
El jefe del comité de
investigación de Rusia dijo que Moscú acusó a 92 miembros de las fuerzas
armadas ucranianas de crímenes de lesa humanidad y propuso un tribunal
internacional respaldado por países como Bolivia, Irán y Siria.
La Rossiiskaya Gazeta del
gobierno citó el lunes al jefe del comité, Alexander Bastrykin, acusando a
"más de 220 personas, incluidos representantes del alto mando de las
Fuerzas Armadas de Ucrania, así como comandantes de unidades militares que
bombardearon a la población civil".
Los ucranianos estuvieron
involucrados en "crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad,
que no tienen estatuto de limitaciones", dijo. Bastrykin, cuyo comité
investiga delitos mayores, dijo que 92 comandantes y sus subordinados habían
sido acusados y 96 personas, incluidos 51 comandantes de las fuerzas armadas,
declaradas buscadas.
Reuters no pudo verificar de
forma independiente las acusaciones del comité. Las autoridades ucranianas no
estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios.
Estados Unidos y más de 40 países
acordaron a principios de este mes coordinar las investigaciones sobre
presuntos crímenes de guerra en Ucrania.
Desde el lanzamiento de lo que
llama una operación militar especial en febrero, las fuerzas rusas han
bombardeado ciudades ucranianas hasta dejarlas en ruinas y han dejado cuerpos
en las calles de los pueblos y aldeas que ocupaban. Ucrania dice que decenas de
miles de civiles han muerto. Moscú niega su responsabilidad.
También ha habido algunos
informes de ucranianos que maltratan a los prisioneros rusos, aunque la gran
mayoría de las acusaciones documentadas por organismos como las Naciones Unidas
son de supuestas atrocidades cometidas por los invasores rusos y sus representantes.
Se le preguntó a Bastrykin sobre
las investigaciones de su comité sobre las acciones de las fuerzas de seguridad
ucranianas en las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Luhansk,
territorios separatistas respaldados por Moscú en el este industrializado de
Ucrania, y si las investigaciones podrían llevarse a cabo bajo los auspicios de
la ONU.
El mes pasado, altos funcionarios
occidentales acusaron directamente a sus homólogos rusos de crímenes de guerra
después de un ataque con misiles en una ciudad ucraniana muy alejada del
frente.
Ucrania dijo que el ataque a
Vinnytsia, una ciudad de 370.000 habitantes a unos 200 kilómetros al suroeste
de la capital, Kyiv, se llevó a cabo con misiles de crucero Kalibr lanzados
desde un submarino ruso en el Mar Negro.
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