Zambrana cree que las narrativas predominantes invisibilizan la
lactancia materna y el posparto en Bolivia. Si bien existen políticas estatales
que brindan subsidios universales y apoyo para la lactancia materna, dice que
"estas políticas aún no son muy efectivas".
En Bolivia, las madres trabajadoras asalariadas luchan por
lograr un equilibrio entre el trabajo y la vida familiar. Esta realidad impacta
directamente a los bebés durante la etapa clave de desarrollo de la lactancia
materna.
El país andino ha visto avances en cuanto a leyes que protegen
los derechos de las madres que trabajan en instituciones públicas y privadas,
incluyendo una hora de lactancia materna obligatoria por día. Las madres también
pueden llevar a sus bebés con ellas a sus lugares de trabajo, y los empleadores
están obligados a garantizar las condiciones necesarias y proporcionarles
espacio para que puedan amamantar. En la práctica, sin embargo, las empresas no
respetan estas normas y el Estado no ha implementado un sistema de control de
cumplimiento.
De acuerdo con la Ley General del Trabajo de Bolivia, las
trabajadoras tienen derecho a 45 días de licencia con sueldo completo antes y
después del parto, y más tiempo si surgen complicaciones, mientras que las
empresas con más de 50 empleados están obligadas a proporcionar guarderías y
espacios para la lactancia.
Según los expertos con los que hablamos, los dos principales
obstáculos que impiden avanzar hacia unas relaciones laborales más justas son,
por un lado, la percepción general del trabajo de cuidados en la sociedad
boliviana y, por otro lado, la omnipresencia del trabajo informal en el país.
Como explica Montero, las mujeres que trabajan en la economía
informal están sujetas a condiciones laborales precarias y muchas veces ven
vulnerados sus derechos. Esto significa que, a pesar de los logros en la
normativa laboral que beneficia a las madres trabajadoras, el debate sobre el
trabajo de cuidado aún es bastante nuevo y la falta de comprensión del tema
impide un abordaje más integral.
“Cuando hablas con estas mujeres sobre espacios de lactancia o
de cuidado en el lugar de trabajo, por ejemplo, eso ya les parece un lujo”,
dice Montero.
Con la informalidad tan extendida, muchas de estas mujeres
luchan simplemente por encontrar trabajos y contratos estables, asegurar una
jubilación digna y acceder a un seguro de salud, entre otras cosas.
Esto dificulta hablar de derechos relacionados con el trabajo de
cuidado, como explica Montero, en gran medida por las visiones patriarcales y
sexistas de las relaciones y los lazos sociales que siguen siendo generalizadas
en el país y que muchas veces se reflejan en sus políticas públicas.
La principal barrera para el progreso es el patriarcado
“En Bolivia se da por hecho que la crianza de los hijos es
responsabilidad exclusiva de las mujeres. Muchos tienen problemas para entender
por qué el estado o los empleadores deben compartir esa responsabilidad de
alguna manera. Tenemos un largo camino por recorrer para garantizar estos
derechos”, dice Montero.
Las relaciones desiguales de poder en el ámbito laboral son un
reflejo de cómo históricamente se ha asignado a las mujeres el trabajo de
cuidados. Se espera cierta complacencia y sumisión de las mujeres que se
encuentran en posiciones de dependencia económica. Muchos empresarios
“prefieren contratar madres porque pueden explotarlas más fácilmente, son mucho
más serviles y leales y se aprovechan de eso”, dice Montero.
Según ella, la explotación y el desamparo que enfrentan las
mujeres en el mercado laboral se debe en gran medida a la invisibilidad del
trabajo de cuidados, que debe integrarse en la economía si se quiere abordar de
manera más seria las desigualdades de género en el país.
Sin embargo, Montero cree que modelos pro familia como el
boliviano pueden conducir a políticas excesivamente proteccionistas con efectos
indeseables a largo plazo y alimentar discursos sesgados que sobrecargan a las
mujeres y, en última instancia, las excluyen del mercado laboral.
“Ya existe una especie de prejuicio de que el embarazo perjudica
biológicamente el desempeño laboral de la mujer”, explica Montero. Deben
fomentarse nuevas relaciones sociales que dignifiquen el trabajo de la mujer.
Además, las empresas deben aprender a integrar las regulaciones como parte de
su responsabilidad social y de desarrollo en lugar de verlas simplemente como
un obstáculo.
La corresponsabilidad en el cuidado, un desafío permanente
“Es importante definir qué entendemos por trabajo de cuidado”,
dice Verónica Paz, coordinadora de investigación y políticas de Oxfam Bolivia.
“El trabajo de cuidados se refiere a todas aquellas actividades que están
relacionadas con la satisfacción de las necesidades esenciales de la vida. Esto
incluye las tareas del hogar, limpiar, planchar, así como gestionar el cuidado,
hacer cosas como llevar a los niños a la escuela, atender las necesidades de salud,
etc. Implica tanto cuidar a los demás como cuidarse a uno mismo”, explica.
Comprender las implicaciones más profundas y amplias del trabajo
de cuidados nos permite ver cómo percibimos y construimos nuestras ideas sobre
las divisiones del trabajo basadas en el género en nuestras sociedades y la
división desigual del trabajo de cuidados entre hombres y mujeres.
Como explica Montero, un problema tan generalizado “es demasiado
grande para que el Estado lo resuelva solo, o para que las familias lo resuelvan
solas [o para las empresas o el mercado]. Requiere que todos los miembros de la
sociedad se involucren, porque todos los miembros de la sociedad tienen algo
que decir”.
Tanto Paz como Montero creen que es necesario cuestionar las
leyes y políticas, que en general están escritas para delegar más
responsabilidades a las mujeres como cuidadoras, y para reflexionar mucho más
ampliamente sobre las tareas de producción y reproducción.
Un ejemplo es incluir a otros colectivos en la responsabilidad
del trabajo de cuidados para que “pensemos por igual en términos de licencia de
maternidad y paternidad, que entendamos que el trabajo de cuidados no es solo
mujeres cuidando de niños pequeños sino que también incluye mujeres y hombres
cuidando de los ancianos y los enfermos.”
“Partimos de la idea de que el cuidado sostiene la vida y eso es
algo que ha estado faltando en el diseño general de las políticas públicas en
la sociedad porque se da casi por sentado, es decir, que el cuidado simplemente
sucede”, dice Paz.
¿Y los trabajadores de la economía informal?
Si incluso las madres asalariadas se encuentran en una situación
de vulneración de sus derechos, la realidad de las madres que trabajan por
cuenta propia y en la economía informal es mucho más precaria.
“¿Qué hacemos con este ejército de mujeres autónomas que no
tienen derechos laborales ni derechos asociados a la maternidad y los
cuidados?”. pregunta Paz.
Según la Encuesta de Hogares 2015 del Instituto Nacional de
Estadística (INE), en Bolivia existen más de 3,8 millones de mujeres mayores de
15 años, de las cuales “el 58,7 por ciento, es decir seis de cada 10 mujeres de
15 años y más, son madres de al menos un hijo.” Esto plantea la pregunta de
cómo estas mujeres se enfrentan al trabajo de cuidados.
“Tengo que hacer malabares con dos niños; No puedo tener
trabajos con horarios fijos, es algo que no he podido hacer desde que nacieron
mis hijos. ¿Quién los va a cuidar, quién los va a recoger, a dejar, etc.?
Necesitamos con urgencia políticas estatales de atención a las mujeres que se
encuentran en situación de vulnerabilidad”, dice Aruzamén.
Según Paz, el mayor desafío en este sentido es, en primer lugar,
reconocer la heterogeneidad del mercado laboral y la importancia de desarrollar
políticas de atención más integrales y, lo más urgente, mirar con mayor
realismo la situación de las madres trabajadoras bolivianas, la mayoría de los
cuales se encuentran atrapados y luchando solos en la economía informal. Equal
Times de EEUU (https://bit.ly/3OCmNyg)
En América Latina, entre 2002 y 2022, la alianza entre las
oligarquías locales y la derecha internacional ha dado cinco golpes de Estado,
intentado dar otros cuatro, generado crisis económicas, perseguido y proscripto
a los líderes populares y cometido intentos de magnicidio. El discurso que
plantaba la existencia de una «nueva derecha», de una «derecha democrática», se
derrumba día a día.
Diario Contexto de Argentina (https://bit.ly/3JtOrwB)
Repasar la historia de los golpes de Estado en América Latina
durante el siglo XX es también repasar la historia de los intereses de Estados
Unidos en una la región que siempre ha considerado su «patio trasero».
La discusión ya se había plateado en los cuarenta en Argentina,
cuando, ante el ascenso del movimiento obrero, la división de aguas se planteó
claramente: «Braden o Perón».
Las dictaduras del Cono Sur de los sesenta y setenta se gestaron
por la reacción de las oligarquía locales contra los proyectos populares que
avanzaban en toda la región, pero siempre en alianza con los intereses de los
sectores que en Estados Unidos detentan el poder, que instalaron el marco de la
Doctrina de Seguridad Nacional. La Operación Cóndor fue un claro ejemplo de
cómo funcionaba esa articulación.
A principios del siglo XXI, un sector de la intelectualidad
progresista, desde reputados medios de comunicación, hablaba de una «nueva
derecha» en América Latina, una derecha «democrática». Nada podía estar más
errado.
La derecha ha demostrado que es, fue y será golpista y que solo
acepta las reglas de la democracia cuando estas no amenazan sus estructuras de
poder ni cuestionan sus intereses, o cuando la famosa «correlación de fuerzas»
los obliga a aceptar (momentáneamente) la voluntad popular.
Con una rápida mirada que recorra solamente los veintidós años
que apenas lleva el siglo XXI, se puede ver que la derecha no ha cambiado su
esencia y que esa alianza entre las oligarquías locales y el poder profundo en
Estados Unidos siguen más firme que nunca.
Siglo XXI: dos décadas de golpes
En América Latina, entre 2002 y 2022, la alianza de la derecha
local e internacional ha dado cinco golpes de Estado, intentado al menos otros
cuatro, generado crisis económicas, perseguido y proscripto a los líderes
populares e intentado magnicidios.
Las estrategias han sido múltiples: golpes tradicionales con
militares o policías, golpes de mercado, golpes parlamentarios, golpes
mediático-judiciales a través de persecución judicial, hasta golpes a través de
la asfixia económica y levantamientos violentos de sectores de la supuesta
sociedad civil, pero que siempre están vinculados a fundaciones y ONG que
reciben dinero de la USAID y la NED u otros organismos de la estructura que Estados
Unidos utiliza para apoyar a socios en la región y desestabilizar aquellos
gobiernos que no le son afines.
La mano del «Tío Sam»
Durante una entrevista realizada recientemente por Jake Tapper
en la CNN, el ex asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, John Bolton,
aseguró: «Como alguien que ha ayudado a planear golpes de Estado, no aquí, sino
en otros países, puedo decir que requiere de mucho trabajo». El ex asesor de
Trump no puntualizó a qué golpes se refería.
Bolton ha participado del Gobierno de Estados Unidos desde la
década de 1980, cuando, durante el Gobierno de Ronald Reagan, se incorporó a la
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (conocida por sus
siglas en inglés como USAID). Ya en otras funciones, durante el Gobierno de George
W. Bush, jugó un rol clave en las invasiones a Irak, Afganistán y Libia.
Sin embargo, los golpes de Estado no son exclusividad de los
republicanos. Desde el 2000 hasta la actualidad se han intercalado en la Casa
Blanca demócratas y republicanos, y la política golpista e injerencista en la
región nunca cesó. George W. Bush (republicano) gobernó desde 2001 hasta 2009,
Barack Obama (demócrata) presidió el país desde 2009 hasta 2017, Donald Trump
(republicano) lo hizo desde 2017 hasta 2021, y en la actualidad Joe Biden
(demócrata) gobierna el país.
Un rápido repaso de lo que ha sucedió en América Latina durante
esos años nos muestra que en 2002 se produjo el golpe de Estado en Venezuela
contra el presidente Hugo Chávez, que duró solo 48 horas y fue revertido por el
pueblo. Antes de que Evo Morales asumiera la presidencia en 2006, fueron
numerosos los intentos de asesinarlo e impedir por todas las vías que el líder
cocalero llegase al gobierno. Todos esos intentos contra la vida de Evo Morales
se encuentran documentados en libro Evo en la Mira – CIA y DEA en Bolivia. En
2008 se produce el primer intento de golpe de Estado contra el Gobierno del
MAS, en Bolivia. En 2009 se concreta el golpe de Estado en Honduras, contra el
presidente Manuel Zelaya. En 2010, en Ecuador, se produce un intento de golpe
de Estado (en este caso, encabezado por la policía) contra el presidente Rafael
Correa. En 2011 se descubre en Cuba la trama del Zunzuneo, un programa
financiado de manera ilegal por la USAID para promover en la isla un
«levantamiento popular», generar violencia y justificar una intervención
extranjera.
En 2012 se concreta el golpe parlamentario en Paraguay contra el
presidente Fernando Lugo. En 2013 muere el presidente Hugo Chávez de un cáncer
que, según aseguran varios destacados investigadores, pudo haber sido inducido.
En 2014 se producen en Venezuela los levantamientos violentos conocidos como
«guarimbas». En 2015, el entonces presidente norteamericano Barack Obama,
mediante un decreto, declara a Venezuela una amenaza para la seguridad de los
Estados Unidos.
En 2016 se concreta el golpe parlamentario en Brasil contra la
presidenta Dilma Rousseff. Inmediatamente, como complemento, se desata la
persecución judicial contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. También
en 2016 se profundiza la persecución en Argentina contra la expresidenta
Cristina Fernández de Kirchner, contra gran parte de sus exfuncionarios y
contra referentes de su espacio político.
En 2017, el almirante Kurt Tidd, entonces jefe de este Comando,
en un informe presentado ante el Senado norteamericano, declaró: «En la última
década, China, Rusia e Irán han establecido una mayor presencia en la región.
Estos actores globales ven la arena económica, política y de seguridad de
América Latina como una oportunidad para alcanzar sus objetivos a largo plazo y
así avanzar en áreas de interés que son incompatibles con las nuestras y las de
nuestros socios».
En 2017, en Ecuador, en lo que podría considerarse un golpe
postelectoral, se ejecuta la traición de Lenin Moreno al partido que lo lleva
al gobierno (la Revolución Ciudadana), al líder de su espacio político (Rafael
Correa) y al voto popular que había elegido la continuidad de las políticas
aplicadas por el correísmo. También ese mismo año se lanza la persecución
judicial contra Rafael Correa y sus exfuncionarios. El arresto y la condena del
vicepresidente Jorge Glas es una clara expresión de esa persecución.
En 2017, en Brasil, el juez Sergio Moro condena sin pruebas al
expresidente Lula da Silva. También en 2017 se producen nuevas guarimbas en
Venezuela.
En 2018, la misma lógica «guarimbera» de protestas violentas se
traslada a Nicaragua. En paralelo, el Congreso de Estados Unidos aprueba la ley
conocida como Nica Act, con la cual se comienzan a aplicar sanciones económicas
contra Nicaragua.
En 2018, Brasil concreta la proscripción de Lula y se lo saca de
la carrera presidencial. Ese mismo año se produce en Venezuela el intento de
magnicidio contra el presidente de Nicolás Maduro.
En 2019 se realiza en Venezuela la Operación Gedeón. Un grupo de
ex militares venezolanos comandados por tres ex boinas verdes (grupos
especiales del Ejército de Estados Unidos) intentan ingresar al país para
realizar un atentado contra Maduro.
En 2019 se concreta golpe de Estado en Bolivia contra el
presidente Evo Morales. En 2020, en Ecuador se proscribe al expresidente Rafael
Corra. Ese mismo año también se proscribe a Evo Morales para las elecciones en
las que Bolivia recuperaría la democracia.
En 2019, según reveló luego una investigación del periodista
Horacio Verbitsky, en un artículo publicado en el portal Cohete a la Luna, «el
Ejército realizó el ejercicio Puma, que contemplaba la invasión de Venezuela.
El ejercicio se ejecutó en siete sesiones en la guarnición de Campo de Mayo y
por videoconferencia con la brigada de paracaidistas de Córdoba, la Brigada
Mecanizada X de La Pampa y los comandos de la Fuerza de Operaciones Especiales,
también de Córdoba. Incluyó además coordinación con unidades de la Armada y de
la Fuerza Aérea […] Este ejercicio coincidió con la escalada de Estados Unidos
contra el gobierno del Presidente Nicolás Maduro, que incluyó el reconocimiento
como ‘Presidente encargado’ del entonces presidente de la Asamblea Nacional, Juan
Guaidó». Según la investigación, el Ejército Argentino formaría parte de un
conjunto de fuerzas de la región que estarían coordinadas por el Comando Sur.
En 2020, mercenarios norteamericanos y colombianos que luego
participarían del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse ingresaron a
Bolivia para intentar asesinar al recientemente electo presidente Luis Arce.
Entre los mercenarios identificados estuvieron el estadounidense Arcángel
Pretel y el colombiano Antonio Intriago.
Durante los dos primeros años de pandemia (2020-2021), el
Gobierno de Estados Unidos endureció el bloqueo contra Cuba. Se genera
desabastecimiento, se prohíbe la llegada de respiradores, de insumos médicos y
de recursos para la generación de energía (combustible para las usinas
eléctricas). En ese marco, en 2021 se produce un levantamiento en Cuba
impulsado por sectores vinculados a la USAID y la NED.
En 2022, en las elecciones presidenciales en Colombia, el
candidato de la izquierda, Gustavo Petro, debió cerrar su campaña con chaleco
antibalas por las amenazas contra su vida.
En julio de 2022, la jefa del Comando Sur, la generala Laura
Richardson, señaló su preocupación por la influencia de Rusia y China en la
región y remarcó el interés de su país en el denominado «Triángulo del litio»,
en referencia al sector que comparte Argentina, Chile y Bolivia donde se
encuentra este material, tan preciado para el desarrollo de las nuevas
tecnologías.
«Esta región es tan rica en recursos, minerales de tierras
raras, el litio, el triángulo del litio en la región. Hay muchas cosas que esta
región tiene que ofrecer. Estoy viendo lo que hacen nuestros competidores
(China) y veo en ello una amenaza a la democracia. Creo que están jugando al
ajedrez. Rusia también está presente en la región y creo que está jugando a las
damas», sostuvo la jefa del Comando Sur, y luego agregó: «Necesitamos una
estrategia. No podemos estar por aquí y por allá. Tenemos una serie de
elecciones importantes que se vienen o que acaban de celebrarse y tenemos que
estar pendientes de la región».
Argentina: los sospechosos de siempre
En todo este contexto, no sorprende la nueva arremetida golpista
en Argentina, que incluye corridas cambiarias, periodistas, medios y referentes
políticos de la derecha que lanzan pedidos de adelantamiento de las elecciones,
amenazas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y las
declaraciones del exmilitar Aldo Rico, quien ya protagonizó un levantamiento
antidemocráticos en 1987, durante el Gobierno de Raúl Alfonsín
En respuesta, el Bloque de diputados del Frente de Todos emitió
un comunicado en el que señala: «Presamos nuestro firme repudio a las maniobras
y expresiones de neto corte golpista que aparecieron en los últimos días»
«Una brutal corrida cambiaria que pretende una devaluación
abrupta de la moneda nacional, pedido de juicio político a nuestro Presidente
de la Nación y amenazas hacia nuestra vicepresidenta de la Nación. Acciones
violentas contra el Instituto Patria, ex militares convocando a las Fuerzas
Armadas, dirigentes políticos y operadores mediáticos planteando el
adelantamiento de las elecciones».
«Los hechos son muy claros. Hay una acción sistemática de
desestabilización política y económica».
«Hacemos un llamado a la responsabilidad institucional de la
oposición política. El contexto requiere claras y explícitas manifestaciones
públicas».
«Solicitamos al poder judicial que asuma una postura proactiva
en defensa de la democracia y las instituciones e investigue las denuncias que
el Poder Ejecutivo ha realizado».
«Defendamos nuestra democracia, que tantas vidas y esfuerzo
costó recuperar», concluye el comunicado.
La alianza entre las oligarquías locales y estructura de poder
con sede en Estados Unidos y Europa nunca se saciará del saqueo que realizan de
los recursos naturales de América Latina, ni de la explotación de los pueblos
de esta región. Defenderán sus intereses por todos los medios (legales e
ilegales), como lo han hecho hasta el presente. Solo la fuerza popular
organizada puede ponerle un freno. No estar atentos a ello es un error que se
pagará muy caro.
Se llama Boliva Mar y se encuentra en Ilo, Moquegua. Esta es la
historia de la única salida al mar que tiene el país andino, pero que nadie
usa.
La República de Perú (https://bit.ly/3S7QASr)
En una entrevista a inicios de año con Fernando Rincón para CNN,
el presidente Pedro Castillo volvió a mencionar el polémico tema de la salida
al mar de Bolivia. “Es una idea. Pero ahora le consultaremos al pueblo. Para
eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo...
jamás haría cosas que el pueblo no quiera”, aclaró el mandatario.
“Ese es su derecho (el acceso al mar). Haremos lo que los
pueblos claman. Lo que los pueblos necesitan, lo que los pueblos quieren. El
problema es que históricamente hemos estado metidos en el tema de frontera”,
recalcó
Pero, a pesar de que se ha dicho lo opuesto, Bolivia tiene
salida al mar desde 1992, cuando el presidente Alberto Fujimori cedió una
franja de cinco kilómetros de extensión de la costa de Ilo, en Moquegua.
¿Qué es Bolivia Mar?
Al sur de Perú, la carretera se extiende y recorre la costa. En
esa desértica extensión, cualquier viajero puede encontrar un cartel verde con
letras blancas que invita a seguir el camino a Tacna, en la frontera con Chile,
o a doblar y tomar un camino para acceder a Bolivia Mar.
El acuerdo fue firmado por el entonces presidente peruano,
Alberto Fujimori, y el mandatario boliviano de aquel entonces, Jaime Paz
Zamora. En aquel momento se decía que la concesión serviría para reducir los
lazos comerciales con los puertos de Chile de Arica e Iquique, por donde
Bolivia ingresa y despacha la mayor parte de sus productos.
De esta forma, se dejaría atrás la contradicción de que su
acceso al mar dependa del país que se quedó con sus provincias costeñas tras la
Guerra del Pacífico, en la que Perú y Bolivia se enfrentaron a Chile.
Condiciones de la cesión de Bolivia Mar
“Lamentablemente, las poblaciones de Ilo como de Bolivia no nos
enteramos (bien del proyecto). Todo el mundo piensa que Bolivia Mar es para
(construir) un gran puerto. Pero, en realidad, es (solo para el) turismo”,
explica David Herrada, cónsul de Bolivia.
Y es que los convenios firmados por los presidentes en 1992
estipulaban la cesión de Bolivia Mar, pero también dos elementos más: crear una
zona franca industrial en la ciudad peruana y dar facilidades a los bolivianos
para que usaran las instalaciones portuarias de esa localidad.
Jaime Paz Zamora había dicho que era una “gran victoria
nacional, por volver a ser un país marítimo”, pero Bolivia no tiene soberanía
sobre la franja, solo tienen autorización para darle uso turístico.
Los pescadores peruanos son los únicos que pueden sacar provecho
de la playa que no tiene ni una sola sombrilla boliviana. La zona nunca se puso
en marcha, según explica el cónsul, porque las tarifas de Ilo son más caras que
las de los terminales chilenos. Instalar un rompeolas y habilitar un acceso
menos accidentado costaría US$ 250 millones de dólares, señala Herrada.
“Yo creo que es un presupuesto ‘no tan poco’… Es posible sacar adelante
ese proyecto, pero siempre y cuando haya también más participación y afluencia
de bolivianos a Ilo”, dice el cónsul.
Sin embargo, Perú exige garantías para que las importaciones y
exportaciones sean numerosas para desembolsar la suma. Pero la posición de
Bolivia es que Lima debe invertir primero y rebajar sus tarifas de descarga.
“Si en este momento estamos beneficiando a la hermana república
de Chile con entre US$ 9.000 millones y US$ 10.000 millones de dólares anuales,
solo con exportar o importar por Ilo una tercera parte, ya serían US$ 3.000
millones que, con seguridad, traerían un gran desarrollo a esta ciudad”,
finalizó Herrada.
LA ALTERNATIVA MÁS SEGURA DE ENVIAR DINERO A BOLIVIA
Diario de Extramadura, España (https://bit.ly/3oBR31C)
Debido al aumento de la migración a nivel mundial, se ha hecho
necesario que las empresas que te ayudan a enviar remesas de dinero mejoren la
calidad de sus servicios. Para eso, muchas de ellas tuvieron también una
migración, pero en este caso, al mundo virtual. Entonces, ahora podemos ver más
cantidad de sitios web que dicen enviar dinero Bolivia u otros países de
Latinoamérica. No obstante, ¿Cómo saber cuál es la mejor opción?
Una plataforma confiable para enviar dinero a Bolivia
Eso es precisamente lo que buscan todos los ciudadanos que han
dejado a su familia al otro lado del mundo. Y es que, es bien sabido que este
país está pasando por una situación económica bastante difícil. A pesar que
todos nos hemos visto afectados por la crisis financiera mundial, para nadie es
un secreto que Bolivia es uno de los países más afectados.
Son cada vez más los bolivianos que salen de su país en busca de
un futuro mejor. Pero, en el mismo camino, están pensando que mucho del dinero
que hagan trabajando, tendrá que ir a casa, donde las cosas siguen igual o
peor. Por eso, necesitan de un aliado para enviar dinero online (Home Sendity).
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seguridad que la transferencia se realizará rápido. Por tanto, no debería
tardar más de 48 horas en hacerse efectivo el dinero. Además, es necesario que
el sitio web dé garantías con respecto a la protección de los datos personales
y bancarios de quien envía el dinero.
Otro beneficio que buscan los usuarios que envían dinero a
Bolivia es que se pueda acceder al servicio en cualquier momento. Y es que no
solo esté disponible para enviar el dinero, sino también para que la transferencia
se haya efectiva. Poder enviar dinero en cualquier momento y desde el lugar
donde te encuentres, indistintamente si usas un dispositivo móvil o un
computador, son ventajas que solo una plataforma confiable puede darte.
¿Cuál es la plataforma más confiable para enviar dinero a
Bolivia?
Sin lugar a dudas, Sendity es lo que necesitas para enviar
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anteriormente. Además, te informa sobre la tasa de cambio actualizada, justo
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son latinos. Por eso, muchos son los que ponen su fe en este excelente
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los países de Latinoamérica y es una buena noticia que los bolivianos también
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Pasos para enviar dinero a Bolivia con Sendity
Enviar dinero usando Sendity es una de las cosas más fácil que
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a la cuenta destino o bien, podrán recoger el efectivo en las sucursales que
tiene Sendity en Bolivia.
Primero, tienes que elegir Bolivia como país de destino.
Después, elegir en qué tipo de monedas quieres que tu familia reciba el dinero
(puede ser en boliviano o en dólar). Una vez que confirmes la información,
podrás hacer clic en continuar para que aparezca una nueva ventana donde
deberás seleccionar el método de pago (cuenta bancaria o ventanilla).
Verifica la información y tu identidad iniciando sesión en
Sendity. Dentro de tu cuenta Sendity tendrás que introducir los datos de la
persona que recibe el dinero y confirmar el pago. ¡Listo! Tu dinero está en
camino a Bolivia, y podrás hacer seguimiento en la misma plataforma.
AVANZA LA INTEGRACIÓN ELÉCTRICA REGIONAL CON BOLIVIA
El secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, recibió
al ministro de Hidrocarburos y Energías de Bolivia, Franklin Molina, para
ultimar detalles días antes de que entre en servicio comercial la línea de
interconexión eléctrica entre Yagacuá, Bolivia y Tartagal, Argentina. También
participó del encuentro el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico
Basualdo.
Argentina Gob.Ar (https://bit.ly/3cSIcWw)
El secretario de Energía, Darío Martínez destacó: “Hace un tiempo
que venimos coordinando el trabajo entre Argentina y el país vecino Bolivia
para avanzar en la Integración energética de nuestros pueblos. Estos son
avances concretos que nos permiten aprovechar adecuadamente los recursos de
cada región y una herramienta que responde a las necesidades de ambas
naciones”.
“A través de la interconexión regional podemos mejorar el
abastecimiento eléctrico y también disminuir los costos y reducir el impacto
ambiental de la generación con combustibles líquidos, dando confiabilidad al
suministro y profundizando la integración binacional”, señaló el subsecretario
Basualdo.
“Este es un hecho de integración energética entre los pueblos
que posibilitará garantizar el suministro a las poblaciones vecinas de ambos
países”, sostuvo el ministro de Hidrocarburos y Energías de Bolivia, y agregó
que “estamos en la etapa final, solo faltan realizar las pruebas de
energización para materializar la interconexión”.
“La línea de interconexión entre Yagacua, Bolivia y la
subestación de Tartagal en Argentina, tiene una longitud aproximada de 120km,
de 132 KW y una capacidad de transporte de 120 MW. Esta interconexión va a
permitir que tanto Bolivia como Argentina puedan aprovechar de mejor manera sus
recursos”, destacó el gerente de Transmisión de la Empresa Nacional de
Electricidad de Bolivia (ENDE), Filiberto Soto
La obra de interconexión que consiste en una doble terna de 132
kV de 110 km entre la Estación Transformadora en Yagacuá (Bolivia) y la
ampliación ya concluida de la ET Tartagal, en Salta, permitirá un
abastecimiento abundante y confiable a la ciudad de Tartagal y a localidades
vecinas como Orán, Piquirenda, Tabacal, Pichanal, Senda Hachada y Dragones,
aliviando el vínculo con San Juancito. El intercambio eléctrico de hasta 120 MW
reducirá las emisiones contaminantes y los costos derivados de la generación
eléctrica con combustibles líquidos.
De la reunión participaron el embajador de Bolivia en Argentina,
Ramiro Tapia; el embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro; la
Directora Jurídica del Ministerio de Hidrocarburos y Energías de Bolivia,
Virginia Miranda; el Presidente Ejecutivo de Litio, Carlos Ramos y la Directora
Ejecutiva de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, Hortensia Jiménez
BOLIVIA: ADUANA INCAUTA MÁS DE USD 55 MILLONES EN MERCADERÍA DE
CONTRABANDO ENTRE ENERO Y JUNIO DE 2022
Portal Portuario de Chile (https://bit.ly/3zQiF9T)
La Aduana Nacional de Bolivia (AN) informó que, entre el 1 de
enero al 21 de julio de 2022, la institución concretó 6.438 operativos de
control en todo el país, logrando incautar mercadería de contrabando avaluada
en un monto mayor a los 55 millones de dólares.
En base a lo informado por Alberto Vaca Segovia, Administrador
de Aduana, la última cifra conseguida se concretó luego de un refuerzo de
vigilancia en la frontera con Argentina, donde la AN impidió la
comercialización ilegal de productos por un valor superior a los 70 mil
dólares.
Lo anterior como resultado de cinco operativos estratégicos
realizados por la Unidad de Control Operativo Estratégico (UCOE), en trabajo
conjunto con el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, al abordar cinco
vehículos, conformados por tres camiones de alto tonelaje marca Volvo F12 –
F16, seguidos de un minibús y una vagoneta que recorrían la comunidad
Hornillos, ubicada en la jurisdicción de Tupiza.
Los camiones trasladaban sacos de harina, pañales, detergente,
leche en polvo y productos de limpieza que no contaban con documentación que
acredite su legal importación. De forma paralela, se indicó que el minibús fue
acondicionado para transportar más de 40 cajas de aceite y, finalmente, la
vagoneta portaba en su interior 50 paquetes de cerveza en lata.
Por su parte, la
Administradora de Aduana Interior Sucre, Dalma Tatiana Castro, comunicó
respecto al comiso de ocho vehículos indocumentados que se encontraban
circulando por la ciudad de Sucre, que fueron valorados en un poco más de 107
mil dólares.
En concreto, se trataría de siete vagonetas marca Mazda, Toyota,
Nissan, Ford, Jeep, Volkswagen y un automóvil del fabricante Chevrolet, todos
provenientes de Chile y Argentina. Los medios de transporte fueron recuperados
por agentes del Grupo de Reacción Inmediata Aduanero (GRIA) y UCOE.
Cabe mencionar que, de los más de 55 millones de dólares
recuperados por AN hasta la fecha, una cifra superior a los 35 millones de
dólares corresponde a vehículos.
BOLIVIANA CONFÍA EN QUE CON GUSTAVO PETRO EN EL PODER EL ELN
LIBERE A SU HIJA
Swissinfo de Suiza (https://bit.ly/3zj0R5s)
La boliviana Zarlet Clavijo desapareció en junio de 2012, cuando
tenía 17 años, y su madre, Marcela Martínez, asegura que la tiene secuestrada
la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN), por lo que
guarda la esperanza de que con el nuevo Gobierno en Colombia pueda ver de nuevo
a su hija.
Zarlet, quien también es hija del exasambleísta del gobernante
Movimiento al Socialismo (MAS) Evert Clavijo Garcés, desapareció en la ciudad
boliviana de La Paz y pese a que al inicio de la investigación se sospechó de
alguna persona cercana a la joven, la Fiscalía no presentó cargos.
En una entrevista con Efe, Marcela Martínez afirmó que en la
búsqueda de su hija encargó una "investigación privada" y así logró
ponerse en contacto con un hombre al que identificó como Raúl Aguado, un
"intermediario" que le aseguró que Zarlet estaba en calidad de
"custodia" en manos del ELN, pero que esa guerrilla no había participado
en el secuestro de la joven en Bolivia.
Se cree que los captores de Zarlet, luego de retenerla, la
entregaron a la guerrilla colombiana.
"A mi hija la tienen en la frontera, algunas veces en
Colombia otras veces en Venezuela, dependiendo de la situación", aseguró.
Martínez relató que viajó a Colombia en varias ocasiones y que
"solamente en una" le permitieron realizar una "prueba de
vida" de su hija Zarlet, en diciembre de 2019.
"Recibí instrucciones muy precisas que tuve que cumplir.
Tenía que controlar mis emociones, no podía acercarme, no podía abrazarla, no
podía hablarle, no podía nada, solo tenía que ver si era ella, que estaba viva
y que estaba bien", contó sobre el momento en que pudo ver a su hija sin
que ella lo supiera.
También relató que el ELN "no puso condiciones" para
la entrega de Zarlet, pues el propósito de la guerrilla era conseguir una
entrega pública con la intervención del expresidente colombiano Juan Manuel
Santos y la entonces mandataria transitoria de Bolivia Jeanine Áñez, como una
excusa para iniciar negociaciones de paz con el Gobierno.
A su regreso a Bolivia, Martínez pidió ayuda al entonces
ministro interino de Gobierno, Arturo Murillo, quien le "negó la
ayuda" con argumentos políticos y electorales por estar todavía reciente
la crisis política y social que atravesó Bolivia en 2019.
Luego llegó la pandemia y el proceso de búsqueda quedó
estancado.
Hace dos semanas, Martínez logró comunicarse de nuevo con el
intermediario para pedirle una nueva prueba de vida de su hija y, aunque no la
consiguió, el hombre le aseguró que Zarlet estaba en alguna zona cercana de la
ciudad de Barrancabermeja, en el departamento colombiano de Santander (este) y
donde operan miembros del ELN.
NUEVA ESPERANZA
El próximo 7 de agosto, el izquierdista Gustavo Petro asumirá la
Presidencia de Colombia y para Martínez esa posesión abre la posibilidad para
gestionar la entrega "por la vía formal" de su hija y así concluir
una década de angustia a falta de resultados en la Justicia de su país.
El Estado colombiano, bajo la Presidencia de Juan Manuel Santos,
inició en 2017 un diálogo con el ELN que quedó suspendido primero y luego paralizado
definitivamente durante el Gobierno de Iván Duque. Petro ya ha planteado que
buscará entablar negociaciones de paz con esa guerrilla.
La madre de Zarlet guarda la esperanza de que se hagan
"negociaciones de paz" con el ELN.
Martínez se ha encargado de que la investigación en Bolivia por
la desaparición de su hija se mantenga abierta pese a que los procedimientos
legales señalan que debe cerrarse a los 6 meses en caso de que no existan
avances en el proceso.
"Ahora la prioridad por la vía formal es emitir la orden de
búsqueda internacional y la orden de cooperación internacional", mencionó.
CONSULADO DE BOLIVIA EN JUJUY: TRAMITAN DNI Y CERTIFICADOS
Si sos boliviano o boliviana y residís en Jujuy podes acercarte
a la sede en la calle Ramírez de Velazco de la capital jujeña para actualizar
tus documentos.
Todo Jujuy de Argentina (https://bit.ly/3BsTP0Y)
El Consulado de Bolivia en Jujuy tramita DNI y certificados de
nacimiento a los bolivianos y bolivianas radicados en la provincia e invitan a
todos a acercarse a la entidad para consultas o actualizaciones. También se
vienen los festejos por la independencia boliviana con muchas actividades.
Para todos aquellos residentes bolivianos viviendo en la
provincia de Jujuy el consulado de dicho país en nuestra capital se encuentra
trabajando y gestionando fuertemente para traer desde Bolivia al SEGIP
(Servicio General de identificación Personal).
Juan Ino Mamaní, el cónsul de Bolivia en Jujuy, comentó a Todo
Jujuy que el área que entrega la documentación boliviana como el carnet de
identidad y el certificado de nacimiento estaría en distintos lugares de
nuestra provincia prontamente. "A más tardar el día lunes confirmaremos la
fecha y la posibilidad de que también se encuentre en Libertador General San
Martin y en Monterrico", comentó al respecto del SEGIP.
En relación al tema, Mamaní expresó que "todos aquellos que
necesiten estos documentos pueden acercarse al consulado y tramitar tanto el
DNI como el certificado de nacimiento, sin necesidad de cruzar para el país
boliviano a tramitarlo".
Independencia Boliviana: actividades en la provincia
El estadio plurinacional de Bolivia cumple 200 años de su
independencia en el 2025 y cada año que se acerca la festividad es más grande
en nuestra capital y distintos municipios. El cónsul invita a todos los
bolivianos y bolivianas a acercarse al consulado para verificar sus documentos
en la base de datos.
El día 6 de agosto se celebra la Independencia de Bolivia y en
esta ocasión se encontrarían cumpliendo 197 años a lo que se espera una semana
a pura celebración no sólo en la capital jujeña.
Mamaní detalló sobre la festividad: "estamos en los últimos
días de definición, tenemos el 5 de agosto en la plaza Belgrano una ofrenda
floral de manera oficial y una entrada folclórica. También realizaremos
distintas actividades de proyección de películas en distintos municipios como
el Carmen, Perico, Libertador, Monterrico."
El cónsul resaltó que en dichos lugares existe una colectividad
trabajando fuertemente y es por eso que los festejos van a ser a la altura.
"Quieren festejar los 197 de la independencia y estamos armando
campeonatos de fútbol y ferias gastronómicas por ejemplo en Fraile
Pintado".
En los próximos días se realizará una conferencia de prensa para
dar los detalles correspondientes de la celebración de la Independencia
boliviana en nuestra provincia.
LA "COCA BLUE" VA DE LA MANO DEL "DÓLAR
BLUE"
El precio aumentó todos los días en este mes y la seleccionada
llegó a los 3500 pesos el cuarto de kilo. Ya hablan de
"desabastecimiento".
El Tribuno de Argentina (https://bit.ly/3Q0RD4G)
Se puede llegar a decir en Salta que hay una "coca
blue", porque va de la mano del "dólar blue". "Sube el
dólar ilegal, se desvaloriza el peso argentino en la frontera y entonces la
coca cuesta más cara. Aunque (la ministra de Economía de la Nación, Silvina)
Batakis diga lo contrario, lo que vale en la calle es el dólar blue", dijo
uno de los que trae la coca desde Bermejo a Salta.
Ese dato es clave porque desde ahí comienzan a entretejerse un
panorama lleno de incertidumbres donde no hay precios en el inmediato plazo,
tierra fértil para las especulaciones y las ganancias extraordinarias.
Así, hoy en Salta se puede conseguir la mejor hoja
"seleccionada" a 3500 pesos el cuarto. Es decir:14 mil pesos el kilo.
Con esos valores ya nadie saca la bolsa verde y la dispone en una mesa de
amigos. En otros negocios cercanos al mercado de abasto de Salta llega hasta
los 2800/3000 pesos. Ahí entra en juego los criterios de la calidad de la hoja
con el precio.
"Desde que hubo ese cambio en el Ministerio de Economía y
se fue el dólar arriba, la coca ha aumentado casi todos los días. Llevamos más
de dos semanas de subas constantes y eso afecta mucho a nuestros
clientes", dijo una vendedora de una reconocida cadena de venta de coca,
locales que están abiertos durante todo el día.
"Cada día se hace más difícil reponer la mercadería por la
inestabilidad cambiaria. Ahora comenzó a bajar porque el dólar blue también
bajó un poco en esta semana. Ahora bien, cada vez menos de las personas que
transportan la coca quieren ir a buscarla porque si bien un día bajó el dólar,
el resto del mes subió y se perdieron días de trabajo sin ganar un peso",
dijo otra personas que trabaja "flete" de coca. Esa gente siempre
tuvo el negocio redondo porque desde la frontera le venden la coca a precio
mayorista y en Salta tienen la venta asegurada. Fueron estas fluctuaciones en
la moneda argentina, y hasta el desabastecimiento del gasoil, los factores que incidieron para que muchos
apelen a subir los precios "por las dudas". Ahora muchos están
comenzando a dejar de viajar hacia el norte para traer “mercadería” y prefieren
quedarse en casa a esperar que se la situación se nor¬malice. Ese parate en el
transporte desencadenará un desabastecimiento en el stock lo que hará subir más los precios,
independiente¬mente del valor del “blue”.
Desde la ciudad fronteriza de Bermejo (Bolivia) el colega José
Luis Arce nos informa que al cambio de hoy se consiguen 2,25 pesos bolivianos
por 100 pesos argentinos. Hasta el viernes de la semana pasada la relación fue
de 2 bolivianos a 100 argentinos.
"En Bermejo hay registrados unos mil comerciantes
habilitados para la venta de coca, la cual se va casi toda a Argentina. Cada
comerciante tiene la habilitación de vender hasta 20 taques. Los taques son
esas bolsas gigantes que tienen un peso de 50 libras, que son un poco más de 22
kilogramos. En el mercado autorizado de Adepcoca el taque cuesta entre 2.300 y
2.400 bolivianos. Varía cuando llega a la frontera, pero esos valores se
mantuvieron estables en Bolivia, salvo cuando hubo causas extraordinarias. Lo
que no se mantiene es el peso argentino.
"Es por eso que esta semana bajó un poquito. Lo mismo, yo
hace 18 años que trabajo en la venta de coca, siempre para estos tiempos de
julio, agosto y septiembre la coca aumenta porque en invierno escasea la coca
por una cuestión estacional", dijo una vendedora del Cofruthos. "Sin
embargo, ahora lo que manda el precio de la coca es el blue", aseguró y
recordó que hubo aumentos anteriores por pandemia, por bloqueos de campesinos,
por paros de cocaleros y hasta por los tiempos del cólera.
Pero no es sólo la coca la que está atada al blue. También hay
una gran cantidad de otros productos para los "viciosos" y para todos
los usos. Los cigarrillos que vienen desde Paraguay pasaron de 180 pesos a 240
pesos el paquete de 20 unidades. Los mismo con el "chamabico" y todos
los "aderezos para acompañar el coqueo. Los focos, los ungüentos, las
cremas y todo lo que viene del otro lado de la frontera también siguieron el
derrotero de subas diarias en este mes de julio que no se acaba.
PERFIL: CLAUDIO GROSSMAN, EL EX MAPU QUE ENCABEZÓ EL TRIUNFO
ANTE LA DEMANDA MARÍTIMA BOLIVIANA Y QUE CANCILLERÍA NO RESPALDÓ PARA IR LA
HAYA
Ex Ente de Chile (https://bit.ly/3SaubnC)
El exagente ante La Haya en la demanda marítima de Bolivia tuvo
una carrera tan rápida como breve en la política chilena. Recién egresado de
derecho, el Mapu lo instaló como jefe de gabinete de Fernando Flores en la
Segegob. Allí estuvo 8 meses, hasta septiembre de 1973. Partió al exilio, donde
inició una exitosa carrera académica. Hizo doctorados en Ámsterdam, Harvard y
Yale y fue durante 21 años decano de derecho de la American University. Sus
contactos políticos son amplios y ex cancilleres y diplomáticos pidieron al
gobierno respaldar su postulación a juez de la Corte de La Haya. La canciller
Urrejola habló este jueves con él y luego se comunicó que el gobierno no
impulsará su candidatura debido, entre otras cosas, a la postulación de Chile
al Consejo de DDHH de la ONU.
Claudio Mauricio Grossman Guiloff, 74, nació en 1947 en
Valparaíso, en una familia judía que inmigró a Chile a principios del siglo XX.
“Mi abuelo materno Jacobo Guiloff llegó a Chile en 1915 y mis abuelos paternos
Benjamín y Rosa Grossman unos años más tarde. Venían escapando de persecuciones
y buscando una vida mejor”, dijo a El Mercurio en 2006. “Mi bisabuelo materno
tuvo que hacer el servicio militar forzoso para el zar de Rusia (…). No tenían
acceso a la educación, eran discriminados. Por ello Chile fue para ellos una
bendición”.
Es hijo del médico David Grossman Schilman y de la profesora
Berta Guiloff Kuschnir, con quienes vivía en Viña del Mar, aunque estudiaba en
el puerto. “Estudié en el Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso, y como
estudiante me di cuenta de que los temas más interesantes que confrontaba una
sociedad tenían siempre una connotación jurídica y me interesaba participar en
ellos”, dijo en 2017 al sitio de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Chile. “Yo tenía un interés por la problemática social desde un punto de vista
amplio, y en ese momento me decidí por los estudios de derecho”.
Fue dirigente estudiantil secundario y luego entró a Derecho en
la Universidad de Chile. Hizo su tesis sobre “Nacionalización y Compensación”
junto a Carlos Portales, consigna un currículo suyo de la American University.
En 2020 relató a El Mercurio que, tras militar en su
adolescencia en el Partido Radical, se unió en Santiago al Movimiento de Acción
Popular Unitaria (Mapu). Ellos, dijo, lo propusieron como jefe de gabinete de
Fernando Flores, entonces Secretario General de Gobierno de Salvador Allende,
pese a que su experiencia laboral se limitaba a haber trabajado en el Instituto
de Estudios Internacionales de la Chile. “La idea era reforzar la relación con
el Congreso y con la prensa. Muy equivocadamente pensaban que alguien recién
recibido podía tener esas destrezas. Y quizá el hecho de que yo haya sido jefe
de gabinete era una muestra de la incompetencia de ese grupo político”, dijo en
esa entrevista.
Alcanzó a estar 8 meses en el cargo: “Yo tenía un sentido muy
pragmático de la vida, y con mi señora teníamos un autito, un Fiat 600, y yo no
lo estacionaba en La Moneda para que no lo destruyeran los tanques. Yo veía las
tensiones existentes en la sociedad. Cuando se voló el ferrocarril al sur, las
huelgas generales, la situación económica, la violencia, veía que no había una
salida política”.
Entonces se produjo el Golpe de Estado de 1973, que no lo
encontró en La Moneda, ya que a última hora cambió un turno de 24 horas que
debía cumplir allá semanalmente. “Era una locura. Desde allí partimos a pie
hacia La Moneda (con un amigo). No pudimos ni acercarnos. Pensaba que nos iban
a matar, había gente gritando de un lado para otro”.
Su familia, contó, tuvo una experiencia traumática con la
llegada de la Junta al poder. “Mi padre fue torturado en Chile y él ni siquiera
estaba metido en política. Por ahí se dijo que mi padre había sido miembro del
Partido Radical, pero eso no es cierto. Mi padre ni siquiera votó por Allende,
y cuando tuvo una inscripción política fue en el Partido Liberal, que después
desapareció. Él simplemente era médico y director de hospital, y lo metieron
preso en septiembre de 1973, porque se negó a ir a las huelgas médicas que
precedieron el golpe de 1973, pensando que ese tipo de acciones afectaba a los
pacientes”, dijo en 2018 al semanario La Palabra Israelita. “Y por otro lado mi
mamá, Berta Guiloff, que era profesora, fue expulsada de la universidad sin
razón alguna”.
Claudio Grossman fue exiliado y partió a Holanda. Un reportaje
de 2018 de La Tercera aseguró que quien lo ayudó a salir de Chile fue el
abogado Alberto Van Klaveren —futuro subsecretario de Relaciones Exteriores de
Michelle Bachelet y con quien trabajaría en la causa por la demanda marítima
boliviana—. Grossman habría entrado con lo puesto a la embajada y la madre de
Van Klaveren le habría llevado después las maletas, aseguró la publicación.
“Un funcionario holandés me pasó 250 florines, y me dijo: ‘Esto
le alcanza para una chaqueta, un par de zapatos, un pantalón’. Y después nos
pusieron en clases de holandés”, dijo en 2020 a El Mercurio. En 1980 se doctoró
en ciencias del derecho, en la Universidad de Ámsterdam. El título de su tesis
se puede traducir como “El principio de no intervención en la Organización de
Estados Americanos”.
Su doctorado dio paso a otros estudios, que pavimentaron su
amplia carrera académica en Estados Unidos, donde partiría después de una
década en Europa. En 1990 obtuvo un doctorado en derecho en la Universidad de
Harvard. En 2005 obtendría otro doctorado, esta vez en American History en la
universidad de Yale, consigna su currículo de la facultad de derecho de la
American University de Washington DC, de la cual fue decano por 21 años (entre
1995 y 2016). Actualmente es decano emérito de la facultad.
Ha ocupado distintos cargos en organismos internacionales. Entre
1993 y 2001 fue integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH). Entre 2003 y 2015 fue además miembro del Comité de Naciones Unidas
Contra la Tortura. A fines del año pasado fue reelegido en la Comisión de
Derecho Internacional de Naciones Unidas, con primera mayoría (174 votos), para
el periodo 2023-2027.
Su currículo internacional lo conectó nuevamente con la política
chilena, pero como asesor jurídico. En 2012 fue fichado por la UDI para
preparar el libelo ante la CIDH con que se buscaba extraditar desde Argentina
al exfrentista Galvarino Apablaza por el asesinato del senador Jaime Guzmán, en
1991. “Hay una obligación de los estados de cooperar con el acceso a la
justicia de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos. En el caso de la
República Argentina, la negativa de dar la extradición del señor Apablaza
constituye una violación de ese derecho del que tienen legítimas expectativas
los familiares, sobrinos y hermanas del senador Guzmán”, dijo ese año al sitio
de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Argentina retiró en
2017 la calidad de refugiado a Apablaza, quien sigue sin ser extraditado.
En julio de 2012, durante el gobierno de Sebastián Piñera, se
anunció su integración al equipo que defendía a Chile ante La Haya por la
demanda de delimitación marítima peruana. Previamente había sido parte del
comité asesor. En 2014 el tribunal comunicó un fallo que si bien reconoció el
punto de partida del límite marítimo estaba en la intersección de la línea de
baja mar con el paralelo del Hito 1, fijaba una frontera marítima distinta de
la que planteaba Chile.
La salida de José Miguel Insulza como agente chileno para la
demanda boliviana ante La Haya, en noviembre de 2016, derivó en una solución de
continuidad por parte de la Cancillería encabezada entonces por Heraldo Muñoz.
El ministro anunció que el hasta entonces coagente Claudio Grossman se
convertiría en agente ante el organismo internacional, por lo que trabajaría en
forma exclusiva en la causa, desde Santiago. “Debemos presentar ante la Corte
Internacional de Justicia nuestra narrativa con solidez jurídica, recalcando
que no existía una obligación de negociar acceso soberano”, dijo Grossman a El
Mercurio ese mes.
El apoyo del gobierno a Grossman ya había quedado de manifiesto
en julio de 2016, cuando la ex Presidenta Michelle Bachelet pidió —durante un
viaje Guyana para participar de la cumbre de jefes de Estado de la Comunidad
del Caribe y Mercado Común (Caricom)—, respaldar su candidatura a la Comisión
de Derecho Internacional de Naciones Unidas. En noviembre la Cancillería
anunció que había sido elegido como uno de los 34 integrantes de la comisión, para
el período 2017-2021.
“Es un gran día de triunfo del derecho internacional”, dijo el
agente Claudio Grossman el 1 de octubre de 2018, luego de que La Haya
resolviera en favor de Chile, asegurando que el país no tenía obligación de
negociar una salida soberana al mar a Bolivia. En la entrevista dada ese año a
La Palabra Israelita confidenció cómo vivió el veredicto. “Primero la Corte
rechazó que una obligación de negociar resultara de las relaciones bilaterales
entre Chile y Bolivia, pero faltaba el pronunciamiento final sobre si esa
obligación surgía de las Naciones Unidas o de la OEA. Cuando finalmente
llegamos a la OEA, y la Corte mantuvo su rechazo a la postura boliviana, supe
que habíamos ganado, aunque faltaba el tema de la acumulación, pero este solo
era relevante si la Corte no hubiera rechazado todos los argumentos de Bolivia.
Al llegar a ese punto a todos nosotros se nos apretó la garganta y fue un
momento muy emocionante, pero había que mantener la cara de palo”.
Su candidatura a juez de la Corte Internacional de Justicia
(CIJ) de La Haya —luego de que la muerte el 29 de mayo del juez Antonio
Cançado, a quien le restaban 5 años en el cargo, abriera un cupo para
Latinoamérica—, tensionó durante días a La Moneda. La falta de apoyo del
gobierno a su postulación desató críticas transversales de excancilleres y
diplomáticos, pese a lo cual el gobierno resolvió no respaldarla.
Uno de los factores que incidió en la decisión es que la
elección se realizará en octubre, y Venezuela y Costa Rica son los competidores
directos del gobierno de Boric, que apuesta a posicionarse en el ámbito de los
Derechos Humanos en la agenda exterior y llegar al consejo en el período
2023-2025.
A esto se sumaría que, aunque Grossman fue nombrado por Bachelet
como agente en la defensa de Chile en la demanda boliviana, lo mantuvo Piñera y
durante su trayectoria profesional ha estado vinculado en temas de derechos
humanos, en sectores de la izquierda existiría una suerte de recelo por lo que
representa el abogado, dadas su amplias redes en la ex Concertación y la
derecha.
“Una elección a la CIJ implica una campaña de gran envergadura,
que se debe trabajar de manera prioritaria y con mucha anticipación. La
administración anterior, pese a conocer esta información, no presentó al profesor
Grossman ni a ningún otro candidato a la CIJ para el período 2024-2033”, dijo
este jueves la Cancillería en una declaración. “En el escenario descrito,
considerando que una elección tan importante requiere planificación anticipada,
disposición de votos, recursos presupuestarios y estrategia de campaña, el
Ministerio de Relaciones Exteriores lamentablemente no está en condiciones de
postular esta candidatura para el proceso eleccionario en curso”.
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