El 15 de
julio Chile ha oficializado ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya
una impugnación de la propia competencia de la CIJ para resolver la demanda
marítima presentada por el Estado Plurinacional de Bolivia en abril de 2013,
consolidada con la presentación de una memoria con los argumentos históricos y
jurídicos bolivianos para reclamar una sentencia de La Haya que obligue al
Estado chileno a negociar una salida con soberanía al mar Pacifico, salida que
le fue arrebatada a finales del siglo XIX en una invasión sin que mediara ni
tan siquiera una declaración de guerra previa.
Antecedentes
históricos
Cuando
Bolivia declara su independencia en 1825 y pasa a llamarse Republica de Bolívar
(es el propio Simón Bolívar quien envía la primera Constitución que tuvo el
país), nace con aproximadamente 400 kilómetros de costa sobre el Océano
Pacifico.
En 1829 se
crea la Provincia boliviana del Litoral, y en 1867 la misma se constituye como
Departamento, conformado por dos provincias, La Mar y Atacama, que contaban a
su vez con 4 puertos, Antofagasta, Cobija, Tocopilla y Mejillones, además de
dos poblaciones interiores, Calama y Antofagasta.
Las mismas
constituciones chilenas de 1822, 1823, 1828 y 1833 declaraban que su límite por
el norte era el Desierto de Atacama.
En 1879 Chile
invade el Departamento del Litoral entrando por el puerto de Antofagasta y
quitándole a Bolivia por la fuerza su acceso soberano al mar y un territorio de
aproximadamente 120.000 km2 extremadamente rico en recursos naturales, especialmente
guano, salitre, bórax, cobre y plata.
En 1904
Bolivia se ve obligada a firmar un Tratado de Paz con Chile en el que a cambio
de reconocer la soberanía de Chile sobre el territorio ocupado militarmente, el
tratado otorgaba a Bolivia el derecho al libre tránsito comercial por su
territorio, compensaciones económicas y la construcción por parte chilena de un
ferrocarril entre Arica y La Paz.
Compromisos
de Chile para negociar
Han sido
innumerables las veces en los últimos 100 años en que Chile ha accedido a
negociar una salida con soberanía al mar desde que Bolivia comenzó su demanda
ante foros internacionales por primera vez en la Conferencia de Paris de 1919 y
la Liga de las Naciones (germen de las Naciones Unidas) entre 1920 y 1922.
En un primer
momento, en 1929, Chile quiso poner un candado a la salida al mar para Bolivia
cuando firma el Tratado de Lima con Perú por el que se queda con Arica y cede
Tacna al país vecino, pero colocando una clausula por el que ninguno de los dos
países podían ceder a un tercer país la totalidad o parte de los territorios
fruto del acuerdo.
Ya en los
años 50 el propio Presidente de Estados Unidos Harry Truman se refirió en
varias ocasiones a la posición chilena de otorgar una salida al mar con
soberanía para Bolivia (en este caso a cambio del uso de las aguas del Lago
Titicaca) sobre la base de la posición del nuevo mandatario chileno Gabriel
González Videla; y en 1961 y sobre esa misma base Chile presenta un memorándum
ratificando su obligación de negociar un acceso al mar con soberanía para
Bolivia.
Otro de los
momentos en que Chile y Bolivia estuvieron cerca, restableciendo relaciones
diplomáticas y obligándose a “buscar fórmulas de solución a la situación de
mediterraneidad boliviana”, fue paradójicamente en 1975 durante los gobiernos
de los militares de derecha Hugo Banzer y Augusto Pinochet cuando se dieron las
famosas negociaciones (y abrazo entre fascistas) de Charaña.
La propia
Organización de Estados Americanos (OEA) durante su IX Asamblea General aprobó
una resolución calificando la demanda marítima de Bolivia como asunto de
interés hemisférico, recomendando a los dos países que “inicien negociaciones
encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el
Océano Pacifico”. Asimismo en 1980 y 1981, se aprobaron resoluciones (con el
voto favorable de Chile) que instaban al dialogo con el fin de dar a Bolivia un
acceso al mar con soberanía. Es de destacar también la resolución de la XIII
Asamblea de la OEA de 1983 en el que mediante consenso y de nuevo el voto
favorable de Chile, se conminaba a los dos países a que "inicien un
proceso de acercamiento y reforzamiento de la
amistad de los pueblos boliviano y chileno, orientado
a una normalización de sus relacione s tendente a superar las dificultades que los separan,
incluyendo en especial una fórmula
que haga posible dar
a Bolivia una salida soberana al
Océano Pacífico sobre las bases que consulten las
recíprocas conveniencias y los derechos e intereses de las partes
involucradas”.
En los
últimos años se han dado numerosos procesos de acercamiento y negociación entre
Chile y Bolivia, destacando las de 1987 en Montevideo entre los respectivos
cancilleres; entre 2000 y 2001 se sucedieron una serie de encuentros
negociadores en Algarve (Portugal), Brasilia, Panamá y Quebec; en 2003 y
durante la XIII Cumbre Iberoamericana en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia),
Carlos Mesa y Ricardo Lagos hablaron de una salida al mar con soberanía; en
2005 Rodríguez Veltze y Ricardo Lagos se reunieron hasta en 4 ocasiones en
Nueva York, Salamanca, Mar del Plata y Montevideo tratando temas como el del
enclaustramiento boliviano; ya con Michelle Bachelet en el poder, en el 2006 se
construyó entre Bolivia y Chile una Agenda Bilateral de Dialogo que constaba de
13 puntos, en el que el punto 6 era el Tema Marítimo. Esa fue la última vez que
los dos países se sentaron a dialogar sobre la cuestión del mar son soberanía
para Bolivia, pareciera que con el paso de los años Chile ha ido derechizando
sus posiciones, cada vez más conservadoras, y durante los últimos años las
declaraciones de las autoridades gubernamentales chilenas han ido en la línea
de negar la existencia de asunto pendiente ninguno entre Chile y Bolivia, por
lo que la posición boliviana ha virado de intentar negociar con alguien que no
quiere negociar, a acudir a instancias internacionales como el Tribunal
Internacional de Justicia de La Haya para hallar una solución
Consecuencias
del enclaustramiento boliviano
Es difícil
medir las consecuencias del cercenamiento territorial sufrido por Bolivia a
manos de Chile. La pérdida de soberanía territorial, y por tanto política, es
incuantificable, pero sí se puede hacer una aproximación de las consecuencias
económicas que la pérdida de su litoral han supuesto para Bolivia.
En primer
lugar y respecto de los recursos naturales, el litoral boliviano era
extremadamente rico en guano, un fertilizante natural, y salitre, que una vez
consumada la anexión del territorio boliviano por parte chilena, convirtió al
país imperialista en el primer productor mundial de ese recurso natural,
permitiendo el desarrollo chileno. Otro elemento que permitió enriquecerse a
Chile es la plata, mediante la mina de Caracoles situada en territorio
boliviano, y sobre todo cobre, con algunos de los yacimientos más grandes del
mundo, que se han convertido en la mitad de los ingresos por exportaciones
chilenas. La Cancillería boliviana calcula en 900 mil millones de dólares los
ingresos obtenidos por el cobre extraído de lo que fue territorio boliviano.
Asimismo Chile ha comenzado a explotar litio, uno de los recursos naturales del
presente y futuro, litio que se encuentra en el antiguo territorio boliviano.
Otros
perjuicios que sufre el pueblo boliviano por la codicia de las elites chilenas
es que si bien el Tratado de 1904 ofrecía como compensación el libre tránsito
por puertos chilenos para las mercancías bolivianas según el sexto punto: “La
República de Chile reconoce en favor de la de Bolivia y a perpetuidad, el más
amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del
Pacífico”, Chile ha violado este punto innumerables ocasiones, siendo las más
importantes durante la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay en que
prohibieron la entrada de armas para Bolivia en puertos chilenos; en 1952
embargando miles de toneladas de estaño para la exportación; y en 2004
privatizando los puertos chilenos y tratando de obligar a Bolivia a someterse a
los designios de concesionarias privadas.
Otro elemento
de incumplimiento del Tratado de 1904 que causa un daño económico a Bolivia es
el relativo al ferrocarril Arica-La Paz, que según el Tratado Chile tenía la
obligación de construir y mantener, cediendo el manejo de la parte boliviana.
Sin embargo, y de manera unilateral, desde 1997 el ferrocarril suspendió el
transporte de pasajeros, y desde 2001 el de carga, sin que Chile haya reanudado
hasta el momento las operaciones ferroviarias.
Demanda
marítima ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya
Es por estos
antecedentes históricos, por las cuantiosas pérdidas para el Estado boliviano,
y amparándose en que tanto Chile como Bolivia han suscrito el Tratado Americano
de Soluciones Pacíficas o “Pacto de Bogotá” que determina someter las disputas
políticas y territoriales ante la Corte Internacional de Justicia, que el
Presidente Evo Morales anuncia en 2011 la intención de acudir a La Haya para
solucionar este diferendo histórico de manera definitiva y justa.
El memorándum
con la argumentación boliviana fue presentado en abril de 2014, y permanece
secreto, con la obligación para los estados de no poder difundirlo. Pero en la
demanda boliviana básicamente se argumenta (y demuestra) que Chile se ha
comprometido a lo largo de la historia a negociar una salida al mar con
soberanía por medio de acuerdos, practica diplomática y declaraciones de sus
máximos dirigentes políticos.
Chile tenía
el plazo de prácticamente un año, hasta marzo de 2015, para presentar una
memoria respondiendo a las argumentaciones históricas y jurídicas bolivianas,
antes de un nuevo plazo para presentar contramemorias y finalmente dar paso a
la deliberación de la Corte Internacional de Justicia, sin embargo ha optado,
mediante la forma de excepción preliminar, por impugnar la competencia de la
propia CIJ de La Haya en una maniobra peligrosa, muy peligrosa para los
intereses chilenos.
La hora de
reparar una injusticia
La
impugnación de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de un país que
presume de ser una democracia demuestra las fracturas que la demanda boliviana
ha causado al interior del Estado chileno. El otro país que en el pasado
reciente ha desconocido a la propia Corte es el Estado de Israel. De esta
manera, Chile se convierte en una especie de Israel latinoamericano demostrando
que 100 años después de las declaraciones de Konig que abren este texto, la
victoria en una invasión militar vale más que la justicia y el derecho
internacional. 100 años después, nada ha cambiado en Chile, cuyos gobernantes
siguen respondiendo a los intereses de sus elites económicas.
Pero Chile
enfrenta una Bolivia que por primera vez en toda su historia tiene una
política de Estado clara, definida y rotunda, que cuenta con el apoyo de
todo un pueblo detrás; además de un gobierno, que encabeza la demanda en La
Haya contando con el respaldo de la oposición, y ha incorporado, para reforzar
la política de Estado a dos ex presidentes a la causa, Eduardo Rodríguez Veltze
como Embajador en los Países Bajos y representante ante la Corte, y Carlos Mesa
en la figura de embajador itinerante para explicar al mundo las razones
históricas y jurídicas de la demanda.
Dentro de la
estrategia boliviana es necesario clarificar que a pesar de que una invasión
imperialista y acto de piratería no debería generar ningún tipo de derecho ni
legal ni legítimo, con la demanda ante La Haya no se está poniendo en cuestión
el paradójicamente llamado “Tratado de Paz y Amistad”, sino lo que se pretende
es argumentar que son suficientes las veces que Chile ha accedido a negociar
una salida al mar con soberanía durante los últimos 100 años, y por lo tanto la
CIJ obligue a Chile a hacerlo de manera real y efectiva.
En cualquier
caso, la impugnación chilena solo se puede explicar desde la intencionalidad de
dilatar el proceso, aun sabiendo que probablemente la Corte no acepte el
recurso y proporcione una primera derrota simbólica; pero dilatando el proceso
quizás la posible sentencia favorable a Bolivia llegue cuando el gobierno de
Bachelet haya terminado (ya que en Chile no hay posibilidad de reelección
consecutiva). Carlos Mesa, ex Presidente de Bolivia explica de esta manera la
impugnación chilena: “Primero, como una actitud que prueba la absoluta falta de
voluntad política de Chile de encarar una solución definitiva al problema
pendiente entre ambos países. Segundo, como un intento no solo de descalificar
la competencia de la Corte, sino -sobre todo- de confundir a la opinión
internacional en torno a la verdadera esencia jurídica de nuestra demanda.”
De ex
presidente a ex presidente, cerramos este texto con las palabras del último
presidente socialista que tuvo Chile, Salvar Allende, que entendía como buen
socialista que el pueblo boliviano tenía un derecho histórico sobre un
territorio arrebato de manera injusta y cruel, y como buen internacionalista
sabía que la salida al mar era parte del proyecto de integración
latinoamericana, de construcción de la Patria Grande: “Ha llegado la hora de la
gran reparación de una injusticia, Chile tiene una centenaria deuda y estamos
dispuestos a emprender una solución histórica. Bolivia retornará soberana a las
costas del Pacífico. No le pedimos nada al sufrido pueblo trabajador boliviano,
queremos solamente reparar el despojo cruel del que ha sido víctima. Los
escritores y todos los hombres y mujeres de buena voluntad deben venir a Chile
y explicar sus anhelos, discutir, crear las condiciones objetivas y subjetivas
en el pueblo chileno para poder llegar al feliz entendimiento. (Rebelion)
Tendencias
21 de España (www.tendencias21.net)
José
Rodríguez Elizondo. El 15 de julio, tras un debate que superó las barreras del
secretismo, la Presidenta Michelle Bachelet decidió objetar la competencia de
la Corte Internacional de La Haya (CIJ) en el caso de la demanda de
Bolivia.
Fue una
decisión apoyada por su canciller Heraldo Muñoz y a contramano de su equipo
técnico. Según diversas señales emitidas tras el pleito con Perú, éste se
preparaba para otro match similar con Bolivia. Con esa perspectiva, prefería
presentar las excepciones junto con la contramemoria, para que se
definieran en cuatro o cinco años. El día del fallo final. Para los
observadores suspicaces, esto tenía una gota de astucia: la Presidenta no
tendría que pagar una eventual factura, pues ya no estaría en La Moneda.
En ese
contexto, la decisión de Bachelet fue encomiablemente política. En vez de
escabullirse por un resquicio del tiempo, asumió que la opción en diferido
ampliaba el espacio de acción del ayer cariñoso y hoy agresivo Evo Morales. Le
regalaba un punto de prensa global por largos años y, de paso, favorecía su
larga marcha hacia una presidencia vitalicia. Tal vez por lo mismo, ella retuvo
la designación de un juez ad-hoc ante la CIJ. Debió intuir que era incompatible
rechazar la competencia del tribunal y, en paralelo, designar un juez de
confianza que lo integrara.
La Presidenta
interpretó, así, a la inmensa mayoría. A través de los medios, líderes de
opinión y representantes políticos, los chilenos estaban por una señal
inmediata. No querían actuar como esos alumnos que estrujan el último segundo,
para entregar una prueba “perfecta” al profesor. Por añadidura, rectificó
comportamientos anteriores y aceptó que, en temas de política exterior, la
rapidez de reacción también vale.
PREGUNTAS
MOLESTOSAS
El mensaje
político a la nación y al mundo fue que el dilema de Chile no era de tipo
procesal -el cómo y cuándo presentar las excepciones-, sino de tipo
estratégico: aceptar con resignación o rechazar con claridad la intervención
indebida del tribunal de la ONU.
Pero, como no
existen soluciones fáciles para problemas complejos, surgen de inmediato cuatro
preguntas molestosas. La primera alude al Perú, en cuanto presunto implicado:
¿Se está aprovechando esta etapa preliminar para tratar de evitar que apoye
políticamente a Bolivia o que se neutralice “a la ecuatoriana”?
Respuesta: no
hay señal visible de que se haya procesado el enigmático y coloquial consejo de
Alan García “no le den bola a la demanda boliviana”. Más bien, hay señales de
que estamos privilegiando el debate jurídico con Ollanta Humala por el
“triángulo terrestre”. En Bolivia, al contrario, están muy alertas y a
eso obedece, en parte, el que no mencionen territorios concretos en su demanda.
Saben que, si aluden a Arica u otro espacio ex peruano, Humala podría
intervenir. El ex Presidente Carlos Mesa, vocero internacional de Morales,
acaba de declarar que el escenario con Perú está previsto: “si se convierte en
protagonista, habrá que considerarlo”.
Segunda
pregunta: ¿cuán autosustentable es la decisión del 15 de julio?
La respuesta,
un pelín decepcionante, es que las excepciones preliminares no matan la
intromisión de la CIJ. En rigor, sólo la someten a un trámite previo, pues los
jueces conservan la llave decisoria para aceptarlas o rechazarlas. Y no sólo
eso. Como tienen la sartén por el mango, también pueden determinar que no
tienen un carácter exclusivamente preliminar. En tal caso, el procedimiento
normal se reanuda y las excepciones se mezclan con los temas de fondo, para resolverlas
en el fallo final.
Dicho
rudamente, los jueces pueden dar a las excepciones “rápidas” el mismo
tratamiento que si se presentaran junto con la contramemoria. Nuestro arduo
debate procesal, en tal caso, habría sido perfectamente inútil.
De aquí nace
la tercera pregunta: ¿Pudo dar Chile una señal más categórica de su repudio a
la intromisión?
Respuesta: Sí, pudo. A tal efecto, debió abandonar la vía procesal, para no legitimar la incompetencia de los jueces con la comparecencia propia y poner distancia con un eventual mal fallo.
Respuesta: Sí, pudo. A tal efecto, debió abandonar la vía procesal, para no legitimar la incompetencia de los jueces con la comparecencia propia y poner distancia con un eventual mal fallo.
Para
sorprendente sorpresa de algunos expertos, esta posibilidad es tan vieja como
la CIJ. Consta en el propio Estatuto del tribunal, artículo 53. Un folleto de
su panoplia, publicado en 1976 y distribuido por la ONU, lo explica así: “El
Estatuto prevé el caso de que el demandado no comparezca ante la Corte, ya sea
porque rechaza de plano su competencia o por cualquier otra razón”. Agrega que
esto puede hacerse “en ciertas fases de los asuntos” o “durante todo el
asunto”. A mayor abundamiento, ilustra al lector con ocho casos importantes en
que la facultad se ejerció, agregando que “esto ha terminado a veces, por un
motivo u otro, por el desistimiento del demandante”.
Como puede
observarse, es una excepción estatutaria y definitiva, que mata la legitimidad
unánime del proceso, sin renunciar a otro tipo de soluciones pacíficas. Su
fuente real está en la historia de la CIJ, que nació como un tribunal al cual
accedían voluntariamente los Estados. En casos de alta complejidad, los jueces
de entonces solían examinar de oficio y con rigor si tenían o no competencia.
Por razones propias de cualquier burocracia compleja, esto cambió. Hoy la CIJ
es el centro de un sistema al cual convergen nuevos intereses, comenzando por
los de los abogados especializados en litigar en La Haya. Esto la ha
convertido en una organización receptiva y expansiva. Los jueces
aprendieron que el poder y el crecimiento se reciclan.
SIN RESPUESTA
La cuarta
pregunta merece párrafo aparte: ¿Por qué la excepción definitiva del artículo
53 no ha sido considerada durante todos los años que Chile lleva soportando
demandas ante la CIJ?
Sucede que
(afírmense lectores) no hay respuesta aceptable. En vez de, por ejemplo, un
informe en derecho, algunos han producido opiniones del tipo “Chile renunciaría
a defenderse”… como si la única defensa posible fuera allanarse a la
intervención de jueces incompetentes. Otros han dicho que “Chile se
autocolocaría en rebeldía”. Curiosa rebeldía que no se declara judicialmente,
para un recurso que tiene base en el Estatuto CIJ. También hay respuestas de
vaguedad superlativa. El Mercurio del 6 de julio las consignó como provenientes
de expertos anónimos, que “rechazan esta posibilidad, al considerar que el país
no tiene la influencia suficiente para hacerlo y la predilección de esta
conformación de la CIJ por revisar el fondo de los casos”.
Topamos,
aquí, con un fenómeno que está en la base de nuestras penurias: la subrogación
de nuestra diplomacia-diplomacia por la iusdiplomacia. Tras la compleja
negociación con Argentina por el caso Beagle –paradójica y ejemplarmente
conducida por el oficial militar Ernesto Videla- nuestros últimos y calificados
negociadores diplomáticos desaparecieron o se dedicaron a los telecés. Tras
pasar por el arbitraje -con malos resultados-, esa ausencia nos dejó
estacionados en la judicialización y nos hizo olvidar el tratamiento de “las
tres D”. Una dinámica clásica, que se inicia con la razón del Derecho,
sigue con la razón de la Diplomacia y tiene como seguro la razón de la
Disuasión.
Eso no es
todo. El conflicto con el Perú “doctrinarizó” esa conducta, homologando el
rechazo a la negociación con “la firmeza”, mediante una tesis informal de
apariencia patriótica. Según ella, cuando las fronteras se encuentran definidas
por tratados, no cabe aceptar negociación diplomática al respecto. Con esto no
sólo se descalificaba a los extranjeros que negociaron temas de soberanía con
Chile, sino a los propios negociadores chilenos del pasado. Dicho de otra
manera, borraba la segunda y la tercera “D” y establecía un shortcut –un atajo-
entre nuestra interpretación del derecho y la de la CIJ.
Inevitablemente,
esta asombrosa excepcionalidad chilensis es vista con curiosidad por los
estudiosos extranjeros. El internacionalista holandés Gerard Van der Ree, en un
texto de 2010, observó que la identidad legalista de Chile ha brindado a Perú y
Bolivia una vía nueva para sus reclamaciones. En vez de infructuosas
insistencias en la naturaleza política y bilateral de los conflictos, “ambos
han optado por seguir una estrategia legalista (…) Haciendo uso de las
instituciones internacionales, presentando su tema como un asunto legal y no un
problema político, ellos intentarían derrotar a Chile en su propio
juego”.
CRISIS Y
OPORTUNIDAD
Desestimar la
negociación diplomática sería pragmáticamente útil, si Chile tuviera un fuerte
protagonismo en la CIJ y un potente equipo de abogados internacionalistas
litigantes. Sin embargo, no es el caso. Asumiendo esta realidad, Hernán Felipe
Errázuriz, Presidente del Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales,
está impulsando una agencia jurídica permanente, que coordine actividades con
la Cancillería, para mitigar “la falta de expertos nacionales en litigios
internacionales y la ausencia de jueces chilenos en las cortes
internacionales”.
En el
trasfondo subyace el escarmiento no procesado del fallo ante la demanda
peruana. Más allá de que algunos expertos traten de sumergir lo realmente
perdido por Chile en “el éxito de nuestros sólidos principios jurídicos”, ese
proceso mostró un despiste mayúsculo de nuestros defensores: a la hora de la
verdad, los jueces no eran aplicantes pasivos del derecho, ante quienes la
política debía caminar en puntillas. Eran jueces de nuestro tiempo, informados
de todo lo que cabe, con la misión autoasignada de desfacer los entuertos de
los gobiernos y subrogarlos como negociadores. Incluso podían crear derecho, si
era necesario.
Por lo señalado, los diplomáticos chilenos deben mirar el problema de frente, para reconocer que están bajo amenaza de regresión a una época previa a la del clásico francés Francois de Calliéres (1645-1717). Este fue uno de los que descubrió cómo “la formación de un abogado inculca hábitos y disposiciones intelectuales que no son favorables en la práctica de la diplomacia”. Una tesis que complementaría el diplomático y jurista Jules Cambon (1845-1935), cuando explicó que “toda acción diplomática acaba en una negociación” y que “el carácter diplomático difiere del jurídico, pues “la aplicación de las leyes y su interpretación implican un cierto rigor, que se acomoda mal con el empirismo de la política”.
Por lo señalado, los diplomáticos chilenos deben mirar el problema de frente, para reconocer que están bajo amenaza de regresión a una época previa a la del clásico francés Francois de Calliéres (1645-1717). Este fue uno de los que descubrió cómo “la formación de un abogado inculca hábitos y disposiciones intelectuales que no son favorables en la práctica de la diplomacia”. Una tesis que complementaría el diplomático y jurista Jules Cambon (1845-1935), cuando explicó que “toda acción diplomática acaba en una negociación” y que “el carácter diplomático difiere del jurídico, pues “la aplicación de las leyes y su interpretación implican un cierto rigor, que se acomoda mal con el empirismo de la política”.
Aunque suene
majadero repetirlo, la eventual regresión no sería responsabilidad de nuestros
diplomáticos establecidos. Ellos saben que la diplomacia está en otra parte y,
de hecho, son víctimas en diferido de una historia política que les cortó el
vuelo hacia una profesionalización plena. Pero sí son culpables por omisión: haber
submarineado durante demasiado tiempo, sin plantearse ante el liderazgo
político nacional con un alegato más estratégico y menos corporativo. Es decir,
por no haber explicado, con fuerza, lo que está costando a Chile no tener una
Cancillería institucionalmente gravitante, como Itamaraty, en Brasil y Torre
Tagle, en Perú.
Obviamente,
intentarlo ahora sería más factible que ayer, pues los perjuicios producidos
son cuantificables y debemos comenzar a reducir los daños.
EVO:
CONSEJO DE SEGURIDAD ES UN "CONSEJO DE INSEGURIDAD" PARA EL MUNDO
Mendoza
de Argentina (www.mdzol.com)
El presidente
del Estado plurinacional de Bolivia, Evo Morales, instó al pueblo venezolano y
latinoamericano a seguir derrotando el capitalismo el cual pierde más fuerza en
las naciones suramericanas y caribeñas.
“¿Qué busca
el imperio norteamericano? Dominarnos políticamente para robarnos
económicamente. Sin imperio norteamericano estamos mejor democrática y
políticamente; esa es la liberación de nuestros pueblos”, expresó desde el
Poliedro de Caracas, donde el presidente Nicolás Maduro, jefes de Estado y
representantes diplomáticos de otras naciones participaron en un acto para
honrar al Comandante Chávez.
Recordó que
las instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), que deberían abogar por la paz y el derecho de los pueblos, no lo hacen
y favorecen a las élites capitalistas.
“Para mí el
Consejo de Seguridad (de la ONU), es un 'Consejo de Inseguridad' para la vida y
el mundo”, sentenció.
No obstante,
insistió en que la tarea de las nuevas fuerzas de izquierda en el continente
cuentan con presidentes democráticamente electos que día a día están derrotando
al imperio norteamericano. En tal sentido, agregó: “Mientras exista el
imperialismo, seguirá la lucha hasta una liberación”.
MERCOSUR SUMARÁ A BOLIVIA Y COMERCIARÁ CON OTROS BLOQUES
Los Andes de Perú (www.losandes.com.ar)
En una cumbre
del Mercosur que comenzó y terminó ayer y tuvo como nota saliente la
“solidaridad militante” de todos sus miembros con el gobierno de Argentina en
su litigio por la deuda con fondos especulativos, el bloque también avanzó en
la integración de Bolivia como miembro pleno del Mercosur.
Bolivia “está
empinándose en el camino de su incorporación plena como miembro del Mercosur,
que seguramente se dará en la cumbre de Buenos Aires”, dijo el presidente
venezolano, Nicolás Maduro.
Su par
boliviano, Evo Morales, que participó en la plenaria, dijo a la prensa que
esperará “pacientemente” el proceso para su integración plena y resaltó la
necesidad de que el Mercosur sea un espacio “no para competir, sino para
complementarnos como mercados”.
Esta nueva
cumbre, celebrada con siete meses de retraso, sentó también los cimientos de la
creación de “una gran zona económica” entre el Mercosur y los países del ALBA y
Petrocaribe.
“Son 24 países
de nuestro continente que suman Sudamérica y buena parte de Centroamérica. Es
una formación económica que se plantea ir mucho más allá de lo que se ha
llamado el libre comercio”, dijo Maduro.
En su
declaración conjunta al término del encuentro, Mercosur precisó la necesidad de
una reunión en un plazo no mayor de 60 días entre los bloques para formalizar
la constitución de la zona, evaluar acuerdos comerciales, así como definir
programas y proyectos de cooperación conjunta, entre otros temas.
El ALBA está
integrado por Venezuela, Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, República
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Santa Lucía y San Vicente y las
Granadinas. Petrocaribe, creado a iniciativa de Venezuela, está integrado por
naciones caribeñas y centroamericanas que adquieren petróleo a precios
preferenciales.
El Mercosur
discutió también la situación en Gaza y exigió a Israel un “cese al fuego y que
se retomen los caminos para la paz y el respeto al pueblo palestino a existir”.
EL SALUDO QUE HERMANA DOS NACIONES PERÚ Y BOLIVIA
La República de Perú (www.larepublica.pe)
El patriotismo del estudiante de secundaria José
Tarqui Mamani (16) es el mismo
que embarga a la totalidad de alumnos de la institución educativa
secundaria Tahuantinsuyo, del distrito de Desaguadero, provincia de
Chucuito-Juli, al sur de la región Puno,
frontera con el país de Bolivia.
Para los
escolares de este centro educativo las Fiestas
Patrias son de hermandad
entre peruanos y bolivianos, y no solo de mero recuerdo histórico de
quienes lucharon contra la monarquía española por la independencia del Perú. Las ceremonias en memoria al libertador San
Martín, implícitamente quedaron desterradas. Solo unos cuantos colegios
lo rememoran.
En esta parte
del país (frontera con Bolivia) el mes patrio
se celebra con el intercambio de banderas
de ambas naciones para recordar que siempre fueron una sola nación en la
época del incanato y el virreinato, cuando parte del actual Altiplano
peruano-boliviano era denominado “Alto
Perú”.
Es en base a
una demarcación imaginaria que, los
ahora pueblos fronterizos, desde tiempos ancestrales practicaron formas de vida
comunitaria como si fuesen una sola nación, predominando el idioma
aimara. Recién por el año 1940, según varios historiadores, se instituyó la
demarcación geográfica entre Perú y Bolivia.
Los
protagonistas del intercambio de banderas de manera simbólica son los
escolares de la institución educativa secundaria Tahuantinsuyo (Desaguadero
–Perú) y sus similares del colegio Batallón Colorado (Desaguadero –Bolivia). La
ceremonia se celebra cada 28 de julio en horas de la mañana.
Ese día cada
colegio envía una escolta hasta el medio del puente Internacional que une a
ambos países. Los acompañan sus respectivos docentes y las principales autoridades políticas y militares del Perú y Bolivia.
Una vez
establecido el encuentro frente a frente, quien primero toma la posta del
intercambio es el escolar boliviano diciendo: “Hermano peruano os entrego la
bandera boliviana. El color rojo representa la sangre derramada por nuestros
héroes. El color amarillo representa nuestras riquezas y recursos naturales y
el color verde representa la esperanza, como un valor principal de nuestra
sociedad. Te entrego mi bandera para que la cuides y la protejas más que a tu
vida”.
Luego que la
delegación peruana recibe la bandera boliviana, el peruano responde: “Hermano boliviano os entrego la bandera del
Perú. El color rojo significa la sangre derramada por los héroes que lograron
la independencia del Perú. El color blanco significa la pureza y paz que
anhelamos. Te confío la bandera de mi país para que la cuides, la
respetes más que a tu vida. Tómala”.
Una vez
materializado el intercambio de la bicolor peruana y la tricolor boliviana, las
autoridades peruanas invitan a la delegación extranjera hacia la
localidad fronteriza de Desaguadero-Perú para participar del desfile y demás
actividades por Fiestas Patrias.
“Fue así como
entendí por qué entre peruanos y
bolivianos tenemos vidas comunes. La explicación está en que fuimos
parte de una sola nación. En esta fecha para nosotros predomina el hecho de ser
hermanos. Pero también es un buen motivo para precisar que también nossentimos
orgullosos de ser peruanos”, dijo José Tarqui.
Esta forma
peculiar de recordar el mes patrio, según varios entendidos, tiene el propósito
de acentuar la idea de recordar los procesos que sufrieron ambos países para
lograr su propio rumbo.
José Luis Mamani, brigadier general de la IE Tahuantinsuyo de Desaguadero
- Puno, refiere que es un gran honor encabezar la
delegación de estudiantes en estas Fiestas Patrias. “Me siento orgulloso de ser peruano”, agregó.
Alberto
Domínguez, dejó su tierra natal Huancayo para radicar en
Desaguadero. “En la frontera se ama más a la patria, hay mayor
patriotismo en la frontera", manifiesta.
MÁS ACTIVIDADES
Días previos a
celebrarse el Día de la Independencia del Perú, 28 de julio, los pobladores
de la localidad fronteriza de Desaguadero-Puno instalan la bandera peruana en
lo alto de sus viviendas. Algunos ciudadanos pintan la fachada de sus casas
para una mejor presentación durante las Fiestas
Patrias.
Los escolares
de las diferentes instituciones educativas de nivel inicial, primaria y
secundaria, semanas antes ensayan marchas para concretar su presentación en el desfile escolar por la Independencia
del Perú.
Por otro lado,
las unidades vehiculares, así como las motos y triciclos, llevan impregnados
los símbolos patrios, haciendo más notorio el sentido de patriotismo.
La noche del 27 de julio, escolares de diferentes instituciones educativas de la ciudad binacional
participan del paseo de antorchas y farolas.
Asimismo, las
delegaciones de las diferentes organizaciones sociales, gremios, sindicatos e
instituciones públicas y privadas desfilan por recordarse el aniversario
patrio.
Por estas
fechas se ven interrumpidas las actividades comerciales, agrícolas y los
quehaceres diarios.
Las
celebraciones por Fiestas Patrias acaban con la tradicional corrida de toros,
que se realiza cada 29 de julio en una de las explanadas de la localidad de
Desaguadero. Centenares de personas se trasladan a dicho lugar, desde
diferentes puntos de la región Puno, para formar parte del evento.
EVO MORALES IMBATIBLE PARA TERCER MANDATO PRESIDENCIAL
La República de Perú (www.larepublica.pe)
A menos de 75
días de las elecciones generales en Bolivia, el oficialista Movimiento Al
Socialismo (MAS) se ha convertido en el protagonista de la campaña electoral,
seguido muy de lejos por otras cuatro agrupaciones que, en condiciones
desventajosas, aspiran a conquistar el voto ciudadano a fin de promover otra
alternativa al futuro del país. Evo Morales, que se presenta a una tercera
reelección, parece no tener rival.
Esta es la
segunda vez que se convocan elecciones generales amparadas en la nueva
Constitución, un proceso lleno de luces y sombras. Por un lado, es la primera
vez en la historia que más del 50% de las candidatas son mujeres. Tres de ellas
aspiran a la vicepresidencia y alrededor de 382, de un total de 753 mujeres,
encabezan las listas para ocupar cargos en la Asamblea Legislativa. Sin
embargo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), debilitado y cuestionado, no ha
logrado dar plena certidumbre al proceso electoral tanto por la revisión de
algunas decisiones referidas, por ejemplo, a la cartografía electoral, que fue
impugnada por sectores ciudadanos, y por la asignación de escaños
parlamentarios.
Está pendiente
la transparencia del padrón electoral, cuyo incremento ha superado todo cálculo
previo del mismo TSE. De momento, no ha logrado disipar la idea de que sus
decisiones favorecen al oficialismo
OPOSICIÓN
DISPERSA
La Unidad
Democrática postula al empresario Samuel Doria Medina y su acompañante el ex
gobernador de Beni Ernesto Suárez; el Movimiento Sin Miedo ha proclamado al ex
alcalde de La Paz Juan del Granado y a la ex diputada de Santa Cruz Adriana Gil
como candidatos a la presidencia y la vicepresidencia. Por su parte, Democracia
Cristiana ha presentado al ex presidente Jorge Tuto Quiroga y a la indígena
Tomasita Yarhui y el nuevo Partido Verde de Bolivia postula al indígena
Fernando Vargas y a Mary Margot Soria.
Los candidatos
de cinco agrupaciones políticas para la presidencia, la vicepresidencia y 157
escaños en la Asamblea Legislativa, disputarán la preferenia ciudadana en los
comicios que están fijados para el próximo 12 de octubre.
Como fuere,
Morales pisa fuerte y, aún sin encuestas ni tendencias de votos, la ciudadanía
percibe que el resultado de las urnas le va a ser favorable.
POLICÍA INTERVIENE AVIONETA BOLIVIANA CON 300 KILOS DE COCAÍNA
EN AYACUCHO
La República de Perú (www.larepublica.pe)
Sorpresiva
intervención de varios agentes antidrogas de la base de Palmapampa lograron
intervenir una avioneta de nacionalidad boliviana estacionada en una pista
clandestina en la localidad de Mayapo, distrito de Llochegua, provincia
ayacuchana de Huanta, en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
La nave
aérea de placa CP-2776 fue ubicada en la pista de aterrizaje acondicionada a
orillas del río Apurímac, cuando los cuatro narcos estaban a punto de partir
con los 300 kilos de clorhidrato de cocaína hacia la ciudad de Bolivia. Toda la
droga tipo ladrillo fue encontrada dentro de 9 sacos de polietileno color negro
al interior de la avioneta.
Los traficantes
de droga se enfrentaron a balazos contra los policías, aprovechando la espesura
de la vegetación. El grupo, dirigido por general PNP Vicente Romero, trasladó a
su base la carga de droga.
DESDE BOLIVIA A PUERTO RICO
Claridad de Puerro Rico (www.claridadpuertorico.com)
Después de tres
días de debate, el 2 de julio de 2014 culminó en Cochabamba, Bolivia, el
Encuentro Sindical Internacional Antiimperialista con la participación de más
de 22 países de distintos continentes y 150 delegados internacionales. Los
delegados aprobaron el documento “Tesis política antiimperialista”, el cual
reafirma la lucha contra el capitalismo y todas sus expresiones, además de
considerar al socialismo como una medida para superar las injerencias contra la
soberanía política y económica del mundo.
Este evento,
del cual nuestro país no debe estar ajeno, reviste gran importancia ante los
retos que enfrenta el movimiento obrero en Puerto Rico y los demás frentes de
lucha progresista. Resumamos los principales puntos de esta Tesis política
antiimperialista.
Como
introducción se plantea la premisa de que los pueblos de mundo, especialmente
los sectores populares, estamos sufriendo las consecuencias de una crisis del
capitalismo que es global y estructural. Es global, porque a diferencia de
otras crisis, ésta no sólo afecta y se retrata en un escenario local, sino que
se repite en otras latitudes cuestionando la supuesta democracia del sistema
capitalista. Las respuestas locales reconocen la necesidad de construir frentes
internacionales como alternativa a la crisis.
Es estructural
porque combina varias crisis, –económica, financiera, energética, climática,
institucional, hídrica, política y de valores. No sólo persigue un aumento en
las ganancias de capital, sino que el sistema necesita dominar todo para su explotación,
la naturaleza, el pensamiento y la persona humana.
El
reconocimiento a la existencia de la lucha de clases es vital para entender la
necesidad de construir un proyecto alternativo que haga frente a la crisis del
capitalismo. Y ese proyecto sólo puede venir de los sectores populares y de
trabajadores organizados. Los sindicatos están llamados a trascender de la
negociación económica. Tienen que asumir nuevos retos que implican reinventar
sus estructuras y métodos de lucha. Y sobre todo enfatizar en la educación
popular como herramienta de cambio.
La Tesis
reconoce la aportación de Bolivia como un gobierno de movimientos sociales,
donde la dirección del proceso se encuentra en manos de sectores populares,
fusión de luchas de indígenas, obreras y campesinas. Por otro lado, al repudiar
la propuesta neoliberal, los delegados expresaron su apoyo a la lucha por el
socialismo basado en el antiimperialismo, el anticolonialismo y el
anticapitalismo. Reconociendo los matices, el ritmo y las intensidades de cada
lucha en cada país, los denominadores comunes son la emancipación de los
pueblos y sus habitantes y el recuperar la soberanía sobre los recursos
naturales.
Lo anterior
explica el desarrollo de bases militares norteamericanas en todo el planeta, 77
de ellas en América Latina, las mal llamadas guerras humanitarias, guerras
contra el terrorismo y misiones de paz, que no son otra cosa que el avance
geopolítico imperialista. En la denuncia anticolonialista el Encuentro Sindical
no dejó pasar inadvertida la situación colonial de Puerto Rico, por lo cual
repudiaron la ocupación imperialista en nuestro país.
En la crítica
anticapitalista se denuncia cómo el sistema financiero internacional utiliza al
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y a la Organización
Internacional del Trabajo para debilitar las soberanías de los pueblos. Al
recordar que durante el mes de julio se cumplen 29 años de la celebración de la
Conferencia de la Habana sobre la deuda externa, en la cual se analizó y se
denunció el mecanismo de la deuda para continuar colonizando a los pueblos, el
Encuentro Sindical reclamó la eliminación total de la deuda.
El encuentro,
respaldado y apoyado por la Federación Sindical Mundial, concluye haciendo un
llamado “a la coordinación de sindicatos, movimientos sociales, los jóvenes,
las mujeres e intelectuales comprometidos para desde la defensa de los procesos
de cambio lograr la construcción de un proyecto político de liberación nacional
y social de nuestros pueblos”.
Polémicos personajes detrás del megaproyecto
EL CANAL INTEROCEÁNICO DE NICARAGUA VISTO DESDE CHINA
El expolítico boliviano Ronald MacLean-Abaroa, que es hoy
el vocero de HKND, habría podido ser el presidente de Bolivia hace doce años de
haber ganado las elecciones como candidato del partido de derecha Acción
Democrática Nacionalista, fundado por el exdictador y expresidente Hugo Bánzer.
Fue el primer alcalde electo de La Paz y estuvo en el cargo durante cuatro
períodos (1985-1991).
El Espectador de Colombia (www.elespectador.com)
“Nuestro
objetivo es contribuir al progreso de las civilizaciones mundiales. ¡Xinwei
está haciendo historia! ¡Xinwei será una leyenda!”, anuncia el empresario chino
Wang Jing en la página web de su compañía de equipos para redes e informática.
Sin embargo, la empresa de su propiedad que ambiciona hacer historia no es
Xinwei, sino HKND, o Hong Kong Nicaragua Development, que ya es famosa porque
pretende construir un canal interoceánico en Nicaragua.
El canal de
Nicaragua, que competiría con el de Panamá, se ha convertido en uno de los
proyectos banderas del presidente Daniel Ortega. Sin embargo, entre más se
indaga en este tema, más son las preguntas incómodas.
Primero, Wang
Jing (42), el empresario encargado del megaproyecto, es un enigma hasta en la
misma China, y su gobierno no sólo no lo respalda, sino que ha lanzado
advertencias sobre el proyecto. Segundo, el vocero de la empresa, el ex alto
funcionario boliviano Ronald MacLean-Abaroa (65), fue llamado en 2010 para
rendir una declaración en Bolivia por una investigación en su contra y jamás se
presentó. Tercero, el gobierno nicaragüense no ha podido dar cuenta de por qué
no hubo una licitación para adjudicar la obra de infraestructura más grande de
su historia, ni por qué le otorgó esta concesión a una empresa que no tiene
mayor experiencia en ingeniería. Y cuarto, nadie en HKND ha querido explicar de
dónde van a salir los US$50.000 millones que se necesitan para financiar la
megaconstrucción.
“Hemos escrito
sobre él, pero nunca hemos podido conocer su trasfondo. El hombre es un
misterio”, nos dijo un periodista de un diario financiero de China hace poco
más de un mes. En la prensa china Wang tiene el apodo de “el loco del canal”.
Nació en diciembre de 1972 en Pekín y estudió finanzas y administración en Hong
Kong. Figura como propietario de más de 20 empresas, entre ellas Skyrizon
Aircraft Holdings, la ya mencionada Xinwei, una minera de oro y minerales
preciosos en Camboya llamada Southeast Asia (Cambodia) Agriculture Development
Group Inc., y 13 empresas relacionadas con el proyecto del canal de Nicaragua y
creadas en Hong Kong, Holanda y las Islas Caimán.
No le gusta
hablar de su familia y ha dicho que ningún miembro de ella ha estado ligado al
gobierno. Él mismo ha insistido en que ni él ni su proyecto han estado
vinculados al gobierno de China.
El gobierno
chino ha dicho lo mismo en varias ocasiones. Según medios de ese país, el
Ministerio de Comercio de China publicó una advertencia de riesgo en 2012,
diciendo que China no tenía relaciones diplomáticas con Nicaragua y que el
proyecto podría generar una disputa con Costa Rica. También les recordó a las
compañías chinas que no participaran en el proyecto. La Cancillería, a su vez,
ha insistido en que el gobierno no respalda a esta empresa.
Si no tiene el
respaldo del gobierno de China, pues tampoco tiene su dinero, y el proyecto
cuesta US$50.000 millones. En una entrevista con Reuters, Wang Jing dijo que
reuniría el dinero a través de esquemas de propiedad compartida, préstamos
bancarios y emisión de deuda.
Es decir, que
en buena medida se trata de acudir a promesas y a obligaciones financieras. Sin
embargo, Wang tiene músculo financiero en el papel, pues de todas formas es uno
de los hombres más ricos del país si medimos sus activos (ocupó el puesto 22 en
el ranquin New Fortune 500 de 2013). También según Reuters, Xugong Group
Construction Machinery Co., una de las empresas de construcción más grandes de
China, compraría entre 1,5% y 3% de las acciones compartidas.
El expolítico
boliviano Ronald MacLean-Abaroa, que es hoy el vocero de HKND, habría podido
ser el presidente de Bolivia hace doce años de haber ganado las elecciones como
candidato del partido de derecha Acción Democrática Nacionalista, fundado por
el exdictador y expresidente Hugo Bánzer. Fue el primer alcalde electo de La
Paz y estuvo en el cargo durante cuatro períodos (1985-1991). Ocupó varios
ministerios bajo el mandato de tres presidentes: Planeación, Asuntos
Exteriores, Información y Comunicaciones, Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente,
y el de Finanzas. En el año 2002 se lanzó a la Presidencia, perdió con 4% de la
votación (fue el portavoz del gobierno cuando las famosas “Guerras del Agua”:
las protestas populares desatadas por la privatización del agua de Cochabamba a
una compañía estadounidense), y tras su derrota viajó a Washington para
trabajar con el Banco Mundial. Su apodo era “el hijo del neoliberalismo”.
Es a causa de
las decisiones que tomó en el último ministerio que ocupó, el de Finanzas, que
fue llamado el 18 de noviembre de 2010 por el fiscal Harry Suaznábar para que
presentara una declaración informativa. Se le acusaba de haber cometido
irregularidades en los pagos de unas dietas (compensaciones a funcionarios
públicos por dejar el sector privado). Según la acusación, aumentó el pago de
las dietas a altos funcionarios de la aduana nacional, a pesar de que sus
beneficiarios no desempeñaban funciones de tiempo completo.
Sin embargo,
MacLean-Abaroa tiene también una sobresaliente hoja de vida en el campo de la
lucha contra la corrupción. Es miembro del consejo asesor de Transparencia
Internacional y ha dictado varias conferencias anticorrupción en instituciones
como Harvard, en especial describiendo su experiencia como alcalde de La Paz.
Se ha pronunciado varias veces en contra de esta acusación. Una de las últimas
durante una entrevista televisiva en el año 2011 para el programa boliviano
Todo a pulmón: “En el modelo actual los opositores son tratados como
criminales. Hoy en día vemos que todos estamos siendo perseguidos por cualquier
motivo. Estamos judicializados. Hace un par de años me han iniciado un par de
juicios ridículos que me inhabilitan políticamente”.
Si lo que
afirma Ronald MacLean-Abaroa es cierto, resulta irónico que el vocero de uno de
los proyectos más ambiciosos de Daniel Ortega sea un perseguido político del
socialismo del siglo XXI.
Por lo pronto,
las fases políticas del proyecto marchan a toda velocidad en Nicaragua. Tanto
así que la Asamblea Nacional no consideró necesario abrir un proceso de
licitación para adjudicar en 2013, hasta por 100 años, la concesión del Canal
de Nicaragua al HKND Group. Algunos explican este éxito en el plano político a
las importantes conexiones de Wang Jing.
“El hijo de
Daniel Ortega no tiene un cargo oficial en el Estado, tiene una función de
asesor en la promoción de inversiones, pero en esta relación particular aparece
como el enlace oficial entre el Estado y Wang Jing. El que va a recibir a Wang
Jing al aeropuerto es Laureano Ortega. Es lo que se ve en la superficie. Ahora,
qué tipo de relación más profunda tengan, no la conocemos”, dijo Carlos
Fernando Chamorro, periodista nicaragüense director del programa Esta semana y
de la publicación Confidencial, quien recibió en 2010 el Premio María Moors
Cabot de la Universidad de Columbia de Nueva York.
Preguntamos si
la ley que adjudicó la concesión del canal merecería una investigación por
parte de un ente de control o de un órgano de la justicia: “En Nicaragua eso es
impensable”, respondió. “Esta ley mereció más de 30 recursos por inconstitucionalidad,
una cifra récord. Todos fueron descartados por la Corte Suprema de Justicia en
una sola resolución. En Nicaragua no existen órganos del Estado independientes
del Ejecutivo”.
En torno a este
tema son más las preguntas abiertas que las respuestas, y la incertidumbre no
es un buen contexto para un proyecto que pretende reunir US$50.000 millones a
través de acciones compartidas y préstamos.
“Un vocero de
la compañía dijo que se han gastado más de US$200 millones en estudios, pero
¿dónde está esa plata? Por la calidad de los estudios que han presentado, eso
es bastante dudoso”, añadió Chamorro.
La compañía ha
sido hermética con respecto a su contabilidad y ha dicho que por razones de
confidencialidad con los inversionistas no puede revelar detalles financieros.
El proyecto
podría ser una avezada estrategia ingenieril, empresarial y geopolítica; una
pirueta financiera mortal sin red de seguridad; una simple quimera, o incluso
algo peor.
El banco
central de Nicaragua comprometió todas sus reservas internacionales como
garantía de este proyecto, de manera que según la ley se las puede entregar a
Wang Jing y a sus socios. Es mucho lo que hay en juego.
Intentamos
comunicarnos con el HKND Group, pero al cierre de esta edición no había
respondido a nuestra solicitud de entrevista.
“LA DETENCIÓN PREVENTIVA PUEDE SER USADA COMO UN MODO DE
'LAVARSE LA CARA'”
Luis Pásara. Abogado y Doctor
en Derecho por la PUCP. Radica en España y ha publicado 'Una reforma
imposible', sobre la justicia latinoamericana.
La República de Perú (www.larepublica.pe)
¿Qué hace
imposible que se encuentre justicia en el Perú?
No diría que es
imposible encontrar justicia en el Perú; solo lo es en determinados casos, que
usualmente son aquellos en los que hay intereses poderosos de por medio, que
interfieren en la imparcialidad con la que el juez debería decidir. En la mayor
parte de casos la justicia no es imposible pero sí es cara y lenta, además de
imprevisible cuando interviene el factor de la corrupción, que puede lograr que
se declare blanco lo que es negro. Y, en efecto, para la mayor parte de la
población la justicia sigue siendo enigmática. Pero, en cierta medida, eso no
se origina en la justicia misma sino en la educación. ¿Por qué en los planes de
estudios escolares no se incluyen cursos en los que el futuro ciudadano conozca
qué es el sistema de justicia, cuáles son sus atribuciones y, como peruano, qué
derechos y deberes tiene en él? Es tan simple y no se hace. No sé por qué. De
allí que lo que parezca imposible sea cambiar el estado de cosas, reformarlo.
Se suele decir
que la dependencia del poder político parte de que este asigna el
presupuesto...
Muchos jueces
–a menudo quienes ocupan cargos más altos– recurren a reclamar más dinero
público como una coartada para disimular su incapacidad para encarar los
problemas de fondo de la justicia. No solo aquí; en toda América Latina se
escucha la misma letanía. Los hechos demuestran –en varios casos, Perú y
Ecuador incluidos– que multiplicar –digo bien, multiplicar– el presupuesto
judicial no procura ni mejores jueces ni una justicia más eficiente.
Aumentar el
sueldo a los jueces, como lo hizo el gobierno de Alejandro Toledo, ¿fue
apropiado?
Primero,
atribuir la corrupción a los bajos sueldos es un juicio canallesco acerca del
ser humano: suponer que la moral individual no depende de la conciencia sino
del nivel de ingresos. Segundo, el caso peruano demuestra, precisamente, que
haber aumentado los sueldos no hizo menos corrupto al Poder Judicial. Pero eso
no quiere decir que fuera incorrecto mejorar los sueldos de los jueces. El juez
debe recibir una remuneración acorde con la importancia de su función. Lo que
no estuvo bien, en la decisión de Toledo, fue no incrementar las remuneraciones
del personal auxiliar, cuyo papel también es importante.
En la hipótesis
de que para la población sea complejo entender el proceso judicial, ¿existe
alguna forma de ir cerrando esa brecha?
Claro que es
posible cerrarla, cuando menos reducir la ignorancia actual. Pero los
operadores del aparato de justicia –empezando por los abogados– se benefician
de esa ignorancia ciudadana de la ley. Con frecuencia, el abogado litigante
cobra al cliente sólo por servir de intérprete o traductor de un lenguaje
judicial que se mantiene, estúpida o perversamente, a distancia de lo que un
mortal común puede comprender. Y esa misma imposibilidad de entender hace que
el cliente no pueda evaluar los servicios de su abogado, que muy frecuentemente
no son tales; esto es, que la inoperancia del abogado –por ignorancia o por
descuido– causa un daño al cliente que le paga inútilmente sin saberlo.
Los casos de
linchamiento de delincuentes por sus víctimas siguen...
Los casos de
Guatemala, Bolivia y México muestran que el fenómeno va hacia más y no hacia
menos. Responsabilizar de los linchamientos a la justicia tiene un fundamento
que es solo parcialmente verdadero. Cuando “no hay justicia” –esto es, no hay
policía ni jueces en un área territorial determinada–, se entiende, aunque no
se apruebe, que se recurra a la propia mano; pero hay casos en los que la turba
arrebata al detenido de la comisaría; allí no hay ausencia de justicia; lo que
hay es un estado cultural primitivo, al que corresponde el linchamiento. Que la
muchedumbre crea que “hace justicia” cuando hiere gravemente o mata a alguien
–que a veces incluso es un inocente– es algo que ocurrió en una época en
Estados Unidos y hoy ocurre en América Latina, que está viviendo, no solo en
este terreno, regresiones de primitivismo.
En Puno la
población retuvo a una jueza y la obligó a arrodillarse en la calle para que
explique y ofrezca disculpas por excarcelar a un acusado de violación. ¿Eso es
señal de una rebelión civil?
No conozco el
caso específico y no sé por qué la jueza dispuso la excarcelación. Lo que sí
sé, porque he trabajado el asunto de la detención provisional o prisión
preventiva, es que la falta de educación ciudadana hace que en nuestros países
se crea que cualquiera que es señalado –por la víctima o, peor aún, por la
policía– es, sin duda, culpable. De allí la indignación que se produce,
alentada casi siempre por los medios de comunicación, cuando un señalado como
responsable en un proceso penal es puesto en libertad, sea provisional o
definitiva. Esto es, en buena medida, falta de educación cívica; pero también
es verdad que los jueces deben fundamentar siempre sus decisiones, en este tipo
de casos como en cualquier otro.
¿Cuánto se
parece esa escena a la de Fiorella Nolasco –la hija del asesinado consejero
regional de Áncash Felipe Nolasco– recriminando por su pasividad al Fiscal de
la Nación en una audiencia pública en Chimbote?
Este caso es
distinto porque pertenece a esa categoría de casos a los que referí al comienzo
de la conversación, en los que la interferencia de los intereses del poder
lleva a temer que no habrá justicia. El comportamiento del Fiscal de la Nación
es una vergüenza en éste y en otros casos.
Precisamente
luego de ese emplazamiento, empezaron innumerables 'detenciones preventivas' de
autoridades regionales. Si hasta parece percibirse una intención de reaccionar
mejor...
La detención
preventiva puede ser usada –y ha sido usada– por los operadores del sistema
como una manera de “lavarse la cara”. Como hay presión de la opinión pública
para que “se haga algo”, se dicta la detención y se crea una imagen de
eficiencia que acaso no corresponda a un proceso seriamente llevado. El tiempo
nos dirá si en este caso concreto las detenciones dictadas son solo asunto de
imagen o reflejan una investigación de fondo, con indicios sólidos de
responsabilidad.
Lamentablemente, la capacidad de investigación de los ministerios públicos en América Latina es muy baja –incluso cuando no hay de por medio interferencias políticas o corrupción– y ésa es una de las razones importantes que explican el relativo fracaso de la reforma procesal penal.
Lamentablemente, la capacidad de investigación de los ministerios públicos en América Latina es muy baja –incluso cuando no hay de por medio interferencias políticas o corrupción– y ésa es una de las razones importantes que explican el relativo fracaso de la reforma procesal penal.
¿Y qué va a
pasar si, por ejemplo, los casos de César Álvarez y Rodolfo Orellana, que
tantas órdenes de detención han generado, al final quedan en nada?
Sin duda, si
ése fuera el desenlace, el descreimiento aumentaría. Existen antecedentes de
casos “sonados” que luego se pierden y terminan sin condena. Es que hay quienes
apuestan a que el olvido –o el surgimiento de nuevos escándalos– haga que la
atención que hoy se presta a un caso, mañana no exista. Entretanto, el caso puede
esperar en un cajón.
¿Qué tan
parecida es la realidad del Perú con respecto a otros países del continente en
cuanto a la ausencia de Justicia?
En términos
generales, la realidad peruana es similar; pero en muchos aspectos, es peor.
Creo que la empeora, en particular, el hecho –que no se recuerda mucho– de que
el Perú inició su primera reforma judicial en los años setenta. Solo Cuba había
hecho antes una reforma de la justicia, que terminó siendo un aparato de
justicia al servicio de “la Revolución”, esto es, el partido y el gobierno. Las
“olas” de reforma vinieron luego, a partir de los años ochenta, inducidas por
la ayuda estadounidense en Centroamérica. De modo que el Perú ha visto fracasar
más intentos de reforma que otros países. Dicho eso, en la región las
coincidencias son muchas y el origen, en efecto, está en el modelo de justicia
heredado de la colonia. El modelo económico actualmente impuesto ni siquiera ha
tenido mayor impacto en la justicia, casi prescinde de ella.
Reflexionar
sobre los problemas comunes de injusticia, ¿no es una experiencia académica
desmotivadora? ¿Es una aventura editorial rentable? ¿Se vendió más o menos que
el libro sobre Cipriani?
Es una pregunta
muy pertinente, dado que he dedicado décadas de mi vida al tema, guiado por la
curiosidad intelectual pero también por el propósito de que la justicia fuera
distinta. Durante mucho tiempo mantuve esa ilusión; lo que quizá ha variado es
que hoy pienso que los cambios posibles son limitados, en parte debido a que la
justicia de un país dado no puede dejar de asemejarse a la sociedad de ese
país. Averiguar esto no es rentable, pero no lo hice pensando que lo fuera. En
cierta medida porque el interés social en el tema no es muy grande y allí
reside una de las razones por las que la justicia no cambia o cambia muy poco.
Mucho mayor interés existe por un libro como el de Cipriani, un actor político
cotidiano, cuya primera edición casi se ha agotado en cinco meses.
¿Qué debemos
esperar de su próximo libro?
He escrito
recientemente un informe, que se ha convertido en un pequeño libro, acerca de
las condiciones de la independencia judicial bajo el régimen de Rafael Correa
en Ecuador. Se ha lanzado esta semana y probablemente tenga una repercusión
política importante. Estoy trabajando un informe sobre los resultados de la
elección popular de las cúpulas institucionales de la justicia boliviana, que
tuvo lugar a fines de 2011. Ambos son casos de los que los peruanos podemos
aprender mucho.
EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 200 PUEBLOS INDÍGENAS
Son 10.000 personas que viven en aislamiento voluntario
en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Venezuela.
El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info)
La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó ayer sobre la situación de
vulnerabilidad de unos 200 pueblos indígenas que viven aislados en Bolivia,
Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela.
En un informe titulado "Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las Américas", la CIDH puso de manifiesto la fragilidad de las comunidades en esa situación, que se calcula son unas 10.000 personas en total, dada su incapacidad de abogar por sus derechos.
En un informe titulado "Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las Américas", la CIDH puso de manifiesto la fragilidad de las comunidades en esa situación, que se calcula son unas 10.000 personas en total, dada su incapacidad de abogar por sus derechos.
Muchos de estos
pueblos han desaparecido, destacó el estudio, y los pocos que sobreviven se
enfrentan a la demanda creciente de los recursos naturales que se encuentran en
sus territorios, como los hidrocarburos, los minerales, las maderas y los
recursos hídricos.
"Si no
logramos asegurar su protección contra estas incursiones, enfrentamos el riesgo
de ser testigos de la desaparición completa de los pueblos indígenas",
aseguró la CIDH en su informe.
Territorios
protegidos
Los Gobiernos
de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela han
reconocido, con diferentes niveles de protección jurídica, más de 9 millones de
hectáreas a favor de pueblos indígenas que viven al margen de la sociedad
general.
También hay
indicios de su presencia en las zonas fronterizas de Brasil con Guyana y
Surinam.
Sin embargo, el
informe destaca que las prohibiciones de acceso a estas áreas no siempre son
respetadas y que en la práctica no se suelen realizar acciones para hacerlas
cumplir, poniendo en riesgo su integridad y abocándolos a su extinción
definitiva en poco tiempo más.
Entre las
amenazas que vulneran los derechos de estas comunidades, la CIDH señala el
narcotráfico, las actividades turísticas (ecológicas o de aventura), la
evangelización de los indígenas, la construcción de infraestructuras y la
explotación de los recursos naturales.
La CIDH insta a
proteger los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y
considera que si no se preserva su diversidad cultural sería una pérdida para
toda la humanidad.
Los recursos
naturales
Entre las
recomendaciones que cita el informe para preservar a este colectivo figuran el
reconocimiento de su existencia y su derecho a la autodeterminación, la
protección de sus tierras, territorios y recursos naturales, así como su
derecho a permanecer en aislamiento voluntario, entre otras.
El contacto
debe darse solamente en el caso de ser propiciado por los pueblos en
aislamiento, de lo contrario, "debe respetarse su derecho a vivir aislados
para no vulnerar su existencia" con la escasez de alimentos, las epidemias
y la violencia, derivadas de la incursión en sus territorios.
La CIDH
entiende por pueblos en situación de aislamiento voluntario y de contacto
inicial a los indígenas que no mantienen contactos sostenidos con la población
no indígena y que rehuyen todo tipo relación con personas ajenas a su
comunidad. En algunos casos, tras un contacto esporádico con las sociedades no
indígenas, muchas veces violento, esos pueblos han decidido regresar a vivir al
margen de la sociedad.
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