En momentos en que se observa un posible regreso al poder de la
izquierda en Latinoamérica, Bolivia le envía un interesante mensaje al
progresismo.
La izquierda peruana está muy cerca de ganar las elecciones, y en
Brasil el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), se perfila como
el favorito para los comicios de 2022.
Con este escenario, al que se le agrega la propia Bolivia, Argentina y
México, además de Venezuela, el sueño de una unión entre los pueblos
latinoamericanos vuelve a renacer, especialmente en tiempos en que el COVID-19
demostró que la cooperación entre países en esta parte del mundo fue escasa y
que la región más desigual del planeta no tuvo más remedio que supeditarse a
los deseos de las grandes potencias para conseguir vacunas.
Así, el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, en una entrevista con
Sputnik, aprovechó la ocasión para mandar el siguiente mensaje: América Latina
tiene que fomentar una integración regional por encima de ideologías.
"Más allá del posicionamiento de izquierda o derecha, creo que los
países en Latinoamérica lo que estamos aprendiendo de la pandemia es que una
herramienta fundamental para resguardarnos es concretar y fortalecer el proceso
de integración regional, de forma más decisiva", afirmó Mayta.
El canciller realizó estas afirmaciones luego de ser consultado sobre
qué acciones debería impulsar la izquierda en América Latina para no cometer
los errores del pasado, que en algunos países significaron el regreso al poder
de partidos de derecha.
Una de las ideas que frecuentemente muchos dirigentes políticos de
derecha y varios analistas señalan es que durante el auge de los gobiernos de
izquierda en la región (2003-2015) se apostó a una integración, especialmente
con la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), basada en afinidades
ideológicas.
Otra historia
Por su parte, el canciller boliviano consideró que otra hubiese sido la
historia si América Latina hubiese tenido una "herramienta tan
poderosa" como la Unasur, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (Celac) "potenciada", o una Organización de los Estados
Americanos (OEA) "que no estuviese en crisis".
"Esos procesos de integración nos han hecho falta, nuestros países
a veces hemos tenido un diálogo solidario, pero en la mayoría de los casos ha
sido un "sálvense quien pueda". Eso se ve en que nuestras capacidades
se han visto limitadas por ese actuar individual", dijo Mayta.
El ministro de Exteriores boliviano agregó que otro hubiese sido el
escenario de la pandemia si dentro de los procesos de integración América
Latina hubiese desarrollado sus capacidades para crear vacunas y producir
medicamentos de acuerdo a los requerimientos de sus patrones culturales y
características de sus sistemas de salud.
"En cambio, hemos estado dependiendo de la solidaridad, apoyo y
relacionamiento con proveedores de Asia, Europa o EEUU. El reto para el futuro
para nuestros países es aprender esas lecciones; más allá de discursos
demagógicos o chovinistas, necesitamos integrarnos para fortalecernos",
reflexionó el canciller boliviano.
La Unasur fue fundada en 2008 con la idea de incrementar el intercambio
cultural, social y comercial en el sur de América Latina y desde esa región con
otras del mundo.
Inicialmente, estuvo conformada por Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
No obstante, el bloque está en crisis desde 2018 por diferencias
políticas entre sus países miembros y quedó paralizada desde abril de 2019,
cuando Bolivia pasó la presidencia pro tempore a Brasil.
En 2018, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Paraguay decidieron
retirarse del grupo, al igual que Ecuador en 2019 y Uruguay en 2020. (Sputnik
News de Rusia (https://bit.ly/36DTUyc)
EN BOLIVIA ENCONTRARON ARMAMENTO QUE ENVIÓ MAURICIO MACRI EN APOYO AL GOLPE CONTRA EVO MORALES
Lo anunció el jefe de la fuerza de seguridad boliviana, Jhonny
Aguilera, y dio detalles del material represivo que fue encontrado. También
precisó que no existen registros documentales de su entrega.
Página 12 de Argentina (https://bit.ly/2UQJwjJ)
Las 70.000 balas de goma que el gobierno de Mauricio Macri envió para
colaborar con el golpe de Estado en Bolivia no se usaron ni para defender la
embajada ni para que los gendarmes se entrenaran. “Hasta ahora sabemos que no
hubo disparos por parte de ninguno de los contingentes de gendarmes durante su
estadía en Bolivia”, confirmó a Página/12 la ministra de Seguridad, Sabina
Frederic, después de que la Policía del Estado Plurinacional anunciara que
había encontrado en uno de sus depósitos parte de las municiones enviadas por
la gestión Cambiemos. “De corroborarse el hallazgo del armamento y las
municiones argentinas en el depósito de la Policía Boliviana, se confirmaría el
contrabando agravado realizado por el gobierno de Macri, porque se comprobaría
que el destino del material no era la custodia de la embajada”, apuntó, por su
parte, el ministro de Justicia, Martín Soria, en diálogo con este diario.
Este miércoles, el comandante de la Policía de Bolivia, Jhonny
Aguilera, anunció que se había hallado en un depósito de esa fuerza parte del
material bélico enviado por Macri el 13 de noviembre de 2019, cuando ya estaba
en el gobierno la golpista Jeanine Añez. Confirmó que se habían encontrado
balas anti-tumulto 12/70, granadas y spray de gas pimienta. “En carácter
material están esos pertrechos, pero no existe ningún solo documento”, remarcó
Aguilera ante la prensa local.
“Vamos a reconstruir qué funcionarios acudieron al aeropuerto cuando
arribó el avión de Argentina, donde funcionarios vestidos de uniforme militar
entregaron este material sin ningún tipo de documentación a la Policía
Boliviana”, añadió el jefe de la Policía de Bolivia. Según informaron fuentes
de esa fuerza a este diario, se realizaron inspecciones hasta dar con el
material. Este jueves, el jefe de policía irá al depósito donde está el
armamento, ubicado en la ciudad El Alto, distante a 20 minutos de la capital
boliviana, y el ministro de Gobierno boliviano, Carlos Eduardo del Castillo del
Carpio, dará detalles concretos de la cantidad de material hallado.
Hasta ahora, el gobierno de Alberto Fernández logró reconstruir que
salieron 70.000 balas anti-tumulto y que llegaron a La Paz el 13 de noviembre
de 2019 junto con un contingente de once gendarmes que fue enviado a proteger
la embajada argentina. En la sede diplomática, apareció una carta enviada ese
mismo día por el entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge
Gonzalo Terceros Lara, en la que agradecía por el envío de 40.000 balas
anti-tumulto. La pregunta, entonces, era qué había pasado con las otras 30.000
que salieron del país. La hipótesis más firme es que hayan sido entregadas a la
Policía de Bolivia.
“Macri envió 70.000 municiones anti-tumulto a Bolivia. La Fuerza Aérea
agradeció 40.000. Lo hallado en los depósitos de la Policía Boliviana podría
ser indicio de lo que sucedió con las restantes 30.000 municiones”, evaluó el
ministro Soria en conversación con Página/12. “Para nosotros es muy importante
esta noticia. Es una de las piezas que falta para saber qué pasó con las 70.000
balas. Sabemos que no hubo uso de las municiones por parte de los gendarmes. Si
aparecen es porque fueron desviadas”, completó Frederic.
A La Paz fueron enviados tres contingentes de gendarmes que pertenecen
a la fuerza especial “Alacrán”, a la que se convoca en casos de tomas de
rehenes. Los alacranes no utilizan armas ni municiones anti-tumulto porque no
se dedican a dispersar movilizaciones, como sí lo hacen otros grupos de la
Gendarmería como los "movileros". El grupo “Alacrán” emplea las armas
letales. Por eso, es especialmente extraño que hayan pedido llevar tal cantidad
de balas de goma para una fuerza especial que no las usa.
La información confirmada a este diario por la ministra Frederic acerca
de que los gendarmes no entraron en acción ni realizaron disparos sirve para
desacreditar la versión que dio el 15 de julio del año pasado el entonces
director de Operaciones de la Gendarmería, Carlos Miguel Recalde. En ese
momento, Recalde informó que los alacranes habían vuelto sin una bala
anti-tumulto 12/70 porque las habían empleado para realizar entrenamientos y
práctica de tiros. Una versión estrambótica, no sólo por la cantidad, sino
porque los alacranes no se entrenan en el uso de ese tipo de armamento. “Con el
hallazgo de la Policía Boliviana, quedaría en evidencia que el supuesto
entrenamiento que alegó la Gendarmería más tarde nunca existió, y que, en
realidad, fue un intento de encubrir el contrabando de armas y municiones que
se usaron para consolidar un golpe de estado en un país hermano”, resalta
Soria.
Tanto Recalde como Rubén Carlos Yavorski (exdirector de Logística de la
Gendarmería que hizo las autorizaciones para la salida del material bélico en
noviembre de 2019) así como el entonces jefe de los alacranes Fabián Salas
fueron puestos en disponibilidad hasta en tanto se termine con el sumario
administrativo para determinar qué responsabilidad les cupo en el tráfico de
armas a Bolivia y en lo que se entiende que fue su posterior encubrimiento.
Fuentes del gobierno boliviano dijeron a este diario que no sólo
analizan los aportes del gobierno de Macri al golpe de Estado junto con los de
Ecuador, sino que también hay indicios claros de que Jair Bolsonaro habría
prestado su colaboración. Página/12 reveló el año pasado los constantes y
sospechosos vuelos que hizo el avión presidencial hacia Brasil durante la
dictadura de Añez. Estas revelaciones que se dieron en la última semana,
estiman que, aparecerán plasmadas en el informe que prepara el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por el acuerdo
entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH).
La investigación judicial
El hallazgo anunciado por el jefe de la Policía de Bolivia tuvo su
correlato también en las investigaciones que se están llevando adelante en el
país. El fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación
de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales
Controlados (UFI-ARM), Gabriel González da Silva, pidió informes a la
Cancillería y a la embajada en La Paz --a cargo de Ariel Basteiro--. También
solicitó que le informen si existen videos de cuando se produjo el aterrizaje
del Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) y la descarga del
material que envió el gobierno de Macri. Eso podría servir para entender quién
se llevó los bultos.
Este jueves, el gobierno nacional aportó la documentación que le había
pedido el juez Javier López Biscayart, quien tiene a su cargo la denuncia que
presentaron el lunes Frederic, Soria y la titular de la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) Mercedes Marcó del Pont. López Biscayart ya le
corrió vista al fiscal Claudio Navas Rial para que impulse la investigación. Es
probable que el fiscal pida antes del viernes la unificación con la denuncia
que presentó el excamarista Eduardo Freiler. Es un expediente que marca el
pulso político no solo en el país, sino en la región.
CANCILLER DE BOLIVIA DENUNCIÓ "ARTICULACIÓN INTERNACIONAL PARA
PROVOCAR LA CAÍDA DE EVO MORALES"
Rogelio Mayta apuntó contra la OEA por haber cuestionado las elecciones
de 2019, por lo que se originó el conflicto. Además, dejó abierta la
posibilidad de pedir extradiciones de funcionarios argentinos que hayan
participado.
Perfil de Argentina (https://bit.ly/3raX8T6)
El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta,
denunció que hubo una "articulación internacional para provocar la caída
de Evo Morales y consolidar a Jeanine Áñez" en referencia al
cuestionamiento de la OEA a las elecciones de 2019 y el supuesto envío de
material bélico por parte de Argentina.
Además, el canciller dudó que la Organización de los Estados Americanos
(OEA) pueda manifestarse porque “ha sido uno de los actores principales de la
desestabilización” del gobierno del ex presidente Morales.
“Si algo podemos pensar de la OEA es que si ha habido una articulación
internacional para provocar la caída de Morales y consolidar a (Jeanine) Áñez
en el Gobierno. En esa articulación estarían varios operadores de esa
Organización”, afirmó el funcionario este miércoles 14 de julio en
declaraciones a radio Télam.
Asimismo, expresó que “legalmente existe la posibilidad” que la
justicia en su país ordene extradiciones, interrogatorios y operaciones
fiscales a funcionarios argentinos que hayan participado del envío de material
bélico.
“La Justicia boliviana tiene como posibilidad solicitar extradiciones y
tomar interrogatorios fuera de nuestra frontera como parte de la operación
judicial. Pero esas decisiones las tomaran los fiscales que conocen de la
investigación y los jueces que ejercen el control jurisdiccional. Legalmente
existe esa posibilidad” comentó ayer Mayta.
El Gobierno argentino presentó el lunes una denuncia contra el
expresidente Mauricio Macri y casi una decena de funcionarios de la gestión
Cambiemos por el envío de material bélico a Bolivia.
Al respecto, el canciller Mayta afirmó que en la actualidad solo se
puede ver “la punta del iceberg” de una "articulación internacional para
provocar la caída de Morales y consolidar" a Jeanine Áñez, quien en la
actualidad se encuentra detenida en Bolivia acusada del delito de sedición.
“Esa consolidación fue realizada y pensada a través de vencer y
derrotar al movimiento popular mediante operaciones militares policiales de
represión a la protesta social con uso de armamentos”, detalló.
En ese sentido, el jefe de la diplomacia de Bolivia indicó que para
llevar a cabo estas operaciones resultó necesario el envió de material bélico
desde Argentina, algo que se agradeció en una “nota escrita” enviada por el
excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, a la
Embajada argentina en La Paz, el 13 de noviembre de 2019.
“El 13 de noviembre llego el material bélico en un avión. El 14 el
gobierno de Áñez emitió un decreto supremo que dispuso que se desarrollen las
operaciones militares contra la protesta social. No se dijo, pero se habilitó
el uso de armamentos letales”, completó.
Mayta recordó que ese decreto de Áñez también estableció liberar “de
responsabilidad penal” a los militares por los actos represivos que se
ejecutaron, fundamentalmente en el departamento de Cochabamba y la ciudad de El
Alto.
Un día después “se da una primera masacre”, mientras que el 16 de
noviembre llegan otros “cargamentos especiales” desde Ecuador, país que también
se encuentra bajo investigación por enviar material bélico en este contexto.
“El 19 de noviembre se da otra masacre más y en el ínterin hubo varias
operaciones de represión militar y policial con uso de estos materiales, que se
dicen no letales, en acciones violentísimas que finalmente logran consolidar a
Jeanine Áñez en el Gobierno”, subrayó.
Por otra parte consideró que Añez va a continuar en prisión preventiva
“por unos meses” mientras continúa la investigación y se define si “va a ir a
juicio”, aunque no cree que la exoneren de responsabilidad “dada la cantidad de
evidencia en su contra”.
“El pueblo de Bolivia quiere saber la verdad y que es lo que ocurrió
claramente, pero no quieren que se lo cuenten de forma demagógica o solamente
discursiva, sino con elementos concretos y objetivos, como la carta que se
presentó o los elementos que están surgiendo en Argentina. Por eso es necesario
que las víctimas tengan justicia", puntualizó.
La ministra de Seguridad consideró "imposible" que no
estuvieran al tanto de la maniobra
ENVÍO DE ARMAS A BOLIVIA: FREDERIC APUNTÓ CONTRA BULLRICH Y FAURIE
Página 12 de Argentina (https://bit.ly/2VMtsAb)
La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, consideró “imposible” que su
antecesora Patricia Bullrich o el excanciller Jorge Faurie “no supieran del
envío” de material represivo a Bolivia a fines de 2019 cuando se consumó el
golpe de Estado contra Evo Morales. La funcionaria desmintió las versiones que
sugieren “que las 70 mil municiones anti-tumulto” fueron usadas para
“entrenamiento e instrucción” por parte del grupo Alacrán de Gendarmería y
aseguró que “nunca tuvieron contacto”. “Todo contrabando es penado y está muy
mal, y mucho más cuando es de armas”, destacó por su parte el embajador
argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, quien entiende que “hay elementos más que
ciertos y concretos para imputarla (a Bullrich) en la causa”
“Lo que quedó muy claro es que (el expresidente Mauricio) Macri puso a
varios de sus ministros encabezados por Bullrich a coordinar una operación que
requirió la intervención de muchas agencias del Estado”, afirmó Frederic en
radio El Destape. Es “imposible” que una acción tan coordinada se realice “sin
una orden política superior”, evaluó. “Hubo dos circuitos paralelos de envío de
armas: uno legal y otro ilegal”, explicó la ministra.
Consultada sobre 30 mil municiones que no figuran en las cartas de
agradecimiento, Frederic consideró “posible” que hayan terminado en manos de
grupos para-militares o “en la misma fuerzas armadas o la policía” de Bolivia.
“Recordemos que el 15 y el 19 de noviembre se producen las dos masacres más
graves, la policía y las fuerzas armadas estaban necesitadas de contar con
municiones”, apuntó.
“La información que dio el jefe de policía nos pone en la vereda de lo
correcto” y “confirma que existió contrabando”, dijo por su parte Basterio a
C5N. Aludió así a la confirmación del comandante general de la Policía de Bolivia,
Jhonny Aguilera, de que parte del material represivo enviado desde la Argentina
“continúa en los depósitos de la institución” y “no existe documentación alguna
que respalde esos pertrechos”.
El embajador consideró que Bullrich al frente de Seguridad desarrolló
“un modus operandi en el que se creía impune”. “Que vaya presa como merece por
esta lamentable situación que generó con Bolivia”, en la que “embarcó a todo el
país a tener que pagar por esa responsabilidad”, lamentó. “Vamos a esperar que
la justicia lleve adelante el proceso, pero ya hay elementos ciertos para
llamarla a declarar”, evaluó. “Todo hecho de sedición es objetable y repudiable
y mucho más cuando uno se involucra en un hecho de sedición en el exterior”,
añadió, y volvió a apuntar hacia la presidenta del Pro: “Bullrich no tiene
catadura moral, no tiene capacidad de poder pararse como fiscal de nadie”,
destacó. “Esperemos que Bolivia no avance con alguna objeción al respecto y por
la buena relación que tenemos busque la responsabilidad en las personas y no en
las instituciones", expresó.
GOLPE DE ESTADO BOLIVIANO: HAY INDICIOS DE COLABORACIÓN DEL GOBIERNO DE
MACRI
La Nueva Mañana de Argentina (https://bit.ly/3xHp57n)
El vicepresidente del Parlasur y presidente del observatorio por la
democracia, Oscar Laborde, afirmó hoy que existen "indicios" de que
durante el mandato de Mauricio Macri "ayudaron a los golpistas"
bolivianos a llegar al Gobierno y que son anteriores al envío de armas
represivas que se utilizaron durante los eventos de noviembre de 2019, con la
participación de los Ministerios de Defensa y de Seguridad de Argentina.
"En mi opinión, en el Gobierno de Macri, se ve todo con
anterioridad que ayudaron a los golpistas a llegar al Gobierno. Los indicios
son que dos años antes (del golpe de Estado de 2019) se envía otro agente de
inteligencia del que habitualmente se hace. Siempre hay uno, en Bolivia se
mandó un segundo, no se sabe bien por qué", detalló el vicepresidente del
Parlasur esta mañana en diálogo con FM La Patriada.
Y acotó que "anteriormente también salió un avión desde Jujuy que
no pasó por las revisiones correspondientes y se tenía las sospechas de que
llevaba recursos".
"Además, hay un reenvío de cables a Cancillería que registra el
accionar del consulado", completó.
"Es grave haber colaborado con un Gobierno golpista, que masacró
manifestantes, pero más grave es ayudar a los golpistas a llegar al
Gobierno", aseguró.
Asimismo, declaró: "Ya está probado que, inmediatamente caído el
gobierno de Evo Morales, fue este avión Hércules de la FFAA con gendarmes y
municiones. En primer lugar, hay involucramiento del Ministerio de Defensa. Y
los gendarmes dependen del Ministerio de Seguridad".
También aclaró que "esto no se prepara en 48 horas", sino que
la preparación de un avión Hércules, el inventario y la aprobación "estaba
de antes".
En línea con esto, el presidente del observatorio por la democracia del
Parlasur afirmó que se está "frente a la actuación de por lo menos tres
gobiernos" en el golpe de Estado boliviano y adelantó que, además de la
denuncia contra el gobierno de Mauricio Macri, "podría haber una
imputación al gobierno de Jair Bolsonaro y al de Lenin Moreno por envío de
armas".
"Dos días después del envío de los gendarmes y el armamento
argentino, también mandó el gobierno ecuatoriano", agregó y especificó que
"también hubo un vuelo del avión presidencial de Jeanine Áñez que se
detecta en Brasil días posteriores al golpe, lo que marca una tendencia".
"Están comenzando a aparecer las consecuencias de la
investigación", sentenció.
ALBERTO REPUDIA LAS ARMAS DE MACRI PERO MANDA TOPADORAS AL BARRIO LA
RIBERA
El presidente rechazó, con justeza, el envío de armas a la dictadura de
Añez en Bolivia. Pero su ministra de Seguridad envió topadoras de la
Gendarmería a demoler casas de familias bolivianas en Lomas de Zamora. El doble
discurso sobre “los hermanos latinoamericanos”.
La Izquierda Diario de Argentina (https://bit.ly/3it9X7B)
En estos días se conoció el envío de material bélico a Bolivia por
parte del gobierno del expresidente Mauricio Macri, como “colaboración” durante
el golpe de Estado de 2019 que puso a la cabeza del país a Jeanine Añez. El
hecho no deja de asombrar por la “solidaridad internacional” de los gobiernos
de derecha, pero tampoco de conmover ya que la brutal represión dejó 35
muertos, cientos de heridos y miles de detenidos en Bolivia.
Un indignado Alberto Fernández sostuvo: "Que se haya colaborado
para reprimir una protesta contra un golpe me parece de una gravedad
enorme". Este repudio, que compartimos, es elemental. Pero sus
declaraciones de preocupación por el pueblo boliviano no son coherentes con su
trato a la comunidad de dicho país en la Argentina.
A tan solo 10 minutos de la Capital Federal, en el barrio Ribera Sur en
la localidad de Lomas de Zamora, las topadoras de la Gendarmería Nacional
(dirigida por la ministra de Seguridad del gobierno nacional, Sabina Frederic)
pasaron por encima de las precarias casas de material construidas por el
esfuerzo de años por parte de los vecinos del barrio, la mayoría de la
comunidad boliviana.
Pero no sólo eso. Actualmente la Gendarmería Nacional, que según la
ministra “ahora está formada en los derechos humanos”, mantiene en una virtual
cárcel a cielo abierto a los vecinos de la Ribera, encerrados tras alambrados y
candados que sólo tienen los gendarmes, impidiendo ingresar alimentos, agua y
gas (en pleno invierno), hostigando a los vecinos en recorridas con armas de
guerra y ocupando y demoliendo casas y casillas, como vienen denunciando
quienes viven allí.
Esta brutal realidad, que muestra de cuerpo entero al gobierno de
Alberto Fernández, no es una excepción. Es la repetición de lo que sucedió en
Guernica y otras tomas del país cuando, al acuciante derecho a la vivienda de
los sectores más necesitados, se le contesta desde el gobierno “nacional y
popular” con la topadora y la represión a mujeres, niños y ancianos.
Del gobierno de Macri nada extraña. El gobierno de los CEO hundió en la
pobreza y la miseria a millones, aumentó la deuda del país y “colaboró” con la
dictadura boliviana que derrocó a Evo Morales. Pero del otro lado de la grieta
sostienen un discurso de “unidad y hermandad latinoamericana” priorizando
supuestamente “a los que menos tienen” que es una hipocresía. No sólo por las
topadoras que dejaron en escombros al Barrio La Ribera sino porque están
llevando adelante un brutal ajuste en vivienda, salud, educación, jubilaciones
y salarios que profundizó aún más la pobreza, la miseria y la desigualdad.
Un ajuste (a la carta y a pedido del FMI) contra el pueblo trabajador
sin distinción entre nativos y extranjeros, que no conoce de grietas entre los
partidos tradicionales y solo se enfrenta con el idioma de la protesta, la
lucha y la organización. En esa apasionante tarea estamos involucrados
docentes, trabajadoras, trabajadores y jóvenes del PTS en el Frente de
Izquierda Unidad y te invitamos a sumarte.
ORGANIZACIONES LATINOAMERICANAS DE DDHH REPUDIARON EL ENVÍO DE MATERIAL
BÉLICO A BOLIVIA
Telam de Argentina (https://bit.ly/3rfO67l)
Una veintena de organizaciones de derechos humanos de Latinoamérica
repudiaron este miércoles el envío de material represivo a Bolivia en 2019
durante el golpe de Estado al presidente Evo Morales por parte del gobierno de
Mauricio Macri al presentar un documento conjunto en el exigen justicia y que
ambos países pidan la captura del exmandatario argentino.
“Exigimos que ambos países asuman acciones a la brevedad, pidiendo la
captura de Mauricio Macri y de todos los implicados en la planificación y
consecución del golpe, para que sean juzgados adecuadamente”, dice el texto
firmado por 21 organizaciones de diversos países de Latinoamérica.
En el texto, resaltan que “por orden del gobierno macrista, más de 40
mil cartuchos de alto calibre, granadas y gases lacrimógenos fueron enviados
ocultos en aviones Hércules”.
“Las masacres de Senkata, Sacaba y el Pedregal, en las cuales decenas
de compatriotas de la Patria Grande fueron asesinados, así como las represiones
sistemáticas contra el pueblo boliviano, se llevaron adelante con el armamento
conjunto y coordinado de las derechas de nuestros países, dirigidas por el
imperialismo norteamericano”, agrega el documento.
Y continúa: “Esto demuestra lo que venimos sosteniendo cuando
denunciamos a Luis Almagro y la Secretaria General de la OEA de ser
responsables de planificar, justificar y consolidar el golpe de Estado en
Bolivia”.
En el documento conjunto, aseguraron que “un nuevo Plan Cóndor se
implementó en nuestra América para desmantelar los gobiernos revolucionarios y
progresistas de la región, y reprimir a las mayorías que soñamos y construimos
un mundo justo y una América unida”.
“El gobierno de Macri, entre 2015 y 2019, también coordinó su política
con el imperialismo, con el FMI y con las derechas latinoamericanas,
destruyendo Unasur y construyendo el golpista Grupo de Lima”, denunciaron.
Asimismo, manifestaron que “es el mismo gobierno que en la Argentina
aplicó el recetario económico neoliberal, ajustando la inversión pública en
educación, salud, vivienda, trabajo, a través de asesinatos, presas y presos
políticos y represiones callejeras, dejando una deuda externa impagable y un tendal
de empobrecidos, hambrientos y desamparados”.
Ante la denuncia del Gobierno boliviano sobre el envío de material para
fines represivos por parte de la gestión encabezada por Mauricio Macri, las
organizaciones sostuvieron que “es imperioso ahora poner a disposición toda la
capacidad de los Estados y establecer mecanismos de colaboración conjunta para
investigar e impedir que estos crímenes contra la humanidad queden impunes”.
Las firmas
El documento fue firmado por la Liga Argentina por los Derechos Humanos;
Liga Boliviana por los Derechos Humanos; Liga Mexicana por la defensa de los
Derechos Humanos; de Perú, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos
(INREDH), Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Equidad), Centro de
derechos y desarrollo (CEDAL) y Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).
También rubricaron de Chile, Corporación de promoción y defensa de los
Derechos del Pueblo (CODEPU) y Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos
(AFEP); de Ecuador, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH)
y Comisión Ecuménica por los Derechos Humanos; de Panamá, Centro de
capacitación social (CCS).
Se sumaron, además, la Comisión de DDHH de El Salvador (CDHES); de
Brasil, Movimiento Nacional de Derechos Humanos (MNDH) y Justiça Global; de
República Dominicana, Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH-RD); de
Colombia, Fundación lazos de Dignidad (FLD) y Colectivo de Abogados (José
Alvear Restrepo); Coordinadora Americana por los derechos de los pueblos; SOA
(Observatorio de la Escuela de las Américas); y Artistas Autoconvocados de
Orán.
TAILHADE: "EL PODER JUDICIAL ES CORRUPTO E INEFICIENTE"
Infocielo de Argentina (https://bit.ly/3xJmAl1)
El diputado nacional por el Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, se
refirió a las causas por el plan Qunita, el contrabando de armas a Bolivia y a
la judicialización de la política, y expresó que "el Poder Judicial
argentino es decadente, corrupto e ineficiente".
En diálogo con Feudale Café por FM CIELO, describió que "la
política ha entrado en los Tribunales desde hace 15 años", y acusó al
macrismo y a la Coalición Cívica de haber fomentado la judicialización de la
política: "A partir de esas experiencias políticas ha habido un incremento
exponencial en las denuncias judiciales; ha sido una estrategia del anti
peronismo para disputar el sentido común".
Sin embargo, Tailhade cargó las culpas de ese proceso sobre el Poder
Judicial, "porque si alguien quiere joder a otro con una denuncia falsa,
un juez no puede tener un expediente 6, 7 o 20 años sin darle un corte, sin
establecer una responsabilidad o no", afirmó. Para el diputado, los
políticos al momento de ser oposición "buscan alguna irregularidad a la
gestión" lo cual "está dentro de las reglas del juego".
Causa Qunita
"Lo que no podemos tolerar es que la Justicia tarde años en
resolver, como el caso Qunita, que tuvieron 6, 7 años a un montón de gente
embargada, con un montón de complicaciones en su vida personal, por dos
sinvergüenzas que se lanzaron a una aventura jurídica como esta",
ejemplificó Tailhade.
Al respecto del programa Qunita, que buscaba reducir la causa de
mortalidad infantil a partir de la muerte súbita por la práctica del colecho,
común entre los sectores más vulnerables; el diputado contó que la fiscal de la
causa iniciada por Graciela Ocaña, estableció que no hubo ningún delito, que no
hubo sobreprecios, por lo que fue una causa armada.
"La diputada Ocaña, con la complicidad del canalla de Bonadío,
hicieron una denuncia que buscaba ver si había habido corrupción en la
adquisción de esos elementos (la qunita que entregaba el plan, junto a
frazadas, sonajeros y otros). Pero no solo que fueron por eso sino que además
interrumpieron el programa, una de las políticas públicas más virtuosas de la
gestión de Cristina, entre tantas, que fue destruida por estos
miserables", describió Tailhade.
A la vez que agregó que "no estoy en contra de que Ocaña haga una
denuncia por sospechas de corrupción; sí hay que cuestionar es que se haya
interrumpido la política pública: en lugar de establecer si había sobreprecios
en determinados elementos y corregir; hoy se sabe que todo fue falso, la fiscal
está diciendo eso".
Por ello, el diputado indicó que realizó un pedido de informes al
ministerio de Salud para establecer estadísticamente "cuál ha sido el daño
que ha generado esta mujer con esta denuncia falsa, y ver cuántos bebés
fallecieron por estas prácticas, cuántos se lesionaron, inclusive los casos de
bronquiotilis de los recién nacidos, que también tienen que ver con lo que
buscaba reducir el programa". Y, una vez conocidos los datos, iniciará
alguna acción contra Ocaña.
Causa contrabando de armas a Bolivia
Sobre las recientes denuncias contra el ex presidente Mauricio Marcri y
varios ex funcionarios, Tailhade explicó que van a haber dos procesos
judiciales: uno en Bolivia, donde se busca establecer las responsabilidades del
golpe de Estado contra Evo Morales; y otro en Argentina, donde se investigará
el contrabando de armas a aquel país.
"Macri y los funcionarios que participaron de manera directa van a
tener algún problema, porque las pruebas hasta ahora son absolutamente
contundentes, que se trató de un apoyo directo al golpe de Estado, tenido con
una maniobra ilegal como el contrabando de armas", manifestó en esa
dirección.
A la vez que remarcó la ilegalidad con la cual se envió el material
bélico a Bolivia: "Carlos Menem sacó un decreto habilitando la venta de
armas, que fue secreto. Acá ni eso", concluyó.
CAMIONEROS VARADOS A 14 GRADOS BAJO CERO EN LA FRONTERA ENTRE BOLIVIA Y
CHILE
Sputnik News de Rusia (https://bit.ly/3xMzJde)
Del lado boliviano de la frontera se armaron filas de hasta 20
kilómetros de camiones con mercaderías destinadas a Chile, porque las
autoridades migratorias de este país no validan los test de PCR hechos en
Bolivia, por lo cual los choferes deben hacerse nuevas pruebas.
En la inhóspita frontera con Chile, a 4.000 metros sobre el nivel del
mar, cientos de camiones quedaron varados en las últimas semanas. ¿El motivo?
El Estado chileno no valida los test PCR realizados por los camioneros en el
lado boliviano. Entonces deben realizarse nuevas pruebas, que retrasan el flujo
de mercaderías entre ambos países y perjudican a los choferes que quieren
pasar.
"Pasamos frío en la noche, nos falta comida… Es un poco fregado,
porque aquí nos hacen demorar demasiado. Nos piden el test de PCR que nosotros
traemos de allá [del lado boliviano] y aquí nos vuelven a hacer la
prueba", contó a Sputnik el camionero Gerónimo Cuéllar.
"Es un poco incómodo, pero ¿qué podemos hacer?", se preguntó
resignado el chofer. Según la Cámara Boliviana de Transporte, en las últimas
semanas se formaron filas de hasta 20 kilómetros de camiones que no podían
pasar a Chile. Así los choferes tuvieron y tienen que pasar hasta una semana
varados en alguno de los pasos fronterizos: Pisiga y Tambo Quemado, ambos en el
departamento de Oruro.
Sputnik llegó hasta Pisiga para conocer la situación de los choferes
cautivos de la frontera. A quienes les tocó enfrentar al pedregoso paisaje
altiplánico justo en la cúspide del invierno, con temperaturas que de noche
llegan a los 14 grados bajo cero, además de las eventuales nevadas, propias de
esta época.
Cuéllar indicó que actualmente hay una fila de cinco kilómetros de
camiones en Pisiga. "Muchos tienen carga que está pa' vencer, pero algunos
no. Yo, por ejemplo, voy con mi camión vacío. Pero todos tenemos que hacer la
misma fila", comentó.
El temor a la cepa delta
A comienzos de julio Chile volvió a cerrar sus fronteras, ante el temor
de que entre la variante delta de COVID-19, originaria de la India y que sería
aún más contagiosa que la cepa brasileña, protagonista de la tercera ola de
contagios en el país, que está comenzando a retrotraerse.
En paralelo, se endurecieron los controles para la entrada de productos
bolivianos.
Ante este panorama, el ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia
realizó gestiones ante Chile para agilizar el tránsito de los camiones que
intercambian mercaderías con el país presidido por Sebastián Piñera.
Asimismo, el Gobierno de Luis Arce aprovechó que estaban todos los
choferes allí reunidos para vacunarlos contra el COVID-19.
Aunque la fila de camiones ya no es de 20 kilómetros, todavía se siguen
amontonando: "Del lado chileno el trato es muy tajante. Me gustaría que
alargaran la hora de atención, porque ellos trabajan hasta las tres de la
tarde. Pero aquí nos apilamos todos los días, así no podemos transitar con fluidez",
dijo a Sputnik Leonardo Quispe, otro camionero boliviano varado.
"Aquí no tenemos servicios básicos. Se ha descuidado bastante el
Gobierno con nosotros. Dormimos aquí al costado del camino entre tres días y
una semana. Eso es lo que se demora la pasada, más que todo por las pruebas de
PCR. Entonces vivimos en una situación muy precaria aquí los
transportistas", dijo el chofer.
Los camioneros comentaron que los test realizados en Bolivia tuvieron
un costo de entre 500 a 450 pesos bolivianos (unos 70-65 dólares). "Aquí
nos tenemos que hacer otro PCR, porque solamente tiene vigencia por 72 horas.
Pero a veces nos quedamos en la fila tres o cuatro días, entonces los PCR se
vencen", lamentó.
En varias ocasiones, los camioneros bolivianos mencionaron casos de
discriminación y abuso sufridos por autoridades chilenas. Pero los choferes
entrevistados en la frontera que une a Pisiga con Colchane, en el país vecino,
aseguraron que actualmente no reciben un trato adverso.
"No podría decir que recibimos malos tratos. Pasando de aquí,
estamos en otra tierra. Pero los carabineros no nos molestan", dijo
Quispe.
Según la Cámara que reúne a los transportistas, en estos días solamente
pasan a Chile 45 camiones provenientes de Bolivia. Remarcaron que antes de la
imposición de estos controles del lado chileno, 500 vehículos pasaban a diario.
Por ello, se calcula que la larga fila de camiones para ingresar a
Chile continúe por varios días más.
La Cámara aún no tiene un número detallado de las pérdidas económicas
generadas por el retraso en la entrega de mercaderías, pero se calcula que son
millonarias.
Don Germán Apaza, un camionero antiguo, comentó a Sputnik que por el
cruce fronterizo de Tambo Quemado "es más rápido el paso. Aquí en este
lado se tarda el personal de Migraciones de Chile. Perdemos tiempo en hacer
otro PCR, porque el que hacemos en Bolivia no sirve en la frontera".
En Pisiga es fácil distinguir a un camionero recién llegado de uno que
lleva una semana varado. Ambos van con un folder bajo el brazo, con los papeles
para presentar a las autoridades chilenas. Pero los que tienen varios días aquí
tienen rostros ojerosos, paso cansino y el pelo cubierto del polvo que mueve el
viento altiplánico.
¿Cómo se las arreglan para dormir en los camiones, con temperaturas
nocturnas bajo cero? ¿Y cómo consiguen alimentarse? "Nos buscamos los
modos nosotros. Pero a ellos [los funcionarios de Migraciones] no les interesa
ni les importa si nos quedamos acá por meses o semanas", sostuvo Apaza.
BOLIVIA PLANTEA LA RECUPERACIÓN DE SU INDUSTRIA ALGODONERA Y TEXTIL
Fashion Net Work de Perú (https://bit.ly/3rfa8Y6)
La siembra, cultivo y producción de algodón en Bolivia cumple más de
una década de crecimiento negativo, mientras los cultivadores y empresarios le
exigen soluciones al Gobierno. El país presenta un plan de recuperación y
reactivación del sector con un crecimiento proyectado de al menos un 50 % para
2021.
Según fuentes de la Asociación de Productores de Algodón de Bolivia
(Adepa), entre 2019 y 2021, el área cultivada de algodón en el país se contrajo
un 92 %, pasando de 10 000 hectáreas sembradas hace dos años, a tan solo 900
hectáreas cultivadas este año.
La baja en la demanda local con la disminución de la industria de
textil y confección boliviana impactaron fuertemente a la cadena, al tiempo que
la tasa de exportación de materias primas naturales del país sigue sin
variaciones. Bolivia no ha celebrado nuevos acuerdos comerciales, el país se
salió de la Atpdea, perdió los beneficios de exportación hacia Norteamérica y
el consumo local está a la baja, poniendo en jaque a los empresarios.
En paralelo, las prácticas locales son arcaicas, no cuentan con
tecnología y los procesos con su mano de obra encarecen el producto, dejándolo
en desventaja frente a la competencia. Dentro de la estrategia del Gobierno
para la reactivación local, el país canceló su contrato de compra de fibras e
insumos de algodón hidrófilo con Brasil para ser reemplazado por producto
nacional.
El nuevo Gobierno de Luis Arce se ha comprometido con la creación de
nuevos planes y proyectos de desarrollo que reactiven no solo la siembra y
cultivo del algodón, sino también la confección y la manufactura local. El
Servicio Nacional de Textil (Senatex) prevé duplicar su demanda de la fibra de
algodón local este año, con el fin de apoyar e impulsar el sector.
ATÓMICO3, LA CRIPTOMONEDA IDEADA EN ARGENTINA Y QUE ESTÁ ATADA AL
LITIO, GANA TERRENO EN LA REGIÓN
I Profesional de Argentina (https://bit.ly/3z5XQ77)
El proyecto de Atómico3, la stablecoin atada a las reservas de litio,
que impulsa Pablo Rutigliano, presidente del Mercado de Metales y Futuro, tiene
cada vez más apoyo en la región y espera el impulso que necesita de las
autoridades nacionales para seguir tomando forma.
"Hemos tenido conversaciones con varias autoridades nacionales,
una de ellas es el ministro de Minería, Alberto Hensel, y también les
presentamos a las provincias productoras de litio, que son Catamarca, Jujuy y
Salta, un plan de acción para avanzar con el impulso de la minería Pyme",
destaca Rutigliano en diálogo con iProfesional.
Asimismo, el Mercado de Metales y Futuro firmó un convenio de
colaboración con la Cámara Minera de Chile, presidida por Manuel Viera Flores,
con el objetivo de potenciar las capacidades de ambas partes en el desarrollo e
impulsar los negocios mineros y la industria del litio en el país transandino y
en Argentina. Ambas entidades buscan
planificar el desarrollo del índice del Litio, que estará estandarizado por la
consultora internacional Standard & Poor's.
Situación actual del mercado del litio
Rutigliano advierte que se está dando en el mundo un incremento de la
demanda de litio, mientras que la oferta es aún deficitaria. Los números son
reveladores en este sentido:
El consumo de litio está creciendo sustancialmente a un ritmo del 5,6%
anual y los precios de elevaron por encima del 100% en la última década debido
a la demanda y a la insuficiente producción.
Algunas investigaciones estiman que el total de los recursos mundiales
de litio a las que se puede acceder llegan a los 30 millones de toneladas
métricas.
De ese total, 6,9 millones corresponden a Chile, 5,5 millones están en
Bolivia y 2,5 millones, en la Argentina. Así, estos tres países concentran casi
el 50% de los recursos mundiales del mineral.
En este sentido, Rutigliano aseguró que Atómico 3 ayudará a impulsar esa oferta, ya que los
fondos que capte el sistema de esta criptomoneda serán direccionados al
fideicomiso que lo respalda y que estará destinado a solventar el desarrollo de
la minería del litio y de las industrias que se derivan de este recurso.
También buscan incluir al sector financiero, precisamente a las
entidades bancarias en la iniciativa como para que cumplan el rol de custodios
de las reservas de Atómico 3.
Se necesita un marco regulatorio
Así, el empresario sostiene que "el proyecto es darle impulso a la
minería del litio y a la electro movilidad", pero advierte que un
requisito indispensable para que esto se haga realidad y que siga avanzando la
iniciativa es la implementación de un marco regulatorio adecuado.
E informa que ya hay algunos proyectos de ley presentados en el
Congreso que buscan impulsar el desarrollo del ecosistema de litio. Uno de
ellos es el del diputado Guillermo Snopek, que propone declarar de interés
público la industrialización del litio y sus derivados y la creación de una
nueva empresa pública llamada Empresa Federal de Litio S.E. (EFELITIO S.E.)
Participarán de EFELITIO el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el de
Producción y el de Ambiente y Desarrollo Sustentable, así como también se
reconoce la participación de los trabajadores de la industria automotriz, por
ser el principal sector relacionado con el litio hasta el momento.
A su vez, el proyecto prevé que parte de la titularidad podrá cederse a
las provincias dueñas del recurso natural, en caso que ellas expresen su
voluntad de hacerlo, y propone crear una empresa de tecnología dedicada al
diseño y la construcción de sistemas tecnológicos complejos de nivel nacional e
internacional, trabajando en forma sinérgica con el Sistema Nacional de Ciencia
y Tecnología.
Otra propuesta interesante en este sentido es la de crear un ecosistema
de Biominería en el país, tal como propone un proyecto del senador Sergio
Leavy, que destaca el proyecto de extracción de litio a través de salmueras del
Noroeste Argentino, desarrollado por una experta del Instituto de
Investigaciones para la Industria Química (INQUI) con la intención de agregar
valor a la explotación de este mineral conocido como el "oro blanco".
Un futuro promisorio
Si bien aún no han sido tratado en el Congreso, Rutigliano confía en
que ante el creciente interés de distintos sectores en el desarrollo de la
industria del litio en el país, pronto podrá tener tratamiento y resalta la
importancia del compromiso por parte de las autoridades gubernamentales en esta
iniciativa como un condimento necesario para que así sea.
"Estamos impulsados por la irrupción de un nuevo ecosistema
financiero, que en un futuro cercano estará dominado por las criptomonedas y
con la convicción de que es preciso otorgarle a los inversores de Latinoamérica
una opción de sustentabilidad y equidad", resalta el impulsor de la
iniciativa.
Y anticipa que, en ese marco, también están trabajando junto a Chile en
el desarrollo de un modelo de stablecoin similar a Atómico3 pero ligado al
cobre y con el nombre de Atómico29.
LAS POLÍTICAS DE LÓPEZ OBRADOR, TOMADAS DE PAÍSES DE IZQUIERDA
Las becas a estudiantes, tarjetas a los adultos mayores, incremento al
salario mínimo y ahora el anuncio del Gas Bienestar, se han aplicado en
Venezuela, Bolivia y El Salvador; expertos asegura que son incorrectas y populistas
24 Horas de México (https://bit.ly/3ih8XDr)
El Gobierno de la 4T retomó programas sociales que se implementan en
países del eje bolivariano, caracterizados por la pobreza, como Venezuela,
Bolivia y El Salvador.
Hace una semana, el Presidente anunció la creación de la empresa
estatal Gas Bienestar, que dependerá de Pemex, la cual distribuirá cilindros de
gas LP a “precios justos”.
Sin embargo, esta idea se implementó en 2009 por el entonces presidente
de Venezuela, Hugo Chávez, ante las fallas, la idea terminó dejando a los
ciudadanos cocinando con leña, ya que por una mala gestión, corrupción y
pérdida de expertos ante la migración, producto de la crisis económica, el
programa no prosperó.
Ocho de 10 habitantes en Venezuela están hundidos en la pobreza
extrema, con una vida llena de dificultades para satisfacer sus necesidades más
básicas, como efecto de la crisis económica, según un informe de la
organización HumVenezuela.
Otro país que implementa la distribución de gas, pero mediante
conexiones domiciliarias, es Bolivia, donde este 1 de julio el presidente del
Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, entregó redes y conexiones de gas
domiciliario para beneficiar a más de 22 mil personas del distrito 7 del
municipio de Viacha, en donde gobierna Movimiento al Socialismo, partido del
mandatario.
El 31.1% de habitantes en Bolivia son pobres, según informes de las
Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL).
Los programas del bienestar que implementa López Obrador, donde
participa la Guardia Nacional, son similares a los del Plan Bolívar 2000. Pues
en febrero de 1999, después del inicio del mandato de Hugo Chávez, su
administración anunció este plan, el cual consistía en un paquete de programas
sociales para resolver problemas de la población, como la pobreza y el
desempleo. En estos participaron las Fuerzas Armadas, denominando una alianza
cívico-militar.
También las Universidades del Bienestar, donde en México se dan becas
de dos mil 400 pesos mensuales a los alumnos, son similares a las implementadas
en Venezuela desde la administración chavista con el nombre de “Programas de
Educación: Robinson, Rivas y Sucre”, que consiste en distintos grados de
enseñanza: primaria, secundaria y universitaria o superior, donde los
estudiantes reciben una beca.
En México, la entrega de despensas en especie se suspendió desde el
inicio del mandato obradorista por dinero en efectivo, denominado Pensión para
el Bienestar, en El Salvador, la administración de Nayib Bukele, quien ha
recibido recursos de México para extender el programa Sembrando Vida a ese
país, implementa también la marca del Bienestar.
Por ejemplo, existe una iniciativa denominada “Bienestar Social”, con
la cual se tiene el propósito de “llevar Bienestar Social a la familia”, creada
por Gabriela de Bukele, primera dama de la República de El Salvador. Destaca la
entrega de apoyos a través de cajas donde se lee Bienestar.
En México, López obrador anunció el 10 de diciembre de 2020 que
propondría un aumento de 15% al salario mínimo para 2021. En El Salvador, el
Presidente informo el 1 de julio un incremento de 20% al salario mínimo.
En este país, 30.4% de habitantes permanecen en situación de pobreza,
según datos de la CEPAL.
Para Edgar Ortiz Arellano, académico de la UNAM, que México adopte
modelos de países del eje bolivariano a todas luces es incorrecto.
“Cada país tiene sus características en su momento, tiene su propia
historia, su propia cultura, en el caso mexicano es un caso muy complejo, muy
distinto a las condiciones que podría guardar Venezuela, Nicaragua, Bolivia,
Ecuador y la propia Cuba”, sentenció.
Resaltó que México por su posición de la política por la extensión
territorial, por la diversidad cultural, por la cercanía con Estados Unidos,
debe tener políticas públicas distintas a las de América Latina: “De hecho,
México se caracteriza por eso, por tener políticas de un desarrollo histórico
completamente diferente al del resto de América Latina”.
“Pareciera que en vez de que los países se igualen en términos de
desarrollo económico político, en México vamos en retroceso, porque pareciera
que quiere igualarse a estos países que evidentemente no se comparan ni en
desarrollo en ningún ámbito al que tiene nuestro país”, reiteró.
El también presidente de la consultora Bismarek explicó que esto
perjudica a López Obrador, pues da razón a las acusaciones que ha hecho la
oposición de que quiere transformar a México en Venezuela.
“Porque efectivamente, hay una facción de la gente de Morena apoyada
por algunos académicos y funcionarios y universidades públicas afines al
proyecto de Andrés Manuel López Obrador para transformar al país o cambiar al
país hacia un modelo que definitivamente a todas luces ha demostrado ser
antidemocrático, en el juicio de la población”.
A su vez, Gustavo López Montiel, profesor de la Escuela de Ciencias
Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, expuso que estos programas
los utilizan todos los gobiernos, de derecha o de izquierda.
“Hay unos que sí son más específicos como este de Gas Bienestar y
también hay otros que se habían hecho en Venezuela”, refirió.
López Montiel indicó que no se tiene una connotación de izquierda o
derecha al aplicar las ayudas, pues se ejecutan por cualquier tipo de gobierno
para configurar una clientela política.
Aclaró que en México los programas sociales que ejecuta la 4T no tienen
el objetivo de ayudar a la población, pues es fundamental el tema de
propaganda.
“Igual que los otros proyectos, generar una idea de que el programa
funciona, se está instrumentando y genera beneficios, obviamente esos
beneficios que instrumentan en grupos controlados que son precisamente de
Tabasco y de Ciudad de México”, concluyó.
QUEJA CON ESPAÑA POR LA CONQUISTA
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que existen
diferencias con el Gobierno de España porque ignoró la petición de disculpas
por los crímenes sucedidos durante la Conquista.
En su conferencia, además, dijo que durante el periodo neoliberal, con
el apoyo de gobiernos mexicanos, empresas españolas como OHL, Repsol e
Iberdrola, cometieron actos de corrupción para “saquear al país”.
Señaló que en el marco de la fundación de México-Tenochtitlán, el
Gobierno de España no tuvo la delicadeza “ni siquiera de responder” la carta
que envió, a su vez, se quejó de que intelectuales, medios y políticos de ese
país se burlaron de que solicitara disculparse por los crímenes y atropellos de
la Conquista.
Matizó que la diferencia es con la Corona española, no con el pueblo,
con el cual existe “una relación de mucho respeto, fraternal, las diferencias
son con el gobierno y con la cúpula empresarial española y no generalizo, es
con algunos miembros de la cúpula del poder”.
“Les planteamos que son tiempos de reconciliación para ver hacia el
futuro, no condenando sólo el autoritarismo, el robo, el saqueo a México, sino
también reconociendo lo que se aportó de España y Europa a nuestro país, en ese
tiempo y en otras épocas”.
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