EL GIEI CONFIRMA LAS MASACRES DE SENKATA Y SACABA

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha concluido que en la crisis política de 2019 se produjeron gravísimas violaciones contra los derechos humanos, inclusive ejecuciones sumarias, masacres, racismo, tortura y agresiones sexuales.

Determina que 38 personas murieron y muchas otras fueron heridas, molestadas sexualmente, secuestradas temporalmente, vejadas, torturadas, discriminadas racialmente, detenidas incorrectamente, procesadas sin debido proceso y otros abusos.

 Las victimas de las violaciones son millares y el GIEI recomienda que se haga un censo para identificarlas totalmente. Exige sanción para los responsables.

¡¡¡NO ES VENGANZA ES JUSTICIA...!!!

¡¡¡FUE GOLPE DE ESTADO...!!!

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó la violencia ocurrida en Bolivia desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2019, confirma la ruptura del orden constitucional con un golpe de Estado, la sucesión ilegal de Jeanine Añez como presidenta, el delito de ejecución extrajudicial y la violación de derechos humanos, aseguró ayer el Presidente Luis Alberto Arce Catacora.

La integrante del GIEI Bolivia Patricia Tapattá fue la encargada de sintetizar los resultados del informe final respecto de las masacres y violaciones a los derechos humanos durante la crisis política y social en Bolivia a finales de 2019.
La especialista reiteró que el GIEI no duda en calificar los hechos de Senkata y Sacaba como masacres y remarcó que, en el marco de un conflicto político rodeado de violencia, al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares quedaron con lesiones físicas y psicológicas.
“Lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales y de particulares en circunstancias contempladas en la jurisprudencia de la CIDH”, dijo.
Enfatizó en que la Policía y Fuerzas Armadas, por separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia, dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas.
“Por su parte, particulares promovieron y protagonizaron actos de violencia y ataques a bienes públicos y privados”, manifestó.
Afirmó que quienes resultaron víctimas obtengan justicia, reparación por los daños que les fueron provocados y atención inmediata para sanar sus respectivas heridas.
El informe reconoce que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y que la situación de cada una de ellas demanda el reconocimiento en su calidad de víctima.
“No se puede concebir proceso de recomposición del tejido social sin abandonar antes la idea de que las víctimas son la de nuestra identidad política mientras que las que se identifican como el adversario lo son menos o no requieren atención”, apuntó
Se concluye que las manifestaciones, protestas y bloqueos en caminos y ciudades que estallaron en enfrentamientos y agresiones violentas no ocurrieron de modo inesperado, sino que fueron precedidas por discursos antagónicos de líderes reconocidos y por decisiones políticas y acciones que pusieron en tensión las reglas de funcionamiento de los mecanismos participativos de la democracia y de las instituciones que deben vigilar su cumplimiento.
“Estos comportamientos menoscabaron la credibilidad en las instituciones y desconocieron acuerdos esenciales para el ejercicio de la democracia”, señaló.
Otro de los aspectos destacados es que, en el marco de la polarización social y política, se apeló a la identidad étnica como criterio que señalaba la pertenencia o no a la sociedad boliviana
“Las adhesiones políticas fueron peligrosamente racializadas en momentos trascendentes de la vida de Bolivia y pretendieron ser usadas como factor de exclusión. La violencia racista perpetrada contra los pueblos indígenas, incluyendo mujeres indígenas, especialmente atacadas, deben ser reconocidas y los responsables sancionados”, apuntó.
Entre las recomendaciones, se le pide al Estado garantizar el derecho de todas las victimas a la verdad, justicia sin distinciones bajo el principio de universalidad y sin imponer versiones únicas sobre los hechos.
“Se tiene que otorgar prioridad a los casos de violencia sexual y de género, y que los operadores de justicia cuenten con un conocimiento especializado; y para ello es importante la independencia del Órgano Judicial”.
 
 
 
 
 

VÍCTIMAS SATISFECHAS POR LAS CONCLUSIONES DEL INFORME
 
Durante toda la presentación del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba, presentes en el acto, no dejaron de gritar “¡justicia!” y derramaron lágrimas de dolor por la pérdida de las 38 personas, en su mayoría jóvenes, que fallecieron por impactos de bala en las violentas represiones en noviembre de 2019.
Con mucha expectativa escucharon el informe de los expertos, las recomendaciones y fundamentalmente los compromisos hechos por el presidente Luis Arce. Luego de concluido el acto, muchas de las víctimas se abrazaron y demostraron su satisfacción por el informe, aunque no les devuelva a sus seres queridos.
Los familiares de los fallecidos, detenidos y algunos heridos, en el acto de presentación del informe final del GIEI, demostraron su satisfacción y aseguraron que a partir de ello buscarán justicia para que los responsables materiales e intelectuales de las masacres de 2019 vayan a la cárcel.
“Ni olvido ni perdón. Los muertos no se reviven”; “No es venganza, es justicia”; “No fue fraude, fue golpe”; “Memoria, verdad y justicia”; “Sacaba y Senkata no se olvidan”, se leía en varios panfletos, elaborados con marcadores, cartulina y papel.
Gloria Quisbert, la presidenta de la Asociación de Víctimas de Senkata, durante el acto de presentación del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) lamentó, entre lágrimas, cómo ni a Jeanine Añez ni a Arturo Murillo les tembló el corazón al firmar el Decreto Supremo 4078 para reprimir las movilizaciones de 2019. Exigió justicia por las muertes en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba).
“Así como yo, docenas de familias sufrieron la pérdida de sus seres queridos producto de la represión estatal del gobierno de Jeanine Añez y más este señor Arturo Murillo, que en ese momento no le ha temblado el corazón para firmar este Decreto 4078”, recordó Quisbert, entre lágrimas, durante su intervención en la presentación del informe final del GIEI-Bolivia.
Quisbert perdió a su hermano, quien murió durante la represión de efectivos policiales y militares en Senkata. Lamentó que en el gobierno de facto de Jeanine Añez se hayan vulnerado los derechos de las familias bolivianas, dejando luto y dolor.
Los familiares de las víctimas de las masacres narraron con notable emoción los sucesos de los que fueron víctimas durante el régimen de facto de Añez. Agradecieron a los investigadores por su informe y consideran que este estudio marcará su rumbo en búsqueda de justicia.
 
 
 
 
 

SE ENCAMINARÁ EL JUICIO DE RESPONSABILIDADES CONTRA AÑEZ
 
El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, aseguró que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) acelerará el juicio de responsabilidades contra Jeanine Añez, quien tiene en su contra tres procesos impulsados por el Ministerio de Justicia por la aprobación sin aval del Legislativo de un crédito de $us 327 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), la ampliación del contrato con Fundempresa y la vulneración de los derechos de la libertad de expresión.
Estas declaraciones surgen después de que el presidente Luis Arce, en la presentación final del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), pidiera a esa instancia legislativa acelerar el proceso para el inicio del juicio de responsabilidades contra la expresidenta de facto Jeanine Añez.
La autoridad legislativa explicó que el tema será tratado en los próximos días, pero todo dependerá del trabajo que desarrolle la Comisión Mixta de Justicia Plural, que hasta el momento aprobó un total de 17 de los 20 juicios de responsabilidades que estaban pendientes desde las gestiones de 2004.
Rodríguez explicó que si bien existen acercamientos con la oposición para que se logren los dos tercios, les recordó tanto a la alianza Comunidad Ciudadana (CC) como de Creemos su compromiso de apoyar el juicio de responsabilidades contra Añez, que las denuncias que pesan en contra de la exsenadora no hacen mención a un golpe de Estado.
“Han empeñado su palabra tanto Creemos como de Comunidad Ciudadana (CC). Si es por golpe de Estado, dijeron que no respaldarán, pero si es por daño económico, corrupción o masacres, ellos deben cumplir su palabra y apoyar este juicio de responsabilidades”, aseguró.
Si bien el líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, apoya el informe final de los expertos del GIEI, el diputado de esta alianza política Alejandro Reyes indicó que cualquier juicio de responsabilidades que tenga que ver con la expresidenta Jeanine Añez es un justificativo para la represión o persecución política.
“Sabiendo que la justicia está a favor del gobierno de turno, nosotros no permitiremos este tipo de acciones, porque no podemos esperar nada de una justicia que no tiene independencia y para que haya una verdadera justicia en el país, debe existir primero una reforma judicial que sea transparente”, aclaró.
El jefe de bancada de la alianza Creemos, diputado Erwin Bazán, sin responder de manera precisa, señaló que no se prestarán a la idea vengativa del MAS, de lo que para ellos es justicia, y por el contrario reafirmaron su posición para establecer mecanismos de auténtica investigación, transparente y oportuna para llegar a una auténtica justicia.
“Nosotros creemos que debemos establecer una comisión de la verdad formada por las tres fuerzas parlamentarias en el Legislativo y grupos de ciudadanos independientes de la sociedad boliviana para generar la confiabilidad que se necesita para evitar la politización del gobierno en cualquier investigación”, dijo.
ORGANIZACIONES PIDEN JUSTICIA
El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, dijo que como organizaciones sociales exigirán a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el inicio de juicio de responsabilidades contra la expresidenta, toda vez que el informe fue claro al señalar que durante su gestión se vulneraron derechos humanos y se masacró a los bolivianos.
“Creo que el pueblo no es sordo ni mudo y menos ciego, las organizaciones sociales y sindicales hicieron conocer su pedido de justicia y que incluso se amplíen las investigaciones contra quienes incitaron para que exista confrontación entre hermanos. Yo creo que será importante para hacer los juicios de responsabilidades no sólo a través de procesos, sino mediante las instancias que correspondan”, afirmó.
La secretaria de Hacienda de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia ‘Bartolinas Sisa’ de Cochabamba, Santusa Rodríguez, exigió justicia, habida cuenta de que  está más que confirmado que en esos meses no sólo se violaron los derechos humanos, sino hubo un golpe de Estado.
 
 
 

 
EL GIEI CONSIDERA QUE LAS FFAA Y LA POLICÍA CONTRIBUYERON A LA INESTABILIDAD DEMOCRÁTICA
 
“Para garantizar el funcionamiento adecuado del Estado democrático, las instituciones militares o policiales no deben hacer sugerencias o recomendaciones de índole política a gobernantes, especialmente en tema tan delicado como la renuncia a funciones públicas”.
El criterio fue expresado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su informe sobre la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019, cuyo informe conoció La Razón.
En la recepción del informe de parte de la experta argentina del GIEI Patricia Tappatá, la mañana de este martes en el salón de actos del Banco Central de Bolivia (BCB), Arce citó el documento para denunciar que la renuncia el 10 de noviembre de 2019 de Morales fue a causa de un “golpe de Estado”.
“Los hechos y argumentos legales demuestran con claridad que en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia se dio un golpe de Estado, que hubo graves violaciones a los derechos humanos, que se perpetraron masacres y ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno de facto”, dijo el mandatario.
En su informe, el GIEI cuestiona duramente el papel de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas en la crisis poselectoral de 2019, aunque se inhibe de comentar sobre si hubo o no golpe de Estado, como denuncia ahora el oficialismo, o fraude electoral en 2019, como denuncia la oposición.
“Sin embargo, ante su responsabilidad de recomendar medidas de fortalecimiento institucional, el GIEI considera oportuno destacar que las fuerzas militares y policiales tienen, en cualquier país, responsabilidades democráticas del más alto nivel”, dice el GIEI.
Y complementa: “La circunstancia de que esas instituciones ejercen directamente el monopolio del uso de la fuerza en nombre del Estado y de la sociedad, o sea que han recibido la atribución exclusiva de practicar actos violentos en defensa del orden y de la legalidad, hace estrictamente necesario que se subordinen y sean controladas por el poder civil”.
La noche del 7 de noviembre, varios destacamentos policiales se declararon en motín, en coincidencia con las protestas de entonces convocadas por el Comité pro Santa Cruz y las vigilias propiciadas por fuerzas política de oposición al Movimiento Al Socialismo (MAS). “El amotinamiento llevó a que se identificara a la institución policial como un factor que contribuyó a la inestabilidad de la democracia”, concluyó el GIEI.
El equipo consideró que “la capacidad de actuación armada de esas instituciones demuestra que la diferencia entre una sugerencia y un ultimátumpuede no ser más que una cuestión semántica”.
Además, recomendó un ajuste estructural en ambas instituciones. “La situación estructural de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas merece un trabajo de comprensión más amplio sobre las necesidades de ambas instituciones para superar lo que, en ocasiones, es un comportamiento autocrático”.
A las 16.09, casi una hora antes de la dimisión de Morales, el entonces comandante de la Policía Boliviana, coronel Yuri Calderón, leyó un comunicado difundido en las redes sociales de la institución. “Nos sumamos al pedido del pueblo boliviano de sugerir al presidente Evo Morales que presente su renuncia para pacificar al pueblo de Bolivia”, dijo.
Casi a la misma hora, similar actuación tuvo las Fuerzas Armadas. En conferencia de prensa, el entonces comandante de las Fuerzas Armadas, general Williams Kaliman, acompañado del Alto Mando, también sugirió la renuncia del mandatario.
Morales, acompañado del vicepresidente Álvaro García, renunció a las 16.50 en Chimoré, en el Chapare, adonde viajó luego de dificultades al abordar el avión presidencial (los jefes militares se lo impedían).
“La información descrita y analizada en el Informe revela que, durante la crisis política de 2019, las fuerzas policiales y militares asumieron conductas que contribuyeron al aumento de la violencia y la violación de los derechos humanos”, remata el informe parcial al que accedió La Razón.
Tras la renuncia de Morales, y luego de dos días de desgobierno, la entonces segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Áñez, se proclamó sucesivamente titular del órgano camaral y mandataria por sucesión en sendos actos sin quorum ni asistencia del MAS.
 
 
 
 
CELS: EL INFORME DE LA CIDH SOBRE BOLIVIA ES LA CONCLUSIÓN DE UN PROCESO ACORDADO CON EL ESTADO
 
Grupo La Provincia de Argentina (https://bit.ly/2VXN8kF)
 
La coordinadora del área Internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Camila Barretto Maia, consideró hoy que el informe publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que confirmó las "masacres" de civiles en Bolivia, antes y después del golpe de Estado en 2019, es "la conclusión de un proceso acordado con el Estado boliviano".
"Es importante el peso institucional que tiene este informe y este momento para la historia de Bolivia porque es la conclusión de un proceso acordado con el Estado boliviano, incluso desde que estaba (Jeanine, expresidenta de facto) Áñez en el poder. Es el relato oficial de ese grupo de expertos de la Comisión Interamericana, designados especialmente para eso, sobre lo que pasó. En cuanto al momento para el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en Bolivia sobre lo que sucedió en estos meses de 2019, es un hecho de la mayor importancia", expresó Barretto Maia a Télam.
Si bien el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH había sido originado en un acuerdo con el Estado en 2019, fue impedido y postergado reiteradamente por el Gobierno de facto de Jeanine Áñez, y recién pudo comenzar con posterioridad a la victoria electoral del masista Luis Arce, en 2020.
El informe del GIEI determinó que "en el marco de un conflicto político rodeado de violencia, al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares recibieron lesiones de consideración tanto físicas como psicológicas".
Una de las víctimas fatales fue el periodista argentino Sebastián Moro, quien cubría el derrocamiento del expresidente Evo Morales y que fue encontrado inconsciente y en su departamento paceño y murió días después en una clínica; según un médico externo que fue a realizarle un estudio, las marcas que presentaba en su cuerpo coincidían con señales de torturas.
"El informe detalla todos estos casos, lo que se pudo averiguar con todos los testimonios y evidencias que se recolectaron, da muchas indicaciones de por dónde seguir para obtener justicia, y, sobre todo, informa las deficiencias que están teniendo los procesos judiciales en Bolivia", manifestó la licenciada en Relaciones Internacionales.
Hay dos aspectos en particular que llamaron la atención de Barreto Maia: por un lado, la caracterización de acciones que llevaron adelante determinados grupos sociales y que invita a un debate respecto de la responsabilidad y, por otro, el rol que asumieron las fuerzas policiales durante los motines del 8 y 9 de noviembre.
"Entre las cosas que me parecieron más interesantes está alguna caracterización que hace de algunos grupos sociales, como puede ser la Unión Juvenil Cruceñista o la Resistencia Juvenil Cochala, balo el supuesto paraguas del derecho a la protesta. ¿Hasta dónde está el límite del derecho a la protesta o de una fuerza legítima política o no? Creo que el informe da algunas pistas para profundizar esta conversación sobre responsabilidades, y apunta un poco al rol de algunos discursos o autoridades vinculadas en aquella época a estos grupos, que ayudaron a profundizar la violencia social", precisó Barretto Maia.
 
 
 
 
 
VICECANCILLER BOLIVIANO: "ALMAGRO SE HA CONVERTIDO EN UN MINISTRO DE COLONIZACIÓN DE EEUU"
 
Sputnik News de Rusia (https://bit.ly/3sqVFc1)
 
Desde el regreso de la democracia, Bolivia está abocada a reestructurar sus relaciones con el resto mundo. El vicecanciller Freddy Mamani contó a Sputnik cómo encaran esta tarea a tiempo completo, que hasta ahora presenta resultados positivos.
Desde el retorno de la democracia, las relaciones internacionales son un pilar fundamental del Estado Plurinacional de Bolivia. Investigar los nexos internacionales con los crímenes del pasado Gobierno de facto, llevar las propuestas de pueblos indígenas a reuniones de las Naciones Unidas y conseguir vacunas anti-COVID-19 son tres líneas de trabajo que la Cancillería no puede descuidar ni un instante.
En diálogo con Sputnik, el viceministro de Relaciones Exteriores, Freddy Mamani, ofreció su mirada sobre el enfrentamiento público del Gobierno de Luis Arce con Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), seriamente cuestionado por su rol durante el golpe de Estado de 2019, cuando avaló el derrocamiento de Evo Morales (2006-2019).
Para el vicecanciller, el golpe de 2019 no hubiera sido posible sin el fuerte apoyo internacional que recibió la ahora escuálida oposición local: "El origen del golpe está bien ligado a potencias y empresas trasnacionales que tienen sus ojos puestos en el litio".
Actualmente Bolivia es el país con mayores reservas de este metal, cada vez más utilizado en baterías de autos eléctricos y celulares. En varias entrevistas, Morales apuntó al mismo motivo como trasfondo de su derrocamiento.
"De manera extraterritorial, contamos con la participación de los entonces Gobiernos de Donald Trump (Estados Unidos), de Mauricio Macri (Argentina), Lenin Moreno (Ecuador), que obviamente se metieron en asuntos internos de nuestro país, generando desestabilización política y financiando el golpe", sostuvo el vicecanciller, basándose en las investigaciones desarrolladas dentro y fuera de Bolivia.
"La justicia deberá llevar el proceso investigativo. Pero desde el ámbito político consideramos que el golpe se ha consolidado con la participación de los países con gobiernos conservadores, que no querían respetar nuestro proceso democrático", agregó.
En este sentido, indicó que se dedicarán a analizar el documento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre lo sucedido entre septiembre y diciembre de 2019, así como parte de 2020.
"Fueron tiempos muy complicados, por la persecución de dirigentes, el silenciamiento de medios de comunicación y la llegada de la pandemia", dijo Mamani, quien nació en Calazaya, departamento de Potosí (suroeste). Es licenciado en Educación Primaria y experto en pueblos indígenas, derechos humanos y cooperación internacional.
La responsabilidad de Almagro
Para el vicecanciller, el todavía secretario de la OEA debería responder ante algún nivel de la justicia por su participación en la ruptura del orden constitucional: "Es importante mencionar que el golpe se dio con la participación de Almagro".
Por este motivo, consideró que el secretario uruguayo "ha perdido toda credibilidad en el ámbito multilateral. Almagro se ha convertido en un ministro de colonización del Gobierno de Estados Unidos, entonces a cargo de Trump (2017-2021)".
"Muchos países han manifestado que Almagro se extralimita en sus competencias y atribuciones. Ha trabajado de manera política, sin respetar la carta de la OEA, especialmente al principio de no injerencia en asuntos internos de los países", afirmó Mamani.
Por este motivo, "muchos países estamos pensando en reconstruir la OEA, porque ya no tiene una voz válida para los países de América Latina y el Caribe". También, junto con otros Gobiernos se explora la posibilidad de iniciar un proceso judicial contra Almagro.
La Justicia boliviana no pudo demostrar que Evo Morales o alguien del Movimiento Al Socialismo (MAS) haya cometido fraude en las elecciones del 20 de octubre de 2019, las cuales dieron como ganador al entonces presidente. Pese a las evidencias, Almagro aún sostiene que en Bolivia hubo graves irregularidades en ese proceso, tal como lo sostiene el último comunicado de la OEA.
El organismo continental tuvo un rol destacado porque el mismo día del golpe, 10 de noviembre de 2019, difundió un informe sesgado, que alentaba la tesis del fraude, con lo cual propició el derrocamiento de Morales.
"El informe de la OEA fue catastrófico, negativo. Y, obviamente sirvió para acelerar el golpe de Estado en nuestro país", dijo Mamani.
La posición de Bolivia frente al cambio climático
La política internacional del Gobierno de Luis Arce también procura reconstruir un posicionamiento que Bolivia lleva desde hace más de una década a las sucesivas conferencias de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
En este espacio, llamado COP por sus siglas en Inglés, los 193 países de la ONU debaten acciones para detener el calentamiento global, incentivado por la creciente deforestación y por la emisión descontrolada de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera.
La propuesta boliviana fue elaborada a partir de la primera Cumbre Mundial de los Pueblos Frente al Cambio Climático, realizada en Cochabamba (centro) en 2010. Hubo una segunda reunión en 2015 y en noviembre próximo se prevé realizar el tercer encuentro, cuyo posicionamiento llevará el Estado Plurinacional a la COP 26, que será en Glasgow, Escocia, en el mismo mes.
Actualmente, la temperatura promedio de la Tierra es de 15 ºC. Si las industrias siguen emitiendo dióxido de carbono al cielo al ritmo actual, para fin de siglo el planeta será 2,5 ºC más caliente, lo cual afectará irreversiblemente a gran parte de los ecosistemas terrestres y quienes los habitan.
Por ello, los países de la COP definieron una serie de restricciones y medidas para que la temperatura global no supere 1,5 ºC hasta llegar al año 2100.
"Mantener la temperatura por debajo de 1,5 ºC es de enorme importancia para el Estado Plurinacional, tomando en cuenta el impacto catastrófico que tiene la crisis climática sobre la humanidad y la Madre Tierra", dijo el vicecanciller.
"En la actualidad, muchos glaciares, manantiales y humedales se están reduciendo y desapareciendo", indicó.
Y agregó: "Como Bolivia, hacemos un llamado urgente a los países desarrollados para alcanzar reducciones reales de emisiones de carbono, para mantener la temperatura por debajo de 1,5 ºC".
El trabajo junto con organizaciones
Actualmente, autoridades gubernamentales preparan junto con organizaciones sociales el documento que el país llevará a la COP 26. Por su contacto directo con la naturaleza, "los pueblos indígenas son los más afectados por la crisis climática", expresó Mamani.
Años atrás, en el ámbito de la COP se validaron los mercados de carbono como mecanismo para reducir las emisiones de este gas. Pero actualmente están en entredicho, porque suponen hacer del cambio climático un negociado, sin comprometerse a hacer los cambios necesarios en los modelos productivos para proteger al planeta. La compra y venta de bonos de carbono representan la capitalización de la crisis ambiental.
Mamani se mostró esperanzado en que la COP 26 no seguirá ese rumbo: "Rechazamos los mercados de carbono. Con ellos, los países desarrollados quieren contabilizar la reducción de GEI comprando bonos de carbono a países en desarrollo. Pero así no se reduce la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera".
Por ello, "es importante que haya un gran esfuerzo de los países desarrollados para tener una reducción neta de emisiones de carbono", afirmó.
"Los países desarrollados, fundamentalmente capitalistas, mienten a la comunidad internacional queriendo hacer creer que el objetivo de lograr emisiones netas cero para el año 2050 es un compromiso ambicioso y significativo. Pero los estudios del IPCC [Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático] demuestran lo contrario", comentó Mamani.
Con los actuales compromisos de los países desarrollados para reducir sus GEI, se proyecta que para fin de siglo la temperatura del planeta aumentará 2,5 ºC, lo cual tendrá efectos catastróficos para varias regiones.
"Es importante avanzar en la construcción de un verdadero compromiso global para salvar a la Madre Tierra. Hay una enorme brecha entre las emisiones globales de GEI y los pobres esfuerzos de mitigación de los países desarrollados", señaló el vicecanciller.
Vacunas y más vacunas
Encarar negociaciones internacionales para conseguir vacunas anti-COVID-19 fue una de las tareas esenciales de la Cancillería desde la asunción de Arce, en noviembre de 2020.
Cuando llegó la pandemia al país, en marzo del año pasado, el Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020) tomó decisiones arbitrarias e improvisadas para frenar los contagios. La población fue obligada a estar encerrada durante seis meses, lo cual afectó a las familias laboral y económicamente.
Funcionarios de Áñez realizaron compras de respiradores con sobreprecio, que finalmente tampoco sirvieron para mejorar la salud de los pacientes con COVID-19. Los test de coronavirus eran escasos, y costosos. Además, ese Gobierno nunca realizó negociaciones concretas para la llegada de vacunas.
"A 100 días de asumir nuestro Gobierno, hemos comprometido el arribo de 15,2 millones de vacunas", manifestó el vicecanciller.
Asimismo, con el Gobierno democrático el país logró incluirse en el mecanismo COVAX, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que plantea democratizar la llegada de vacunas anti COVID-19 a los países empobrecidos.
"Pero el mecanismo COVAX no ha respondido a los requerimientos de la comunidad internacional y, fundamentalmente, de los países en desarrollo", sostuvo Mamani.
Por ello, aseguró que "el mecanismo COVAX ha sido un fracaso, no ha podido resolver los problemas" para los cuales fue creado.
Ante este panorama, el Estado Plurinacional tuvo que sacar a relucir sus "capacidades de negociación diplomática". De esta manera, "en la actualidad tenemos una diversa gama de vacunas, por lo menos para el 96% de la población vacunable".
Bolivia está también entre los países que reclaman la liberación de las patentes para fabricar vacunas anti-COVID-19: "Hemos desarrollado una campaña internacional para que las empresas farmacéuticas, sean públicas o privadas, puedan compartir conocimientos y, de esta manera, producir gran cantidad de vacunas", pero aún no lograron ablandar el corazón de los empresarios dueños de las medicinas.
 
 
 
 
ENVÍO DE ARMAS A BOLIVIA: EL GOBIERNO AMPLIARÁ LA DENUNCIA Y APUNTARÁ A UNA REUNIÓN EN LA CASA ROSADA
 
En la nueva presentación se hará eje en las reuniones que se realizaron el 12 de noviembre de 2019 en Casa Rosada, que involucran a Macri, Faurie, Bullrich y los cuatro jefes de las fuerzas de Seguridad, entre otros. Además: las declaraciones de los policías bolivianos que intervinieron en la maniobra de recepción del armamento confirman el contrabando.
 
El Destape de Argentina (https://bit.ly/3gb3MV8)
 
El gobierno nacional ampliará la denuncia por el envío de armas a Bolivia durante el gobierno de Mauricio Macri para apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales. La presentación, que sería este miércoles, hará eje en las reuniones que se realizaron el 12 de noviembre de 2019 en Casa Rosada, que fue el día de asunción de la dictadora Jeanine Áñez y del envío del armamento. La hipótesis central es que en aquellos encuentros se terminó de cerrar la maniobra ilegal para abastecer de municiones a los golpistas. Las reuniones, tal como publicó este medio, involucran a Macri, al entonces canciller Jorge Faurie, a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y a los cuatro jefes de las fuerzas de Seguridad, entre otros funcionarios de aquel período. La mayoría de los mencionados está imputado en la causa en que se investiga un contrabando agravado.
A la par, se conocieron las declaraciones de los policías bolivianos que intervinieron en la maniobra de recepción de parte de las municiones. Los testimonios forman parte de un informe que confirma cómo fue el circuito que tuvieron las armas una vez que arribaron a Bolivia. Se trata de un elemento más que complica al gobierno de Mauricio Macri.
Las visitas a la Rosada y la nota de Faurie
El 12 de noviembre de 2019 por la noche partió rumbo a La Paz un grupo de elite de la Gendarmería con sus armas para custodiar la embajada argentina en Bolivia y la residencia del embajador. De contrabando se agregaron en el vuelo 70.000 municiones anti tumulto, granadas y gases lacrimógenos. Tal como se desprende de la documentación hallada hasta el momento, el armamento que no se declaró como embarcado en el Hércules C-130 terminó en manos de la Policía (29.900 municiones) y la Fuerza Aérea Boliviana (40.000 municiones).
El mismo 12 de noviembre, que fue el día que asumió la presidenta de facto Jeanine Áñez, se produjeron reuniones relevantes en la Casa Rosada que protagonizaron muchos de los acusados por el envío ilegal de armas. La hipótesis central es que allí se terminó de cerrar el envío ilegal, que se daría unas horas más tarde.
Tal como se desprende de la lista de ingresos a Balcarce 50, en aquella jornada Macri recibió al canciller Faurie. El encuentro duró casi una hora: de 10.42 a 11.29. Después de la reunión, Faurie firmó una nota dirigida a los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad, en la que pidió “aumentar la protección” de la embajada, el consulado y la residencia oficial. Solicitó “una unidad de Gendarmería –de tamaño acorde a las necesidades  operativas del caso- (…)”.
Este documento solo tuvo por fin darle una coartada al envío ilegal de armas porque el día previo la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) ya había autorizado “el uso del material y equipamiento” del Grupo Alacrán en Bolivia a pedido de la GNA. ¿La finalidad? La misma que había esgrimido Faurie. Es decir que lo que pidió el canciller ya estaba en marcha.
La única razón que pudo tener la nota de Faurie, que presentó de forma manuscrita y no digitalmente, fue legitimar el envío ilegal de armas. Porque el 12 de noviembre de 2019, es decir el mismo día de la nota del canciller, se da el pedido de ampliación de armamento para enviar a Bolivia con el grupo Alacrán. Esa segunda solicitud que hace la GNA a la ANMaC  es la de los 70.000 municiones antimulto que terminaron en manos de los golpistas.
Diez minutos después de la partida de Faurie, a las 11.39, ingresa a Casa de Gobierno la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Va a ver al jefe de Gabinete Marcos Peña. Luego se suman al encuentro con el jefe de los ministros la cúpula del ministerio de Seguridad y los directivos de las fuerzas que dependían de Bullrich.
Fueron parte de ese cónclave: el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco; el subsecretario de Seguridad interior, Gerardo Milman; el jefe de la Gendarmería, Gerardo Otero; el jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia; el prefecto general Héctor Scarcela; y el director de la PSA, Alejandro Itzcovich Girot, entre otros. También estuvo en Casa de Gobierno el 12 de noviembre el secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo.
El gendarme Otero es uno de los imputados por el contrabando ya que la GNA fue la fuerza que brindó las municiones para Bolivia. Aquel 12 de noviembre de 2019 fue su única visita en todo ese año a la Casa Rosada.
La mayoría de los mencionados fue a la Quinta de Olivos al día siguiente, cuando se entregaron las armas a los golpistas, tal como publicó este medio. Entre las visitas del 13 de noviembre a la residencia presidencial se destaca la del exembajador de los EE.UU. Noah Mamet.
 
 
 
 
 
ARMAS A BOLIVIA: TERMINA EL SUMARIO INTERNO DE GENDARMERÍA MIENTRAS MACRI SIGUE NEGANDO EL CONTRABANDO
 
Aunque Macri se encargó de obstaculizar las declaraciones de los gendarmes argentinos que fueron a La Paz, en las próximas horas el sumario interno habrá concluido. Los efectivos de esa fuerza pueden contar cómo se gestó la salida de las municiones y cómo fue la entrega en Bolivia.
 
Página 12 de Argentina (https://bit.ly/3yXIQsj)
 
Mauricio Macri sostuvo en las últimas horas que el contrabando de municiones a Bolivia no existió y que el golpe de Estado contra Evo Morales, tampoco. Sin embargo, él cumplió ya un mes como imputado por contrabando agravado y se preocupó en el expediente que tramita en el fuero penal económico por obstaculizar las declaraciones de los gendarmes argentinos que fueron enviados a La Paz y que pueden echar luz sobre cómo fue la mecánica por la que 70.000 balas antitumulto terminaron en poder de las fuerzas armadas y de seguridad bolivianas. Muy a pesar de Macri, en las próximas horas, estará terminado el sumario interno de la Gendarmería, lo que podría complicar aún más la situación de una de sus funcionarias de mayor confianza, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich.
El expresidente procuró mostrarse como víctima de una persecución en la entrevista que le concedió el lunes al periodista Joaquín Morales Solá en la señal TN. “Bolivia, un contrabando que nunca existió en un golpe que nunca existió según la OEA y la Unión Europea”, lanzó Macri sin sonrojarse. Pese a los dichos de Macri, en el expediente de la justicia argentina y en la investigación que llevan adelante las autoridades bolivianas se agolpan evidencias que muestran que los proyectiles salieron sin declararse y terminaron en manos de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y de la Policía de Bolivia.
Aquí un repaso de esos elementos:
El 11 de noviembre de 2019, la Gendarmería pidió llevar a Bolivia 3600 balas antitumulto para proteger la embajada y la residencia del embajador por la situación de inestabilidad que se vivía en el Estado Plurinacional.
Al día siguiente, la fuerza que conducía Gerardo Otero solicitó sacar un “complemento” del armamento y pidió autorización a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) para llevar 70.000 balas de goma --20 veces más de las que inicialmente había estimado que sería necesario--.
Ese 12 de noviembre de 2019, hubo una reunión en la Casa Rosada en la que participó la primera plana de Seguridad, con Bullrich a la cabeza, y el entonces jefe de Gabinete Marcos Peña. El jefe de la Gendarmería, Otero, acudió al encuentro con un asistente personal. Peña y el secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo también tuvieron un rol a la hora de autorizar los viáticos de los gendarmes que se iban a trasladar a Bolivia.
Macri, por su parte, se reunió con el entonces canciller Jorge Faurie. Ese día, Faurie mandó una nota a Bullrich y al ministro de Defensa Oscar Aguad pidiendo que enviaran una comitiva de Gendarmería para proteger a los diplomáticos argentinos en Bolivia. Para el 12 de noviembre, ya estaba definido el viaje. Prueba de ello es que ya el día anterior habían arrancado las autorizaciones ante la ANMaC.
Una hora después de que Bullrich salió de la Casa de Gobierno, el entonces jefe del Grupo Alacrán Fabián Salas envió un fax a la Fuerza Aérea Argentina (FAA) para avisar que llevarían las 70.000 balas en el Hércules C-130 que iba a trasladar al primer contingente de gendarmes.
El Hércules partió a las 23.40 del aeropuerto de El Palomar. Llevaba once gendarmes y trece integrantes de la FAA como tripulación. La carga era de 2500 libras. En el manifiesto de carga, no estuvieron declaradas las 70.000 balas antitumulto.
De las 70.000 balas, 40.000 quedaron en poder de la FAB. Un efectivo de esa fuerza, Wilfredo Chura Condori, informó que le ordenaron en la madrugada del 13 de noviembre de 2019 pasar a retirar el cargamento del hangar de la Fuerza de Tarea Aérea (FTA) Diablos Negros, donde estaba estacionado el avión argentino. Chura Condori inventarió lo recibido. Horas más tarde, el entonces comandante de la FAB Jorge Gonzalo Terceros Lara envió una carta al embajador Normando Álvarez García en agradecimiento por el envío. Cuando apareció la misiva --y fue revelada por este diario-- se desató el escándalo por el envío de armas.
Otras 26.900 balas terminaron en poder de la Policía de Bolivia. Esos cartuchos se encontraron en un depósito policial sin haberse usado y se halló un inventario que confeccionaron unos mayores el 13 de noviembre de 2019, cuando las recibieron.
A la Policía de Bolivia le entregaron los proyectiles en la residencia argentina, según surge del sumario interno de esa fuerza. La entrega se produjo el mismo día en que llegaron los gendarmes a La Paz. Cuando pidieron un “desglose” de lo que estaban recibiendo, les respondieron que había sido acordado por los “altos mandos” y que serían ellos quienes informarían los detalles.
Ese mismo 13 de noviembre de 2019, el jefe de la Gendarmería, Otero, envió un sobre cerrado a la embajada de Bolivia en Buenos Aires. Estaba destinado al comandante de la Policía de Bolivia. Una posibilidad es que ese desglose estuviera allí.
La FAB dice que la embajada argentina, que lideraba Álvarez García, estuvo a cargo de los trámites aduaneros cuando llegó el Hércules C-130. El exembajador dijo que pudo haber existido un “circuito paralelo” para las municiones.
La Policía de Bolivia identificó al agregado de Gendarmería en La Paz, Adolfo Caliba, como quien gestionó la entrega del material represivo.
De las 70.000 balas que salieron en la medianoche del 12 de noviembre de 2019 no volvió ni una sola. La Gendarmería informó que habían sido gastadas en entrenamientos. Sin embargo, a esta altura está claro que eso no fue así. Además, el Grupo Alacrán no utiliza armamento antitumulto, por lo cual sería aún más extraño que se entrenara para su empleo.
Este lunes, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que se creó por el acuerdo entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó su informe final sobre los hechos sucedidos en 2019. El informe no consideró las denuncias sobre la colaboración internacional con el golpe contra Evo Morales --ya sean las del gobierno de Macri o las de Ecuador-- por entender que no era parte de su mandato. Los expertos independientes dieron por acreditado que 37 personas fueron asesinadas entre octubre y diciembre de 2019.
En las próximas horas, habrá novedades en el plano local: el sumario interno de Gendarmería habrá concluido y se entrará en la etapa de asignación de sanciones administrativas. Los efectivos de esa fuerza pueden contar cómo se gestó la salida de las municiones y cómo fue la entrega en Bolivia. Ya se sabe que los gendarmes dijeron que no dispararon un solo tiro en La Paz y que mucho menos tuvieron contacto con las 70.000 balas antitumulto. Nada de ese panorama deja tranquilos a los principales imputados en la causa, como Macri y Bullrich, por eso el expresidente intentó --sin éxito-- frenar desde los tribunales el avance del sumario administrativo.
El gobierno de Alberto Fernández, por otro lado, ultima los detalles para presentar una ampliación de la denuncia que incluya a Peña, Pompeo y Faurie. La intención es que la presentación se haga durante el martes. En los tribunales aún resta definirse qué juez quedará al frente de expediente en el que todo hay pruebas suficientes para acreditar la salida irregular de las balas que terminaron en poder de las fuerzas golpistas. El desafío, en todo caso, está en escalar la investigación más allá de los gendarmes.
 
 
 
 
 
SE CUMPLEN 50 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO DE HUGO BANZER CONTRA JUAN JOSÉ TORRES EN BOLIVIA
 
El dictador Banzer contaba con apoyo estadounidense y prohibió sindicatos y derechos civiles. Torres se exilió a Buenos Aires en donde fue secuestrado y asesinado, en el marco de la coordinación represiva entre países sudamericanos.
 
Telam de Argentina (https://bit.ly/3iTi5j4)
 
Hace medio siglo, el 18 de agosto de 1971, el coronel Hugo Banzer iniciaba un golpe de Estado contra el general de izquierda Juan José Torres, para poner en marcha el Plan Cóndor, que asesinó o provocó la desaparición de centenares de personas en Bolivia.
Banzer, el militar golpista que llegó a ser presidente en 1997 con el 22% de los votos tras vanos intentos de llegar a la Presidencia con su partido Acción Democrática Nacionalista (ADN), nunca fue procesado por violaciones a los derechos humanos.
Tras convertirse en mandatario por la vía constitucional, dispuso la erradicación de las plantaciones de coca, tradicional sustento económico de los campesinos bolivianos, y una serie de medidas de ajuste liberal, entre otras decisiones económicas.
Según el Centro para los Asuntos Internacionales (Cidob), con sede en Barcelona, el 18 de agosto de 1971 Banzer entró clandestinamente a Bolivia.
Pero fue arrestado en Santa Cruz y conducido en avión al cuartel de Carabineros de La Paz.
Tres días después se constituyó un triunvirato militar que le otorgó la presidencia del país, tras el golpe número 187 de los 146 años de historia del país vecino.
Así, Banzer gobernaría Bolivia con puño de hierro durante siete años, hasta que sería derrocado por una asonada militar.
Torres había asumido el poder el 7 de octubre de 1970 mediante un levantamiento popular con la participación de trabajadores, organizaciones campesinas, el movimiento universitario y un sector de militares leales.
Tras el golpe contra su Gobierno huyó de Bolivia y en mayo de 1973 fue uno de los fundadores de la Alianza de la Izquierda Nacional (ALIN).
El 2 de junio de 1976 fue secuestrado y asesinado en Buenos Aires en el marco del llamado Plan Cóndor, que integraban las dictaduras de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
Según denuncias de organizaciones de derechos humanos, el golpe contra Torres fue apoyado por el Gobierno de Estados Unidos, que envió ayuda militar.
Durante su dictadura de siete años, Banzer puso en marcha un aparato de represión que fue mucho peor que sus antecesores, suprimiendo los sindicatos, despojando a la población de los derechos civiles y militarizando las minas del país.
La oposición de aquellos años lo acusaba de "corrupto, represor y de haber contraído una enorme deuda extranjera"
Banzer fue reemplazado por una junta militar que se mantuvo por cuatro años antes de ser derrocada en 1982.
En aquel año, Bolivia comenzó una serie de gobiernos democráticos, en medio de una gran crisis económica, caracterizada por la hiperinflación que llegó al 20.560% en 1985.
Banzer falleció en agosto de 2001, afectado por un cáncer, un año antes de cumplir su mandato constitucional, a los 75 años de edad.
El 11 de marzo de 2014 la organización Amnistía Internacional (AI), con sede en Londres, pidió que se esclarezcan en Bolivia los abusos cometidos contra los derechos humanos durante 18 años de régimen militar.
En un informe, afirmó que más de 350 personas fueron muertas o desaparecidas bajo distintos regímenes militares entre 1954 y 1982 (de las dictaduras de René Barrientos, Alfredo Ovando y Banzer).
Según la biografía "El dictador elegido", escrita por el periodista argentino Martín Sivak, Banzer decía: "Personalmente, tengo una filosofía: al amigo, todo; al indiferente, nada; y al enemigo, palo."
En un artículo publicado en 2001 en la revista Radar, del diario Página/12, Sivak menciona un documento desclasificado con motivo de la visita que realizó en junio de 1976 a Bolivia el exsecretario de Estado norteamericano Henry Kissinger.
El perfil elaborado por el Departamento de Estado señala: el coronel Banzer "es un hombre amistoso, informal pero digno, y negociador. Conoce y le gustan los Estados Unidos y se ha desviado de su camino en varias oportunidades para demostrar su adherencia al liderazgo de EEUU en este hemisferio y en el mundo (...)".
 
 
 
 
 
BOLIVIANO RESCATADO EN VOLCÁN LICANCABUR DICE SER EX VICEMINISTRO DE EVO MORALES Y UN "PERSEGUIDO POLÍTICO"
 
Radio Cooperativa de Chile (https://bit.ly/2W13Oru)
 
La delegada presidencial provincial de El Loa, María Bernarda Jopia, señaló este martes que el hombre de nacionalidad boliviana rescatado el lunes desde el sector del Volcán Licancabur, en San Pedro de Atacama, manifestó ser Eduardo Peinado Rivero, ex viceministro de Mediana y Gran Empresa e Industria del Gobierno de Evo Morales.
"Él mantiene que es una persona que tuvo que huir de su país por ser un perseguido político, por haber estado trabajando como ministro del ex presidente Morales. Eso es lo que él nos ha dicho y eso es lo que se está investigando", señaló Jopia.
El delegado presidencial regional, Daniel Agusto, dijo que, de momento, el Gobierno no ha "recibido una solicitud formal de asilo. Por lo tanto, siguen activados los protocolos por ingreso de personas por un paso no habilitado",  en relación con el hombre y una mujer que lo acompañaba.
"Nosotros tomamos esos antecedentes y cursamos la denuncia administrativa por ingreso clandestino al territorio nacional a la delegación presidencial provincial de El Loa, en la cual se aportan todos los antecedentes del documento original", indicó, desde la PDI, Claudio Ramos, jefe de la Prefectura El Loa.
Las dos personas rescatadas fueron trasladadas con hipotermia, desorientación y deshidratación hasta el Hospital Carlos Cisternas para su estabilización y evaluación. La mujer ya fue dada de alta y trasladada a una residencia sanitaria, mientras que el varón se mantiene hospitalizado y en evaluación debido a que presentó una falla renal.
 
 
 
 
 
BIENVENIDA A NUEVO EMBAJADOR DE BOLIVIA
 
Informe de Pastran de Nicaragua (https://bit.ly/37QmBbx)
 
En su alocución, la vicepresidenta Rosario Murillo dio una cordial bienvenida a Nicaragua al nuevo embajador de Bolivia en nuestro país, Palmiro Soria, quien esta mañana presentó sus Copias de Estilo ante el canciller Denis Moncada… Soria es un escritor y diplomático de gran trayectoria en Bolivia. Con la entrega de sus Copias de Estilo de las cartas credenciales al canciller Moncada; inició de manera oficial su misión ante el pueblo y gobierno de Nicaragua.
… SOMOS HERMANOS…
“Bolivia y Nicaragua son dos países hermanos, que tenemos una relación fraterna, hermanable, de cooperación solidaría, de identidad en el desarrollo de nuestras políticas internas de beneficio de nuestros pueblos. De la restitución y defensa de los derechos de los pueblos de nuestros países”, dijo el canciller Denis Moncada al recibir al diplomático… Por su parte, el nuevo alto representante de Bolivia agradeció la bienvenida y trasladó un saludo afectuoso a este pueblo y gobierno… “Bolivia es un Estado Plurinacional. Con el pueblo nicaragüense nos unen la lucha contra la pobreza, la lucha por mejorar las condiciones materiales y de vida de nuestra sociedad. La lucha también contra esta pandemia del COVID, que tengo información que ustedes la están enfrentando con éxito, gracias a una política sostenida de salud”, dijo Soria.
… NICARAGUA SALUDA A NUEVA SECRETARIA DEL CARICOM…
El presidente de la República, Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo felicitaron hoy a la Dra. Carla Barnett, Secretaria General de la Comunidad del Caribe (CARICOM)… “Con mucha alegría y entusiasmo celebramos su toma de posesión como Octava Secretaria General de la Comunidad del Caribe (CARICOM), la primera beliceña y primera mujer en ocupar tan importante cargo. Estamos seguros de que asume usted este desafío, promoviendo avanzar hacia una mayor integración, comprensión y cooperación en toda la región. Tenga la plena seguridad de que el Gobierno de Nicaragua está comprometido con el fortalecimiento de los lazos de fraternidad y solidaridad en el caribe y, por lo tanto, continuará trabajando siempre, junto al CARICOM, para bien de nuestros pueblos”, reza el mensaje.
 
 
 
 
 
QUISIERON PASAR A VOTAR A SALTA DESDE BOLIVIA PERO SE LO IMPIDIERON A LOS GOLPES
 
El Tribuno de Argentina (https://bit.ly/3AUvpcS)
 
Con empujones, golpes y gritos se produjo un incidente en el puente fronterizo de Los Toldos en Salta, donde lugareños impidieron el paso de residentes bolivianos que tenían la intención de participar en las elecciones provinciales de este domingo.
Según reportó el portal de “Noticias Al Toque”, un grupo de salteños trató de evitar que desde Bolivia la gente pueda cruzar para, al parecer, emitir su voto.
En las imágenes difundidas se observa de un lado a personas que con vallas de madera improvisadas y hasta con palos en la mano aguardan de un lado del puente.
En un momento se produce un serio incidente que podría haber terminado peor de no ser por la mediación del personal de Gendarmería Nacional.
Este tipo de incidentes no es nuevo en la zona ya que en jornadas de elecciones anteriores también se reportaron enfrentamientos.
Autoridades del Tribunal Elector de la Provincia recordaron en aquel tiempo que es un delito impedir que la gente pueda votar si se encuentra empadronada.
Por otro lado, también se denunció el ingreso de bolivianos por diferentes pasos ilegales, como suele suceder en cada elección.
 
 
 
 
 
LITIO EN SALTA, CATAMARCA Y JUJUY. SEGÚN EXPERTOS, LAS EMPRESAS HACEN ANUNCIOS CON FINES INMOBILIARIOS MÁS QUE PRODUCTIVOS
 
Cuarto Salto Diario de Argentina (https://bit.ly/3ATaA1y)
 
La paradoja de provincias que tienen entregada una enorme cantidad de área de explotación sin que nadie ponga plata, salvo en casos muy puntuales, es explicada por el marco regulatorio nacional. Esta situación no sucede ni en Chile ni en Bolivia.
Martín Obaya es investigador de Conicet y Director del Cenit de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de San Martín. Hoy declaró al diario Página 12 que se si bien hay más de 50 empresas involucradas en el negocio del litio en las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy, lo cierto es que apenas un puñado está produciendo.
Al pedírsele que caracterice el estado actual de las inversiones, Obaya precisó que hay dos proyectos que producen litio y están en fase de expansión – Orocobre y Livent -, que existe un segundo nivel que incluye al único proyecto nuevo que el año que viene entraría en producción; Exar, de la china Ganfeng con Lithium Americas. “En un tercer nivel están los proyectos que tienen la parte técnica resuelta pero falta definir el fondeo. Ahí aparecen la surcoreana Posco, la australiana Galaxy y la francesa Eramet. Son empresas que ya han estado invirtiendo pero todavía no dieron el salto de dinero. El resto son todas suposiciones. Es un negocio muy especulativo en donde hay muchos anuncios pero pocos concretan”, destacó.
A la hora de explicar cómo funciona esa especulación, el experto explicó que el marco “regulatorio argentino facilita el otorgamiento de tenencias mineras. Eso explica por qué hay 50 o 60 mineras en la Puna, pero apenas un puñado realmente operando. La mayoría de esas empresas están parados en el salar esperando revender su tenencia. Están haciendo un negocio inmobiliario. Las empresas hacen anuncios para aumentar su valor de mercado en un contexto internacional muy favorable, porque efectivamente se confirmó el despegue de la electromovilidad”, destacó para luego resaltar lo siguiente: “el marco regulatorio explica la paradoja de que el país tiene entregada una enorme cantidad de área de explotación pero nadie pone plata excepto casos muy puntuales. Esta situación no sucede ni en Chile ni en Bolivia”, sentenció.
A continuación, Obaya precisó que en Chile la regulación es bien rígida: la tenencia está en manos de actores públicos pero la operatoria es privada, cuenta con regalías móviles que van del 6 al 40%, frente a un 3% en el caso argentino. “Además, hay un monto que pagan las empresas en favor de las comunidades y otro para financiar centros de investigación. Por último, el Estado definió una cuota del 25% de la producción que queda a disposición del mercado interno para otorgar a precio preferencial a un potencial inversor que busque avanzar en la cadena de producción del litio”, detalló.
Sobre Bolivia, Obaya recordó que en el año 2007 el Estado decidió que toda la cadena del litio tenga una fuerte participación estatal. “Logró crear una infraestructura en Potosí y se generaron plantas piloto mediante un proceso exitoso de aprendizaje tecnológico. Pero el sector público no pudo resolver la fase industrial, en un contexto político muy complicado porque en el medio estuvo el golpe de Estado. Más allá de algunas iniciativas, hoy en día el proyecto boliviano está en la nada”, destacó.