SENKATA NO OLVIDA NI PERDONA

Una recorrida por el barrio de Senkata, en las afueras de El Alto, el escenario de una de las mayores masacres perpetradas por el gobierno de facto de Jeanine Áñez. Los familiares de las víctimas, el pedido de justicia y el reclamo de que nunca más las FFAA apunten contra el pueblo.  

Antonio Quispe Ticona salió de su casa en Ventilla, ciudad de El Alto. Ese 19 de noviembre de 2019 las calles estaban repletas de alteñas y alteños movilizados en repudio al golpe de Estado contra Evo Morales y la consiguiente autoproclamación de la senadora Jeanine Áñez como nueva presidenta del Estado Plurinacional. Antonio, de 24 años, tenía que recorrer 20 kilómetros a pie para reunirse con su hermana, Gloria, quien lo esperaba en la casa de sus abuelos, en la ciudad de La Paz.
En el barrio alteño de Senkata está la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), donde se almacenan y distribuyen cientos de miles de litros de combustibles para todo el departamento de La Paz. Luego del golpe del 10 de noviembre de 2019, las y los vecinos armaron un piquete en la entrada de este establecimiento para expresar su rechazo al Gobierno de facto. Por este motivo no podían entrar ni salir camiones cisterna.
Tras una semana, la falta de nafta y diésel comenzó a sentirse en los barrios de clase media de la ciudad de La Paz, lindera con la altiplánica ciudad de El Alto, emplazada a 4.000 metros sobre el nivel del mar.
Aquel 19 de noviembre, el gobierno de facto de Áñez había decidido destrabar la entrada de la planta de Senkata sin importar el costo. Por la mañana comenzaron los enfrentamientos entre vecinos contra las fuerzas conjuntas, integrada por militares y policías. Los uniformados actuaban al amparo del decreto 4078 -firmado por la entonces presidenta y su gabinete-, según el cual podían disparar tranquilamente contra el pueblo boliviano sin tener que rendir cuentas ante la justicia civil.
Poco antes del mediodía, una de las paredes de la planta de Senkata fue derribada con dinamita. Nunca se supo si la tumbaron los vecinos o si fueron los militares para justificar lo que harían más tarde. En ese momento, el régimen de Áñez instaló la fake news de que los alteños querían hacer estallar los vastos depósitos de combustible, lo cual habría exterminado toda forma de vida en 10 kilómetros alrededor.
Según el razonamiento, el gobierno de facto, a los alteños no les preocupaba acabar también con sus propias vidas y las de sus familias al ejecutar tan descabellada acción. Era difícil que una hipótesis tan fantasiosa fuera creída por algún sector de la población. Pero, por suerte para los golpistas, allí estaban (y están) los medios de comunicación privados, que rápidamente replicaron la mentira.
"Antonio siempre nos decía que íbamos a salir adelante. Nos decía que los pobres también tenemos derecho a estudiar y a ser profesionales. Ese era su sueño. Siempre nos decía: 'No voy a permitir que a mis padres, ni a mis hermanos, ni a mis sobrinos nos humillen como nos han humillado hasta ahora'. Él siempre nos defendía", dijo a Télam su hermana Gloria Quispe en la plaza 25 de Julio, de Senkata.
Antonio tenía un deseo muy fuerte y era superarse. “Con toda la familia hemos juntado dinero para que inicie sus estudios. Nos prestamos, él también ha sacado un préstamo del banco para postular al Colegio Militar, porque quería ser militar", contó Gloria.
"Él siempre ha sido alegre. Le gustaba compartir, le gustaba ver a los niños con alegría. Si alguien no tenía comida, él prefería no comer y que lo hiciera esa persona. Así fue siempre. No le gustaba ver a nadie sufrir, a él no le importaba sufrir o no tener nada, pero el otro tenía que tener", recordó su hermana.
"Jamás voy a dejar que humillen a una mujer de pollera, ni que una mujer sea golpeada, porque se merece respeto, porque de esa mujer venimos nosotros", evocó las palabras que le repetía Antonio.
Cuando fue derrumbada la pared de la planta de Senkata, los militares empezaron a disparar desde adentro hacia la carretera que conecta El Alto con el departamento de Oruro. Es innegable que dispararon desde el interior, porque en la muralla de hormigón que divide los carriles aún perduran los impactos de balas militares, provenientes de esa dirección.
Ese 19 de noviembre, luego de la masacre, el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, celebró ante la prensa el accionar de los uniformados. De lo contrario -según su relato-, el pueblo alteño habría hecho volar por los aires a la mitad de esta metrópoli de más de dos millones de habitantes.
Para tranquilidad de la humanidad, Murillo actualmente está preso en Miami, Estados Unidos. Se lo acusa de lavado de dinero y de participación en sobornos para la compra de materiales represivos destinados a la Policía boliviana. Estos delitos habrían sido cometidos durante su gestión como "número dos" de Áñez.
Asesinato de Antonio
En la tarde de aquel día imborrable, "mi tío vino a casa. Me dijo: '¿Dónde está tu hermano? Le dije que se había ido a El Alto. 'Está muerto. Está en las redes sociales'. Ahí me mostró mi tío en su pantalla: una foto en Facebook decía que un joven transeúnte que pasaba por el lugar acababa de fallecer y no tenía identificación". El de la imagen era Antonio.
Gloria siguió su relato: "Fue un momento de shock para toda la familia. En ese momento no sabíamos si gritar, llorar, correr, ir a buscarlo a no sé dónde". Ella aún no recuerda de dónde apareció una moto, que la llevó hasta El Alto subiendo por escarpadas colinas de piedra, porque la mayoría de las calles para llegar estaban cortadas.
"Estaba todo oscuro, lleno de humo. Las calles estaban bloqueadas con piedras. Había gente que gritaba, lloraba, decía que habían heridos y muertos. Nosotros seguíamos pasando, preguntando a la gente adónde quedaban los hospitales", revivió Gloria.
En el hospital de Senkata había tres cuerpos, pero ninguno era el de su hermano. Afuera, un señor le dijo que había más fallecidos en la iglesia del barrio.
"Estaba todo rodeado de militares. Había tres cuerpos adentro de la iglesia, envueltos en la bandera y en la wiphala. En la esquina, uno de ellos era mi hermano. Yo pensaba que estaba herido, solo le decía que se levante. Pero me dijeron: 'Está muerto'", narró su hermana.
La gente le decía que Antonio había salvado la vida a una persona que estaba caída por los gases ante la planta de Senkata: "Solo por ayudarme ha fallecido él. Me ha salvado mi vida", le dijo a Gloria un desconocido parado junto al cuerpo.
Permaneció toda la noche al lado de su hermano. Afuera circulaban militares en sus vehículos, para constatar si habían logrado amedrentar a la población con tamaña carnicería. Durante las siguientes horas no dejaron de llegar cuerpos a la iglesia.
"Al día siguiente vinieron tres movilidades particulares, con supuestos doctores que decían que se iban a llevar los cuerpos para hacerles autopsia. Yo no quería soltar a mi hermano. Los vecinos no permitieron que se lleven a los muertos porque iban a hacerlos desaparecer, para ocultar lo que habían hecho", relató la hermana de Antonio.
"Todos pidieron que se realice la autopsia en la misma iglesia. Así que fue en esta misma iglesia de Senkata las realizaron", dijo a Télam mientras señalaba al edificio lindero a la plaza 25 de Julio.
"Fue un charco de sangre. La ropa se salpicaba la sangre, los zapatos estaban llenos de sangre mientras veías cómo descuartizaban a tu ser querido, le cortaban con serrucho la cabeza para sacar la bala. A mi hermano le han abierto el cuerpo, luego lo han cosido pero la sangre chorreaba, esa sangre hemos pisado y hasta ahora no se puede olvidar", dijo Gloria.
El 20 de noviembre de 2019 fueron veladas seis personas en la misma plaza donde la hermana de Antonio dio la entrevista a Télam. Ella también es presidenta de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata.
La marcha de los ataúdes
El 21 de noviembre "hemos bajado hacia la ciudad de La Paz, pidiendo justicia –siguió Gloria-. Íbamos con los ataúdes, con los cuerpos adentro. No como comentaron los golpistas, que estaban vacíos. En el Obelisco nos han gasificado. Con lágrimas pregunté a un policía por qué hacían eso a su pueblo. 'No somos todos', me dijo".
En ese momento, el resto de los policías iniciaron la represión a esta marcha de dolientes. Ella no soltó el ataúd de su hermano, por lo que recibió gases y golpes hasta quedar desmayada. Despertó al día siguiente en el hospital de Clínicas, para asistir al entierro de Antonio en el Cementerio General de La Paz.
"Tal vez ese 19 de noviembre, al pasar por el lugar vio gente llorando, lastimada… Tal vez se puso a ayudar. Muchos jóvenes jamás van a pasar de largo si ven a las personas humilladas, botadas", reflexionó la hermana de Antonio.
"Dicen que queríamos hacer estallar la planta, según una teoría absurda del señor Arturo Murillo. Pedimos que nos comprueben si realmente estas personas que han fallecido han querido hacer volar la planta", dijo Gloria Quispe.
La presidenta de la asociación subrayó que la mayoría de los asesinados ni siquiera estaban protestando: "Es mi rabia que tengo hasta ahora, porque al solo pasar o al solo ayudar a heridos o personas gasificadas, a esos jóvenes les han matado con armas de fuego y balas militares".
La asociación fue creada el 6 de diciembre de 2019, dos semanas luego de la masacre. "Ahí conocí a la señora Noemí, viuda del fallecido Pedro Quispe Mamani. Ella quedó con tres niños en orfandad. Su esposo trabajaba en la fábrica Polar. Antes de llegar a su casa vino a comprar pan a la esquina, donde recibió una bala y cayó muerto", contó Gloria.
"También conocí a Clemente Eloy Mamani Santander, que iba acompañado de su señora, con cinco meses de gestación. Solo por llevar a su esposa a la posta sanitaria para su control prenatal le dispararon enfrente de ella, y también falleció", agregó.
"Luego están mis compañeras, familiares del fallecido Juan José Tenorio Mamani, que dejó en la orfandad a un bebé de un año y dos meses solo por ir a comprar a la tienda", contó.
Por ello, consideró fundamental que los familiares de los asesinados reciban un apoyo adecuado: "Hay madres y padres que hasta el día de hoy lloran y esperan en la puerta a sus hijos. Hasta el momento tampoco hemos recibido ayuda psicológica", advirtió Quispe.
La asociación de familiares de víctimas de Senkata se conformó al día siguiente de que Áñez firmara el decreto 4100, "donde decía que se iba a dar indemnización a las familias que habían perdido a su ser querido, también decía que se iba a dar curación a los heridos y listo. Nada mencionaba sobre nuestro reclamo de justicia".
Entonces, "hemos tenido que unirnos con más fuerza para rechazar ese decreto, porque era humillante para nosotros al decirnos que un fallecido se puede pagar. Ni con un millón de pesos ni con todo el oro del mundo nos van a devolver a nuestros muertos".
Las necesidades económicas de las familias dolientes los llevaron a aceptar una "ayuda social humanitaria", aprobada el 10 de marzo de 2020, en el decreto 4176. Allí decía que se daría trabajo, becas, víveres y 100.000 pesos bolivianos a los familiares de fallecidos. Y que los heridos recibirían entre 20.000 y 50.000 pesos, de acuerdo a la gravedad de la lesión.
Pero Áñez tampoco cumplió con este compromiso. La expresidenta de facto está presa desde marzo pasado, acusada por varios delitos cometidos durante su toma de posesión ilegal.
Dolor insuperable
A la iglesia de Senkata también acudió el papá de Milton Zenteno Gironda para brindar su testimonio. Pero a último momento prefirió mantener el silencio. En el último año y medio, los familiares se habituaron a compartir su sentir con funcionarios judiciales, comisiones investigadoras internacionales y medios de comunicación. Pero como nada les ayuda a obtener justicia, algunos optan por dejar mudo su dolor.
No es el caso de María Condori, mamá de Rudy Vásquez Condori, quien volvió a hablar sobre su hijo mientras su voz se quebraba y las lágrimas surcaban su rostro: "No puedo superar el dolor que me han dejado. No puedo olvidar. Era bien alegre, siempre andaba sonriendo. A veces me decía: '¿Por qué reniegas mami? La vida no se acaba. Sonríe mami, sonríe por lo menos para mí', me decía".
El día de la masacre, Rudy -de 23 años- quería visitar a su tío para resolver algunas cuestiones laborales. "Quería ver a su tío porque estaba urgido de trabajo. Pero le dije: 'No salgas hijo, mañana se van a ver nomás'", recordó doña María.
Ella salió al mercado. Cuando volvió, preparó el almuerzo y le llevó un plato a su hijo, porque no acudió cuando lo llamaron a la mesa. Pero ya no estaba en su habitación.
Al rato, "los vecinos nos avisaron que Rudy estaba en tendido en la puerta, sangrando. He visto que estaba hinchada su frente, le estaba sangrando. Le dispararon en la frente, me dijeron".
Su familia lo llevó a tres hospitales, pero ninguno tenía capacidad para atender una herida tan compleja. "Al final, la bala había entrado al cerebro y se llenó de sangre, ya no había caso", lamentó la madre.
La señora tiene marcadas en su mente las imágenes de la autopsia que le realizaron a Rudy: "Era muy doloroso ver así a mi hijo. Descuartizado se ha ido. Como a un cordero lo han carneado a mi hijo. Así se ha ido".
Siete meses más tarde, el papá de Rudy también falleció, por una embolia probablemente causada por el dolor de haber tenido que despedir a su hijo. "Mucho ha sufrido. Yo también sufro, pero he sido fuerte", dijo la señora, entre lágrimas. Ahora quedó ella sola con sus hijos Álvaro, Alexander, Camila y Verónica.
Desde hace un año y medio, doña María -como todos en la asociación- se dedica a peregrinar por organismos del Estado en busca de justicia: "Es muy blanda aquí la justicia. Al mejor postor se vende. Entonces nosotros tenemos que caminar todos los días en busca de justicia, porque si no nos movemos, nadie nos la va a dar".
La señora Condori recordó que "ese golpe de Estado ha sido respaldado por la Iglesia Católica, también ha sido cómplice Luis Almagro". Afirmó que el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sería "el principal autor de todo eso. Él hablaba y hablaba de fraude, pero en ningún momento han demostrado que ha habido fraude (en las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019). Eran simplemente sus planes para entrar al Palacio de Gobierno y masacrarnos, robar. Con la Biblia en la mano han entrado, pero esos eran sus planes".
"Lo único que queremos es que se haga justicia a quienes han disparado. Porque aquí en Senkata ha habido una masacre. Pero nadie habla de masacre, solamente hablan de golpe de Estado. Incluso se habían prestado de otros países para masacrarnos a nosotros. Y eso no puede ser: se tiene que hacer justicia", sostuvo la mamá de Rudy.
En tanto, Gloria Quispe evaluó como "muy lamentables las noticias de que el armamento para masacrarnos vino de Argentina. Solo pido que hablen la verdad: de dónde vino el armamento, quién lo solicitó. Todo eso tienen que aclarar, porque está en cada una de las conciencias".
Y agregó: "A aquellos compañeros que han mandado el armamento, les pido que digan la verdad. Porque han hecho una maldita suerte para estas familias humildes. Digan la verdad, porque no van a ser perdonados y no van a vivir con tranquilidad en sus conciencias. Siempre les va a remorder, porque nosotros cada día lloramos. Solo nuestros seres queridos, desde el cielo, nos dan fuerza para seguir adelante", dijo Quispe.
El informe final de la CIDH
Este viernes 23 de julio, el Grupo de Especialistas Independientes (GEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA presentará su informe final sobre las vulneraciones de derechos cometidas en el marco del golpe de Estado de 2019.
"Cuando llegó la CIDH aquí, en diciembre de 2019, hemos dado nuestros testimonios: familiares de fallecidos, algunos heridos, otros que habían sido presos políticos. Les hemos dado pruebas, les hemos dado fotos, hemos dado todo. Nuevamente el año pasado volvieron, e igualmente hemos entregado fotografías y testimonios", contó Quispe.
"Este año, en marzo, nuevamente vino la comisión. Les hemos dado igualmente otra declaración", dijo. Para ella, una investigación tan exhaustiva va a darles resultados positivos: "Creo que ellos no van a permitir que sigamos llorando. Queremos ya descansar, estamos agotados, aunque igual vamos a seguir en pie de lucha", aseguró.
"Solo pido que el informe del GEI diga que sí hubo una masacre, que se brinde el apoyo necesario para todas las madres, padres y familias que han perdido un ser querido", dijo Quispe. Y confesó que "esta pena nos va a matar. Este dolor puede destruir nuestros hogares. Por eso queremos que descansen nuestros seres queridos en paz. Queremos que se haga justicia, porque no deseamos a nadie este mal momento, ni al peor enemigo. Porque lo que nos han hecho no tiene olvido ni perdón".
En varias ocasiones, el Gobierno de Luis Arce manifestó que esperaba a la entrega de este documento de la CIDH para avanzar en el juicio por responsabilidades contra Jeanine Áñez y su gabinete, por el asesinato de 37 personas en manos del aparato del Estado.
"Este informe también lo va a leer nuestro hermano presidente Luis Arce. Porque aquí hay muertos, y por ellos tiene que hacerse justicia. Quizás así nuestras familias vuelvan a vivir con un poco más de alegría", pidió la señora Condori.
Quienes ponen la sangre
El 19 de noviembre de 2019, luego de la masacre, decenas de camiones cisterna ingresaron a la planta de Senkata. Velozmente bajaron a La Paz para abastecer a las estaciones de servicio, donde se habían formado filas de cuadras de autos, con automovilistas ávidos por cargar el tanque. Con tal de tener combustible, no les interesaba que hubieran sido asesinados sus compatriotas.
Aún hoy, parte de la población boliviana niega que en Senkata haya ocurrido una masacre. Aunque Murillo está en la cárcel, todavía persiste en el imaginario su versión, según la cual era necesario eliminar a los manifestantes alteños para evitar una improbable voladura de la planta.
No es la primera vez que los vecinos de Senkata tienen que dejar la vida por la democracia boliviana. En 2003, durante la Guerra del Gas, en este barrio tomaron la decisión de bloquear la entrada a la planta de combustibles. Como resultado, al menos 67 personas fueron asesinadas en todo el país, la mayoría en El Alto. Porque, tal como en último golpe, los militares no dudaron en obedecer la orden de disparar contra su propio pueblo.
En El Alto, una población aguerrida y valiente, tienen vedada la entrada la mayoría de los medios de comunicación privados, mayormente alineados con los intereses de los sectores golpistas.
Mientras se realizaban las entrevistas de esta nota, un señor se dirigió al fotógrafo Satori Gigie para cuestionar la labor periodística que transcurría en la plaza 25 de Julio.
"¿Dónde van a llevar estas fotos? ¿Saben cómo vivimos y cómo somos aquí? Tómame una foto a mí, y luego me pagas. Vayan a tomarle foto a las llamas", molestaba el vecino al fotógrafo, proveniente de una familia Aymara.
Cuando Gigie le indicó que el periodista que realizaba las entrevistas era argentino y que la noticia iba a salir allá, el señor se crispó: "¿Qué quieren los argentinos aquí? ¡Ese es un refinado! Saquen fotos de la realidad". El vecino criticó un poco más y se retiró.
Las masacres de Senkata, de Huayllani (en Cochabamba) y varios asesinatos más cometidos por encargo de Áñez sirvieron para someter temporalmente a la población y forzarla a aceptar al nuevo Gobierno de facto. Pero en menos de un año, la organización social permitió expulsar a los golpistas por la vía democrática.
Antes de que se fuera el sol de Senkata, cronista y fotógrafo dieron una última recorrida para captar imágenes, tanto de huecos de bala en las paredes, como de murales florecidos en repudio a las masacres de 2019. Telam de Argentina (https://bit.ly/2WeBq5l)
 
 
 
 
 
CONTRABANDO A BOLIVIA: DOCUMENTOS Y DECLARACIONES APUNTAN A ALTOS EXFUNCIONARIOS DE CAMBIEMOS
 
Telam de Argentina (https://bit.ly/3ByNtuf)
 
El juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart ya tiene en su poder documentos oficiales que acreditarían que en la supuesta maniobra de contrabando ilegal de armamento a Bolivia en 2019 estuvieron involucrados funcionarios de la más alta jerarquía del Gobierno de Cambiemos, como los exministros Oscar Aguad (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad), informaron fuentes con acceso a esa documentación.
El escenario probatorio se completa, al menos hasta acá, con las investigaciones administrativas realizadas hacia el interior de los ministerios que habrían estado involucrados en la maniobra; lo que incluye las declaraciones de los gendarmes del comando Alacrán que viajaron a Bolivia y los altos mandos de la fuerza aérea que estuvieron al tanto de cómo se cargó el avión Hércules C-130 donde se presume que se trasladó el armamento.
Por otra parte, fuentes judiciales indicaron que "fue aceptada como querellante en la causa" la Aduana, que tiene un rol fundamental en la investigación para determinar el derrotero del material que según las denuncias fue enviado a Bolivia.
Detalles de los documentos
Entre los documentos presentados a la justicia se encuentra el manifiesto de carga del Hércules que partió desde Buenos Aires durante la noche del 12 de noviembre de 2019 y aterrizó en Bolivia en la madrugada del 13.
Ese documento, aportado por el Ministerio de Defensa, especifica que a bordo del Hércules iban los pertrechos habituales con los que se manejan los Alacranes, pero nada decía de las 70 mil municiones adicionales que se agregaron, sin incorporarse al manifiesto.
Una nota del mismo 12 de noviembre firmada por el entonces jefe de las fuerzas especiales "Alacrán", el comandante mayor Fabián Salas, y dirigida al comandante de adiestramiento y alistamiento de la Fuerza Aérea Argentina, confirma que se habrían incorporado al vuelo las municiones y gases que "son utilizados habitualmente por Gendarmería Nacional Argentina para las operaciones ante casos de alteración del orden público".
Esa nota en la que se indica que, por fuera del manifiesto de carga, se incluirían en el vuelo las 70 municiones antitumulto, 100 spray de Gas Lacrimójeno y casi 600 granadas de gas dejaría en situación comprometida a Aguad y Bullrich.
Declaraciones del Ministerio de Defensa
En declaraciones radiales de esta mañana, el ministro de Defensa Agustín Rossi señaló que fue aportada a la justicia "toda la documentación del vuelo Hércules C-130 y las comunicaciones que existen de la Misión Naval de Argentina en Bolivia".
"Allí se confirma que las armas enviadas fueron hechas en Fabricaciones Militares para la Gendarmería Nacional. Esto confirma que hubo contrabando agravado", señaló Rossi al hablar con Radio el Destape y confirmó además que hubo "un pedido verbal" de su antecesor, Aguad, para que se cargara el material represivo en el Hércules C-130.
"Se pidió la custodia y se embarcaron en el mismo Hércules los 70.000 cartuchos antidisturbios y las granadas. Una parte fue a la Fuerza Aérea Boliviana y otra a la Policía Boliviana", reveló el ministro. Esa información surgió de la declaración de una autoridad castrense en el marco de una reconstrucción interna realizada por la cartera de Defensa, según pudo reconstruir Télam.
El Gobierno nacional avanza además en la reconstrucción, a través de investigaciones internas, del recorrido completo que habrían seguido los elementos represivos que, según fuera denunciado, el gobierno de Mauricio Macri puso a disposición de las fuerzas de seguridad bolivianas que enfrentaron las protestas sociales desatadas tras el golpe de estado al gobierno de Evo Morales.
Una nota fechada el 17 de noviembre de 2019 indica que el comandante de Gendarmería Hector Caliba informó al entonces director nacional de la Gendarmería, Gerardo Otero, sobre una reunión realizada ese día en donde "el tema a tratar fue la posibilidad de colaborar cada institución con la provisión de agentes químicos contra disturbios, en razón que se les está acabando su stock", según surge de la denuncia.
"El nivel de documentación encontrado en todos los organismos permite reconstruir que el arsenal, en vez de ir a Bolivia a custodiar a la Embajada -argentina- fue a manos de las fuerzas que derrocaron a Morales", afirmó el ministro de Justicia Martín Soria en un reportaje que concedió a una radio porteña.
"El contrabando es claro. El arsenal se sacó de manera burda y torpe y se usó en la represión en Bolivia. Días después que salió el armamento, hubo dos masacres. Enviaron armas y municiones para garantizar una asonada en un país hermano", enfatizó.
Por su parte, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, sostuvo en declaraciones a Radio10 que "lo que pasó es de una gravedad mayúscula" y aseguró que "el delito de contrabando está probado, y el engaño a las autoridades de control partió desde las máximas autoridades del país".
"Se halló documentación que viene a demoler las excusas de las autoridades políticas (del gobierno de Cambiemos) de que el material se había consumido en entrenamiento de los gendarmes. Con el golpe ya consumado hubo un pedido de municiones a la Argentina y eso lo informa un gendarme desde Bolivia, y Bullrich y Macri toman la decisión de asistirlos de manera ilegal", afirmó Mena.
El rol de la Dirección General de Aduanas (DGA)
En tanto, la Dirección General de Aduanas (DGA) que depende de la AFIP se constituyó este jueves como querellante en la causa donde se investiga el posible delito de contrabando agravado en el envío de armamento y material controlado a Bolivia, que lleva a delante el juez López Biscayart y en la que interviene el fiscal Claudio Navas Rial.
"La decisión de la DGA que encabeza Silvia Traverso sumará la expertise del servicio aduanero al trabajo que realizan el juzgado y la fiscalía a partir de la denuncia presentada por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; el ministro de Justicia, Martín Soria; y Mercedes Marcó del Pont", se informó a través de un comunicado.
Horas después se supo que la Justicia aceptó a la Aduana como querellante en el proceso.
 
 
 
 
 
MARTÍN SORIA AFIRMÓ QUE LOS FUNCIONARIOS DE CAMBIEMOS “DEJARON TODOS LOS DEDOS PEGADOS”
 
El ministro de Justicia aseguró que hay pruebas suficientes que demuestran el envío de armas a Bolivia y "un montón de delitos" por parte de la gestión de Mauricio Macri.
 
Perfil de Argentina (https://bit.ly/3x33nJY)
 
En medio de la investigación tras la denuncia por parte del gobierno boliviano en la que acusó al entonces presidente Mauricio Macri del envío de armamento durante el golpe a Evo Morales, el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, señaló que existe documentación y pruebas que respaldan la versión de Bolivia y afirmó que los funcionarios de Cambiemos "dejaron todos los dedos pegados".
"Nos sorprende la cantidad de pruebas, de documentación que detalla, describe, deja en evidencia de una manera burda, torpe cómo hicieron para sacar este arsenal que se usó en la represión en Bolivia. Es tal el nivel de documentación que se ha encontrado en los distintos organismos... Dejaron todos los dedos pegados", señaló este miércoles el funcionario nacional y subrayó que no solo está "comprobado" el contrabando agravado de armamento sino que también existen "un montón de delitos" que se le pueden imputar a los ex funcionarios de la gestión macrista.
"Mauricio Macri colaboró con el golpe de Estado bajo el pretexto de que el armamento era para defender al (entonces) embajador en La Paz (Normando Álvarez García)", puntualizó Soria en declaraciones radiales y aseguró que la mitad del gabinete del ex Presidente está involucrado en el tema de alguna forma. Así, destacó la participación del exministro de Defensa Oscar Aguad, la exministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, como también de la Cancillería, la Embajada argentina en La Paz y la Dirección General de Aduanas.
Con respecto a las declaraciones de Mauricio Macri, quien rechazó las acusaciones por parte de las autoridades bolivianas, Soria dijo que lo que importa "son las pruebas y garantizar una correcta investigación", mas allá de las defensas personales. "No es la primera vez que Macri comete contrabando agravado. En 2001 fue procesado por el contrabando de autopartes a Uruguay", destacó el titular de la cartera Justicia de manera irónica.
La denuncia de Bolivia
El presidente de Bolivia, Luis Arce denunció el pasado 8 de julio que recibió ayuda militar por parte de Argentina durante el golpe a Evo Morales perpetuado el 10 de noviembre de 2019. Así quedó plasmado en una carta del comandante general de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, enviada al por entonces embajador argentino Normando Álvarez García, y que fue revelada por el gobierno boliviano.
En la carta, que data del 13 de noviembre de 2019, el militar Terceros Lara le agradeció al ex embajador argentino "la colaboración prestada" en el marco del respaldo internacional "debido a la situación conflictiva que vive Bolivia". Se trata del envío del "material bélico de agentes químicos", entre los que se incluyen gases lacrimógenos y municiones.
Ese mismo día Alberto Fernández escribió un pedido de disculpas “en nombre del gobierno argentino”. "Se constató que desde nuestro país se remitió una partida de material que no puede ser interpretada sino como un refuerzo a la capacidad de acción de las fuerzas sediciosas contra la población boliviana en esos días”, dice la carta.
De esta manera, el mandatario nacional apoyó la denuncia de su par boliviano al acusar al gobierno de Mauricio Macri de colaborar “con la represión militar y policial” que tuvo lugar antes y después de la partida de Evo Morales del país. “Estos hechos están siendo analizados por un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, puntualizó Fernández.
 
 
 
 
 
FIEBRE DEL LITIO AVIVA LOS INTERESES NACIONALISTAS EN MÉXICO Y OTROS PAÍSES DE LA REGIÓN, PERO ¿QUÉ NOS DICE EL EJEMPLO DE BOLIVIA?
 
Dossier Politico de México (https://bit.ly/3zu79Ok)
 
Los descubrimientos de yacimientos de litio en años recientes en el estado de Sonora, en el noroeste mexicano, y que de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos concentran 1.7 millones de toneladas métricas de reservas –una de las concesionarias, Bacanora Lithium, calculó en su momento que podían ser más de 243 millones de toneladas de reservas las que allí se encontrarían, pero esto fue descartado por el Gobierno de ese país a la agencia Reuters–, confirmó la riqueza y la abundancia de reservas de este elemento en tierras latinoamericanas, si se les suman las 49.9 millones de toneladas métricas que contiene el denominado "triángulo del litio" conformado por Bolivia, Chile y Argentina, que en conjunto son más de la mitad de las reservas que existían en el mundo hasta 2020 (86 millones en total).
Estos yacimientos en territorio mexicano –son 31 concesiones en cinco estados, respondió el senador Alejandro Armental al diario El Sol de México, las cuales por ahora están en fase de exploración sin que aún haya producción– han elevado las expectativas en ese país respecto a los beneficios económicos que el litio le pueda representar.
Algunos sectores –el propio senador Armental lo hizo a finales de 2020 al presentar un proyecto de acuerdo– han presentado para promover su nacionalización y que el Estado asuma el control exclusivo de las labores de exploración, extracción y producción del recursos, y así quedarse con las ganancias que el negocio les ofrezca.
El espejo ha sido el caso de países como Chile, donde el litio es considerado un recurso estratégico desde hace casi cincuenta años por el Estado, el cual controla las actividades de exploración, extracción y producción, permitiendo la participación de concesiones privadas pero bajo sus reglas; y Bolivia, cuyo Gobierno, en la primera década de este siglo, lo declaró como recurso estratégico y posteriormente creó la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos en 2017, para controlar las actividades de exploración, extracción y producción del recurso en su territorio.
Sentimientos similares se han originado en Argentina, donde recientemente han trascendido rumores acerca de que el gobierno de Alberto Fernández tendría intenciones de intervenir en la producción de litio y aumentar su participación en la exploración, la explotación y el procesamiento, declarándolo un recurso "estratégico", tal cual lo hizo Bolivia y como funciona en Chile desde hace varios años.
El diario económico El Cronista citó declaraciones del diputado Marcelo Koenig en las que aseguró que "la idea es empezar a ver el litio como un recurso de estratégico nacional y fijar pautas de control estatal en las etapas de exploración, explotación y procesamiento del mineral".
¿Tienen fundamento estas propuestas? ¿En realidad hay razones para pensar que el litio es una salvación económica para los estados y que, por tanto, la salida es la nacionalización de este recurso?
Panorama del litio en el mundo
Algunas personas se refieren al litio como el "nuevo petróleo" o el "oro blanco", por su importancia estratégica en el futuro a mediano y corto plazo para la transición energética que pretende disminuir el uso de combustibles fósiles y promover las energías renovables en temas claves como la movilidad.
Martín Obaya y Paulo Pascuini, investigadores de la Cepal, lo explican en el documento La gobernanza del litio y el cobre en los países andinos (2020): "es uno de los recursos que más interés ha despertado en la última década a nivel mundial, fundamentalmente por su papel crítico como insumo para la producción de baterías de ion-litio para vehículos eléctricos y, en consecuencia, en la transición hacia la electromovilidad", aunque también tiene otros usos en tabletas, computadores y en general dispositivos electrónicos.
La agencia EFE informó que en 2020 las ventas mundiales de vehículos eléctricos crecieron un 41 %, citando cifras de la Agencia Internacional de la Energía, que indicó que en la actualidad ruedan en el planeta 145 millones de unidades de este tipo. Se espera que para 2030 sean 230 millones.
Sin embargo, 2020 y 2021 no han sido un periodo positivo para este mercado. El más reciente reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos se refiere a una "sobreproducción" del recurso y una reducción considerable de los precios globales.
"Los precios al contado del carbonato de litio en China –país que representa el 39 % del consumo total en el mundo y la mitas del litio usado en baterías, según Cochilco– disminuyeron de aproximadamente 7.100 dólares por tonelada a principios de año a alrededor de 6.200 dólares en noviembre.
Para grandes contratos fijos, el promedio anual de EE.UU. el precio del carbonato de litio era de 8.000 dólares por tonelada métrica en 2020, una disminución del 37 % con respecto a 2019 (...). Los precios del metal (99,9 % de litio) en China disminuyeron de aproximadamente 83.000 dólares por tonelada a principios de año a alrededor de 71.000 dólares en noviembre", se lee en el informe.
El nacionalismo, ¿una opción oportuna?
Pese a este panorama, algunos expertos invitan a la mesura: Bolivia, con sus 21 millones de toneladas métricas de reservas, y con intervención estatal en la industria desde hace más de una década, no produce y menos exporta ni un gramo de litio en la actualidad, y apenas se han hecho estudios piloto al respecto, señala Fernando Patzy, oficial senior de Natural Resource Governance Institute –NRGI–, una organización independiente sin ánimo de lucro dedicada a mejorar la gobernanza de los países sobre sus recursos naturales para promover un desarrollo sostenible e inclusivo.
Rafael Poveda, consultor de la División de Recursos Naturales de la CEPAL y experto en el tema del litio, afirma que la curva de aprendizaje en Bolivia ha sido "larga y compleja" en la que no se han obtenido los resultados esperados por parte del Gobierno en su intervención, pese a que han buscado la participación de socios extranjeros de Alemania y China.
El caso de Chile es aún más notorio. Allí, tal y como explica el consultor chileno Jaime Alée, fundador del Lithium Innovation Center y miembro del Colegio de Ingenieros de Chile, "el litio fue declarado un material estratégico, propiedad exclusiva del Estado chileno, el cual es el único que puede extraerlo. Esto por errores conceptuales de la época en que se pensaba que era un material para usarlo en una tecnología de fusión nuclear, una fantasía que ha resultado imposible y lo será por muchas décadas más".
Sin embargo, con sus 9.2 millones de toneladas de reservas de litio y una producción de 18 mil toneladas métricas en 2020 (que lo convierten en el segundo país en este rubro a nivel mundial por detrás de Australia, con 48 mil toneladas), Chile solo recaudó 968 millones de dólares en exportaciones en 2019, según reporte de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), muy lejos de otras industrias y productos como los vinos (1.887 millones de dólares) o el salmón (5.568 millones de dólares).
El consultor chileno Jaime Alée opina que se han suscitado "bastantes mitos conceptuales", "metáforas" que han sido tomadas desde un punto de vista "político o mediático", por las cuales se piensa que el país que tiene muchas reservas tiene un "pase libre" al mundo desarrollado y que recibirá mucho dinero, o se desarrollará industrial y tecnológicamente.
"El litio no es relevante en términos económicos. No hay comparación entre este y, por ejemplo, el cobre, que le deja a Chile ingresos anuales por hasta 35 mil millones de dólares. Además, el litio se usa en pocas cantidades, por tanto el volumen del negocio no es tan grande, ningún país se va a hacer rico vendiéndolo", sostiene.
El petróleo, un espejo para evitar los errores del pasado
Sin embargo, más allá de las expectativas económicas reales que plantea en su concepto, Jaime Alée cree que el litio ofrece una ventaja competitiva: no es un elemento escaso, "lo hay en todo el mundo, no se va a agotar en por lo menos cinco siglos dadas las reservas existentes", lo cual, en su concepto, hace que el escenario actual y futuro para este recurso sea distinto a lo ocurrido con el petróleo, que no está tan disponible y su posible escasez en las próximas décadas es motivo de preocupación global, dado que las fuentes de energía que podrían reemplazarlo no avanzan tan rápido en su implementación como se requiere.
"Los fabricantes escogieron el litio para desarrollar las baterías justamente para evitar que se cometa el mismo error. El litio es muy abundante y sus reservas están distribuidas en todo el mundo. En algunos años más se extraerá litio abundante en Europa, Canada, EE. UU., Perú, Mexico, entre otros.
Por tanto, en su opinión las discusiones respecto a las participaciones de los gobiernos en las exploraciones, explotaciones y producciones del elemento son "políticas y populistas", y decir que es el "nuevo petróleo" no es conveniente porque "no veo que algunos países productores como México o Venezuela, por ejemplo, se hayan desarrollado. Ese es otro mito a mi juicio".
De otro lado, respecto a las posibles consecuencias de nacionalizar recursos naturales, Jaime Alée afirma que es perjudicial cuando la decisión se toma "basándose en posturas extremistas, morales y doctrinarias, es perjudicial", y aduce que algunos países industrializados han incentivado y explotado sus propias reservas de litio, en una "integración vertical", justamente motivados por el interés de no interactuar con "países populistas que mañana los extorsionarán. Ello está hoy ocurriendo en el mundo y los países exportadores desde nuestra región no tienen conciencia de que muy probablemente están cavando su propia tumba en un plazo menor de de cinco años".
Fernando Patzy coincide con Alée en que a diferencia del petróleo, en los países con reservas de litio con conscientes de que se requiere una inserción en la industria de fabricación de baterías de ion litio, no solo para proveer el elemento, en este caso el carbonato de litio, sino para avanzar en la cadena de valor y la producción de baterías, cátodos y celdas hasta ensamblar las baterías.
"Si no se avanza en la cadena de valor, la producción de carbonato de litio no tendrá diferencia con la explotación de otros minerales o el petróleo, servirá para generar ingresos fiscales (no sustanciales) pero también impactos locales ambientales y sociales propias de las actividades extractivas", dice Patzy.
Sobre si la nacionalización de recursos naturales es perjudicial y peligroso, Fernando Patzy opina que la nacionalización de recursos naturales como el litio corresponde a decisiones "soberanas" de los Gobiernos que deberían ser tomadas bajo consideraciones técnicas y económicas que requieren estudio y debate.
"La explotación de minerales es una actividad riesgosa por el tamaño de las inversiones y la incertidumbre de los precios futuros, e implica gran capacidad técnica y operativa. Y si se quiere avanzar en la cadena de valor del litio, se requieren aún mayores inversiones y, como en el caso boliviano, aún no se tiene certeza de que se pueda lograr", acota el oficial, quien advierte que se deben considerar otros aspectos geopolíticos, como el interés de los productores de vehículos eléctricos y baterías de China, Estados Unidos y Europa por asegurarse el acceso a las reservas mediante contratos o asociaciones con los gobiernos.
"Chile y Bolivia han clasificado al litio como un mineral estratégico. Bolivia ha asumido la decisión de explotar por sí mismo con una empresa estatal; Chile ha permitido dos proyectos con empresas internacionales SQM y Albemarle. En cambio, Argentina ha abierto a las inversiones y tiene más de cinco proyectos en operación o desarrollo con inversionistas de diferentes países", comenta.
"En Bolivia los resultados de la intervención estatal son pobres"
El economista boliviano Fernando Patzy comenta que en su país, el gobierno de Evo Morales puso la mira sobre el litio entre 2006 y 2008, queriendo tener un control total de la exploración, la explotación y la producción, aprovechando el potencial de reservas que se concentran en particular en el famoso Salar de Uyuni, en el sur del país, con sus más de 10 mil millones de toneladas de sal que resguardan 21 millones de toneladas de litio.
Sin embargo, dice el economista, este potencial ha estado lejos de traerle progreso a las comunidades de la región, incluso con la participación estatal.
"Los resultados han sido pobres. Ya va más de una década desde que el Gobierno incursionó, ha invertido más de 900 millones de dólares en estudios, y lo que ha traído son más problemas", plantea Patzy.
La decisión de avanzar en la industrialización del litio, en un país sin experiencia en la fabricación de baterías ni automóviles, no ha sido efectiva. "No se sabe a ciencia cierta el grado de éxito que ha tenido, aunque se han configurado tres fases en la estrategia en las que se han pretendido hacer procesos de producción rentables de carbonato de litio y cloruro de potasio, que es utilizado mucho para fertilizantes, en plantas piloto de pequeña escala".
Aunque con el cloruro de potasio sí ha habido avances y el país lo está produciendo y exportando, en carbonato de litio no ha ocurrido lo mismo. Por eso, en 2018 el Gobierno estableció un acuerdo con una empresa alemana ACI Systems, con el objetivo de fabricar baterías con un producto "más refinado que el carbonato de litio". pero todo terminó en un conflicto entre ambas partes que terminó por diluir la sociedad, en medio de los problemas políticos que terminaron con la gestión de Evo Morales, y sin que hubiese avances importantes.
Hoy, señala Patzy, el actual gobierno del presidente Luis Arce, de la corriente política de Morales, intenta restablecer sus prioridades respecto al litio, pero sin que por el momento se conozcan muchos detalles sobre sus planes. Recientemente el mandatario aseguró en un acto público que, de cara al bicentenario de la independencia del país, en 2025, y citando a la agencia EFE, creará una estrategia que "comprende ejecutar proyectos paralizados, pero se agrega un componente estratégico que consiste en adicionar una tecnología de extracción directa del litio (EDL) que nos permitirá innovar y acelerar sobre todo nuestra inclusión en la industria del litio a nivel global".
Patzy concluye que respecto al litio se han creado expectativas difíciles de concretar en un escenario real, y pone de manifiesto los vaivenes de la cotización del elemento a nivel mundial y a que Bolivia, por más reservas que tenga, "no cuenta con los recursos tecnológicos ni el capital humano que necesita para insertarse en la industria que demanda el litio".
El caso mexicano
En diálogo con Yahoo Finanzas, el presidente de la Cámara Mexicana del Litio –CML–, Mark Antonio Sánchez, relata que durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, quien dejó el cargo en 2018, se otorgaron concesiones a empresas extranjeras para la exploración de dichos yacimientos. Con el cambio de gestión y el arribo de Andrés López Obrador, el país ha querido aumentar su participación en los beneficios que podría generar la industria y "extenderlos a las comunidades aledañas, de modo que el país reciba un impacto económico mayor al del pago de impuestos".
México, particularmente, presenta una condición favorable para un escenario futuro de explotación y producción de litio, dada la fortaleza que tiene allí la industria automotriz. Firmas como General Motors y Ford ya han anunciado planes para instalar allí plantas de fabricación de unidades eléctricas, al igual que Next.e.GO Mobile SE (e.GO), Volkswagen, BMW, entre otras.
"Se había hablado de una nacionalización del litio, algunas empresas incluso mencionaron la expropiación, pero no es así: se busca que en los beneficios haya una coparticipación económica entre las empresas y el estado. El Gobierno ha dicho que está abierto a atraer la inversión extranjera y que respetará las concesiones vigentes", afirma Sánchez.
Se prevé que próximamente se cree el Instituto Nacional del Litio, un ente gubernamental que fomentará la investigación y el desarrollo con fines técnicos y científicos, con el ánimo también de encontrar nuevos yacimientos que puedan ser concesionados en el futuro a empresas nacionales y extranjeras.
Rafael Poveda, consultor de la División de Recursos Naturales de la CEPAL y experto en el tema del litio, explica que antes de discutir sobre la nacionalización o no de este recurso, lo que los gobiernos deberían planear es cómo enlazar el potencial de reservas con que cuenta la región con los procesos productivos de las industrias beneficiadas y así no solo se atraiga la inversión, sino que se desarrollen industrias locales a su alrededor.
"México tiene capacidades productivas desarrolladas y de fabricación, tiene un mercado grande, sería importante que el país se incorpore a esas cadenas de valor que están por debajo de las actividades de exploración y extracción para que genere movimientos que valoricen la materia prima", sostiene.
La experiencia de Bolivia, en palabras de Fernando Patzy, de la NRGI, sirve como ejemplo a México de cómo, a pesar de la generosa dotación de recursos de litio en Uyuni y la decisión del gobierno de avanzar una estrategia cien por ciento estatal hasta la fabricación de baterías, es muy difícil insertarse en la industria mundial de baterías (industria dominada por un reducido número, vinculada directamente a productores de vehículos eléctricos y con gran capacidad de innovación tecnológica).
Pero a diferencia de México, "Bolivia no tienen la tecnología, tampoco es fabricante de vehículos y está lejos de los productores y mercados del norte", con lo cual para Poveda esto da luces acerca del rol que podría cumplir el gobierno mexicano para orientar al mercado del litio hacia un escenario exitoso.
 
 
 
 
 
CANCILLERES DE RUSIA Y BOLIVIA TRATAN COMERCIO BILATERAL Y LUCHA CONTRA COVID
 
Swissinfo de Suiza (https://bit.ly/3rs74b8)
 
Los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y de Bolivia, Rogelio Mayta Mayta, conversaron por teléfono sobre las relaciones económicas entre ambos países y la lucha conjunta contra el coronavirus, informó la Cancillería rusa.
Durante una conversación "amistosa" y "constructiva", ambos diplomáticos abordaron también el fortalecimiento del diálogo político y el aumento de la cooperación entre Rusia y Bolivia en la arena internacional, indica el comunicado oficial.
Los cancilleres de Rusia y Bolivia trataron los lazos económicos y comerciales entre los dos países, con énfasis en las vías para diversificar el intercambio comercial y llevar a cabo nuevos proyectos de inversiones en ámbitos energético, nuclear, minero y otros.
"Se hizo especial hincapié en la colaboración en la lucha contra el coronavirus", señala la nota.
Bolivia registró la vacuna rusa contra la covid Sputnik V a principios del enero pasado y a finales del mes recibió el primer lote del preparado para la inmunización de su población.
La conversación entre Lavrov y Mayta, realizada por iniciativa de la parte boliviana, se produce después de que las autoridades del país latinoamericano informaran de un retraso en el envío de una partida de segundas dosis de la vacuna rusa.
Así, el viceministro de Comercio Exterior de Bolivia, Benjamín Blanco, manifestó que 200.000 segundas dosis de Sputnik V tendrán un retraso de "algunos días" en su envío y espera que las mismas ya estén en Bolivia la próxima semana.
A su vez, el embajador ruso en el país, Mikhail Ledenev, explicó que el retraso se debe a algunas dificultades para producir la vacuna de forma masiva ante la variante Delta, pero que Bolivia es uno de los países priorizados.
 
 
 
 
COOPERACIÓN ENTRE ALEMANIA, BOLIVIA Y COSTA RICA CONTRA COVID-19
 
Prensa Latina de Cuba (https://bit.ly/2UFLaFh)
 
Un proyecto triangular entre Alemania, Bolivia y Costa Rica persigue identificar hoy la amenaza del SARS-CoV-2, y cuantificar las vulnerabilidades de ciudades intermedias ticas y bolivianas ante ese coronavirus, causante de la Covid-19.
La iniciativa, denominada Estrategia de Saneamiento en Ciudades Intermedias (como medida de acción para la detección de SARS-CoV-2), será ejecutada por el Ministerio de Agua Potable y Saneamiento de Bolivia, con el apoyo técnico del Ministerio de Salud y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, de Costa Rica.
La cancillería tica indicó además que el proyecto pertenece al Programa Cooperación Triangular Costa Rica-Alemania con terceras naciones, el cual es cofinanciado con el apoyo de la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) e implementado por ambas instituciones.
En la presentación virtual de la iniciativa, la directora de Cooperación Internacional de la cancillería tica, Rita Hernández, resaltó que 'vivimos inmersos en un nuevo modelo o paradigma de cooperación internacional que se ve reflejado y representado en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Exaltó que 'esta Nueva Agenda de Desarrollo hace un llamado a realizar cambios transformadores y a superar barreras estructurales, para alcanzar un desarrollo sostenible más igualitario, inclusivo y paritario como muy bien lo dice su consigna: Sin dejar a nadie atrás'.
Hernández explicó que en este contexto apuestan por nuevas modalidades de cooperación como la Sur-Sur y Triangular, que son más justas, solidarias, y horizontales.
En particular, detalló, la cooperación triangular facilita la transmisión de conocimiento, ideas, experiencias y destrezas técnicas, aprovechando las fortalezas y ventajas comparativas de los países.
 
 
 
 
 
EL FONDO RUSO LE ASEGURÓ A BOLIVIA QUE TENDRÁ PRIORIDAD EN EL PRÓXIMO ENVÍO AL EXTERIOR DEL COMPONENTE DOS DE LA SPUTNIK V
 
El Fondo Ruso de Inversión Directa se lo confirmó mediante una carta al viceministro de Comercio Exterior de la administración de Luis Arce. La noticia trascendió el mismo día en que salió a la luz el mail en el que una asesora de Alberto Fernández reclama al organismo ruso por la demora en la entrega de segundas dosis
 
Infobae de Argentina (https://bit.ly/2UxhXwp)
 
El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF es su sigla en inglés) le aseguró al Gobierno de Bolivia que tendrán prioridad en el próximo envío al exterior del segundo componente de la vacuna Sputnik V. La información trascendió el mismo día en el que salió a la luz el mail de la asesora de Alberto Fernández, Cecilia Nicolini, reclamando a Rusia por la demora en la entrega de segundas dosis y confirmando que el acuerdo entre ambos países tuvo motivos geopolíticos.
Benjamín Blanco, viceministro de Comercio Exterior e Integración, área que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores del la administración de Luis Arce, fue quien anunció sobre la decisión del Fondo Ruso. “Comparto nota del RDIF respecto a la prioridad que tiene Bolivia en el próximo envío de segundas dosis”, comunicó mediante sus redes sociales junto a fotos de la carta que lleva la firma del director del organismo ruso, Vladimir Primak.
“Le aseguramos que las entregas de la vacuna Sputnik V a Bolivia está dentro de nuestras principales prioridades actuales. Por medio de esta nota también nos gustaría confirmarle que tenemos previsto realizar el próximo envío del componente dos de la vacuna a Bolivia del próximo lote disponible para exportación desde Rusia”, confirmó el RDIF.
En la misiva también se hizo hincapié en “la alta eficacia (mayor al 80%) de la Sputnik Light (1er. componente de la Sputnik V), siendo comparable con la protección registrada por dos dosis de otras vacunas”. Y citando datos del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, detalló: “La primera inyección de la Sputnik Light tiene una eficacia del 83,7% con pacientes de edad avanzada (60-79) y solo el 0,27 de los que toman la primera dosis de Sputnik Light se infectan con COVID-19, lo que es mucho más bajo que la vacuna AstraZeneca (0,46%) y Sinopharm (O,49%)”.
Si bien la carta tiene fecha del 21 de julio, el funcionario boliviano la difundió este jueves 22. La publicación fue compartida a su vez por la cuenta oficial de la Cancillería de Bolivia y todo ocurrió el mismo día en que en Argentina se conoció el mail enviado por Nicolini.
La misiva fue redactada el pasado 7 de julio por la asesora presidencial y estuvo dirigida a Anatoly Braverman, hombre de confianza de Krill Dmitriev, CEO del Fondo Ruso de Inversión Directa, encargado de gestionar la venta de vacunas a otros países.
El escrito, originalmente elaborado en inglés, plantea la preocupación de la Argentina por las demoras registradas en la entrega del componente 2 de la vacuna y ahonda en otras cuestiones que explican la preferencia geopolítica del gobierno de Alberto Fernández y el uso político que se pretendió darle a la campaña de inmunización.
El Gobierno argentino hizo “todo lo posible para que Sputnik V sea un gran éxito”, se manifestó en el mail en el que Nicolini advirtió a los rusos que “nos están dejando muy pocas opciones para seguir luchando por ustedes y por este proyecto” ante la demora en la entrega de segundos componentes.
En la misiva la administración de Alberto Fernández incluso amenazó con “romper públicamente el contrato firmado” e informó, como método de presión, que se había firmado el decreto que permite cerrar contratos “con empresas estadounidenses y recibir donaciones de Estados Unidos; las propuestas y entregas son para este año y también incluyen la pediatría, que es otra ventaja”.
Hay más de 6 millones de personas que iniciaron sus esquemas con la Sputnik V y no saben cuándo llegará la segunda dosis. Lo ideal, según se informó en un principio, es un intervalo de 21 días entre ambas inyecciones. Ese período fue extendido a 12 semanas por el Consejo Federal de Salud cuando se detectaron las demoras de Rusia para cumplir con el contrato. Más de un millón de personas que fueron vacunadas con una dosis ya cumplieron ese lapso. Por eso, la Ciudad de Buenos Aires y otras jurisdicciones comenzaron a hacer pruebas sobre la combinación de fórmulas de distintas compañías.
 
 
 
 
EMPRESA RUSA ROSATOM CONSTRUYE REACTOR NUCLEAR EN BOLIVIA
 
El País de Costa Rica (https://bit.ly/3iEhOPz)
 
Altos ejecutivos de la empresa rusa Rosatom asistirán este lunes al inicio de obras de un reactor nuclear, componente principal del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Nuclear (CIDTN) que esa corporación estatal del país euroasiático construye en la ciudad boliviana de El Alto, anunció el Gobierno.
El acto contará con la presencia del presidente Luis Arce, informó la Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN), responsable local del proyecto.
La construcción del centro nuclear más alto del mundo, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, se inició en 2017 y fue reactivada a principios de este año luego de estar semiparalizada desde la crisis política de fines de 2019.
El proyecto de 300 millones de dólares contará con el reactor, una planta multipropósito de irradiación gama, un equipo de ciclotrón-radiofarmacia e instalaciones adicionales de ingeniería y laboratorios, según un informe de la ABEN.
Se prevé que el CIDTN coordinará labores con tres centros de medicina nuclear actualmente en construcción en el país.
 
 
 
 
 
PARAGUAY Y BOLIVIA DEMARCAN HITOS SECUNDARIOS A LO LARGO DE LA FRONTERA
 
Agencia IP de Paraguay (https://bit.ly/2UI2kSL)
 
La Comisión Nacional Demarcadora de Límites (CNDL) desarrolla un nuevo periodo de trabajos de campo, en la línea fronteriza con Bolivia, consistentes en la colocación de hitos secundarios y en la actualización de coordenadas geográficas ya existentes.
Los trabajos se iniciaron esta semana y se extenderán hasta el 7 de agosto próximo. Para el efecto, funcionarios de la institución y personal de las Fuerzas Armadas, encabezados por el delegado demarcador, Javier Cabrera, se trasladaron a dicha zona.
La comitiva, junto a sus pares de la Dirección General de Límites, Frontera y Aguas Internacionales Transfronterizas de Bolivia, llevan adelante diversas tareas en las zonas de los destacamentos Sargento Rodríguez, Gabino Mendoza y Cerro Coronel Cabrera, en el departamento de Boquerón, en la línea fronteriza binacional, a más de 750 kilómetros de Asunción.
Las tareas consistirán en la densificación de hitos secundarios, es decir, en la erección de hitos de segundo orden entre los hitos principales: III “Sargento Rodríguez”, IV “Gabino Mendoza”, y V “Cerro Coronel Cabrera”. Los trabajos abarcarán una extensión total de más 120 kilómetros, informó la Cancillería Nacional.
Esta actividad conjunta es conforme a lo acordado en el Acta de la VIII Reunión Plenaria de la Comisión Mixta Paraguayo – Boliviana, que estableció el plan de trabajos de campo y de gabinete para dar cumplimiento al Tratado de Paz, Amistad y Límites del 21 de julio de 1938, y al Protocolo Adicional a dicho Tratado del 12 de junio de 2009.
Para este trabajo de campo, la Comisión Nacional cuenta con el apoyo del Comando de las Fuerzas Militares, mediante el usufructo de un camión todo terreno para el traslado de equipos, herramientas y materiales de construcción que serán utilizados en el terreno para la erección de los mencionados hitos secundarios entre los hitos principales.
Para la ejecución de los referidos trabajos de campaña, el presidente de la CNDL, Enrique Insfrán, dispuso que las mismas se realicen bajo la estricta observancia de las medidas y recomendaciones sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a fin de evitar la propagación de la pandemia del coronavirus.
La Comisión Nacional Demarcadora de Límites es un órgano dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, y entre sus responsabilidades se encuentra el estudio, el deslinde, la demarcación, la caracterización, el registro y el control de los límites internacionales de la República del Paraguay, así como la inspección y el mantenimiento de los hitos ya erigidos, de acuerdo a los tratados y protocolos suscriptos con los países limítrofes.
 
 
 
 
 
ESPERAN QUE GOBIERNO DE PEDRO CASTILLO RETOME NEGOCIACIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE GAS BOLIVIANO
 
Radio Onda Azul de Perú (https://bit.ly/3BquUse)
 
El vicegobernador regional de Puno, Germán Alejo, adelantó que pedirán al Gobierno de Pedro Castillo Terrones, retomar el convenio de cooperación interinstitucional, entre el Ministerio de Energía y Minas del Perú y el Ministerio de hidrocarburos del Estado Plurinacional de Bolivia para la comercialización de GLP en poblaciones fronterizas.
Aseguró que dicho convenio se realizó en los gobiernos de Martín Vizcarra (Perú) y Evo Morales (Bolivia) para fines de garantizar la comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en precios cómodos a poblaciones de la zona fronteriza, el mismo que venció el 25 de junio del presente año, por ello pedirán que se retome por el gobierno de Pedro Castillo.
Asimismo, dijo que en la actualidad el Gas Licuado de Petróleo (GLP) llega hasta los domicilios de los usuarios a precios bastante elevados, lo que está afectando a la economía de varias familias en el sur del país. “Lamentablemente el convenio venció, por ello pediremos retomar las acciones pertinentes para garantizar el gas en la región a precios cómodos” dijo
 
 
 
 
 
SON FALSAS LAS DECLARACIONES DEL POLÍTICO BOLIVIANO CARLOS SÁNCHEZ BERZAÍN SOBRE SUPUESTO “FRAUDE ELECTORAL” EN PERÚ
 
La República de Perú (https://bit.ly/3hXnzbW)
 
Un extracto de una exposición del político boliviano Carlos Sánchez Berzaín sobre las elecciones en Perú circula en redes sociales desde hace unos días y se ha viralizado en Facebook. Durante su participación en el Foro “Fraude electoral transnacional en Las Américas”, que se llevó a cabo el pasado 13 de julio en Miami (Estados Unidos), el también politólogo comentó acerca del proceso electoral en nuestro país.
Según Sánchez Berzaín, los gobiernos de países que tienen inclinaciones “castrochavistas” llegaron al poder haciendo “fraude electoral”, que —de acuerdo a su análisis— se divide en dos: fraude electoral sistémico y fraude electoral fáctico. En esa línea, señaló que en las últimas elecciones en Perú se produjo “un fraude electoral fáctico”, que “tiene que ver con el voto, con el acta, con las firmas”, entre otros factores.
“¿Qué es lo que está viviendo hoy día el Perú? El fraude fáctico. Que es el fraude que se pone en marcha cuando se va a votar y no hay delegados de la oposición; cuando en esa mesa de votación, en la primera vuelta, la oposición saca 100 votos y en la segunda vuelta saca cero; cuando hay certificación de que las firmas están falsificadas y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dice: ‘sí es posible’. Se le acompaña, además, con un informe pericial que el JNE observa, pero dice: ‘esto es materia penal, pase al Ministerio Público’”, manifestó el también director ejecutivo de la ONG Instituto Interamericano para la Democracia.
Pero el conjunto de afirmaciones de Carlos Sánchez Berzaín son falsas.
Algunas de las afirmaciones de Sánchez Berzaín ya han sido verificadas y calificadas como “falsas’' por distintos medios de comunicación.
Un informe periodístico del portal edmundocruz.com expone que “al menos 50 mesas de votación” de las que Fuerza Popular denunció por supuesta suplantación o falsificación de firmas tuvieron la presencia de los personeros de esta agrupación política.
“En las regiones los personeros del mismo partido naranja participaron directamente en esas mesas, sin detectar suplantación alguna ni nada que se aproxime a un fraude. Al contrario, participaron en el conteo final de votos y aceptaron los resultados, al punto de consignar sus firmas y sus números de DNI en las actas finales”, se lee en el texto.
Además, el pasado 8 de junio, el propio excandidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular, Luis Galarreta, responsabilizó a los encargados de organizar a los personeros de su partido de “no haber estado atentos en las mesas de sufragio”, pese a que fueron advertidos antes del inicio del proceso electoral.
Por otro lado, varios personeros de FP manifestaron, días después de la segunda vuelta, que el partido no había cumplido con el pago de 100 soles que prometió para que desempeñen esta labor.
Mesas con cero votos
Respecto a que en el balotaje del 6 de junio la excandidata presidencial Keiko Fujimori obtuvo cero votos en algunas mesas de sufragio, cuando en primera vuelta había conseguido votos a su favor; una verificación anterior de PerúCheck da cuenta que esto es posible. Todos los votos de una mesa de votación pueden ser solo para un candidato, en consecuencia, ningún voto para su adversario.
Dos mesas de votación fueron particularmente cuestionadas: una en el distrito del Cenepa, en la provincia de Condorcanqui (Amazonas), y en el distrito de Huarango, en la provincia de San Ignacio (Cajamarca). En ambas mesas, el presidente electo Pedro Castillo obtuvo el 100% de los votos, es decir, nadie votó por Fujimori.
En relación a la mesa del distrito de Huarango, donde Castillo consiguió 187 votos, mientras que Fujimori, cero votos; PerúCheck también concluyó que ello no implica un fraude electoral. De acuerdo a la nota, la ONPE informó, en su momento, que “no hay lugar a duda sobre las cifras de los votos que consigna el acta de escrutinio”. El documento, además, fue firmado “por los tres miembros de mesa y no tuvo observaciones por ninguna de las partes”.
Fuerza Popular también obtuvo mesas donde contó con el 100% de votos. En Miami (Estados Unidos), la mesa Nº 081313 registró que los 95 votos emitidos fueron para Keiko Fujimori, sin votos en blanco o nulos. En este estado, lo mismo sucedió en la mesa Nº 081372, donde Fuerza Popular obtuvo 109 votos a favor y Pedro Castillo, cero.
No se ha demostrado falsificación de firmas
Como se mencionó líneas arriba, Sánchez Berzaín comentó sobre la denuncia de firmas falsificadas, con lo cual se intentó demostrar que hubo fraude electoral. Sin embargo, Fuerza Popular no pudo certificar que, en efecto, las firmas que cuestionó no correspondían a sus votantes.
En audiencias públicas, durante la última semana de junio, el JNE desestimó 27 apelaciones presentadas por el partido de Keiko Fujimori contra resoluciones de distintos Jurados Electorales Especiales (JEE). Estos órganos temporales rechazaron previamente solicitudes de nulidad de actas de mesa de votación, también interpuestas por FP, que alegaban, principalmente, un presunto “fraude en mesa” por firmas falsas o suplantaciones.
Según información de El Comercio, el organismo electoral sustentó sus decisiones en un criterio “incluso ya establecido en procesos electorales anteriores”. El 23 de junio, por ejemplo, resolvió el expediente n.º 2021004567, donde se alegaba la falsificación de firma de un miembro de la mesa del distrito Constitución, en la provincia de Oxapampa (Pasco).
En esa oportunidad, el pleno del JNE indicó que FP “alega únicamente la falta de coincidencia entre las firmas consignadas en el acta electoral y las registradas en el Reniec, lo cual no acredita falsificación de firmas”. Sostuvo que existía solo la “mera afirmación o una tesis especulativa y subjetiva constituida por una presunta falta de coincidencia de firmas alegada a partir de un simple cotejo visual”.
PerúCheck también desmintió que “cientos” de peritajes a actas de votación hayan confirmado la existencia de “firmas falsas” en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021. Y calificó como “falso” que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancavelica haya comprobado este hecho en relación a miembros de mesa.
Por otra parte, es cierto que el JNE envió al Ministerio público un informe de pericia grafotécnica para sustentar que hubo falsificación de firmas, presentado por Fuerza Popular, pero esto ocurrió porque —de acuerdo a La República— a los miembros del JNE les “llamó la atención” que el documento no contenía la firma “de quien supuestamente hizo de perito”.
Pedido ante la OEA
En el video viral, de tres minutos, se escucha a Sánchez Berzaín afirmar que “(...) el presidente interino de ese país [Fracisco Sagasti] se niega a pedir una auditoría a la Organización de Estados Americanos (OEA)”.
El pasado 28 de julio, Keiko Fujimori dejó en mesa de partes de Palacio de Gobierno una carta al presidente Francisco Sagasti. En ella le solicita la realización de una auditoría internacional sobre los comicios del 6 de junio, proceso electoral que en ese momento seguía en curso.
No obstante, un oficio firmado el 3 de julio por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega, y dirigido a la candidata de Fuerza Popular, recuerda que el Ejecutivo y el presidente de la República no pueden intervenir en un proceso electoral atendiendo el pedido de una de las fuerzas políticas participantes. Ello, se añade en el documento, en estricto respeto del principio de neutralidad, reconocido constitucional y legalmente.
Sagasti declaró a Exitosa, el 13 de julio, que “aquí [en Perú] han estado todas las misiones electorales [de la OEA], como 14 distintas, y ninguna ha dicho nada de eso [fraude electoral]. No veo realmente ninguna justificación”.
Similitud con Bolivia
Finalmente, en el foro sobre fraude electoral en países de América del Sur, Sánchez Berzaín reiteró que “en Perú sí se ha repetido lo que certifica la OEA respecto a las elecciones de Bolivia, en 2019”. “Esto es la alteración de actas y de firmas que ha modificado totalmente el resultado electoral”, acotó.
Sin embargo, no es cierto que los hallazgos de la OEA respecto a Bolivia durante su proceso electoral sean los mismos que denunció Fuerza Popular. Al revisar el informe final de la OEA sobre la integridad de las elecciones realizadas el 20 de octubre del 2019 en Bolivia, se observó que el grupo de 36 especialistas asignados para dicha función halló una “manipulación dolosa en dos planos” durante su auditoría.
El documento detalla que, en primera instancia, se arrojó una alteración de actas y falsificación de las firmas que estas contenían. En segundo lugar, se descubrió que existió la intervención de “dos servidores ocultos” —no supervisados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia—, desde los que se redireccionó un flujo de datos para intentar vulnerar el procesamiento de los resultados obtenidos en las urnas.
En conversación con este medio, Percy Medina, jefe de la Misión en Perú del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional), manifestó que ambos procesos son “escenarios bastante distintos”. El especialista recordó que, a diferencia de la segunda vuelta peruana, en Bolivia fue la propia Misión de Observación quien identificó y reportó una serie de irregularidades el mismo día de la elección.
También resaltó que, cuando el conteo boliviano se encontraba en el 80% de actas verificadas, el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) se paralizó. “Y el último 5% fue muy distinto del anterior”, comentó.
En el caso peruano, tras la proclamación oficial de Pedro Castillo como presidente electo, la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA, en Perú, saludó el acto celebrado por el JNE. En un comunicado publicado el 19 de julio —mismo día de la proclamación—, recordó que contó con “la participación de 74 expertos y observadores” para la primera y segunda vuelta electoral”. Este equipo visitó dos veces el país en la etapa preelectoral.
Ya en un informe preliminar, la misión encabezada por el excanciller de Paraguay Rubén Ramírez Lezcano destacó que “la mayoría de mesas observadas” durante el 6 de junio fueron revisadas por personeros de ambos partidos políticos. Manifestaron, además, que el conteo de votos se realizó conforme a los “procedimientos establecidos”.
Conclusión
Son cinco las afirmaciones relacionadas a las denuncias de un supuesto fraude electoral en el Perú que Sánchez Barzaín hizo durante su participación en un foro. Sin embargo, ninguna de estas es cierta.
En primer lugar, no hubo una masiva ausencia de personeros de Fuerza Popular el día de las elecciones. Además, en varias de las mesas en las que se acusaron irregularidades, sí hubo personeros del partido naranja.
Por otro lado, es posible y ha sido verificado por la ONPE que en algunas mesas de votación, Keiko Fujimori haya obtenido cero votos. Asimismo, se concluye que Fuerza Popular no pudo certificar la existencia de firmas falsas en la segunda vuelta electoral.
En tanto, Sagasti no se negó a pedir una auditoría internacional, como lo solicitó la excandidata presidencial Fujimori, debido a que él, como presidente de la República, no puede interferir en el proceso electoral.
Finalmente, tras la proclamación de Castillo como presidente electo, la Misión OEA en el Perú reiteró que las elecciones en el país se llevaron a cabo conforme a los “procedimientos establecidos”.