Friday, July 29, 2022

MADRES TRABAJADORAS EN BOLIVIA: CUANDO LA MATERNIDAD CHOCA CON LAS POLÍTICAS DE TRABAJO DE CUIDADO

Si bien las políticas de cuidado infantil en el lugar de trabajo son relativamente nuevas en Bolivia, el país está progresando, por ejemplo, mediante la promoción de salas de lactancia y guarderías. Sin embargo, tales políticas son de poca utilidad cuando los empleadores no respetan las normas laborales.

“Piensan que vamos a dar a luz y que se acaba, luego seguimos siendo productivas o seguimos cuidando a nuestra familia”, dice Tania Aruzamén Zambrana, investigadora, activista feminista y madre de dos niños pequeños. niños, relatando su experiencia durante el embarazo.

Zambrana cree que las narrativas predominantes invisibilizan la lactancia materna y el posparto en Bolivia. Si bien existen políticas estatales que brindan subsidios universales y apoyo para la lactancia materna, dice que "estas políticas aún no son muy efectivas".

En Bolivia, las madres trabajadoras asalariadas luchan por lograr un equilibrio entre el trabajo y la vida familiar. Esta realidad impacta directamente a los bebés durante la etapa clave de desarrollo de la lactancia materna.

El país andino ha visto avances en cuanto a leyes que protegen los derechos de las madres que trabajan en instituciones públicas y privadas, incluyendo una hora de lactancia materna obligatoria por día. Las madres también pueden llevar a sus bebés con ellas a sus lugares de trabajo, y los empleadores están obligados a garantizar las condiciones necesarias y proporcionarles espacio para que puedan amamantar. En la práctica, sin embargo, las empresas no respetan estas normas y el Estado no ha implementado un sistema de control de cumplimiento.

De acuerdo con la Ley General del Trabajo de Bolivia, las trabajadoras tienen derecho a 45 días de licencia con sueldo completo antes y después del parto, y más tiempo si surgen complicaciones, mientras que las empresas con más de 50 empleados están obligadas a proporcionar guarderías y espacios para la lactancia.

Según los expertos con los que hablamos, los dos principales obstáculos que impiden avanzar hacia unas relaciones laborales más justas son, por un lado, la percepción general del trabajo de cuidados en la sociedad boliviana y, por otro lado, la omnipresencia del trabajo informal en el país.

Como explica Montero, las mujeres que trabajan en la economía informal están sujetas a condiciones laborales precarias y muchas veces ven vulnerados sus derechos. Esto significa que, a pesar de los logros en la normativa laboral que beneficia a las madres trabajadoras, el debate sobre el trabajo de cuidado aún es bastante nuevo y la falta de comprensión del tema impide un abordaje más integral.

“Cuando hablas con estas mujeres sobre espacios de lactancia o de cuidado en el lugar de trabajo, por ejemplo, eso ya les parece un lujo”, dice Montero.

Con la informalidad tan extendida, muchas de estas mujeres luchan simplemente por encontrar trabajos y contratos estables, asegurar una jubilación digna y acceder a un seguro de salud, entre otras cosas.

Esto dificulta hablar de derechos relacionados con el trabajo de cuidado, como explica Montero, en gran medida por las visiones patriarcales y sexistas de las relaciones y los lazos sociales que siguen siendo generalizadas en el país y que muchas veces se reflejan en sus políticas públicas.

La principal barrera para el progreso es el patriarcado

“En Bolivia se da por hecho que la crianza de los hijos es responsabilidad exclusiva de las mujeres. Muchos tienen problemas para entender por qué el estado o los empleadores deben compartir esa responsabilidad de alguna manera. Tenemos un largo camino por recorrer para garantizar estos derechos”, dice Montero.

Las relaciones desiguales de poder en el ámbito laboral son un reflejo de cómo históricamente se ha asignado a las mujeres el trabajo de cuidados. Se espera cierta complacencia y sumisión de las mujeres que se encuentran en posiciones de dependencia económica. Muchos empresarios “prefieren contratar madres porque pueden explotarlas más fácilmente, son mucho más serviles y leales y se aprovechan de eso”, dice Montero.

Según ella, la explotación y el desamparo que enfrentan las mujeres en el mercado laboral se debe en gran medida a la invisibilidad del trabajo de cuidados, que debe integrarse en la economía si se quiere abordar de manera más seria las desigualdades de género en el país.

Sin embargo, Montero cree que modelos pro familia como el boliviano pueden conducir a políticas excesivamente proteccionistas con efectos indeseables a largo plazo y alimentar discursos sesgados que sobrecargan a las mujeres y, en última instancia, las excluyen del mercado laboral.

“Ya existe una especie de prejuicio de que el embarazo perjudica biológicamente el desempeño laboral de la mujer”, explica Montero. Deben fomentarse nuevas relaciones sociales que dignifiquen el trabajo de la mujer. Además, las empresas deben aprender a integrar las regulaciones como parte de su responsabilidad social y de desarrollo en lugar de verlas simplemente como un obstáculo.

La corresponsabilidad en el cuidado, un desafío permanente

“Es importante definir qué entendemos por trabajo de cuidado”, dice Verónica Paz, coordinadora de investigación y políticas de Oxfam Bolivia. “El trabajo de cuidados se refiere a todas aquellas actividades que están relacionadas con la satisfacción de las necesidades esenciales de la vida. Esto incluye las tareas del hogar, limpiar, planchar, así como gestionar el cuidado, hacer cosas como llevar a los niños a la escuela, atender las necesidades de salud, etc. Implica tanto cuidar a los demás como cuidarse a uno mismo”, explica.

Comprender las implicaciones más profundas y amplias del trabajo de cuidados nos permite ver cómo percibimos y construimos nuestras ideas sobre las divisiones del trabajo basadas en el género en nuestras sociedades y la división desigual del trabajo de cuidados entre hombres y mujeres.

Como explica Montero, un problema tan generalizado “es demasiado grande para que el Estado lo resuelva solo, o para que las familias lo resuelvan solas [o para las empresas o el mercado]. Requiere que todos los miembros de la sociedad se involucren, porque todos los miembros de la sociedad tienen algo que decir”.

Tanto Paz como Montero creen que es necesario cuestionar las leyes y políticas, que en general están escritas para delegar más responsabilidades a las mujeres como cuidadoras, y para reflexionar mucho más ampliamente sobre las tareas de producción y reproducción.

Un ejemplo es incluir a otros colectivos en la responsabilidad del trabajo de cuidados para que “pensemos por igual en términos de licencia de maternidad y paternidad, que entendamos que el trabajo de cuidados no es solo mujeres cuidando de niños pequeños sino que también incluye mujeres y hombres cuidando de los ancianos y los enfermos.”

“Partimos de la idea de que el cuidado sostiene la vida y eso es algo que ha estado faltando en el diseño general de las políticas públicas en la sociedad porque se da casi por sentado, es decir, que el cuidado simplemente sucede”, dice Paz.

¿Y los trabajadores de la economía informal?

Si incluso las madres asalariadas se encuentran en una situación de vulneración de sus derechos, la realidad de las madres que trabajan por cuenta propia y en la economía informal es mucho más precaria.

“¿Qué hacemos con este ejército de mujeres autónomas que no tienen derechos laborales ni derechos asociados a la maternidad y los cuidados?”. pregunta Paz.

Según la Encuesta de Hogares 2015 del Instituto Nacional de Estadística (INE), en Bolivia existen más de 3,8 millones de mujeres mayores de 15 años, de las cuales “el 58,7 por ciento, es decir seis de cada 10 mujeres de 15 años y más, son madres de al menos un hijo.” Esto plantea la pregunta de cómo estas mujeres se enfrentan al trabajo de cuidados.

“Tengo que hacer malabares con dos niños; No puedo tener trabajos con horarios fijos, es algo que no he podido hacer desde que nacieron mis hijos. ¿Quién los va a cuidar, quién los va a recoger, a dejar, etc.? Necesitamos con urgencia políticas estatales de atención a las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad”, dice Aruzamén.

Según Paz, el mayor desafío en este sentido es, en primer lugar, reconocer la heterogeneidad del mercado laboral y la importancia de desarrollar políticas de atención más integrales y, lo más urgente, mirar con mayor realismo la situación de las madres trabajadoras bolivianas, la mayoría de los cuales se encuentran atrapados y luchando solos en la economía informal. Equal Times de EEUU (https://bit.ly/3OCmNyg)

 

 

 

 

 

CON LA CARA PINTADA O CON CORRIDAS BANCARIAS: LA DERECHA ES, FUE Y SERÁ GOLPISTA

 

En América Latina, entre 2002 y 2022, la alianza entre las oligarquías locales y la derecha internacional ha dado cinco golpes de Estado, intentado dar otros cuatro, generado crisis económicas, perseguido y proscripto a los líderes populares y cometido intentos de magnicidio. El discurso que plantaba la existencia de una «nueva derecha», de una «derecha democrática», se derrumba día a día.

 

Diario Contexto de Argentina (https://bit.ly/3JtOrwB)

 

Repasar la historia de los golpes de Estado en América Latina durante el siglo XX es también repasar la historia de los intereses de Estados Unidos en una la región que siempre ha considerado su «patio trasero».

La discusión ya se había plateado en los cuarenta en Argentina, cuando, ante el ascenso del movimiento obrero, la división de aguas se planteó claramente: «Braden o Perón».

Las dictaduras del Cono Sur de los sesenta y setenta se gestaron por la reacción de las oligarquía locales contra los proyectos populares que avanzaban en toda la región, pero siempre en alianza con los intereses de los sectores que en Estados Unidos detentan el poder, que instalaron el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional. La Operación Cóndor fue un claro ejemplo de cómo funcionaba esa articulación.

A principios del siglo XXI, un sector de la intelectualidad progresista, desde reputados medios de comunicación, hablaba de una «nueva derecha» en América Latina, una derecha «democrática». Nada podía estar más errado.

La derecha ha demostrado que es, fue y será golpista y que solo acepta las reglas de la democracia cuando estas no amenazan sus estructuras de poder ni cuestionan sus intereses, o cuando la famosa «correlación de fuerzas» los obliga a aceptar (momentáneamente) la voluntad popular.

Con una rápida mirada que recorra solamente los veintidós años que apenas lleva el siglo XXI, se puede ver que la derecha no ha cambiado su esencia y que esa alianza entre las oligarquías locales y el poder profundo en Estados Unidos siguen más firme que nunca.

Siglo XXI: dos décadas de golpes

En América Latina, entre 2002 y 2022, la alianza de la derecha local e internacional ha dado cinco golpes de Estado, intentado al menos otros cuatro, generado crisis económicas, perseguido y proscripto a los líderes populares e intentado magnicidios.

Las estrategias han sido múltiples: golpes tradicionales con militares o policías, golpes de mercado, golpes parlamentarios, golpes mediático-judiciales a través de persecución judicial, hasta golpes a través de la asfixia económica y levantamientos violentos de sectores de la supuesta sociedad civil, pero que siempre están vinculados a fundaciones y ONG que reciben dinero de la USAID y la NED u otros organismos de la estructura que Estados Unidos utiliza para apoyar a socios en la región y desestabilizar aquellos gobiernos que no le son afines.

La mano del «Tío Sam»

Durante una entrevista realizada recientemente por Jake Tapper en la CNN, el ex asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, John Bolton, aseguró: «Como alguien que ha ayudado a planear golpes de Estado, no aquí, sino en otros países, puedo decir que requiere de mucho trabajo». El ex asesor de Trump no puntualizó a qué golpes se refería.

Bolton ha participado del Gobierno de Estados Unidos desde la década de 1980, cuando, durante el Gobierno de Ronald Reagan, se incorporó a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (conocida por sus siglas en inglés como USAID). Ya en otras funciones, durante el Gobierno de George W. Bush, jugó un rol clave en las invasiones a Irak, Afganistán y Libia.

Sin embargo, los golpes de Estado no son exclusividad de los republicanos. Desde el 2000 hasta la actualidad se han intercalado en la Casa Blanca demócratas y republicanos, y la política golpista e injerencista en la región nunca cesó. George W. Bush (republicano) gobernó desde 2001 hasta 2009, Barack Obama (demócrata) presidió el país desde 2009 hasta 2017, Donald Trump (republicano) lo hizo desde 2017 hasta 2021, y en la actualidad Joe Biden (demócrata) gobierna el país.

Un rápido repaso de lo que ha sucedió en América Latina durante esos años nos muestra que en 2002 se produjo el golpe de Estado en Venezuela contra el presidente Hugo Chávez, que duró solo 48 horas y fue revertido por el pueblo. Antes de que Evo Morales asumiera la presidencia en 2006, fueron numerosos los intentos de asesinarlo e impedir por todas las vías que el líder cocalero llegase al gobierno. Todos esos intentos contra la vida de Evo Morales se encuentran documentados en libro Evo en la Mira – CIA y DEA en Bolivia. En 2008 se produce el primer intento de golpe de Estado contra el Gobierno del MAS, en Bolivia. En 2009 se concreta el golpe de Estado en Honduras, contra el presidente Manuel Zelaya. En 2010, en Ecuador, se produce un intento de golpe de Estado (en este caso, encabezado por la policía) contra el presidente Rafael Correa. En 2011 se descubre en Cuba la trama del Zunzuneo, un programa financiado de manera ilegal por la USAID para promover en la isla un «levantamiento popular», generar violencia y justificar una intervención extranjera.

En 2012 se concreta el golpe parlamentario en Paraguay contra el presidente Fernando Lugo. En 2013 muere el presidente Hugo Chávez de un cáncer que, según aseguran varios destacados investigadores, pudo haber sido inducido. En 2014 se producen en Venezuela los levantamientos violentos conocidos como «guarimbas». En 2015, el entonces presidente norteamericano Barack Obama, mediante un decreto, declara a Venezuela una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos.

En 2016 se concreta el golpe parlamentario en Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff. Inmediatamente, como complemento, se desata la persecución judicial contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. También en 2016 se profundiza la persecución en Argentina contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, contra gran parte de sus exfuncionarios y contra referentes de su espacio político.

En 2017, el almirante Kurt Tidd, entonces jefe de este Comando, en un informe presentado ante el Senado norteamericano, declaró: «En la última década, China, Rusia e Irán han establecido una mayor presencia en la región. Estos actores globales ven la arena económica, política y de seguridad de América Latina como una oportunidad para alcanzar sus objetivos a largo plazo y así avanzar en áreas de interés que son incompatibles con las nuestras y las de nuestros socios».

En 2017, en Ecuador, en lo que podría considerarse un golpe postelectoral, se ejecuta la traición de Lenin Moreno al partido que lo lleva al gobierno (la Revolución Ciudadana), al líder de su espacio político (Rafael Correa) y al voto popular que había elegido la continuidad de las políticas aplicadas por el correísmo. También ese mismo año se lanza la persecución judicial contra Rafael Correa y sus exfuncionarios. El arresto y la condena del vicepresidente Jorge Glas es una clara expresión de esa persecución.

En 2017, en Brasil, el juez Sergio Moro condena sin pruebas al expresidente Lula da Silva. También en 2017 se producen nuevas guarimbas en Venezuela.

En 2018, la misma lógica «guarimbera» de protestas violentas se traslada a Nicaragua. En paralelo, el Congreso de Estados Unidos aprueba la ley conocida como Nica Act, con la cual se comienzan a aplicar sanciones económicas contra Nicaragua.

En 2018, Brasil concreta la proscripción de Lula y se lo saca de la carrera presidencial. Ese mismo año se produce en Venezuela el intento de magnicidio contra el presidente de Nicolás Maduro.

En 2019 se realiza en Venezuela la Operación Gedeón. Un grupo de ex militares venezolanos comandados por tres ex boinas verdes (grupos especiales del Ejército de Estados Unidos) intentan ingresar al país para realizar un atentado contra Maduro.

En 2019 se concreta golpe de Estado en Bolivia contra el presidente Evo Morales. En 2020, en Ecuador se proscribe al expresidente Rafael Corra. Ese mismo año también se proscribe a Evo Morales para las elecciones en las que Bolivia recuperaría la democracia.

En 2019, según reveló luego una investigación del periodista Horacio Verbitsky, en un artículo publicado en el portal Cohete a la Luna, «el Ejército realizó el ejercicio Puma, que contemplaba la invasión de Venezuela. El ejercicio se ejecutó en siete sesiones en la guarnición de Campo de Mayo y por videoconferencia con la brigada de paracaidistas de Córdoba, la Brigada Mecanizada X de La Pampa y los comandos de la Fuerza de Operaciones Especiales, también de Córdoba. Incluyó además coordinación con unidades de la Armada y de la Fuerza Aérea […] Este ejercicio coincidió con la escalada de Estados Unidos contra el gobierno del Presidente Nicolás Maduro, que incluyó el reconocimiento como ‘Presidente encargado’ del entonces presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó». Según la investigación, el Ejército Argentino formaría parte de un conjunto de fuerzas de la región que estarían coordinadas por el Comando Sur.

En 2020, mercenarios norteamericanos y colombianos que luego participarían del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse ingresaron a Bolivia para intentar asesinar al recientemente electo presidente Luis Arce. Entre los mercenarios identificados estuvieron el estadounidense Arcángel Pretel y el colombiano Antonio Intriago.

Durante los dos primeros años de pandemia (2020-2021), el Gobierno de Estados Unidos endureció el bloqueo contra Cuba. Se genera desabastecimiento, se prohíbe la llegada de respiradores, de insumos médicos y de recursos para la generación de energía (combustible para las usinas eléctricas). En ese marco, en 2021 se produce un levantamiento en Cuba impulsado por sectores vinculados a la USAID y la NED.

En 2022, en las elecciones presidenciales en Colombia, el candidato de la izquierda, Gustavo Petro, debió cerrar su campaña con chaleco antibalas por las amenazas contra su vida.

En julio de 2022, la jefa del Comando Sur, la generala Laura Richardson, señaló su preocupación por la influencia de Rusia y China en la región y remarcó el interés de su país en el denominado «Triángulo del litio», en referencia al sector que comparte Argentina, Chile y Bolivia donde se encuentra este material, tan preciado para el desarrollo de las nuevas tecnologías.

«Esta región es tan rica en recursos, minerales de tierras raras, el litio, el triángulo del litio en la región. Hay muchas cosas que esta región tiene que ofrecer. Estoy viendo lo que hacen nuestros competidores (China) y veo en ello una amenaza a la democracia. Creo que están jugando al ajedrez. Rusia también está presente en la región y creo que está jugando a las damas», sostuvo la jefa del Comando Sur, y luego agregó: «Necesitamos una estrategia. No podemos estar por aquí y por allá. Tenemos una serie de elecciones importantes que se vienen o que acaban de celebrarse y tenemos que estar pendientes de la región».

Argentina: los sospechosos de siempre

En todo este contexto, no sorprende la nueva arremetida golpista en Argentina, que incluye corridas cambiarias, periodistas, medios y referentes políticos de la derecha que lanzan pedidos de adelantamiento de las elecciones, amenazas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y las declaraciones del exmilitar Aldo Rico, quien ya protagonizó un levantamiento antidemocráticos en 1987, durante el Gobierno de Raúl Alfonsín

En respuesta, el Bloque de diputados del Frente de Todos emitió un comunicado en el que señala: «Presamos nuestro firme repudio a las maniobras y expresiones de neto corte golpista que aparecieron en los últimos días»

«Una brutal corrida cambiaria que pretende una devaluación abrupta de la moneda nacional, pedido de juicio político a nuestro Presidente de la Nación y amenazas hacia nuestra vicepresidenta de la Nación. Acciones violentas contra el Instituto Patria, ex militares convocando a las Fuerzas Armadas, dirigentes políticos y operadores mediáticos planteando el adelantamiento de las elecciones».

«Los hechos son muy claros. Hay una acción sistemática de desestabilización política y económica».

«Hacemos un llamado a la responsabilidad institucional de la oposición política. El contexto requiere claras y explícitas manifestaciones públicas».

«Solicitamos al poder judicial que asuma una postura proactiva en defensa de la democracia y las instituciones e investigue las denuncias que el Poder Ejecutivo ha realizado».

«Defendamos nuestra democracia, que tantas vidas y esfuerzo costó recuperar», concluye el comunicado.

La alianza entre las oligarquías locales y estructura de poder con sede en Estados Unidos y Europa nunca se saciará del saqueo que realizan de los recursos naturales de América Latina, ni de la explotación de los pueblos de esta región. Defenderán sus intereses por todos los medios (legales e ilegales), como lo han hecho hasta el presente. Solo la fuerza popular organizada puede ponerle un freno. No estar atentos a ello es un error que se pagará muy caro.

 

 

 

 

 

LA PLAYA QUE EL PERÚ LE CEDIÓ A BOLIVIA Y LLEVA ABANDONADA 30 AÑOS

 

Se llama Boliva Mar y se encuentra en Ilo, Moquegua. Esta es la historia de la única salida al mar que tiene el país andino, pero que nadie usa.

 

La República de Perú (https://bit.ly/3S7QASr)

 

En una entrevista a inicios de año con Fernando Rincón para CNN, el presidente Pedro Castillo volvió a mencionar el polémico tema de la salida al mar de Bolivia. “Es una idea. Pero ahora le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo... jamás haría cosas que el pueblo no quiera”, aclaró el mandatario.

“Ese es su derecho (el acceso al mar). Haremos lo que los pueblos claman. Lo que los pueblos necesitan, lo que los pueblos quieren. El problema es que históricamente hemos estado metidos en el tema de frontera”, recalcó

Pero, a pesar de que se ha dicho lo opuesto, Bolivia tiene salida al mar desde 1992, cuando el presidente Alberto Fujimori cedió una franja de cinco kilómetros de extensión de la costa de Ilo, en Moquegua.

¿Qué es Bolivia Mar?

Al sur de Perú, la carretera se extiende y recorre la costa. En esa desértica extensión, cualquier viajero puede encontrar un cartel verde con letras blancas que invita a seguir el camino a Tacna, en la frontera con Chile, o a doblar y tomar un camino para acceder a Bolivia Mar.

El acuerdo fue firmado por el entonces presidente peruano, Alberto Fujimori, y el mandatario boliviano de aquel entonces, Jaime Paz Zamora. En aquel momento se decía que la concesión serviría para reducir los lazos comerciales con los puertos de Chile de Arica e Iquique, por donde Bolivia ingresa y despacha la mayor parte de sus productos.

De esta forma, se dejaría atrás la contradicción de que su acceso al mar dependa del país que se quedó con sus provincias costeñas tras la Guerra del Pacífico, en la que Perú y Bolivia se enfrentaron a Chile.

Condiciones de la cesión de Bolivia Mar

“Lamentablemente, las poblaciones de Ilo como de Bolivia no nos enteramos (bien del proyecto). Todo el mundo piensa que Bolivia Mar es para (construir) un gran puerto. Pero, en realidad, es (solo para el) turismo”, explica David Herrada, cónsul de Bolivia.

Y es que los convenios firmados por los presidentes en 1992 estipulaban la cesión de Bolivia Mar, pero también dos elementos más: crear una zona franca industrial en la ciudad peruana y dar facilidades a los bolivianos para que usaran las instalaciones portuarias de esa localidad.

Jaime Paz Zamora había dicho que era una “gran victoria nacional, por volver a ser un país marítimo”, pero Bolivia no tiene soberanía sobre la franja, solo tienen autorización para darle uso turístico.

Los pescadores peruanos son los únicos que pueden sacar provecho de la playa que no tiene ni una sola sombrilla boliviana. La zona nunca se puso en marcha, según explica el cónsul, porque las tarifas de Ilo son más caras que las de los terminales chilenos. Instalar un rompeolas y habilitar un acceso menos accidentado costaría US$ 250 millones de dólares, señala Herrada.

“Yo creo que es un presupuesto ‘no tan poco’… Es posible sacar adelante ese proyecto, pero siempre y cuando haya también más participación y afluencia de bolivianos a Ilo”, dice el cónsul.

Sin embargo, Perú exige garantías para que las importaciones y exportaciones sean numerosas para desembolsar la suma. Pero la posición de Bolivia es que Lima debe invertir primero y rebajar sus tarifas de descarga.

“Si en este momento estamos beneficiando a la hermana república de Chile con entre US$ 9.000 millones y US$ 10.000 millones de dólares anuales, solo con exportar o importar por Ilo una tercera parte, ya serían US$ 3.000 millones que, con seguridad, traerían un gran desarrollo a esta ciudad”, finalizó Herrada.

 

 

 

 

 

LA ALTERNATIVA MÁS SEGURA DE ENVIAR DINERO A BOLIVIA

 

Diario de Extramadura, España (https://bit.ly/3oBR31C)

 

Debido al aumento de la migración a nivel mundial, se ha hecho necesario que las empresas que te ayudan a enviar remesas de dinero mejoren la calidad de sus servicios. Para eso, muchas de ellas tuvieron también una migración, pero en este caso, al mundo virtual. Entonces, ahora podemos ver más cantidad de sitios web que dicen enviar dinero Bolivia u otros países de Latinoamérica. No obstante, ¿Cómo saber cuál es la mejor opción?

Una plataforma confiable para enviar dinero a Bolivia

Eso es precisamente lo que buscan todos los ciudadanos que han dejado a su familia al otro lado del mundo. Y es que, es bien sabido que este país está pasando por una situación económica bastante difícil. A pesar que todos nos hemos visto afectados por la crisis financiera mundial, para nadie es un secreto que Bolivia es uno de los países más afectados.

Son cada vez más los bolivianos que salen de su país en busca de un futuro mejor. Pero, en el mismo camino, están pensando que mucho del dinero que hagan trabajando, tendrá que ir a casa, donde las cosas siguen igual o peor. Por eso, necesitan de un aliado para enviar dinero online (Home Sendity). Gracias a este, se asegurarán que la ayuda financiera llegará a las manos indicadas, y que no tardará mucho.

Una plataforma de envíos de dinero a Bolivia tiene que dar seguridad que la transferencia se realizará rápido. Por tanto, no debería tardar más de 48 horas en hacerse efectivo el dinero. Además, es necesario que el sitio web dé garantías con respecto a la protección de los datos personales y bancarios de quien envía el dinero.

Otro beneficio que buscan los usuarios que envían dinero a Bolivia es que se pueda acceder al servicio en cualquier momento. Y es que no solo esté disponible para enviar el dinero, sino también para que la transferencia se haya efectiva. Poder enviar dinero en cualquier momento y desde el lugar donde te encuentres, indistintamente si usas un dispositivo móvil o un computador, son ventajas que solo una plataforma confiable puede darte.

¿Cuál es la plataforma más confiable para enviar dinero a Bolivia?

Sin lugar a dudas, Sendity es lo que necesitas para enviar dinero a casa. Este sitio web te da todas las garantías que hemos mencionado anteriormente. Además, te informa sobre la tasa de cambio actualizada, justo antes de confirmar el pago. Sin mencionar que, no tiene comisiones maliciosas ni secretas.

Al enviar dinero a tu país, incluso podrás ahorrar dinero con Sendity. Esto se debe a que tiene las mejores condiciones del mercado, pensando siempre en lo que beneficiará a sus clientes. Los desarrolladores de esta empresa entienden bien la urgencia de enviar dinero a Latinoamérica, pues ellos son latinos. Por eso, muchos son los que ponen su fe en este excelente servicio.

Sendity ya lleva varios años ofreciendo este servicio a todos los países de Latinoamérica y es una buena noticia que los bolivianos también se estén beneficiando de enviar dinero a casa sin ser estafados. La plataforma te da totales garantías de un proceso transparente, equilibrado, seguro y rápido.

Pasos para enviar dinero a Bolivia con Sendity

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Primero, tienes que elegir Bolivia como país de destino. Después, elegir en qué tipo de monedas quieres que tu familia reciba el dinero (puede ser en boliviano o en dólar). Una vez que confirmes la información, podrás hacer clic en continuar para que aparezca una nueva ventana donde deberás seleccionar el método de pago (cuenta bancaria o ventanilla).

Verifica la información y tu identidad iniciando sesión en Sendity. Dentro de tu cuenta Sendity tendrás que introducir los datos de la persona que recibe el dinero y confirmar el pago. ¡Listo! Tu dinero está en camino a Bolivia, y podrás hacer seguimiento en la misma plataforma.

 

 

 

 

 

AVANZA LA INTEGRACIÓN ELÉCTRICA REGIONAL CON BOLIVIA

 

El secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, recibió al ministro de Hidrocarburos y Energías de Bolivia, Franklin Molina, para ultimar detalles días antes de que entre en servicio comercial la línea de interconexión eléctrica entre Yagacuá, Bolivia y Tartagal, Argentina. También participó del encuentro el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.

 

Argentina Gob.Ar (https://bit.ly/3cSIcWw)

 

El secretario de Energía, Darío Martínez destacó: “Hace un tiempo que venimos coordinando el trabajo entre Argentina y el país vecino Bolivia para avanzar en la Integración energética de nuestros pueblos. Estos son avances concretos que nos permiten aprovechar adecuadamente los recursos de cada región y una herramienta que responde a las necesidades de ambas naciones”.

“A través de la interconexión regional podemos mejorar el abastecimiento eléctrico y también disminuir los costos y reducir el impacto ambiental de la generación con combustibles líquidos, dando confiabilidad al suministro y profundizando la integración binacional”, señaló el subsecretario Basualdo.

“Este es un hecho de integración energética entre los pueblos que posibilitará garantizar el suministro a las poblaciones vecinas de ambos países”, sostuvo el ministro de Hidrocarburos y Energías de Bolivia, y agregó que “estamos en la etapa final, solo faltan realizar las pruebas de energización para materializar la interconexión”.

“La línea de interconexión entre Yagacua, Bolivia y la subestación de Tartagal en Argentina, tiene una longitud aproximada de 120km, de 132 KW y una capacidad de transporte de 120 MW. Esta interconexión va a permitir que tanto Bolivia como Argentina puedan aprovechar de mejor manera sus recursos”, destacó el gerente de Transmisión de la Empresa Nacional de Electricidad de Bolivia (ENDE), Filiberto Soto

La obra de interconexión que consiste en una doble terna de 132 kV de 110 km entre la Estación Transformadora en Yagacuá (Bolivia) y la ampliación ya concluida de la ET Tartagal, en Salta, permitirá un abastecimiento abundante y confiable a la ciudad de Tartagal y a localidades vecinas como Orán, Piquirenda, Tabacal, Pichanal, Senda Hachada y Dragones, aliviando el vínculo con San Juancito. El intercambio eléctrico de hasta 120 MW reducirá las emisiones contaminantes y los costos derivados de la generación eléctrica con combustibles líquidos.

De la reunión participaron el embajador de Bolivia en Argentina, Ramiro Tapia; el embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro; la Directora Jurídica del Ministerio de Hidrocarburos y Energías de Bolivia, Virginia Miranda; el Presidente Ejecutivo de Litio, Carlos Ramos y la Directora Ejecutiva de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, Hortensia Jiménez

 

 

 

 

 

BOLIVIA: ADUANA INCAUTA MÁS DE USD 55 MILLONES EN MERCADERÍA DE CONTRABANDO ENTRE ENERO Y JUNIO DE 2022

 

Portal Portuario de Chile (https://bit.ly/3zQiF9T)

 

La Aduana Nacional de Bolivia (AN) informó que, entre el 1 de enero al 21 de julio de 2022, la institución concretó 6.438 operativos de control en todo el país, logrando incautar mercadería de contrabando avaluada en un monto mayor a los 55 millones de dólares.

En base a lo informado por Alberto Vaca Segovia, Administrador de Aduana, la última cifra conseguida se concretó luego de un refuerzo de vigilancia en la frontera con Argentina, donde la AN impidió la comercialización ilegal de productos por un valor superior a los 70 mil dólares.

Lo anterior como resultado de cinco operativos estratégicos realizados por la Unidad de Control Operativo Estratégico (UCOE), en trabajo conjunto con el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, al abordar cinco vehículos, conformados por tres camiones de alto tonelaje marca Volvo F12 – F16, seguidos de un minibús y una vagoneta que recorrían la comunidad Hornillos, ubicada en la jurisdicción de Tupiza.

Los camiones trasladaban sacos de harina, pañales, detergente, leche en polvo y productos de limpieza que no contaban con documentación que acredite su legal importación. De forma paralela, se indicó que el minibús fue acondicionado para transportar más de 40 cajas de aceite y, finalmente, la vagoneta portaba en su interior 50 paquetes de cerveza en lata.

Por su parte, la  Administradora de Aduana Interior Sucre, Dalma Tatiana Castro, comunicó respecto al comiso de ocho vehículos indocumentados que se encontraban circulando por la ciudad de Sucre, que fueron valorados en un poco más de 107 mil dólares.

En concreto, se trataría de siete vagonetas marca Mazda, Toyota, Nissan, Ford, Jeep, Volkswagen y un automóvil del fabricante Chevrolet, todos provenientes de Chile y Argentina. Los medios de transporte fueron recuperados por agentes del Grupo de Reacción Inmediata Aduanero (GRIA) y UCOE.

Cabe mencionar que, de los más de 55 millones de dólares recuperados por AN hasta la fecha, una cifra superior a los 35 millones de dólares corresponde a vehículos.

 

 

 

 

 

BOLIVIANA CONFÍA EN QUE CON GUSTAVO PETRO EN EL PODER EL ELN LIBERE A SU HIJA

 

Swissinfo de Suiza (https://bit.ly/3zj0R5s)

 

La boliviana Zarlet Clavijo desapareció en junio de 2012, cuando tenía 17 años, y su madre, Marcela Martínez, asegura que la tiene secuestrada la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN), por lo que guarda la esperanza de que con el nuevo Gobierno en Colombia pueda ver de nuevo a su hija.

Zarlet, quien también es hija del exasambleísta del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) Evert Clavijo Garcés, desapareció en la ciudad boliviana de La Paz y pese a que al inicio de la investigación se sospechó de alguna persona cercana a la joven, la Fiscalía no presentó cargos.

En una entrevista con Efe, Marcela Martínez afirmó que en la búsqueda de su hija encargó una "investigación privada" y así logró ponerse en contacto con un hombre al que identificó como Raúl Aguado, un "intermediario" que le aseguró que Zarlet estaba en calidad de "custodia" en manos del ELN, pero que esa guerrilla no había participado en el secuestro de la joven en Bolivia.

Se cree que los captores de Zarlet, luego de retenerla, la entregaron a la guerrilla colombiana.

"A mi hija la tienen en la frontera, algunas veces en Colombia otras veces en Venezuela, dependiendo de la situación", aseguró.

Martínez relató que viajó a Colombia en varias ocasiones y que "solamente en una" le permitieron realizar una "prueba de vida" de su hija Zarlet, en diciembre de 2019.

"Recibí instrucciones muy precisas que tuve que cumplir. Tenía que controlar mis emociones, no podía acercarme, no podía abrazarla, no podía hablarle, no podía nada, solo tenía que ver si era ella, que estaba viva y que estaba bien", contó sobre el momento en que pudo ver a su hija sin que ella lo supiera.

También relató que el ELN "no puso condiciones" para la entrega de Zarlet, pues el propósito de la guerrilla era conseguir una entrega pública con la intervención del expresidente colombiano Juan Manuel Santos y la entonces mandataria transitoria de Bolivia Jeanine Áñez, como una excusa para iniciar negociaciones de paz con el Gobierno.

A su regreso a Bolivia, Martínez pidió ayuda al entonces ministro interino de Gobierno, Arturo Murillo, quien le "negó la ayuda" con argumentos políticos y electorales por estar todavía reciente la crisis política y social que atravesó Bolivia en 2019.

Luego llegó la pandemia y el proceso de búsqueda quedó estancado.

Hace dos semanas, Martínez logró comunicarse de nuevo con el intermediario para pedirle una nueva prueba de vida de su hija y, aunque no la consiguió, el hombre le aseguró que Zarlet estaba en alguna zona cercana de la ciudad de Barrancabermeja, en el departamento colombiano de Santander (este) y donde operan miembros del ELN.

NUEVA ESPERANZA

El próximo 7 de agosto, el izquierdista Gustavo Petro asumirá la Presidencia de Colombia y para Martínez esa posesión abre la posibilidad para gestionar la entrega "por la vía formal" de su hija y así concluir una década de angustia a falta de resultados en la Justicia de su país.

El Estado colombiano, bajo la Presidencia de Juan Manuel Santos, inició en 2017 un diálogo con el ELN que quedó suspendido primero y luego paralizado definitivamente durante el Gobierno de Iván Duque. Petro ya ha planteado que buscará entablar negociaciones de paz con esa guerrilla.

La madre de Zarlet guarda la esperanza de que se hagan "negociaciones de paz" con el ELN.

Martínez se ha encargado de que la investigación en Bolivia por la desaparición de su hija se mantenga abierta pese a que los procedimientos legales señalan que debe cerrarse a los 6 meses en caso de que no existan avances en el proceso.

"Ahora la prioridad por la vía formal es emitir la orden de búsqueda internacional y la orden de cooperación internacional", mencionó.

 

 

 

 

 

CONSULADO DE BOLIVIA EN JUJUY: TRAMITAN DNI Y CERTIFICADOS

 

Si sos boliviano o boliviana y residís en Jujuy podes acercarte a la sede en la calle Ramírez de Velazco de la capital jujeña para actualizar tus documentos.

 

Todo Jujuy de Argentina (https://bit.ly/3BsTP0Y)

 

El Consulado de Bolivia en Jujuy tramita DNI y certificados de nacimiento a los bolivianos y bolivianas radicados en la provincia e invitan a todos a acercarse a la entidad para consultas o actualizaciones. También se vienen los festejos por la independencia boliviana con muchas actividades.

Para todos aquellos residentes bolivianos viviendo en la provincia de Jujuy el consulado de dicho país en nuestra capital se encuentra trabajando y gestionando fuertemente para traer desde Bolivia al SEGIP (Servicio General de identificación Personal).

Juan Ino Mamaní, el cónsul de Bolivia en Jujuy, comentó a Todo Jujuy que el área que entrega la documentación boliviana como el carnet de identidad y el certificado de nacimiento estaría en distintos lugares de nuestra provincia prontamente. "A más tardar el día lunes confirmaremos la fecha y la posibilidad de que también se encuentre en Libertador General San Martin y en Monterrico", comentó al respecto del SEGIP.

En relación al tema, Mamaní expresó que "todos aquellos que necesiten estos documentos pueden acercarse al consulado y tramitar tanto el DNI como el certificado de nacimiento, sin necesidad de cruzar para el país boliviano a tramitarlo".

Independencia Boliviana: actividades en la provincia

El estadio plurinacional de Bolivia cumple 200 años de su independencia en el 2025 y cada año que se acerca la festividad es más grande en nuestra capital y distintos municipios. El cónsul invita a todos los bolivianos y bolivianas a acercarse al consulado para verificar sus documentos en la base de datos.

El día 6 de agosto se celebra la Independencia de Bolivia y en esta ocasión se encontrarían cumpliendo 197 años a lo que se espera una semana a pura celebración no sólo en la capital jujeña.

Mamaní detalló sobre la festividad: "estamos en los últimos días de definición, tenemos el 5 de agosto en la plaza Belgrano una ofrenda floral de manera oficial y una entrada folclórica. También realizaremos distintas actividades de proyección de películas en distintos municipios como el Carmen, Perico, Libertador, Monterrico."

El cónsul resaltó que en dichos lugares existe una colectividad trabajando fuertemente y es por eso que los festejos van a ser a la altura. "Quieren festejar los 197 de la independencia y estamos armando campeonatos de fútbol y ferias gastronómicas por ejemplo en Fraile Pintado".

En los próximos días se realizará una conferencia de prensa para dar los detalles correspondientes de la celebración de la Independencia boliviana en nuestra provincia.

 

 

 

 

 

LA "COCA BLUE" VA DE LA MANO DEL "DÓLAR BLUE"

 

El precio aumentó todos los días en este mes y la seleccionada llegó a los 3500 pesos el cuarto de kilo. Ya hablan de "desabastecimiento".

 

El Tribuno de Argentina (https://bit.ly/3Q0RD4G)

 

Se puede llegar a decir en Salta que hay una "coca blue", porque va de la mano del "dólar blue". "Sube el dólar ilegal, se desvaloriza el peso argentino en la frontera y entonces la coca cuesta más cara. Aunque (la ministra de Economía de la Nación, Silvina) Batakis diga lo contrario, lo que vale en la calle es el dólar blue", dijo uno de los que trae la coca desde Bermejo a Salta.

Ese dato es clave porque desde ahí comienzan a entretejerse un panorama lleno de incertidumbres donde no hay precios en el inmediato plazo, tierra fértil para las especulaciones y las ganancias extraordinarias.

Así, hoy en Salta se puede conseguir la mejor hoja "seleccionada" a 3500 pesos el cuarto. Es decir:14 mil pesos el kilo. Con esos valores ya nadie saca la bolsa verde y la dispone en una mesa de amigos. En otros negocios cercanos al mercado de abasto de Salta llega hasta los 2800/3000 pesos. Ahí entra en juego los criterios de la calidad de la hoja con el precio.

"Desde que hubo ese cambio en el Ministerio de Economía y se fue el dólar arriba, la coca ha aumentado casi todos los días. Llevamos más de dos semanas de subas constantes y eso afecta mucho a nuestros clientes", dijo una vendedora de una reconocida cadena de venta de coca, locales que están abiertos durante todo el día.

"Cada día se hace más difícil reponer la mercadería por la inestabilidad cambiaria. Ahora comenzó a bajar porque el dólar blue también bajó un poco en esta semana. Ahora bien, cada vez menos de las personas que transportan la coca quieren ir a buscarla porque si bien un día bajó el dólar, el resto del mes subió y se perdieron días de trabajo sin ganar un peso", dijo otra personas que trabaja "flete" de coca. Esa gente siempre tuvo el negocio redondo porque desde la frontera le venden la coca a precio mayorista y en Salta tienen la venta asegurada. Fueron estas fluctuaciones en la moneda argentina, y hasta el desabastecimiento del gasoil,  los factores que incidieron para que muchos apelen a subir los precios "por las dudas". Ahora muchos están comenzando a dejar de viajar hacia el norte para traer “mercadería” y prefieren quedarse en casa a esperar que se la situación se nor¬malice. Ese parate en el transporte desencadenará un desabastecimiento en el  stock lo que hará subir más los precios, independiente¬mente del valor del “blue”.

Desde la ciudad fronteriza de Bermejo (Bolivia) el colega José Luis Arce nos informa que al cambio de hoy se consiguen 2,25 pesos bolivianos por 100 pesos argentinos. Hasta el viernes de la semana pasada la relación fue de 2 bolivianos a 100 argentinos.

"En Bermejo hay registrados unos mil comerciantes habilitados para la venta de coca, la cual se va casi toda a Argentina. Cada comerciante tiene la habilitación de vender hasta 20 taques. Los taques son esas bolsas gigantes que tienen un peso de 50 libras, que son un poco más de 22 kilogramos. En el mercado autorizado de Adepcoca el taque cuesta entre 2.300 y 2.400 bolivianos. Varía cuando llega a la frontera, pero esos valores se mantuvieron estables en Bolivia, salvo cuando hubo causas extraordinarias. Lo que no se mantiene es el peso argentino.

"Es por eso que esta semana bajó un poquito. Lo mismo, yo hace 18 años que trabajo en la venta de coca, siempre para estos tiempos de julio, agosto y septiembre la coca aumenta porque en invierno escasea la coca por una cuestión estacional", dijo una vendedora del Cofruthos. "Sin embargo, ahora lo que manda el precio de la coca es el blue", aseguró y recordó que hubo aumentos anteriores por pandemia, por bloqueos de campesinos, por paros de cocaleros y hasta por los tiempos del cólera.

Pero no es sólo la coca la que está atada al blue. También hay una gran cantidad de otros productos para los "viciosos" y para todos los usos. Los cigarrillos que vienen desde Paraguay pasaron de 180 pesos a 240 pesos el paquete de 20 unidades. Los mismo con el "chamabico" y todos los "aderezos para acompañar el coqueo. Los focos, los ungüentos, las cremas y todo lo que viene del otro lado de la frontera también siguieron el derrotero de subas diarias en este mes de julio que no se acaba.

 

 

 

 

 

PERFIL: CLAUDIO GROSSMAN, EL EX MAPU QUE ENCABEZÓ EL TRIUNFO ANTE LA DEMANDA MARÍTIMA BOLIVIANA Y QUE CANCILLERÍA NO RESPALDÓ PARA IR LA HAYA

 

Ex Ente de Chile (https://bit.ly/3SaubnC)

 

El exagente ante La Haya en la demanda marítima de Bolivia tuvo una carrera tan rápida como breve en la política chilena. Recién egresado de derecho, el Mapu lo instaló como jefe de gabinete de Fernando Flores en la Segegob. Allí estuvo 8 meses, hasta septiembre de 1973. Partió al exilio, donde inició una exitosa carrera académica. Hizo doctorados en Ámsterdam, Harvard y Yale y fue durante 21 años decano de derecho de la American University. Sus contactos políticos son amplios y ex cancilleres y diplomáticos pidieron al gobierno respaldar su postulación a juez de la Corte de La Haya. La canciller Urrejola habló este jueves con él y luego se comunicó que el gobierno no impulsará su candidatura debido, entre otras cosas, a la postulación de Chile al Consejo de DDHH de la ONU.

Claudio Mauricio Grossman Guiloff, 74, nació en 1947 en Valparaíso, en una familia judía que inmigró a Chile a principios del siglo XX. “Mi abuelo materno Jacobo Guiloff llegó a Chile en 1915 y mis abuelos paternos Benjamín y Rosa Grossman unos años más tarde. Venían escapando de persecuciones y buscando una vida mejor”, dijo a El Mercurio en 2006. “Mi bisabuelo materno tuvo que hacer el servicio militar forzoso para el zar de Rusia (…). No tenían acceso a la educación, eran discriminados. Por ello Chile fue para ellos una bendición”.

Es hijo del médico David Grossman Schilman y de la profesora Berta Guiloff Kuschnir, con quienes vivía en Viña del Mar, aunque estudiaba en el puerto. “Estudié en el Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso, y como estudiante me di cuenta de que los temas más interesantes que confrontaba una sociedad tenían siempre una connotación jurídica y me interesaba participar en ellos”, dijo en 2017 al sitio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. “Yo tenía un interés por la problemática social desde un punto de vista amplio, y en ese momento me decidí por los estudios de derecho”.

Fue dirigente estudiantil secundario y luego entró a Derecho en la Universidad de Chile. Hizo su tesis sobre “Nacionalización y Compensación” junto a Carlos Portales, consigna un currículo suyo de la American University.

En 2020 relató a El Mercurio que, tras militar en su adolescencia en el Partido Radical, se unió en Santiago al Movimiento de Acción Popular Unitaria (Mapu). Ellos, dijo, lo propusieron como jefe de gabinete de Fernando Flores, entonces Secretario General de Gobierno de Salvador Allende, pese a que su experiencia laboral se limitaba a haber trabajado en el Instituto de Estudios Internacionales de la Chile. “La idea era reforzar la relación con el Congreso y con la prensa. Muy equivocadamente pensaban que alguien recién recibido podía tener esas destrezas. Y quizá el hecho de que yo haya sido jefe de gabinete era una muestra de la incompetencia de ese grupo político”, dijo en esa entrevista.

Alcanzó a estar 8 meses en el cargo: “Yo tenía un sentido muy pragmático de la vida, y con mi señora teníamos un autito, un Fiat 600, y yo no lo estacionaba en La Moneda para que no lo destruyeran los tanques. Yo veía las tensiones existentes en la sociedad. Cuando se voló el ferrocarril al sur, las huelgas generales, la situación económica, la violencia, veía que no había una salida política”.

Entonces se produjo el Golpe de Estado de 1973, que no lo encontró en La Moneda, ya que a última hora cambió un turno de 24 horas que debía cumplir allá semanalmente. “Era una locura. Desde allí partimos a pie hacia La Moneda (con un amigo). No pudimos ni acercarnos. Pensaba que nos iban a matar, había gente gritando de un lado para otro”.

Su familia, contó, tuvo una experiencia traumática con la llegada de la Junta al poder. “Mi padre fue torturado en Chile y él ni siquiera estaba metido en política. Por ahí se dijo que mi padre había sido miembro del Partido Radical, pero eso no es cierto. Mi padre ni siquiera votó por Allende, y cuando tuvo una inscripción política fue en el Partido Liberal, que después desapareció. Él simplemente era médico y director de hospital, y lo metieron preso en septiembre de 1973, porque se negó a ir a las huelgas médicas que precedieron el golpe de 1973, pensando que ese tipo de acciones afectaba a los pacientes”, dijo en 2018 al semanario La Palabra Israelita. “Y por otro lado mi mamá, Berta Guiloff, que era profesora, fue expulsada de la universidad sin razón alguna”.

Claudio Grossman fue exiliado y partió a Holanda. Un reportaje de 2018 de La Tercera aseguró que quien lo ayudó a salir de Chile fue el abogado Alberto Van Klaveren —futuro subsecretario de Relaciones Exteriores de Michelle Bachelet y con quien trabajaría en la causa por la demanda marítima boliviana—. Grossman habría entrado con lo puesto a la embajada y la madre de Van Klaveren le habría llevado después las maletas, aseguró la publicación.

“Un funcionario holandés me pasó 250 florines, y me dijo: ‘Esto le alcanza para una chaqueta, un par de zapatos, un pantalón’. Y después nos pusieron en clases de holandés”, dijo en 2020 a El Mercurio. En 1980 se doctoró en ciencias del derecho, en la Universidad de Ámsterdam. El título de su tesis se puede traducir como “El principio de no intervención en la Organización de Estados Americanos”.

Su doctorado dio paso a otros estudios, que pavimentaron su amplia carrera académica en Estados Unidos, donde partiría después de una década en Europa. En 1990 obtuvo un doctorado en derecho en la Universidad de Harvard. En 2005 obtendría otro doctorado, esta vez en American History en la universidad de Yale, consigna su currículo de la facultad de derecho de la American University de Washington DC, de la cual fue decano por 21 años (entre 1995 y 2016). Actualmente es decano emérito de la facultad.

Ha ocupado distintos cargos en organismos internacionales. Entre 1993 y 2001 fue integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Entre 2003 y 2015 fue además miembro del Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura. A fines del año pasado fue reelegido en la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, con primera mayoría (174 votos), para el periodo 2023-2027.

Su currículo internacional lo conectó nuevamente con la política chilena, pero como asesor jurídico. En 2012 fue fichado por la UDI para preparar el libelo ante la CIDH con que se buscaba extraditar desde Argentina al exfrentista Galvarino Apablaza por el asesinato del senador Jaime Guzmán, en 1991. “Hay una obligación de los estados de cooperar con el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos. En el caso de la República Argentina, la negativa de dar la extradición del señor Apablaza constituye una violación de ese derecho del que tienen legítimas expectativas los familiares, sobrinos y hermanas del senador Guzmán”, dijo ese año al sitio de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Argentina retiró en 2017 la calidad de refugiado a Apablaza, quien sigue sin ser extraditado.

En julio de 2012, durante el gobierno de Sebastián Piñera, se anunció su integración al equipo que defendía a Chile ante La Haya por la demanda de delimitación marítima peruana. Previamente había sido parte del comité asesor. En 2014 el tribunal comunicó un fallo que si bien reconoció el punto de partida del límite marítimo estaba en la intersección de la línea de baja mar con el paralelo del Hito 1, fijaba una frontera marítima distinta de la que planteaba Chile.

La salida de José Miguel Insulza como agente chileno para la demanda boliviana ante La Haya, en noviembre de 2016, derivó en una solución de continuidad por parte de la Cancillería encabezada entonces por Heraldo Muñoz. El ministro anunció que el hasta entonces coagente Claudio Grossman se convertiría en agente ante el organismo internacional, por lo que trabajaría en forma exclusiva en la causa, desde Santiago. “Debemos presentar ante la Corte Internacional de Justicia nuestra narrativa con solidez jurídica, recalcando que no existía una obligación de negociar acceso soberano”, dijo Grossman a El Mercurio ese mes.

El apoyo del gobierno a Grossman ya había quedado de manifiesto en julio de 2016, cuando la ex Presidenta Michelle Bachelet pidió —durante un viaje Guyana para participar de la cumbre de jefes de Estado de la Comunidad del Caribe y Mercado Común (Caricom)—, respaldar su candidatura a la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas. En noviembre la Cancillería anunció que había sido elegido como uno de los 34 integrantes de la comisión, para el período 2017-2021.

“Es un gran día de triunfo del derecho internacional”, dijo el agente Claudio Grossman el 1 de octubre de 2018, luego de que La Haya resolviera en favor de Chile, asegurando que el país no tenía obligación de negociar una salida soberana al mar a Bolivia. En la entrevista dada ese año a La Palabra Israelita confidenció cómo vivió el veredicto. “Primero la Corte rechazó que una obligación de negociar resultara de las relaciones bilaterales entre Chile y Bolivia, pero faltaba el pronunciamiento final sobre si esa obligación surgía de las Naciones Unidas o de la OEA. Cuando finalmente llegamos a la OEA, y la Corte mantuvo su rechazo a la postura boliviana, supe que habíamos ganado, aunque faltaba el tema de la acumulación, pero este solo era relevante si la Corte no hubiera rechazado todos los argumentos de Bolivia. Al llegar a ese punto a todos nosotros se nos apretó la garganta y fue un momento muy emocionante, pero había que mantener la cara de palo”.

Su candidatura a juez de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya —luego de que la muerte el 29 de mayo del juez Antonio Cançado, a quien le restaban 5 años en el cargo, abriera un cupo para Latinoamérica—, tensionó durante días a La Moneda. La falta de apoyo del gobierno a su postulación desató críticas transversales de excancilleres y diplomáticos, pese a lo cual el gobierno resolvió no respaldarla.

Uno de los factores que incidió en la decisión es que la elección se realizará en octubre, y Venezuela y Costa Rica son los competidores directos del gobierno de Boric, que apuesta a posicionarse en el ámbito de los Derechos Humanos en la agenda exterior y llegar al consejo en el período 2023-2025.

A esto se sumaría que, aunque Grossman fue nombrado por Bachelet como agente en la defensa de Chile en la demanda boliviana, lo mantuvo Piñera y durante su trayectoria profesional ha estado vinculado en temas de derechos humanos, en sectores de la izquierda existiría una suerte de recelo por lo que representa el abogado, dadas su amplias redes en la ex Concertación y la derecha.

“Una elección a la CIJ implica una campaña de gran envergadura, que se debe trabajar de manera prioritaria y con mucha anticipación. La administración anterior, pese a conocer esta información, no presentó al profesor Grossman ni a ningún otro candidato a la CIJ para el período 2024-2033”, dijo este jueves la Cancillería en una declaración. “En el escenario descrito, considerando que una elección tan importante requiere planificación anticipada, disposición de votos, recursos presupuestarios y estrategia de campaña, el Ministerio de Relaciones Exteriores lamentablemente no está en condiciones de postular esta candidatura para el proceso eleccionario en curso”.

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