EL LITIO COMO FACTOR DE LOS GOLPES EN BOLIVIA

Decir que todos los caminos conducen al litio, al referirnos a los dos más recientes golpes de Estado en Bolivia, uno que cumplió su objetivo, el derrocamiento del entonces presidente Evo Morales en 2019, y otro fallido, el del pasado 26 de junio contra el actual mandatario Luis Arce, no tiene nada de descabellado, pues diversos analistas apuntan hacia ese mineral de tanta importancia estratégica en la actualidad, como uno de los factores claves en el origen de ambos actos sediciosos.
El hecho de que Bolivia posea actualmente reservas por el orden de los 23 millones de toneladas métricas y forme parte del denominado “triángulo del litio” junto a Chile y Argentina, que representa el 75% del total mundial de este mineral, ha convertido a este país en un territorio apetecible del cual no pocas potencias y empresas desean apoderarse, bien sea por la vía legal o por otras no tan legales.
El 8 de marzo de 2023, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, no ocultó su interés en el tema al acusar a Bolivia de “no invertir, sino extraer el litio (…), la pelea que tienen por el litio está muy avanzada y es muy agresiva”, en su nada disimulado tono injerencista.
Poco después, el presidente Luis Arce declaró que “el Comando Sur de Estados Unidos, tres veces ya, nos ha mandado un mensaje que a ellos les interesa el litio boliviano, nuestras reservas de litio”.
Hasta el magnate Elon Musk, propietario de la empresa fabricante de automóviles eléctricos Tesla, cuyas baterías son de ese material, respondió a una protesta por el derrocamiento de Evo Morales en 2020 con lo siguiente a través de Twitter: “Nosotros damos golpes donde queramos, acostúmbrate”. No tiene nada de extraño la asociación que mantiene con el ultraderechista presidente de Argentina, Javier Milei, precisamente uno de los países integrantes del citado triángulo.
El vínculo
En una entrevista concedida al portal ruso Sputnik el jueves 4 de este mes, el presidente Luis Arce reiteró que el fallido intento de golpe mostró que “los intereses sobre nuestros recursos naturales no han desaparecido, entonces tenemos que estar alertas, es lo que hemos venido diciendo a las diferentes organizaciones populares”.
El mandatario agregó que sucesos como los del 26 de junio prueban que hay quienes “pueden inclusive destruir la democracia para hacerse de nuestros recursos naturales y del Gobierno”. Recalcó que se debe analizar la situación con cautela porque “esto no es casual”.
El analista internacional español Aníbal Garzón, a su vez, en una entrevista en Radio Fórmula.mx, aseguró que lo ocurrido la semana pasada, con militares tomando el Palacio Quemado de La Paz, “no es un evento aislado; ya vimos un golpe similar en 2019”.
Garzón no descartó la participación del Gobierno estadounidense en el golpe:
“Los intereses expansionistas de Estados Unidos se han manifestado en casos como el de Milei en Argentina y Boric en Chile, pero en Bolivia enfrentan una mayor resistencia. Hace tres semanas, en el Foro de San Petersburgo, Luis Arce, presidente de Bolivia, se reunió con Vladimir Putin para discutir la cooperación en el tema de las baterías de litio. Tres semanas después, se dio el intento de golpe de Estado”, subrayó. Agregó que “es un aviso: Bolivia se encuentra en el centro de una disputa geopolítica debido a sus recursos de litio y sus relaciones internacionales”, además de sus intenciones de incorporarse a los Brics.
Las asociaciones con Rusia y China
La voracidad del mercado ha tenido su rol en la fallida acción sediciosa del 26 de junio, en opinión del exembajador uruguayo en Bolivia, Carlos Flanagan.
“Bolivia fue la economía más fuerte del continente en los últimos años, debido, sobre todo, a la exportación del gas que le permitió una redistribución progresista de la renta y sacó de la pobreza a una gran parte de la sociedad”, declaró luego del frustrado intento.
“Eso se debe a la política de soberanía sobre los recursos naturales cuando Evo Morales nacionalizó los yacimientos petrolíferos. Después la nacionalización del litio con una importancia económica trascendental”, pues “va a terminar valiendo más que el petróleo”.
“Cuando analizamos las causas de esa intentona, no podemos dejar de pensar en la incidencia de factores externos. En 2021 se hizo una licitación internacional para la construcción de plantas de litio. Ganó una empresa rusa y otra china, por lo que las estadounidenses quedaron fuera y eso evidentemente es un factor que hace jugar al imperialismo. Hay una política de desestabilización desde afuera para reabsorber la explotación” de ese mineral, recalca el diplomático.
En 2023, el gobierno de Luis Arce firmó contratos con Qinghai Citic Guoan, inversión de 857 millones de dólares, y la rusa Uranium One Group, por 450 millones de dólares, para la explotación del codiciado mineral en Uyuni y Pastos Grandes. Oro parece, litio es.
Ese extraño y estratégico objeto del deseo
Le dicen “el oro blanco del siglo XXI”, un mineral cuyo uso para la fabricación de baterías está presente en objetos de uso casi indispensable como los teléfonos celulares y las computadoras, entre otros.
Su principal cualidad es la de almacenar energías renovables por reunir altas densidades de carga en un espacio pequeño. Fue descubierto por el químico sueco Johan August Arfwedson en 1817. No fue hasta 1990 que provocó un impacto descomunal, cuando la compañía japonesa Sony lanzó al mercado la primera batería recargable de iones de litio.
Además, en medicina, el carbonato del litio es un fármaco que disminuye la intensidad y frecuencia de episodios maniacodepresivos, por lo cual se utiliza para tratar la depresión o la esquizofrenia.
Se extrae de rocas o salares de altura. En Bolivia, el más importante es el de Uyuni, en el Potosí, a 3.670 metros sobre el nivel del mar y con una extensión de 10.582 kilómetros,el desierto salado más grande del planeta, el “espejo” del mundo.
El Estado Plurinacional boliviano también cuenta con el salar de Coipasa, con 2.510 kilómetros cuadrados; el de Empexa, con 400 km2 y el de Pastos Grandes, con 120 km2, lo cual incrementa todavía más sus reservas en toneladas de litio. Ultimas Noticias de Venezuela (https://acortar.link/vmSZ60)
 
 
 
 
 
BOLIVIA 2024
 
Bitácora de Uruguay (https://acortar.link/VpKrz9)
 
La noche del pasado martes 25 de junio, los portales web de los periódicos bolivianos publicaban que el comandante general del ejército boliviano había sido destituido de su cargo, sin embargo, al día siguiente estos mismos portales dudaban si la destitución había sido efectiva o no.
Un día antes, el lunes 24 de junio, este comandante había señalado en un programa de televisión que las fuerzas armadas no permitirían la participación política de Evo Morales en las nuevas elecciones generales bolivianas de 2025, vulnerando la prohibición constitucional de deliberación política de las fuerzas armadas.
Días antes se decía que la última semana del mes de junio se caracterizaría por ser una de conflictos sociales, bloqueos y marchas. Había diversas agendas de movilización no solo en la sede de gobierno, sino en otras ciudades y en particular en el eje carretero del país (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz). Se anunciaba que la policía y el ejército participarían en un conjunto de medidas para evitar que los conflictos sociales se extiendan, entonces, tanto policía como fuerzas armadas se encontraban movilizadas.
Sin embargo, la tarde del miércoles 26 de junio, una facción del ejército bajo el mando del comandante aparentemente destituido cercó la plaza Murillo, el centro político de la sede de gobierno. En consecuencia, se empezó a hablar de golpe de estado. Las redes sociales estallaron con imágenes de los militares cercando las esquinas de la plaza, los canales de televisión entraron en cadena transmitiendo lo que en apariencia era un golpe de estado, se entrevistaba a comentaristas y se revisaba lo que distintos personajes políticos tanto bolivianos como extranjeros escribían en la plataforma ex twitter ahora X . Una tanqueta intentó derribar la puerta del palacio de gobierno -un edificio simbólico, pues el presidente y sus ministros habitan en un edificio llamado casa grande del pueblo-y la posibilidad de que se tratase de un golpe de estado se volvió viral. El comandante aparentemente destituido daba declaraciones a los medios de comunicación, y claramente señalaba que estaba dando un golpe de estado. Como en todos los golpes de estado el mensaje de los golpistas se resumía a que se buscaba recuperar la democracia. Se transmitieron declaraciones, comunicados y hasta un intercambio de palabras entre el presidente del Estado boliviano y el comandante aparentemente destituido en puertas del palacio. El primero le ordenaba desmovilizar las tropas, el segundo se negaba. Unos minutos más tarde, el presidente boliviano posesionaba a un nuevo alto mando militar, quienes ordenaron a las tropas desmovilizarse y los militares abandonaron la plaza Murillo junto con el comandante, esta vez con certeza, destituido. Minutos más tarde los canales de televisión transmitían el operativo policial en el cual apresaban al ex comandante y éste decía que el presidente le había solicitado que desarrolle esta actuación porque la popularidad del gobierno había caído.
Ésta es la breve narración de hechos a partir de la cual se han llevado a cabo una cantidad de análisis y comentarios que van de golpe de estado fallido a autogolpe. Lógicamente el gobierno boliviano apuesta a la primera interpretación arguyendo que los mandos militares desobedecieron al comandante golpista. Por otro lado los opositores tanto bolivianos como extranjeros apuestan a la segunda interpretación, arguyendo la cercanía de amistad que tenían el comandante destituido y el presidente del Estado. Sin embargo, ¿qué otras lecturas son posibles?
A riesgo de simplificar los hechos del pasado miércoles 26 de junio, veamos algunos contextos en los que se dieron estos hechos.
Bolivia, como la mayoría de los estados latinoamericanos, tiene un diseño constitucional presidencialista, es decir, que una buena parte de la acción política se concentra en el órgano ejecutivo. La figura del presidente arrastra a la del vicepresidente -que en el diseño constitucional boliviano es parte del órgano ejecutivo. La tradición caudillista de los presidentes es parte de la historia política de Bolivia, incluso los libros más populares de historia de Bolivia se organizan internamente para contar la historia por presidentes. La figura del presidente arrastra en las elecciones generales la elección del vicepresidente y de una parte de los diputados y senadores del órgano legislativo. Es decir, que cuando se vota por el presidente implícitamente se vota por el vicepresidente, los senadores y por la mitad de los diputados, pues la otra mitad se la elige en circunscripciones uninominales (en el que se define un territorio y una población y gana el que más votos consigue). La Constitución otorga al presidente boliviano una serie amplísima de atribuciones, y las últimas décadas (porque decir los últimos años queda corto) los ministerios y ministros gobiernan la totalidad de la vida política institucional. El diseño constitucional de la llamada separación y división de poderes no deja en claro la cabeza de los otros órganos. Por ejemplo, la cabeza del órgano legislativo parece ser el vicepresidente, pero como se mencionó éste es parte del órgano ejecutivo. Respecto al órgano judicial, en teoría el presidente del tribunal supremo de justicia es la cabeza del judicial, sin embargo esto no lo señala la Constitución y guarda silencio sobre el tema. En lo legal, es decir en lo que señala una ley pero no la Constitución, una dirección administrativa financiera del órgano judicial responde a las responsabilidades como máxima autoridad ejecutiva y cabeza del mismo.
Desde hace algunos meses el tribunal constitucional ha ido cercenando las atribuciones del órgano legislativo, al punto que a la fecha no ha podido desarrollar regularmente sus tareas, entre ellas la renovación del órgano judicial y del tribunal constitucional, los cuales debían cesar de sus funciones el pasado 31 de diciembre de 2023. El tribunal constitucional determinó en una declaración constitucional -un instrumento poco idóneo para estos temas- prorrogar el mandato de los magistrados y autoridades tanto del órgano judicial como del mismo tribunal bajo el argumento de que no se podía dejar acéfalo un órgano de poder. El referido tribunal constitucional ha puesto en suspenso las facultades de fiscalización del órgano legislativo y cada semana suspende con alguna decisión alguna actividad que pretende realizar el legislativo, generando ya no un modelo presidencialista sino uno hiper-presidencialista, con un legislativo casi simbólico y un órgano judicial sin legitimidad y con muchas dudas de su constitucionalidad.
Asistimos también a una transformación de la noción de lawfare, que generalmente es comprendida como el uso de acciones legales para causar problemas a un oponente político, hacia una versión de lawfare en el que acciones de tinte jurídico se usan para desbaratar la misma constitución y para casi anular la división de poderes a nombre de la constitución, como los golpes de estado que se hacen a nombre de la democracia. En la práctica, en Bolivia, parece solo existir el ejecutivo y el tribunal constitucional que endosa al ejecutivo su primacía.
Según los estudios llevados a cabo por Juan Linz, estadísticamente los modelos presidencialistas de América Latina son los que han tenido más golpes de estado, sean los clásicos golpes de estado o los llamados golpes de estado blandos, en los que una élite busca apoderarse del órgano ejecutivo y los poderes militares y policiales aparecen silenciosamente en segundo plano.
Un golpe de estado, sea éste fallido o incluso un curioso autogolpe, es un punto de llegada de un proceso de desinstitucionalización y de-constitucionalización de un Estado. Es un proceso en el que las instituciones democráticas que garantizan la pluralidad de actores en el juego político están cercenadas y obstaculizadas, al punto de no poder desarrollar sus funciones.
En Bolivia se encuentra en riesgo no solo la elección de las autoridades del órgano judicial y del tribunal constitucional por esta inactividad del órgano legislativo, sino también se encuentra en riesgo las elecciones primarias, necesarias para las consecutivas elecciones generales de 2025, las cuales, por efecto, también se encuentran en riesgo. Un conjunto de acciones jurídicas han impedido que algunos partidos políticos, como el Movimiento al Socialismo (MAS), puedan llevar a cabo la renovación de sus directivas para avanzar a la definición de candidatos para las elecciones primarias, y una vez más, otro órgano de poder como lo es el órgano electoral no está logrando avanzar en sus actividades, una vez más con influencia de este nuevo lawfare que en apariencia logra la gobernabilidad al órgano ejecutivo, que se muestra interesado en que el Movimiento al Socialismo y otros partidos políticos no puedan avanzar en el juego político democrático.
Hace algunas semanas, antes del curioso episodio de la tarde del 26 de junio, el presidente de la cámara de senadores, en aplicación de la Constitución y del reglamento de la cámara de senadores y en ausencia del vicepresidente del Estado, que suplía al presidente debido a un viaje de éste al extranjero, convocó, como era usual, a una reunión de la asamblea legislativa plurinacional, es decir, del órgano legislativo, sin embargo, una decisión del tribunal constitucional desautorizó esta convocatoria y puso en duda la constitucionalidad y legalidad de esta sesión legislativa, en la que se cumplió con el quorum de ley, y se sancionaron normas que cesaban a las autoridades prorrogadas del órgano judicial y del tribunal constitucional.
A este escenario complejo de gobernabilidad se debe añadir la crisis económica que enfrenta el Estado boliviano, que ya no cuenta con el mismo ingreso de recursos económicos de años pasados para el subsidio a la gasolina y el diesel, así como para cubrir el gasto ordinario de la administración pública y las empresas del estado. En lo cotidiano esta crisis económica se expresa en la falta de dólares en los bancos y la aparición de un mercado ilegal y paralelo de dólares. Esta crisis afecta directamente a la figura del presidente boliviano, quien llegó al gobierno como el artífice del milagro económico, es decir, quien diseñó un modelo económico que en los años de gobierno de Evo Morales fue exitoso. En este contexto económico, la popularidad del actual presidente boliviano, efectivamente, se encuentra en caída, no se puede ser el abanderado de la buena economía de años pasados y a la vez gobernar bajo una crisis económica compleja, si a ello le sumamos el conflicto político interno del partido de gobierno.
En consecuencia, el curioso episodio de la tarde del 26 de junio se inscribe como parte de este proceso complejo de desinstitucionalización y de-constitucionalización, de crisis económica y caída en la popularidad del gobierno, que ahora cabe sumar el cuestionamiento a la pobre y precaria institucionalidad de las fuerzas armadas en Bolivia, que junto con las instituciones de administración de justicia, se derrumban ante la mirada triste y atónita de la población.
Se dice que Bolivia siempre que llega al borde del abismo se recupera y retrocede, sin embargo, un mal gobierno puede llevarla a que dé un paso al frente.
 
 
 
 
 
BOLIVIA ENTRA AL MERCOSUR
 
La incorporación de Bolivia al Mercosur tendrá implicancias para la Comunidad Andina, que se verá enfrentada al dilema de expulsar a Bolivia de su seno, por la eventual incompatibilidad de pertenecer al mismo tiempo a dos proyectos subregionales distintos.
 
El Mostrador de Chile (https://acortar.link/tktBzl)
 
El día 4 de julio recién pasado el Parlamento de Bolivia –haciendo un alto en las tensiones políticas que complican hoy en día a ese país–  aprobó por unanimidad el ingreso al Mercosur. Esa decisión estaba pendiente de la aprobación parlamentaria por parte de Bolivia, después de que ya había sido aprobada en los parlamentos de los 4 países miembros y fundadores de ese pacto subregional, es decir, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Al día siguiente, el presidente Arce firmó la ley correspondiente, con lo cual se culminan todos los trámites institucionales y políticos para hacer realidad esa incorporación que estaba pendiente desde 2015.
Hay varias razones que explican esa decisión tan unánime. Bolivia, desde el punto de vista de su comercio exterior, está mucho más relacionada con el Mercosur que con la Comunidad Andina. En el año 2023, Bolivia exportó hacia el resto de los países de la Comunidad Andina –Perú, Ecuador, Colombia– mercancías por un valor de 1.804 millones de dólares, mientras que al conjunto de países del Mercosur –Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay– canalizó mercancías por un valor de 2.640 millones de dólares. La mayoría de estas últimas exportaciones fueron hacia Brasil (1.380 millones de dólares) y de ese monto el elemento predominante fue el gas.
Bolivia tuvo a lo largo del siglo XXI un período de auge de sus exportaciones de gas –las cuales se canalizaban y se siguen canalizando hacia Brasil y parcialmente hacia Argentina–, lo cual permitió al presidente Evo Morales llevar adelante un Gobierno bastante generoso socialmente, por decirlo en la forma más elegante posible. Hoy en día la producción y las exportaciones de gas han disminuido en forma significativa, lo que explica en alta medida las limitaciones económicas de Bolivia y del Gobierno del presidente Arce.
A eso se agrega que Argentina está próxima a convertirse en un exportador importante de gas a partir de los yacimientos de Vaca Muerta, en el sur del país. Esa situación deja a Bolivia imposibilitada no solo de seguir vendiendo gas a Argentina, sino que es altamente probable que dicho país compita con Bolivia en el suministro de gas a Brasil. Parece ser que los bolivianos asumen que esa situación complicada con dos países del Mercosur se soluciona mejor estando dentro de esa agrupación subregional, y no fuera.
Bolivia está, por lo tanto, más inclinada hacia el Mercosur que hacia la Comunidad Andina –de la cual no es mucho lo que se puede esperar– y, en ese contexto, el gas tiene una importancia sustantiva. El gas es el primer producto de exportación de Bolivia, con un monto, en el 2023, de 2.074 millones de dólares, canalizándose hacia Brasil 1.375 millones de dólares, a lo que se agrega el hecho de que con ese país hay la correspondiente red de gaseoductos funcionando.
Todas estas circunstancias que mueven a Bolivia a integrarse como socio de pleno derecho en el Mercosur tendrán implicancias positivas para esta asociación subregional, que pasará a ser la agrupación de mayor peso económico, geográfico y poblacional en América Latina. Esa situación puede incrementarse más aún si Venezuela retorna al Mercosur después de superar las circunstancias que movieron antaño a su separación, lo cual lo convertiría en un poderoso polo de atracción del resto de los países de la América del Sur.
Esa situación se complementa con la existencia de un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Chile, que ya tiene varios años de vigencia y de consolidación. Sobre los actuales países del Mercosur recaería, por lo tanto, la inmensa responsabilidad de poner término a sus disputas parroquiales y personalistas, y asumir el liderato del proceso de integración regional.
La incorporación de Bolivia al Mercosur tendrá implicancias para la Comunidad Andina, que se verá enfrentada al dilema de expulsar a Bolivia de su seno, por la eventual incompatibilidad de pertenecer al mismo tiempo a dos proyectos subregionales distintos, o de mantenerla como parte de dicha agrupación. Si la Comunidad Andina camina en esta última dirección, Bolivia podría convertirse en un puente y en un precedente que juegue en favor de los procesos de convergencia de las agrupaciones regionales de integración que existen hoy en día en América del Sur, convirtiéndose así, la decisión actual, en un paso de alta importancia no solo para la propia Bolivia, sino también para el conjunto de la región.
 
 
 
 
 
A LULA SIEMPRE LO TIENTAN LAS TAREAS DIFÍCILES: AHORA INTENTA MEDIAR ENTRE ARCE Y EVO
 
Resumen Latinoamericano Org. (https://acortar.link/fRyKOL
 
El presidente brasileño quiere limar asperezas en el partido del oficialismo boliviano.
Luiz Inácio Lula da Silva viajó a Bolivia. Su agenda incluyó diversas cuestiones bilaterales, probablemente más determinantes para los intereses brasileños. Pero el exlíder metalúrgico comprende como ningún otro dirigente de la región la importancia fundamental que tiene la unidad, más aún en estos tiempos en que acecha la ultra derecha y sus distintas variantes neoliberales.
Por eso, el presidente brasileño se reunió con Luis Arce, en Santa Cruz de la Sierra, con el propósito complicado de mediar en la crisis interna del Movimiento al Socialismo, que en sus gobiernos revolucionó la estructura del país y que pone en jaque la continuidad de las realizaciones con las muy duras peleas internas, con Lucho Arce y Evo Morales a la cabeza.
Lula intenta agotar las instancias para evitar una ruptura total, lo que por el momento parece inevitable. Claro que lo hace tomando partido: condenó el intento de golpe y lo comparó con los episodios que él mismo debió padecer en enero de 2023, poco después de haber asumido. La postura se asemeja a un apoyo concreto a Arce, ya que, en principio, contradice la postura de Evo respecto a la asonada, que califica como “autogolpe” del actual gobierno.
Pero, según trascendidos confiables, el mandatario brasileño elaboró duros reproches a la conducción política del MAS, con Arce a la cabeza, por no agotar los pasos para evitar la ruptura. A la vez que habría deslizado una crítica a ciertas medidas económicas del gobierno, al tiempo que les habría adelantado que volverá a comunicarse con Evo Morales, como advertencia de que no cejará en su afán de que haya unidad en Bolivia, de cara a las presidenciales del año próximo, con la derecha acechando tras las peleas del oficialismo.
 
 
 
 
 
¿ES VIABLE LA SOLICITUD DE PETRO A LA ONU DE LEGALIZAR LA COCAÍNA?
 
El presidente Petro avivó la discusión sobre la legalización de las drogas al afirmar que legalizar la cocaína acabaría la guerra en Colombia. Sin embargo, su propuesta ignora realidades complejas, globales y locales.
 
Razón Pública de Colombia (https://acortar.link/SGyDTd)
 
El 11 de julio, varios medios informaron que el presidente Petro había encendido la polémica sobre la legalización de las drogas en la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, cuando afirmó que “Si mañana Naciones Unidas dijera ‘la cocaína es legal’, mañana se acaba la guerra en Colombia”.
Sin duda, esta es una afirmación desafiante, pero es concordante con la creencia común en Colombia. Por eso, no sorprende que muchos de los periodistas más importantes del país hayan sostenido que el problema de las drogas tiene dos soluciones: o que en los países consumidores se deje de consumir, o que legalicen el consumo.
Para continuar quiero afirmar que no soy ni he sido antipretista. Conocí a Gustavo Petro hace más de veinte años cuando compartí con él un panel sobre las drogas ilegales organizado por Luis Sandoval en la Casa María Cano. Allí, el joven Petro me impresionó como alguien que tenía una visión coherente de los problemas del país, pero con quien no pude tener un diálogo después del panel. Lamentablemente, nunca tuve la oportunidad de volver a interactuar con él.
El mercado de drogas
El desacuerdo con las afirmaciones de Petro en la ONU se basa en dos hechos demostrados sobre los mercados de drogas, incluyendo el de la cocaína. Primero, que muchos países que podrían cultivar coca y exportar cocaína no lo hacen, y otros que lo hicieron cuando la cocaína era legal, tampoco lo hacen.
Segundo, que la violencia en los mercados de drogas ilegales alrededor del mundo es mucho menor que la padecida por Colombia y por algunas regiones de México. Además, la violencia durante la prohibición del alcohol en Estados Unidos, magnificada por los periódicos y las películas, también es incomparable con la que Colombia y México han experimentado. En otras palabras, para la mayoría de los países, las enormes ganancias en los mercados de cocaína de los países ricos no han sido irresistibles como en Colombia.
El propósito de la política de drogas debe aceptar que el país debe dejar de producir cocaína y que el argumento de que no hay otro producto que le dé al campesinado cocalero un ingreso similar simplemente no convence a “la comunidad internacional”
Lo anterior demuestra, primero, que el argumento tradicional exculpatorio y justificativo de que cuando hay demanda hay oferta deja de ser válido cuando se observa que una serie de países en los que se podría cultivar coca y exportar cocaína no lo hacen. Y segundo, que los factores que han determinado el desarrollo de la industria de la cocaína en Colombia son primordialmente internos.
En otras palabras, que, si bien la geopolítica externa puede ser injusta y difícil de manejar, la interna ha sido igualmente injusta y difícil de manejar. Por eso, el propósito de la política de drogas debe aceptar que el país debe dejar de producir cocaína y que el argumento de que no hay otro producto que le dé al campesinado cocalero un ingreso similar simplemente no convence a “la comunidad internacional”. Esta no se considera culpable y no entiende por qué tendría que compensar a Colombia por los efectos que la industria de la cocaína ha tenido en el país.
La solicitud del presidente
En lo que concierne a la solicitud del presidente a las Naciones Unidas, debo afirmar que esta desconoce tanto la estructura como el papel y el poder de las Naciones Unidas. La ONU no es un gobierno mundial; solamente proporciona mecanismos para discutir conflictos entre países y foros para discutir ideas, además de promover políticas que mejoren la calidad de vida de la gente. La ONU ha sido mucho más efectiva resolviendo algunos conflictos sobre las fronteras de los países que forzando a los países a cambiar tradiciones culturales y patrones de consumo y comportamiento.
La ONU no puede legalizar la cocaína en el mundo como dice Petro. Solamente podría, previo acuerdo con los países parte de las Convenciones de Drogas, sacar la coca y la cocaína de las listas de sustancias controladas por estas últimas. Pero no puede forzar a ningún país a permitir dentro de su territorio la importación y consumo de cocaína o coca.
En otras palabras, si la ONU sacara de las listas de sustancias controladas la cocaína, dejaría abierta a los países la posibilidad de legalizar estas sustancias, pero no podría impedir que los países individualmente la prohíban. Por esta razón, no se acabaría con el negocio ilegal. Esto aplica a cualquier otro artículo o servicio. Por ejemplo, si los porcicultores de Iowa argumentaran que la prohibición al consumo de cerdo en Israel y en el mundo musulmán es una guerra contra la producción y consumo de cerdo, la ONU ni la Organización Mundial del Comercio podrían hacer nada al respecto.
Las agencias de drogas de la ONU están asociadas en su imaginario colectivo con la prohibición, pero durante los últimos 10 años estas han cambiado su narrativa y hoy insisten en que para cumplir con las Convenciones no se necesita tener políticas de “guerra contra las drogas”; que la pena de muerte no se debe aplicar a delitos de producción, mercado o consumo de drogas; y que las políticas de drogas deben respetar los derechos humanos de los productores, consumidores, adictos y encarcelados por delitos relacionados con drogas. Además, que las políticas deben tener en cuenta diversos aspectos, como sus efectos sobre las madres cabeza de familia involucradas en las actividades del narcotráfico.
La prohibición
Sobre el argumento de que la prohibición a las drogas ha sido impuesta, hay que aclarar que ningún gobierno colombiano se opuso a las convenciones de drogas, como sí lo hizo Bolivia, que firmó dos convenciones con reservas para proteger los usos tradicionales de la coca.
La prohibición per se no es sinónimo de guerra contra las drogas.
Además, en Colombia, las organizaciones religiosas, la mayoría de las asociaciones de padres de familia y los padres de familia mismos apoyan la prohibición. Igualmente ocurre con la mayoría de los miembros del sector salud, que han hecho el juramento hipocrático por el que se comprometen a no recetar o dar a sus pacientes drogas que los coloquen en riesgo de adicciones graves.
Otro punto que se debe mencionar es que la prohibición per se no es sinónimo de guerra contra las drogas. Por ejemplo, Estados Unidos prohibió la importación, mercadeo y consumo de cocaína y heroína en la Ley de Harrison de 1914. El término “guerra contra las drogas” fue resultado de cambios profundos en la sociedad estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial y la década siguiente a ella:
Los afro-estadounidenses regresaron de la guerra donde pelearon por la democracia, que les fue negada a su regreso.
Las mujeres se incorporaron a la fuerza de trabajo paga, lo que les dio independencia-
La guerra en Vietnam despertó a la juventud a una realidad de un país hipócrita, lo que la llevó a rechazar valores tradicionales.
Esto causó una demanda por lo prohibido y un aumento en el uso de drogas psicoactivas, lo que produjo una reacción muy fuerte dentro del grupo de poder dominante en la sociedad. Como resultado, el presidente Nixon declaró a las drogas “el enemigo público número uno”. Por eso, la “guerra contra las drogas” fue una guerra interna en Estados Unidos.
El problema para Colombia fue que un grupo de colombianos decidió producir y exportar marihuana y luego cocaína al “insaciable” mercado estadounidense. Algunos periodistas, académicos y pensadores consideran estas actividades como una respuesta a un mundo injusto en el que las exportaciones tradicionales del país han padecido bonanzas y fracasos sucesivos. El resto de la sociedad disfrutó de una abundancia de divisas que nunca había tenido. Esto cambió a Colombia como ninguna bonanza lo había hecho.
La necesidad de definición
Como conclusión, debo afirmar que la política de drogas de este y cualquier otro gobierno colombiano debe empezar por definir cuál es el problema de las drogas para Colombia. Colombia tiene varios problemas graves:
La gran producción y exportación de drogas ilegales (parecería que el país tiene casi una patente para producir cocaína).
Una corrupción y tendencia al enriquecimiento extractivo.
Niveles de violencia altos a través de su historia.
Es el segundo país en el mundo en el número de organizaciones armadas no gubernamentales que controlan territorios.
Todos estos problemas están interrelacionados y su solución no vendrá del exterior. Durante más de 200 años, el país no ha creado una sociedad pacífica que pueda disfrutar de las bondades de su territorio. La creación de esa sociedad es el principal desafío de cualquier gobierno.
La política de drogas fundamental para Colombia debe empezar reconociendo que Colombia debe aprender a vivir en un mundo en el que la cocaína es ilegal y que seguirá siéndolo en el futuro, a menos que el gobierno colombiano demuestre al mundo que es posible tener un sistema que permita usos regulados de la cocaína diseñados para evitar los temidos problemas de su consumo.
Insistir en que las ganancias en los mercados ilegales son la causa de la violencia en Colombia y en que el mundo debe cambiar porque nosotros somos humanos y no podemos resistir frente a las ganancias de la cocaína, no conduce a nada excepto a hacernos sentir frustrados e inferiores a (¿colonizados por?) los países poderosos.
 
 
 
 
 
EL NUEVO TREN BIOCEÁNICO PERUANO QUE CONECTARÁ EL MEGAPUERTO DE CHANCAY CON BRASIL Y SERÍA FINANCIADO POR CHINA
 
Brasil ya posee una infraestructura ferroviaria establecida y solo necesita completar un tramo hasta la Hidrovía Paraguay-Paraná para lograr la interconexión.
 
La República de Perú (https://acortar.link/e27567)
 
El proyecto del tren bioceánico, que conectaría Perú y Brasil desde Chancay, se vislumbra como una ruta estratégica para la integración de Sudamérica. Esta ambiciosa iniciativa de infraestructura tiene como objetivo principal unir los océanos Atlántico y Pacífico y brindará beneficios significativos tanto a Brasil como a Perú.
La participación de China en este megaproyecto es notable, ya que ha demostrado un marcado interés en formar parte de él, esto tras reconocer el potencial que tiene para fortalecer los lazos económicos con América del Sur. La colaboración internacional en esta empresa promete abrir nuevas oportunidades y fomentar el desarrollo regional en la región.
La inauguración del gran puerto en Chancay, prevista para noviembre de 2024, representa una oportunidad única para impulsar el crecimiento económico y comercial en Perú. El proyecto del tren bioceánico, parte del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración, tiene como objetivo unir varios países de la región.
Brasil ya posee una infraestructura ferroviaria establecida y solo necesita completar un tramo hasta la Hidrovía Paraguay-Paraná para lograr la interconexión. Por su parte, Bolivia ha incorporado las construcciones necesarias en su Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025.
La ruta del nuevo tren bioceánico en Perú
El trazado del tren bioceánico comenzaría en el Puerto Santos en Brasil e ingresará a Bolivia por Puerto Suárez, pasará por los municipios de Montero y Bulo Bulo, para finalmente salir a Perú por el hito 4 y concluir en el puerto de Ilo. La construcción total tendrá 3.755 kilómetros de vías a lo largo de su recorrido. De esta manera, la interconexión entre Perú, Bolivia y Brasil será una realidad.
“La carga de soya y carne congelada que provengan de esos estados se transportarán, en una parte importante, por la Interoceánica del Sur y saldrán por los puertos de Matarani (Arequipa) e Ilo (Moquegua), por eso necesitamos renovarle el contrato a Matarani, con condiciones ventajosas para el Perú, y efectuar la concesión de Ilo, porque ahora está en manos de Enapu”, señaló en ministro de Transporte y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes en una conferencia de prensa..
¿En qué etapa está el proyecto ferroviario?
A diferencia de Brasil y Bolivia, Perú aún tiene pendiente iniciar las labores esenciales para incorporarse al proyecto del tren bioceánico. Sin embargo, el país ha mostrado interés en avanzar en esta iniciativa, esto al reconocer su importancia para mejorar la conectividad y el flujo de mercancías. China, a través de Cosco Shipping Ports, está impulsando activamente el megapuerto de Chancay y ha expresado su interés en concretar el tren bioceánico.
Por su parte, el titular del MTC, reiteró que el Perú no debería liderar la construcción del Tren Bioceánico, un megaproyecto que pretende conectar el Océano Pacífico con el Atlántico, esto al asegurar que no es una prioridad para el sector, puesto que ya hay seis proyectos que se buscan impulsar.
"No creemos que debemos financiarlo. Si algún interés tiene Brasil o China en esto, ellos deberían encargarse de ello", manifestó el ministro en relación con la reciente reactivación del proyecto debido al próximo inicio de operaciones del puerto de Chancay. Pérez aseguró que el país está enfocado en salir por el Océano Pacífico y no por el Atlántico.
¿Qué significa un corredor bioceánico?
Un corredor bioceánico es una infraestructura de transporte que facilita la conexión directa entre dos océanos, optimizando el comercio internacional y el desarrollo económico. Estas rutas involucran la construcción de carreteras, ferrocarriles y puertos para manejar la logística a gran escala.
Los proyectos de corredores bioceánicos, como los que conectan el Atlántico con el Pacífico en Sudamérica no solo aceleran el flujo de mercancías, sino que también promueven la integración regional y el desarrollo económico. Además, estimulan la diversificación económica y fortalecen las relaciones comerciales entre países de diversos continentes.
MTC anunció 6 nuevos trenes en Perú
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha impulsado la construcción de seis megaobras que buscan conectar la costa, sierra y selva de Perú. Aquí las megaproyectos:
Ferrocarril Lima – Ica
Ferrocarril San Juan de Marcona – Andahuaylas
Ferrocarril Lima – Barranca
Ferrocarril Trujillo – Barranca
Ferrocarril Lambayeque – Cajamarca
Ferrocarril Hidroeléctrica – Quillabamba
 
 
 
 
 
BOLIVIA: PAGOS DIFERIDOS PARA IMPORTACIÓN DE LA ADUANA NACIONAL ENTRAN EN VIGENCIA
 
Portal Portuario de Chile (https://acortar.link/BWmb0b)
 
La Aduana Nacional de Bolivia (AN) informó que la medida de Pagos Diferidos para agilizar el comercio entraron en vigencia.
En detalle, el Reglamento de Pagos Diferidos a Tributos Aduaneros de Importación aplicable a “Declaración de Importación” bajo la modalidad de Despacho General.
Para solicitar los pagos diferidos, el gerente regional de Aduana Potosí, Alex Yamil Mamani, señaló que “el comerciante o importador tiene la facilidad de nacionalizar su mercancía con el pago de una cuota inicial del 40% que posibilita la liberación de su mercancía y, la prórroga de pago restante del 60% en cuotas mensuales, bimestrales, trimestrales o semestrales dentro la gestión; previa presentación de garantía (s) a primer requerimiento”.
Asimismo, Mamani menciono que el procedimiento debe contar con la Declaración de Mercancías de Importación (DIM), además de estar registrado en el Formulario de Solicitud de Pagos Diferidos en el Sistema Único de Modernización Aduanera (Suma).
También, el ente aduanero dijo que el número y modalidades de cuotas diferidas no excederán el año de su autorización, por lo que se deberá hacer el pago total de los tributos dentro de este plazo.
Por otra parte, las garantías deberán estar registradas por el importador en el Sistema de Registro de Garantías Tributarias y de Actuación (Srgta).
 
 
 
 
 
EL CÓDIGO NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE CUMPLE 10 AÑOS
 
 
Está vigente desde el 17 de julio de 2014
 
Unicef Org. (https://acortar.link/p44oxW)
 
El 17 de julio de 2024 es una fecha importante para los bolivianos, especialmente para aquellos que tienen menos de 18 años. Ese día se conmemoran los diez años de vigencia de la Ley 548 Código Niña, Niño y Adolescente. Hoy, casi 4 millones de niñas, niños y adolescentes bolivianos se acogen y benefician de esta norma que trajo un cambio de visión sobre ellos mismos, y el rol que el Estado asume en relación con la garantía de sus derechos.
Mediante este Código, Bolivia armonizó su marco normativo nacional al internacional con la suscripción de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, que este año cumple 35 años de su adopción, y con la Constitución Política del Estado de 2009.
Entre los avances, se destaca que el Código reconoce, desarrolla y regula el ejercicio de los derechos de la niña, niño y adolescente, y define un catálogo de derechos amplio entre los cuales figuran: el derecho a la vida, un nivel de vida adecuado, la salud, tener una familia, o la protección frente a cualquier forma de violencia, entre varios otros.
Para el logro de estos derechos se establece el Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SIPPROINA), constituido por un conjunto articulado de órganos, instancias, instituciones, organizaciones, entidades y servicios, que funciona en todos los niveles del Estado, a través de acciones intersectoriales. 
El Código determina el derecho a la participación de la niñez y adolescencia. Los representantes del Comité Plurinacional Niño, Niña y Adolescente son elegidos mediante un proceso democrático, que se inicia en las unidades educativas de todo el país. El proceso eleccionario les da representatividad, legitimidad y legalidad.
También persisten los desafíos, como el establecimiento de los mecanismos e instancias definidos por el Código, como es el caso del Programa de Prevención y Protección Social para Niñas, Niños y Adolescentes; y el Programa Integral de Lucha contra la Violencia Sexual a Niñas, Niños o Adolescentes.
Una deuda que tiene el Código con la niñez y adolescencia es la relacionada con la prevención y atención de la violencia. Esto abarca desde el castigo corporal ejercido como forma de crianza hasta la extrema violencia como la agresión sexual, particularmente cuando las niñas y adolescentes mujeres son las víctimas.
El 7 y 8 de noviembre de este año se celebrará en Bogotá, Colombia, la Primera Conferencia Ministerial Mundial para Poner Fin a la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes. En este evento participará el Gobierno de Bolivia, lo que representa una oportunidad clave para fortalecer los avances del Código sobre este importante tema.
La lucha por el cumplimiento efectivo de los derechos de la niñez es, en esencia, acción. En las últimas dos décadas el Gobierno ha realizado grandes esfuerzos para alcanzar mejoras significativas en varios ámbitos de la vida de las niñas, los niños y adolescentes, tales como la reducción de la mortalidad materna, la desnutrición y la mortalidad infantiles. Sin embargo, todavía existen carencias sociales en salud, educación y protección, que han sido acentuadas a partir de la pandemia y que deben ser atendidas con alta prioridad. Dentro de los grupos más vulnerables se encuentran el de la primera infancia, las niñas, niños y adolescentes con discapacidades, los indígenas, y afrodescendientes.
De manera acertada, la actual gestión del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades se ha marcado importantes metas de gestión hacia el fortalecimiento del Sistema de Protección Integral de Niñez para remover obstáculos estructurales al ejercicio de los derechos de la niñez y adolescencia. Dos ejemplos de esta agenda son el desarrollo del Sistema de Información de la Niña, Niño y Adolescente (SINNA), el modelo de redes funcionales o la evaluación del mismo Código, a las cuales UNICEF ha venido apoyando mediante su asistencia técnica.
La implementación efectiva del Sistema Integral de Protección de la Niñez que define el Código no está sujeto sólo a la asignación de recursos sino depende también de una estrategia de implementación de la política pública basada en la coordinación y articulación de las funciones a cargo de las instituciones del sistema. En ese sentido, se recomienda el diseño de un sistema de evaluación del funcionamiento del sistema y cumplimiento de resultados y los efectos e impactos alcanzados en relación con los costos identificados.
La promulgación del Código fue, no cabe duda alguna, un avance significativo hacia el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia boliviana. Sin embargo, las acciones legislativas y políticas solo son efectivas si van acompañadas de las medidas presupuestarias y de inversión correspondientes y acordes con los desafíos y brechas que se quieren superar.
 
 
 
 
 
LOS CHOLETS DE LOS MILLONARIOS AIMARAS DE BOLIVIA
 
Fusión cultural. Estos edificios temáticos, que incluyen en sus fachadas enormes figuras del cine y la televisión, son inversiones que superan el millón de dólares e incluyen hoteles, restaurantes, salones de baile y centros comerciales. Sus propietarios lo consideran un legado de sus familias. La República conoció esta singular arquitectura ubicada en El Alto.
 
La República de Perú (https://acortar.link/ufb39N)
 
Los aimaras de El Alto, en La Paz, Bolivia, no conocen nada del economista escocés Adam Smith, pero son los más grandes capitalistas del país altiplano. Tal vez por ello los comerciantes más prósperos invierten su dinero en los llamados “cholets”, edificios de diseño tridimensional con temática de Los Transformers, Los caballeros del Zodiaco, Iron Man, entre otros personajes del cine y entretenimiento.
Las nuevas torres tienen también a Dragon Ball, mientras otras optan por graficar camiones, en alusión al transporte de mercadería en la cual radica su economía.
Los cholets, que suelen superar los 10 pisos, albergan lujosos salones de baile, hoteles, restaurantes y centros comerciales.
Se comenzaron a crear desde el 2000 como una expresión de la recuperación económica que experimentaba el país altiplánico.
El diseño está a cargo de arquitectos especializados, que deben amoldar la distribución de espacios y seguridad a la temática elegida por el propietario.
¿Qué es “cholet”? Es una palabra acuñada hace aproximadamente 20 años para identificar a los alteños más adinerados que se sienten orgullosos de su pasado, historia y cultura. Surge de combinar “chalet”, que son las viviendas unipersonales francesas de estilo montañés, y “cholo”, persona de ascendencia indígena.
“Somos aimaras, pero tenemos modernidad”
Caminamos por estas calles y llegamos al cholet El Sol, vigilado por Bumblebee de Los Transformers. Nos recibe el administrador Marco Apaza. “Así como los pitucos tienen sus edificios, los cholos tenemos lo nuestro. Nos damos un buen trato y encima nuestros locales son más bonitos. Si no, para qué trabajamos. Qué nos vamos a llevar de esta vida. Nosotros, sin negar nuestro pasado, progresamos. Somos aimaras, pero también tenemos modernidad. Además, es inversión, ¿no ve? Se alquila y se recupera”, exclama.
Este alteño sabe que, de entre todos los cholets, el suyo se lleva todas las miradas.
El robot de la saga tiene 4 metros y fue mandado a construir exclusivamente. Descansa en una plataforma entre el tercer y cuarto piso. Todo el edificio se mimetiza con el amarillo, hasta el décimo piso.
Avanzamos una cuadra y llegamos al “Crucero de los Andes”. Lo novedoso de este cholet es un enorme barco en el piso 11. Su ubicación da la apariencia de estar en el aire.
También aquí encontramos restaurantes y salones VIP caracterizados por la iluminación tridimensional. No obstante, se incluyen imágenes de la cultura tiahuanaco, la diablada boliviana y otras danzas autóctonas. “El proyecto demoró seis años en ejecutarse”, cuenta un trabajador de esta singular estructura.
¿Y por qué un barco? La razón, cuenta aquí, se debió a un momento coyuntural en Bolivia relacionado a la reivindicación marítima.
Invita a peruanos
Nos encontramos con Deimar Mamani Apaza, administrador del salón de eventos Megatrón VIP. Nos cuenta que estas infraestructuras particulares son una tendencia que no va a retroceder porque representa a la sociedad boliviana pujante.
“Puede parecer extravagante, pero son obras de arte atractivas para cualquiera, es nuestra cultura. Además, es un legado de nuestra familia”, precisó.
“Hermanos peruanos, vengan a visitar El Alto y los cholets, tenemos mucha variedad, es una bonita experiencia”, añadió.
Muchas agencias de turismo han implementado paseos turísticos exclusivamente para conocer varios cholets.
Fuente de ingresos
“Nosotros estamos contentos porque visualmente son muy bonitos y mueven la economía. Al venir gente hay más consumo. Todo se vende. Estamos contentos. Además, es de por sí artístico y muchos se vienen a tomar fotos”, cuenta Lina Chambilla, comerciante de comida a las afueras de El Sol.
Así como ella, también muchos comerciantes informales se benefician de manera indirecta con la llegada de turistas.
El Alto alberga más de un millón de habitantes. Casi la totalidad reside en viviendas que no están estucadas, por lo que el color ladrillo es la característica más notoria de esta ciudad considerada el emporio comercial más importante del país altiplánico.
En medio de este contexto urbanístico, los cholets suponen el lado artístico y a la vez son el sello de la arquitectura andina adaptada a la modernidad.
Son proyectos inmobiliarios que suponen una inversión que oscila entre uno y dos millones de dólares. Los alquileres, a largo plazo, garantizan la recuperación de lo invertido.
“Cuanto más llamativo el edificio, se asegura más clientes”, sostienen los lugareños.
El elevado costo se debe a los acabados, pero también a la amplitud de los terrenos.
Algunas de estas propiedades tienen hasta 700 metros cuadrados sobre los que se levantan los edificios. Hay varios que están en construcción, lo cual se deja notar cuando se pasea por el teleférico de la zona.
El último piso, destinado al dueño
Casi todos tienen ascensor. Sin embargo, el último piso, llamada simplemente “chalet”, está reservado para el dueño. Es su vivienda. Y cuenta con su propio mirador.
Los cholets están arraigados a la cultura local y supone reafirmarse en el estatus social.
Alquilar un salón de eventos en estos edificios cuesta en promedio 3 mil dólares (cerca de 11.500 soles). Los alteños sostienen que, si no hay demanda, ellos la crean. Si ello supone introducir imágenes comerciales de otros países, lo hacen con gusto. No pierden su identidad, fusionan elementos. Tal vez desconozcan la teoría económica de Smith, pero tienen en claro que solo así hay mercado y progreso.
 
 

 
 
NAKAYAMA: ‘PANAMÁ ES UN PUNTO DE UNIÓN NATURAL ENTRE EL MERCOSUR Y CENTROAMÉRICA’
 
El senador paraguayo, Eduardo Nakayama, destacó que el deseo del presidente de la República, José Raúl Mulino, de unirse al mecanismo puede fortalecer las importaciones y exportaciones entre los países
 
La Estrella de Panamá (https://acortar.link/IuhIL1)
 
A juicio del senador paraguayo, Eduardo Nakayama, la intención del gobierno panameño de unirse, como Estado Asociado, al Mercado Común del Sur (Mercosur), refleja una “visión estratégica y sumamente adelantada”, al resto de los países de América Central y el Caribe, así lo mencionó el pasado 11 de julio, en entrevista con este medio.
“El Mercosur está conformado por los países que más alimentos producen en la región y está desarrollando el Corredor Biocéanico Central, de más de 2,472 kilómetros y conecta el puerto de Porto Alegre (Brasil) con uno de los tres puertos de la región de Coquimbo (Chile)”, destacó.
La agrupación de naciones está conformada por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela (suspendida desde agosto de 2017). Estados Asociados: Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Bolivia.
Datos de la Oficina de Inteligencia Comercial (Intelcom), del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), muestran que, Panamá ha exportado $61.4 millones en productos, entre 2010 y 2024, siendo $1.7 millones lo correspondiente al primer trimestre de este año.
Desde 2010 hasta la fecha, el país que más exportaciones nacionales ha recibido es Brasil ($55.7 millones), seguido muy de lejos por Uruguay ($2.2 millones), Argentina ($1.9 millones) y Paraguay ($1.8 millones).
En materia de puertos, los que más embarques han tenido son: Puerto Manzanillo ($50.8 millones), Puerto Cristóbal ($8 millones), Puerto Balboa ($800.000), Colon Container Terminal ($600.000) y Rodman ($500.000).
“Panamá es el ‘hub’ más importante de las Américas y ver la posibilidad de crear alianzas hacia un hub sub continental podría llegar a ser muy relevante, fortaleciendo la conexión de este país con el polo sudamericano”, analizó Nakayama.
“Panamá es un punto de unión natural entre el Mercosur y Centroamérica y con esta posible incorporación puede fortalecer su liderazgo, a nivel regional”, agregó.
Información divulgada en el portal de estadísticas de Mercosur muestra que, en lo que va del año, han exportado 125.063,3, a nivel mundial, haciendo énfasis en China (27,7%), la Unión Europea (13,3%) y Estados Unidos (11,9%).
En materia de importaciones, han generado $97.846,7 millones, siendo sus principales mercados China (26,4%), la Unión Europea (19,9%) y Estados Unidos (15,8%).
El titular del Mici, Julio Moltó, dijo a EFE que Panamá iniciará las “conversaciones” lo “antes posible” para adherirse al mecanismo. “La instrucción es que generemos las conversaciones (...) y creo que por esa vía debe ir, como un Estado Asociado para entrar en el Mercosur”, afirmó el ministro.
Según la página web de Mercosur, la solicitud “para adquirir la condición de Estado Asociado se presenta ante el Consejo del Mercado Común, canalizándola por intermedio de la Presidencia Pro tempore”, ahora en manos de Uruguay después del traspaso de Paraguay, el pasado lunes.
Los Estados Asociados “son aquellos miembros de la Asociación Latinoamericana de integración con los cuales el Mercosur suscribe acuerdos de libre comercio, y que posteriormente solicitan ser considerados como tales”.
También están autorizados a participar en las reuniones de órganos del bloque que traten temas de interés común, según la información oficial.
El presidente Mulino asistió, el pasado 8 de julio, a la 64 cumbre el bloque comercial en Asunción, Paraguay, en donde se reunió con sus homólogos de Paraguay, Santiago Peña, y Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para sentar las bases de posibles acuerdos comerciales a futuro.
Moltó declaró a EFE que su cartera ha recibido la “instrucción” de que “antes de seis meses”, cuando se celebre la próxima reunión con Mercosur, deben “tener algo ya establecido y conversado”.
“Así que ahora nos toca establecer todos esos protocolos con la Cancillería a través del canciller (Javier Martínez-Acha) para hacerlo propiamente entre países y las conversaciones deben iniciar lo antes posible”, agregó el ministro panameño.
El titular del Mici señaló que van a “conversar con la empresa privada local” para “hacer todas las consultas pertinentes para lograr un acuerdo que sea beneficioso para Panamá y para el Mercosur”.temas- prorrogar el mandato de los magistrados y autoridades tanto del órgano judicial como del mismo tribunal bajo el argumento de que no se podía dejar acéfalo un órgano de poder. El referido tribunal constitucional ha puesto en suspenso las facultades de fiscalización del órgano legislativo y cada semana suspende con alguna decisión alguna actividad que pretende realizar el legislativo, generando ya no un modelo presidencialista sino uno hiper-presidencialista, con un legislativo casi simbólico y un órgano judicial sin legitimidad y con muchas dudas de su constitucionalidad.
Asistimos también a una transformación de la noción de lawfare, que generalmente es comprendida como el uso de acciones legales para causar problemas a un oponente político, hacia una versión de lawfare en el que acciones de tinte jurídico se usan para desbaratar la misma constitución y para casi anular la división de poderes a nombre de la constitución, como los golpes de estado que se hacen a nombre de la democracia. En la práctica, en Bolivia, parece solo existir el ejecutivo y el tribunal constitucional que endosa al ejecutivo su primacía.
Según los estudios llevados a cabo por Juan Linz, estadísticamente los modelos presidencialistas de América Latina son los que han tenido más golpes de estado, sean los clásicos golpes de estado o los llamados golpes de estado blandos, en los que una élite busca apoderarse del órgano ejecutivo y los poderes militares y policiales aparecen silenciosamente en segundo plano.
Un golpe de estado, sea éste fallido o incluso un curioso autogolpe, es un punto de llegada de un proceso de desinstitucionalización y de-constitucionalización de un Estado. Es un proceso en el que las instituciones democráticas que garantizan la pluralidad de actores en el juego político están cercenadas y obstaculizadas, al punto de no poder desarrollar sus funciones.
En Bolivia se encuentra en riesgo no solo la elección de las autoridades del órgano judicial y del tribunal constitucional por esta inactividad del órgano legislativo, sino también se encuentra en riesgo las elecciones primarias, necesarias para las consecutivas elecciones generales de 2025, las cuales, por efecto, también se encuentran en riesgo. Un conjunto de acciones jurídicas han impedido que algunos partidos políticos, como el Movimiento al Socialismo (MAS), puedan llevar a cabo la renovación de sus directivas para avanzar a la definición de candidatos para las elecciones primarias, y una vez más, otro órgano de poder como lo es el órgano electoral no está logrando avanzar en sus actividades, una vez más con influencia de este nuevo lawfare que en apariencia logra la gobernabilidad al órgano ejecutivo, que se muestra interesado en que el Movimiento al Socialismo y otros partidos políticos no puedan avanzar en el juego político democrático.
Hace algunas semanas, antes del curioso episodio de la tarde del 26 de junio, el presidente de la cámara de senadores, en aplicación de la Constitución y del reglamento de la cámara de senadores y en ausencia del vicepresidente del Estado, que suplía al presidente debido a un viaje de éste al extranjero, convocó, como era usual, a una reunión de la asamblea legislativa plurinacional, es decir, del órgano legislativo, sin embargo, una decisión del tribunal constitucional desautorizó esta convocatoria y puso en duda la constitucionalidad y legalidad de esta sesión legislativa, en la que se cumplió con el quorum de ley, y se sancionaron normas que cesaban a las autoridades prorrogadas del órgano judicial y del tribunal constitucional.
A este escenario complejo de gobernabilidad se debe añadir la crisis económica que enfrenta el Estado boliviano, que ya no cuenta con el mismo ingreso de recursos económicos de años pasados para el subsidio a la gasolina y el diesel, así como para cubrir el gasto ordinario de la administración pública y las empresas del estado. En lo cotidiano esta crisis económica se expresa en la falta de dólares en los bancos y la aparición de un mercado ilegal y paralelo de dólares. Esta crisis afecta directamente a la figura del presidente boliviano, quien llegó al gobierno como el artífice del milagro económico, es decir, quien diseñó un modelo económico que en los años de gobierno de Evo Morales fue exitoso. En este contexto económico, la popularidad del actual presidente boliviano, efectivamente, se encuentra en caída, no se puede ser el abanderado de la buena economía de años pasados y a la vez gobernar bajo una crisis económica compleja, si a ello le sumamos el conflicto político interno del partido de gobierno.
En consecuencia, el curioso episodio de la tarde del 26 de junio se inscribe como parte de este proceso complejo de desinstitucionalización y de-constitucionalización, de crisis económica y caída en la popularidad del gobierno, que ahora cabe sumar el cuestionamiento a la pobre y precaria institucionalidad de las fuerzas armadas en Bolivia, que junto con las instituciones de administración de justicia, se derrumban ante la mirada triste y atónita de la población.
Se dice que Bolivia siempre que llega al borde del abismo se recupera y retrocede, sin embargo, un mal gobierno puede llevarla a que dé un paso al frente.
 
 
 
 
 
BOLIVIA ENTRA AL MERCOSUR
 
La incorporación de Bolivia al Mercosur tendrá implicancias para la Comunidad Andina, que se verá enfrentada al dilema de expulsar a Bolivia de su seno, por la eventual incompatibilidad de pertenecer al mismo tiempo a dos proyectos subregionales distintos.
 
El Mostrador de Chile (https://acortar.link/tktBzl)
 
El día 4 de julio recién pasado el Parlamento de Bolivia –haciendo un alto en las tensiones políticas que complican hoy en día a ese país–  aprobó por unanimidad el ingreso al Mercosur. Esa decisión estaba pendiente de la aprobación parlamentaria por parte de Bolivia, después de que ya había sido aprobada en los parlamentos de los 4 países miembros y fundadores de ese pacto subregional, es decir, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Al día siguiente, el presidente Arce firmó la ley correspondiente, con lo cual se culminan todos los trámites institucionales y políticos para hacer realidad esa incorporación que estaba pendiente desde 2015.
Hay varias razones que explican esa decisión tan unánime. Bolivia, desde el punto de vista de su comercio exterior, está mucho más relacionada con el Mercosur que con la Comunidad Andina. En el año 2023, Bolivia exportó hacia el resto de los países de la Comunidad Andina –Perú, Ecuador, Colombia– mercancías por un valor de 1.804 millones de dólares, mientras que al conjunto de países del Mercosur –Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay– canalizó mercancías por un valor de 2.640 millones de dólares. La mayoría de estas últimas exportaciones fueron hacia Brasil (1.380 millones de dólares) y de ese monto el elemento predominante fue el gas.
Bolivia tuvo a lo largo del siglo XXI un período de auge de sus exportaciones de gas –las cuales se canalizaban y se siguen canalizando hacia Brasil y parcialmente hacia Argentina–, lo cual permitió al presidente Evo Morales llevar adelante un Gobierno bastante generoso socialmente, por decirlo en la forma más elegante posible. Hoy en día la producción y las exportaciones de gas han disminuido en forma significativa, lo que explica en alta medida las limitaciones económicas de Bolivia y del Gobierno del presidente Arce.
A eso se agrega que Argentina está próxima a convertirse en un exportador importante de gas a partir de los yacimientos de Vaca Muerta, en el sur del país. Esa situación deja a Bolivia imposibilitada no solo de seguir vendiendo gas a Argentina, sino que es altamente probable que dicho país compita con Bolivia en el suministro de gas a Brasil. Parece ser que los bolivianos asumen que esa situación complicada con dos países del Mercosur se soluciona mejor estando dentro de esa agrupación subregional, y no fuera.
Bolivia está, por lo tanto, más inclinada hacia el Mercosur que hacia la Comunidad Andina –de la cual no es mucho lo que se puede esperar– y, en ese contexto, el gas tiene una importancia sustantiva. El gas es el primer producto de exportación de Bolivia, con un monto, en el 2023, de 2.074 millones de dólares, canalizándose hacia Brasil 1.375 millones de dólares, a lo que se agrega el hecho de que con ese país hay la correspondiente red de gaseoductos funcionando.
Todas estas circunstancias que mueven a Bolivia a integrarse como socio de pleno derecho en el Mercosur tendrán implicancias positivas para esta asociación subregional, que pasará a ser la agrupación de mayor peso económico, geográfico y poblacional en América Latina. Esa situación puede incrementarse más aún si Venezuela retorna al Mercosur después de superar las circunstancias que movieron antaño a su separación, lo cual lo convertiría en un poderoso polo de atracción del resto de los países de la América del Sur.
Esa situación se complementa con la existencia de un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Chile, que ya tiene varios años de vigencia y de consolidación. Sobre los actuales países del Mercosur recaería, por lo tanto, la inmensa responsabilidad de poner término a sus disputas parroquiales y personalistas, y asumir el liderato del proceso de integración regional.
La incorporación de Bolivia al Mercosur tendrá implicancias para la Comunidad Andina, que se verá enfrentada al dilema de expulsar a Bolivia de su seno, por la eventual incompatibilidad de pertenecer al mismo tiempo a dos proyectos subregionales distintos, o de mantenerla como parte de dicha agrupación. Si la Comunidad Andina camina en esta última dirección, Bolivia podría convertirse en un puente y en un precedente que juegue en favor de los procesos de convergencia de las agrupaciones regionales de integración que existen hoy en día en América del Sur, convirtiéndose así, la decisión actual, en un paso de alta importancia no solo para la propia Bolivia, sino también para el conjunto de la región.
 
 
 
 
 
A LULA SIEMPRE LO TIENTAN LAS TAREAS DIFÍCILES: AHORA INTENTA MEDIAR ENTRE ARCE Y EVO
 
Resumen Latinoamericano Org. (https://acortar.link/fRyKOL
 
El presidente brasileño quiere limar asperezas en el partido del oficialismo boliviano.
Luiz Inácio Lula da Silva viajó a Bolivia. Su agenda incluyó diversas cuestiones bilaterales, probablemente más determinantes para los intereses brasileños. Pero el exlíder metalúrgico comprende como ningún otro dirigente de la región la importancia fundamental que tiene la unidad, más aún en estos tiempos en que acecha la ultra derecha y sus distintas variantes neoliberales.
Por eso, el presidente brasileño se reunió con Luis Arce, en Santa Cruz de la Sierra, con el propósito complicado de mediar en la crisis interna del Movimiento al Socialismo, que en sus gobiernos revolucionó la estructura del país y que pone en jaque la continuidad de las realizaciones con las muy duras peleas internas, con Lucho Arce y Evo Morales a la cabeza.
Lula intenta agotar las instancias para evitar una ruptura total, lo que por el momento parece inevitable. Claro que lo hace tomando partido: condenó el intento de golpe y lo comparó con los episodios que él mismo debió padecer en enero de 2023, poco después de haber asumido. La postura se asemeja a un apoyo concreto a Arce, ya que, en principio, contradice la postura de Evo respecto a la asonada, que califica como “autogolpe” del actual gobierno.
Pero, según trascendidos confiables, el mandatario brasileño elaboró duros reproches a la conducción política del MAS, con Arce a la cabeza, por no agotar los pasos para evitar la ruptura. A la vez que habría deslizado una crítica a ciertas medidas económicas del gobierno, al tiempo que les habría adelantado que volverá a comunicarse con Evo Morales, como advertencia de que no cejará en su afán de que haya unidad en Bolivia, de cara a las presidenciales del año próximo, con la derecha acechando tras las peleas del oficialismo.
 
 
 
 
 
¿ES VIABLE LA SOLICITUD DE PETRO A LA ONU DE LEGALIZAR LA COCAÍNA?
 
El presidente Petro avivó la discusión sobre la legalización de las drogas al afirmar que legalizar la cocaína acabaría la guerra en Colombia. Sin embargo, su propuesta ignora realidades complejas, globales y locales.
 
Razón Pública de Colombia (https://acortar.link/SGyDTd)
 
El 11 de julio, varios medios informaron que el presidente Petro había encendido la polémica sobre la legalización de las drogas en la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, cuando afirmó que “Si mañana Naciones Unidas dijera ‘la cocaína es legal’, mañana se acaba la guerra en Colombia”.
Sin duda, esta es una afirmación desafiante, pero es concordante con la creencia común en Colombia. Por eso, no sorprende que muchos de los periodistas más importantes del país hayan sostenido que el problema de las drogas tiene dos soluciones: o que en los países consumidores se deje de consumir, o que legalicen el consumo.
Para continuar quiero afirmar que no soy ni he sido antipretista. Conocí a Gustavo Petro hace más de veinte años cuando compartí con él un panel sobre las drogas ilegales organizado por Luis Sandoval en la Casa María Cano. Allí, el joven Petro me impresionó como alguien que tenía una visión coherente de los problemas del país, pero con quien no pude tener un diálogo después del panel. Lamentablemente, nunca tuve la oportunidad de volver a interactuar con él.
El mercado de drogas
El desacuerdo con las afirmaciones de Petro en la ONU se basa en dos hechos demostrados sobre los mercados de drogas, incluyendo el de la cocaína. Primero, que muchos países que podrían cultivar coca y exportar cocaína no lo hacen, y otros que lo hicieron cuando la cocaína era legal, tampoco lo hacen.
Segundo, que la violencia en los mercados de drogas ilegales alrededor del mundo es mucho menor que la padecida por Colombia y por algunas regiones de México. Además, la violencia durante la prohibición del alcohol en Estados Unidos, magnificada por los periódicos y las películas, también es incomparable con la que Colombia y México han experimentado. En otras palabras, para la mayoría de los países, las enormes ganancias en los mercados de cocaína de los países ricos no han sido irresistibles como en Colombia.
El propósito de la política de drogas debe aceptar que el país debe dejar de producir cocaína y que el argumento de que no hay otro producto que le dé al campesinado cocalero un ingreso similar simplemente no convence a “la comunidad internacional”
Lo anterior demuestra, primero, que el argumento tradicional exculpatorio y justificativo de que cuando hay demanda hay oferta deja de ser válido cuando se observa que una serie de países en los que se podría cultivar coca y exportar cocaína no lo hacen. Y segundo, que los factores que han determinado el desarrollo de la industria de la cocaína en Colombia son primordialmente internos.
En otras palabras, que, si bien la geopolítica externa puede ser injusta y difícil de manejar, la interna ha sido igualmente injusta y difícil de manejar. Por eso, el propósito de la política de drogas debe aceptar que el país debe dejar de producir cocaína y que el argumento de que no hay otro producto que le dé al campesinado cocalero un ingreso similar simplemente no convence a “la comunidad internacional”. Esta no se considera culpable y no entiende por qué tendría que compensar a Colombia por los efectos que la industria de la cocaína ha tenido en el país.
La solicitud del presidente
En lo que concierne a la solicitud del presidente a las Naciones Unidas, debo afirmar que esta desconoce tanto la estructura como el papel y el poder de las Naciones Unidas. La ONU no es un gobierno mundial; solamente proporciona mecanismos para discutir conflictos entre países y foros para discutir ideas, además de promover políticas que mejoren la calidad de vida de la gente. La ONU ha sido mucho más efectiva resolviendo algunos conflictos sobre las fronteras de los países que forzando a los países a cambiar tradiciones culturales y patrones de consumo y comportamiento.
La ONU no puede legalizar la cocaína en el mundo como dice Petro. Solamente podría, previo acuerdo con los países parte de las Convenciones de Drogas, sacar la coca y la cocaína de las listas de sustancias controladas por estas últimas. Pero no puede forzar a ningún país a permitir dentro de su territorio la importación y consumo de cocaína o coca.
En otras palabras, si la ONU sacara de las listas de sustancias controladas la cocaína, dejaría abierta a los países la posibilidad de legalizar estas sustancias, pero no podría impedir que los países individualmente la prohíban. Por esta razón, no se acabaría con el negocio ilegal. Esto aplica a cualquier otro artículo o servicio. Por ejemplo, si los porcicultores de Iowa argumentaran que la prohibición al consumo de cerdo en Israel y en el mundo musulmán es una guerra contra la producción y consumo de cerdo, la ONU ni la Organización Mundial del Comercio podrían hacer nada al respecto.
Las agencias de drogas de la ONU están asociadas en su imaginario colectivo con la prohibición, pero durante los últimos 10 años estas han cambiado su narrativa y hoy insisten en que para cumplir con las Convenciones no se necesita tener políticas de “guerra contra las drogas”; que la pena de muerte no se debe aplicar a delitos de producción, mercado o consumo de drogas; y que las políticas de drogas deben respetar los derechos humanos de los productores, consumidores, adictos y encarcelados por delitos relacionados con drogas. Además, que las políticas deben tener en cuenta diversos aspectos, como sus efectos sobre las madres cabeza de familia involucradas en las actividades del narcotráfico.
La prohibición
Sobre el argumento de que la prohibición a las drogas ha sido impuesta, hay que aclarar que ningún gobierno colombiano se opuso a las convenciones de drogas, como sí lo hizo Bolivia, que firmó dos convenciones con reservas para proteger los usos tradicionales de la coca.
La prohibición per se no es sinónimo de guerra contra las drogas.
Además, en Colombia, las organizaciones religiosas, la mayoría de las asociaciones de padres de familia y los padres de familia mismos apoyan la prohibición. Igualmente ocurre con la mayoría de los miembros del sector salud, que han hecho el juramento hipocrático por el que se comprometen a no recetar o dar a sus pacientes drogas que los coloquen en riesgo de adicciones graves.
Otro punto que se debe mencionar es que la prohibición per se no es sinónimo de guerra contra las drogas. Por ejemplo, Estados Unidos prohibió la importación, mercadeo y consumo de cocaína y heroína en la Ley de Harrison de 1914. El término “guerra contra las drogas” fue resultado de cambios profundos en la sociedad estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial y la década siguiente a ella:
Los afro-estadounidenses regresaron de la guerra donde pelearon por la democracia, que les fue negada a su regreso.
Las mujeres se incorporaron a la fuerza de trabajo paga, lo que les dio independencia-
La guerra en Vietnam despertó a la juventud a una realidad de un país hipócrita, lo que la llevó a rechazar valores tradicionales.
Esto causó una demanda por lo prohibido y un aumento en el uso de drogas psicoactivas, lo que produjo una reacción muy fuerte dentro del grupo de poder dominante en la sociedad. Como resultado, el presidente Nixon declaró a las drogas “el enemigo público número uno”. Por eso, la “guerra contra las drogas” fue una guerra interna en Estados Unidos.
El problema para Colombia fue que un grupo de colombianos decidió producir y exportar marihuana y luego cocaína al “insaciable” mercado estadounidense. Algunos periodistas, académicos y pensadores consideran estas actividades como una respuesta a un mundo injusto en el que las exportaciones tradicionales del país han padecido bonanzas y fracasos sucesivos. El resto de la sociedad disfrutó de una abundancia de divisas que nunca había tenido. Esto cambió a Colombia como ninguna bonanza lo había hecho.
La necesidad de definición
Como conclusión, debo afirmar que la política de drogas de este y cualquier otro gobierno colombiano debe empezar por definir cuál es el problema de las drogas para Colombia. Colombia tiene varios problemas graves:
La gran producción y exportación de drogas ilegales (parecería que el país tiene casi una patente para producir cocaína).
Una corrupción y tendencia al enriquecimiento extractivo.
Niveles de violencia altos a través de su historia.
Es el segundo país en el mundo en el número de organizaciones armadas no gubernamentales que controlan territorios.
Todos estos problemas están interrelacionados y su solución no vendrá del exterior. Durante más de 200 años, el país no ha creado una sociedad pacífica que pueda disfrutar de las bondades de su territorio. La creación de esa sociedad es el principal desafío de cualquier gobierno.
La política de drogas fundamental para Colombia debe empezar reconociendo que Colombia debe aprender a vivir en un mundo en el que la cocaína es ilegal y que seguirá siéndolo en el futuro, a menos que el gobierno colombiano demuestre al mundo que es posible tener un sistema que permita usos regulados de la cocaína diseñados para evitar los temidos problemas de su consumo.
Insistir en que las ganancias en los mercados ilegales son la causa de la violencia en Colombia y en que el mundo debe cambiar porque nosotros somos humanos y no podemos resistir frente a las ganancias de la cocaína, no conduce a nada excepto a hacernos sentir frustrados e inferiores a (¿colonizados por?) los países poderosos.
 
 
 
 
 
EL NUEVO TREN BIOCEÁNICO PERUANO QUE CONECTARÁ EL MEGAPUERTO DE CHANCAY CON BRASIL Y SERÍA FINANCIADO POR CHINA
 
Brasil ya posee una infraestructura ferroviaria establecida y solo necesita completar un tramo hasta la Hidrovía Paraguay-Paraná para lograr la interconexión.
 
La República de Perú (https://acortar.link/e27567)
 
El proyecto del tren bioceánico, que conectaría Perú y Brasil desde Chancay, se vislumbra como una ruta estratégica para la integración de Sudamérica. Esta ambiciosa iniciativa de infraestructura tiene como objetivo principal unir los océanos Atlántico y Pacífico y brindará beneficios significativos tanto a Brasil como a Perú.
La participación de China en este megaproyecto es notable, ya que ha demostrado un marcado interés en formar parte de él, esto tras reconocer el potencial que tiene para fortalecer los lazos económicos con América del Sur. La colaboración internacional en esta empresa promete abrir nuevas oportunidades y fomentar el desarrollo regional en la región.
La inauguración del gran puerto en Chancay, prevista para noviembre de 2024, representa una oportunidad única para impulsar el crecimiento económico y comercial en Perú. El proyecto del tren bioceánico, parte del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración, tiene como objetivo unir varios países de la región.
Brasil ya posee una infraestructura ferroviaria establecida y solo necesita completar un tramo hasta la Hidrovía Paraguay-Paraná para lograr la interconexión. Por su parte, Bolivia ha incorporado las construcciones necesarias en su Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025.
La ruta del nuevo tren bioceánico en Perú
El trazado del tren bioceánico comenzaría en el Puerto Santos en Brasil e ingresará a Bolivia por Puerto Suárez, pasará por los municipios de Montero y Bulo Bulo, para finalmente salir a Perú por el hito 4 y concluir en el puerto de Ilo. La construcción total tendrá 3.755 kilómetros de vías a lo largo de su recorrido. De esta manera, la interconexión entre Perú, Bolivia y Brasil será una realidad.
“La carga de soya y carne congelada que provengan de esos estados se transportarán, en una parte importante, por la Interoceánica del Sur y saldrán por los puertos de Matarani (Arequipa) e Ilo (Moquegua), por eso necesitamos renovarle el contrato a Matarani, con condiciones ventajosas para el Perú, y efectuar la concesión de Ilo, porque ahora está en manos de Enapu”, señaló en ministro de Transporte y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes en una conferencia de prensa..
¿En qué etapa está el proyecto ferroviario?
A diferencia de Brasil y Bolivia, Perú aún tiene pendiente iniciar las labores esenciales para incorporarse al proyecto del tren bioceánico. Sin embargo, el país ha mostrado interés en avanzar en esta iniciativa, esto al reconocer su importancia para mejorar la conectividad y el flujo de mercancías. China, a través de Cosco Shipping Ports, está impulsando activamente el megapuerto de Chancay y ha expresado su interés en concretar el tren bioceánico.
Por su parte, el titular del MTC, reiteró que el Perú no debería liderar la construcción del Tren Bioceánico, un megaproyecto que pretende conectar el Océano Pacífico con el Atlántico, esto al asegurar que no es una prioridad para el sector, puesto que ya hay seis proyectos que se buscan impulsar.
"No creemos que debemos financiarlo. Si algún interés tiene Brasil o China en esto, ellos deberían encargarse de ello", manifestó el ministro en relación con la reciente reactivación del proyecto debido al próximo inicio de operaciones del puerto de Chancay. Pérez aseguró que el país está enfocado en salir por el Océano Pacífico y no por el Atlántico.
¿Qué significa un corredor bioceánico?
Un corredor bioceánico es una infraestructura de transporte que facilita la conexión directa entre dos océanos, optimizando el comercio internacional y el desarrollo económico. Estas rutas involucran la construcción de carreteras, ferrocarriles y puertos para manejar la logística a gran escala.
Los proyectos de corredores bioceánicos, como los que conectan el Atlántico con el Pacífico en Sudamérica no solo aceleran el flujo de mercancías, sino que también promueven la integración regional y el desarrollo económico. Además, estimulan la diversificación económica y fortalecen las relaciones comerciales entre países de diversos continentes.
MTC anunció 6 nuevos trenes en Perú
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha impulsado la construcción de seis megaobras que buscan conectar la costa, sierra y selva de Perú. Aquí las megaproyectos:
Ferrocarril Lima – Ica
Ferrocarril San Juan de Marcona – Andahuaylas
Ferrocarril Lima – Barranca
Ferrocarril Trujillo – Barranca
Ferrocarril Lambayeque – Cajamarca
Ferrocarril Hidroeléctrica – Quillabamba
 
 
 
 
 
BOLIVIA: PAGOS DIFERIDOS PARA IMPORTACIÓN DE LA ADUANA NACIONAL ENTRAN EN VIGENCIA
 
Portal Portuario de Chile (https://acortar.link/BWmb0b)
 
La Aduana Nacional de Bolivia (AN) informó que la medida de Pagos Diferidos para agilizar el comercio entraron en vigencia.
En detalle, el Reglamento de Pagos Diferidos a Tributos Aduaneros de Importación aplicable a “Declaración de Importación” bajo la modalidad de Despacho General.
Para solicitar los pagos diferidos, el gerente regional de Aduana Potosí, Alex Yamil Mamani, señaló que “el comerciante o importador tiene la facilidad de nacionalizar su mercancía con el pago de una cuota inicial del 40% que posibilita la liberación de su mercancía y, la prórroga de pago restante del 60% en cuotas mensuales, bimestrales, trimestrales o semestrales dentro la gestión; previa presentación de garantía (s) a primer requerimiento”.
Asimismo, Mamani menciono que el procedimiento debe contar con la Declaración de Mercancías de Importación (DIM), además de estar registrado en el Formulario de Solicitud de Pagos Diferidos en el Sistema Único de Modernización Aduanera (Suma).
También, el ente aduanero dijo que el número y modalidades de cuotas diferidas no excederán el año de su autorización, por lo que se deberá hacer el pago total de los tributos dentro de este plazo.
Por otra parte, las garantías deberán estar registradas por el importador en el Sistema de Registro de Garantías Tributarias y de Actuación (Srgta).
 
 
 
 
 
EL CÓDIGO NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE CUMPLE 10 AÑOS
 
 
Está vigente desde el 17 de julio de 2014
 
Unicef Org. (https://acortar.link/p44oxW)
 
El 17 de julio de 2024 es una fecha importante para los bolivianos, especialmente para aquellos que tienen menos de 18 años. Ese día se conmemoran los diez años de vigencia de la Ley 548 Código Niña, Niño y Adolescente. Hoy, casi 4 millones de niñas, niños y adolescentes bolivianos se acogen y benefician de esta norma que trajo un cambio de visión sobre ellos mismos, y el rol que el Estado asume en relación con la garantía de sus derechos.
Mediante este Código, Bolivia armonizó su marco normativo nacional al internacional con la suscripción de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, que este año cumple 35 años de su adopción, y con la Constitución Política del Estado de 2009.
Entre los avances, se destaca que el Código reconoce, desarrolla y regula el ejercicio de los derechos de la niña, niño y adolescente, y define un catálogo de derechos amplio entre los cuales figuran: el derecho a la vida, un nivel de vida adecuado, la salud, tener una familia, o la protección frente a cualquier forma de violencia, entre varios otros.
Para el logro de estos derechos se establece el Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SIPPROINA), constituido por un conjunto articulado de órganos, instancias, instituciones, organizaciones, entidades y servicios, que funciona en todos los niveles del Estado, a través de acciones intersectoriales. 
El Código determina el derecho a la participación de la niñez y adolescencia. Los representantes del Comité Plurinacional Niño, Niña y Adolescente son elegidos mediante un proceso democrático, que se inicia en las unidades educativas de todo el país. El proceso eleccionario les da representatividad, legitimidad y legalidad.
También persisten los desafíos, como el establecimiento de los mecanismos e instancias definidos por el Código, como es el caso del Programa de Prevención y Protección Social para Niñas, Niños y Adolescentes; y el Programa Integral de Lucha contra la Violencia Sexual a Niñas, Niños o Adolescentes.
Una deuda que tiene el Código con la niñez y adolescencia es la relacionada con la prevención y atención de la violencia. Esto abarca desde el castigo corporal ejercido como forma de crianza hasta la extrema violencia como la agresión sexual, particularmente cuando las niñas y adolescentes mujeres son las víctimas.
El 7 y 8 de noviembre de este año se celebrará en Bogotá, Colombia, la Primera Conferencia Ministerial Mundial para Poner Fin a la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes. En este evento participará el Gobierno de Bolivia, lo que representa una oportunidad clave para fortalecer los avances del Código sobre este importante tema.
La lucha por el cumplimiento efectivo de los derechos de la niñez es, en esencia, acción. En las últimas dos décadas el Gobierno ha realizado grandes esfuerzos para alcanzar mejoras significativas en varios ámbitos de la vida de las niñas, los niños y adolescentes, tales como la reducción de la mortalidad materna, la desnutrición y la mortalidad infantiles. Sin embargo, todavía existen carencias sociales en salud, educación y protección, que han sido acentuadas a partir de la pandemia y que deben ser atendidas con alta prioridad. Dentro de los grupos más vulnerables se encuentran el de la primera infancia, las niñas, niños y adolescentes con discapacidades, los indígenas, y afrodescendientes.
De manera acertada, la actual gestión del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades se ha marcado importantes metas de gestión hacia el fortalecimiento del Sistema de Protección Integral de Niñez para remover obstáculos estructurales al ejercicio de los derechos de la niñez y adolescencia. Dos ejemplos de esta agenda son el desarrollo del Sistema de Información de la Niña, Niño y Adolescente (SINNA), el modelo de redes funcionales o la evaluación del mismo Código, a las cuales UNICEF ha venido apoyando mediante su asistencia técnica.
La implementación efectiva del Sistema Integral de Protección de la Niñez que define el Código no está sujeto sólo a la asignación de recursos sino depende también de una estrategia de implementación de la política pública basada en la coordinación y articulación de las funciones a cargo de las instituciones del sistema. En ese sentido, se recomienda el diseño de un sistema de evaluación del funcionamiento del sistema y cumplimiento de resultados y los efectos e impactos alcanzados en relación con los costos identificados.
La promulgación del Código fue, no cabe duda alguna, un avance significativo hacia el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia boliviana. Sin embargo, las acciones legislativas y políticas solo son efectivas si van acompañadas de las medidas presupuestarias y de inversión correspondientes y acordes con los desafíos y brechas que se quieren superar.
 
 
 
 
 
LOS CHOLETS DE LOS MILLONARIOS AIMARAS DE BOLIVIA
 
Fusión cultural. Estos edificios temáticos, que incluyen en sus fachadas enormes figuras del cine y la televisión, son inversiones que superan el millón de dólares e incluyen hoteles, restaurantes, salones de baile y centros comerciales. Sus propietarios lo consideran un legado de sus familias. La República conoció esta singular arquitectura ubicada en El Alto.
 
La República de Perú (https://acortar.link/ufb39N)
 
Los aimaras de El Alto, en La Paz, Bolivia, no conocen nada del economista escocés Adam Smith, pero son los más grandes capitalistas del país altiplano. Tal vez por ello los comerciantes más prósperos invierten su dinero en los llamados “cholets”, edificios de diseño tridimensional con temática de Los Transformers, Los caballeros del Zodiaco, Iron Man, entre otros personajes del cine y entretenimiento.
Las nuevas torres tienen también a Dragon Ball, mientras otras optan por graficar camiones, en alusión al transporte de mercadería en la cual radica su economía.
Los cholets, que suelen superar los 10 pisos, albergan lujosos salones de baile, hoteles, restaurantes y centros comerciales.
Se comenzaron a crear desde el 2000 como una expresión de la recuperación económica que experimentaba el país altiplánico.
El diseño está a cargo de arquitectos especializados, que deben amoldar la distribución de espacios y seguridad a la temática elegida por el propietario.
¿Qué es “cholet”? Es una palabra acuñada hace aproximadamente 20 años para identificar a los alteños más adinerados que se sienten orgullosos de su pasado, historia y cultura. Surge de combinar “chalet”, que son las viviendas unipersonales francesas de estilo montañés, y “cholo”, persona de ascendencia indígena.
“Somos aimaras, pero tenemos modernidad”
Caminamos por estas calles y llegamos al cholet El Sol, vigilado por Bumblebee de Los Transformers. Nos recibe el administrador Marco Apaza. “Así como los pitucos tienen sus edificios, los cholos tenemos lo nuestro. Nos damos un buen trato y encima nuestros locales son más bonitos. Si no, para qué trabajamos. Qué nos vamos a llevar de esta vida. Nosotros, sin negar nuestro pasado, progresamos. Somos aimaras, pero también tenemos modernidad. Además, es inversión, ¿no ve? Se alquila y se recupera”, exclama.
Este alteño sabe que, de entre todos los cholets, el suyo se lleva todas las miradas.
El robot de la saga tiene 4 metros y fue mandado a construir exclusivamente. Descansa en una plataforma entre el tercer y cuarto piso. Todo el edificio se mimetiza con el amarillo, hasta el décimo piso.
Avanzamos una cuadra y llegamos al “Crucero de los Andes”. Lo novedoso de este cholet es un enorme barco en el piso 11. Su ubicación da la apariencia de estar en el aire.
También aquí encontramos restaurantes y salones VIP caracterizados por la iluminación tridimensional. No obstante, se incluyen imágenes de la cultura tiahuanaco, la diablada boliviana y otras danzas autóctonas. “El proyecto demoró seis años en ejecutarse”, cuenta un trabajador de esta singular estructura.
¿Y por qué un barco? La razón, cuenta aquí, se debió a un momento coyuntural en Bolivia relacionado a la reivindicación marítima.
Invita a peruanos
Nos encontramos con Deimar Mamani Apaza, administrador del salón de eventos Megatrón VIP. Nos cuenta que estas infraestructuras particulares son una tendencia que no va a retroceder porque representa a la sociedad boliviana pujante.
“Puede parecer extravagante, pero son obras de arte atractivas para cualquiera, es nuestra cultura. Además, es un legado de nuestra familia”, precisó.
“Hermanos peruanos, vengan a visitar El Alto y los cholets, tenemos mucha variedad, es una bonita experiencia”, añadió.
Muchas agencias de turismo han implementado paseos turísticos exclusivamente para conocer varios cholets.
Fuente de ingresos
“Nosotros estamos contentos porque visualmente son muy bonitos y mueven la economía. Al venir gente hay más consumo. Todo se vende. Estamos contentos. Además, es de por sí artístico y muchos se vienen a tomar fotos”, cuenta Lina Chambilla, comerciante de comida a las afueras de El Sol.
Así como ella, también muchos comerciantes informales se benefician de manera indirecta con la llegada de turistas.
El Alto alberga más de un millón de habitantes. Casi la totalidad reside en viviendas que no están estucadas, por lo que el color ladrillo es la característica más notoria de esta ciudad considerada el emporio comercial más importante del país altiplánico.
En medio de este contexto urbanístico, los cholets suponen el lado artístico y a la vez son el sello de la arquitectura andina adaptada a la modernidad.
Son proyectos inmobiliarios que suponen una inversión que oscila entre uno y dos millones de dólares. Los alquileres, a largo plazo, garantizan la recuperación de lo invertido.
“Cuanto más llamativo el edificio, se asegura más clientes”, sostienen los lugareños.
El elevado costo se debe a los acabados, pero también a la amplitud de los terrenos.
Algunas de estas propiedades tienen hasta 700 metros cuadrados sobre los que se levantan los edificios. Hay varios que están en construcción, lo cual se deja notar cuando se pasea por el teleférico de la zona.
El último piso, destinado al dueño
Casi todos tienen ascensor. Sin embargo, el último piso, llamada simplemente “chalet”, está reservado para el dueño. Es su vivienda. Y cuenta con su propio mirador.
Los cholets están arraigados a la cultura local y supone reafirmarse en el estatus social.
Alquilar un salón de eventos en estos edificios cuesta en promedio 3 mil dólares (cerca de 11.500 soles). Los alteños sostienen que, si no hay demanda, ellos la crean. Si ello supone introducir imágenes comerciales de otros países, lo hacen con gusto. No pierden su identidad, fusionan elementos. Tal vez desconozcan la teoría económica de Smith, pero tienen en claro que solo así hay mercado y progreso.
 
 
 
 
 
NAKAYAMA: ‘PANAMÁ ES UN PUNTO DE UNIÓN NATURAL ENTRE EL MERCOSUR Y CENTROAMÉRICA’
 
El senador paraguayo, Eduardo Nakayama, destacó que el deseo del presidente de la República, José Raúl Mulino, de unirse al mecanismo puede fortalecer las importaciones y exportaciones entre los países
 
La Estrella de Panamá (https://acortar.link/IuhIL1)
 
A juicio del senador paraguayo, Eduardo Nakayama, la intención del gobierno panameño de unirse, como Estado Asociado, al Mercado Común del Sur (Mercosur), refleja una “visión estratégica y sumamente adelantada”, al resto de los países de América Central y el Caribe, así lo mencionó el pasado 11 de julio, en entrevista con este medio.
“El Mercosur está conformado por los países que más alimentos producen en la región y está desarrollando el Corredor Biocéanico Central, de más de 2,472 kilómetros y conecta el puerto de Porto Alegre (Brasil) con uno de los tres puertos de la región de Coquimbo (Chile)”, destacó.
La agrupación de naciones está conformada por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela (suspendida desde agosto de 2017). Estados Asociados: Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Bolivia.
Datos de la Oficina de Inteligencia Comercial (Intelcom), del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), muestran que, Panamá ha exportado $61.4 millones en productos, entre 2010 y 2024, siendo $1.7 millones lo correspondiente al primer trimestre de este año.
Desde 2010 hasta la fecha, el país que más exportaciones nacionales ha recibido es Brasil ($55.7 millones), seguido muy de lejos por Uruguay ($2.2 millones), Argentina ($1.9 millones) y Paraguay ($1.8 millones).
En materia de puertos, los que más embarques han tenido son: Puerto Manzanillo ($50.8 millones), Puerto Cristóbal ($8 millones), Puerto Balboa ($800.000), Colon Container Terminal ($600.000) y Rodman ($500.000).
“Panamá es el ‘hub’ más importante de las Américas y ver la posibilidad de crear alianzas hacia un hub sub continental podría llegar a ser muy relevante, fortaleciendo la conexión de este país con el polo sudamericano”, analizó Nakayama.
“Panamá es un punto de unión natural entre el Mercosur y Centroamérica y con esta posible incorporación puede fortalecer su liderazgo, a nivel regional”, agregó.
Información divulgada en el portal de estadísticas de Mercosur muestra que, en lo que va del año, han exportado 125.063,3, a nivel mundial, haciendo énfasis en China (27,7%), la Unión Europea (13,3%) y Estados Unidos (11,9%).
En materia de importaciones, han generado $97.846,7 millones, siendo sus principales mercados China (26,4%), la Unión Europea (19,9%) y Estados Unidos (15,8%).
El titular del Mici, Julio Moltó, dijo a EFE que Panamá iniciará las “conversaciones” lo “antes posible” para adherirse al mecanismo. “La instrucción es que generemos las conversaciones (...) y creo que por esa vía debe ir, como un Estado Asociado para entrar en el Mercosur”, afirmó el ministro.
Según la página web de Mercosur, la solicitud “para adquirir la condición de Estado Asociado se presenta ante el Consejo del Mercado Común, canalizándola por intermedio de la Presidencia Pro tempore”, ahora en manos de Uruguay después del traspaso de Paraguay, el pasado lunes.
Los Estados Asociados “son aquellos miembros de la Asociación Latinoamericana de integración con los cuales el Mercosur suscribe acuerdos de libre comercio, y que posteriormente solicitan ser considerados como tales”.
También están autorizados a participar en las reuniones de órganos del bloque que traten temas de interés común, según la información oficial.
El presidente Mulino asistió, el pasado 8 de julio, a la 64 cumbre el bloque comercial en Asunción, Paraguay, en donde se reunió con sus homólogos de Paraguay, Santiago Peña, y Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para sentar las bases de posibles acuerdos comerciales a futuro.
Moltó declaró a EFE que su cartera ha recibido la “instrucción” de que “antes de seis meses”, cuando se celebre la próxima reunión con Mercosur, deben “tener algo ya establecido y conversado”.
“Así que ahora nos toca establecer todos esos protocolos con la Cancillería a través del canciller (Javier Martínez-Acha) para hacerlo propiamente entre países y las conversaciones deben iniciar lo antes posible”, agregó el ministro panameño.
El titular del Mici señaló que van a “conversar con la empresa privada local” para “hacer todas las consultas pertinentes para lograr un acuerdo que sea beneficioso para Panamá y para el Mercosur”.