Bolivia
advirtió que Chile “confunde y desnaturaliza” la demanda marítima que interpuso
en su contra, en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con la divulgación
del documento Chile y la aspiración marítima boliviana. Mito y realidad que
elaboró Santiago. “Debemos responder los argumentos sostenidos por el
Gobierno de Chile quien (sic) busca confundir con este texto a la opinión pública
internacional, además trata de desnaturalizar el objeto de nuestra demanda”,
afirmó el canciller David Choquehuanca.
El canciller de
Bolivia, David Choquehuanca, detalló 18 violaciones de Chile al Tratado de 1904
y a otros acuerdos complementarios de dicho documento histórico, en desmedro a
la economía del Estado Plurinacional.
Choquehuanca,
en rueda de prensa, que el documento del vecino país, titulado “Chile y la
aspiración marítima boliviana, mito o realidad”, simplemente busca confundir a
la opinión pública internacional.
“Debemos
responder los argumentos chilenos, que buscan confundir a la opinión pública
internacional, además trata de desnaturalizar el objeto esencial de nuestra
demanda ante la Corte Internacional de Justicia. El gobierno de Chile en ese
documento dice que Bolivia tiene acceso al mar, pero lo que Bolivia en realidad
tiene son algunas pobres facilidades que sirven sólo como paliativos y no pueden
compararse en absoluto con un acceso libre y soberano al mar”, aseveró.
Más aún
–agregó– que Chile fue reduciendo esas pocas facilidades a lo largo de los
años, en franca violación del Tratado de 1904.
“En 1904,
Bolivia y Chile suscribieron un tratado por el que Chile se obligó a otorgar a
Bolivia, libre tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico,
dicho régimen fue complementado por otros acuerdos complementarios. Mediante la
Convención sobre Tránsito del 16 de agosto de 1937, el gobierno chileno
reconoce y garantiza el más amplio libre tránsito, a través de su territorio y
puertos, para las personas y carga boliviana”, sostuvo.
La autoridad
indicó que la mencionada Convención dice textualmente que “comprende toda clase
de carga y en todo tiempo sin excepción alguna”.
“Mientras el
artículo 6 del Tratado de 1904 menciona que Chile reconoce en favor de Bolivia
y a perpetuidad el más amplio, el libre tránsito comercial, por su territorio y
puertos del Pacífico. Lo que nunca mencionan o no les gusta leer es lo que dice
que ‘ambos gobiernos acordarán en actos especiales la reglamentación
conveniente para asegurar sin perjuicios para sus respectivos intereses
fiscales’, entonces nunca debía existir ninguna medida unilateral”, explicó.
Sin embargo,
Chile –según el Canciller– de manera unilateral fue imponiendo e impone normas
y acciones en contra del libre tránsito boliviano y en su texto sobre la
aspiración marítima boliviana señala que cumple rigurosamente el Tratado.
“Pero eso no es cierto”, apuntó.
Violaciones al
Tratado
“Quiero citar
sólo algunas de las violaciones flagrantes hechas por Chile al Tratado a lo
largo de la historia”, aseveró Choquehuanca.
1.- Chile
vulneró el artículo sexto del Tratado de 1904, en momento cruciales de la historia
boliviana, impidiendo en plena Guerra del Chaco (1932-1935) entre Bolivia y
Paraguay, la internación de armas para Bolivia por puertos de Chile.
2.- En 1952,
embargó miles de toneladas de estaño boliviano para la exportación, ante la
sola gestión del magnate minero Simón Patiño.
3.- En 1997,
prohibió el acopio y transporte de minerales de plomo en el puerto de
Antofagasta. Esta prohibición está vigente hasta el presente.
4.- En 2004,
Chile privatizó unilateralmente los puertos de Arica y Antofagasta pretendiendo
obligar a Bolivia a someterse a intereses de concesionarios privados y
vulnerando los derechos de Bolivia comprometidos en el Tratado en una relación
exclusiva entre Estados.
5.- El 7 de
septiembre de 2012, de pronto el gobierno de Chile exigió la libreta de
tripulante a conductores bolivianos que transportan carga de ultramar.
“Nosotros entendemos que ellos pueden exigir este documento cuando se trata de
carga con destino a Chile, pero nunca cuando se trata de carga de ultramar.
Nunca nos exigieron hasta entonces, pero desde que Bolivia empezó a tomar
acciones para recuperar su mar con soberanía, ellos empezaron a tomar medidas
que nos perjudican”, manifestó.
6.- El 20 de
septiembre de 2012, hubo una huelga de los trabajadores chilenos en la terminal
internacional puerto de Antofagasta y la medida ocasionó grandes pérdidas a
Bolivia obstaculizando el libre tránsito de sus vehículos.
7.- El 30 de
octubre de 2012, se registró una restricción unilateral del ingreso al
territorio chileno de varios vehículos de transporte de alto tonelaje de
Bolivia con fabricación inferior al año 2000. “De pronto se le ocurre alguna
autoridad aplicar esta medida de restricción, en ningún lugar del Tratado dice
que ellos deben implementar de manera unilateral, es más, debería implementarse
de manera conjunta, pero ni nos consultaron, de pronto nuestros transportistas
se encontraron de que ya no pueden pasar con vehículos de modelos inferiores al
año 2000”, cuestionó.
8.- El 28 de
noviembre de 2012, Chile implementó una exigencia unilateral de permisos
ocasionales y permisos complementarios a transportistas bolivianos, así como el
decomiso de licencias de conducir. “Lo mismo de manera unilateral, empezaron a
decomisar las licencias de conducir de nuestros exportadores e importadores”,
recordó.
9.- El 31 de
diciembre de 2012, hubo una imposición unilateral de revisiones técnicas de
vehículos de transporte pesado, ocasionando grandes filas y perjuicios al
transporte internacional boliviano. “Lo mismo, de pronto se lo iluminó a algún
chileno y se decidió revisar técnicamente nuestros camiones, revisando cada
camión entre dos a tres horas, esto no sólo atenta al libre tránsito, sino es
una ofensa para los bolivianos”, declaró.
10.- El 14 de
enero de 2013, provocaron una congestión de camiones de carga de exportación
boliviana en el paso fronterizo de Chungará, debido a la falta de servicio
eléctrico en dicho lugar. “Dijeron nos cortaron el servicio eléctrico y el
sistema no funciona, impidiendo el tránsito de nuestros camiones”, señaló
Choquehuanca.
11.- El 17 de
abril de 2013, se procedió a la confiscación unilateral de licencias de
conducir de los transportistas bolivianos porque estaban mal parqueados. “Un
carabinero les dijo están mal parqueados y les decomisaron sus licencias, o
cualquier otra causa que los carabineros de Chile se inventan, si nosotros
escucháramos a nuestros transportistas, los atropellos y ofensas que tienen que
encarar, es como para escribir un libro”, afirmó.
12.- En abril
de 2013, un paro de actividades de alrededor de 21 días, realizado por
trabajadores del puerto de la ciudad de Iquique, perjudicó enormemente el
comercio exterior boliviano.
13.- El 17 de
abril de 2013, se registró la imposición de normativas unilaterales de
transporte internacional terrestre. “De pronto un montón de reglamentos que nos
pasaron y nos dijeron que tenemos que cumplir, pero de acuerdo a los convenios
y el Tratado jamás estas medidas se deberían implementar de manera unilateral”,
insistió.
14.- El 6 de
mayo de 2013, se impuso un seguro obligatorio contra accidentes personales.
“¿Por qué recién en 2013? ¿Por qué empiezan a tomar estas medidas? Nosotros no
estamos en contra de un seguro, estamos de acuerdo, pero lo que rechazamos es
esta imposición unilateral que viola el Tratado de 1904”, aseveró.
15.- El 14 y 15
de noviembre de 2013, el paro de la asociación nacional de funcionarios de la
Aduana de Chile provocó otro perjuicio al transporte boliviano.
16.- El 19 de
noviembre de 2013, otro paro de los funcionarios de la Aduana.
17.- Del 25 al
30 de noviembre de 2013, hubo un nuevo paro de la asociación nacional de
funcionarios de la Aduana de Chile.
18.- Del 6 al
28 de enero de 2014, se registró otro paro laboral portuario en Iquique con
grandes impactos económicos al comercio exterior de Bolivia. “¿Dónde está ese
libre tránsito en todo momento y sin ninguna restricción?”, cuestionó el
Canciller.
“Todas estas
medidas y acciones unilaterales, son confiscatorias de los derechos bolivianos
y provocan día a día, millonarias pérdidas y daños a nuestro comercio
exterior”, puntualizó.
EDITORIAL.
ACERTADA OBJECIÓN A LA COMPETENCIA DE LA HAYA
Chile
ha enviado dos señales muy claras: su rechazo a la demanda boliviana y su
irrestricto respeto por los tratados y la estabilidad de las fronteras.
La
Tercera de Chile (www.latercera.com)
LA PRESIDENTA
de la República resolvió objetar la competencia de la Corte de La Haya en el
juicio que Bolivia interpuso en contra de Chile, mediante la presentación de
objeciones preliminares a su jurisdicción, recurriendo a un mecanismo que
contempla la institucionalidad que rige este tribunal. La decisión que tomó la
Mandataria y el equipo a cargo de la defensa nacional es acertada -en ello ha
contado con el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas y ex
cancilleres, como también de un sinnúmero de especialistas, además de los
cuatro ex presidentes-, porque refuerza la postura chilena de restar toda
validez a la acción boliviana, que a través de un artilugio jurídico pretende
desconocer la vigencia del Tratado de 1904. La objeción preliminar
salvaguarda correctamente la defensa de los intereses nacionales, con la
ventaja que de ser acogida, evitaría que este juicio se extienda
innecesariamente.
La actitud
que se ha visto en la contienda con Bolivia es distinta de lo que se observó en
la demanda que interpuso Perú. Entonces no se alegó incompetencia alguna frente
a la corte -pese a que Perú desconocía un límite fijado por un tratado vigente-
y se aceptó que el juicio siguiera su curso sin reservas, lo que finalmente
devino en una sentencia “salomónica”, pese a que el tribunal dio plena razón a
los argumentos presentados por Chile. La constatación de que la corte no sólo
atiende argumentos jurídicos sino que también toma en cuenta criterios de “equidad”,
motivó una amplia discusión en el país acerca de cómo proceder en el caso de
Bolivia. Ello permitió a la Presidenta escuchar todas las opiniones y tomar una
decisión plenamente fundada, que envía una nítida señal sobre el completo
desacuerdo del país con esta acción ante La Haya, y es acertado que ello se
haya dejado establecido en esta fase y no en la contramemoria, que debería
presentarse en 2015.
El alegato
chileno cuenta con pleno sustento jurídico, pues el Tratado de 1904 antecede al
Pacto de Bogotá de 1948, el cual entrega jurisdicción a la corte y le impide
pronunciarse sobre materias ocurridas con anterioridad a ese año. Por lo demás,
el Tratado de 1904 fijó las fronteras entre ambos países de manera definitiva,
cuestión que no ha sido objetada por Bolivia en su memoria, si bien alega que
dicho tratado fue firmado en condiciones desventajosas y bajo presión, de lo
cual existe evidencia en contrario. Estos antecedentes conforman una sólida
argumentación a favor de Chile, lo que explica por qué Bolivia tuvo que
recurrir a un artilugio para burlar el Tratado de 1904 y por esa vía intentar
conseguir un acceso soberano al mar. Acertadamente, la Presidenta ha señalado
que la defensa de Chile coincide con principios esenciales del derecho
internacional, “incluyendo de manera principal la inviolabilidad de los
tratados y la estabilidad de las fronteras”. Ello refuta completamente los
dichos del Presidente boliviano, Evo Morales, quien señaló que es
contradictorio que Chile se manifieste respetuoso del derecho y, a su vez,
desconozca la competencia de la corte.
La nueva fase
que se abre en este proceso obliga a Chile a reforzar su ofensiva política y
diplomática en relación a la demanda boliviana, para evitar que se instale la
idea de que Bolivia no cuenta con acceso al mar, en circunstancias que, en
virtud del Tratado de 1904, dispone de pleno acceso al Pacífico por puertos
chilenos. La diplomacia chilena ha sido eficiente para impedir que la
mediterraneidad de Bolivia constituya una causa regional, lo que se refuerza
con la política de Estado que se ha seguido en relación con este tema.
DEMANDA BOLIVIANA: LA ARRIESGADA APUESTA DE BACHELET
La Tercera de Chile (www.voces.latercera.com)
El Pacto de
Bogotá –suscrito por 21 países de toda América en abril de 1948– es un
compromiso de los países firmantes de resolver sus conflictos de modo pacífico.
Desde luego, el pacto contempla muchos mecanismos para aquello, entre los que se cuenta el otorgamiento de
jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Es decir, la
CIJ tiene competencia porque los países firmantes –entre ellos Chile y Bolivia–
así lo acordaron. Sin embargo, hay un detalle importante: el tratado establece
que la Corte no tendrá jurisdicción para pronunciarse sobre los tratados firmados
antes del Pacto de Bogotá. Y este es
justamente el caso entre Chile y Bolivia, quienes establecieron sus fronteras a
perpetuidad en el Tratado de Paz y Amistad de octubre de 1904.
Así las cosas,
la posición de Chile es que este conflicto debe ser resuelto por algún otro
mecanismo pacífico establecido en el Pacto de Bogotá, pero no a través de la
CIJ. Ahora bien, no todo es tan
sencillo dado que es la CIJ la que debe pronunciarse acerca de su propia
competencia para conocer de la demanda boliviana. Es por ello que Chile
debe alegar ante la CIJ su incompetencia, disponiendo de dos momentos
procesales para hacerlo: la primera, como objeción preliminar antes de los 90
días contados desde la presentación de la memoria boliviana (plazo que vence en
una semana más); y la segunda, en la contramemoria; es decir, en el juicio
mismo al contestar la demanda boliviana.
Durante meses
los expertos en materia de Derecho Internacional, los parlamentarios, los ex
cancilleres y los ex presidentes han debatido acerca de cuál de estos dos
momentos es el más conveniente para la defensa chilena. Pareció –y esto es una
percepción mía– que en un momento tomó fuerza la idea de alegar la jurisdicción
de la CIJ durante el juicio. El
principal argumento para ello es que si la CIJ rechaza la objeción preliminar,
Chile luego se quedaría sin su principal argumento durante el juicio, cosa
tremendamente peligrosa para nuestra defensa.
Sin embargo,
algunos actores –entre ellos los parlamentarios– empezaron a empujar la idea de
impugnar la jurisdicción de la CIJ en la primera instancia procesal, antes del
inicio del juicio. Con ello, los parlamentarios buscaban que Chile diera
muestra de una convicción absoluta acerca de la incompetencia de la Corte,
sobre todo luego del tibio e incomprensible fallo de la CIJ en el conflicto con
el Perú. Además, con ello se busca
instalar la idea de que lo que en realidad busca Bolivia es la revisión
judicial de un tratado válido, reconocido por ambas partes y que se encuentra
vigente –lo cual es inconcebible– y atraerá la atención de todos los
países que han conferido jurisdicción a esta Corte, y que no mirarán con buenos
ojos que ésta se irrogue la facultad de revisar tratados vigentes.
Finalmente,
presentar esta objeción preliminar permitirá acortar significativamente el
juicio, evitando nuevas manifestaciones
de algunos países de la región en favor de la salida soberana al mar para
Bolivia.
En esta
materia, hoy Chile está unido detrás de la presidenta. Esperemos que el tiempo
también le dé la razón.
DEMANDA MARÍTIMA DE BOLIVIA: TÁCTICA Y ESTRATEGIA
La Tercera de Chile (www.voces.latercera.com)
Los militares
(y Benedetti) suelen hablar de táctica y estrategia. Lo que ocurrió en estos
días tiene algo de marcial, sin duda, pero también de poético.
La estrategia
para Chile estaba clara desde un inicio: solicitar la incompetencia de la Corte
de La Haya en el reclamo que interpuso Bolivia que pide iniciar negociaciones
para lograr una salida soberana al mar.
Esto era inadmisible para Chile porque —afirma— estaría en juego el tratado de
límites entre ambos países, que fue firmado muchos años antes que la Corte de
la Haya siquiera existiese.
La Sociedad de
las Naciones (el antecedente inmediato de Naciones Unidas) quiso hacer cosas
similares —revisar tratados limítrofes— y así le fue. Años después
de su creación el mundo estalló en pedazos en la Segunda Guerra Mundial. A
partir de entonces, Naciones Unidas sólo se ocupa de que los tratados se
cumplan y no mucho más Bolivia intentaba que la historia no se repitiera.
En 1920 y 1921, cuando pidió la revisión del Tratado de 1904 ante la misma
Sociedad de las Naciones, fracasó y fue abandonada incluso por el Perú. Hoy,
más de 100 años después, intenta cuidarse y evita siquiera mencionarlo,
sabedora de que la Corte solo puede pronunciarse sobre casos posteriores a su
creación.
Era sobre la
táctica donde había discusión en Chile: hacerlo
ahora, aduciendo cuestiones de forma, o dentro de unos meses cuando se vieran
las cuestiones de fondo.
La decisión,
además, tenía la presión unánime de la clase política y la opinión pública; muy
pocas voces expresaron públicamente la posibilidad de optar por otra
alternativa. Los invito a pensar en el escenario que se hubiera abierto si la
Presidenta Michelle Bachelet no tomaba la decisión que adoptó: hoy
estaríamos inmersos en una seria crisis política en lugar de admirar el
espaldarazo transversal que recibió el gobierno.
El riesgo que
había para Chile, que seguramente se barajó con detenimiento -que la Corte
declare improcedente la objeción preliminar- y que podría entenderse como un
triunfo comunicacional de Bolivia, no fue tan relevante a la hora de decidir la
táctica a seguir. Era tal la unanimidad de las opiniones que no quedaban muchas
opciones. Además, en cosas como esta, lo que importa siempre es el resultado
final, no la forma en que se llegue a él.
En el caso de
Bolivia ocurrió algo similar, la estrategia fue la misma desde un inicio. En
cualquiera de los dos casos -si Chile presentaba la objeción ahora o dentro de
unos meses-, el gobierno de Morales habría actuado de igual manera: argüir que
esa decisión significa ignorar el derecho internacional y, en definitiva, darle
tácitamente la razón a Bolivia.
¿Qué es lo que
podemos esperar en el futuro? El peor escenario para Chile es que la Corte diga
que es competente; el peor para Bolivia es que se declarara incompetente.
En el ancho
camino del medio hay otras opciones, ninguna de las cuales convence mucho a los
dos países. Por ejemplo, que la Corte diga: “veamos las cuestiones de fondo y
después vemos si somos competentes o no”, lo cual quiere decir “ni uno ni otro,
sino quién sabe”.
Todo será
cuestión de tiempo, el camino podrá ser más largo o más corto, pero como dice
el refrán, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. La Corte
deberá pronunciarse y conoceremos un veredicto que, guste o no, será
profundamente político. El derecho lo es en esencia.
Ahora bien, al
margen de ese veredicto, el único problema que tendremos todos al final del día
es que pase lo que pase, sea cara o cruz, Chile y Bolivia seguirán siendo
vecinos. Esa es la realidad objetiva. Todo lo demás está en nuestras manos.
Memorias
detallan relaciones vecinales en dictadura
LA TRASTIENDA DEL ACUERDO DE CHARAÑA
El lunes por la
noche Michelle Bachelet anunció que Chile impugnará la competencia de la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para resolver la demanda boliviana.
Las relaciones entre ambos países nunca han gozado de mucha fluidez. En su
libro Confidencias Limeñas (Catalonia, 2014), el ex Ministro Consejero de Chile
en Perú (1976-81), Demetrio Infante, aborda capítulos desconocidos de las
relaciones diplomáticas entre Chile, Bolivia y Perú. En uno de sus capítulos
cuenta como se gestó el documento que sirvió de base para el “Acuerdo de
Charaña”, el cual reproducimos a continuación.
El Mostrador de Chile (www.elmostrador.cl)
En el mes de
agosto de 1974 me llamó a su oficina el subsecretario de Relaciones Exteriores,
capitán de Navío infante de Marina Claudio Collados, quien había sido nombrado
en el cargo en enero de ese año. (…) Al entrar a la oficina de Collados me
encontré que estaba allí Gastón Illanes, quien había terminado recién su
destinación de algo más de cinco años como ministro consejero en Lima.
Predicaba la idea de que en Perú existía entre los militares la idea de
aprovechar el difícil momento histórico por el que pasaba Chile, tanto en lo
interno como lo externo, para buscar la revancha de lo acaecido en 1879. Como
mencionaré más adelante, incluso el general Mercado Jarrín, que era canciller
peruano, había escrito sobre la materia. La presencia del general Velasco
Alvarado en el Palacio Pizarro, la ideología pseudo marxista de muchos de los
generales, que eran sus principales asesores, y las importantes compras de material
bélico que se habían hecho y se continuaban haciendo, como señalé antes,
avalaban esa aprensión.
El temor de
Gastón era compartido por la mayoría de los militares chilenos y los hechos,
como se sucedían, daban una base sólida a esa posibilidad. Collado nos dijo que
nos había citado para compartir con nosotros un oficio secreto remitido a la
Cancillería directamente por el presidente de la República, en el que pedía a
esa buscar los medios diplomáticos necesarios para neutralizar por lo menos por
seis meses a Bolivia. Nos dijo que nos constituyéramos como equipo de trabajo
en una oficina del segundo piso, que estaba a la izquierda del pasillo que daba
acceso a su oficina. Me agrego que había conversado con don Kiko el tema
y se había decidido que cuando el Asesor Político lo estimara necesario,
debería paralelamente colaborarle. Luego, cuando pasé a desempeñarme como jefe
de Gabinete del Ministerio, mantuve mi participación en el Grupo Charaña.
Gastón, por su
estadía en Lima, tenía conocimiento en detalle del tema boliviano, ya que desde
la Embajada se seguían de cerca las vinculaciones entre Lima y La paz. En lo
personal, el asunto me sobrepasaba en forma absoluta, por lo que me puse a
estudiar todos los papeles y publicaciones disponibles y con Illanes empezamos
a analizar la mejor manera de cumplir con el encargo. Después de conversar
latamente el tema entre nosotros, propusimos al Subsecretario, como método de
trabajo, la preparación de un documento que considerara todas las posibilidades
existentes para dar solución a la demanda boliviana de una salida al Océano
Pacífico, único medio efectivo para producir la neutralización solicitada desde
la Presidencia. Collados estuvo de acuerdo. Empezamos entonces a redactar en
conjunto un documento que considerara todas las alternativas. A veces yo me
sentaba frente a la máquina de escribir y a veces Gastón. Cuando me tocaba el
turno, mi compañero de trabajo seguía su tradicional costumbre de pasearse a
grandes zancadas en el reducido espacio de la oficina. De ese modo, decía, le
fluían con mayor rapidez y eficiencia las ideas. Tenía un “síndrome” parecido
al del ministro Carvajal, pero su velocidad de movimiento era muchísimo mayor
que la del Vicealmirante.
Empezamos con
cosas tan descabelladas como la devolución de todos los territorios que
pertenecieron a Bolivia antes de la Guerra del Pacífico o con la anulación del
tratado de 1904. A medida que iban naciendo nuevas alternativas, de algunas se
dejaba solo constancia y se desechaban por su obviedad, sin necesidad de dar un
argumento especial, como fue el caso de las mencionadas recién. Solo se
enunciaban. En otros casos, se argumentaba sobre las razones de la inviabilidad
de una determinada posibilidad. Así, el documento fue creciendo sin que nos
diéramos cuenta y cuando lo terminamos, pasaba las 80 páginas. El
Subsecretario, cada cierto tiempo, nos pedía cuenta del resultado de nuestro
esfuerzo, nos daba ideas y nos instaba a seguir adelante.
Al fin,
llegamos a la conclusión de que las posibilidades viables, después de una
negociación que considerara todas las variables que de una manera u otra
pudieran interferir con los intereses permanentes de Chile, eran dos: una, el
otorgamiento a Bolivia de un enclave con soberanía dentro de la provincia de
Antofagasta, a objeto de que allí construyera un puerto y pudiera desarrollar
todas las actividades que, según La Paz, le impedía su condición mediterránea;
la otra consistía en conceder a Bolivia un pedazo de playa situado entre la
Línea de la Concordia y Arica, donde pudiera construir un puerto, unido con el
Altiplano por medio de un corredor con soberanía. Esta posibilidad hacía
necesario solicitar el consentimiento del Perú, tal como lo establece el
Protocolo Complementario del tratado de 1929 suscrito entre Santiago y Lima.
Entregamos el
fruto de nuestro esfuerzo al Subsecretario Collados quien, después de
mostrárselo al Ministro, lo llevó donde el Presidente. Con Gastón esperamos
ansiosos en nuestras oficinas la recepción que la más alta autoridad le daría
al “ladrillo” que habíamos preparado, ya que estábamos convencidos de haber
cumplido bien con la tarea que nos habían encomendado. Para sorpresa y
desaliento nuestro, el general Pinochet encontró que el documento era una
soberana tontera que lo único que hacía era poner en riesgo los intereses
permanente de Chile. La instrucción fue que se mantuviera en absoluto secreto,
que se guardara bajo siete llaves y que quienes habíamos trabajado en él
mantuviéramos la boca cerrada. Nunca pensamos que un documento en el que nosotros
habíamos puesto tanto empeño y que considerábamos completo y acabado, fuera a
tener una recepción tan negativa como la que tuvo.
Nuestras
esperanzas de aprobación se fundaban, más allá del análisis de la difícil
coyuntura internacional que vivía Chile y de las realidades políticas del
momento –que nosotros estimábamos cubrir adecuadamente–, en la existencia de
ciertos antecedentes que nos hacían presumir que Pinochet tendría una actitud
más bien positiva al leerlo, pues habían circunstancias que permitían colegir
que tenía una posición proclive a encontrar un acuerdo con Bolivia. En marzo de
1974, en Brasilia, durante la transmisión de mando presidencial al general
Ernesto Geisel, se habían encontrado Banzer y Pinochet y ante el requerimiento
del boliviano sobre la necesidad de encontrar una solución al problema de la
mediterraneidad de Bolivia, el chileno le había expresado que contara con toda
su buena voluntad y que consideraba “que no era imposible que lleguemos a
entendernos”, como lo recuerda el historiador boliviano Ramiro Prudencio Lizón
en un libro titulado “Historia de la Negociación de Charaña”. (Prudencio pag.
22) Dicho sea de paso, este es un trabajo muy acabado publicado por la
Editorial Plural en el 2011, que debería servir de guía a todos aquellos
interesados con el tema.
Además,
teníamos presente que ambos países no tenían relaciones diplomáticas a nivel de
embajador desde 1962, años en que Bolivia las había suspendido después de que
la OEA resolvió a favor de Chile la controversia entablada por La Paz sobre el
río Laca. Pensamos que una aproximación usando elementos consignados en el
documento preparado permitiría restablecer las relaciones a nivel de embajador,
iniciándose así el proceso de “neutralización” solicitado. Adicionalmente, se
sabía que Pinochet tenía un aprecio especial por Bolivia por la circunstancia
que una hermana suya vivía en ese país. Sea como fuere, al final nuestro
esfuerzo tuvo como providencia el “tramite del cajón secreto”.
Pero las cosas
se continuaban dando de una manera preocupante para Santiago. El aumento del
potencial bélico peruano, especialmente con importantes compras hechas en la
Unión Soviética, la activa participación del Perú en el mundo internacional,
donde había incrementado sustantivamente sus relaciones con la URSS, Cuba y con
los países situados detrás de la Cortina de Hierro, aumentaban los temores de
los ocupantes del entonces edificio Diego Portales. A su vez, se debía tener
presente que Chile estaba partido política y socialmente, y que su situación
económica era pésima, lo que impedía cualquier intento de mejorar su nivel de
armamento. Por ello un problema en el norte no sería contra un país vecino,
sino de seguro contra los dos.
Como ya se
dijo, se había demostrado una comprensión entre Chile y Bolivia en Brasilia en
marzo de 1974. En diciembre de ese año, en la Declaración de Ayacucho, suscrita
en Lima con motivo del sesquicentenario de la batalla del mismo nombre, se
había aceptado la introducción de un párrafo en que se expresaba la más “alta
comprensión a la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia, situación
que debe demandar la consideración más atenta hacía entendimientos
constructivos”. Sin embargo, en términos estratégicos, aparecía clara ante las
autoridades chilenas la alternativa de una V2, esto es, tener que enfrentar a
dos vecinos simultáneamente. Se descartaba la posibilidad de una V3, pues en
ese instante las relaciones entre Santiago y Buenos Aires eran estables.
Ante esa
realidad, Pinochet, en un viaje que realizó al norte del país, invitó a Banzer
a juntarse a un punto de la frontera común altiplánica. Fue así como el 8 de
febrero de 1975 se produjo en la muy humilde localidad de Charaña, a 4.000
metros de altura, el encuentro entre ambos jefes de Estado. Al final de la cita
se suscribió la denominada “Acta de Charaña”, que entre otras cosas recordaba
lo establecido en la Declaración de Ayacucho y concluía con la normalización de
las relaciones diplomáticas entre ambos países a nivel de embajador. Los hechos
se precipitaron con gran rapidez y no había claridad acerca de cómo continuar.
Fue entonces cuando Pinochet se acordó del documento aquél, que tanto le había
desagradado, y pidió que en base a aquel se iniciaran los estudios del caso
para preparar la estrategia a seguir. Dentro de las alternativas que nosotros
habíamos considerado viables, se decidió concentrarse en la idea de un corredor
al norte de Arica. El enclave en la provincia de Antofagasta presentaba un
sinnúmero de dificultades, entre otras la imposibilidad de que Bolivia
accediera a un puerto propio con conexión soberana a su territorio, ya que de
hacerlo Chile quedaría dividido en dos partes y eso no sería aceptado por
Santiago. (…)
Pero retomemos
las negociaciones chileno-bolivianas para una salida al mar al país
Altiplánico. Ambos gobiernos procedieron a designar a sus respectivos
embajadores. Chile ascendió al grado de embajador a Rigoberto Díaz, funcionario
de carrera que se desempeñaba en La Paz como cónsul general. Era un hombre
perteneciente al Partido radical que gozaba de cierta simpatía de parte de
Pinochet pues había establecido una buena relación con los parientes
presidenciales que residían en La Paz. Se trataba de un tipo astuto e
imaginativo que poseía un buen nivel de aceptación en los diversos círculos
paceños. Prudencio (pág. 37) recuerda que se le definió como “uno de los
diplomáticos chilenos recordados con mayor afecto en La Paz por su gestión de
acercamiento, unida a su sencillez y afabilidad”. Bolivia, por su parte, nombró
a un destacado hombre público, millonario, según él, héroe de la Guerra del
Chaco, inteligente y con un don social extraordinario: Guillermo Gutiérrez
Vea-Murgia. Arrendó como residencia de su embajada una de las mejores casas del
barrio Vitacura y no escatimó esfuerzos por atender espléndidamente a lo más
grande de las elites política y social de Santiago, cosa que hacía gracias a su
fortuna personal. Visitó en muy poco tiempo a todas las personas influyentes de
la capital y cuando era necesario romper los a veces rígidos esquemas del mundo
diplomático, lo hacía. (…) Lógicamente, la opinión positiva que Gutiérrez V.M.
pudo tener del Ministro mutó radicalmente una vez que las negociaciones para la
cesión de un corredor fracasaron.(…)
En el caso de
las tratativas de 1975-1976, hay que agregar un elemento que, si bien no se
menciona, tuvo la mayor importancia para que fracasaran: la acción en extremo
activa de la embajada del Perú en La Paz para “descarrilar” las negociaciones.
El embajador Llosa Pautrat, quien años después sería secretario general de
Torre Tagle en el segundo gobierno de don Fernando Belaúnde, de quien era su
consuegro, fue incansable en su trabajo de oposición solapada al posible
corredor y se especula –no tengo pruebas para afirmarlo categóricamente- que contó
con importantes recursos para desarrollar libremente y sin límites de personas
y cantidad esa labor.
En cuanto a esa
desconfianza “congénita” boliviana, que impide llegar a acuerdos con Chile, el
caso más reciente es lo que sucedió con el río Silala, respecto de cuyas aguas
Bolivia alega que Chile hace uso abusivo. Después de años de tratativas de
delegaciones presididas por los respectivos viceministros de Relaciones
Exteriores, se logró un acuerdo que amabas partes consideraron justo y
satisfactorio. Cuando el texto fue llevado a La Paz para su aprobación final,
se levantaron las voces en eel Congreso diciendo que este era otro engaño
chileno, por lo cual era inaceptable su aprobación. Hasta ahí llegó el
esfuerzo.
Con pena colijo
que para llegar a un entendimiento definitivo con Bolivia deberá pasar a lo
menos una generación de bolivianos, a fin de que llegue a gobernar ese país una
nueva que esté dispuesta a analizar los hechos tal cual son en el mundo moderno
y, al mismo tiempo, sea capaz de desligarse de ataduras y suspicacias que lo
único que hacen es abortar cualquier iniciativa que permita avanzar de consumo.
OPINION: DEMANDA BOLIVIANA
La Tercera de Chile (www.latercera.com)
La decisión de
la Presidenta de la República me parece conveniente, aun cuando existe la
necesidad de una observación definitiva; es decir, apelar al artículo 53 de los
estatutos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Valoro que ella,
haciendo uso de sus facultades, se haya pronunciado por una medida política y no
por la que aconsejaban los abogados. Cualquiera fuese la oportunidad traería un
riesgo; de haberla diferido hasta la contramemoria habría significado seguir
bajo la intensa campaña comunicacional del Presidente Morales, inoculando a
través de todo el mundo el virus de nación mártir, culpando a nuestro país de
su falta de progreso y sensibilizando a la opinión mundial, a la cual no
estarían ajenos los jueces.
Ahora la
decisión está en la CIJ; de acuerdo a sus estatutos (art. 36.6), “en caso de
disputa en cuanto a si la corte tiene o no jurisdicción, la corte decidirá,
pudiendo incluso conforme al artículo 79 de su reglamento, con respecto a las
observaciones preliminares, decidir la necesidad de pronunciarse sobre
cualquier cuestión de competencia y admisibilidad por separado”.
Que “actos
unilaterales” puedan generar obligaciones jurídicas no parece importar. Estos
eran estudiados por más de una década bajo el patrocinio de Naciones Unidas,
habiendo acordado 10 principios rectores en 2006. Aunque la demanda boliviana
se funda en ellos, eso no significa que pueda prosperar en los términos en que
solicita, pero sí constituyen un campo propicio para que la CIJ repita el
criterio empleado en la demanda de Perú, apartándose nuevamente de lo
estrictamente jurídico.
Ojalá no se
reitere la grave omisión de nuestros abogados de no objetar la parte histórica,
pues la corte afirmó antes que Chile y Perú no eran países vecinos al obtener
sus independencias y que entre ambos estaba el territorio de Charcas, que llegó
a ser la República de Bolivia en 1825.
EL ESCENARIO Y LOS RIESGOS QUE SE LE PRESENTAN A CHILE
TRAS IMPUGNACIÓN A CORTE DE LA HAYA
El Mostrador de Chile (www.elmostrador.cl)
“Es una
decisión arriesgada, pero necesaria”, expresa un personero que ha seguido de
cerca el proceso, tras la presentación de la memoria boliviana el pasado 15 de
abril. En esa misma dirección, otras fuentes cercanas al caso advierten que es
un riesgo que se debe correr, y que como en todo juicio, existen las mismas
posibilidades tanto de ganar como de perder. Las mismas fuentes indican que una
posible derrota no tendría efectos jurídicos negativos para nuestro país, sólo
habría un “daño en el terreno mediático”.
El día después de, para muchos, la
“sorpresiva” determinación de la presidenta Michelle Bachelet comienzan a
hacerse evaluaciones de lo que fueron estos casi tres meses de consultas. El
diputado miembro de la comisión de RR.EE de la Cámara, José Manuel Edwards
(RN), quien pasó de una línea conservadora hacia una postura alineada con la
idea de impugnar ahora, señala que a medida que se fue dando el proceso, se
fueron conociendo sólidos argumentos jurídicos que fortalecían la posición
chilena por una impugnación preliminar.
En ese plano,
la mandataria escuchó esas razones, a las cuales también suscribieron los ex
presidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, como la de sus
abogados más cercanos que, en su gran mayoría, optaban por la tesis contraria:
impugnar en febrero. Quien, finalmente ,habría jugado un rol clave en la
decisión presidencial fue el canciller, Heraldo Muñoz. El ministro, según
comentan cercanos a la causa, fue convenciéndose que el factor político tenía
un rol clave en las decisiones que se tomarían, y alentado más aún por los
argumentos jurídicos con que se contaban, armando un puzzle completo.
Los escenarios
En un corto
plazo, la CIJ debe notificar a Bolivia de la impugnación chilena,
suspendiéndose el proceso de fondo. Podría existir la posibilidad de abrirse
una réplica y una posterior dúplica. Tras ello, Bolivia deberá contestar los
argumentos chilenos. Luego, de unos 6 a 9 meses, vendrá la parte oral del
juicio, que podría extenderse por dos semanas. Alegatos donde sólo se ve la
competencia de la CIJ, sin entrar en temas de fondo. En el fallo pueden ocurrir
tres escenarios. El primero que la Corte acoja la impugnación, ante lo cual se
termina el proceso; segundo que no se acepte, ante lo cual se seguiría con el
fondo; y un tercer escenario, donde la Corte podría establecer una competencia acotada,
sobre algún punto que así lo considere (en el conflicto entre Colombia y
Nicaragua ocurrió este escenario en el ejemplo más reciente de una solicitud
similar a la chilena). Todas estas tres decisiones son inapelables. En lo
inmediato, el gobierno chileno deberá, tal como ya lo hizo Bolivia, nombrar un
juez adoc en la Corte para que participe en los alegatos orales.Todo este
proceso, no duraría más de dos años.
En derecho
“Chile siempre
ha sido respetuoso del derecho internacional, tanto así que estamos haciendo
uso de una facultad que otorga la misma corte. Resultan sorprendentes las
declaraciones de Bolivia, pero estamos acostumbrados a escucharlas”, expresó el
canciller Múñoz contestándole a las declaraciones emitidas por Evo Morales,
respecto a nuestra supuesta “contradicción” de respeto al derecho.
Fuerte réplica
boliviana a decisión de Bachelet
Pocas horas
tardó en reaccionar el presidente boliviano, Evo Morales, a la decisión
anunciada el martes en la noche por la presidenta Michelle Bachelet de que
Chile invocará la incompetencia de la Corte Internacional de Justicia de La
Haya este mes. En las pantallas del país altiplánico, apareció acusando a la
posición chilena de contradictoria al rechazar la competencia del
"principal órgano de administración de justicia para resolver diferencias
entre estados y simultáneamente se manifiesta respetuoso del derecho".
Además, con el
recurrente componente político que ha sido protagonista en todo el proceso de
la demanda, aludió a los magistrados del caso señalando que "Bolivia
mantiene su confianza en la Corte y los jueces, los únicos competentes para
resolver este incidente", enfatizando en que los argumentos paceños buscan
"el cumplimiento de las obligaciones asumidas libremente por los
estados". La declaración de Morales sólo acabó luego de que éste le
asegurara a su país que seguirán defendiendo la causa y que "la violencia
de la invasión no puede generar derechos definitivos" y que "la
unidad del pueblo boliviano me fortalece la seguridad de nuestra
victoria".
Otras
autoridades bolivianas también respondieron a la decisión chilena. Eugenio
Rojas, presidente del Senado, intentó poner en entredicho que este asunto sea una
política de Estado en Chile -algo que Bachelet ha afirmado categóricamente-
apuntando a que "internamente Chile se dividió sobre el tema marítimo y
eso preocupa a su gobierno porque hay líderes políticos de izquierda que apoyan
a Bolivia. La extrema derecha obligó a la presidenta Bachelet a que declare
incompetente a La Haya".
Otros
parlamentarios, como la diputada Flora Aguilar, jefa de bancada del partido
MAS, expresó que "con esta decisión se sienten derrotados".
Las
declaraciones de ex cancilleres del vecino país, también se hicieron notar en
la escena.
Javier Murillo de la Rocha, interpretó la decisión chilena como una muestra de inseguridad y "falta de confianza" frente a los "sólidos argumentos bolivianos". Según él, "si Chile hubiese tenido la contundencia que decía tener, no hubiera tenido temor alguno para seguir enfrentando en la Corte por las vías establecidad".
Javier Murillo de la Rocha, interpretó la decisión chilena como una muestra de inseguridad y "falta de confianza" frente a los "sólidos argumentos bolivianos". Según él, "si Chile hubiese tenido la contundencia que decía tener, no hubiera tenido temor alguno para seguir enfrentando en la Corte por las vías establecidad".
Por su parte,
el otrora secretario de Estado, Armando Loaiza, intentando adelantar el fallo
certificó que sería "casi imposible" que la Corte acepte los
argumentos chilenos, ya que, según él, la demanda boliviana no apelaría al
tratado de 1904.
BOLIVIA PRESENTARÁ PRUEBAS EN CONTRA DE CHILE POR
CONFLICTO LIMÍTROFE MARÍTIMO
ICN Diario de Argentina (www.icndiario.com)
El portavoz internacional
de la demanda marítima de Bolivia y ex presidente (2003-05), Carlos Mesa,
confirmó este miércoles que Bolivia presentará pruebas sobre las
contradicciones de Chile respecto al supuesto libre tránsito marítimo que se
habría ejercido en cumplimiento del Tratado de 1904.
“Hemos
trabajado fuertemente para presentar todas las contradicciones y falacias del
documento chileno (…), el canciller Choquehuanca presentará públicamente a la
opinión pública internacional una respuesta caso por caso, tarifa por tarifa,
ejemplo por ejemplo, del documento de Chile para demostrar que lo que dice no
es cierto”, remarcó.
El
planteamiento boliviano surge de un trabajo exhaustivo entre el equipo de
juristas bolivianos delegados a la demanda marítima presentada en la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya y los especialistas de la Dirección
Marítima (Diremar).
Asimismo,
aclaró que no se habló del documento debido a que aconteció la declaración de
la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien anunció el pasado lunes que el
Gobierno chileno objetará la competencia de la Corte.
Bolivia perdió
120.000 km2 y 400 km2 de costa en la Guerra del Pacifico (1879-1882), extensión
territorial que reclama a Chile desde el siglo XIX.
Mesa también
aseveró que Chile tiene una estrategia en dos direcciones: pretende confundir a
la opinión pública e incluso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La
Haya al afirmar “algo que no es cierto”, referido a que la base de la demanda
boliviana es el cuestionamiento del Tratado de 1904.
La segunda
apunta a la distorsión de la realidad indicando que Bolivia tiene un acceso al
mar a partir del libre tránsito del tratado mencionado.
“Hay una cosa
importante que Chile no dice, que en el derecho del mar, que es parte del
derecho internacional, hay un reconocimiento de privilegios para países
mediterráneos que tienen que darle sus países limítrofes con acceso al mar, en
términos de facilidades de importación y exportación”, aclaró.
Agregó que el
libre tránsito de Bolivia no es ninguna excepción en relación al resto de los
países mediterráneos, de acuerdo a la normativa internacional.
En 1904 ambos
países firmaron un tratado que fijó la frontera y en 1978 Bolivia y Chile
cortaron relaciones diplomáticas. A la fecha la relación se entabla mediante
las vicecancillerías.
La excepción de
Chile no altera la demanda
Para el
expresidente boliviano queda claro que la excepción preliminar de Chile no
altera, ni suspende ni elimina la demanda boliviana, lo único que establece es
prolongar en el tiempo el desarrollo del proceso judicial.
“Lo que Chile
presentará el 15 de julio será un argumento a la Corte y Bolivia contra
argumentará. En poquísimos casos, menos del 5 por ciento cuando se presenta el
recursos de excepciones de incompetencia, la Corte acepta. El 95 por ciento de
los casos la Corte los ha rechazado”, enfatizó.
Argumentó que
primero la CIJ no acepta la incompetencia de su jurisdicción porque tanto
Bolivia y Chile la reconocen plenamente y goza del respaldo de Naciones Unidas
y porque existe la firma del tratado de Bogotá de 1948 que reconoce su
jurisdicción.
“Segundo porque
lo que Chile podría plantear sería una objeción a los argumentos jurídicos de
Bolivia y esa es una discusión de temas de fondo y lo que se debe hacer es
esperar el debate del planteamiento de la demanda boliviana”, ratificó Mesa.
“En principio,
los tiempos, a partir de que Chile presente la excepción de incompetencia son
de cuatro meses, tiempo en el que Bolivia presente su contra argumentación.
Luego podrían pasar dos cosas: que la corte falle en ocho a 10 meses, a partir
de ahora, por la excepción preliminar o que la Corte diga que se incorporará el
tema en el debate general de la demanda boliviana. Las dos posiciones son
fallar directamente sobre la excepción preliminar o fallar conjuntamente sobre
los dos fallos”, añadió.
A juicio de
Mesa, Chile asume un riesgo muy grande al objetar a la CIJ y respondió más a la
presión interna y el lobby político sin tomar en cuenta las razones jurídicas.
“Mi impresión es que la solidez de nuestros argumentos nos da la plena
impresión que la Corte rechazará la petición de incompetencia”, sentenció.
BOLIVIA DICE QUE CHILE DA PALIATIVOS QUE NO SE COMPARAN
CON SOBERANÍA EN MAR
Terra de España (www.noticias.terra.com)
El Gobierno boliviano
afirmó hoy que las supuestas facilidades que Chile ha dado a este país en sus
puertos son solamente "paliativos" que no pueden compararse con la
salida soberana al mar perdida en una guerra de fines del siglo XIX.
El canciller
David Choquehuanca hizo esta afirmación al rebatir el documento "Chile y
la Aspiración Marítima Boliviana, Mito y Realidad", que el país vecino usa
dentro de una campaña internacional para mostrar que Bolivia cuenta con un
acceso costero a través de los puertos chilenos, aunque no dispone de
soberanía.
"El
Gobierno de Chile dice que Bolivia tiene acceso al mar en este documento. Lo
que pasa en la realidad es que lo que Bolivia tiene son algunas pobres
facilidades que sirven sólo como paliativos y no pueden compararse en absoluto
con un acceso libre y soberano al mar", sostuvo Choquehuanca.
Añadió que,
"Chile ha ido reduciendo estas facilidades a lo largo de los años, en
franca violación del Tratado de 1904", un documento que definió los
límites territoriales tras la guerra del Pacífico en 1879, en la que Bolivia
perdió su acceso soberano al mar.
Chile se apoya
en el Tratado de 1904 para señalar que no tiene asuntos limítrofes pendientes
con Bolivia que, por su parte, asegura que el Gobierno chileno incumple con el
documento.
La Paz también
defiende que fue víctima de una invasión de su litoral, porque no hubo una
declaración previa de guerra.
La Cancillería
chilena presentó a fines de junio el documento para su campaña internacional,
al que Choquehuanca respondió hoy con otro titulado "Chile y la demanda
marítima boliviana. Una realidad sin mitos".
En este texto,
el Gobierno de Evo Morales enumera lo que considera "violaciones
flagrantes" por parte de Chile al Tratado de 1904, acusándole, entre otros
temas, de incumplir con el libre tránsito y de aplicar unilateralmente medidas
que dificultan el uso de los puertos del norte chileno para la mercadería
boliviana.
También
menciona que "pese a la publicidad" respecto a la supuesta
rehabilitación de la vía férrea que une Arica con La Paz por parte del Estado
chileno, "hasta la fecha las operaciones del ferrocarril no se han
reanudado".
"La
mediterraneidad de Bolivia no se resuelve con el solo cumplimiento del Tratado
de 1904. La solución real a este problema pasa por un acceso soberano al Pacífico",
señala el documento presentado hoy por el canciller boliviano.
Choquehuanca
consideró que lo que Chile busca con su campaña es "confundir a la opinión
pública internacional y además trata de desnaturalizar el objeto esencial"
de la demanda que Bolivia presentó en abril de 2013 contra Santiago ante la
Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ).
Con esa
demanda, el Gobierno boliviano busca un fallo que obligue a Chile a negociar en
firme y de buena fe la centenaria reclamación boliviana, tras más de un siglo
de diálogos sin resultado.
El Gobierno de
Michelle Bachelet anunció el lunes que objetará la competencia del tribunal de
Naciones Unidas para tratar el caso.
Choquehuanca
recordó que la demanda ante la CIJ no tiene ninguna relación con el Tratado de
1904, pues su fundamento es distinto.
La
argumentación boliviana pide que la CIJ tome en cuenta que varios presidentes
de Chile hicieron ofertas a Bolivia para solucionar la controversia histórica,
pero no se concretaron.
BOLIVIA AL MERCOSUR YA TIENE LA BENDICIÓN DEL GOBIERNO
Tras reunirse con el diputado Hugo Velázquez, presidente
de la Cámara de Diputados, el canciller Eladio Loizaga dijo ayer que no existen
inconvenientes en las negociaciones para el ingreso de Bolivia al Mercosur. Apuntó
que hay un diálogo abierto y que Paraguay tiene total predisposición para el
ingreso.
ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
El canciller
Loizaga indicó que para el Paraguay Bolivia es un aliado estratégico y que es
necesario explotar mutuamente las relaciones que tienen ambos países. Indicó
que ellos necesitan de nosotros y viceversa.
Agregó que no
es posible desconocer la interdependencia que existe. Apuntó que con la visita
realizada el año pasado por el presidente Horacio Cartes a su par boliviano Evo
Morales tuvo inicio una construcción de confianza que se sigue desarrollando.
En ese sentido,
Loizaga dijo que pronto nuestro país tendrá un embajador, una vez que el
Congreso apruebe su nominación.
Sostuvo que más
que trabas, en este momento hay un mayor acercamiento.
Los Congresos
de Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela ya aprobaron la incorporación de
Bolivia al bloque regional, mientras nuestro país estaba suspendido como socio
pleno del bloque. Resta que dé su visto bueno el Congreso paraguayo para formalizar
el ingreso de Bolivia al Mercosur.
El problema es
que el Gobierno de nuestro país no puede enviar al Parlamento el Protocolo de
Adhesión para que sea ratificado porque no suscribió el documento aprobado.
La Cancillería
busca una salida jurídica para esta situación. Pero, por lo dicho por el
canciller, esto sería cuestión de tiempo.
Ministra, con
colorados
La ministra de
Educación, Marta Lafuente, concurrió ayer a una reunión con la bancada colorada
“A” para dar un informe de su gestión. El diputado Elio Cabral, líder del
sector, dijo luego que se aclararon varios temas que hacen a la agenda
educativa hasta el 2018.
El legislador
dijo que seguirán este tipo de reuniones con los secretarios de Estado para
informarse de los planes en las distintas carteras. Anteriormente, se habían
reunido con Jorge Gattini, ministro de Agricultura.
Embajadores
Hugo Velázquez
se reunió también ayer con los embajadores de Uruguay, Federico Perazza, quien
planteó potenciar la cooperación legislativa entre ambos países; y el de Japón,
Yashihida Ueda, que pidió apoyo del Congreso para aprobar los préstamos
concedidos a Paraguay.
PROPONEN REACTIVAR LAS RELACIONES CON BOLIVIA
El candidato a embajador paraguayo en Bolivia el
exsenador colorado Julio César Vera Cáceres propuso ayer reactivar las
relaciones económicas con el vecino país. Fue durante la reunión que mantuvo
con los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.
ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
Vera Cáceres
indicó que, en caso de que la Cámara Alta le apruebe su designación, trabajará
para reactivar la trinacional con Perú y Bolivia, acompañar la situación del
río Pilcomayo con Argentina y Bolivia, la hidrovía Paraguay-Paraná, la
integración vial para salir al océano Pacífico porque el costo del transporte
es alto para nuestro país.
Añadió que
buscará concretar la provisión de gas natural boliviano al Paraguay mediante
Petropar y Yacimientos de Bolivia, ambas empresas estatales. Agregó que no se
puede descartar el gasoducto desde Bolivia a Uruguay, pasando por el Paraguay.
Comentó que
hace seis años nuestro país no cuenta con un embajador residente en La Paz,
desde que concluyó su misión la diplomática de carrera abogada Nimia Oviedo de
Torales.
EL KIRCHNERISMO DEJARÁ A MEDIO HACER SU MAYOR PROYECTO DE
INFRAESTRUCTURA
El Gasoducto del Nordeste fue presentado en 2003 y debía
estar listo en 2006; apenas empezaron las obras; el Gobierno espera completar
menos del 50%
La Nación de Argentina (www.lanacion.com.ar)
Será una
paradoja más del kirchnerismo: el Gasoducto del Nordeste Argentino (GNA), la
primera obra importante que anunció el entonces presidente Néstor Kirchner en
la Casa Rosada, en noviembre de 2003, y el mayor emprendimiento en materia de
infraestructura propuesto en la última década, será finalizado en su mayoría
por el próximo gobierno. Así lo reconocen incluso documentos oficiales que se
dieron a conocer esta semana.
El proyecto
prevé construir un gasoducto de 1448 kilómetros para llevar el gas de Bolivia a
través de Salta, Formosa, Chaco, Corrientes y Santa Fe hasta las cercanías de
Buenos Aires. Según el primer cronograma, debía estar listo en 2006. Pero el
último calendario de la obra establece su culminación exactamente diez años
después, en 2016.
El proyecto
tiene hoy uno de los presupuestos más jugosos de la administración pública:
nada menos que 13.285,53 millones de pesos. Pero este año sólo se utilizarán
1145,54 millones, mientras que en 2015, cuando la presidenta Cristina Kirchner
abandone el poder, requerirá otros $ 5132,54 millones. De manera que el
Gobierno se hará cargo de 6277,54 millones de pesos, un 47% del dinero
requerido para terminar la obra, siempre que todo marche de acuerdo con lo
previsto en el cronograma oficial, que sufrió un sinfín de alteraciones en los
últimos 11 años. El resto será responsabilidad de quien tome el mando el 10 de
diciembre de 2015.
Con respecto a
la realización de la obra. Las planillas oficiales muestran que hasta diciembre
del año pasado no había registrado avances, pero debería concluir 2014 con una
realización física del 8,8 por ciento. En 2015, en tanto, se sumaría un 38,8%,
siempre según las previsiones del Ministerio de Planificación, a cargo de Julio
De Vido. Mientras que otro 28,6% debería concluirse en 2016 y el 24,1%, más
adelante. En otros términos: aunque el kirchnerismo intentará poner en marcha
el proyecto, la mayor responsabilidad sobre su finalización quedará para más
adelante.
Los números
surgen del último presupuesto de Enarsa, que contempla el plan de acción de la
empresa estatal de energía para este año. La compañía, que surgió de la
inventiva de Guillermo Moreno pero fue recibida de buena manera por De Vido,
principal responsable de su gestión, perdió ascendencia en el Gobierno tras la
estatización de YPF, en abril de 2012.
Nada de eso
alcanza para disminuir el entusiasmo de De Vido con respecto a Enarsa. Cuando
los hombres del ministro de Economía, Axel Kicillof, quisieron tomar el control
de la empresa, logró colocar en la presidencia a Walter Fagyas, uno de los
hombres de su confianza. Tampoco le molestan hoy las demoras en el GNA. Más
aún: apura la adjudicación de la provisión de caños y el lanzamiento de tres
tramos más, que se llevarán a cabo en los próximos días. Un funcionario que ve
todos los días al ministro lo resumió así: "Qué bueno que llegue un nuevo
gobierno y tenga obras para hacer. No como cuando llegamos nosotros, que no
había nada planificado. La última obra energética antes de Néstor Kirchner
había sido en 2001. Después, nada más".
Más que una
obra para traer gas de Bolivia, el GNA fue desde el principio toda una
manifestación política. La primera referencia pública al proyecto surgió el 6
de noviembre de 2003, en el II Encuentro Federal de Industriales, en Rosario.
Era un país muy distinto al de hoy: estaban el ministro de Economía, Roberto
Lavagna; el propio De Vido, con quien aún no habían surgido diferencias
insalvables, y un grupo importante de empresarios industriales movidos por la
ilusión de la incipiente recuperación económica y lejos de las críticas que el
sector privado le haría años más tarde al Gobierno.
El primer
encuentro
Diecisiete días
después, Kirchner y Paolo Rocca, jefe máximo del holding Techint, anunciaron
formalmente el proyecto en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Poco después
comenzó la cadena de desencuentros.
La oposición
criticó que el proyecto estaba hecho a la medida de Techint, que había
presentado la propuesta. También es cierto que en la primera etapa el holding
siderúrgico de los Rocca estaba dispuesto a poner 750 millones de dólares. El
resto correría por cuenta del Estado.
Tanto el
Gobierno como la empresa coincidían en que si la actividad se recuperaba, se
haría necesario importar gas. Y el de Bolivia, que hoy llega todos los días al
país aunque en menor medida a lo que esperaba Planificación, era más barato que
el gas licuado, que llega por barco.
Luego de
múltiples anuncios, Cristina Kirchner relanzó el proyecto en 2011. Llamó a una
nueva licitación, pero con obras complementarias.
Por aquellos
días, se hablaba de un costo de US$ 5300 millones, que no está contemplado en
los números de Enarsa.
EL PROBLEMA ENERGÉTICO ESTÁ RESUELTO DE MANERA COYUNTURAL
El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info/salta)
Alberto
Calsiano es jefe del Departamento de Infraestructura de la UIA (Unión
Industrial Argentina). Este destacado ingeniero electromecánico, experto en
temas energéticos, posee una gran oratoria para explicar temas que son
difíciles de entender. Es didáctico y conciso en sus palabras. En diálogo con El
Tribuno, remarca la importancia de un plan energético a mediano y largo
plazo en el país. Respecto a Salta, Alberto Calsiano, explicó la provincia es un
lugar magnífico para la utilización de la energía solar.
¿Los argentinos
hacemos un uso racional de la energía?
Es muy difícil
meterle en la cabeza a toda la sociedad, como actitud, que hay que hacer un uso
racional y eficiente de la energía. Por ejemplo en Argentina hay 7.500.000 de
usuarios de gas. A esos usuarios les pones un calefón, esa llamita encendida
que si se prendiera solo cuando se la necesita se ahorrarían cerca de tres
millones y medio de metros cúbicos por día. Todo lo que se podría apagando una
simple llamita.
¿Qué es ser
eficiente y racional?
Eficiente
significa que yo puedo desarrollar como ingeniero aparatos que son muy
eficientes, el ejemplo típico que siempre doy es el de la heladera. Hoy las
heladeras van etiquetadas con letras que marcan el nivel de eficiencia que
tiene, la A es la más eficiente y así sucesivamente. Entonces yo como buen
usuario, compro una heladera eficiente y después hago un uso irracional. Que
sería esto, tener la puerta abierta mucho tiempo tratando de pensar que voy a
cocinar esa noche. Entonces, en esas condiciones tener un aparato muy eficiente
no es muy significativo por el uso irracional que le estoy dando. Esto de
racional, significa hacer uso de la energía, en cuanto a lo que necesito,
aunque me sobre, uso lo necesario, ese es el mensaje. Hoy en la Argentina el
precio de la energía está muy deformado, o no esta formalizado. ¿Qué significa
eso? que entre el costo de generar por un lado y lo que yo recupero como tarifa
hay un agujero muy grande.
Y a ese agujero
¿cómo se tapa?
A ese agujero
hay que resolverlo con subsidios, no hay otra forma. Entonces hoy, un electrón
o una molécula en el mercado mayorista tiene precios muy diferentes de acuerdo
al usuario que este trabajando con eso, entonces dentro del sector industrial
puedo tener usuarios que usen un mismo electrón les cueste 5 o 6 veces de
diferencia.
¿Entonces el
problema de la energía no está resuelto?
El problema
energético en Argentina está resuelto de manera coyuntural, lo cual es un
problema porque la energía es una condición de mediano y largo plazo. Cualquier
régimen del mundo que vos tomes, ya sea súper izquierda o súper derecha, en el
sector energético tiene que tener la visión del mediano y largo plazo.
¿Entonces la
coyuntura no sirve?
La coyuntura
sirve, pero el problema está en que si vos te enamoras de la coyuntura como
política energética vas a tener un costo fenomenal, y es lo que nos pasa a los
argentinos. Vos fijate que para sostener el sector el año pasado gastamos 82
mil millones de pesos. Es el resultado de tener que traer gas, ya sea de
Bolivia, en los barcos metaleros que vienen de Nigeria o algún país que es
gasífero, todo eso son divisas que se te están yendo.
¿La fuga de
divisas es uno de los grandes problemas en Argentina?
El problema que
tenemos hoy es que con el tema energía se van una enorme cantidad de miles de
millones de dólares. Esta el problema de que ingresan dólares por el agro, y se
van por la compra de energía, y a eso hay que revertirlo. Miguel Gallucho con
YPF están trabajando bien, pero transformar los recursos en reservas es algo
muy costoso y requiere tiempo.
¿Qué habría que
hacer?
En mi opinión
creo que deberíamos tender a buscar una política de mediano y largo plazo que
involucre a toda la sociedad realmente en esto, porque la energía es vital. No
hay un siglo XXI posible sin energía eléctrica.
¿O sea que
vivimos en un mundo energía dependiente?
Totalmente. Hoy
el mundo es eléctrico, o sea, el gran vector que va atravesar la sociedad es la
electricidad, porque es la forma más rápida, segura, limpia y eficiente de dar
energía. Vos imaginate Buenos Aires durante dos semanas sin energía eléctrica,
sería algo imposible. Hace 100 años atrás, no pasaba nada, pero hoy en día no
hay posibilidad real de decir, y bueno yo puedo darme el lujo de no tener
suministro eléctrico.
¿Si es tan
importante el Estado tiene que llevar ese suministro a todos lados?
Correcto. A se
suministro eléctrico, tenés que buscar la forma de que llegue a todo el mundo.
Hoy no podes tener un sector de la sociedad que quede afuera del acceso a la
energía eléctrica. Y a ese sector lo tenés que subsidiar, no te queda otra como
una sociedad moderna, y el resto de la sociedad tendrá que pagar los reales
costos que significan producir la energía.
¿Hay que sacar
los subsidios?
Con la política
de retiro parcial de los subsidios, que encaró el Gobierno nacional, hay una
cantidad de usuarios de Edenor y Edesur que hoy están pagando valores elevados,
pero no alcanza. Para tener claro, en Argentina tenés aproximadamente más de 12
millones de usuarios de energía eléctrica en todo el país, con que vos le
apliques un sinceramiento tarifario a una parte de esos sectores no te alcanza
para cubrir el costo de abastecer de energía a todo el país. Entonces,
normalizar significaría llevar el valor de la energía al real costo de
producción, ahora para eso obviamente hay que hacer una política de mediano y
largo plazo.
Pero ese
sinceramiento sería un suicidio políticamente para cualquier gobierno.
Yo creo que hoy
es muy difícil, o casi imposible políticamente de dar un shock energético a la
población porque no creo que haya algún político que esté con deseos de hacer
una cosa así. Lo que sí deberían hacer es ir tratando de nivelar esto en cuanto
a la búsqueda de llevar a que la tarifa refleje el real costo.
¿Esta de
acuerdo con los subsidios?
El subsidio
tiene un problema. Te lo voy a ejemplificar para que sea más fácil. ¿A quién no
les gustan las 3 B (Bueno, bonito y barato)? Esas 3B le gustan al de arriba, al
del medio y al de abajo. Lo que pasa es que la pregunta es cuanto tiempo podes
sostener las 3 B. Y la respuesta es muy simple, hasta que vos tengas la
billetera abultada.
Y ahora la
billetera empezó a disminuir.
Cuando la
billetera se empieza a disminuir en tamaño, no te va a quedar más remedio que
empezar a normalizar el sector, y eso no es simple porque como yo compré las 3
B, ahora no me gusta que me las saquen. O sea que políticamente hay que tener
realmente muy buen feeling para poder hacer esto de manera exitosa. Los subsidios
siempre existieron y van a existir. Lo ideal sería que no existiesen pero para
eso tendrías que tener la sociedad perfecta. Ahora si vos tenés a toda una
sociedad subsidiada entonces es todo el lío.
¿Es posible
utilizar otro tipo de energía?
Lo que está
planteando la gente de Edesa es fantástico con la utilización de la energía
solar. Suponete que vos tenés un panel solar que permite transformar la luz del
sol en energía eléctrica, esta es la forma de ir haciendo una cosa óptima,
porque el sol está ahí, para usarlo. Toda la zona del NOA es fantástica por la
insolación que tiene, o sea la cantidad de radiación solar que hay. Yo te puedo
garantizar que el 50% de la demanda de gas que hay en un domicilio es para
calefaccionar el agua. Esa agua caliente, como en un lugar como Salta con un
sistema solar térmico, que es más barato inclusive que poner un red de gas, lo
podrían estar haciendo. Ahí es donde yo aplicaría subsidios.
Si se logra
eso, ¿se produciría un ahorro importante de energía?
Es seguro que
vas a lograr un ahorro energético, y que posteriormente se va a transformar en
un ingreso, porque esa energía que yo no se usa la puedo vender afuera y en
lugar de sacar divisas, traigo divisas.
SIP RECHAZA DEMANDA PENAL CONTRA PERIODISTAS BOLIVIANOS
ACUSADOS DE ESPIONAJE POR EL GOBIERNO
El Procurador General boliviano presentó una denuncia por
los supuestos delitos de espionaje y revelación de secretos en el reportaje
sobre la demanda marítima contra Chile.
La Tercera de Chile (www.latercera.com)
La Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP) rechazó hoy una demanda penal interpuesta contra
dos periodistas bolivianos del diario La Razón, acusados de "espionaje" y
revelación de secretos por el Gobierno de su país.
El Procurador
General del Estado, Héctor Arce,
presentó una denuncia contra Ricardo
Aguilar y contra la directora de La Razón, Claudia Benavente, por los supuestos delitos de espionaje y
revelación de secretos en el reportaje "De cómo en la demanda marítima
triunfó la idea de los 'actos unilaterales'", publicado el 13 de abril
pasado.
Arce consideró
que, en la nota sobre la demanda marítima boliviana publicada por La Razón,
Aguilar reveló secretos de Estado y espió, por lo que le instruyó para que revele los nombres de las fuentes reservadas que
usó.
La nota narra
los detalles de la forma en que Bolivia elaboró la demanda contra Chile
presentada en abril de 2013 en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La
Haya para pedir un fallo que ordene al Estado chileno a negociar su demanda de
una salida al mar.
De ser hallados culpables, en el caso de espionaje, los periodistas
pueden afrontar una pena de hasta 30 años de prisión, sin derecho a indulto, y
de uno a seis años de prisión por revelación de secretos de Estado.
La defensa de
los periodistas recusó la demanda por haber sido presentada ante la justicia
ordinaria y no ante tribunales especiales, como establece la Ley de
Imprenta.
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e
Información de la SIP, dijo que se trata, una vez más, de un "claro
episodio de tensión entre prensa y Gobierno".
Sostuvo que en este caso la prensa "hace su trabajo de
investigación, pensando en el derecho del público a la información", y el
Gobierno "busca mantener todo en sigilo, considerando que cualquier
información que no sea oficial es una conspiración o traición a la
patria".
Paolillo,
director del semanario uruguayo Búsqueda, expresó la preocupación de la
organización por esta demanda penal porque, "bajo la excusa de un mal entendido nacionalismo, se pretende
acallar o al menos intimidar el trabajo y la función investigadora de la
prensa".
Varias
organizaciones de prensa y periodistas respaldaron a los periodistas y al
diario y han exigido que se retire la demanda con el argumento de que
"este tipo de conflictos no puede dilucidarse ante la justicia
ordinaria".
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