LA DERECHA, UN PELIGRO PARA LA DEMOCRACIA

En términos políticos la región vive un ciclo el cual es difícil de definir en una sola idea. Desde el retorno de la democracia como forma de gobierno a inicio de los 80, hemos conocido tres grandes momentos abarcado una década cada uno de ellos: la transición, las reformas de mercado, el giro populista, el que se prolongó por más de una década. Cuando este ingresó en un período de crisis, luego de las destituciones de Fernando Lugo y Dilma Rouseff, la muerte de Hugo Chávez, la derrota del peronismo en la Argentina, el giro de Lenin Moreno, la derrota del Frente Amplio uruguayo, el golpe a Evo Morales, se especulaba que Sudamérica ingresaba en un nuevo período que significaría a la vez el fin del populismo y el nacimiento de una nueva era pro mercado, signada por un alto protagonismo de empresarios en la gestión de gobierno. Pero no sucedió.
Mauricio Macri no logró ser reelecto, Jair Bolsonaro atraviesa una profunda crisis y las encuestas lo ubican perdiendo las próximas elecciones presidenciales, mientras que Chile en estado de deliberación constitucional coloca un signo de pregunta sobre su futuro inmediato, pero con una certeza: la derecha pierde poder. Se supone que, a más de un mes de las elecciones, la autoridad electoral de Perú reconozca que Pedro Castillo será el nuevo presidente de la República, postergando otra vez el proyecto conservador de Keiko Fujimori; Colombia está sumida en una histórica crisis social y política; en Paraguay se percibe también cierta inestabilidad para el gobernante Partido Colorado.
El peronismo y el MAS gobiernan nuevamente en Argentina y Bolivia respectivamente. En Uruguay el FA logró juntar las firmas suficientes para un referéndum en contra de un conjunto de leyes promovidas por el presidente Lacalle Pou. El giro a la derecha no está agónico porque en realidad fue un proyecto que no acabó siquiera de insinuarse como propuesta política regional, y quedó acotado al éxito en algunos de sus países que como vimos hoy atraviesan procesos críticos.
El conjunto de estas nuevas realidades no significa, con todo, que estemos en los albores de un ciclo semejante al que caracterizó el inicio del siglo XXI, lo que parece más claro por ahora es la imposibilidad de desplegar políticas pro mercado sin más. La pandemia significó un incremento del protagonismo estatal y la evidencia de que el mercado no es capaz de coordinar acciones para enfrentar una crisis de esta naturaleza; con el credo monótono del “ajuste del gasto público” el neoliberalismo quedó mudo frente a los desafíos que impuso una pandemia histórica; difícil hablar de un fracaso neoliberal, por lo definitivo que esa palabra implica, pero quedó en evidencia sus límites como respuesta a las demandas de la sociedad como un todo.
Los mensajes recientes que hemos escuchado del presidente de los EE.UU, Joe Biden, parecen dar cuenta luego de 40 años, que existe la posibilidad de algunos cambios en los fundamentals del orden económico global. Insisto, la posibilidad. Por eso difícil afirmar hoy el modo en el cual la región procesará este momento político, cuál es el proyecto global que desplegarán los partidos populares que retornaron al gobierno y qué sucederá con las expectativas que se abren en Perú y Chile, por ejemplo y qué puede suceder en Colombia.
La pandemia, los problemas internos y los cambios en la configuración mundial a partir del nuevo rol de China, abren un panorama nuevo e incierto. Pero los partidos políticos de anclaje popular tienen algunas certezas muy claras respecto de lo que no quieren y convicciones sobre lo que buscan.
Del mismo modo, la derecha intentó (y persistirá en lograrlo sin duda) llevar adelante políticas coherentes con su proyecto. En estos días, los sucesos políticos de la región vuelven a manifestar las diferencias de ambos proyectos. En primer lugar, el gobierno de Bolivia denunció que el gobierno de Mauricio Macri había enviado armas y municiones en apoyo a los golpistas que derrocaron a Evo Morales.
El macrismo reaccionó de formas no coordinadas: mientras el ex presidente dijo que era falso que su gobierno hubiera enviado armas, algunos ex ministros se remitían a afirmar que ellos no habían autorizado ningún envío, dejando abierta la posibilidad de que el mismo se hubiera realizado.
Pero sucedió algo curioso también; en medio de las desmentidas, varios ex funcionarios admitían que en Bolivia se había producido un golpe, hecho que negaron en 2019 reconociendo a Jeanine Añez, como presidenta y negándole asilo a Evo Morales. Luego sostuvieron que el comunicado era falso, acompañados por una ONG boliviana que publicó una declaración en esa línea y luego tuvo que desdecirse, pues se confirmó que la carta que daba cuenta del envío de las armas y municiones era verdadera; y el macrismo retornó a otras excusas.
Pero el fondo de la cuestión es muy otro: ¿qué esperan de la región ambos proyectos? Los movimientos populares se saben parte de experiencias, realidades, procesos, problemas, frustraciones, logros y reclamos compartidos, más allá de los límites nacionales. Así como no cabe duda que cada país y su sociedad encierran sus propias historias, con igual énfasis reconocen que es mucho mas lo que los vincula que lo que los distancia. La defensa de la democracia es desde los 80 una búsqueda común en la región, como lo fueron las políticas en favor de la distribución en el inicio de siglo.
Esa agenda común se expresó en el fortalecimiento de instituciones económicas como el Mercosur y la creación de otras como la UNASUR. No los aproxima solo una épica de la “patria grande”, sino que comprenden que las realidades políticas y económicas compartidas, también los ata a un destino conjunto.
Lectura de la política y la historia en sentido inverso hace la derecha de la región. Por eso no repudió el golpe en Bolivia; por razones semejantes Luis Lacalle Pou está dispuesto a romper el Mercosur alentado por Jair Bolsonaro; tampoco exigen que se reconozca la victoria de Castillo en Perú como si se los ha escuchado en otras ocasiones (¿no es María Eugenia Vidal observadora en la OEA?) del mismo modo que no criticaron la represión en Colombia, Chile o Ecuador, mientras sí conocemos sus opiniones, casi diarias, sobre Venezuela.
De confirmarse el envío de armas y municiones a los golpistas bolivianos nos lleva a un grave retroceso para nuestras democracias, que en los últimos 40 años apuntaron a consolidarla, nunca a promover su erosión. Por eso la gravedad; porque el de la derecha no es solo un proyecto económico de ajuste, que ya es grave, sino que ponen en cuestión los modos de la democracia. El Destape de Argentina (https://bit.ly/3yREDFT)
 
 
 
 
 

EL GOBIERNO DE ARGENTINA DENUNCIA A MACRI POR EL ENVÍO DE ARMAMENTO A BOLIVIA EN 2019
 
El Destape de Argentina (https://bit.ly/3wBfzl7)
 
La maquinaria judicial del Gobierno argentino sigue su ritmo con Mauricio Macri en la diana. En la última denuncia contra el expresidente (2015-2019), le acusan de contrabando agravado, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad por el envío de «material bélico» (elementos lacrimógenos y munición), al Gobierno boliviano de Jeanine Añez, que la actual Admdinistración kirchnerista califica de dictadura.
Sabina Frederic, ministra de Seguridad, Mercedes Marcó del Pont, Administradora Federal de Ingresos públicos y Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos humanos, habrían suscrito la querella, según informó el canal de televisión ultraoficialista, C5N. De acuerdo a la misma, Argentina entregó al Gobierno de Añez 40.000 cartuchos AT 12/70, 16 botes o cajas de gases lacrimógenos en spray MK-9, otros 5 MK-4, 50 granadas de gas CN, 10 del tipo CS y 52 más modelo HC. En la denuncia también se recoge la ayuda que prestó Macri al flamante gobierno de Añez, el 12 de noviembre de 2019, con el desplazamiento del grupo de elite 'alacrán'.
Macri inicialmente reaccionó negando la mayor y difundió un comunicado de rechazo: «Quiero desmentir de manera rotunda la veracidad de esas acusaciones y al mismo tiempo, repudiar la carta que el presidente Alberto Fernández envió a las autoridades bolivianas expresando 'dolor y vergüenza' sobre esos hechos falsos en los que quiere involucrarme». Posteriormente, al conocerse más detalles de lo que parecía un contrabando de armas a gran escala, el expresidente aclaró que los envíos mencionados, como resultaba obvio, eran de material antidisturbios para sofocar la tensión que todavía se vivía en las calles de Bolivia tras la dimsión y huída de Evo Morales. El expresidente de Bolivia, abandonado por la Policía y con la sugerencia de la cúpula de las FF AA de que renunciase encontró refugió temporal en México y posteriormente en Buenos Aires tras la victoria en las elecciones de Alberto y Cristina Fernández.
El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, advirtió del envío de ese alijo de gases lacrimógenos y demás «material bélico», al descubrir en los archivos del Ministerio una nota de agradecimiento del Gobierno boliviano. Esta nota es de la que se vale el Gobierno para presentar la denuncia donde censura «poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Añez, tras el golpe de Estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el Gobierno constitucional de Evo Morales».
Imputación por enriquecimiento ilícito
Hace unos días, tras denuncia de la Oficina Anticorrupción, un fiscal argentino pidió la imputación de Macri por presunto enriquecimiento ilícito durante su Gobierno, al considerar que el fondo ciego que administraba sus bienes no lo era tanto. Con anterioridad el Correo argentino, que era propiedad del Grupo Macri fue declarado en quiebra y virtualmente estatizado. La bateria de acusaciones y denuncias por parte del Gobierno de Alberto Fernández o acoso judicial con fines políticos ('law fare'), la denunció el propio Macri, con cierta resignación, en Madrid el pasado viernes. El intento de demonización del expresidente, que se resiste a decir que descarta presentarse a la reelección en un par de años, se interpreta en círculos macristas, como, «una muestra del grado de desesperación» del actual Gobierno. Dicho esto y de rebote, polariza una Argentina que, pese a la mala gestión de Mauricio Macri, parecería que empieza a echarle de menos.
 
 
 
 
 
UN EX JUEZ FEDERAL QUIERE VER A MAURICIO MACRI PRESO: «SON DELITOS DE LESA HUMANIDAD»
 
El Intransigente de Argentina (https://bit.ly/3kcQ7jp)
 
Eduardo Freirer, ex juez federal de la Nación, denunció al ex presidente Mauricio Macri por el envío de armamento bélico a Bolivia en 2019 y consideró que «estábamos frente a algo más que un delito de contrabando agravado» por lo que «en este caso hay algunos elementos que pueden comprobar el delito de lesa humanidad«. «Hubo una clara participación en el mantenimiento del Golpe y en la posibilitación de esa represión», expresó.
En este sentido, detalló sus sensaciones al realizar la denuncia: «Luego de tener conocimiento y estar al tanto de la situación con lo que dijo el canciller boliviano con esa carta, comencé a pensar qué es todo esto y cuando fueron sucediendo las noticias comprendí que estábamos frente a algo más que un delito de contrabando agravado, creo que realmente lo que podemos ver es que hubo una clara participación en el mantenimiento del Golpe y en la posibilitación de esa represión que Bolivia estaba sufriendo», en diálogo con C5N.
Además, rememoró: «Esto en su momento ya fue pretendido que sea declaro delito de lesa humanidad en Córdoba, el abogado Rafael Ortiz hizo una presentación encabezando algunas agrupaciones civiles que aquel golpe de Estado constituía un delito de lesa humanidad. No sé en que estará esa causa, pero en aquel entonces le sostuvieron esa presentación. Acá hay que tener el cuenta el contexto para determinar lo sucedido».
«Hasta ese momento, mandar armas de forma ilegal sería considerado un contrabando agravado, recordemos cómo se había determinado lo que sucedió con la venta de armas a Ecuador y a Croacia. Creo que en este caso hay algunos elementos que pueden comprobar el delito de lesa humanidad. Veamos dentro de esa cronología que hay algunas coincidencias», consideró.
Por último, detalló: «El 10 de noviembre de 2019 Evo Morales pide asilo político en la Argentina, el presidente Mauricio Macri se lo niega, y luego cuando un avión mexicano va a salvar la vida de Evo, Macri no le permite el paso aéreo argentino. Hay una buena intencionalidad de dejar a la buena de Dios o en manos de ese Gobierno de facto la vida de Evo Morales. Esto debe ser tomado en cuenta, es un contexto que le da un encuadre a esta actividad».
 
 
 
 
 
DOCUMENTO DESCLASIFICADO: 1951, APORTES SECRETOS ARGENTINOS A LA INSURRECCIÓN EN BOLIVIA
 
En momentos en que se investiga la veracidad de la denuncia de Bolivia del envío de material bélico argentino a ese país tras la destitución de Evo Morales, vale recordar otro carril de colaboración política con recursos del Estado argentino hacia un partido en aquel país. Lo que dice un documento desclasificado de la CIA.
 
Mendoza Post de Argentina (https://bit.ly/3B83mYG)
 
Las relaciones cruzadas entre partidos políticos y gobiernos entre Argentina y Bolivia no son nuevas. Ahora que se investiga la veracidad de un documento revelado por el gobierno del presidente Luis Arce al que le dio crédito el mandatario argentino Alberto Fernández, en torno al envío de armamento al gobierno de facto de Jeanine Añez tras la destitución de Evo Morales, surgen nuevas discusiones históricas.
Desde el gobierno boliviano y el Frente de Todos se acusa al gobierno de Mauricio Macri de proveer de armas para la represión al gobierno militar. Pero los protagonistas de aquellos días lo desmienten: ponen tanto en duda la credibilidad de la documentación esgrimida, como el objetivo del material, al que etiquetan como antidisturbios y no de combate, y lo señalan como destinado a proteger la embajada argentina en La Paz, en donde inclusive se encontraba protegido el destituido Morales.
En tiempos de relaciones controvertidas y beligerantes entre la política de los diversos países latinoamericanos, con el pueblo de Cuba levantándose contra el régimen comunista y el estallido social en Colombia, sumado a la dramática situación que sufre el pueblo y las instituciones de Venezuela, surgió además una defensa de la "autodeterminación de los pueblos", para evitar y soslayar las condenas de organismos internacionales.
Sin embargo ese supuesto respeto a lo que cada pueblo decida puertas adentro de sus países se ha usado como escudo o como arma, de acuerdo a la conveniencia de los gobiernos a lo largo de la historia.
Política en Bolivia con dinero argentino
En 2019, el autor de esta nota reveló en simultáneo con el diario boliviano Oxígeno un informe "top secret" y "estrictamente confidencial" de la CIA que entró en la lista de documentos desclasificados de aquel año, y en el que adjudicó un protagonismo preponderante de María Eva Duarte de Perón, Evita, en el movimiento que catapultó hacia el poder en Bolivia a Víctor Paz Estenssoro, quien asumió la primera de sus cuatro presidencias tras arribar al aeropuerto de El Alto el 15 de abril de 1952, tras seis años de exilio en Argentina y Uruguay.
Sucedía tres meses antes de la muerte de la dirigente política y primera dama argentina que -de acuerdo con los reportes de la embajada de Estados Unidos en la capital argentina- lo había ayudado a construir su Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).
Los documentos de la CIA dieron cuenta de reuniones secretas realizadas en La Paz. En esos encuentros concretados "en una casa", en donde se señala la presencia del dirigente boliviano Federico Álvarez Plata "se planeó mandar una delegación secreta a la frontera Argentina, en Villazón, cerca del 15 de marzo de 1951".
Federico Alvarez Plata fue un prominente político del MNR, abogado, inició su carrera política dentro del MNR como abogado ad honorem de sindicatos mineros que fueron organizados en la década de 1940, como otros dirigentes de ese partido, terminó exiliado en la Argentina a su retorno a Bolivia, una vez que triunfó la revolución emenerrista ocupó el cargo de ministro de Economía.
En ese lugar y momento, la insurgente Ela Campero les entregó a "tres personas que viajaban como si se tratara de hombres de negocios" -según el reporte secreto- una no determinada suma de dinero recolectado en Argentina para poder encarar el proceso electoral. El informe cifrado en su carácter de secreto como "25X1A" de tan solo dos carillas y que se remite a dar cuenta del espionaje estadounidense en un "Secret MNR Meeting", del 29 de marzo de 1951 dio a entender que el vínculo con la líder argentina era Campero y que "prometió fondos Eva Perón para que lo MNR la use en las elecciones".
Las elecciones a las que se referían se desarrollaron el 6 de mayo de 1951, ante la abrumadora mayoría que obtenía Víctor Paz Estenssoro el gobierno detuvo el conteo de votos y 10 días después propició un golpe de Estado para que asuma una Junta Militar de gobierno, que gobernó hasta que el 9 de abril de 1952 (denominado día de la Revolución Nacional en Bolivia) el MNR tomó el poder de forma violenta.
Las actividades de Campero ya venían siendo monitoreadas por la CIA desde 1949. En sus reportes confidenciales, dieron cuenta del momento en que probablemente inició sus vínculos con la política en Argentina: como propagandista del MNR cuando era perseguido en Bolivia en 1949, ella consiguió asilo en la embajada argentina en La Paz.
Al parecer, las actividades del grupo impulsor del MNR -en la clandestinidad- estuvo monitoreado al detalle, ya que se dan cuenta de sucesos que ocurrieron dentro de sus reuniones. La CIA dio cuenta, además, de las instancias un encuentro realizado el 15 de febrero de 1951 y reportó la lista de asistentes a la casa del ya mencionado Álvarez, jefe legal de la fuerza política: José Lucio Quiroz, Jorge Ríos Gamarra, José Fellman Velarde, Fernando Álvarez La Serna, Matilde Olmos, Pellegrina de Eguino "y otras dos personas". Uno de los temas fue, nuevamente, la búsqueda de fondos en la frontera con Argentina.
Los fondos
En Buenos Aires, en tanto, la Fundación Eva Perón informaba sobre asistencia a otros países, pero no los registraba como respaldo partidario ni político, sino como "ayuda a los sectores más necesitados". En los registros que se han publicado aparece Bolivia como destino de su ayuda económica, entre otras diez naciones: Crocacia, Egipto, España, Francia, Israel, Uruguay, Paraguay, Honduras, Japón y Chile.
La Fundación funcionaba con fondos, edificios, personal y vehículos del Estado. De hecho, las partidas presupuestarias no ejecutadas de cada ministerio eran obligatoriamente transferidas a la Fundación, que se transformó en un gran "banco" o "gobierno paralelo". El resto de los recursos provenían de aportes de distinta índole: estaban los obligatorios impuestos por leyes nacionales sobre los jornales de los obreros argentinos dos veces al año y las "donaciones" de empresas privadas: aparecían como "voluntarias" pero representaban en los hechos expropiaciones del gobierno nacional.
Los vínculos
El politólogo italiano especializado en estudios sobre fascismo, peronismo y religión, Loris Zanatta, dejó impreso en su libro "Eva Perón: una biografía política" los vínculos de la Fundación Eva Perón y de la CGT (Confederación General del Trabajo) con el MNR de Bolivia.
Escribió: "En el marco de una masiva propaganda de la prensa peronista sobre aquel 'ejemplo peronista' que estaba desenvolviéndose en La Paz, hubo ayudas, visitas de delegaciones obreras, promesas de créditos y otras medidas".
El sindicalismo boliviano antes de 1952 era incipiente, los grandes empleadores eran las compañías mineras y miembros del MNR eran parte de la Federación Obrera del Trabajo (FOS) que organizaba -entre otros- a los sindicatos de los campamentos mineros.
A partir de la Revolución de 1952 fue fundada la Central Obrera Boliviana, el 17 de abril de ese año, es el mayor ente del sindicalismo boliviano, a partir de su creación monopolizó las luchas sociales en Bolivia, históricamente fue un actor poderoso enfrentando a los empleadores y al gobierno, aunque actualmente se la considera cercana a la gestión de Evo Morales.
En tanto, el politólogo Pablo Vázquez recordó el origen de la relación entre Juan Domingo Perón y el MNR boliviano. En un artículo publicado por un medio partidario, remontó ese vínculo a que "Perón tuvo muy en cuenta, en su formación ideológica durante su etapa en la milicia, la influencia boliviana. Desde su seguimiento como oficial de Estado Mayor del Ejército Argentino de la Guerra del Chaco (1932 - 1936) y la influencia de las empresas petroleras extranjeras atizando el conflicto entre países hermanos".
Agregó que "tras la derrota boliviana un grupo de oficiales se agruparon en la Logia Rapela (Razón de Patria) y tomaron el poder en base a un frente entre indígenas, campesinos y mineros. Se destacaron, según lo estudiado por Carlos Piñeiro Iñiguez, las medidas de los dos presidentes surgidos de la revolución: el gobierno de Daniel Toro, de 1936, expropió la Standard Oil y creó el Ministerio del Trabajo; mientras que Germán Busch, en 1937, promulgó el Código del Trabajo, fomentó la organización de sindicato de mineros y creó el Ministerio de Minas y Petróleo.
Esta experiencia fue estudiada y apoyada por grupos nacionalistas populares de la época como FORJA, con Jauretche, Dellepiane y Scalabrini Ortiz, así como por el socialista Manuel Ugarte".
Agregó que "también Perón se sintió convocado por dicha revolución, ya que tuvo intercambio epistolar con Busch y dio asilo a Toro y a los integrantes del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)" y que "se vinculó desde el gobierno de la Revolución del 4 de junio de 1943 con el golpe en Bolivia, el cual tuvo muchos puntos de contacto a nivel ideológico, dado por Gualberto Villarroel, donde dio cabida a Paz Estenssoro y otros dirigentes del MNR, y a su vez, Carlos Montenegro, el ideólogo del MNR, tuvo un trato estrecho con Perón, amén de realizar aportes intelectuales en revistas de cultura locales como Sexto Continente".
"Tras su asunción como presidente agregó el autor- Juan Perón planteó una política de acercamiento con Sudamérica a través de su Tercera Posición, esbozada en 1947, y que se materializó en el caso de Bolivia en su encuentro con el presidente Enrique Hertzog. En viaje en tren desde Buenos Aires Perón junto a Evita llegaron el jueves 23 de octubre de 1947 a Yacuiba, en la frontera argentino - boliviana. Se homenajeó al Líder de los trabajadores argentinos y a su esposa con un desfile militar, luego visitaron los yacimientos petroleros de Sanadita, ratificaron un acuerdo comercial entre ambas naciones y recibieron el afecto del pueblo boliviano".
 
 
 
 
 
 
POR QUÉ EVO MORALES ACUSA A EE.UU. DE REEDITAR EL PLAN CÓNDOR (Y QUÉ TIENE QUE VER CON ARGENTINA)
 
Según el exmandatario, la administración estadounidense estaría desarrollando una operación similar a la que se llevó a cabo en las décadas de los 70 y 80, que promovió golpes de Estado y aupó al poder a regímenes autoritarios de derechas.
 
RT de Rusia (https://bit.ly/2UDGFe2)
 
El expresidente de Bolivia Evo Morales denunció que EE.UU. ha puesto "en marcha el Plan Cóndor 2" para debilitar a los gobiernos progresistas que se están implantando en América Latina.
Según el exmandatario, la administración estadounidense estaría desarrollando una operación similar a la que se llevó a cabo en las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado, que promovió golpes de Estado y aupó al poder a regímenes autoritarios de derechas.
"Reafirmamos que se halla en marcha el Plan Cóndor 2 y debemos acordar medidas para que los gobiernos de la derecha de Latinoamérica no sigan participando en los golpes de Estado bajo la dirección de Estados Unidos, provocando luto y dolor a nuestros pueblos", publicó Morales en su cuenta de Twitter.
Además, Morales citó una investigación, realizada por el portal Behind Back Doors y recogida por medios como Cuba Debate, que afirma que la CIA instruyó al jefe de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) de Argentina, José Sánchez, para que recolectara información sobre miembros del Gobierno boliviano y de diplomáticos y ciudadanos de países como Venezuela y Cuba con la finalidad de atacar a los gobiernos de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA).
"La CIA intervino en golpe de Estado en Bolivia y en otros países para acosar y desestabilizar a gobiernos progresistas del Alba y de América Latina mediante guerras sucias y psicológicas contra líderes de la región", afirmó Morales en otra publicación.
¿Apoyo de Argentina al golpe contra Morales?
Estas declaraciones se suman a la polémica desatada durante la última semana sobre la intervención que habría tenido el gobierno del expresidente argentino Mauricio Macri en el golpe de Estado que acabó con la salida de Evo Morales de Bolivia tras perder el apoyo de la Policía y el Ejército.
Así, el jueves pasado se conoció que el Ejecutivo de Macri habría enviado munición letal y gases lacrimógenos para que el gobierno de facto de Bolivia, encabezado entonces por Jeanine Áñez, reprimiera las protestas que se sucedieron tras el golpe de Estado, en noviembre de 2019.
Una carta remitida por el jefe de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros, a la Embajada argentina en Bolivia, como muestra de agradecimiento, probaría que se habían recibido 40.000 cartuchos AT, 18 gases lacrimógenos en spray MK-9, 0.5 gases lacrimógenos en spray MK-4, 50 granadas de gas CN, 19 granadas de gas CS y 52 granadas de gas HC.
Por ello, el diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Juanito Angulo anunció la formación de una comisión mixta en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia para investigar este envío de material bélico. "Se confirma la participación del Gobierno de Macri y también hemos establecido hace semanas atrás la participación de la administración de Ecuador que encabezaba Lenín Moreno", añadió Angulo en declaraciones a la agencia Télam.
La actual ministra de Seguridad argentina, Sabrina Frederic, calificó de "gravísimo y escandaloso" el apoyo del Ejecutivo de Macri al "golpe de Estado" en Bolivia. "Muchas dependencias del Estado tuvieron que intervenir" para el envío de ese material, incluidos el Ministerio de Defensa, el de Relaciones Exteriores, el de Justicia, el de Seguridad y la Aduana, relató en declaraciones recogidas por diferentes medios argentinos.
Por su parte, Macri tachó de "mentira" las informaciones conocidas durante los últimos días: "Es una desgracia para todos los argentinos tener un presidente que carece de credibilidad", dijo en referencia al actual mandatario, Alberto Fernández.
"Los propios protagonistas locales, tanto el exembajador argentino Normando Álvarez García como el excomandante general de la Fuerza Aérea Boliviana (Jorge Terceros), desmintieron la denuncia de conspiración y la autenticidad de la prueba que se presenta con apariencia documental. Todo lo dicho es falso. Todo es mentira", sostuvo.
¿Qué fue la Operación Cóndor?
Entre las décadas de 1970 y 1980 EE.UU. apoyó la instauración de diversas dictaduras en Sudamérica, algunas de las cuales se coordinaron en un plan de acciones y apoyo mutuo, bajo el patrocinio de Washington, para acabar con la oposición de izquierdas en sus países. Participaron los gobiernos dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
Es considerada como una campaña de represión política y terrorismo de Estado, que incluyó operaciones de inteligencia y asesinato de opositores políticos. Las víctimas son difícilmente cuantificables, aunque se estima que podría ascender a 50.000 el número de opositores asesinados, incluyendo a 30.000 desaparecidos, y a 400.000 el de los arrestados.
 
 
 
 
 
ALBERTO JUSTIFICÓ LA DENUNCIA POR LAS ARMAS A BOLIVIA: "ERA NECESARIO QUE LA JUSTICIA INTERVENGA"
 
El presidente se refirió al presunto envío de armamento por parte del Gobierno de Mauricio Macri a la dictadura de Bolivia para reprimir a quienes se oponían al golpe de Estado contra Evo Morales. "Es un tema muy grave", señaló y agregó que el accionar "puede significar una conducta delictual hecha en Argentina".
 
Ámbito de Argentina https://bit.ly/3APYHu6)
 
El presidente Alberto Fernández condenó el envío de material bélico a Bolivia por parte del Gobierno de Mauricio Macri en apoyo al golpe de Estado perpetrado contra el exmandatario Evo Morales y pidió a la Justicia argentina que investigue lo ocurrido, luego de que el Estado presentase esta tarde una denuncia contra funcionarios de Cambiemos. "Era necesario hacer la denuncia y que la justicia intervenga", dijo.
"Yo tomo conocimiento porque el Gobierno de Bolivia me dice que encontró una nota donde el entonces Jefe de la Fuerza Aérea le agradecía al Embajador argentino en Bolivia el envío de material bélico. Tenían copia sellada como recibida de la Embajada. Yo pedí que busquen el original en la Embajada. Bolivia inició acciones por eso", señaló al respecto el mandatario argentino en diálogo con Radio 10.
Esa conducta, dijo Fernández, "puede significar una conducta delictual hecha en Argentina" y agregó que a raíz de ello la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y el ministro de Justicia, Martín Soria, "presentaron una denuncia para que se investigue lo ocurrido".
La presentación realizada ante la justicia federal denuncia "el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno Nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional".
El material bélico puesto a disposición de la dictadura boliviana habría consistido en, por lo menos: 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógeno en spray MK-9; 05 gases lacrimógeno en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS; 52 granadas de gas HC, según denuncias públicas de las autoridades bolivianas.
"Es un tema muy grave", añadió el jefe de Estado y señaló que haber sentido "mucha vergüenza que Argentina haya prestado armamento y gases lacrimógenos para reprimir a un pueblo que se estaba oponiendo a un golpe de Estado. Sentí mucho pesar”.
Además, remarcó que nuestro país "tiene una historia contra el golpismo desde 1983 en adelante" y enfatizó: "Que el Gobierno argentino acepte rupturas institucionales en otros países y colabore me parece una gravedad enorme". "Espero que nunca más los argentinos vivamos una cosas así ni nos hagamos cómplices de los golpistas de otras latitudes", agregó.
Según el documento, la maniobra habría contado con la participación de Macri y "Patricia Bullrich (exministra de Seguridad de la Nación), Oscar Aguad (exministro de Defensa), Jorge Faurie (exministro de Relaciones Exteriores y Culto), Normando Álvarez García (ex Embajador Argentino en Bolivia), Jorge Dávila (exdirector General de Aduanas), Eugenio Cozzi (exdirector Ejecutivo de la ANMaC)".
Esta tarde, la propia Bullrich negó que el material enviado haya sido para reprimir las protestas contra el golpe de Estado y señaló que el armamento fue utilizado "en ejercicios de entrenamiento". Asimismo, manifestó que le provocó "dolor y vergüenza" por la "imprudencia, la impudicia y la velocidad" con las que el presidente Alberto Fernández "compromete al Estado Argentino al reconocer semejante acusación sin la mínima indagación ni prueba".
"Las autoridades de vuestro gobierno tuvieron un año y siete meses para controlar a los efectivos que estaban prestando funciones en el Estado Plurinacional de Bolivia y después pedir cuentas del material empleado. Resulta asombroso que sólo ahora, ante una carta cuya autenticidad ha sido además desmentida por el supuesto autor, su gobierno se ocupe del asunto", cuestionó Bullrich.
Durante la entrevista, Fernández le respondió a la presidenta del Pro al señalar que "está certificado es que salieron 70.000 balas de goma para Bolivia en un vuelo, de los cuales 40 mil fueron recibidos por la Fuerza Aérea. Yo no puedo explicar nada porque lo hicieron desde la gestión anterior. Dicen que los 70 mil cartuchos se usaron para prácticas. Trataron de justificar lo que no podían justificar. Lo que no sabían era que el jefe de la FAA de Bolivia estaba diciendo que había recibido 40 mil balas".
 
 
 
 
 
CONGRESO: PROPONEN CREAR UNA COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE ENVÍO DE MATERIAL BÉLICO A BOLIVIA
 
Minuto Uno de Argentina (https://bit.ly/3xBLNxL)
 
El diputado nacional Walter Correa (Frente de Todos) presentó este lunes un proyecto de ley para crear una comisión bicameral de investigación del envío de material bélico a Bolivia por parte del gobierno de Mauricio Macri, durante el golpe contra Evo Morales.
El texto especifica que la comisión "tendrá por objeto la evaluación y el esclarecimiento de las causas, circunstancias y consecuencias del envío de material bélico y/o antidisturbios, armamento u otros pertrechos hacia Bolivia por parte del gobierno de 'Cambiemos', durante los funestos hechos ocurridos en 2019" en Bolivia.
Correa señaló a Télam que "es importante conformar una bicameral porque entiendo que los y las representantes del pueblo, a través de ambas cámaras, puedan accionar, investigar, asistir como un poder más al Poder Ejecutivo en esto de ir a fondo con la verdad sobre lo que sucedió con el envío de armamento a la dictadura boliviana".
"Hay que generar conciencia teniendo en cuenta lo caro que nos ha costado a los argentinos el sistema democrático en nuestra república, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno macrista precarizó la democracia, atentó en contra de la democracia, asistiendo a una dictadura en un país hermano", agregó.
Correa habló de "poner en evidencia que la derecha criolla, que te persigue, te enjuicia, te reprime, te mete preso y te mata y que muestra como actúa en lo que significa nuestra 'Patria Grande'".
Correa propone que la Comisión Especial Investigadora esté "integrada por cuatro diputados nacionales y cuatro senadores nacionales, designados por los presidentes de cada cámara, respetando la pluralidad de la representación de las mismas"
El proyecto dice que la Comisión elaborará informes y formulará propuestas "concretas y útiles" para responsabilizar a los autores y promover "reformas legislativas que propendan a desalentar conductas como las investigadas", entre otros objetivos.
Acompañan a Correa en la firma sus compañeros de bloque Hugo Yasky, Pablo Carro, Claudia Ormachea y Héctor Fernández.
 
 
 
 
 
ARMAS A BOLIVIA: POR QUÉ LA GENDARMERÍA ES LA FUERZA FEDERAL MÁS COMPLICADA
 
A 24 de Argentina (https://bit.ly/36MeRqR)
 
El estallido se produjo el 10 de noviembre de 2019 tras 21 días de protestas civiles contra el gobierno, a quien un sector de la población acusaba de haber cometido fraude electoral en las elecciones generales de octubre de ese año. Las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia tuvieron un rol fundamental durante la crisis política.
El Ministerio de Seguridad argentino difundió los resultados de un informe preliminar de las investigaciones administrativas encargadas el 8 de julio. Desde la cartera que comanda Sabina Frederic les exigieron respuestas a los jefes de las cuatro Fuerzas Federales de Seguridad. “Queremos que nos entreguen toda la documentación que tengan para poder colaborar con la causa iniciada por el estado boliviano”, le confirmaron a A24.com fuentes oficiales. En el pedido de investigación interna se puso un plazo no mayor a 72 horas para realizar un análisis exhaustivo sobre las posibles responsabilidades de autoridades y agentes federales en los hechos mencionados.
Los primeros datos arrojan una participación de la Gendarmería en el envío de material policial a través de “cables” internos que llevan la firma de las principales autoridades de la fuerza. El más complicado es el ex director nacional Gerardo José Otero.
El 11 de noviembre la Dirección de Logística de la Gendarmería solicitó que “se autorice el uso del material y equipamiento por parte del Personal de la Agrupación Fuerzas Especiales “ALACRAN” de la GNA en el territorio de la República de Bolivia (sic)”. El argumento que consta en el documento indica que el pedido se hizo “dentro del marco de la seguridad y protección del Señor embajador Argentino, su residencia, las instalaciones Diplomáticas, como así también el personal que se encuentre dentro de la misma”.
Por otro lado, en la misma fecha hay documentación que indica que la ANMaC (Agencia Nacional de Materiales Controlados), con el objetivo de “brindar seguridad y protección al Embajador y el personal de la Embajada argentina en Bolivia”, autorizó a la Gendarmería el envío a Bolivia de: 10 pistolas semiautomáticas; 2 escopetas de repetición; 5 carabinas automáticas; 2 ametralladoras; 2 fusiles de repetición; 12 chalecos antibalas; 12 cascos balísticos; 2 escudos balísticos; 2 visores nocturnos y 8.820 municiones de distintos calibres, de las cuales 3600 eran calibre 12-70.
La entrega debía cumplirse en un plazo de 90 días corridos desde la autorización investigada.
También en el documento se deja en claro que se habilitó el traslado de once miembros de la fuerza entre los que se encontraban el Segundo Comandante Martín Miguel Hidalgo, el Alférez Martin Fernando Linares, los Suboficiales Principales Juan Carlos Zarza, Carlos Ramón Bogado, Miguel Ángel Duarte, Dardo Horacio Cóceres, el sargento ayudante Antonio Augusto Brito, los sargentos Roberto Daniel Gómez, Diego Alfredo Villalba, Cristian Andrés Bravo y el cabo primero Omar Eduardo Sande.
A las 24 horas de la primera autorización solicitada para enviar material bélico llegó el segundo pedido. Con fecha de 12 de noviembre de 2019, se solicitó ampliar a 70.000 cartuchos “antitumultos” marca Fabricaciones Militares, 100 spray de gas pimienta y 661 granadas de mano conocidas como “de gas hostigamiento”.
La información preliminar indica que la Gendarmería habría sido la única fuerza federal involucrada, pero aún se aguarda que el análisis de la documentación enviada desde Prefectura Naval, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
 
 
 
 
 
CASO MORO: PIDEN QUE SE INVESTIGUE SU MUERTE POR EL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN UNIVERSAL
 
Sebastián Moro periodista argentino, se presume que fue asesinado mientras denunciaba el Golpe de Estado que sucedió el año 2019 en Bolivia. La abogada de la familia agregó novedades de la causa y dijo que el ex embajador argentino se llevaba las recetas y no volvía más, además denunció a la justicia Boliviana de llevar adelante "una investigación que deja mucho que desear" y con "poca intención de llegar a la verdad"
 
La Izquierda Diario de Argentina (https://bit.ly/3AWFrv5)
 
Hace más de un año Moro fue encontrado en estado de semiinconciencia en su departamento por un allegado a la familia, luego de intentar contactarse sin éxitos con él. Posteriormente fue internado en una clínica y le informaron a sus familiares que el diagnóstico de su muerte fue el de un ACV. Murió finalmente el 16 de noviembre de 2019.
Sin embargo, cuando sus familiares junto con su abogado llegaron a Bolivia, constataron heridas en el hospital que no se condecían con ese diagnóstico, sino que parecían golpes. La muerte de Sebastián ocurrió en medio de una feroz persecución, cacería y hostigamiento a opositores y periodistas que denunciaban el accionar del Gobierno de facto de Alicia Añez.
Sebastián fue uno de los primeros periodistas en denunciar el Golpe de Estado en Bolivia para medios como Página 12, Prensa Rural y Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.
Sin embargo a pesar del tiempo y de las denuncias de la familia, su muerte todavía continúa impune. Esta semana la abogada de la familia de Moro, Viviana Beigel, contó en Noticiero Siete en qué estado se encuentran las investigaciones y las causas judiciales iniciadas, tanto en Bolivia como en nuestra justicia federal, y además expresó que todavía “hay dos cosas que siguen sin quedar claras y que alguien tiene que salir a explicar”.
También disparó contra el ex embajador argentino, a quien acusó de llevarse las recetas que prescribían a Sebastián durante su agonía en la clínica paceña, y nunca volvieron ni aparecieron los remedios. “Esto tiene que ver con que la familia, tanto la madre como las hermanas de Sebastián Moro, vienen denunciando desde hace tiempo, varios meses, incluso desde el primer momento, que es la actitud que tuvo el ex embajador argentino en Bolivia al momento en que Sebastián, que era un periodista argentino que estaba denunciando el golpe de estado", explicó la abogada que representa a Raquel Rocchietti, mamá de Sebastián, y a Penélope y Melody, hermanas del periodista mendocino.
“En el momento en que él (Moro) ya estaba en la clínica, donde llegó, según presumimos, producto de una golpiza que recibió, el ex embajador argentino retiraba las recetas de los medicamentos que se le daban a Sebastián para supuestamente comprarlos y llevárselos, pero nunca volvía con esas recetas. Por otro lado, nos llama la atención también, el hecho que la cónsul argentina en ese momento, le aconsejó a la familia cremar el cuerpo, y con esto, se imposibilitó hacer la necropsia, necesaria para determinar la causa de fallecimiento", acusó Beigel involucrando al diplomático del gobierno de Mauricio Macri en Bolivia, Normando Álvarez García.
Por otro lado explicó que formalmente hay abierta causa judicial en el vecino país pero que "consideramos que la investigación que se está realizando en Bolivia es una investigación que deja mucho que desear. Nosotras acá en Mendoza presentamos en la Justicia Federal una denuncia para que se investigue en función del principio de Jurisdicción Universal".
“Hay una causa penal en Bolivia que está investigando el hecho como un homicidio simple. De todos modos, la causa en ese país tiene un trámite muy lento. Ha habido poca intención de llegar a la verdad. No se ha avanzado con los testimonios. Si bien han prestado declaración algunas personas de la clínica donde estuvo Sebastián, hay testimonios fundamentales que no fueron recogidos por la fiscalía", dijo.
Por otro lado denunció que "el testimonio del médico nunca fue sumado a la causa. Sí el de un enfermero que señala esta situación, y señala que el médico vio esos golpes, y además la familia estuvo presente ese tiempo en el hospital, y el médico les dijo que esto había ocurrido: que presentaba golpes y que esto era una situación que debía ser investigada", agregó la profesional, también presidenta de la Comisión Género y Diversidad Colegio de Abogados de Mendoza.
Sobre la causa judicial en el país Beigel informó que “La denuncia que nosotras hicimos acá en la justicia federal tuvo como resultado un pedido por parte de los fiscales federales a la fiscalía boliviana para que informen cuál era el estado del proceso, porque en el caso de que hubiese un proceso abierto en Bolivia la justicia argentina no puede avanzar con una investigación", y además acotó "Lo que sí hemos logrado es que se requieran esos informes, y esto ha permitido que algunos testimonios se puedan recoger en Bolivia. Pero de todas maneras el principal aporte hoy del embajador Ariel Basteiro, quien está muy preocupado por la situación e involucrado y ayudando a la familia, tanto como que la familia pueda contar con un abogado en Bolivia, que pueda accionar, ya que desde acá es muy difícil".
Su muerte además fue denunciada en el sistema interamericano de justicia. Viviana Beigel mencionó que sí existe la colaboración de un organismo internacional que respalda los pedidos de justicia. "Así mismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha estado involucrándose en el caso de Sebastián para entender cuál ha sido la respuesta de la justicia boliviana, y seguramente esto va a estar reflejado en el informe que van hacer después que termine el trabajo de investigación que está haciendo en ese país", concluyó.
 
 
 
 
 
LA LECCIÓN DE DERECHO DETRÁS DEL ENVÍO DE ARMAS A BOLIVIA
 
El Destape de Argentina (https://bit.ly/3kqG62f)
 
Con ese título –“Lección de Derecho”- hemos nominado, en diversos certámenes de la abogacía, a la señera cláusula introducida en la Reforma Constitucional del año 1994, que establece el deber de obediencia a la supremacía constitucional y que se plasma en su art. 36.
El art. 36 de la C.N. condena el acto de fuerza de la usurpación del poder político –nulo de nulidad absoluta e insanable-, al igual que los actos realizados por las autoridades usurpantes del poder político. Declara imprescriptibles la responsabilidad penal y civil de los asaltantes del poder. Los inhabilita a perpetuidad a ocupar cargo o función pública alguna. Y les apareja la descalificación como “infames traidores a la Patria”, establecida por el art. 29 de la C.N., para todos los que han incurrido en ese obrar. En su tramo final, la norma constitucional reconoce el derecho del pueblo argentino de resistir a los actos de violencia institucional.
A partir de esta incorporación constitucional, puede derivarse un apotegma que quiebra la ideología positivista, que reconoce las rupturas del orden jurídico vigente a condición que logren obediencia a sus mandatos. Ese apotegma introducido por el art. 36 de la C.N. puede enunciarse: El derecho sólo se crea y sólo se aplica desde el derecho.
Toda persona que accede a un cargo en los poderes que conforman el Gobierno Federal, presta juramento de cumplir y hacer cumplir, en cuando de él dependa, con la Constitución Nacional. No es una mera fórmula; es el compromiso que emerge del mandato electoral, y el aseguramiento que su conducta se encontrará regida por esa supremacía constitucional que fija, también, el marco reglado de sus potestades en tanto que autoridad del Gobierno Federal.
Estas menciones son para significar la dimensión institucional que implica que ex autoridades del Gobierno hayan conspirado para lograr que el proceso constitucional de un país hermano, el Estado Plurinacional de Bolivia, fuere truncado por un perverso golpe de estado cívico-militar, que llevaba el signo de la dominación imperialista en el Continente Suramericano. Golpe que aparejó una masacre para el pueblo boliviano que ganó las calles y plazas de sus ciudades, en defensa de su voluntad política y su derecho de libre determinación, expresados en las urnas, y sólo impugnados por traidores y lacayos, a los que deben sumarse los gobiernos –entre ellos y primero en reconocer a los poderes golpistas, el argentino-, que profanaron la supremacía constitucional en el Continente Suramericano y sembraron con muertos y heridos las calles bolivianas.
La norma del art. 36 de la C.N. no sólo es obligatoria para ser obedecida en el territorio de la Nación Argentina, sino que es el prisma de institucionalidad bajo el que deben examinarse los procesos de renovación de autoridades, especialmente en los países que integran este Continente Suramericano.
Más allá de las responsabilidades penales y civiles que deberán afrontar, bajo distinta jurisdicción, todos aquellos que han tomado participación, como autores mediatos del golpe de estado boliviano y de las masacres infligidas a su pueblo –calificadas por la CIDH como crímenes de lesa humanidad-, debe señalarse que la ostensible violación de los deberes de funcionario público y el peculado incurrido al malversar bienes del Estado Nacional para sumarse a la chirinada cívico-militar de los golpistas bolivianos, aquí deben ser juzgados por la jurisdicción nacional, ya que son hechos ilícitos que se cometieron en territorio de la Nación Argentina. Y que aparejan efectos que deben llevar a la imposición de la descalificación, como “infames traidores a la Patria”, y sufrir la condena accesoria de la inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargo o función pública.
Esa, y no otra, es la “lección de derecho”, y la defensa del deber de obediencia a la supremacía constitucional argentina.
 
 
 
 
 
 
“CONTRABANDO” DE ARMAS: GERARDO MORALES EMBISTIÓ CONTRA ALBERTO FERNÁNDEZ Y ANUNCIÓ QUE VA A CONDECORAR AL EXEMBAJADOR EN BOLIVIA
 
La Nación de Argentina (https://bit.ly/3xPC9YN)
 
El gobernador radical de Jujuy, Gerardo Morales, consideró esta noche que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, debilitó la estrategia de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, al obligar a “bajarse” de su candidatura a Patricia Bullrich en la ciudad de Buenos Aires, para poner a María Eugenia Vidal. “Debilita la estrategia y muestra que el manejo del poder es complicado. Tiene que ser un poquito más humilde”, dijo el mandatario.
El gobernador radical también apuntó contra el presidente Alberto Fernández, que denunció al exembajador en Bolivia por presunto contrabando de armas. Anunció que este jueves hará un homenaje al funcionario.
Morales elogió la candidatura de Martín Tetaz, pero cuestionó con insistencia a Larreta: “Está mal lo que han hecho con Patricia que tenía ambiciones”. Y agregó: “La elección en la ciudad yo no digo que está ganada, pero es un distrito muy cómodo”, dijo en diálogo con TN.
“Vidal se va a un lugar más cómodo, donde Juntos por el Cambio tiene más fortaleza”, precisó. Para Morales, la provincia de Buenos Aires obligaba a poner “toda la carne en la parrilla”. “En la ciudad hay una oferta de candidatos”, explicó.
“María Eugenia es una buena candidata, lo que me parece mal es que habiendo sido gobernadora en Buenos Aires vaya ahora a diputada en la ciudad. En la ciudad es mucho más cómoda su posición. Juntos por el Cambio es el distrito donde mejor resultado vamos a tener”, precisó.
Morales habló sobre la denuncia de Alberto Fernández por contrabando de armas a Bolivia
Morales también se refirió a la denuncia del gobierno de Alberto Fernández y defendió a su ministro de Trabajo, Normando Álvarez García, que en ese momento era embajador en Bolivia: “Salvó la vida de funcionarios de Evo Morales”, afirmó.
“El jueves le voy a hacer un homenaje a Normando Álvarez García, que ha arriesgado su vida para salvar vidas. Tomó la decisión de asilar al ministro de Gobierno, al ministro de Salud, a funcionarios. Acompañó al esposo de la ministra de Salud en el propio auto de la embajada. Corrió riesgo de vida, buscado por la turba, que lo querían matar. No me va a venir el Gobierno con la actuación del radicalismo y de Álvarez García”, explicó.
Dijo que su actual ministro provincial no conocía lo del envío de armas. “Le venden mucha carne podrida al Presidente. Ha sido armado en la embajada argentina en Bolivia, por el actual embajador. No lo voy a permitir de ninguna manera. Lo vamos a condecorar”, advirtió.
“Lo vamos a condecorar”, precisó. “Garantizó vidas, que es una premisa de la Unión Cívica Radical”, agregó. “Estaría bien que el gobierno baje un cambio con este tema”, afirmó en diálogo con TN.
Según el gobernador Morales, el entonces embajador en Bolivia ha sido “amigo” de Evo Morales y sus funcionarios y “les salvó la vida”.
 
 
 
 
REPUDIO POR BOLIVIA
 
Arena de Argentina (https://bit.ly/3i5NE7r)
 
El concejal del Frente Jusiticialista Pampeano (Frejupa), Mariano Rodríguez Vega, presentó en el Concejo Deliberante un proyecto para expresar el repudio del cuerpo al envío de material bélico a Bolivia por parte del gobierno macrista durante el golpe de Estado que derrocó al ex presidente Evo Morales.
El proyecto, que lleva también la firma del resto de los integrantes del bloque como Natalia Sueldo, Juan Lima, José Carlos Depetris y Paula Grotto, busca expresar el repudio del Concejo «el envío de material bélico al Estado Plurinacional de Bolivia en noviembre de 2019 durante la presidencia de Mauricio Macri en colaboración con el derrocamiento de Evo Morales, de acuerdo a lo advertido por el Gobierno del vecino país, pidiendo por el pronto esclarecimiento de lo ocurrido».
«Es indispensable llamar a la reflexión ante la gravedad de los hechos cometidos contra el proceso democrático de aquel país», y recuerda que Argentina «lleva 38 años ininterrumpidos en el ejercicio de la democracia, un modelo de convivencia que los argentinos y las argentinas supieron elegir y mantener, diciendo Nunca Más a las dictaduras cívico militares que se dieron en la Argentina».
 
 
 
 
 
BOLIVIA, BALAS ARGENTINAS Y 'PESCADO PODRIDO' DEL MAS
 
Urgente 24 de Argentina (https://bit.ly/3wBgke2)
 
La exministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, informó que el envío de armamento a Bolivia para proteger la embajada, en medio de la crisis social y política de noviembre de 2019, se produjo cuando los ministros de Evo Morales aún no habían renunciado: “Debe aclararse además que la totalidad de las autoridades del gobierno del sr. Evo Morales renunciaron entre el 11 y el 12 de noviembre de 2019. El último en hacerlo fue el ministro de Defensa. Este dato no se le puede pasar por alto a usted, Sr. Presidente, ya que la carta a causa de la cual usted se apresuró a pedir disculpas está fechada el 13 de noviembre de 2019; es decir, cuando el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros, ya había renunciado y mal podía entonces enviar en carácter oficial una nota de agradecimiento. Todo ello sin contar con que la Fuerza Aérea no tiene relación alguna con actividades antidisturbios y resulta totalmente incoherente que la nota proceda de esa arma”.
En tanto, sigue la polémica porque abundan quienes sostienen que la firma del general argentino que suscribió la misiva famosa fue falsificada.
En Bolivia
Por estas horas hay una ofensiva del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) para intentar modificar el relato de la salida de Evo Morales Ayma del poder, quizás para lograr rehabilitarlo y convertirlo otra vez en candidato más adelante.
Afirma Página Siete, de La Paz, Bolivia:
"Analistas políticos coincidieron que el Movimiento al Socialismo (MAS) y el Gobierno articulan a sus aliados regionales para sustentar la narrativa del supuesto “golpe de Estado” en contra Evo Morales. Estas repuestas son mediáticas, principalmente, pero también las acompañan con denuncias y procesos de investigación.
El pasado mes el asambleísta de Unes, de la facción correísta en Ecuador, Fausto Jarrín, denunció que entre noviembre y diciembre la administración del expresidente Lenin Moreno envió “armamento militar” para apoyar al gobierno transitorio. Afirmó que ese material fue para “reprimir al pueblo boliviano”, por lo cual interpuso una denuncia ante la Fiscalía en contra de exautoridades.
La pasada semana el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, dio a conocer una carta presuntamente firmada por el general Jorge Terceros para agradecer el envío de “armamento bélico” al exembajador argentino, Normando Álvarez. Inmediatamente el presidente del vecino país, Alberto Fernández, envió una nota de disculpas y acusó al exmandatario Mauricio Macri de ser parte de la ruptura del orden constitucional en Bolivia.
El analista político Ludwin Valverde indicó que el MAS articula mediáticamente a sus aliados de otras naciones porque la narrativa del “golpe de Estado” en el país no tuvo el impacto que esperaban, al solo al culpar a la oposición y exjefes militares y policiales. Es por eso que se ven en la necesidad de involucrar a actores extranjeros.
“Las denuncias de golpe de Estado al no darle al MAS efectivos resultados a nivel interno, se ocupan ahora por afianzar una presencia internacional de su discurso de conspiración y complot hacia el expresidente Evo Morales. Se dieron cuenta de no tener la repercusión interna que esperaban, por eso recurren a sus aliados de la región”, detalló
Valverde explicó que este apoyo internacional, de igual manera fue articulado en 2020, mientras el Movimiento al Socialismo no estaba de gobierno. Agregó que el apoyo de Fernández responde para desacreditar a Terceros y opacar las revelaciones que hizo sobre lo hechos acontecidos antes y después de la renuncia de Morales, que muestra que el partido de gobierno quería una escalada en los conflictos sociales del 2019. (...)".
En la Argentina
La jugarreta del MAS es funcional al presidente argentino Alberto Fernández, en un año electoral.
Por lo tanto, él denunció ante la Justicia al expresidente Mauricio Macri y varios de sus colaboradores por el envío de "material represivo" a Bolivia en noviembre de 2019, informó la agencia gubernamental Télam.
Las exautoridades son denunciadas por la posible comisión de los delitos de contrabando, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación.
Entre los denunciados se encuentran:
Mauricio Macri,
Patricia Bullrich, exministra de Seguridad;
Oscar Aguad, exministro de Defensa;
Jorge Faurie, exministro de Relaciones Exteriores y Culto;
Normando Álvarez García, exembajador en Bolivia;
Jorge Dávila, exdirector General de Aduanas;
Eugenio Cozzi, exdirector Ejecutivo de la ANMaC (Agencia Nacional de Materiales Controlados);
Gerardo José Otero, exdirector Nacional de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA);
Rubén Carlos Yavorski; exdirector de Logística de la GNA; y
Carlos Miguel Recalde, exdirector de la Dirección de Operaciones de la GNA.
En el memorial —firmado por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la administradora federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria— se les levanta cargos por el "envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno Nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional".
Pero en Bolivia, hasta ahora, el relato conspirativo no ha provocado impacto. Ni las anteriores denuncias ni la nueva.
Los 8 elementos
Hay al menos 8 elementos que desvirtúan el denominado caso “golpe de Estado”, según opositores. Desde la memoria de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) sobre las mesas de diálogo hasta las recientes declaraciones del exjefe de la FAB. Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) indican que más bien “está descubriéndose todo”.
Desde el ámbito jurídico hay quienes sostienen que el caso no tiene “puerto jurídico” a donde llegar, pero que el objetivo del caso es habilitar al expresidente Evo Morales para los próximos comicios en calidad de supuesta víctima.
1. “No me quedé de Presidente”
El 4 de diciembre de 2019, el excomandante de las FFAA, Williams Kaliman, sostuvo que no hubo golpe de Estado, e indicó que se sugirió la renuncia de Morales en el marco de la CPE y la Ley Orgánica de las FFAA. “¿Cómo puede ser golpe de Estado, si nosotros solamente hacemos la declaración? Yo no saqué soldados, no fui, le apunté con tanques, yo no me fui al Palacio, ningún militar estaba en las calles (...). Yo no me he quedado de presidente, nadie se ha quedado de presidente que sea militar”, dijo a Fides.
2. La memoria de la Iglesia Católica
El 15 de junio de 2021, la CEB difundió una memoria de los hechos del proceso de pacificación, en la que cuenta que a la reunión del 12 de noviembre asistieron representantes del MAS (Adriana Salvatierra, Susana Rivero y Teresa Morales). La CEB dice que cuando el diálogo estaba siendo infructuoso, Salvatierra pidió reunión a puerta cerrada. Tras dicha reunión, el MAS aseguró la participación de su bancada en la sesión de la ALP “en la cual reconocerían” a Añez, pero “no cumplió el acuerdo”, según la CEB.
3. Contradicción sobre el vacío
El 17 de junio de 2021, Adriana Salvatierra, expresidenta del Senado, dijo que en 2019 se provocó un vacío de poder, y apuntó a Carlos Mesa y a Fernando Camacho. “Que no intente lavarse las manos el señor Carlos Mesa, porque él estaba provocando un vacío constitucional, que también lo había provocado Luis Fernando Camacho”, dijo a No Mentirás. El 18 de junio de 2021, la exdiputada Susana Rivero se apersonó de forma voluntaria a la Fiscalía y dijo: “He traído mis pruebas de que nunca hubo vacío de poder”.
4. Polémica sobre una renuncia
El 18 de junio de 2021 se generó una polémica en torno a la fecha de la renuncia de la exdiputada Susana Rivero, quien ese día se presentó a declarar ante la Fiscalía. “No he renunciado. Muéstrenme una renuncia anterior a la concreción del golpe de Estado. He renunciado el 14 y tengo mis pruebas”, dijo. Esa jornada, ChequeBolivia publicó: “Es verdad, Susana Rivero publicó su ‘renuncia irrevocable’ en Twitter el 2019 y luego la borró”. Rivero indicó: “son capaces de todo, incluida la fabricación de renuncias fake”.
5. “Hay que cuidar a Añez”
El 22 de junio de 2021, se difundió un video en el que se ve a Evo Morales contar a sus militantes que, en 2020, cuando le plantearon sacar a Jeanine Añez del poder, él pidió “cuidar” a la entonces mandataria, con tal de que garantice las elecciones de 2020. El expresidente confirmó la veracidad del registro audiovisual y sostuvo que la reunión data de mayo de 2021, cuando analizaban la estrategia del triunfo del MAS en las elecciones de octubre de 2020. “Pedir renuncia de Añez que se caía sola era un error”, indicó.
6. “Tienen que renunciar”
El 1 julio de 2021, Eva Copa, expresidenta del Senado, manifestó que en 2019 Salvatierra le llamó y le dijo “llama a las chicas, que tienen que renunciar”. A lo que se suma la declaración del exsenador Omar Aguilar de que supuestamente hubo la instrucción de renuncia colectiva a la bancada del MAS. El 6 de julio, Aguilar adicionó que tiene “capturas” e “impresiones” de los chats de los grupos de WhatsApp del MAS, que prueban que hubo la presunta instrucción de dimitir.
7. Las declaraciones de Terceros
El 4 de julio de 2021, el general Jorge Terceros, excomandante de la FAB, indicó que tres horas antes de que Morales renunciara, el 10 de noviembre de 2019, el entonces comandante de las FFAA Williams Kaliman ya sabía de la decisión, y dispuso redactar un comunicado para “hacer quedar bien a las FFAA”. Terceros declaró que no hubo golpe porque Morales siguió impartiendo órdenes a las FFAA, por intermedio del entonces ministro de Defensa, Javier Zavaleta, hasta 30 horas después de su renuncia pública.
8. La admisión de Zavaleta
El 6 de julio de 2021, Javier Zavaleta, exministro de Defensa, admitió que estuvo al mando de las FFAA incluso después de la renuncia pública de Morales, aunque denunció que hubo insubordinación. La exautoridad indicó que estuvo en contacto muchas veces con Kaliman, incluso después de la renuncia de Morales, pero no tuvo ninguna comunicación sobre el comunicado de las FFAA. “Ésa fue una insubordinación, una decisión que se la tomó saltando la cadena de mando”, indicó.
 
 
 
 
 
LITIO: LA FIEBRE DEL ‘ORO BLANCO’ (Y SUS RIESGOS)
 
Cumplir las metas del Acuerdo de París cuadruplicará de aquí a 2040 la demanda de minerales como el litio o el cobalto, usados en paneles solares, turbinas eólicas y las baterías de ion-litio de los coches eléctricos.
 
Política Exterior de Agentina (https://bit.ly/3AWJojp)
 
La advertencia a los directivos de la industria del automóvil lanzada por Ivan Glasenberg, director ejecutivo de la multinacional suiza Glencore, de que sus compañías pueden quedar rezagadas en la carrera por el acceso a materiales esenciales para las baterías de ion-litio –cobalto y carbonato de litio– es una señal más de que la transición tecnológica “verde” se librará en gran parte en un terreno conocido: los países productores de materias primas.
A medida que la industria energética se aleja de los combustibles fósiles, otros minerales toman el relevo. Un estudio de 2018 de la Revista de Economía Industrial estimó que mudar a eléctrico el 100% del parque automotor global exigirá aumentar la extracción de litio un 2.511%, 1.928% la de cobalto, 264% la de grafito, 118% la de níquel, 100% las de tierras raras, 135% la de manganeso y 35% la de cobre. En el último año, el precio del cobalto ha subido alrededor de un 178% y el del litio, un 228%, según el Benchmark Mineral Intelligence.
Su densidad eléctrica y capacidad para almacenar el calor ha convertido al litio en el “oro blanco” del siglo XXI, como si los mercados vieran en él una sustancia alquímica contra el cambio climático. La mayor parte del litio en bruto procede hoy de Suramérica y se procesa en China y otros países asiáticos, donde también se fabrica la mayor parte de las baterías de ion-litio.
República Democrática del Congo (RDC) representa el 60% de la producción mundial de cobalto (130.000 toneladas). Los salares del altiplano de Chile, Bolivia y Argentina –donde ya operan empresas mineras de Alemania, China, Estados Unidos, Holanda, Japón, Reino Unido y Rusia– suman el 85% de la de litio.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) calcula que cumplir las metas del Acuerdo de París cuadruplicará de aquí a 2040 la demanda de los minerales que usan paneles solares, turbinas eólicas y baterías ion-litio. A escala global, en 2020 las ventas de vehículos eléctricos aumentaron un 41%, hasta los tres millones de unidades. En el lapso hasta 2040, la demanda de litio aumentará 40 veces. Según Bloomberg, en el primer trimestre empresas mineras que explotan litio recaudaron en Wall Street 3.500 millones de dólares, siete veces más que en los 36 meses anteriores. Si el precio del litio y el níquel se duplica, las baterías costarán un 6% más.
 
Un futuro eléctrico… ¿y contaminante?
El proceso es irreversible. General Motors prevé que en los próximos 15 años dejará de fabricar motores de combustión. Volkswagen está construyendo en China una megaplanta eléctrica. Gracias a un programa estatal, China ya tiene 800.000 estaciones públicas de recarga, dos veces más que el resto del mundo junto. En su salida a bolsa, Xpeng Motors recaudó 5.000 millones de dólares, que invertirá en I+D y plantas de montaje automatizadas.
A Xpeng se suman IM Motors Nio, Geely, propietaria de Volvo, y Evergrande, que ya vale en bolsa tanto como General Motors. LMC Automotive prevé que en 2028 China fabricará unos ocho millones de coches eléctricos, frente al millón de 2020; la Unión Europea, 5,7, y EEUU, 1,4. En el primer trimestre de 2021, Mercedes vendió 43.000 híbridos y 16.000 eléctricos, el 10% de sus ventas globales, frente al 7,4% de 2019.
Glasenberg advierte que Pekín puede prohibir la exportación de baterías. China procesa el 80% de los materiales necesarios para las baterías ion-litio y también domina la producción de ánodos y cátodos. Consciente de la vulnerabilidad de sus cadenas de suministro, Pekín ha firmado acuerdos con el gobierno de Kinshasa que le aseguran el cobalto. Compañías chinas controlan el 40% de la producción congoleña y están invirtiendo en minas. Glencore es la única minera occidental que opera en RDC. Glasenberg recuerda que Henry Ford compró minas y vastas extensiones en la Amazonía brasileña para asegurarse suministros de caucho y mineral de hierro.
El escenario del litio es más complejo. Según el US Geological Survey, Bolivia tiene el 30% de las reservas. El resto está distribuido entre Australia y América del Norte. La reciente fusión de las australianas Orocobre y Galaxy Resources creará el quinto mayor productor mundial, con explotaciones dispersas entre Australia, Canadá y Argentina.
Tesla tiene derechos para extraer litio en Nevada. Elon Musk quiere reducir a la mitad el precio de las baterías para vender coches por 25.000 dólares y llegar a los 20 millones de vehículos en 2030. Según Citigroup, solo para suministrar a Tesla, la industria del litio tendría que crecer más de ocho veces.
El problema del litio no es descubrirlo o extraerlo, sino procesarlo de modo sostenible, lo que no es nada fácil, sobre todo en minas de tajo abierto. La de Silver Peak en Nevada, la mayor de EEUU, se comenzó a explotar en los años sesenta. Actualmente produce 5.000 toneladas al año, menos del 2% del total mundial.
En The Wall Street Journal, Walter Russel Mead afirma que los ecologistas sobreestiman las ventajas ecológicas de la transición energética. Las energías renovables no cambian el clima ni la acidez de los océanos, pero no por ello dejan de contaminar. La explotación del litio, cobalto y níquel es intensiva en el uso de agua y disolventes tóxicos.
La administración de Joe Biden ha anunciado que no va a conceder más permisos para explotar petróleo y minerales en territorios federales, pero las mineras tienen licencias vigentes para varias décadas más. Sus directivos han pedido a la Casa Blanca que el programa de infraestructuras incluya una partida de 10.000 millones de dólares para explotar litio por razones de seguridad nacional.
La sostenibilidad no sale nunca gratis. El proyecto Lithium Americas, que quiere producir en el desierto de Nevada 100.000 toneladas anuales de litio en 2025 (20 veces más que hoy), se enfrenta a la oposición de pueblos nativos, granjeros y ecologistas. La mina consumirá miles de millones de litros de agua subterránea, contaminará acuíferos y producirá montañas de residuos tóxicos.
Según estimaciones de Lithium Americas que cita The New York Times, la mina consumirá 12.200 litros de agua por segundo para producir 66.000 toneladas de carbonato de litio al año. El proyecto ha ofrecido sueldos de hasta 62.000 dólares anuales a miembros de las tribus paiute y shoshone de la reserva de Fort McDermitt para vencer sus resistencias.
Agua y litio en el Altiplano andino
El litio está transformando los ecosistemas del Altiplano andino. Argentina, Bolivia y Chile se encuentran ante la misma disyuntiva: aprovechar la fiebre del “oro blanco” para crear valor agregado e industrializarse sin crear nuevos conflictos medioambientales, lo que nunca ha sido fácil. Según Horacio Machado Aráoz, del Instituto de Investigación de Ecología Política del Sur, definir el valor del agua respecto al litio es decidir “qué vidas valen más que otras”.
BMW ha firmado un contrato de 334 millones de dólares con la minera Livent, con sede en Filadelfia, para que le provea el litio que explota desde 1997 en el Salar del Hombre Muerto, al noreste de Argentina. Según el secretario argentino de Minería, Alberto Hensel, BMW eligió a Livent después de que estudios ambientales de las universidades de Anchorage y Amherst concluyeran que la empresa emitirá un 25% menos de gases que las explotaciones tradicionales y no empleará químicos nocivos.
Livent consume cada día 7.400 metros cúbicos de agua, unos 5.100 litros por segundo, en una zona árida y en la que el régimen pluviométrico oscila entre 20 y 200 mm anuales. Meandros, lagos y acuíferos de aguas fósiles sostienen comunidades agrícolas y pastoriles. Livent, antes Minera del Altiplano, extrae 20.000 toneladas anuales de sales de litio que exporta a EEUU y China.
En 2012, el gobierno provincial de Catamarca reclamó a la minera por facturas impagadas del canon de agua. Desde 1997, la minera no lo pagaba (0,01 centavos de dólar por cada 1.000 litros). En 2015, Livent acordó invertir parte de la deuda en obras de infraestructuras. En 2017, anunció que invertiría 300 millones de dólares para duplicar su producción. Las autoridades le permitieron instalar nuevas plantas de bombeo y trazar un acueducto de 32 kilómetros desde Río Los Patos.
Los pobladores locales, que ya han visto desparecer el río Trapiche por el desvío de aguas, paralizaron las obras bloqueando carreteras. Ahora exigen una consulta previa según el  convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que Argentina ha firmado. Livent consume 135 metros cúbicos de agua por cada tonelada de litio que exporta, unos 2.701.000 metros cúbicos de agua. Si se alcanzan las 60.000 toneladas anuales, el drenaje hídrico se triplicará. La Comunidad Indígena Atacameña del Altiplano advierte que si se sigue avanzando sobre sus territorios ancestrales, los conflictos se perpetuarán.