La República se trasladó a la localidad fronteriza de
Desaguadero-Perú, ubicado en la zona sur de la región de Puno. Ahí la mayoría
de familias peruanas compra este combustible.
El puente internacional está cerrado por la pandemia. Lo
custodian militares y policías.
Pese al cierre de la frontera, los comerciantes peruanos
navegan en botes el Lago Titicaca rumbo a Bolivia y traen balones de gas de 10
Kg. Lo compran a 25 soles, equivalente a 45 bolivianos. En Perú lo
comercializan a S/ 30 en promedio, y le añaden algunos soles más por la
distancia.
Los balones bolivianos llegan bajo la modalidad de
contrabando hormiga. Los comerciantes, después cruzar el Titicaca, los
transportan en triciclos o motocargas. Un triciclo puede cargar seis balones,
mientras que una moto carga hasta 12 balones.
Una comerciante puede realizar cuatro viajes sin que las
autoridades policiales realicen un control. Al día, pueden movilizar 24 balones
en triciclo. Se estima que en Desaguadero habría 50 puestos de venta de gas
boliviano al menudeo.
No solo a través de los triciclos y motocargas se realiza
el traslado, también existen comerciantes que utilizan combis o camiones
pequeños para distribuir los balones en diferentes localidades, según la
Policía. Este tráfico se efectúa en horas de la noche.
En el lado boliviano de Desaguadero, los residentes ya
cuentan con conexión domiciliaria de gas.
Nely Ajalla, una joven madre de familia peruana, compra
gas boliviano a 30 soles. La ama de casa que vive en Desaguadero-Perú recordó
que los candidatos presidenciales en campaña electoral suelen ofrecer gas
barato, sin embargo, no cumplen.
“Esperamos que el nuevo presidente del Perú impulse este
proyecto del gas peruano a bajo costo. Nuestros hermanos bolivianos ya tienen
conexión de gas a domicilio y nosotros nada”, señaló.
Todas son promesas
En 2019, los gobernadores de Moguegua y Tacna se reunieron
con representantes de Yacimientos Petrolíferos Fiscalizados de Bolivia (YPFB).
Acordaron que esta empresa vendería gas en el sur peruano a 28 soles el balón
de 10 kilos, sin embargo, esta idea se estancó tras los graves problemas
políticos en Bolivia.
El exgobernador regional de Puno, Walter Aduviri, también
alentó ese acuerdo, pero no se llegó a concretar tras su vacancia. La República de Perú
(https://bit.ly/3xiHcQR)
ALEXANDRA MOREIRA: «NO ES JUSTO EXIGIR LO MISMO A QUIENES
HAN CONTRIBUIDO MENOS AL CAMBIO CLIMÁTICO»
Revista
Nobbot (https://bit.ly/3wjgYMM)
Desde hace más de 40 años, el Tratado de Cooperación
Amazónica unifica los esfuerzos de los ocho países que comparten la cuenca del
río Amazonas. Buscan un modelo de desarrollo propio, sostenible, integrado con
una de las regiones ecológicas más importantes del planeta.
La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica
(OTCA) es el organismo intergubernamental que nace como consecuencia directa de
este tratado. Constituido por Bolivia, Brasil, Colombia, Guyana, Perú, Surinam
y Venezuela, da forma a un bloque social y ambiental con fronteras e intereses
compartidos.
La actual secretaria general de la OTCA, Alexandra
Moreira, ha estado al frente del organismo en uno de los periodos recientes más
difíciles para la región. Su mandato, a punto de concluir, ha estado marcado
por la pandemia y por la continua búsqueda de respuestas a una pregunta
complicada: cómo avanzar en la igualdad y el desarrollo de la Amazonía al
tiempo que se protege su inmenso legado natural.
– Las imágenes de Manaos, Brasil, el año pasado
sobrecogieron al mundo. ¿Qué vacíos ha dejado al descubierto la pandemia en la
Amazonía?
La pandemia ha dejado vacíos al descubierto a nivel
planetario. Sobre todo, la fragilidad de nuestros sistemas de salud. En la
región Amazónica, hemos visto que es necesario fortalecer las redes de
cooperación y las redes de salud dentro de cada país y también entre ellos. En
particular, en los estados fronterizos. Aquí hay mucha población asentada en
zona de fronteras, personas que viven en un país y son atendidas en otro.
Por otro lado, la pandemia ha destacado la necesidad de
reforzar la atención directa a las poblaciones vulnerables y a los pueblos
indígenas. Es necesario trabajar estrechamente con los líderes indígenas que
son responsables de sus comunidades. Debemos trabajar más con ellos en temas de
salud, pero también en otras cuestiones medioambientales y sociales.
También hemos visto la urgencia de establecer una red de
cooperación entre los institutos de salud de cada país. Es necesario para
mejorar en el seguimiento de las variantes de la COVID-19. Dentro de nuestra
región, existen brechas en conocimiento, en infraestructura, en capacidades.
Pero durante el último año y medio los ocho países amazónicos han demostrado la
voluntad de trabajar de forma conjunta para solucionarlas.
– La vacunación avanza a ritmo desigual en todo el mundo.
¿Cómo es la situación en la región Amazónica?
La vacunación compete a cada país, nosotros no somos una
entidad supranacional. Lo que sí hemos hecho ha sido reunirnos con cada país
para intentar priorizar la vacunación de algunos colectivos vulnerables, como
los pueblos indígenas. De nuevo, creo que las asimetrías y los retrasos en la
vacunación se están viendo a nivel global, no solo en la Amazonía.
Aquí, creo que nuestros países están haciendo muchos
esfuerzos, pero la situación se ha complicado en algunos lugares. Naciones como
Bolivia han liderado el movimiento para solicitar la liberación de las patentes
de las vacunas para poder producirlas en América Latina. Pero, hoy por hoy, el
ritmo de vacunación en nuestros países no es el que se necesita.
«Con mayor innovación, mayor productividad y más
tecnología, luchando contra la desigualdad, la Amazonía podría encontrar un
modelo de desarrollo sostenible propio».
– Mirando ya hacia el final de la pandemia, ¿qué papel
puede jugar la Amazonía en la recuperación de América Latina?
Soy una creyente convencida de que la región Amazónica
tiene un gran potencial. Ocupa el 40% del territorio de América Latina y en
ella viven más de 40 millones de personas. Tiene grandes recursos naturales y
humanos. Como indica el Tratado de Cooperación Amazónica, debemos cerrar las
brechas sociales, económicas y ambientales de la región e incorporar la
Amazonía a la economía mundial. Debemos buscar el desarrollo armónico de la
región.
Con mayor innovación, mayor productividad y más
tecnología, luchando contra la desigualdad, la Amazonía podría encontrar un
modelo de desarrollo sostenible propio. Es muy necesario entender que la
desigualdad es muy negativa para el desarrollo.
– ¿Cómo puede avanzarse hacia esta igualdad?
En este sentido, la cooperación internacional es
importante. Existe la idea de que la Amazonía es una región de renta media.
Esto ha conllevado una disminución de los recursos financieros disponibles en
los últimos años. Pero no es así. La región Amazónica necesita más recursos,
tanto nacionales como internacionales. Si continuamos con los porcentajes de
desigualdad que tenemos, el desarrollo y la gestión sostenible de la región no
pueden avanzar.
Por otro lado, esta es una región muy afectada por el
cambio climático, pero no todos los países ni todos los grupos sociales han
contribuido a las emisiones de gases de efecto invernadero de la misma manera.
Los países que más emiten tienen más herramientas para hacer frente al cambio
climático. Nuestros países, que están entre los que menos han contribuido,
también tienen menos capacidad de hacerle frente al problema.
– Cuando hablamos de medioambiente y Amazonas, los países
desarrollados se centran en la conservación, mientras los países de la región
buscan el desarrollo. ¿Cómo encontrar el equilibrio?
Con mucho esfuerzo. Los países amazónicos están
comprometidos con encontrar un modelo de desarrollo propio. Este compromiso no
es solo de las administraciones, también existe en la academia, en la ciencia y
en muchos sectores sociales. Teniendo en cuenta que la región tiene más de 40
millones de habitantes repartidos en una gran extensión de territorio, el
desafío es enorme.
Si hablamos de soluciones concretas, se busca trabajar más
con productos no maderables, apostar por la innovación y la tecnología,
investigar más para multiplicar y diversificar la producción y encontrar nuevos
mercados que valoren los productos responsables del Amazonas. La comunidad internacional
debe implicarse en esto también.
«Contra la deforestación, los apoyos serían mucho más
útiles que las críticas. Estamos en un momento de proponer, de unir esfuerzos,
de ser prácticos».
– La deforestación recibe mucha atención internacional.
Pero después vemos que algunas empresas de los mismos países desarrollados que
critican la desforestación son las que están detrás del problema.
Ojalá tuviésemos una receta sencilla para solucionar la
deforestación. Es un problema que tiene muchas causas: la exportación de
madera, los cultivos extensivos, las explotaciones agropecuarias… Los países
que exigen conservación deben ser coherentes. Se exige a los países amazónicos
frenar la deforestación o no contaminar. Y después vemos, por ejemplo, que las
empresas mineras de otros países vienen a explotar los recursos e incumplen las
regulaciones ambientales locales.
Esto no quiere exculpar a los países de la región. Creo
que los estados de la Amazonía tienen que ser mucho más estrictos. Deben
controlar y fiscalizar la deforestación y aplicar las normativas actuales, que
ya son buenas. En muchos sentidos, las leyes fracasan en su aplicación. Además,
debemos generar alternativas. Por ejemplo, en Brasil se ha demostrado que la
producción y la exportación del azaí es mucho más rentable que la de madera.
La región Amazónica tiene tantos productos gracias a su
biodiversidad que existen alternativas. Se necesita tecnología e investigación
y más apoyo para su comercialización y para desarrollar la cadena de
producción. Creo que este tipo de apoyos serían mucho más útiles que las
críticas. Estamos en un momento de proponer, de unir esfuerzos, de ser
prácticos.
– Algo similar sucede con el cambio climático y el Acuerdo
de París. ¿Es justo que se impongan objetivos de reducción de emisiones de CO2
sin tener en cuenta la contribución total de cada país a lo largo de la
historia?
No es justo, ni correcto ni realista. Los países en vías
de desarrollo tenemos otros temas sociales y económicos que resolver,
cuestiones que en los países desarrollados están cubiertas. Pienso, por
ejemplo, en el acceso al agua potable y el saneamiento o en el acceso a la
educación y a la salud. En la región Amazónica tenemos muchas brechas que
cerrar.
No es justo exigir lo mismo a los países que han
contribuido menos al cambio climático que los países desarrollados. No va a
conducirnos a nada positivo. Es un tema que se ha discutido mucho. Creo que hay
que entender que la región Amazónica necesita más financiación y apoyo
internacional para reforzar los objetivos de sostenibilidad.
«En la lucha contra el cambio climático y la protección de
la biodiversidad es necesario rescatar el conocimiento indígena».
– ¿Qué papel debería jugar el conocimiento indígena en la
gestión de la naturaleza y la lucha contra el cambio climático?
Nuestros pueblos indígenas juegan desde hace tiempo un
papel fundamental en la conservación de las tierras y la biodiversidad. Se
tiene que valorar su conocimiento y su labor. Por ejemplo, en mi país, Bolivia,
algunas políticas públicas de gestión de agua y adaptación al cambio climático
han incorporado los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. Todos
los países tienen ejemplos en este sentido.
La misma forma de vida de los pueblos indígenas contribuye
al mantenimiento del territorio. Además, trabajar con los representantes de
estas comunidades, como se ha hecho durante la pandemia, resulta beneficioso
para todos. Ayuda a mejorar la gestión pública del territorio.
En la lucha contra el cambio climático y la protección de
la biodiversidad es necesario rescatar el conocimiento indígena. Ahora mismo
estamos haciendo un estudio regional para conocer el estado de la diversidad
biológica amazónica bajo la metodología de la Plataforma Intergubernamental
sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES). En este estudio
estamos incorporando el conocimiento práctico de los pueblos indígenas. En los
planes de contingencia de la región Amazónica también trabajamos con
representantes de estas poblaciones.
– Han pasado 40 años de la firma del Tratado de
Cooperación Amazónica (TCA). ¿Qué objetivos se marca la organización que preside?
Yo ya estoy cerca de terminar mi periodo como secretaria
general. Pero el objetivo siempre es fortalecer la cooperación regional. El
tratado busca un trabajo conjunto más técnico y práctico. Nosotros nos hemos
concentrado en poder mejorar la financiación de los proyectos; y en ampliar
nuestras conexiones con aliados estratégicos en la región y en el mundo para
trabajar en gestión del agua, gestión forestal y protección de la
biodiversidad.
El trabajo está siempre encaminado a reforzar la
institucionalidad de la organización. En América Latina es muy necesario
respetar y fortalecer las instituciones que se han ido construyendo con mucho
esfuerzo. El Tratado de Cooperación Amazónica es uno de los mejores ejemplos de
que se puede trabajar de forma conjunta por la región.
El
escenario es peor de lo que el socialista pudo prever
ARCE LLEVA A BOLIVIA A UN PRIMER SEMESTRE DE FRUSTRACIONES
FRENTE A LA CRISIS
La
Gaceta de España (https://bit.ly/2UZPHCc)
En Bolivia se discute sobre un problema crítico y con tres
aristas fundamentales: la gestión de la pandemia, la falta de financiamiento de
corto plazo, y la persecución política.
Mala gestión de la crisis de la pandemia
A Arce no se le puede pedir que enmiende ahora mismo todas
las malas inversiones que realizó durante todo el auge mientras fue ministro de
Morales, y que hoy se traducen que tener menor capacidad relativa para encarar
la pandemia, pero sí que se le puede reclamar lo mal que lo ha estado haciendo
hasta e momento.
Luis Arce lleva siete meses al mando del gobierno, pero
hay países latinoamericanos que lo están haciendo -francamente- mucho mejor en
una cantidad de tiempo menor.
El mejor caso en plan de vacunación no sólo en América
Latina, sino en el mundo, es Chile. Sebastián Piñera ha sido un buen gerente
administrativo en esta área. Hoy este país tiene al 55,1% de su población
vacunada con dos dosis, mientras Bolivia tiene apenas al 5,93% de su población
vacunada con ambas dosis.
Peor todavía, si acaso Chile no fuera un caso de
comparación válido, Guillermo Lasso habiendo asumido el mando del gobierno en
Ecuador el 24 de mayo, ha aplicado 2.125.000 dosis, es decir, en menos de mes y
medio. En cambio, Arce ha aplicado a una cifra apenas superior, 2.647.614, en
al menos el doble de tiempo, si acaso no exactamente los 7 meses que lleva
gobernando.
De esta manera, Bolivia supera solamente a Paraguay y
Venezuela en cuanto a eficiencia y eficacia para encarar la crisis de la
pandemia en la región.
Pero los cuestionamientos sobre la manera en que la crisis
de la pandemia está siendo encarada en Bolivia surgen sobre todo con la
improvisación. Pues no sólo existe escasez de vacunas, sino que ante tal
escasez -sobre todo por incumplimiento de contratos con Rusia- se utilizan
primeras dosis como segundas, y segundas como primeras, y además se amplía el
rango de la vacunación de personas mayores de 30 años a personas mayores de 18
años.
Urgente financiamiento de corto plazo
Cuando los distintos candidatos discutían sus planes de
gobierno antes de las elecciones de octubre de 2020 se mostraban confiados
sobre la posibilidad de conseguir financiamiento de distintos organismos
internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (FMI),
primero porque, gracias a los procesos de devaluación monetaria masiva y
simultánea por parte de la gran mayoría de bancos centrales alrededor del
globo, no falta liquidez en los mercados internacionales, y segundo porque estos
organismos se compadecerían de la crisis particularmente de países en vías de
desarrollo como Bolivia, indistintamente de quién gobernara.
Sin embargo, Arce Catacora fue el elegido en primera
vuelta para sorpresa y disgusto de los mercados internacionales. Sin
escucharlos planteó que recurrir a estos organismos -que no guardan elogios
para “el arquitecto de unas políticas fiscales que facilitaron al país
«convivir con periodos no tan buenos”- no era necesario, porque tenía un plan
alternativo: incrementar la deuda pública externa mediante la emisión de bonos
soberanos por $3.000 millones, ofrecidos a esos mismos mercados que ya le
habían bajado el pulgar.
Estos recursos, que fueron prometidos para el primer
trimestre del año, hubieran servido para refinanciar la deuda que vence en 2022
y 2023 –sobre la que propuso suspender pagos durante dos años–. También habrían
sido útiles para pagar una serie de sueldos y salarios que incluyen los del
sector sanitario público, así como para sostener el nivel de reservas del Banco
Central de Bolivia y aliviar las preocupaciones del sector bancario y
financiero. Es justamente este sector el que –ya antes de la caída de Morales
en 2019– arrastraba problemas de liquidez que se agudizaron con la acumulación
de los diferimientos que vencían este 30 de junio, que sumarían $4.000
millones.
Para decepción de Arce, la emisión fracasó, por tanto, los
problemas que se pretendía solucionar con esos recursos se agravaron, al punto
en que la única fuente de financiamiento que queda es justamente el denostado
Fondo Monetario Internacional.
Luego de todo lo visto, los siete meses que Arce lleva al
mando del gobierno constituyen demasiados anuncios y promesas, y una cantidad
de tiempo y oportunidades perdidas que no volverán, y que se traducirán en
frustraciones todavía mayores.
No existe vocación democrático-institucional
Los siete meses de gobierno de Arce han servido para
demostrar que no existe vocación democrático-institucional alguna ni de su
parte ni de los miembros de su partido, y esto dificulta las posibilidades de
encarar la crisis sin todavía mayores sobresaltos a los observados en el país
en los últimos dos años.
El inicio de la persecución política no empezó el primer
día de gobierno de Arce Catacora, sino recién en 2021, concretamente el 12 de
marzo, con la detención abusiva e ilegal de la expresidenta Jeanine Añez, que
hoy guarda prisión preventiva desde entonces, y a pesar de que, por si fuera
poco, ha presentado 50 pruebas de inocencia frente a los cargos que se
presentan contra ella.
Pero la persecución política tampoco terminó con Jeanine
Añez, sino que continuó con varios de sus ministros, muchos de ellos guardando
refugio en el exterior, y que ahora incluyen al exviceministro del Tesoro y
Crédito Público, Carlos Schlink, que tramitó un financiamiento sin condiciones
del FMI a principios de 2020, que no se utilizó, y a quien se responsabiliza
por el costo de haberlo devuelto.
Ahora el exviceministro Schlink guarda prisión preventiva
en una celda de La Paz.
Perspectivas para el segundo semestre
Con todo esto, muchos todavía ponen sus expectativas en la
recuperación de los precios de los commodities, y en particular del petróleo y
el gas, porque entienden que esto se traduce en mayores ingresos estatales y,
por tanto, en una mayor capacidad de gasto y endeudamiento público.
Sin embargo, este justamente el problema, el de haber
llevado el gasto, endeudamiento y acumulación de déficits durante el auge, que
ahora impiden encarar la crisis.
Sucede que, a medida que el Estado tiene mayor capacidad
de gasto, incrementa sus atribuciones y competencias sobre la economía, y en la
medida que esto sucede, las oportunidades para el privado de primero planificar
su vida y luego tratar de generar riqueza, se pierden en una medida cada vez mayor.
La industria petrolera y gasífera de Bolivia ya no tiene
más capacidad de producción. El país se verá forzado a importar gas más pronto
que tarde –algunos calculan que tan pronto como en 2025–.
Por eso, en la medida que más se incrementan los precios,
más se encarece el costo de vida del ciudadano boliviano. Si tenemos que
importar gas no está bueno que los precios suban. Tampoco está bueno que los
precios suban, porque el Estado empezará a gastar todo lo que el privado podría
invertir.
Entonces, ahora mismo las cifras macroeconómicas de
Bolivia se encuentran cada vez más deterioradas, al punto en que el Banco
Central de Bolivia compra oro físico para apuntalar las reservas.
El país apenas aspira a ser la décima economía de la
región, pero la única alternativa visible para encontrar financiamiento de
corto plazo es el FMI, con quien ya se encontraría en negociaciones.
Si bien ha sido muy indulgente con Bolivia y Arce en
particular, el FMI ha empezado a cambiar de tono, probablemente debido a que
instituciones como la Unión Europea se han manifestado sobre toda la serie de
detenciones ilegales y la persecución política que se observa desde hace varios
meses. En su último informe habla de la necesidad de reducir la deuda, el gasto
y el déficit, y empezar a considerar la idea de incurrir también en una
devaluación cambiaria -aunque sería altamente indeseable-.
Este escenario implica desafíos para Arce que no había
previsto enfrentar tan pronto y en condiciones de negociación tan
desfavorables. El FMI no se limitará a exigir ciertos equilibrios
macroeconómicos únicamente –que podrían incluir al menos un gasolinazo y el
incremento de algunos impuestos–, sino además la firma de otros acuerdos
multilaterales como el del intercambio automático de información financiera y
fiscal con la OCDE, que podría traducirse en la apertura de una auténtica caja
de Pandora.
EL MITO DE LA DERECHA DEMOCRÁTICA
Revista
Caras y Caretas de Uruguay (https://bit.ly/3jIQthi)
La derecha nunca fue democrática, no lo es hoy y jamás lo
será. Pese a que el veredicto de la historia es irrefutable el saber
convencional de las ciencias sociales y la opinión establecida difunden sin
cesar la errada concepción de que la derecha latinoamericana se ha reconciliado
con la democracia.
Insisten en que ya cortó amarras con su génesis
oligárquica, racista, patriarcal y colonial; que puso fin a su historia como
conspicua instigadora y frecuente ejecutora directa de innumerables golpes de
Estado, atentados, sabotajes, masacres y toda clase de violaciones a los
derechos humanos y las libertades políticas. Pese a ese origen perverso ahora,
dicen algunos académicos y “opinólogos” despistados (o que juegan para la
derecha) que esta se ha “aggiornado” y acepta las reglas del juego democrático.
Trágico error, confirmado, como decíamos al principio, por
la vida práctica: la derecha nunca fue democrática, no lo es hoy y jamás lo
será en el futuro. Por su raigambre e intereses de clase está llamada a defender
con uñas y dientes el orden social del capitalismo dependiente del cual es su
exclusiva beneficiaria. Por eso apela a todos los inmensos recursos de que
dispone (dinero, huelga de inversiones, fuga de capitales, evasión y elusión
tributarias, ataques especulativos contra la moneda local, despidos de
personal, cierre de establecimientos, terrorismo mediático, invocación al
intervencionismo militar, el favor de jueces y fiscales, protección de “la
embajada”, etcétera) ante cualquier amenaza, por moderada que sea.
En mi “Siete tesis sobre reformismo, revolución y
contrarrevolución en América Latina” (incluido en el libro de descarga gratuita
que compilara Clacso bajo el título Atilio Borón. Bitácora de un Navegante)
aporto algunos antecedentes decisivos sobre el tema. Por eso sugiero a las
personas interesadas en el tema que lean dicho artículo para acceder a una
elaboración más completa sobre este argumento.
De momento, me conformo con este breve recordatorio sobre
la conducta de la derecha latinoamericana para que los lectores extraigan sus
propias conclusiones.
En la Argentina, en el año 2015, aquélla representada por
Mauricio Macri triunfó en la segunda vuelta de la elección presidencial sobre
Daniel Scioli. La diferencia fue de un 3 por ciento, y la coalición perdedora
admitió la derrota esa misma noche. En 2017 el narcopolítico Juan O. Hernández
se impuso en la elección presidencial hondureña gracias a un escandaloso fraude
que fue tan descarado que postergó por varias semanas el reconocimiento de
Washington, del cual aquél era su alfil. Pese a las protestas de la oposición
ésta no tuvo más remedio que admitir su “derrota.” En las presidenciales
brasileñas de 2018 triunfó Jair Bolsonaro, vocero de los golpistas que
desalojaron, lawfare mediante, a Dilma Rousseff de la presidencia. Pese a las
groseras y múltiples violaciones de la legislación electoral (entre las cuales
la no comparecencia de Bolsonaro el debate presidencial); al siniestro papel
jugado por el poder judicial -que ilegalmente impidió que Lula fuese candidato-
y los medios de comunicación, férreamente controlados por la derecha, la
derrotada alianza opositora respetó el veredicto de las urnas. Los políticos
brasileños en el Congreso, la “justicia” de ese país y los grandes medios de
comunicación de masas, a cuál más corrupto, están haciendo pagar un precio
inmenso al pueblo de ese país por haber instalado en el Palacio del Planalto a
un sociópata como Bolsonaro, que con su negacionismo de la pandemia envió a más
de medio millón de sus compatriotas a la muerte.
En Uruguay, en 2019, el candidato de la derecha Luis
Lacalle Pou derrotó a Daniel Martínez, del Frente Amplio, por un 1,5 por ciento
de los votos válidos, y el perdedor admitió su derrota sin chistar. A poco de
asumir la presidencia, Lacalle Pou hizo gala de un suicida negacionismo,
proclamando con una actitud chovinista que a Uruguay no le ocurriría lo mismo
que a sus vecinos argentinos y brasileños. Tuvo que tragarse sus palabras y hoy
Uruguay está pagando un precio muy elevado por la soberbia de su presidente.
En México, el candidato izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas
iba ganando la elección presidencial de 1988 hasta que una sospechosa “caída
del sistema” de la Comisión Federal Electoral obró el milagro: al reiniciarse
computadoras, el candidato de Washington, Carlos Salinas de Gortari, aparecía
disfrutando de una amplia ventaja sobre su oponente y fue proclamado ganador.
De nada valieron las protestas populares ante un fraude tan descarado como ese.
La derecha quería ganar “a como diera lugar” y, con el visto bueno de
Washington y la OEA lo hizo.
También en México, en 2016, la derecha produjo otro atraco
electoral. Varios días después de finalizados los reñidos comicios, el
Instituto Federal Electoral emitió un comunicado anunciando el fin del conteo
de los votos y que el candidato conservador Felipe Calderón se imponía por una
diferencia del 0,62 por ciento de los sufragios sobre Andrés M. López Obrador.
Pese al generalizado repudio ante tan descarada estafa electoral -por ejemplo,
en numerosas mesas de votación sufragó mucha más gente de la que estaba
registrada- Calderón fue proclamado ganador de la contienda electoral.
En la elección presidencial de Nicaragua (25 febrero de
1990) triunfó la candidata de la Unión Nacional Opositora, Violeta Barrios de
Chamorro. Obtuvo el 55 por ciento de los votos, doblegando a Daniel Ortega, a
la sazón presidente de Nicaragua y candidato del Sandinismo, que fue apoyado
por el 41por ciento del electorado. Dos días después de finalizada la elección
Ortega reconoció públicamente su derrota y felicitó a la candidata triunfante.
Ortega recién volvería a ser electo como presidente en el año 2007.
En la Argentina de la década de los años 30 el fraude de
la derecha adquirió un estatus cuasi institucional, bajo el nombre de “fraude
patriótico”. El propósito: impedir a cualquier costo que la “chusma radical” y
los socialistas y comunistas accedieran a cualquier cargo de elección popular.
El fraude era exaltado como un servicio que una virtuosa oligarquía, con sus
partidos, jueces y diarios, rendía a la patria. Hasta el día de hoy persisten
en esa actitud de pretender burlar la voluntad popular, claro que apelando a
las nuevas tecnologías del neuromarketing político para manipular, mediante el
odio y el temor, las actitudes y las conductas de las masas. La derecha no sólo
apeló al fraude; además proscribió durante dieciocho años al peronismo, la
principal fuerza política del país. Y cuando ni el uno ni el otro eran
suficientes, la “carta militar” siempre estaba a mano: una interminable
sucesión de “planteos militares” carcomían a los débiles e ilegítimos -a causa
de la proscripción del peronismo- gobiernos civiles surgidos después del
derrocamiento del peronismo en 1955. Dos brutales dictaduras jalonaron este
proceso de descomposición política: primero, la encabezada por Juan C. Onganía
en 1966 y, diez años después, la apoteosis del crimen y el genocidio con la
dictadura cívico militar instaurada con el golpe militar del 24 de marzo de
1976 que sumiría al país en un inolvidable e imperdonable baño de sangre. En
ambos casos, la colaboración de la derecha argentina fue esencial proveyendo
ideas, proyectos, funcionarios, diplomáticos y poniendo su aparato mediático al
servicio de los dictadores.
Por contraposición, el 20 de octubre del 2019 Evo Morales
ganó las elecciones presidenciales de Bolivia al obtener el 47,08 por ciento de
los sufragios contra el 36,51 del candidato de la oposición Carlos Mesa. La
legislación electoral de ese país establece que si ningún candidato alcanza el
50 por ciento de los votos válidos debería llamarse a una segunda vuelta
electoral, salvo cuando se superase el 40 por ciento y hubiese una diferencia
de diez por ciento o más en relación al segundo, cosa que efectivamente se
verificó por aproximadamente el 0,60 por ciento del caudal electoral. No
obstante ello, sendos informes de la OEA, uno anterior y otro posterior a la
votación, señalando supuestas irregularidades en el recuento de los votos
instalaron un clima de fraude y sospecha que potenció hasta el infinito las
denuncias de una derecha que ya antes de los comicios había afirmado que no
reconocería otra victoria que no fuera la del candidato de la oposición. Luego
de una serie de violentas manifestaciones y ante la incomprensible indefensión
oficial, los altos mandos del Ejército y la Policía apoyaron las denuncias de
la derecha racista y exigieron la dimisión del presidente Morales. Pocas
semanas más tarde diversos informes de organismos académicos estadounidenses,
especializados en la temática electoral, confirmaban la transparencia y
honestidad de las elecciones bolivianas, pero ya era tarde y Bolivia se
desangraba ante la violencia del nuevo régimen. Un año después, el MAS
boliviano recuperaba la presidencia aplastando electoralmente a la derecha
golpista.
El más reciente capítulo de esta fraudulenta saga de la
derecha latinoamericana se está escenificando en estos días, en junio de 2021,
en el Perú, donde el candidato presidencial de la izquierda, Pedro Castillo, se
impone ante la corrupta representante de los poderes fácticos en ese país,
Keiko Fujimori. Pese a los virulentos reclamos de la oposición el conteo
definitivo le otorga una ventaja clara, aunque pequeña, al candidato de Perú
Libre. Complejos procedimientos de chequeo de actas con irregularidades
realizadas por organizaciones especializadas concluyen que en ningún caso éstas
alteran el resultado electoral. Pese a ello la coalición derechista ha apelado
a toda clase de recursos, incluyendo el subrepticio llamado a un golpe militar
hecho por Mario Vargas Llosa para impedir que Perú “caiga en las garras del
totalitarismo chavista.” Hubo inclusive un pronunciamiento de militares
retirados en ese sentido, enérgicamente repudiado por el presidente Francisco
Sagasti. De todos modos no se descarta que pueda producirse un golpe
parlamentario encaminado a anular las elecciones o a descalificar a su ganador,
Pedro Castillo.
Desgraciadamente, el Congreso de la República del Perú,
compuesto por 130 miembros, cuenta con atribuciones para destituir al presidente
por múltiples causas, entre ellas la muy enigmática “incapacidad moral”. La
presidenta de esa institución, Mirtha Vásquez -frenteamplista de extensa
experiencia en defensa de los derechos humanos en su país- ha llamado a la
reflexión a sus colegas para evitar convertirse en cómplices de la maniobra
destituyente o golpista de la derecha. Para que tal cosa suceda esta debe
controlar los dos tercios de los votos en el Congreso, o sea 87 congresistas,
que por ahora no tiene, pero, como se rumorea en Lima, “no los tiene, pero los
puede alquilar”. El éxito o no de esta maniobra dependerá, como siempre, de la
capacidad de movilización y organización de las fuerzas de izquierda que se
opongan a la misma. El desenlace de esta elección lo conoceremos en los
próximos días.
Conclusión de este breve repaso: cuando gana la derecha,
la izquierda admite el veredicto adverso de las urnas; cuando gana la
izquierda, la derecha apela al chantaje, al fraude o al golpe militar o
institucional, ratificando por enésima vez que la derecha no es ni será
democrática. No olvidemos esta lección. A la derecha no se le puede confiar ni
un tantito así, ¡nada!, como decía el Che Guevara en relación al imperialismo.
Y la misma actitud conviene seguir con los hijos putativos del imperio,
esparcidos por toda América Latina y el Caribe.
MORIR POR EL CHACO EN BUENOS AIRES
Diario
Siglo XXI de España (https://bit.ly/3ynctCv)
Acababa de finalizar la última guerra de Sudamérica, la
guerra por el Chaco Boreal entre Paraguay y Bolivia, que había sido ignorada en
la mayor parte de su desarrollo por la prensa mundial. Nadie pensaba que el
entonces presidente de Estados Unidos, un icono de aquel tiempo con su Nuevo
Trato, su discapacidad para moverse y hoy recordado como uno de los artífices
de la victoria sobre la Alemania Nazi y el Japón Imperial en la Segunda Guerra
Mundial, podría tener algún interés en una guerra entre las dos más miserables
republiquetas de América.
Una guerra de soldados descalzos y desnudos, habían
etiquetado célebres escritores y periodistas de la época a esta matanza entre
las cenicientas de América. El Senador
norteamericano Huey Long denuncio en Washington que era una guerra por recursos
del subsuelo, en la cual Rockefeller y los amos de las finanzas de Wall Street
habían alquilado en Sudamérica sus asesinos. Ya no estaría para interferir en
las negociaciones que se iniciaron en Buenos Aires en 1936, pues asesinos hasta
el día de hoy desconocidos, lo sacaron de en medio en septiembre de 1935.
Roosevelt llegaría a la Buenos Aires de una Argentina por
aquel entonces con delirios de potencia mundial, que se suponía con el peso
específico en la región, y capaz de enfrentar la arremetida del imperio
norteamericano en el Sub Continente. El
viaje en el acorazado Indianápolis, luego hundido por los japoneses en la
guerra del Pacifico, demuestra que existía un enigmático interés estadounidense
en resolver la disputa entre dos países expoliados, miserables y mediterráneos
de Sudamérica. El viaje tendría un alto costo para el presidente
norteamericano.
En este viaje de FDR, que no era precisamente para
recorrer Caminito o bailar tango, su hombre de mayor confianza, August Adolph
"Gus" Gennerich, quien lo sostenía del brazo en apariciones públicas
y empujaba su silla de ruedas, falleció de un supuesto ataque cardiaco. De
apenas 49 años y en buena forma, Gennerich había sido tentado por sus colegas
de la Policía Federal Argentina para conocer mujeres y locales bailables de la
lujuriosa Buenos Aires. Había completado la asignación de protección de su día,
que incluía proteger al presidente Franklin D. Roosevelt quien la había pasado interactuando en lugares
públicos con ciudadanos argentinos, dice la página oficial del servicio secreto
norteamericano que lo considera un héroe. Estaba cenando con los agentes de
inteligencia y seguridad argentinos
cuando colapsó y murió.
Luego de despedirse de Buenos Aires, tras haber perdido al
hombre de mayor confianza de su servicio secreto, el 16 de diciembre de 1936, FDR suspendería
por un día sus actividades para dedicarlas a los funerales de Gennerich en la
misma Casa Blanca. Al abandonar el ilustre visitante Buenos Aires, sería
detenido su edecán e intérprete argentino, Guillermo MacHannaford, por una
supuesta denuncia de la embajada paraguaya. Los argentinos atribuyen la
protesta al coronel Torreani Vieira, agregado militar de la embajada de
Paraguay. Era un secreto a voces que la Argentina había dado ayuda extraoficial
a Paraguay porque rechazaba las pretensiones de Bolivia, y pretendía que un
oleoducto discurra por su territorio.
Pero no era Torreani Vieira el único responsable de la
denuncia, pues fue Horacio Pita Oliver quien
mencionó al mayor Mac Hannaford, que era ayudante del jefe del Estado
Mayor, el General Nicolás Accamé. Era toda una sorpresa: Mac Hannaford había
sido, hasta dos días antes, uno de los edecanes argentinos del presidente
estadounidense Franklin D. Roosevelt, que había presidido en Buenos Aires la
Conferencia Interamericana de la Paz. El caso Mac Hannaford comenzó el 3 de
diciembre de 1936, en el despacho del ministro de Guerra, general Basilio
Pertiné, abuelo de la esposa del ex presidente Fernando De la Rúa. El juicio a
Mac Hannaford, por casualidad muy casual, se inicio con la apertura de las
negociaciones de límites entre Paraguay y Bolivia, y concluyó por las mismas
fechas que dichas negociones finalizaban,
a fines de julio de 1938. Sabía demasiado, evidentemente, de como se
habían malversado dinero del pueblo argentino en una guerra solo para que un
oleoducto pase por su territorio.
Mac Hannaford se negó a la alternativa ofrecida de
suicidarse, y fue condenado a cadena perpetua en lo que algunos consideran como
el caso Dreyfus argentino. Lo indultarían luego de dos décadas, abatido y
tuberculoso, para morir poco después. Ya por entonces habían triunfado los
intereses norteamericanos sobre los argentinos en una negociación presidida por
Spruille Braden, y concluida en 1938.
Braden reaparecía en la historia argentina en la década siguiente, en
episodio bien conocido.
Pero Franklin D. Roosevelt ya había perdido a su hombre de
mayor confianza, su edecán Argentino había arruinado su carrera militar y su
propia vida, y el Paraguay había entregado el territorio del Chaco mucho más
acá del Parapiti.
PREOCUPAN LOS PASOS FRONTERIZOS E INGRESOS ILEGALES AL
PAÍS POR LA VARIANTE DELTA DE CORONAVIRUS
El
principal reclamo lo originó el intendente de Salvador Mazza, en la provincia
de Salta, en el límite con Bolivia. Rubén Méndez, pidió que los controles que
se hacen en los aeropuertos también se realicen en las fronteras. Existen
decenas de pasos fronterizos no habilitados.
Aire de
Santa Fe, Argentina (https://bit.ly/3hFha41)
Salvador Mazza se ubica al norte de la provincia de Salta,
a 400 km de la capital y limita con la ciudad de Yacuíba en Bolivia,
comunicándose con el puente internacional que lleva el mismo nombre de la
ciudad argentina. Su intendente Rubén Méndez, pidió que las medidas de
restricción que se aplican en los aeropuertos se apliquen en los pasos
fronterizos. El motivo del reclamo es la preocupación del ingreso de la
variante Delta de coronavirus, ya que según Méndez, hay personas que aterrizan
en el aeropuerto de Santa Cruz en el país vecino e ingresan sin ningún problema
por Salta.
Si bien existen más de 500 km de distancia entre Santa
Cruz de las sierras y Yacuíba, esta última también cuenta con aeropuerto, por
lo que existe la posibilidad de las combinaciones de vuelos. La vinculación en
esa zona geográfica entre Argentina y Bolivia se realiza a través de la ruta
nacional 34.
Este viernes Méndez tuvo contacto con las autoridades de
la Dirección de Migraciones, en dónde les dejó en claro la necesidad de
trabajar más en los controles y evitar el ingreso de personas que vienen desde
otros países y hacen escala en Santa Cruz de las Sierras, "también entran
los choferes y los acompañantes que trabajan en el tráfico internacional de
mercaderías, expresó el mandatario.
El intendente resaltó la preocupación de los ciudadanos de
Salvador Mazza que se sienten potencialmente expuestos, "hasta ahora con
el PCR negativo era suficiente, pero el nuevo decreto del Poder Ejecutivo
Nacional ordena una cuarentena de siete días a cargo de quien ingresa al
territorio nacional, por lo que debemos determinar donde van a realizara
quienes ingresen al país".
Pero la preocupación más grande que tienen en el norte
salteño son las decenas de pasos no habilitados que conectan ambas naciones.
Los primeros casos de coronavirus que se dieron en el departamento San Martín
fueron precisamente de quienes ingresaban desde la vecina nación. Esta semana,
la Central Operativa de Control y Seguimiento COVID-19 (COCS) determinó, en
base a la normativa nacional, que una persona que ingrese al país deberá
hacerse el primer PCR en el país del exterior en que se encuentre tres días
antes del retorno.
Los que lleguen a Salta en el mismo día en que entraron al
país, en el caso del ingreso por Bolivia, deberán permanecer cuatro días en un
hotel. Luego de ese período tendrán que realizarse la segunda prueba. Si da
negativo podrán irse a sus domicilios para quedarse allí sin salir durante tres
días más.
LITIO, EL CONTROVERSIAL MINERAL DEL FUTURO
El
Periódico de Guatemala (https://bit.ly/3wlFkWi)
Desde hoy, China iniciará las operaciones de su nuevo
contrato de litio, la primera oferta bursátil del país para el componente
esencial de baterías para vehículos eléctricos, según informó la Bolsa de Acero
Inoxidable Wuxi.
De acuerdo con el organismo bursátil, el contrato del
primer mes para el carbonato de litio, que será entregado físicamente en
octubre de este año, según el comunicado mostrado por la bolsa, situaba el
precio de apertura en US$13.57 por kilo.
La bolsa de Wuxi ya comercializa otros componentes claves
para la fabricación de baterías como el níquel y el cobalto, al contado y a
plazos, y sirve como referencia para las transacciones nacionales.
Su contrato de litio, que permitirá a los productores y
consumidores gestionar la exposición a los precios, llega cuando las
principales bolsas de productos básicos de Estados Unidos y Gran Bretaña lanzan
sus propias ofertas de este metal.
No habrá contrato para la entrega de noviembre en Wuxi, ya
que la bolsa saltará directamente al contrato de diciembre de 2021, dijo Li
Jincheng, director sénior de productos en el intercambio de Wuxi.
Los productores de litio están agregando nueva capacidad
de producción para satisfacer la creciente demanda del metal, que se ha
convertido en crítico en medio de la transición energética mundial, y esperan
que la demanda aumente con la adopción de vehículos eléctricos y el
almacenamiento de baterías.
“La industria está creciendo rápidamente y tenemos un
pronóstico muy optimista sobre el consumo de litio”, dijo el vicepresidente de
Ganfeng Lithium, Wang Xiaoshen.
La oferta
Los países productores de litio han tenido poco éxito en
agregar valor a sus industrias de materias primas dada su distancia de los
centros de demanda. América Latina, una región que representa más de la mitad
de los recursos de litio del mundo, busca aumentar el papel del Estado en una
industria que es crucial para alejar al mundo de los combustibles fósiles.
Bolivia, Argentina y Chile han puesto las miradas en este
metal y en México, el Gobierno está estudiando la posibilidad de nacionalizar
prospectos de litio.
También General Motors está invirtiendo un proyecto en EE.
UU.
Un elemento
El litio, metal alcalino de color blanco plateado, es de
los más buscados desde que la Comisión Europea lo declaró materia prima
estratégica. El hidróxido de litio es clave en la fabricación de baterías para
autos eléctricos, y Europa quiere reducir la dependencia de China y
Latinoamérica.
EL LITIO RECURSO ESTRATÉGICO: ERRORES Y CERTEZAS ALREDEDOR
DE ESA CATEGORÍA
Página
12 de Argentina (https://bit.ly/3hztt1y)
Mucho se ha venido hablando en los últimos años acerca de
la importancia del litio como un mineral fundamental para el desarrollo
regional/nacional, la diversificación de la matriz energética y la generación
de energías limpias, pero no cabe duda que en este último año, sobre todo con
la especial mención dada por el Presidente Alberto Fernández en la apertura de
las Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación vinculado a la
electromovilidad, el Litio se ha instalado en el discurso del común de las
personas.
Ejemplo de ello son las publicidades en horarios centrales
dirigidos al público en general en reconocidos canales de aire, en donde se
invita a invertir en fondos comunes de inversión vinculados al desarrollo del
Litio.
La región del Norte de Argentina (Salta/Catamarca y Jujuy)
forma parte de lo que se conoce con el nombre de “Triángulo del Litio” junto a
los países de Chile y Bolivia, los cuales concentran el más del 60% de las
reservas mundiales identificadas de litio, y más del 80% del litio concentrado
en salmueras. Y si a esto se le suma que el litio duplicó su demanda a nivel
mundial en menos de una década desde comienzos del año 2000 y las proyecciones
a futuro coinciden en que el incremento en la demanda será sostenido en el
tiempo, no cabe lugar a duda que estamos hablando de un mineral estratégico
para las tres provincias, para el país y para la región.
Tal vez los tiempos electoralistas o su creciente
visibilidad e importancia, han encendido un caluroso debate sobre una supuesta
nacionalización del Litio a través de supuestos proyectos de nacionalización
del mineral, equiparando las palabras Recurso Estratégico a Nacionalización.
Lo cierto es que no cabe lugar a duda que conforme el art
124 de la C.N. “corresponde a las provincias el dominio originario de los
recursos naturales existentes en su territorio.” Tan es así, que con otros
recursos también considerados estratégicos como lo son los Recursos
Hidrocarburíferos, la ley 26.197 ratificó lo consagrado por nuestra C.N. al
disponer que …las provincias asumirán en forma plena el ejercicio del dominio
originario y la administración sobre los yacimientos de hidrocarburos que se
encontraren en sus respectivos territorios…., por lo que para pretender nacionalizar
un recurso, no bastaría con un simple proyecto de ley que le dé un tratamiento
diferencial a este mineral.
El error en el que se incurre en considerar que la
declaración del Litio como un Recurso Estratégico equivaldría o pretendería la
nacionalización del mismo, tal vez sea por el error de considerar vigentes los
art 410, 412, 431, 434 y 450 y todo el Titulo XIX del Ex Código de Minería Ley
22.259, derogado por el art. 15 de la Ley 24.498, que habilitaba la posibilidad
que los minerales declarados como Recursos estratégicos en supuesto de minería
a gran escala, puedan ser explotados por el ejecutivo nacional previo acuerdo y
autorización concedida por el ejecutivo provincial en donde se encuentren estos
recursos. Lo cierto es que actualmente este proceso no se encuentra vigente.
Cuando se habla en la actualidad acerca de porque el Litio
es un Recurso Estratégico para nuestro país, esta declaración tiene un efecto
eminentemente político tanto para la región como para el mundo.
En consonancia con diversos autores, un Recurso natural
puede ser considerado estratégico cuando: a) es clave en el funcionamiento del
modo de producción capitalista; b) y/o ser clave para el mantenimiento de la
hegemonía regional y mundial c) y/o ser clave para el despliegue de una
economía verde o de posdesarrollo; y en cuanto a su disponibilidad, ser: a)
escaso –o relativamente escaso–; b) insustituible –o difícilmente sustituible–;
c) desigualmente distribuido.
Su declaración como estratégico para el país, no implica
la nacionalización o apropiación del mismo por parte del Ejecutivo nacional,
pero sí implica la formulación por parte del Gobierno nacional, en conjunto con
los gobiernos provinciales, de la construcción de políticas públicas tendientes
a salir de la mera extracción primaria del recurso y fortalecer los esquemas de
generación de valor agregado en origen, el desarrollo de conocimientos
científicos y tecnológicos nacionales, la generación de empleo ya no solo en la
etapa extractiva y en definitiva, el desarrollo de condiciones para convertir
al país y a la región en polos de industrialización del litio, trabajando
mancomunadamente con las empresas privadas que aspiren a invertir en el sector
y/o la generación de empresas mixtas.
En un plano internacional y en consonancia con la
Republica de Chile y el Estado Plurinacional de Bolivia, la declaración de
Litio como Recurso Estratégico (siendo nuestro país el único integrante del
Triángulo del Litio que aún no declaro al mismo como un RNE), implica poner de
manifiesto que nuestro país también tomó real dimensión, y expresa frente al
mundo (como lo ha hecho Chile y Bolivia) que ha decidido colocarse y asumir un
rol hegemónico en la extracción del litio y en su generación de valor agregado
en origen.
Eslabón sumamente importante y que no debe ser negociable
por parte de nuestros Estados Provinciales como titulares del dominio
originario de los recursos y por parte del Gobierno Nacional en la formulación
de políticas públicas nacionales en la materia, es garantizar la
sustentabilidad ambiental, conforme lo dispuesto por el art 41 de la C.N.-
Asimismo, atento a nuestra realidad provincial con la
existencia de numerosas Comunidades Originarias en el territorio, es necesario
e imperativo garantizar la participación de las mismas en los procesos de
decisión de extracción de los recursos en el marco de lo ordenado por el
protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada conforme lo señalado por el
Convenio 169 de la OIT, ratificado por nuestro país por la ley 24.071.
EL LITIO EN ARGENTINA: LOS MITOS QUE LO ESTANCAN
Infobae
de Argentina (https://bit.ly/3qQygA6)
El auto eléctrico y las últimas tecnologías de almacenaje
y entrega de energías piden litio y nosotros lo podemos producir. Unos USD
4.000 millones se proyectaban a principio del 2019 para llegar a nuestro país
con ese fin, 9 proyectos y dos ampliaciones significaban subir al tercer
peldaño de la producción mundial. La Puna Jujeña, Salteña y Catamarqueña vivió
una verdadera revolución. Los compatriotas coyas ya pueden mandar a sus hijos a
una universidad, acceder a uno de los mejores salarios del país, algunos
incluso se convirtieron en empresarios, encarando nuevas producciones y
ofreciendo servicios en la Argentina que está a más de 4.000 metros sobre el
nivel del mar.
Sin embargo, el nuestro, un país con riquezas minerales
como pocos, continúa sin comprender. Nos seguimos preguntando por qué Australia
o Canadá nos sacaron tantas ventajas, si en un tiempo estuvimos mejor. Nuevos
hechiceros son escuchados con atención, en lugar de convocar a especialistas
para comprender lo que hace falta, aprovechando una riqueza que el mundo
necesita para mejorar. Otros profesionales ligados generalmente a las ciencias
sociales, opinan sin saber, ideologizados, mostrando chapas académicas con las
que tapan su desfachatez. Un escenario que rápidamente, abrazados al
conocimiento deberíamos abandonar.
La gula intermediaria inventó lo del triángulo del litio,
produciendo la confusión entre reservas y recursos, lo que está disponible ya y
lo que puede llegar a estarlo. Bolivia es subida a una falsa oferta. Los
salares de Uyuni y Coipasa contienen 10 veces más magnesio que litio, no hay
allí reservas para mostrar. Oro blanco, OPEP del litio, recurso estratégico,
empresa nacional para la producción de litio, en la boca de muchos dirigentes
políticos son frases que hablan de una histórica incomprensión.
Para el 2026 se estima que el 70% del uso del litio se
destinará a la producción de baterías, donde sólo un 5% de su costo final se
debe al litio. El 95% restante son otros minerales y la tecnología necesaria
para hacerlas funcionar con altísima eficiencia y seguridad. El premio Nobel de
química 2019 se otorgó por esas consideraciones. Hoy las grandes factorías que
las producen se reparten en China (61%), EEUU (22%), Corea del Sur (12 %) y
Polonia (5%). Bienvenidas las posibilidades de producir baterías en Argentina,
una actividad no impedida, promovida por el gobierno de Jujuy, que encaró un
emprendimiento público-privado en asociación con una empresa italiana, a las
que por convenio en el 2016 se les sumara Y-TEC.
Sepamos que la producción en el país de LCE (carbonato de
litio equivalente) genera un enorme valor agregado, que no debemos desconocer.
Desde la cosecha y disposición de la salmuera para su concentración vía
evaporación en grandes piletas, el paso a una planta de proceso en la que debe
separarse el litio del resto de los elementos que lo acompañan,
fundamentalmente potasio, sodio y el indeseado magnesio, repitiendo el proceso
de separaciones hasta obtener un producto con alta concentración de litio grado
industrial, o grado batería. Valor que está también en otorgar seguridad
jurídica y garantizar competitividad a inversiones del orden de los 400 a 600
millones de dólares necesarios para poner en marcha una mina de litio. Está en
el muy buen salario de 300 puestos de trabajo directos cada 20.000 toneladas de
LCE que se produzcan. Está en las 100 nuevas Pymes demandadas para abastecer
con bienes y servicios cada día de producción. Está en el desarrollo de nuevas
infraestructuras y también en un horizonte de trabajos por 30 años.
La burbuja inmobiliaria (adquisición de derechos) y de
precios (tonelada de LCE) creada alrededor del litio tiene fecha de extinción.
La entrada de nuevas producciones en Australia, Chile, Canadá, China, Portugal,
EE.UU., Zimbabue, Brasil, México y en nuestros salares impulsará el precio a
una nueva normalidad. La caída del valor del CLE durante la pandemia, ante la
interrupción en la fabricación de nuevos vehículos eléctricos, nos adelantó lo
que habrá de suceder.
El litio es tan abundante que sólo Argentina aspiraba a
tener instalada una capacidad de producción en el 2023, similar a lo que el
mundo consumió en el 2020. Mientras que para la demanda actual de distintos
metales hay reservas de plomo, oro y zinc para los próximos 18 años, plata para
21, níquel por 35, cobre para 37 y hierro por 60; existen reservas de litio
teniendo en uenta el consumo proyectado para el año 2025: por los próximos 400
años. ¿En qué cabeza puede caber el formar una empresa nacional de litio,
declararlo estratégico, ponerles trabas a la inversión, la que si no se hace ya
jamás se concretará, pues el litio en poco tiempo sobrará?
Livent, con una capacidad de producción instalada de
19.000 toneladas de LCE por año en Catamarca, acaba de retomar inversiones por
USD 300 millones para duplicarlas. Eramine en diciembre del 2019, antes del
COVID19, le transmitió al presidente Alberto Fernández en París que su
inversión en el salar de Centenario Ratones, Salta, para producir 20.000
toneladas de LCE se detendría hasta que Argentina supere controles de cambio y
otras incertidumbres financieras. Faltan invertir allí unos USD 450 millones,
de los 600 que se requieren para empezar a producir.
En informe reciente el Banco Mundial proyectó la necesidad
impresionante de tener que producir unos 3.000 millones de toneladas de
distintos minerales y metales, necesarios para una nueva sustentabilidad
energética y consolidar el tránsito hacia la electro movilidad. Litio, cobre,
plata, aluminio, cobalto, molibdeno: verán multiplicada su demanda actual,
frente al objetivo de mantener el aumento de temperatura global en menos de 2°
Celsius para el 2050.
Un viejo adagio enseñaba que hay tres cosas que no vuelven
atrás: la flecha lanzada, la palabra dada y la oportunidad perdida. Ya no
alcanzaremos los desarrollos de Australia o Canadá, fruto de tantas
oportunidades que hemos perdido. Debemos dejar atrás una clara falta de visión
e ideologismos que dejaron subdesarrollado a una mitad de nuestro país y a
quienes lo habitan.
No somos el único país que tiene litio, sólo hace falta
comprender que competimos con más de 10 países que intentan proveerlo.
Necesitamos similitudes macro económicas con nuestros competidores que
garanticen competitividad al producirlo y abandonar abrazados al conocimiento
los mitos que nos estancan. De lo contrario habremos perdido una nueva, y tal
vez en el tema litio, dada su abundancia en el planeta, nuestra última
oportunidad.
LA COMUNIDAD ANDINA IMPULSARÁ LA DIGITALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Andina
de Perú (https://bit.ly/3ys3P5x)
La Comunidad Andina (CAN) bloque económico conformado por
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, impulsará la digitalización de las
actividades económicas productivas, con transferencia de conocimientos en
tecnología, a fin de enfrentar mejor la etapa pospandemia.
Para este objetivo, la Secretaría General de la Comunidad
Andina y Huawei Technologies firmaron un convenio de cooperación institucional,
el cual permitirá promover una colaboración conjunta mediante el
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y
aquellas derivadas de la Cuarta Revolución Industrial.
El jefe de la CAN, Jorge Hernando Pedraza y el gerente general
de Huawei Colombia, Cheng Peng suscribieron el acuerdo en un acto realizado en
la sede de la multinacional en la ciudad de Bogotá, en la que estuvo presente
el vicepresidente global de Huawei, Mark Xueman.
El secretario general destacó que el Acuerdo permitirá
impulsar transferencia de conocimiento en tecnologías, fortaleciendo la
implementación de la Agenda Digital Andina, prioridad para el organismo, en la
cual se viene trabajando de forma transversal.
“Este convenio considera temas fundamentales como la
conectividad, la nube, inteligencia artificial, Big Data, Internet de las cosas
y otros como energía limpia, formación de talentos digitales, innovación
tecnológica, seguridad cibernética y acompañamiento a la CAN en políticas de
equidad de género”, resaltó.
Durante el acto, Jorge Hernando Pedraza afirmó que la
Secretaría General apoyará la articulación de programas y capacitaciones que
contribuyan a elevar el nivel de conocimiento en tecnologías de la información
y comunicaciones de los países miembros de la CAN.
“Fortaleciendo sus
capacidades y haciéndolos más competitivos ante los nuevos desafíos y la etapa
pospandemia”, afirmó.
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