EL DESTEÑIDO VERDE OLIVO BOLIVIANO

La Policía boliviana ha ocupado un papel importante en la historia reciente de este país, que va desde la persecución a Evo Morales en los años 90, para luego darle su apoyo como mandatario, hasta los más recientes hechos de corrupción en la institución.

“Subordinación y constancia” son los pilares sobre los cuales se pone en pie la Policía boliviana. La entidad fue parte de los momentos clave en la historia del país, actuó como brazo represor de los gobiernos dictatoriales y en 2003 se puso del lado de las reivindicaciones sociales. A mediados de la década del 90 persiguió a Evo Morales y luego estuvo a su lado durante casi los 14 años de su mandato. En 2019 nuevamente se puso del lado de las revueltas populares y solicitó la renuncia de Morales. En junio de 2010 el comandante Óscar Nina ya advirtió que la corrupción era el mayor mal de la entidad; luego Nina fue detenido por ganancias ilícitas… no fue el único que destiñó el traje verde olivo.
La fuerza de la ley
La dictadura en Bolivia empezó el 4 de noviembre de 1964 y terminó el 10 de octubre de 1982. Durante estos años, los militares mandaban en el país y se unieron con la Policía para mantener el orden. Fueron tiempos en los cuales se instauraron las celdas políticas, a donde iban a parar quienes se oponían a los diferentes regímenes autoritarios o, como decía el general Hugo Banzer Suárez que gobernó con mano dura durante siete años, en Bolivia se quería: “Orden, paz y trabajo”.
Aquellos años se organizó una clandestina tercera fuerza armada, los paramilitares. Éstos no eran policías ni militares pero tenían carta blanca para actuar. Luis Espinal –sacerdote periodista y crítico de cine– y Marcelo Quiroga Santa Cruz –político y escritor– fueron dos de los centenares de víctimas de esta represión.
Policía y Ejército
La Policía está a cargo del Ministerio de Gobierno y las Fuerzas Armadas responden al Ministerio de Defensa. Los militares se encuentran preparados para un eventual conflicto bélico, mientras que la tarea principal de los agentes de la Policía es resguardar el orden. El 12 de abril de 2003 ambos bandos se enfrentaron.
Todo empezó con un motín policial contra el “impuestazo” de Gonzalo Sánchez de Lozada (recorte de gastos estatales y creación de un impuesto a los salarios). Ante la falta de atención, los agentes dejaron de trabajar y el caos invadió la ciudad de La Paz. Hubo turbas que saquearon negocios y el mismo centro del poder quedó indefenso. Es más un grupo de estudiantes de secundaria, en plena protesta, llegó a apedrear la misma Casa de Gobierno.
La ciudad era un campo de batalla donde los militares enfrentaron a los policías amotinados. Ambos bandos desplegaron francotiradores y el recuento de la refriega fue de 9 policías, 4 militares y 3 civiles muertos. El gobierno de Sánchez de Lozada reculó, no llegó a aplicar el “impuestazo” pero su imagen fue en picada hasta que en octubre renunció al cargo tras varias jornadas de protesta.
La Policía en tiempos de Evo
Cuando Evo Morales era dirigente cocalero (en la década del 90 y a inicios del nuevo milenio), él era uno de los objetivos de los agentes policiales y la Unidad Móvil de Patrullaje Rural, que se encargaban de la erradicación de cocales excedentarios en el Chapare y que según Morales, como siempre recalcaba, contaba con el adiestramiento de efectivos de la DEA (Agencia Antidrogas Estadounidense).
De aquella época existe una foto histórica en la cual Morales recibe una patada de un efectivo del orden, en Chapare. Y también es parte de la historia aquella frase que le soltó a un policía cuando estaba encarcelado en Copacabana, en 1995: “Oficial, este indio de mierda va a ser tu presidente”.
Así fue. Durante su gobierno (2006-2019) hubo al menos dos momentos complicados para los agentes del orden. El 25 de septiembre de 2011, en la región beniana de Chaparina, la Policía reprimió la marcha de los originarios de tierras bajas, que llevaban su voz de protesta a La Paz contra la construcción de una carretera en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (Tipnis).
Gaseados, maniatados y golpeados la marcha fue disuelta. Por entonces Sacha Llorenti –reconocido exdefensor de derechos humanos– era ministro de Gobierno, luego de la represión en Chaparina fue enviado a Estados Unidos, como embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas.
Otro momento crítico sucedió en abril de 2016. Bajo el lema “¡Renta o muerte!”, las personas discapacitadas solicitaron un bono de 72 dólares al Ejecutivo. Luego de una lenta y sufrida marcha, los manifestantes llegaron hasta inmediaciones de la Plaza Murillo, centro político de Bolivia en La Paz. Allí se encontraron con una valla de más de dos metros de altura y un contingente policial con equipo antidisturbios que resguardaba el centro del poder. En un momento de tensión, aproximadamente medio millar de protestantes fue gaseado, incluso a algunas personas discapacitados les rociaron con químicos en el rostro.
Hubo otros problemas más, aunque de menor intensidad. El 24 de mayo de 2018 la muerte de Jonathan Quispe Vila (20 años) puso en jaque a la Policía y al Ministerio de Gobierno. Por entonces, la Universidad Pública de El Alto solicitaba presupuesto y cuestionaba la opcón de reeleción de Morales a la Presidencia. En una de esas protestas, al joven le dispararon una canica de vidrio y murió.
En primera instancia el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó: “El asesinato fue provocado por los propios manifestantes”, pero las protestas en El Alto, bastión histórico del gobernante Movimiento Al Socialismo, no cedieron. Días después Romero presentó al policía que, supuestamente, disparó aquel proyectil y la autoridad determinó que habría actuado por “cuenta propia”.
Sumado a esto, oficiales involucrados en violaciones, otros atacados por comunarios y los vinculados con el hampa fueron también un dolor de cabeza para la gestión de Morales. Uno de los casos emblemáticos es el de René Sanabria, máxima autoridad en la lucha contra las drogas, que fue detenido en Panamá en febrero de 2011. La DEA, expulsada de Bolivia en 2008, se encargó del operativo que mandó a una cárcel estadounidense a Sanabria.
En junio de 2010, el comandante verde olivo Oscar Nina dijo que la corrupción era el mayor flagelo de la entidad. Señaló que los agentes policiales están estigmatizados como “los campeones de los violadores de derechos humanos”, y dio un plazo para acabar con este flagelo, pero nunca logró cumplir su objetivo. Fue destituido, acusado de corrupción y luego condenado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.
El encontronazo más fuerte de Morales con la Policía fue en 2019. Tras las cuestionadas presidenciales de octubre de ese año la Policía se amotinó contra Morales. El primer estallido de protesta fue en la ciudad de Cochabamba, el 8 de noviembre, luego el motín se replicó en los nueve departamentos. Los militares, a diferencia de 2003, no enfrentaron a los policías, sino que se sumaron a la solicitud de renuncia. El expresidente huyó de Bolivia el 11 de noviembre.
Tras los hechos de 2019 volvió a abrirse una vieja herida en la entidad del orden. En la actualidad, el término despectivo para referirse a los oficiales es “motines”. El nuevo comandante policial, Jhonny Aguilera, anunció que la Policía no volverá a insubordinarse y aseguró que vendrán nuevos vientos para la institución. Aguilera ya fue señalado de corrupción por un narcotraficante; él lo negó todo.
 
 
 
 
 
LA FISCAL QUE VALIDÓ EL INFORME DEL ASESOR DE ZP SOBRE EL PUCHERAZO EN BOLIVIA ARCHIVÓ EL PAGO A NEURONA
 
Ok Diario de España (https://bit.ly/2VWeJTy)
 
Juan Manuel Corchado, profesor de la Universidad de Salamanca y ex asesor del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entregó su informe fake sobre el pucherazo de octubre de 2019 que le encargó la Fiscalía de Bolivia a la fiscal Rocío Feraudi, muy próxima a Evo Morales. Se trata de la misma fiscal que archivó la investigación judicial sobre los pagos de 1,6 millones de dólares que el país andino abonó a la consultora Neurona, vinculada a Podemos y a la cúpula del partido dirigido hasta el pasado mes de mayo por Pablo Iglesias.
Tal y como figura en la documentación que obra en poder de OKDIARIO, cuando Corchado finalizó el informe que le encargó la Fiscalía de Bolivia, por el que le pagaron 30.000 dólares, se lo entregó a la fiscal boliviana Rocío Feraudi. “En la ciudad de Sucre y vía plataforma virtual, el 7 de julio de 2021, a las 9:00 horas, en dependencias de la Fiscalía General del Estado, en presencia de los miembros de la Comisión de Recepción (…)”, arranca el documento.
Este documento se refiere a un informe que el Gobierno de Bolivia, presidido por Luis Arce, delfín de Evo Morales, encargó a Corchado después de una polémica licitación pública. La temática del informe era dilucidar si hubo o no fraude electoral en las elecciones de octubre de 2019, que acabaron con la caída el ex presidente boliviano. A pesar de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un dictamen confirmando que, en efecto, hubo pucherazo, Corchado asegura en su pericial que no. Tras conocerse el contenido del informe del ex asesor del Gobierno de Zapatero la OEA ha vuelto a pronunciarse y, tras poner en duda la tesis de Corchado, se ha reafirmado en su dictamen.
“Se procedió a la recepción definitiva del informe final de la Pericia en el Área de Seguridad Informática y Administración de Redes realizado por el grupo de investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Universidad de Salamanca representada a los efectos del presente informe (…) por Don Juan Manuel Corchado Rodríguez”, continúa. Con este documento, con el que se confirmaba el envío de la pericial desde España hasta Bolivia, está firmado a mano por Ingrid Rocío Feraudi Guerra, que figura como «abogada».
En realidad, Feraudi fue la fiscal sobre la que recayó la investigación por los pagos de 1,6 millones de dólares que el Gobierno de Evo Morales llevó a cabo a través del Ministerio de Comunicaciones a la consultora Neurona, estrechamente vinculada a Podemos. Tras mantener paralizada las pesquisas durante más de 11 meses archivó por completo la investigación.
Siete versiones distintas
El informe de Corchado ha suscitado un enorme revuelo después de que este periódico destapara que el ex asesor del Gobierno de Zapatero pactó por escrito con la Fiscalía de Bolivia la prohibición de que el contenido de la pericial se difundiera sin su permiso y que fuera clasificado como “confidencial”. Otro de los datos que más revuelo ha generado ha sido que Corchado envió hasta siete versiones distintas del documento en periodos de tiempo muy cortos.
Tras la revelación que OKDIARIO hizo sobre este último dato el ex presidente boliviano Carlos Mesa se pronunció públicamente al respecto. «Además de ilegal, extemporáneo y parcial, el informe contratado por los fiscales fue elaborado a medida del cliente y con resultados que este imponía», aseguró Mesa. Y continúa: «Corrigieron hasta 7 veces para adecuarlo al falso relato del golpe y eliminar la verdad del gigantesco fraude», concluye.
Tras conocer todos estos datos, publicados en primicia por este periódico, varios miembros de los dos principales partidos políticos de la oposición de Bolivia han denunciado que el contrato entre la Fiscalía de Bolivia y Corchado es ilegal al estar plagado de irregularidades. La más destacada es que el ex asesor del Gobierno de Zapatero no contaba con el certificado RUPE cuando fue fichado por el país andino, condición sine qua non ara poder contratar con el Estado.
Asesor del Gobierno de Zapatero
Durante el año 2010, Corchado ocupó el cargo de director adjunto de la coordinación del área de Transferencia de Tecnología de la Subdirección General de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, un organismo científico público dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. En el momento en que Corchado fue contratado como experto su jefa fue la entonces ministra socialista Cristina Garmendia.
El paso de Corchado por el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quedó registrado en uno de los curriculum vitae oficiales que constan del profesor de la Universidad de Salamanca ante el Ministerio de Economía. Sin embargo, Corchado se desvincula totalmente de los servicios que prestó en calidad de asesor científico cuando OKDIARIO le pregunta si ha tenido alguna relación con algún partido político o algún Gobierno. “No. Es falso”, repite a este periódico en tres ocasiones.
Pero el vínculo entre Corchado y el Estado no se limita a este trabajo. Este periódico ha localizado decenas de proyectos de investigación dirigidos por el docente financiados con dinero público. Si bien es cierto que ha cobrado ayudas de varias administraciones públicas en gran cantidad de oportunidades han sido adjudicadas en períodos en los que el PSOE estaba en el Gobierno. Por ejemplo, en el año 2008, el Ministerio de Industria financió con 789.000 euros públicos un proyecto del asesor del Gobierno de Zapatero llamado EPC: Enne Community Platform.
El año anterior, en 2007, Corchado, nuevamente del Ministerio de Industria, recibió 456.000 euros para la realización de un proyecto denominado ALIADO. En 2008, y como en las anteriores ocasiones desde Industria, en aquel momento dirigida por el socialista Joan Clos, el docente de la Universidad de Salamanca volvió a ser financiado con dinero público. En esta ocasión la inyección fue de 491.000 euros por un proyecto llamado Open distributed architecture based on agent technology for heavy processing.
 
 
 
 
 
EL RÉGIMEN ARCE-MORALES TRATA DE DIVIDIR A LOS BOLIVIANOS A TRAVÉS DE RELATOS FALSARIOS SOBRE EL FRAUDE DE 2019
 
La Gaceta de España (https://bit.ly/3xOfCL2)
 
Luego de unas fiestas patrias deslucidas por discursos oficialistas de confrontación, división y mentiras sobre el fraude cometido por Morales en 2019, la Organización de Estados Americanos (OEA) reiteró sus hallazgos sobre dicho proceso dejando al descubierto, una vez más, las pretensiones de venganza del Movimiento al Socialismo (MAS) con la sociedad civil que se organizó a nivel nacional en una rebelión pacífica.
Tal como habíamos advertido recientemente, el discurso de Arce por las fiestas patrias fue agresivo y se concentró en la división de los bolivianos, insistiendo machaconamente en el relato de un supuesto golpe de Estado contra Morales en 2019, calificando al gobierno de Jeanine Añez como “gobierno de facto” en numerosas oportunidades, y sosteniendo que “quiso prorrogarse en el poder utilizando la pandemia para seguir vulnerando derechos”.
Es más, Arce dijo “golpe”, “dictadura” y “gestión de facto” en su discurso al menos 50 veces.
Desde luego, y como no podía ser de otra manera, el mandatario socialista provocó la reacción de parlamentarios opositores que interrumpieron su discurso en varias oportunidades con gritos de «¡fraude!», “títere” y “¡democracia sí, dictadura no!”, y dando la espalda a la testera.
A pesar de que, así como denuncia Carlos Sánchez Berzaín, el MAS -sumando el régimen de Morales y el de Arce- acumula cerca de 45 presos políticos y más de 1.800 exiliados en su historial en el poder, todo lo sucedido alrededor de estos actos podría haber quedado solamente en una bochornosa anécdota, pues la oposición actual no apunta a exigir siquiera que se realice una auditoría exhaustiva al actual padrón electoral, del que se presume que cuenta con al menos 1,5 millones de votos fantasma, ni mucho menos interpelar a Arce por impedirlo.
Morales tampoco fue parte de los actos oficiales junto con Arce, como muchos temían luego de que sí lo fuese en el Perú con Pedro Castillo, lo cual hubiera dado un potente mensaje al país, la región y el mundo respecto de quién manda realmente en Bolivia, y de todo lo que el MAS está dispuesto a hacer para permanecer en el poder.
En el aniversario de las Fuerzas Armadas, Arce también tuvo al menos 10 frases importantes que ilustran sus objetivos, entre las que, por ejemplo, destacan: “El proceso de cambio debe seguir adelante y para ello necesitamos el concurso de todos, especialmente de las Fuerzas Armadas”, a las que confirió un carácter “indígena e independentista».
Sin embargo, la OEA decidió -con mucha pertinencia- ratificar los motivos por los cuales realizó un informe exhaustivo sobre el fraude cometido por Morales y su partido en 2019 -además de recordar lo encontrado en su investigación-, en un comunicado de 9 páginas.
En este comunicado, la OEA apuntó que el fraude de 2019 en Bolivia “constituye una vergüenza hemisférica por el cúmulo de irregularidades y por la manipulación flagrante del proceso electoral”, y que “intentar validar este conjunto de irregularidades y manipulaciones, a través de estudios extemporáneos, constituye una grave afrenta a la democracia en el hemisferio”.
Pero la OEA no se ha manifestado únicamente por el relato permanente y machacón del régimen de Arce en actos oficiales de las fiestas patrias, sino debido a que la Fiscalía de Bolivia decidió dar por cerrado el caso sosteniendo que no existe evidencia suficiente del fraude, fundado a su vez en un informe que encargó específicamente a Juan Manuel Corchado, profesor de la Universidad de Salamanca, ya consignado en este espacio.
Sobre el informe de Corchado, la OEA ha dicho que “se refiere única y exclusivamente a temas informáticos con base en información desconocida y proporcionada por el ente estatal, y no abarca otros asuntos de suma importancia para comprender de manera integral los hechos de 2019”.
Entre las 21 irregularidades de las elecciones de 2019 detectadas en el informe del mismo año que el propio régimen de Morales encargó y determinó como vinculante, indistintamente de los resultados que expusiera, la OEA destaca “la utilización de dos servidores ajenos a la estructura tecnológica establecida para el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)”, y que “el entorno permitía la manipulación de los datos, suplantación de actas o cualquier otra maniobra a través de usuarios con privilegios”.
Es por todo esto y más, que el ente regional ha reafirmado su posición de manera contundente y con una demoledora frase que debe quedar registrada en todos y cada uno de los libros de historia que se esté escribiendo sobre tan infame proceso electoral: “de las elecciones observadas por la OEA en la última década, la de octubre de 2019 en Bolivia es probablemente la peor de todas”.
En definitiva, y así como bien señala la OEA, “nunca se va a poder tener confianza en la elección de 2019, por la manipulación, la cantidad de irregularidades, y por la destrucción de evidencia informática y material, por lo que consideran que el estudio pagado por la Fiscalía y otros estudios a pedido, marcan el fracaso de aquellos que intentan de cualquier manera validar lo imposible”.
 
 
 
 
 
CONTRABANDO DE ARMAS A BOLIVIA: EL TESTIMONIO QUE COMPLICA AL MACRISMO Y CONFIRMA EL APOYO MILITAR CONTRA EVO
 
Ambito de Argentina (https://bit.ly/3slsUgH)
 
Wilfredo Chura Condori, un efectivo de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), declaró que se quedó con 40 mil municiones de un total de 70, que la Gendarmería argentina había enviado en 2019 al país vecino para apoyar el golpe de estado contra Evo Morales y aportó, de esta manera, la última pieza que faltaba en la investigación sobre el contrabando de armas a Bolivia durante la gestión del ex presidente, Mauricio Macri.
Según consigna el diario Página12, Condori, jefe de subsección de Almacén Central Material Bélico de El Alto, reveló recientemente cómo la FAB, de un total de 70 mil balas que fueron envidas por la fuerza que dependía de Patricia Bullrich, se quedó con al menos 40.000 municiones antidisturbios que fueron utilizadas para llevar a cabo el golpe de estado contra el entonces presidente Evo Morales.
Según el efectivo, la Gendarmería fue la fuerza encargada de sacar de territorio argentino el material bélico sin declarar el 12 de noviembre de 2019. El equipamiento, había sido transportado en un avión Hércules C-130 que trasladó también a once de efectivos de la fuerza de seguridad nacional a Bolivia para, supuestamente, proteger la embajada y la residencia del embajador argentino en ese país.
Según reveló el matutino, a las cuatro de la mañana del 13 de noviembre de 2019, dos de sus superiores le ordenaron a Chura Condori que fuera a recoger el material antidisturbios en las instalaciones del hangar de la Fuerza de Tarea Aérea Diablos Negros, donde acababa de aterrizar el avión argentino.
La orden, señaló Chura Condori, fue verbal y provino del entonces subjefe del Departamento IV de Logística, Oscar Burgos Gutiérrez, y del entonces jefe de sección de Material Bélico Mario, Luis Suárez Melgar.
En la carta que Terceros Lara, Comandante de la FAB, le envió al entonces diplomático argentino a modo de agradecimiento por la colaboración prestada, hay dos elementos para tener en cuenta.
Por un lado, en el encabezado está mencionado el Departamento IV de Logística- Sección Material Bélico al que pertenecía Burgos Gutiérrez, uno de los que coordinó la recepción de los proyectiles y que además podrá señalar quién fue su contraparte argentina.
A raíz de esta declaración, la FAB realizó un sumario interno en el cual se les pidió informes a los efectivos que tuvieron participación en el arribo del Hércules C-130 al aeropuerto de El Alto. Allí también declaró José Luis Aguilar Orellana, que estaba de guardia en la madrugada del 13 de noviembre de 2019. Ese testimonio le otorga un rol central a la embajada argentina en los episodios que ocurrieron en el hangar.
Cronología de los hechos
De acuerdo a la declaración de Aguilar Orellana, alrededor de las tres de la mañana llegó el personal y la comitiva de la embajada argentina con sus familias que iban a salir del país. Además, según detalló, estaban escoltados por dos móviles de la Policía Boliviana y, media hora después, llegó el coronel Alberto Saavedra Nogales.
Nogales, según Orellana, fue quien ordenó que el personal de guardia y el del grupo de emergencias de la Fuerza de Tareas Aérea Diablos Negros apoyara únicamente el servicio de “parqueo” del Hércules argentino: el resto iba a quedar en manos del embajador Álvarez García y de sus funcionarios.
“La Embajada Argentina realizó todo el trámite migratorio, aduanero, recepción de pasajeros y la carga las cuales abordaron directamente a los vehículos oficiales de la Embajada Argentina”, dice el informe confeccionado por Aguilar Orellana, que publicó Página/12.
Después de que estallara el escándalo por el contrabando de armas, el embajador argentino, Álvarez García, se mostró ajeno a todo lo que rodeó la llegada de las municiones, aunque llegó a conceder que pudo haber existido un circuito paralelo.
Hasta ahora la información que procede desde Bolivia indica que, por un lado, de las 70.000 balas antitumulto 12/70 que salieron de la Argentina, 40.000 quedaron en poder de la FAB y 26.900 de la Policía de Bolivia. Ni uno solo de esos cartuchos volvió al país, por lo que restaría saber qué pasó con las 3100 restantes. Una hipótesis que manejaba el gobierno de Bolivia era que pudieran haber sido entregadas a grupos paramilitares.
Otro hecho confirmado es que, el avión Hércules C-130 salió a las 5:37 de Bolivia con plan de vuelo hacia San Salvador de Jujuy, la provincia natal del embajador y donde actualmente ejerce como ministro de Trabajo de Gerardo Morales. Volvían en ese vuelo 16 ciudadanos argentinos y los trece tripulantes de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) que estuvieron a cargo del transporte del cargamento que llevaron los gendarmes que mandó Bullrich.
Cómo fue el contrabando de armas a Bolivia
Todo comenzó el 12 de noviembre, cuando la Gendarmería pidió sacar un complemento de las armas que ya le había autorizado un día antes la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). Allí pidió autorización para llevar las 70.000 balas antitumulto, las granadas y los sprays.
Ese mismo día hubo una reunión en la Casa Rosada entre el jefe de Gabinete Marcos Peña, Bullrich y los cuatro jefes de las fuerzas de seguridad federales. El comandante de la Gendarmería, Gerardo Otero, llegó acompañado por su secretario privado.
Cuando terminó la reunión, el jefe del Grupo Alacrán de la Gendarmería, Fabián Salas, mandó un fax a la FAA para avisar que también transportarían los 70.000 cartuchos. Remarcó que era lo que solían usar en casos como el de Bolivia, algo a todas luces no era cierto. El pedido inicial fue de llevar 3600 balas. Al día siguiente, multiplicaron la cantidad por 20.
El Hércules C-130 salió a las 23.40 de la base aérea de El Palomar, y en su plan de vuelo, nunca fueron declaradas las 70.000 balas de goma.
A las cuatro de la mañana el avión argentino llegó al hangar de los Diablos Negros en el aeropuerto de El Alto con once gendarmes, trece integrantes de la FAA como tripulación y una carga de 2500 libras. La FAB se encargó de recoger los 40.000 cartuchos antitumulto del propio hangar.
Los gendarmes bajaron del Hércules y se encaminaron hacia la residencia argentina junto con el embajador y los agregados. Allí se hizo entrega de las 26.900 balas a la Policía de Bolivia. En esta última fuerza, no se encontró ningún documento que diera fe de las municiones argentinas pero sí un inventario que hicieron unos mayores. En la FAB, en cambio, sí hubo un inventario y una carta que ese mismo 13 de noviembre mandó el comandante Terceros Lara en agradecimiento.
Cuando los efectivos de la Policía de Bolivia pidieron a los gendarmes el desglose del material recibido, les respondieron que había sido coordinado por “altos mandos”. Ese mismo día, el jefe de la Gendarmería, Otero, envió un sobre cerrado a través de la embajada de Bolivia en la Argentina al jefe de la Policía. Una posibilidad es que ese sobre cerrado contuviera el desglose que les habían pedido a sus subordinados.
El ministerio de Gobierno de Bolivia identificó a Adolfo Caliba, el agregado de la Gendarmería en La Paz, como quien coordinó la entrega de los proyectiles a la Policía de Bolivia. Resta saber si él también coordinó con la FAB, lo que sería poco probable, o si hubo una coordinación a través de los agregados militares.
El 17 de noviembre de 2019, Caliba participó de una reunión con las autoridades de la Policía de la dictadura de Jeanine Añez y le transmitió a Otero que decían que se estaban quedando sin materiales químicos.
 
 
 
 
 
SUMAN NUEVO DOCUMENTO POR EL ENVÍO DE MATERIAL BÉLICO A BOLIVIA
 
Una declaración firmada por un oficial de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) ordenó "recoger" 40.000 municiones antitumulto que habían llegado desde Argentina
 
Diario UNO de Argentina (https://bit.ly/3xKGgEs)
 
La investigación por el contrabando a Bolvia de material represivo sumó un nuevo documento que podría constituirse como prueba en la causa judicial, al conocerse una declaración firmada por un oficial de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) en la que reconoce que el 13 de noviembre de 2019 se le ordenó "recoger" 40.000 municiones antitumulto que habían llegado desde Argentina.
El documento, difundido por Página/12 y al que también accedió Télam, está firmado por el jefe de subsección de Almacén Central Material Bélico de El Alto de la FAB, Wilfredo Chura Condori, y detalla que ese día se recogieron de un hangar del aeropuerto de El Alto "40.000 municiones antitumulto calibre 12/70, 50 granadas de gas de tipo CN, 19 granadas de gas CS, 52 granadas de gas HC, como también 18 sprays lacrimógenos MK9 y 5 sprays MK4".
El informe rubricado por Chura Condori está dirigido a un coronel de la misma FAB, se confeccionó hace exactamente un mes -el 15 de julio pasado- en razón de la investigación que se lleva a cabo tanto en Bolivia como en Argentina, y en su primer párrafo identifica al cargamento mencionado como "material antidisturbios procedente de la República Federal (sic) de Argentina".
En otro apartado del texto, el oficial de la FAB relata que se constituyó para "el recojo del material antidisturbios" por indicación de dos superiores, el subjefe del Departamento IV-Logística del Estado Mayor General de la FAB, coronel Oscar Gutiérrez, y del jefe de la sección de Material Bélico Mario Suárez Melgar.
El cargamento, sigue Chura Condori, "se trasladó al Almacén Central de Material Bélico con la presencia del subjefe del Departamento IV-Logística EMGFAB" (por el coronel Gutiérrez), y allí "se procedió a levantar un registro del material antidisturbio" que había llegado desde Argentina y que provenía de unas partidas producidas por la empresa estatal Fabricaciones Militares.
Esta revelación suma otra prueba que demuestra que en la madrugada del 13 de noviembre de 2019 fuerzas armadas y de seguridad de Bolivia recibieron pertrechos represivos procedentes de la Argentina en el aeropuerto militar de El Alto, un cargamento que había llegado hasta allí en el avión Hércules C-130 que trasladó a La Paz a un contingente de once efectivos del grupo Alacrán de Gendarmería.
Ese avión transportó 70.000 municiones antitumulto, junto a las granadas de gases lacrimógenos y los sprays de gas pimienta, y para justificar tal cantidad de munición el jefe del grupo Alacrán comunicó que era lo que necesitarían para custodiar la embajada argentina en La Paz y la residencia del embajador en la misma ciudad, lo que no suena creíble.
De esas 70.000 balas antidisturbio calibre 12/70 que llegaron en el Hércules, 40.000 quedaron de este modo en manos de la FAB mientras que otras 26.900 fueron recibidas por la Policía boliviana, por lo que aún resta saber qué ocurrió con los 3100 cartuchos restantes, datos que surgen de la investigación administrativa que viene realizando el actual gobierno de Bolivia, a cargo de Luis Arce.
Otro documento incriminatorio que apuntaló la denuncia del contrabando es la carta que el entonces comandante de la FAB, Jorge Gonzalo Terceros Lara, envió ese mismo 13 de noviembre de 2019 a quien revestía como embajador argentino en La Paz, Normando Álvarez García, para "agradecerle por la colaboración prestada a esta institución armada en el marco del apoyo internacional entre nuestros países debido a la situación conflictiva que vive Bolivia".
El informe conocido este domingo, en el que el oficial de la FAB Chura Condori consigna que recibió órdenes de trasladar los pertrechos represivos a un almacén de la fuerza, reafirma la hipótesis de que las pertrechos de Gendarmería fueron utilizados en la represión contra los manifestantes que denunciaban un golpe de Estado.
Mientras se difundía este documento, la investigación judicial por el presunto contrabando agravado se encuentra temporalmente sin juez ya que los tres magistrados que intervinieron hasta ahora -Javier López Biscayart, Alejandro Catania y Rafael Caputo, los tres del fuero Penal Económico- se excusaron y plantearon que todas las actuaciones referidas a estos hechos deben acumularse en una única causa.
 
 
 
 
 
ESTENSSORO INSISTE: "LA MUERTE DE MI PADRE NO FUE UN ACCIDENTE"
 
Ambito de Argentina (https://bit.ly/3AIZNXO)
 
“No lo investigué pero lo de mi padre no fue un accidente de avión, fue un atentado”, aseguró la periodista y política María Eugenia Estenssoro, al referirse a la muerte de su padre, José "Pepe" Estenssoro, destacado ingeniero civil que se desempeñó al frente de la petrolera YPF, antes de la privatización durante el gobierno de Carlos Menem.
Nacida en la Paz, Bolivia, Estenssoro se radicó en Argentina con 4 años. Sus padres habían decidido en ese entonces sentar las bases en el país, motivados por las políticas que el entonces presidente, Arturo Frondizi, aplicó a partir de la ideas del desarrollismo en 1962.
Durante una entrevista con Clarín, Estenssoro volvió a insistir en sus sospechas de que la muerte de su padre no se produjo por accidente sino que fue premeditado.
"Lo de mi padre no fue un accidente de avión, fue un atentado", afirmó y sostuvo que sus sospechas en torno a la muerte del ex titular de YPF se debe al devenir de la empresa estatal, luego de su fallecimiento.
“YPF dejó de ser una empresa eficiente para trasformarse en un botín de la política", destalló la ex senadora nacional, y agregó: "Hay muchos intereses en juego. Tras la muerte de mi padre llegó la oscura privatización con la venta a Repsol, el desprendimiento de la acción de oro. Y más acá en el tiempo es una caja negra de la política. Recordemos la estatización en la que la familia Eskenazi toma el control de la compañía con los costos que significó en términos de caída de producción petrolera”.
Los dichos de la periodista se deben a que José Estenssoro, su padre, fue quien puso en marcha en un proceso de innovación tecnológica dentro de la petrolera estatal. Bajo su liderazgo, YPF dejó de ser una empresa subsidiada por el Estado para convertirse en la décimo-tercera mayor petrolera del mundo .
La muerte Estenssoro padre se produjo en mayo de 1995, luego de que el avión en el que se trasladaba sufrió un accidente en la zona del volcán de Sincholagua, Ecuador.
 
 
 
 
 
“¿SOS DE BOLIVIA ENCIMA?”: MILITANTE K DISCRIMINÓ E INCREPÓ A UN CANDIDATO DE “JUNTOS”
 
La Critica de Argentina (https://bit.ly/3ySGaMf)
 
Un candidato a concejal de “Juntos” en Lomas de Zamora fue increpado por un militante de la UTEP, organización cercana a Juan Grabois, quien se acercó a un stand de campaña opositor y lo discriminó por “ser extranjero”.
Las imágenes registradas por el precandidato a concejal, Luis Villarroel, se viralizaron entre los vecinos, que repudiaron en redes sociales el accionar el militante, que vestía un barbijo de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).
El video muestra cómo un hombre de nos 40 años se acerca a increpar a los militantes de “Juntos” que estaban parados junto al stand de campaña. Al comienzo del video se lo escucha a Villarroel preguntarle al hombre por el reciente episodio de represión sufrido por un grupo de personas que reclamaban frente al Municipio de Lomas por trabajo y comida: “Decime lo que hizo Insaurralde por la gente de la Ribera”.
“A mi me importa lo que hizo Macri”, le responde en reiteradas ocasiones el militante de la UTEP, quien, tras negarse a responder a la pregunta sobre Insaurralde, soltó: “¿Sos de Bolivia encima? ¿Vos sos extranjero? ¡Ah! ¿Sos extranjero y encima votás a Macri?”.
El ataque llevó a que el espacio opositor “Juntos” emitiera un comunicado en repudio al acto de discriminación del que fue víctima Villarroel. “En una clara demostración de una acción sistemática, hoy nuestro precandidato a concejal, Luis Villarroel, representante de las comunidades migrantes, de origen boliviano, que vive en la Argentina hace más de 30 años, ha sido agredido por un integrante de UTEP vinculado a Juan Grabois, en la esquina de Hipolito Yrigoyen y Saenz, frente al Municipio de Lomas de Zamora”.
En el comunicado, “Juntos” dejó en claro que no es el primer episodio de esta índole que sufrieron en los últimos días: “Hecho que también sufrió el precandidato a concejal Mario Yorio mientras conversaba con vecinos. Discriminar a alguien por su voz, su color de piel o su presunta falta de conocimiento educativo, es algo que en la democracia no puede pasar inadvertido. Todas las fuerzas que componen el frente JUNTOS, expresan su solidaridad con Luis y con Mario y repudio ante los reiterados ataques físicos y verbales ocurridos en Lomas de Zamora”.
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TANTAS VECES EVO: LA PRESENCIA DEL EXPRESIDENTE EN LIMA
 
La Revista Caretas de Perú (https://bit.ly/3sn5vMc)
 
La presencia constante del expresidente de Bolivia, Evo Morales, en la escena política nacional no es reciente. Durante la primera vuelta de la campaña electoral ya Morales marcaba terreno sobre la candidatura de Pedro Castillo. Tras el triunfo de Perú Libre, su aparición en Lima fue creciendo hasta el punto de estar invitado en la juramentación presidencial al lado de los presidente de Colombia, Chile e incluso el Rey de España. En ese contexto, un breve repaso sobre las reuniones y comentarios del boliviano es esencial para entender su posible rol durante la gestión presidencial.
Durante la campaña
«Saludamos y expresamos respeto y admiración a Pedro Castillo de Perú que tiene un programa similar al nuestro: revolución democrática y cultural pacífica, defendiendo recursos naturales e impulsando una Asamblea Constituyente, en beneficio del pueblo para que haya justicia social» escribió en sus redes sociales durante la campaña. Cabe señalar que Evo Morales, previo a este apoyo a Pedro Castillo, al inicio de las elecciones, él apoyaba a Verónika Mendoza, candidata de Juntos Por el Perú y ahora aliada del mandatario Castillo.
Carlos Valverde, importante analista político de Bolivia, conversó con CARETAS a propósito de la aparición de Morales y explicó que el expresidente es una persona «ubicua» pues hace unas semanas el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) apoyaba en la primera vuelta a la candidatura de Verónika Mendoza pero al ver que no pasó a segunda vuelta decidió respaldar a Pedro Castillo. “Yo creo que Morales está tratando de conseguir espacios donde todavía pueda pisar para dar una imagen de tener política. Nicolás Maduro ya no es un hombre para visitar y Daniel Ortega esta cada vez peor políticamente. Solo le queda Alberto Fernández y, él, está peor que todos nosotros», mencionó. Además, piensa que la elección de un político de izquierda en Perú le permitiría tener un aliado estratégico en la región.
Además, Valverde también criticó las irregularidades del proceso de la Asamblea Constituyente de Bolivia, la cual tuvo como resultado una Constitución que inicialmente las fuerzas políticas no habían planeado. » No se pudo hacer de una forma peor. La idea de Asamblea Constituyente de Evo Morales es una mezcla de Hugo Chávez Frías y Fidel Castro.
La juramentación
El respaldo no quedo ahí. Dos días antes de Fiestas Patrias, Morales llegó al Perú nuevamente para la proclamación de Pedro Castillo, pero previo a ello se reunió con Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, en un restaurante muy conocido en el distrito de Miraflores, donde tuvo una cena de bienvenida. Por cierto, hubieron muchas criticas porque primero se reunió con Cerrón y no con el ganador de las elecciones presidenciales.
Además, el mismo 28 de julio participó de la ceremonia protocolar y participó en el almuerzo de confraternidad con presidentes y líderes internacionales en el Centro de Convenciones de Lima. Con ello, tanto Castillo y Cerrón evidenciaron la importancia a la figura de Morales.
Luego Moralaes sostuvo que “hay mucha agenda” por tratar con Castillo Terrones y que sería “lindo” trabajar en una relacionada a temas binacionales. “Con seguro hay mucha agenda y pedirle reuniones. Qué lindo sería lanzar una agenda binacional, sería el mejor homenaje a nuestros próceres, aquellos hermanos que intentaron la unidad entre la Confederación Perú Boliviana. Vamos a escuchar también los planteamientos, cómo tomar conjuntamente con el hermano presidente del nuevo gobierno encabezado por Pedro Castillo”, dijo el 28 de julio.
Después de campaña
Morales dijo tener conversaciones pendientes con el jefe de Estado, Es por ello, que este 10 de agosto, volvió a Lima. Al día siguiente, el boliviano participó en el Foro Sindical «El papel de las organizaciones populares en los cambios políticos, económicos y sociales en América Latina», organizado por la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú – FENATEPERU.
En ese Foro, Morales resaltó que «tenemos coincidencias en las luchas sociales y luchas político electorales para la liberación de la #PatriaGrande«. Además, acordaron realizar un encuentro internacional que defina estrategias pacíficas para cuidar y defender al gobierno de Pedro Castillo e «impulsar una #AméricaPlurinacional, que es de los pueblos para los pueblos».
Por otro lado, también estuvo presente en una reunión que sostuvo con la Confederación Campesina del Perú-CCP, la Confederación Nacional Agraria y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas del Perú, donde «recordamos con añoranza y conmovidos nuestras luchas por dignidad», señaló.
El expresidente de Bolivia, también apoyó este último miércoles, la conformación de una Asamblea Constituyente en Perú durante la estadía que cumple en dicho país andino.
«La mejor forma de cambiar la política, según nuestra experiencia, es la (conformación de una) Asamblea Constituyente, la refundación de nuestras repúblicas a 200 años de fundación. En la parte económica, la nacionalización es importante; en la parte social, la redistribución de la riqueza», dijo Morales durante una reunión que sostuvo en Lima con la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú.
Y este jueves, 12 de agosto, Evo Morales, tuvo una reunión con la Confederación General de Trabajadores del Perú- CGTP, «compartiendo experiencias de luchas por reivindicaciones sociales y cambios estructurales a los Estados sometidos al neoliberalismo». Tras esa reunión, se le captó a Evo Morales, almorzando en una cubichería muy conocida de Lima.
 
 
 
 
 
DIRCOTE, EVO Y OTRAS PERLAS
 
El Expreso de Perú (https://bit.ly/3AR3FGp)
 
El impresentable politiquero leninista Evo Morales (una de las caras visibles del Foro de Sao Paulo, edecán de esa feroz dictadura cubana y monigote del tirano Maduro) visita el Perú por segunda vez, en sólo dos semanas, con premeditada intencionalidad ideológica. Sino, ¿qué busca este indeseable paseándose como Pedro por su casa en un país donde el ciudadano defiende los principios democráticos, que van a contrapelo de las ideas y prédicas envenenadas de este sujeto boliviano? Morales se aloja en el hotel limeño más lujoso, frecuenta los restaurantes más elegantes y transita cuidado por gran número de policías pagados por usted, amable lector.
Durante su primera visita a Lima –para la juramentación de Pedro Castillo- indicó que estuvo “en permanente contacto con el hermano Pedro durante la campaña (electoral). Es un hermano de origen sindical. Con él tenemos enormes coincidencias políticas y programáticas (…). Hay mucha agenda por tratar con él”, manifestó este agente de la carroña chavista. Entre los puntos a tratar, habló de “la explotación del litio”. Y seguro, sobre la entrega como espacio boliviano, de un puerto en territorio peruano, oferta que plantearon delante de Castillo durante una de sus frecuentes estadías en Bolivia como dirigente de la facción senderista del Sutep, mientras ya urdía su campaña electoral. Evo regresó hace poco, “para reunirme con dirigentes cocaleros y los profesores”. Con tono impositivo determinó que “los gobiernos de Bolivia y Perú retomarán su agenda binacional para impulsar la distribución del gas natural, también la integración fronteriza y la construcción de un teleférico en territorio peruano.” Morales fue partícipe del triunfo de su polichinela Luis Arce, actual presidente boliviano, en comicios que la Secretaría General de la OEA califica como ¡los peores que ha auditado! ¿Acaso Evo le facilitó esta fórmula a Castillo? “Fueron la vergüenza hemisférica por el cúmulo de irregularidades; una manipulación flagrante” dijo la OEA. Si el comunista Salas Arenas del JNE hubiese aceptado una auditoría de la OEA -y/o de la UE- quizá hubiera sido más ácido este calificativo.
Apostilla. Antes de colapsar en su aventura, los comunistas que han tomado el Perú, vía elecciones cuestionadas, vienen dando muestras de encontrarse desesperados. Tanto que el sábado intervinieron la Dircote, probablemente para secuestrar material informativo sensible que les sirva para enterarse –¿o advertir al terrorismo?- sobre las investigaciones y conclusiones a las que ha llegado uno de los mejores sistemas de investigación con que cuenta la Policía Nacional para afirmar la seguridad interna. ¿O intervinieron Dircote para adecuar testimonios sobre las relaciones que han mantenido (¿o acaso mantengan?) las altas autoridades nombradas por el régimen con sendero luminoso y/o el mrta? Empezando por el primer ministro Guido Bellido, el ministro de Trabajo, etc.; además de congresistas que han sido inconcebiblemente electos, como Bermejo, todo por cortesía del JNE que preside el comunista Salas Arena. Aunque, asimismo, intervenir la Dircote reflejaría algún afán del gobierno Castillo por recabar informaciones que le sirvan para mantener amedrentada a la población, debilitar la democracia y quebrantar, aún más, el Estado de Derecho.
 
 
 
 
 
COMO PEDRO EN SU CASA
 
Diario Correo de Perú (https://bit.ly/3CP7M7r)
 
La reciente visita del cuestionado expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien atendió actividades privadas en el país, ha causado gran preocupación, sobre todo por el despliegue de seguridad que recibió de parte de la Policía Nacional y su desplazamiento en un automóvil oficial asignado, según se informó, a la Cancillería del Perú. Para justificar las críticas, el director de Seguridad del Estado de la PNP, señaló que el D.S. 026-2017 faculta a la Policía a brindar seguridad y protección a nivel nacional a todos los dignatarios que visiten el país y que el pedido lo formuló la Cancillería.
Pero, lo que se ha omitido decir y que hay que tener muy claro es que, una cosa es la visita de una autoridad o personalidad extranjera para atender actividades “oficiales” y otra muy distinta es la de su visita para atender eventos privados. Evo Morales regresó al país para participar de un evento organizado por el Sindicato magisterial FENATEP (Nuevo brazo político del Movadef según se ha difundido), fundado por Pedro Castillo en 2017, además de realizar visitas de carácter político y proselitista a organizaciones sociales.
Si bien el Reglamento del D.L. 1267, Ley de la PNP, publicado el 15 octubre 2017, señala que entre las funciones de la PNP (artículo 4, inciso 7) está el “Brindar seguridad al Presidente de la Republica en funciones o electo, a los ex Presidentes, Jefes de Estado en visita oficial, a los presidentes de los poderes públicos y organismos constitucionalmente autónomos, a los congresistas de la República, ministros de Estado así como a diplomáticos, dignatarios y otras personalidades que determine la legislación sobre la materia”, la norma en cuestión se refiere a actividades oficiales y no de índole “privada”.
Ninguna “discrecionalidad” podría amparar una situación distinta. Haría bien la Cancillería en explicar la razón del uso de recursos públicos para atender a invitados extranjeros que asisten a actividades privadas que no tienen ninguna finalidad publica, pues lo contrario podría constituir delito de peculado de uso o malversación de fondos. Vivimos una democracia en la cual los funcionarios públicos deben cumplir rigurosamente la ley, y rendir cuentas a la ciudadanía del uso de los bienes que se han puesto bajo su custodia para un fin común. Si el presidente Castillo desea luchar contra la corrupción, haría bien en dar el ejemplo y evitar privilegios indebidos e ilegales a favor de los amigos de sus amigos, a través del uso y abuso de bienes públicos
 
 
 
 
 
LA GUERRA DEL LITIO: EL KIRCHNERISMO PROMOVERÁ UNA EMPRESA ESTATAL
 
El diputado Carlos Heller confirmó que preparó un proyecto de ley para regular el mercado del mineral en la Argentina y promover la producción local de baterías; la situación de las actuales inversiones.
 
El Cronista de Argentina (https://bit.ly/3CR7tJr)
 
Al ritmo del crecimiento de la industria del litio a nivel mundial y la denominada guerra del "oro blanco" en la Argentina, el kirchnerismo finalmente empezó a darle forma a un proyecto de ley tendiente a crear una empresa estatal para promover la extracción del mineral y la fabricación de baterías al mismo tiempo que regular con mayor énfasis las inversiones privadas.
El diputado kirchnerista Carlos Heller, uno de los hombres de mayor confianza de Máximo Kirchner en el Congreso, confirmó a El Cronista que "hay una idea concreta de abrir el debate para proteger la extracción de litio en el país e impulsar la producción local del mayor insumo que implica este mineral y que son las baterías".
El legislador del Frente de Todos aclaró que la intención de su bancada es discutir el tema con el Poder Ejecutivo para arribar a un consenso y desechó de plano que haya intenciones de estatizar la producción completamente. Es decir, que las actuales inversiones extranjeras de yacimientos de litio que hay en el país no se tocarán de ninguna manera ni sufrirán intervención etatal.  
En la Argentina el empleo por la extracción de este mineral se duplicó en los últimos 3 años. A junio del 2020 se registraban más de 4400 empleos directos e indirectos de esta industria minera y según datos oficiales del Ministerio de Producción el país tiene potencial para llevar las exportaciones de litio de los u$s 190 millones en 2019 a los u$s 2101 millones en 2030.
La explotación de litio se despliega hoy en un preciado triangulo conformado en la cordillera de los Andes que une a la Argentina, Bolivia y Chile. Allí compiten centenares de compañías de Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Corea del Sur, Italia y China para extraer este mineral que escasea en el mundo entero. Una dura batalla se despliega allí entre empresarios por la adquisición de zonas de explotación del litio.
En la Argentina el esquema extractivo se concentra en las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca pero sólo hay tres empresas privadas que desde hace menos de un año se dedican a extraer el mineral y producir las baterías en el país. El resto de las compañías exportan el mineral en bruto a sus países para la producción de baterías para autos, celulares y otros aparatos tecnológicos.
La idea de Heller que acompañan varios diputados del oficialismo es establecer en la Argentina un "modelo de producción de litio" como el que estableció en su momento Evo Morales en Bolivia. Es decir, una suerte de empresa estatal como YPF pero de litio, según remarcó Heller.
La idea está dialogada también con Máximo Kirchner y con el diputado del Frente de Todos Marcelo Koenig. "La idea es agregar valor agregado a la producción de litio, no estatizar ni tocar las actuales inversiones extranjeras en marcha", remarcó el diputado Heller.
Al mismo tiempo, el artículo 124 de la Constitución establece que "las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto".
En Bolivia hay un límite muy estricto al momento de la incursión privada en la exploración del litio y la empresa estatal YPFB tiene un peso muy fuerte al momento de manejar los yacimientos de litio. A Heller le entusiasma este modelo de producción que ya dialogó con destacados referentes del Frente de Todos.
Se sabe que el triángulo de Bolivia, Argentina y Chile es uno de los reservorios de litio más importantes del mundo. En la actualidad hay más de 15 países que invierten en esa zona para la extracción de un mineral escaso de donde se producen las baterías para celulares y para automóviles eléctricos.
En paralelo a esto, el ministro de la Producción, Matías Kulfas, elaboró un proyecto de ley para que haya una participación mixta con el sector privado para la fabricación de las baterías de litio en la Argentina. Aunque esta iniciativa está frenada y no fue enviada aún desde el gobierno al Congreso.
De hecho, como adelantó El Cronista, el Ministerio de la Producción ya tiene listo el borrador de un proyecto de ley de electromovilidad que se sustentada en tres pilares: incentivos impositivos, exigencias de línea de producción y obligaciones contractuales para los próximos 10 años.
El presidente Alberto Fernández había adelantado en marzo pasado que presentaría en el Congreso la idea global del proyecto de electromovilidad para avanzar cuanto antes en la reconversión de la producción de energía eléctrica en la Argentina. Pero por ahora nada de esto ocurrió.
 
 
 
 
 
DICTADURAS CASTROCHAVISTAS SIN PUEBLO, ECONOMÍA NI MITOS: SOLO CRIMEN
 
Infobae de Argentina (https://bit.ly/3g6KEri)
 
Las dictaduras del socialismo del siglo XXI no tienen respaldo popular, han destrozado las economías de sus países y nadie cree las narrativas ficticias con que se atribuían cualidades inexistentes. La valentía del pueblo cubano movilizado desde el 11 de Julio 2021 ha desencadenado un proceso irreversible a la libertad y la democracia y empoderado a los pueblos oprimidos. Las dictaduras, con Cuba como jefe e integradas por Venezuela, Bolivia y Nicaragua, no tienen pueblo, no tienen economía, han perdido sus mitos y han quedado como grupo estructurado de delincuencia organizada transnacional.
El proceso de liberación de Cuba marcado con el hito histórico del 11 de Julio 2021 no se detendrá hasta que el pueblo cubano tenga “libertad, patria y vida” que resumen las condiciones mínimas para una vida humana. La valentía de los cubanos le está mostrando al mundo la situación subhumana en la que viven cerca de doce millones de seres humanos presos en su propia Patria, sin derechos, con hambre, sin servicios mínimos, sin seguridad, sin condiciones mínimas de salud, sin presente ni futuro.
La realidad objetiva de las condiciones de opresión, sometimiento y miseria del pueblo cubano, recordada al mundo a partir del 11 de Julio 2021 y los reincidentes “crímenes de lesa humanidad y terrorismo de estado” con los que la dictadura responde hasta ahora el pedido de libertad, han terminado definitivamente con la falacia que llamaron “revolución cubana” y con todos los falsificados éxitos en materia de educación, salud, deporte y organización social. Lo real es un régimen infame y criminal al que ni sus más obsecuentes seguidores tienen argumentos para defender.
El “modelo de la revolución cubana” o “castrismo” se expandió y estableció en Venezuela, Bolivia, Nicaragua y en Ecuador con Correa, por el aporte del petróleo, dinero y la libertad de Venezuela que en alta traición a su Patria ejecutó Hugo Chávez a partir de 1999. No es concebible el siglo XXI marcado por la expansión dictatorial cubana, sin el aporte, gestión, traición y corrupción de Chávez. La sociedad Castro y Chávez -metodología criminal y recursos- convirtieron el agonizante castrismo de los noventa en el “castrochavismo” del siglo XXI con banderas de populismo bolivariano y socialismo del siglo XXI.
La base metodológica de la dictadura de Cuba es la manipulación sostenida con la corrupción, el miedo y narrativas épicas falsificadas. De esta manera, empezando con Hugo Chávez, siguiendo con Evo Morales, Rafal Correa, Daniel Ortega, Lula da Silva, Nicolás Maduro, Néstor Kirchner y más, a partir de “minorías relativas” construyeron mayorías absolutas, penetraron los sistemas democráticos para destrozarlos y suplantarlos estableciendo dictaduras electoralistas para detentar el poder indefinidamente con careta de cambio y revoluciones.
El respaldo popular inicial de los jefes del socialismo del siglo XXI que siempre fue menor al 50% de los votantes y mucho menor al 50% de los ciudadanos de sus países, bajó rápidamente y la metodología castrochavista del siglo XXI lo reemplazó con la “institucionalización del fraude electoral”. El fraude fue reforzado con el método castrista tradicional de persecución, encarcelamiento, exilio de líderes democráticos, asesinato de reputación, control de prensa y la construcción de “oposiciones funcionales” para sostener al régimen con apariencia de democracia.
El “desarrollismo económico” y la “prebenda populista” rindieron resultados efímeros a la sombra del boom de los precios de materias primas, pero los altísimos niveles de corrupción institucionalizada acabaron pronto con la esperanza los pueblos de vivir mejor y tener futuro. Lograron repetir en Venezuela, Nicaragua y Bolivia y las características de crisis y dependencia de Cuba. Venezuela soporta una crisis humanitaria igual o peor que la cubana, Nicaragua con niveles de miseria crecientes como Bolivia que publicitó éxitos económicos falaces y que hoy ya no puede disfrazar el aumento de la pobreza y la destrucción del sistema productivo.
Las dictaduras del socialismo del siglo XXI, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua han convertido a esos países en insosteniblemente endeudados, han hipotecado las próximas generaciones para producir miseria. Los han convertido en narcoestados y están devastando sus recursos con entreguismo y corrupción. Todos tienen perseguidos, presos y exiliados políticos certificados por entidades internacionales. En todos la calidad de vida ha caído y la inseguridad ha subido y sus regímenes se mantienen solo por el miedo fundado en la manipulación de la justicia y la fuerza.
No tienen pueblo, no tienen economía y tampoco mitos. En breve tampoco tendrán impunidad.