¿CUÁL FUE LA RECETA DEL PRESIDENTE ARCE PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA BOLIVIANA?

A pesar de los descalabros económicos cometidos por el gobierno de facto en Bolivia, el Gobierno de Arce logró reflotar al país en menos de seis meses. El economista Mike Gemio explicó a Sputnik las claves para comprender estos primeros éxitos en beneficio del pueblo.
Luego de un 2020 en el cual su economía se redujo en un 8%, Bolivia se prepara para concluir 2021 con un crecimiento del 5,1%, según pronósticos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El economista Mike Gemio Pérez evaluó que el Estado Plurinacional "está saliendo de un Gobierno de facto, que básicamente ha tenido un accionar bastante dañino para con la economía".
En diálogo con Sputnik, el analista económico afirmó que "el mal manejo económico del aparato público ha incidido en la caída de todo el sistema de políticas sociales que ha manejado el Gobierno del presidente Evo Morales (2006-2019)".
Consideró que el Gobierno de Jeanine Áñez (2019-2020) "ha tratado de eliminar la política social a partir de un manejo económico más orientado a la parte privada, por darle un término amable".
En este sentido, Gemio definió a la política social encarada por los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) como "una piedra fundamental del desarrollo económico en Bolivia. Mientras la distribución del excedente llegue a más personas, tiene una incidencia mucho más grande en el desarrollo. Hay una variable directa entre esta capacidad de distribuir recursos a más gente y el desarrollo de nuestro país".
Para el economista, formado en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), "ese ejercicio ha funcionado hasta antes del golpe. Han sido catorce años de crecimiento económico constante y exponencial".
Graficó que durante el Gobierno de Morales, el país llegó a tener 43.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto (PIB), "algo que era insoñable para un país como el nuestro", que antes de Morales había llegado a tener un PIB de 500 millones de dólares.
Con la recuperación de la democracia, en noviembre de 2020, el Gobierno de Luis Arce "retomó el modelo económico planteado por el presidente Morales. Entonces se fomenta una política social agresiva, que busca otra vez redistribuir lo poco que quedaba, para mejorar la calidad de vida de la gente".
El Bono Contra el Hambre
Gemio se refería al Bono Contra el Hambre, una de las promesas de campaña del presidente Arce, con el cual distribuyó 700 millones de dólares entre cuatro millones de personas (Bolivia tiene 11 millones de habitantes). Cada uno recibió 1.000 pesos bolivianos (unos 150 dólares), que ayudaron a reactivar el consumo, seriamente afectado por las restricciones a la movilización en las calles impuestas por Áñez, como excusa para combatir la pandemia de COVID-19.
"Era una cantidad relativamente pequeña de recursos. Pero si focalizas de manera muy inteligente el bono, se lo das a quien lo necesita y no se lo guarda en el bolsillo. Así se genera dinamicidad en todo el sistema económico lo más rápido posible", evaluó el economista.
Luego de un 2020 marcado por las malas decisiones económicas del Gobierno de facto, "los consumidores retrotrajeron su consumo y las empresas empezaron a producir menos. Estábamos entrando a una suerte de colapso total de la economía. Lo evitó este primer ejercicio, asociado a otra serie de políticas", dijo Gemio.
Otra medida exitosa fue la de ofrecer dinero a través del Banco de Desarrollo Productivo (BDP), que puso a disposición de las empresas un crédito al 0,5% anual. Como condición para acceder al financiamiento, el o la empresaria tenía que promover la sustitución de importaciones, porque debía adquirir sus insumos dentro del territorio boliviano.
Gemio comentó que se trata de un crédito "sumamente barato", considerando que en otros bancos es de al menos el 4 o el 5%.
"Un crédito al 0,5% es muchísimo más pequeño. Obviamente, los empresarios lo entendieron como una buena señal. Al buscar la dinamización del mercado interno, el Gobierno fue a atacar el problema por ambos flancos: por el lado del consumo y por el lado de la oferta", consideró el analista.
Y remarcó que la inversión pública se duplicó en comparación con el mismo periodo de 2020.
Aumento en las exportaciones
En las últimas semanas, se anunció que las exportaciones en Bolivia crecieron en un 51%. Para Gemio, esto obedece a que "ahorita el contexto mundial es favorable. No hay cómo esconder que después de la pandemia el mundo está sufriendo una reacción económica, porque todos han pasado mucha zozobra, han mantenido sus recursos guardados en el banco, bajo el colchón", ilustró el economista.
Para él, al bajar la intensidad de la pandemia, con la disposición de vacunas para toda la población, "la gente está volviendo a comercializar, a adquirir, generando comercio cuasi normal, pero que reacciona de golpe".
Este aumento de las exportaciones fue liderado por el oro en barra, destinado a la India, además de cientos de toneladas de soja dirigidas a varias naciones.
Aunque no es un dato para menospreciar, el economista evaluó que el país necesita generar valor agregado a sus productos, para no ser solamente un vendedor de materias primas: "Se debería apuntar a esquemas más complejos, como es el caso del litio. Hay una apuesta fuerte en Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), la institución del Estado que maneja todo el tema del litio".
Actualmente, Bolivia es el país del mundo con mayores reservas mundiales de este cotizado metal, utilizado en la fabricación de baterías de celulares y autos eléctricos, entre otros productos.
"Bolivia tiene que pensar en un esquema mucho más diversificado de sus exportaciones, ese es un hecho. Tenemos que apostar a la micro y pequeña empresa, porque tenemos potencialidad ahí", manifestó Gemio.
En el caso del oro, por ejemplo, evaluó que se le podría dar más valor agregado si se lo vendiera como joya. "Hay artesanos que podrían competir a nivel internacional, pero les falta muy poco para llegar a un mercado más competitivo y con mucha más demanda", dijo.
El plan gubernamental de las hidrovías
En las últimas semanas, el presidente Arce visitó las zonas de Puerto Villarroel, en el trópico de Cochabamba (centro), y Guayaramerín, en el departamento de Beni (noreste), para reinaugurar la hidrovía Ichilo-Mamoré, que atraviesa estos ríos hasta unir ambas poblaciones.
Según el presidente, de esta manera se reducirán costos de transporte para comerciar productos bolivianos, lo cual los volverá más competitivos. En este aspecto, adelantó que impulsará la apertura de hidrovías en más ríos navegables del país.
Según Gemio, esta obra impulsada por Arce "se viene pensando desde hace mucho tiempo. Ese corredor tiene salida al océano Atlántico. Y esa salida puede representar un flujo de comercio sumamente interesante. Podría ser un canal para exportar productos agropecuarios y textiles".
El plan de las hidrovías "es sumamente importante, porque ahí sí podríamos ganar mucha competitividad con países como Paraguay, Argentina, o Brasil, porque tienen demanda de productos", aseguró.
¿No más golpes?
Estas y otras medidas parecieran funcionar para sacar al país de la crisis económica iniciada luego del golpe de Estado de 2019 y acentuada por la llegada de la pandemia de COVID-19, en marzo de 2020.
El intento de los sectores golpistas de retrotraer al país a las décadas neoliberales fracasó por esta vez. Ahora que hay ciertas evidencias para presumir que detrás del golpe contra Morales hubo un plan internacional, ¿qué certezas hay de que no volverán a intentar reinstalar su modelo económico?
"Si haces una retrospectiva de Bolivia hace unos 40 años atrás, y un poquito más, éramos un país sumamente desigual. Esa construcción de desigualdad existe desde la creación de la República, en 1825. Desde entonces se han construido círculos y roscas muy poderosas, que han decidido sobre gobiernos", explicó Gemio.
Son grupos de poder "que vienen de muchos años, que han logrado amasar fortunas y son parte de negocios grandes en Bolivia, también de cadenas de televisión y otros medios de comunicación con los cuales conforman emporios comunicacionales, con un poder de llegada impresionante", comentó.
De esta manera, "lograron posicionar en el imaginario de la gente ese concepto neoliberal de que 'los mejores tienen que administrar'. Y estos 'mejores' son los que tienen más plata. Así terminan haciendo que la gente vote por ellos".
En este sentido, Gemio afirmó: "No hemos hecho desaparecer el neoliberalismo en Bolivia. Sería un error craso pensar que ellos nunca podrán volver. Porque hay todavía ciertos esquemas funcionando. Sucede en el caso de los medios de comunicación y en algunos medios de producción grandes, como la soya y las tierras".
Y agregó: "Evidente, la conciencia de la gente, del pueblo, ya percibe que no necesita esos 'mejores', por eso ha tomado las riendas del Gobierno. Ahora sabemos que puede hacerlo alguien que tenga ganas de trabajar".
Ese "alguien", también debe tener "la conciencia suficiente para ver la realidad nacional en un esquema mucho más plurinacional, porque nuestro país es realmente plurinacional. Si no terminas de entender eso y crees que una casta debe tener todos los privilegios, entonces no comprendes la realidad boliviana", sostuvo. Sputnik News de Rusia (https://bit.ly/3eAL5tp)
 
 
 
 
 
ANÍBAL FERNÁNDEZ APUNTÓ CONTRA EL CULPABLE DEL ENVÍO DE ARMAMENTO A BOLIVIA: «EL COMANDANTE MAYOR» ¿QUIÉN ES?
 
El Intransigente de Argentina (https://bit.ly/3BkgCth)
 
El ex jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, se refirió a la denuncia por el envío de armamento del Gobierno de Mauricio Macri a Bolivia y apuntó contra el culpable: «El Comandante Mayor, Fabián Salas, fue el responsable de los grupos de los grupos especiales, era la mano derecha de Gerardo Otero, el titular de la Gendarmería«. Además, deslizó que el titular de la fuerza habría recibido la orden de la ex ministra Patricia Bullrich.
En este marco, contextualizó: «Después de haber sido durante cinco años jefe de las fuerzas federales a uno le quedan esas cosas y si no te comportas mal siempre tenés amigos que te hacen conocer un poco más como son las cosas. Me parece que siempre termina siendo lo que paga la vuelta en bote cuando los responsables son los que fueron titulares de la fuerza, pero sobre todo los civiles que dieron las órdenes», en diálogo con Pablo Duggan en C5N.
 Además, agregó: «Cuando se programa este viaje a Bolivia con el cuidado de la Embajada argentina y la residencia del embajador, las municiones que tenian que llevar eran 3.200, no más eso, de las cuales entre 60 y 70% de posta de goma y las otras plomo. Lo que sería el armamento lógico que se llevó cuando sucedió lo de Chile y que por supuesto, como es una exportación temporaria, va y vuelve en las mismas condiciones».
«El Comandante Mayor, Fabián Salas, fue el responsable de los grupos de los grupos especiales, era la mano derecha de Gerardo Otero, el titular de la Gendarmería. Este es el verdadero responsable de los movimientos que estamos viendo y no sabemos como se cranearon. Él fue el que le ordenó al jefe logístico que en vez de 3.200 sean 70.000 municiones», apuntó.
Por último, concluyó: «Seguramente por orden de la ministro (Patricia Bullrich), Gerardo Otero le ordenó a Fabián Salas y éste al jefe logístico, esto debe formar parte de la investigación. Llevaron un armamento extraño para lo que sucedía: ametralladoras 762, es incomprensible. Cuando hay que hacer un movimiento de tropa en un país como el nuestro, los costos a las fuerzas federales se le reducen considerablemente. Hay que ver quién pagó el vuelo, estamos hablando de un avión».
 
 
 
 
 
¿NO SABES QUIÉN ES EL MUERTO, SOLDADITO DE BOLIVIA? DE BARRIENTOS A AÑEZ, DE JOHNSON A MACRI
 
El Universal de México (https://bit.ly/3iuVZSA)
 
Soldadito de Bolivia,
soldadito boliviano,
armado vas de tu rifle,
que es un rifle americano,
soldadito de Bolivia,
que es un rifle americano.
Te lo dio el señor Barrientos,
soldadito boliviano,
regalo de míster Johnson,
para matar a tu hermano, 
para matar a tu hermano.
 
Así escribía el poeta cubano Nicolás Guillén, para referirse a esos días aciagos de fines de los sesenta, aludiendo a la intervención constante y sonante de Estados Unidos en la región, a la captura y asesinato de Ernesto Che Guevara, como preámbulo claro del autoritarismo que dominaría América Latina, y de la acción colectiva emancipadora, que aquí sólo anotamos.
Cambiemos los personajes y los momentos de la historia. Pongamos, por ejemplo, que las armas proceden de Ecuador y Argentina, para la señora Jeanine Añez, regalos o préstamos (cándidamente así rotulados) de Lenin Moreno y Mauricio Macri, ahora ex presidentes de Ecuador y Argentina. Por cierto, en los primeros días de noviembre de 2019, ambos políticos –entre otros- reconocían a la golpista, con argumentos variopintos: autoridad, para dar estabilidad al pueblo boliviano, porque Evo Morales se fue, “dimitió” (sin hacer referencia en ningún momento a que los mandos militares bolivianos le exigieron su renuncia, a punta de pistola, no de otra forma, y con el guiño de la Organización de Estados Americanos, presidida por Luis Almagro). 
En medio de estos dos hechos históricos (la Bolivia de los sesentas y la de 2019), está la experiencia de las dictaduras en América Latina, y para encarar la efervescencia social, la aplicación del Plan Cóndor en los setenta, un ejercicio regional de cooperación. Los gobiernos, perdón, las dictaduras argentina, boliviana, brasileña, chilena, paraguaya y de Uruguay jugaron un papel activo, aunque siempre administrado por los gobiernos de Estados Unidos –republicanos y demócratas, en esta tarea estratégicamente fundidos-. En nuestros días, no escindamos la desestabilización en Cuba, que ocupa un lugar de primera plana en los medios hegemónicos, mientras que los hechos en Bolivia hay que buscarlos con lupa).
Siempre aparece, como una mala broma, la cuestión de la democracia. Ilustremos para ello con las palabras de Macri, cuando se refería a J. Añez como “presidenta electa de Bolivia”. Ni un solo voto medió en la tragedia, sí las armas y balas enviadas en los nuevos vuelos de la muerte. Los originales vuelos de la muerte transportaban a muchachas y muchachos, y a las madres de estas y estos chicos, sedados por inyecciones (pentotal sódico), para arrojarlos al mar, es decir, asesinarlos y borrar las huellas del crimen. Las evidencias múltiples develaron los asesinatos, como acción concertada; ahora, en el caso que nos ocupa, se llevaba armamento, regalo de los presidentes citados a la señora Añez y sus cómplices, para dotar a los soldados de Bolivia de los recursos materiales (mediados por la acción política) para amedrentar y asesinar a sus hermanos. En nuestro presente también hay evidencias de la acción concertada. Traje a la medida a los personajes del drama que costó la vida a muchos bolivianos y dejó mutilados a otros. A pesar de ello, las fuerzas opuestas a Añez, y a su caterva de acompañantes, ganaron las elecciones, es decir, allí la gente sí votó.  “Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano”. 
En la cadena inicial de responsabilidades se encuentran los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil, Ecuador (se alude a 5.500 granadas y 2.949 proyectiles en noviembre de 2019), Argentina (ahora evidente con documentos, aparte de lo que era voz pública de la acción hormiga de tráfico de armas en el norte argentino –Jujuy-. Las autoridades bolivianas detallan la llegada en un avión Hércules desde Argentina de 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógenos en spray MK-9; 05 gases lacrimógenos en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS; 52 granadas de gas HC). Por otra parte, en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (gobierno argentino), se alude a “10 pistolas semiautomáticas; 2 escopetas de repetición; 5 carabinas automáticas; 2 ametralladoras; 2 fusiles de repetición; 12 chalecos antibalas; 12 cascos balísticos…8.820 municiones de distintos calibres”, entre otros. Metamos incluso, para ver el tamaño de la farsa, al autoproclamado presidente venezolano J. Guaidó, por el que no hubo un solo voto, pero se sumó a la comparsa de la Operación Cóndor bis. 
En México se utiliza una expresión muy popular: “tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata”. Formalicemos el dicho popular, recordando al gran periodista argentino Rodolfo Walsh, asesinado por la dictadura: “En esos enunciados se agota la ficción de bandas de derecha, presuntas herederas de las 3 A de López Rega, capaces de atravesar la mayor guarnición del país en camiones militares, de alfombrar de muertos el Río de la Plata o de arrojar prisioneros al mar desde los transportes de la Primera Brigada Aérea, sin que se enteren el general Videla, el almirante Massera o el brigadier Agosti” (Walsh). Se enteraron los jefes militares bolivianos que recibieron el armamento, aunque quizá no los que usaron de manera letal, como tampoco los que lo padecieron. En la historia reciente argentina: ¿quiénes son responsables, quiénes estaban informados, voltearon hacia otro lado o asumimos con ingenuidad que no se enteraron? 
Ya hay denuncias penales por acciones de lesa humanidad –que no prescriben- y el contrabando ilegal de armas, a las en ese momento autoridades argentinas responsables. Al tiempo.
 
 
 
 
 
CRECEN LAS SOSPECHAS SOBRE LA AYUDA DE BOLSONARO A LOS GOLPISTAS DE BOLIVIA
 
"Si se trabaja en serio en las indagaciones sobre Luis Fernando Camacho es posible que salga a la luz el supuesto apoyo dado por Brasil al golpe contra Evo Morales", sostiene Lidia Patty, del MAS.
 
Página 12 de Argentina (https://bit.ly/3eE3ZQ6)
 
Lidia Patty Mullisaca es la líder indígena boliviana, miembro del Movimiento al Socialismo (MAS) por el cual fue diputada, que denunció por terrorismo y conspiración a Jeanine Añez, la expresidenta surgida tras el golpe que derrocó al mandatario Evo Morales en noviembre de 2019.
A raíz de las amenazas de muerte y agresiones racistas de las que ha sido víctima debido a su cruzada judicial que llevó a la cárcel a Añez y la cúpula sediciosa, Patty se mueve en los tribunales de La Paz y el municipio de Charazani, donde fue concejal, acompañada por una custodia asignada por el mandatario Luis Arce.
"Ellos quieren intimidarme , piensan que les voy a tener miedo, no les tengo miedo, voy a seguir hasta que se haga justicia (..) dicen que soy el terror de los antipatria".
Con un saludo en quechua y español al "hermano periodista del diario PáginaI12", Patty comenzó a responder las preguntas de esta entrevista telefónica en la que subrayó su interés en llegar a fondo con la trama "internacional, que tuvo el apoyo de Brasil" para derrocar a Morales.
El complot del que formaron parte los exmandatarios Mauricio Macri y el ecuatoriano Lenín Moreno, respondió a un plan para implantar un régimen adscripto a Washington y las multinacionales ávidas del litio y los hidrocarburos, sostiene la dirigente del MAS.
Añez y los suyos "sacaron al presidente Evo, electo democráticamente, para volver a como estábamos antes dándole los recursos naturales y minerales a los extranjeros, para volver a tratarnos como esclavos".
"Ese señor Bolsonaro"
"(Jair) Bolsonaro ha apoyado el golpe de Estado, quisiera saber yo cómo se sentirá ese señor en este momento porque tanta gente ha muerto en el golpe, tantas mujeres que quedaron viudas, tantos padres que se quedaron sin hijos".
"Apoyar un golpe para que asesinen a tantos hermanos, eso es un delito que no puede quedar así ", se indigna Patty al hablar de las masacres de Senkata y Sacaba que dejaron más de 30 víctimas fatales y centenas de heridos.
Las sospechas sobre el mandatario brasileño expresadas por esta mujer bien informada, que antes de ser diputada fue maestra y empleada doméstica, son compartidas por el gobierno de Bolivia.
El vocero de la Presidencia, Jorge Richter, afirmó este sábado la intención de poner la lupa sobre las "ayudas y coadyuvaciones (llegadas) desde Chile y Brasil" en los hechos revelados a través de los documentos que imputan a Macri en el envío de armas para reprimir la resistencia democrática.
En sintonía con el Poder Ejecutivo el titular de la Cámara de Diputados , Freddy Mamani Laura manifestó la decisión de crear una "comisión mixta exclusiva" para echar luz en un rompecabezas que tendría varias piezas más que las conocidas hasta el momento.
"Estamos haciendo un seguimiento de los hechos (..) no es casual que el señor de Brasil (representante de embajada brasileña) haya estado presente en la reunión que planificó el golpe de Estado", que tuvo como anfitrión al encargado de negocios estadounidense, Bruce Williamson.
De momento no han surgido documentos sobre la eventual complicidad brasileña a través de apoyo económico o armamentístico.
Respaldo que sí está demostrado en el plano político.
El 12 de noviembre de 2019, dos días después de la caída del gobierno constitucional, Brasilia se "congratuló" ante la toma de posesión de Añez con quien prometió "profundizar la amistad". Promesa cumplida con creces por Bolsonaro cuyas relaciones con Morales habían sido más que distantes.
Brasilia niega
El escándalo destapado a través de las revelaciones sobre el envío de armamento por parte de Macri y Lenín Moreno comienza a tener repercusión en Brasil.
La semana pasada el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró no tener ningún "registro" respecto del envio de "equipamientos de control de disturbios" al gobierno de Añez, publicó el diario O Globo.
Contentarse con las informaciones dadas por un gobierno adicto a las fake news no basta, es preciso que se realicen investigaciones porque desde la llegada de Bolsonaro al Palacio del Planalto ,en enero de 2019, su política externa estuvo marcada por la "desestabilización" de los gobiernos populares y progresistas, observa Monica Valente, miembro de la comisión de Relaciones Internacionales del Partido de los Trabajadores .
Asumiéndo un papel similar al desempeñado por Brasil durante la dictadura, cuando fue peón de la política Estados Unidos en América del Sur, Bolsonaro adoptó el papel de polea de transmisión de la voluntad de Donald Trump. Una suerte de cónsul honorario y vocacional.
Así lo demuestran varias iniciativas del excapitán en materia de política externa.
Además de celebrar el golpe en Bolivia, Bolsonaro alentó, y ofreció bases en la Amazonia, para la pretendida invasión norteamericana en Venezuela a comienzos de 2019, el mismo año en que apoyó las candidaturas presidenciales del uruguayo Luis Lacalle Pou y Mauricio Macri.
En plena campaña proselitista llegó a presagiar que en caso del retorno del "zurdaje" en Argentina, con el triunfo del entonces candidato Alberto Fernández (a quien nunca le estrechó la mano) miles de argentinos habrían de buscar refugio y libertad en Brasil.
Con igual planteo extremista el mes pasado sembró dudas sobre un supuesto "fraude" en las elecciones peruanas y lamentó el retorno del "comunismo" al cual imagina encarnado en el presidente electo , Pedro Castillo.
Un llamado a Bachelet
Lidia Patty Mullisaca denunció dos veces al gobernador de Santa Cruz de la Sierra, y líder de la ultraderecha boliviana, Luis Fernando Camacho.
La primera fue realizada el año pasado, por los delitos de "conspiración" y "desestabilización" debido a la participación de Camacho en la caída de Morales.
La segunda fue en marzo de este año, cuando la activista acusó al dirigente cruceño por realizar amenazas veladas de golpe contra el actual presidente Luis Arce, vencedor de los comicios de octubre de 2020.
"Señor Arce no se olvide de cómo salió Evo Morales (en 2019) , empiece a respetar y haga lo que corresponde", dijo Camacho, al cual algunos apodan como el "Bolsonaro boliviano".
Patty le contó a este diario que si se "trabaja en serio" en las indagaciones sobre Camacho es posible que salga a la luz el supuesto "apoyo dado por Brasil" al golpe contra Morales.
No está de más recordar que el epicentro del movimiento destituyente de 2019 fue el Comité Cívico de Santa Cruz, un departamento ligado geográfica – comparte una extensa frontera - y estatégicamente con Brasil.
En Santa Cruz están afincados importantes productores rurales brasileños actualmente simpáticos a Camacho así como a las tentaciones separatistas que fermentaron en otro intento golpista en 2008, el cual fue encabezado por Branko Marinkovik, asilado en Brasil donde fue elogiado por Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente.
Uno de los gestos más elocuentes dados por Brail a favor de la estrategia destituyente ocurrió en mayo de 2019, cuando el entonces canciller, Ernesto Araújo, recibió y se fotografió junto a Camacho.
Patty reconoce que a veces se siente "un poco solita" en esta batalla para que "no haya impunidad" con los culpables de la asonada de 2019: lo cual incluye tanto a los responables bolivianos como a los que "apoyaron desde hace años desde afuera del país, hay que investigar los países que financiaron la desestabilización".
La activista expresa su interés en poder llevar el caso al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuya directora es la expresidenta chilena Michelle Bachelet.
"Es importante que esto se sepa a nivel internacional, quisiera salir, sería lindo encontrarnos con la hermana Bachelet, contarle lo que ha pasado, contarle sobre las personas que han muerto".
"También quisiera ir a hablar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos , quisiera exponer las cosas que han pasado, sería muy importante", concluye la incansable Patty.
 
 
 
 
 
"ES UNA CAUSA ARMADA": LUIS PETRI HABLÓ SOBRE EL CONFLICTO CON BOLIVIA
 
El Ciudadano de Argentina (https://bit.ly/3BnenFl)
 
La denuncia del gobierno boliviano sobre el envío de pertrechos para fuerzas de seguridad y gendarmes por parte del gobierno de Mauricio Macri, justamente cuando el país vecino vivía tiempos revulsivos con el desplazamiento de Evo Morales de la presidencia, fue analizada por el diputado nacional Luis Petri, de Juntos por el Cambio, en diálogo con radio FM 91.7, de Grupo Cooperativa.
Al respecto, el legislador afirmó que “es una verdadera locura lo que ha ocurrido, porque cuando uno revisa y repasa la documentación, resulta que en la carta de aparente agradecimiento que se firma desde Bolivia a la República Argentina está falsificada la firma”.
Agregó que, “por otro lado lo que sí hizo la República Argentina fue enviar gendarmes, pero fue para custodiar la Embajada y a periodistas argentinos que se encontraban en ella. Y un dato que no puede pasar desapercibido es que la República Argentina, en este momento durante el gobierno de Macri, le dio asilo a dos ministros de Evo Morales, con lo cual está claro que esto es una denuncia armada”.
Según Petri, “lo que llama la atención –y esto no lo podemos soslayar– es la irresponsabilidad del presidente de la Nación Alberto Fernández, que en menos de 24 horas, ni bien se conoce este hecho, sale a pedir disculpas al gobierno boliviano sin siquiera haber constatado los hechos, comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado argentino”.
Además, puntualizó: “Lo que debió hacer Alberto Fernández ni bien se conoció es, primero, verificar la verosimilitud de la denuncia, verificar que la firma hubiese sido la de quien decía que había firmado la nota, algo que se comprobó que no fue así”, y detalló que “se conoce el 8 de julio este hecho, y el mismo día el Presidente de la Nación, comprometiendo la responsabilidad internacional por las cuestiones domésticas del país, por hacer política doméstica y perseguir al expresidente de la Nación, pidió disculpas”.
En su opinión, el Presidente “no ha medido las consecuencias de sus dichos y no ha tomado real dimensión de lo que supone eventualmente un reconocimiento de un hecho sin tener eventualmente pruebas, o de haberlo acreditado, como para ligeramente decir que la República Argentina había ido con gendarmes y eventualmente con municiones a consolidar el golpe de estado”.
“Esto no ocurrió de esa manera, y los gendarmes en definitiva permanecieron en territorio boliviano mucho tiempo más después de la ida de Macri del gobierno. Creo que cinco meses más han estado en territorio boliviano, con lo cual lo que hay que hacer, básicamente, es despejar cualquier tipo de duda, dar cuenta de que en definitiva el personal de seguridad –en este caso los gendarmes que se apostaron en la Embajada– fue justamente para garantizar y salvaguardar los graves hechos que estaban ocurriendo”, consideró.
Evo Morales renunció a su presidencia el 10 de noviembre, y el 13 de noviembre la Argentina envió los gendarmes, producto de los disturbios que habían ocurrido y estaban ocurriendo todavía en territorio boliviano, y que, según Petri, “comprometían la seguridad tanto del personal de la Embajada como de las personas que se encontraban allí adentro apostadas”.
El memorándum con irán
Otro tema que abordó el legislador radical por Mendoza fue el de las declaraciones de Cristina Fernández sobre el Memorándum de Entendimiento con Irán por la causa AMIA.
Según el diputado, “fue una dramatización, porque en definitiva nunca justificó por qué firmó un memorándum con Irán, cuáles fueron los motivos que los llevaron, porque dentro del memorándum se crea un comité de la verdad, integrado por cinco miembros. ¿Por qué se pacta con el que en ese momento y hasta hoy en día es sindicado como el responsable de los atentados? La víctima pacta con el victimario respecto de cómo enjuiciarlo”, sentenció.
Siguiendo con la política internacional, afirmó que “hubo desde que asumió Fernández una clara alineación hacia los países en donde no están garantizados los sistemas democráticos, donde existen autocracias o directamente dictaduras, arrancando por la ausencia de condena a la violación de los derechos humanos que ocurría en Venezuela”.
Y recordó que “el Presidente de la Nación dio a la orden de retirar la denuncia que la República Argentina había hecho ante La Haya por delitos sobre los derechos humanos que estaban siendo cometidos en Venezuela. Pero además de eso, les ordenó a las representaciones argentinas en la OEA a votar en contra”.
Finalmente, teniendo en cuenta que en diciembre se vence su mandato, fue consultado acerca de la posibilidad de que sea nuevamente candidato, a lo que respondió: “Me parece que lo importante acá es trabajar en un proyecto colectivo y ver qué rol ocupa dentro de ese proyecto. Sin lugar a dudas me gustaría seguir dando la batalla en el Congreso de la Nación, me gustaría seguir criticando aquellas políticas erráticas y erróneas del Gobierno nacional, pero independientemente de eso no es una decisión individual, es una decisión colectiva”.
 
 
 
 
 
MAURICIO MACRI EN SU MOMENTO MÁS COMPLICADO: CONTRA LAS CUERDAS EN LA JUSTICIA Y DENOSTADO POR SU FAMILIA
 
El Intransigente de Argentina (https://bit.ly/3Bo0B5q)
 
Son momentos difíciles para Mauricio Macri. Varado en Suiza, el exmandatario se ve cada vez más arrinconado por el Gobierno nacional que avanza en la investigación por el envío de armas a Bolivia y, en las últimas horas, reapareció su hermano Mariano con declaraciones explosivas. El periodista Rolando Graña se hizo eco del escenario y recordó el entramado judicial en la vida del fundador del PRO.
El conductor de A24 utilizó el inicio de su ciclo GPS para refrescar las acusaciones de Mariano Macri que pondrían en evidencia el «doble discurso» y el «uso del poder presidencial» por parte del exmandatario. «Me empezó a convertir el enemigo común para que el resto de la familia lo siguiese. Es una lógica de amigo-enemigo, el ‘se hace lo que yo quiero’, empezó a usar el grupo para sus intenciones de poder», manifestó el hermano de Mauricio Macri en una entrevista a Perfil.
Además, el hermano del expresidente sostuvo que Mauricio «se maneja de la siguiente manera: o te sometés o te destruyo». «Tuvo un comportamiento muy destructivo de enorme autoritarismo, arbitrariedad y perversión», esbozó en otro pasaje y manifestó: «Para mí es fundamental desenmascarar a Mauricio. El marketing vendió un Mauricio Macri que no es: el real es este hermano, el socio que defrauda, el político que no cumple».
De acuerdo a la denuncia de Mariano Macri, la principal «traición» de su hermano data de 2007 cuando su padre Franco Macri da a entender que quiere dejar el liderazgo de sus compañías. Allí, manifestó, el progenitor de ambos buscaba una salida ordenada pero Mauricio y Gianfranco Macri intentaron desplazarlo por presunta insania para lo que diseñan una estructura de testaferros y empresas fantasmas que luego desembocaría en los Panamá Papers.
Mariano Macri era un gerente activo en la compañía familiar que estuvo al lado de Franco Macri en las negociaciones que impulsó con empresarios en China y conocía desde adentro los negocios. «Es testimonial lo que dice. Acá se acabaron los cuestionamientos», manifestó el comunicador Rolando Graña.
A esta polémica familiar que se reavivó se le suma el avance de la investigación judicial sobre el envío de armas a Bolivia para el desplazamiento del Gobierno de Evo Morales. En las últimas horas la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, señaló en declaraciones a C5N que «a medida que pasan los días y surge nueva información, efectivamente se va confirmando» la denuncia.
En diálogo con Conflicto de Intereses precisó que el cargamento se envió a través de un vuelo del Hércules que también llevó al grupo «Alacranes» de Gendarmería y 70.000 municiones anti-tumultos. «Luego, cuando llegaron a La Paz, todo esto tomó un camino diferente al de los Alacranes. Ellos fueron a la Embajada y a la Residencia, y no vieron nunca más ese cargamento», amplió.
 
 
 
 
 
CONTRABANDO DE ARMAS A BOLIVIA: EL GOBIERNO DE ESE PAÍS CONFIRMÓ QUE MACRI ENVIÓ ARMAMENTO SIN REGISTRAR
 
Eduardo Del Castillo, ministro de Gobierno, confirmó que se encontraron 26.900 balas antitumulto 12/70 en un depósito de la Policía de Bolivia. Es parte de las 70.000 balas de gomas que la Gendarmería pidió sacar del país el 12 de noviembre de 2019 con el argumento de defender la embajada en el Estado Plurinacional. Algunas estaban escondidas en bolsas rotuladas como "guantes" y en cajas con el sello de la Gendarmería argentina dentro del depósito de la Policía en el que se hallaron.
 
Página 12 de Argentina (https://bit.ly/3wMvihn)
 
El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo fue contundente cuando afirmó que "el tráfico de armas está penado en Bolivia con 30 años de prisión. Quiero hacer hincapié en el tema de Argentina. En bodegas de la policía boliviana se encontró material. Una parte fue enviado legalmente y otra parte se hizo de manera ilegal y lo estamos investigando". Lo dijo durante la conferencia de prensa en la que mostró el armamento hallado en bodegas de la policía boliviana. Esos pertrechos son parte de lo que envió el gobierno de Mauricio Macri en los días del golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019. Si las 26.900 balas de gomas encontradas en ese depósito policial cercano a la ciudad de La Paz se suman a las 40 mil que recibió y agradeció por carta la Fuerza Aérea boliviana, prácticamente se completa el número de 70 mil cartuchos antitumultos. Pruebas y datos que dejan a Macri y a sus ministros a la puerta de una acusación en la justicia boliviana que, por un lado, los puede considerar autores del delito de contrabando pero también como partícipes de la sedición que derrocó al gobierno democrático de Evo Morales.
La confirmación del hallazgo le permitirá al gobierno de Alberto Fernández ampliar la denuncia ya presentada en la justicia argentina. Esto lo están trabajando los ministerios de Justicia, de Defensa y de Seguridad. Según confiaron a Página/12, esta ampliación no será la última. Aseguran que están recolectando información de otras áreas del gobierno argentino donde también hubo participación en este contrabando agravado que, entienden, cada día que pasa también parece ser parte de un complot que incluye a otros gobiernos de Latinoamérica.
No es para menos, parte del armamento argentino encontrado en Bolivia estaba junto a a una treintena de granadas de gas lacrimógeno de origen norteamericano en una bolsa negra que tenía un cartel que decía "guantes". Esto es lo que lleva a los investigadores bolivianos a profundizar la tarea para determinar la participación de otros gobiernos como el de Brasil y Colombia. Una tesis que de confirmarse avalará la figura del Plan Cóndor 2 que utilizó el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, cuando dio cuenta de la contribución de Macri con el golpe de estado.
Durante la conferencia de prensa, Del Castillo mostró documentación y los pertrechos encontrados. Lo acompañó el actual embajador argentino Ariel Basteiro. El ministro confirmó que se encontraron 26.900 balas antitumulto 12/70 en un depósito de la Policía de Bolivia. Es parte de las 70.000 balas de gomas que la Gendarmería pidió sacar del país el 12 de noviembre de 2019 con el argumento de defender la embajada argentina en La Paz. Algunas de estas balas --de Fabricaciones Militares-- estaban escondidas en bolsas y otras estaban en cajas con el sello de la Gendarmería argentina dentro del depósito de la Policía en el que se hallaron.
Según información aportada por el ministro de Gobierno de Bolivia, los gendarmes argentinos llegaron al hangar de los Diablos Negros del aeropuerto de El Alto con el Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina. Allí el personal diplomático, que había sido escoltado por la Policía de Bolivia abordó el avión, y se comenzó la descarga de las cajas con armas y municiones. A las 7 de la mañana del 13 de noviembre de 2019, los gendarmes y los pertrechos fueron trasladados a la embajada y allí se hizo entrega del material bélico, como se había convenido con el entonces comandante de la Policía de Bolivia Yuri Calderón.
"Gran parte también fue enviada a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y hay un faltante que aún se encuentra en investigación y debemos determinar si fue utilizado en las masacres de Sacaba y Senkata", afirmó Del Castillo. El faltante al que hizo referencia el ministro de Gobierno son las 40 mil balas de gomas que el 13 de noviembre de 2019 agradeció, a través de una carta remitida al embajador Normando Álvarez García, el jefe de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Terceros Lara.
Si bien puede resultar extraño que la Fuerza Aérea boliviana recibiera armamento antitumultos, lo cierto es que la dictadora Jeanine Añez emitió el 15 de noviembre un decreto donde autorizaba a las Fuerzas Armadas a participar de la represión de las protestas contra el golpe de estado y las eximía "de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad".
Del Castillo también denunció que la dictadura de Áñez también pidió autorización el 15 de noviembre de 2019, dos días después de la llegada del contingente argentino, para que un Hércules de la Aviación boliviana entrara a Ecuador para recoger municiones --en su mayoría balas de goma y gases-- que también fueron hallados en poder de la Policía de Bolivia. La única diferencia con el armamento argentino es que los ecuatorianos entregaron el material "en calidad de préstamo".
El ministro afirmó que "existía un plan continental para reprimir al gobierno boliviano organizado desde el 24 de julio cuando sin fundamento alguno el subsecretario de Estado de Donald Trump ya hablaba de fraude. Ya se tenía un manual para un golpe de Estado".
Basteiro, que estuvo especialmente invitado a la conferencia de prensa, aseguró a Página/12 que "el gobierno de Bolivia ha tomado el tema con seriedad y se puede ver que buscan la verdad de lo ocurrido en el golpe contra Evo Morales. Hay por ahora dos causa que se investigan. Por un lado el contrabando pero también la sedición y el golpe. En ambas causas aparece el apellido Macri", indicó.
Trascendió además que el gobierno boliviano realizará una denuncia contra el jefe policial Yuri Calderón, el comandante Terceros Lara y también al entonces embajador Álvarez García. En ese contexto se planea realizar un entrecuzamiento de las llamadas que pudo haber tenido este trío.
Entre los colaboradores de los ministros argentinos encargados de llevar adelante la denuncia hay tranquilidad por la calidad y la cantidad de las pruebas que presentaron ante la justicia. Es más, sostienen que la floja respuesta de Macri es una demostración de que la denuncia lo golpeó. Algo similar dicen de Patricia Bullrich y su floja y errática defensa de su responsabilidad con el envío de tropas y armamentos a Bolivia.
 
 
 
 
 
ARGENTINA Y BOLIVIA TIENEN PROYECTOS DE LEY EN SUS PARLAMENTO PARA IMPULSAR LA TRANSICIÓN A COCHES ELÉCTRICOS
 
Marco Press de Argentina (https://bit.ly/3BlvR4Z)
 
Así como la Comisión Europea envió la semana pasada un proyecto de ley al Parlamento Europeo sobre vehículos eléctricos, los Gobiernos de Argentina y Bolivia también están tomando caminos similares.
El Gobierno argentino dijo la semana pasada que deberá impulsar la producción local de autos eléctricos porque prevé falta de dólares estadounidenses para importarlos.
“Hacia fines de esta década, se avecina una conversión hacia vehículos eléctricos y vamos a trabajar con una ley para estimular la producción nacional. Si nos quedamos como un mero tomador de recursos tecnológicos de otros países, además de perder la producción argentina y las oportunidades laborales, no tendremos los dólares para importar”, dijo Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo.
El ministro hizo esas declaraciones durante el lanzamiento del Plan de Desarrollo Productivo Verde, que contempla el uso del litio y del cobre extraídos en territorio argentino para el desarrollo de baterías de automóviles, ante la inevitable reconversión de motores de combustión a electrificados.
Kulfas explicó que para lograr esos objetivos “la minería es clave”, ya que la industria demandará litio y cobre. Por ello, hizo un llamado a “una minería sustentable que cuide el medio ambiente e incorpore una cadena de valor”.
Este plan está en línea con el Proyecto de Ley de Electromovilidad que el Gobierno Nacional envió al Congreso en marzo, por el cual se prohibiría la producción de vehículos que funcionen con combustibles fósiles a partir del 1 de enero de 2041. Como sucedió con el proyecto de ley europeo, ahora le toca al Congreso decidir sobre el tema.
Kulfas subrayó que el Gobierno estaba trabajando codo con codo con fabricantes de automóviles, empresas de autopartes y sindicatos, aunque el plan de electromovilidad no fue bien acogido por los industriales locales, quienes han expresado su decepción por no haber sido consultados antes de enviar el proyecto de ley al Congreso. También consideran que el Gobierno debe resolver primero otros problemas más urgentes, como la alta presión fiscal.
Argentina es tierra fértil en cuanto a la presencia de litio, una de las materias primas clave para la electromovilidad, necesaria para la producción de baterías para automóviles eléctricos. Según un informe de 2018, el 67% de las reservas probadas de litio y alrededor del 50 por ciento del suministro mundial se concentran entre Argentina, Bolivia y Chile, por lo que la región se conoce como “el triángulo del litio”.
Argentina “es el país con mayor cantidad de recursos con potencial valor económico, aunque no de probada factibilidad y rentabilidad, con algo más del 20% del total mundial. El litio disponible allí se concentra principalmente en tres provincias: Catamarca, Jujuy y Salta”, dice un informe estadounidense del USGS.
Para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “Argentina tiene el potencial de convertirse en el principal productor mundial de carbonato de litio, tomando el punto de referencia comúnmente utilizado para medir la productividad del sector”.
BMW ya ha confirmado una inversión de 285 millones de euros para extraer litio de Argentina a partir de 2022 y utilizarlo en la producción de baterías para sus coches eléctricos. El proveedor de la marca alemana será Livent, una empresa norteamericana con sede en Catamarca.
Mientras tanto, Bolivia sumó una serie de beneficios fiscales a la ya existente eliminación de aranceles aduaneros para la importación de vehículos eléctricos e híbridos y sus repuestos.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, anunció la semana pasada que la medida buscaba “contribuir al mejoramiento del medio ambiente” y al “ahorro y eficiencia energética” a través de la “fabricación, montaje, compra e importación de vehículos y maquinaria agrícola eléctrica”.
“Este incentivo fiscal establece una tasa del 0% para el impuesto arancelario y una disminución del Impuesto Específico al Consumo (ICE) para estos vehículos eléctricos e híbridos, de tal manera que se pueda generar un entorno favorable para que podamos utilizar este tipo de vehículo y ahorrar energía“, agregó.
También se establecieron ”incentivos económicos” para la fabricación, montaje y compra de maquinaria agrícola y vehículos eléctricos e híbridos, así como equipos y accesorios para los correspondientes sistemas de energía y generación distribuida, prosiguió el ministro.
Según Montenegro, la norma establece que la infraestructura del sistema de recarga para vehículos eléctricos estará a cargo de la estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), con la posibilidad de que inversores privados también puedan sumarse si así lo desean.
“Estamos convencidos de que este tipo de regulación incentivará, ayudará a la economía nacional, ahorrará energía y pasará a otra fase donde la economía boliviana también tiene que moverse en cuanto a modernizar su flota de vehículos con vehículos eléctricos que tengan mejor eficiencia y ahorro energético,” añadió.
El ministro también anunció que se había enviado un proyecto de ley al Poder Legislativo para reducir por un año el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplica a la importación y comercialización de bienes de capital, plantas industriales, vehículos de carga de gran capacidad y maquinaria pesada para el sector agrícola e industrial.
Montenegro explicó que el arancel para estas importaciones “ya era cero” y ahora lo que se hará es bajar “temporalmente” el IVA, con el objetivo de promover la industrialización “en los sectores agrícola e industrial”.
 
 
 
 
 
EL DESPRECIO AL FERROCARRIL ARICA-LA PAZ
 
Revista Rieles de Argentina (https://bit.ly/36Ptslk)
 
La principal compensación que Bolivia recibió a cambio de su vasto, rico y único litoral, es el más amplio y perpetuo derecho de libre tránsito por territorio y puertos chilenos, que fue concebido y reglamentado por el Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios. Ese derecho, según el espíritu y letra de esos mismos instrumentos, debía ser ejercido y garantizado principalmente a través del ferrocarril Arica-La Paz, que desde hace ya casi veinte años no funciona.
Ciertamente, tras cerca de nueve décadas de funcionamiento relativamente regular, el año 2001, una fuerte tormenta ocasionó serios destrozos en el tramo Arica-Visviri, que afectaron de tal manera a la empresa que administraba esa parte de la vía, que nunca más pudo reponerse. Se realizaron algunos viajes más en los años que siguieron hasta que, en noviembre de 2005, la empresa tuvo que declararse en quiebra y desde entonces, el ferrocarril Arica-La Paz permanece absolutamente paralizado en el lado chileno de la frontera.
Según el documento “Libre Tránsito de Bolivia, la realidad” del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (2015), se hicieron al menos dos fases de reconstrucción del ferrocarril, una de ellas rimbombantemente inaugurada por el mismo presidente Sebastián Piñera, sin que eso trascienda en una verdadera reposición del servicio.
Pero cuando finalmente se anunció la rehabilitación de la vía y las dos empresas concesionarias realizaron un exitoso viaje de prueba, que trasladó más de 400 toneladas de bobinas de acero de Arica hasta Oruro; el gobierno boliviano, en un acto sin precedentes en la historia del libre tránsito de Bolivia desde y hacia el mar, propició la suspensión de dicha rehabilitación.
En efecto, a mediados de mayo de 2021, con la intención de evitar los bloqueos de los transportistas sindicalizados bolivianos que se habían movilizado en protesta por la rehabilitación del Ferrocarril Arica – La Paz, el Ministro de Obras Públicas sentó en una misma mesa a los representantes de la empresa encargada del tramo boliviano, Ferroviaria Andina S.A., y a los citados transportistas sindicalizados, para que firmen un acuerdo que estipula la suspensión de la rehabilitación y el levantamiento de los bloqueos.
Ese acuerdo no sólo contraría la tradicional política boliviana de hacer valer el derecho de libre tránsito de Bolivia desde y hacia el mar, sino que además representa una limitación para el comercio de nuestro país, que ha perdido una interesante alternativa logística para el transporte internacional de carga por vía terrestre. Efectivamente, el ferrocarril es una opción altamente competitiva para los cargamentos que superan las 25 toneladas, que es el máximo peso que los camiones pueden transportar según las normas de tránsito carretero en ambos países.
Por ese motivo, la carga que supera ese peso debe ser dividida en dos o más camiones para ser transportada por carretera, con el consiguiente costo adicional que eso supone para los importadores y exportadores bolivianos.
Por esas mismas razones, algunos países sin litoral de otras partes del mundo, como Nepal, Bután o Laos, han estado haciendo grandes esfuerzos para conectarse con el mar a través de ferrocarriles y sus autoridades, seguramente se sorprenderían mucho al saber que existe un país sin litoral que desprecia la posibilidad de usar un ferrocarril ya construido y en condiciones de operar.
Pero una vez que el monopolio del transporte por carretera fue asegurado, las autoridades chilenas decidieron cambiar su política de control de la pandemia de Covid-19 y empezaron a realizar pruebas de hisopado (PCR) a todos los transportistas bolivianos que cruzan la frontera. Esto ralentizó considerablemente el flujo de camiones en los pasos fronterizos de Tambo Quemado y Pisiga, y congestionó la carretera con largas filas de camiones bolivianos, que ahora deben esperar entre dos y tres días para completar un proceso que antes tomaba un par de horas.
Esta situación genera altos costos para los transportistas y comerciantes bolivianos, por la demora en el despacho o recepción de carga y el retraso en la devolución de contenedores (demurrage); sin mencionar el intenso frío que deben soportar los transportistas, especialmente en esta época del año, en esa zona fronteriza, situada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.
Aunque no queremos decir que el cambio de política de control sea una represalia de las autoridades chilenas por la suspensión del proceso de rehabilitación del ferrocarril, queda meridianamente claro, una vez más, que el derecho de libre tránsito boliviano por territorio y puertos chilenos, depende directamente de los vaivenes políticos de nuestros vecinos, quienes muy rara vez – para no decir nunca– consideran los efectos que sus decisiones tienen sobre el comercio boliviano y el cumplimiento de los tratados.
Pero para evitar más disgustos, y mientras Bolivia siga siendo un país sin litoral, las autoridades chilenas y ahora también bolivianas, deberán encontrar la manera de dar fiel cumplimiento a lo establecido en los acuerdos bilaterales sobre libre tránsito, no sólo para honrar la fe y palabra de ambos Estados a la luz del derecho internacional, sino sobre todo, para contribuir a mejorar la competitividad del comercio internacional boliviano.