EL LITIO ES EL "ORO BLANCO" DE LA TECNOLOGÍA Y SU VALOR SEGUIRÁ AUMENTANDO

 

Cada tanto los medios internacionales informan sobre nuevos materiales con los que se podrían confeccionar nuevos tipos de baterías, por ejemplo, en base a sodio.
Sin embargo, el litio sigue siendo el rey de las baterías. Tanto es así que algunos lo llaman el “oro blanco” de la tecnología.
Celulares, tabletas, autos eléctricos y paneles solares, todos necesitan del litio para funcionar. Y con el cambio en la matriz energética de los vehículos en todo el mundo, sumado al consumo cada vez mayor de dispositivos electrónicos, el litio solo se sigue cotizando más.
Según estimaciones, solo se registran sobre la superficie terrestre 14 millones de toneladas dispersas en pocos países.
Pero si se mira dónde están las mayores reservas de litio, las miradas apuntan a América del Sur. Bolivia, Chile y Argentina son llamados el “triángulo del litio”.
Es por eso que en algunas regiones del continente la extracción de litio causó y está causando una revolución industrial. Esto no escapa a problemas sociales (comunidades desplazadas) y ecológicos.
Descubrimiento y futuro
Desde que fue descubierto por primera vez en 1817 por un químico sueco, el litio participó en procesos industriales en áreas bien diversas, que recorren desde la farmacología hasta la automovilística. De hecho, su primer uso a nivel comercial fue en Alemania para fabricar lubricantes.
Pero lo cierto es que el litio está en la Tierra desde hace millones de años. Surgió en la época en que los volcanes depositaron minerales en grandes extensiones de tierra -sobre todo en América del Sur- que luego se llenaron de agua y formaron lagos. Lo que siguió después fue la evaporación de esos lagos hasta generar llanuras de sal. Un ejemplo paradigmático es el salar de Uyuni, en Bolivia, donde se cree yace la mayor reserva de litio del planeta.
Ya vamos a volver a Bolivia, pero antes sigamos repasando la historia.
El litio comenzó a ser una materia prima clave para la industria de la tecnología en 1991 cuando Sony desarrolló la primera batería comercial de ion de litio. Tal fue la importancia de este hallazgo que en 2019 los creadores de esta pila fueron consagrados con el premio Nobel de Química.
Con el desarrollo de las tecnologías móviles el litio se posicionó como el “oro blanco” de la industria a pesar de que en baterías de computadoras y celulares se emplean cantidades mínimas, y en baterías para autos esta sustancia representa el 5% del producto total. Así y todo, América del Sur -que tiene el 80% de las reservas mundiales de este material- es la mina en la que todos los proveedores del rubro quieren estar.
Pero la cuestión no está siendo tan sencilla de este lado del mundo. Se estima que, a pesar del potencial, recién para 2025 podría llegar a instalarse la primera fábrica de células de litio en la región. Ni Argentina, ni Chile, ni Bolivia pudieron, por ahora, establecer un plan de acción exitoso para la extracción comercial del litio. ¿Cuál es la explicación de estas dificultades? No hay una sola causa. Acá se mezclan conflictos sociales, económicos, políticos y de experiencia técnica.
Lo que sí cambiaron en estas regiones del mundo son los paisajes. Estas enormes piscinas de evaporación son campos de extracción de litio donde se bombea a la superficie y se concentra para rescatar así los valiosos minerales.
El futuro de este material en estos países es bastante incierto. Algunos aseguran que es el negocio del siglo XXI para los países involucrados. El equilibrio entre lo económico, lo político, lo social y lo ambiental es una fina línea que el llamado “triángulo del litio” todavía tiene que resolver para su despegue definitivo en la región. Teledoce de Argentina (https://bit.ly/3DqtaAv)
 
 
 
 
 
EL MOTÍN QUE NO FUNCIONÓ
 
Diario Centro do Mundo de Brasil (https://bit.ly/2XXm1qX)
 
Quien no quiera prestar atención a lo que pasa en Bolivia (el golpe es un animal vivo y aún se mueve) no entenderá lo que puede pasar en Brasil.
El escenario que aquí está preparando Bolsonaro es el mismo que se preparó para el golpe que acabó derrocando a Evo Morales en noviembre de 2019.
No hay nada en el mundo, en la historia reciente, como el golpe boliviano. Antes de activar a los militares, el movimiento golpista movilizó a la policía, sin un liderazgo, mando y organización fuertes.
Bolsonaro está convencido de que no puede apoyarse en las Fuerzas Armadas y apuesta todo a un lío en el que los protagonistas son los PM. Es la táctica de los disturbios.
Así fue en octubre de 2019 en Bolivia. Fue la Policía Nacional, su policía uniformada, pero bajo el mando federal, la que se levantó en revueltas y creó el caos, alentada por la derecha y la extrema derecha civil.
Los soldados de tres brazos fueron empujados al golpe porque no había forma de controlar la inestabilidad creada en las calles con la ayuda de la policía. Son los militares, sin valor para reaccionar y bajo las órdenes de los amotinados, quienes asumen la tarea de ordenar la dimisión de Evo Morales.
Pero son ellos, los comandantes de las tres armas más su jefe, el comandante de las Fuerzas Armadas, el general Williams Kaliman, quienes son los primeros en decir que no habían creado esta situación. Algunos intentaron saltar.
Tanto es así que Kaliman pide unirse a la reserva y huye a Estados Unidos. Regresa al campo y huye de nuevo. Tiene orden de aprehensión del Ministerio Público y está considerado prófugo de la justicia desde principios de julio.
Los otros tres jefes militares están detenidos. Como comandante de la Policía Nacional también está preso. Hay investigaciones contra todos los líderes de los disturbios en el cuartel y por los asesinatos cometidos después del golpe.
En Bolivia, el golpe de Estado iniciado por la policía no funcionó porque no tenían legitimidad para nada, les faltaba fuerza institucional y les faltaba inteligencia política. Y porque los generales eran cobardes.
¿Quién en Brasil imagina que los PM sean capaces de aplicar y contener un golpe, desafiando a las Fuerzas Armadas, las instituciones y los propios gobiernos estatales?
¿Quién sería el líder de un golpe de Estado de PM? ¿El propio Bolsonaro? Los generales estarían a las órdenes de Bolsonaro y los coroneles de los PM. ¿Estaban todos mezclados con golpistas uniformados, civiles y milicianos?
Es difícil imaginar que sea posible. Pero alguien o algunos dentro de los PM creen que lo es. En Bolivia, creyeron.
Las estafas solo ocurren porque algunos creen que pueden hacerlo. Pero hay entre ellos quienes no saben muy bien cómo mantener un golpe, y quienes pueden ser la mayoría.
En Bolivia, el golpe de estado de la policía y generales cobardes resultó en daños políticos conocidos y el asesinato de 36 personas.
En Bolivia, los golpistas son juzgados por el golpe y las masacres que promovieron. El pueblo boliviano ganó el golpe. Este es el mejor ejemplo.
 
 
 
 
 
 
MARTÍN SORIA: "EL CONTRABANDO DE ARMAS A BOLIVIA FUE ORQUESTADO POR MACRI DESDE LA CASA ROSADA"
 
En diálogo con AM750, el ministro de Justicia calificó de "impune y cínico" al expresidente, que esta semana negó vínculos con el envío de armas a Bolivia tras el golpe de Estado a Evo Morales.
 
Página 12 de Argentina (https://bit.ly/389fpaM)
 
El ministro de Justicia, Martín Soria, volvió a manifestar que "no hay dudas" que el contrabando de armas a Bolivia fue organizado por Mauricio Macri desde Casa Rosada. Ayer el fiscal en lo Penal Económico a cargo de la causa, Claudio Navas Rial, imputó al exjefe de Gabinete macrista, Marcos Peña; el excanciller, Jorge Faurie; y el exsecretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo por el envío de armas de 2019.
En diálogo con AM750, Soria remarcó que "es evidente que Navas Rial entendió que no estamos ante un hecho aislado, sino que se trató de una acción orquestada por todo el gobierno para apoyar un golpe de Estado en un país hermano".
"No quedan dudas que el contrabando lo organizó Mauricio Macri desde Casa Rosada", puntualizó el ministro de Justicia, que además consideró que las declaraciones del expresidente sobre la causa por el envío de armas fueron "impunes y cínicas".
En este sentido, afirmó que "las pruebas no solamente están, sino que además son contundentes". "En cualquier momento van a negar que Macri fue presidente", ironizó el ministro de Justicia.
Las pruebas del contrabando de armas
En conjunto con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, el ministro de Justicia amplió la denuncia por el contrabando agravado de armas a Bolivia, y aportaron una serie de documentos y registros oficiales sobre reuniones mantenidas en la Casa Rosada por funcionarios de Cambiemos en los días que se gestionó el traslado de armamento al país vecino, atravesado por una forzada crisis institucional.
Soria afirmó esas pruebas son contundentes y dijo que "no quedan dudas" que el contrabando fue organizado por Macri con la participación de la ministra de Justicia, Patricia Bullrich, el canciller Faurie, el entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el jefe de Gendarmería, Gerardo Ortero. En total, ya son 11 los imputados en la causa.
El ministro endilgó además "impunidad y cinismo" en las últimas declaraciones en las que el ex presidente Mauricio Macri negó el contrabando y el Golpe en Bolivia. “Es lo que siempre hacen. Negar todo y decir que todo es mentira", expresó Soria al respecto.
En este aspecto, recordó que el contrabando agravado se dio debido a que se sacaron del país las armas, y explicó que en este caso el delito es "agravado" por tratarse de armas y municiones.
“El destino que figura en las documentaciones era diferente al que sucedió a los hechos. En la documentación decían que todo el armamento lo iban a utilizar para defender a la embajada y está acreditado que ese terminó en las manos de las fuerzas aéreas y en la policía de Bolivia que fue utilizado en la represión”, puntualizó Soria.  
 
 
 
 
 
EL COMANDANTE BOLIVIANO ACUSADO DE CONTRABANDO NEGÓ HABER FIRMADO UNA CARTA PARA EL EMBAJADOR ARGENTINO
 
La Nación de Argentina (https://bit.ly/3zhoLx8)
 
El excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Gonzalo Terceros declaró el lunes en el penal de Palmasola, Santa Cruz, donde se encuentra detenido preventivamente, y además de negar la autoría de la carta en la que habría agradecido al gobierno argentino el envío de material bélico, exigió que se abra una investigación para dar con la misiva original.
“Que den con la supuesta carta original para de ahí investigar a los que han falsificado mi firma y han elaborado el contenido de esa carta. Exijo que el Ministerio Público lo haga tan pronto como sea posible para que sean sancionados aquellos que han cometido este delito”, señaló Terceros según explicó su abogado Jorge Santistevan.
“Él niega haber recibido parte (de la entrega de material), mucho menos que recogió las armas, porque ese avión llegó el 13 de noviembre y él ya había renunciado el 12 de ese mes”, precisó Santistevan.
A lo largo de la declaración indagatoria, Terceros negó categóricamente haber redactado y enviado la carta de agradecimiento al embajador argentino por la entrega de material bélico. Asimismo, según detalló su abogado, el excomandante exigió que, de darse con la carta original, se realice un estudio grafológico de la misiva.
Por otro lado, el letrado del militar informó que se inició un tercer proceso contra el exjefe de la FAB- detenido preventivamente por su presunta implicación en el “golpe de estado” en Bolivia- por “incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución”, por el que deberá declarar nuevamente ante un fiscal el próximo jueves.
La carta, el documento que se sumó al expediente
El martes se conoció que el original de la carta con la que se inició la investigación por supuesto contrabando de material represivo a Bolivia fue incorporada al expediente que se tramita en el fuero Penal Económico en la Argentina. La carta estaba dirigida al exembajador argentino en Bolivia durante el gobierno de Cambiemos Normando Álvarez García, y fue el principal documento de los incorporados al expediente a partir de la apertura de un sobre con información que envió el ministerio de Relaciones Exteriores.
Según informaron fuentes judiciales, la incorporación a la causa del documento original permitirá someterla a peritajes y corroboraciones, si es que así lo consideran oportuno los magistrados que llevan adelante la investigación.
En el texto de la carta se agradecía “la colaboración prestada” a esa organización armada y “en el marco del apoyo internacional” entre ambos países “debido a la situación conflictiva que vive Bolivia”, según surge del propio documento. En el texto se consigna además que el gobierno de Mauricio Macri envió 40 mil cartuchos antitumultos, gases lacrimógenos en spray MK-9 y MK-4; 50 granadas de gas CN; otras 19 CS y 52 granadas de gas HC.
La Justicia investiga ese envío como una maniobra de supuesto contrabando agravado toda vez que se habrían evitados los controles aduaneros y se fingió que los elementos salían del país para proteger la embajada argentina en Bolivia cuando en realidad fueron a parar a manos de las fuerzas de seguridad que se encontraban en plena represión de las protestas sociales tras el golpe de Estado al gobierno de Evo Morales. La causa continúa su trámite con medias que se encuentran en curso, pese a que la Cámara Federal del fuero Penal Económico tendrá que decidir en los próximos días qué juez queda a cargo del expediente, ya que los magistrados Javier López Biscayart y Alejandro Catania trabaron una disputa negativa de competencia.
El juez Javier López Biscayart, quien adoptó las primeras medidas de prueba en relación a estos hechos, sostiene que la causa debe ser tramitada por su colega Alejandro Catania porque recibió la primera denuncia radicada sobre el tema, formulada por el abogado Eduardo Freiler.El magistrado Catania, por su parte, rechazó la competencia tras señalar que le corresponde llevar el caso a López Biscayart porque le recibió una denuncia pocos minutos después y con mayor contenido: la que presentaron y luego ampliaron en dos oportunidades los ministros Martín Soria (Justicia) y Sabina Frederic (Seguridad) y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
En ambos casos intervienen el fiscal Claudio Navas Rial quien, tal como publicó LA NACION, imputó al exjefe de Gabinete Marcos Peña, al excanciller Jorge Faurie y al exsecretario de Asuntos Estratégicos de la Nación Fulvio Pompeo bajo la sospecha de que habrían participado de la organización del envío de las municiones a Bolivia.
 
 
 
 
 
CONTRABANDO DE ARMAS A BOLIVIA: CONFLICTO ENTRE JUECES PARA AVANZAR CON LA INVESTIGACIÓN
 
Ambito de Argentina (https://bit.ly/3ydZMJB)
 
El juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart rechazó quedarse con el caso del contrabando de material represivo a Bolivia y dejó en manos de la Cámara en lo Penal Económico la definición sobre quién debe tramitar el caso.
Es que para López Biscayart, la causa debe quedar en el juzgado a cargo de su colega Alejandro Catania, porque en ese tribunal se radicó la primera denuncia. Y es ahí donde debe tramitar toda la investigación.
La primera denuncia fue la del excamarista Eduardo Freiler, en el juzgado de Catania. Poco después ingresó la denuncia del Gobierno nacional ante Biscayart que avanzó con numerosas medidas.
En la causa, el fiscal Claudio Navas Rial imputó a unas 11 personas, entre ellas al propio Mauricio Macri, al excancillar Jorge Faurie, al exjefe de Gabinete Marcos Peña, y a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, entre otros.
La denuncia de Freiler le apunta también al entonces embajador argentino en el Estado Plurinacional de Bolivia, Álvarez García; al entonces jefe de la Gendarmería Nacional, Gerardo Otero; y al exjefe del Estado Mayor Mayor General de la Fuerza Áerea, Enrique Amrein.
El excamarista también consignó el contexto en el que se habría producido el envío de material bélico al señalar que el 10 de noviembre de 2019 Evo Morales debió dejar su cargo ya que corría riesgo su vida y dos días más tarde le negó el asilo solicitado.
El Gobierno nacional denunció que el objetivo de envío fue "poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales".
"El hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero", se indicó en la denuncia del Poder Ejecutivo.
El material bélico puesto a disposición de la dictadura boliviana habría consistido en, por lo menos: 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógeno en spray MK-9; 05 gases lacrimógeno en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS; 52 granadas de gas HC, según denuncias públicas de las autoridades bolivianas.
Hoy López Biscayart reivindicó el sistema de sorteos en la asignación de las competencias. Para el juez, el caso debe quedar donde se radicó y sorteó la primera denuncia. Esto es en el juzgado de Catania, y es allí donde deben acumularse las presentaciones relacionadas con el contrabando del material a Bolivia.
“El sorteo de los casos se encuentra previsto en los Reglamentos del Fuero y está dispuesto para asegurar la transparencia en la asignación de las denuncias que ingresan. En definitiva, con este sistema se divide el trabajo en forma ecuánime entre los Juzgados Penales Económicos y se evita una posible afectación a la garantía de juez natural. No importa entonces cuánto tiempo haya de diferencia entre el sorteo de los expedientes –puede ser mínima- o si el magistrado titular del tribunal desinsaculado se encontraba gozando de licencia –como fue el caso-, sino que la primera asignación es la que asegura la garantía constitucional en juego”, explicó el juez al pedir la intervención de la Cámara para resolver el conflicto.
“En este caso en concreto, nótese que el fiscal tenía delegada la instrucción de la causa 721 (la primera) antes de que requiriera la instrucción de la 722 (la del gobierno). Y en esas circunstancias, optó por instar la prueba en el proceso no delegado provocando él el mayor avance del que no tenía delegado. De aceptarse el criterio del Juzgado 4, la elección del juez se habría dado por la actividad o inactividad del fiscal, lo que implica elegir al juez”, advirtió Lopez Biscayart.
Continúo su resolución: “De aceptarse ese razonamiento, la asignación de competencia en casos similares sólo dependerá de la decisión de impulso de las oficinas judiciales, en desmedro del sistema de sorteos establecido por el reglamento del fuero”.
“El caso no presenta, a criterio de este estrado y con independencia de las connotaciones institucionales aludidas por el fiscal, ninguna complejidad especial que justifique apartarse de las resultas del sorteo, con lo que no se afecta la mejor o más pronta administración de justicia”, concluyó.
En la causa consta la prueba aportada por el gobierno de la existencia de dos reuniones celebradas el 12 de noviembre de 2019 en la Casa Rosada. En la primera de ellas, el ex presidente Macri se habría reunido en privado con Faurie, quien tras el encuentro habría suscripto una “sospechosa nota, hasta ahora desconocida” mediante la cual solicitaba -por fuera del sistema electrónico y obligatorio de comunicaciones oficiales-, el envío de personal de la Gendarmería Nacional a Bolivia, con el supuesto fin de defender la embajada argentina en ese país, la cual estaba a cargo del entonces embajador Normando Álvarez García.
Asimismo, el gobierno agregó la existencia de una segunda reunión celebrada en el despacho de Peña, en la que estuvieron presentes la ex ministra de Seguridad, Bullrich, y el ex jefe de la Gendarmería Nacional -entre otros-, y que en aquellos encuentros se habría ordenado y organizado la maniobra de contrabando del material bélico que fue entregado por las fuerzas nacionales a la Policía y la Fuerza Aérea bolivianas el 13 de noviembre de 2019.
 
 
 
 
 
CONSEJEROS DE PUNO REITERARON A GUIDO BELLIDO NECESIDAD DE GAS BOLIVIANO
 
La República de Perú (https://bit.ly/3zbN2oh)
 
El presidente del Consejo Regional de Puno, Jorge Zúñiga Pineda, acompañado de una delegación de consejeros viajó a Lima para reunirse con el premier Guido Bellido. En la cita le insistieron sobre la necesidad de importar gas boliviano al Perú.
Según Zúñiga, Bellido se habría comprometido a encaminar el pedido de Puno previa evaluación técnica y política, para que cualquier acuerdo con Bolivia, no tenga ningún freno.
Cabe recordar que el pleno del Consejo Regional, a través del Acuerdo Regional N° 141-2021-GRP-CRP, declaró de interés regional y urgente necesidad pública la comercialización del Gas Licuado de Petróleo (GLP) a través de plantas envasadoras en la región Puno.
Asimismo mediante Acuerdo Regional N° 154-2021-GRP-CRP, de fecha 12 de agosto, se aprobó solicitar al presidente Pedro Castillo acceder a la comercialización del GLP.
Es en base a estos dos acuerdos que giró el encuentro con el titular de la cartera ministerial del presidente de la República.
Los fiscalizadores señalaron que la necesidad de importar se debe a que al alza del carburante peruano. En Puno, por ejemplo, tiene un costo de S/ 55 el balón de diez kilos. El monto es mayor dependiendo de la lejanía y ubicación de la provincia.
En la ciudad de Puno desde hace quince días el gas doméstico subió de S/ 48 a S/ 51. En el centro minero de La Rinconada la situación es más crítica. Ahí el balón de gas de diez kilos tiene un costo de S/ 55. El costo elevado es similar en la selva puneña de Sandia, donde el costo del combustible puede llegar a 60 soles. Jorge Zúñiga señaló que el gobierno está dispuesto a viabilizar la exigencia y adelantó que sería cuestión de tiempo la adopción acciones concretas. Dejo entrever que Bellido, habría pedido esperar su presentación en el congreso el 26 de agosto por el voto de confianza.
El Frente de Organizaciones Populares (FOP) a través de un comunicado anunció que respaldan cualquier acción respecto al gas. Solo se busca que beneficie a la ciudadanía.
 
 
 
 
 
GOBIERNO BOLIVIANO DEVOLVERÁ A LOS TRABAJADORES 566 MILLONES DE DÓLARES DE LAS AFP
 
Sputnik News de Rusia (https://bit.ly/2XMtzfY)
 
Más de 1,4 millones de bolivianos aportantes a las Aseguradoras de Fondos de Pensión podrán retirar una parte o el total de sus cuentas, como medida para reactivar la economía nacional, afectada por las restricciones impuestas a raíz de la pandemia de COVID-19.
El Gobierno de Luis Arce Catacora está reuniendo 3.900 millones de pesos bolivianos (Bs) —unos 566 millones de dólares— para devolver aportes de las Aseguradoras de Fondos de Pensión (AFP) a 1,4 millones de trabajadores que están desempleados. La medida, asumida para hacer frente al daño económico causado por la pandemia de COVID-19, fue en 2020 una de las promesas de campaña del actual presidente.
"Como estrategia para dinamizar la economía en el país, nuestro Gobierno nacional ha promovido el tratamiento y promulgación del proyecto de ley de Devolución de Aportes de las AFP", dijo a Sputnik el diputado Héctor Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Esta ley pretende beneficiar fundamentalmente a quienes tienen aportes más bajos. Los mayores de 50 años que estén desempleados y tengan hasta 10.000 Bs en aportes (1.452 dólares), podrán retirar el 100% de este monto.
Claro que en los próximos años tendrán que restituirlos. Así, llegado el momento, podrán jubilarse habiendo efectuado los aportes correspondientes. En este sentido, más que devolución sería "un préstamo", según Arce, cuya Cámara aprobó el proyecto el 12 de agosto pasado. Se espera que hasta finalizar septiembre lo habrá aprobado también el Senado.
La devolución de aportes es un reclamo que comenzó en 2020. En ese momento, el Gobierno de facto de Jeanine Áñez había impuesto severas restricciones a la circulación, con la excusa de combatir a la pandemia de COVID-19. Pero así, también miles de bolivianos y bolivianas quedaron sin empleo.
El diputado explicó que ya hay experiencias similares a este proyecto de ley en Chile, Perú y Estados Unidos: "Nuestra propuesta es parte de la campaña electoral del MAS en 2020. El hermano Luis Arce incluyó en su programa de Gobierno la devolución de aportes de las AFP y eso estamos haciendo", sostuvo.
Para quienes tienen aportes de entre 10.000 Bs hasta 100.000 Bs, la ley permite retirar hasta un 15%, que en el mejor de los casos serían 15.000 Bs (2.150 dólares).
A aquellos cuyos aportes superen los 100.000 Bs (14.520 dólares) solamente se les permitirá recuperar hasta 15.000 Bs, según informó el Ministerio de Economía.
"Esas son las opciones que hemos aprobado en la Cámara de Diputados. En estos días hará lo mismo el Senado. Y la próxima semana, esta ley será promulgada por el presidente Luis Arce", adelantó el legislador.
Una devolución que se deberá devolver
Según el Ministro de Economía, en Bolivia hay 2.434.561 trabajadores que aportan a las AFP un total de 93.571 millones de Bs (13.587 millones de dólares), que totalizan los recursos de la Cuenta Personal Previsional (CPP).
La inminente normativa está dirigida a 1.464.375 de esos trabajadores, cuyos aportes representan 30.647.326.034 Bs (4.450 millones de dólares), indicaron desde este ministerio.
"Quienes retiren sus aportes, hasta el momento de jubilarse tendrán que devolver el dinero, con una tasa de interés generada en ese periodo", dijo Arce. Y advirtió: "Quienes vayan a retirar deben pensarlo muy bien".
En este sentido, el legislador recordó que "la jubilación es un derecho que se ha conseguido con mucho esfuerzo en el país. La jubilación es la garantía para que la señora y el abuelo tengan una vida digna".
Por ello, "hay que pensarlo muy bien desde ese punto de vista. Si necesitan pueden retirar los aportes. Pero deben saber que si quieren jubilarse, después les va a faltar ese monto que deben devolver, más la tasa de interés que va a generar. Es un préstamo que no va a afectar a la economía del país ni a la jubilación del trabajador", consideró Héctor Arce.
Una devolución que no afecta al sistema
Desde el Ministerio de Economía remarcaron que esta devolución de aportes "no comprometerá los recursos de los trabajadores (los cuales actualmente están percibiendo los rendimientos de las inversiones que realizan las AFP)".
Tampoco afectará a "la sostenibilidad del Sistema de Pensiones, ya que no se ponen en riesgo los fondos administrados por las AFP", aseguraron.
Desde esta cartera también afirmaron que 1.186.448 personas tienen hasta 100.000 Bs y podrían retirar hasta el 15%.
Son 58.491 personas que tienen más de 100.000 Bs. en aportes y podrían retirar hasta 15.000 bolivianos.
Y son 219.436 trabajadores que podrían acceder a la devolución total de sus aportes, porque no tendrían en sus cuentas más que 10.000 Bs.
Además, deben tener más de 50 años para acceder a la devolución: "Consideramos que este grupo de personas, aunque haga todos los esfuerzos por incrementar sus aportes en las cuentas personales previsionales, no lo va a lograr. Por tanto, la devolución será del 100% para estas personas", dijo el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.
 
 
 
 
 
ESPAÑA LEVANTA TAMBIÉN LAS RESTRICCIONES DE ENTRADA A LOS BOLIVIANOS VACUNADOS CON LAS PAUTAS COMPLETAS
 
Ocio Latino de España (https://bit.ly/2WozebR)
 
España ha levantado este martes las restricciones de entrada al país a los viajeros procedentes de Bolivia que hayan adquirido el esquema completo de la vacuna contra el coronavirus.
El embajador de España en Bolivia, Francisco Javier Gassó, ha informado sobre la liberalización de las restricciones en una rueda de prensa junto al ministro de Exteriores del país sudamericano, Rogelio Mayta, y la viceministra de Gestión Institucional y Consular de la misma cartera, Eva Chuquimia.
En la misma, se ha precisado que las personas procedentes de Bolivia podrán ingresar en territorio español con un visado y un certificado de inmunización con una vacuna autorizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Europea del Medicamento (EMA).
“Todas aquellas personas que deseen visitar España por motivos de estancia de corta duración, ya sea por motivos de negocios o motivos turísticos y que han tenido el visado correspondiente, podrán entrar en territorio español siempre y cuando estén vacunadas con una de las vacunas autorizadas por la OMS y con una pauta completa de vacunación de al menos 14 días de antelación”, ha concretado el embajador español.
Por su parte, el ministro boliviano ha señalado que la liberalización de las restriciones para el ingreso de bolivianos a España “permitirá que muchas familias se reúnan después de varios meses separadas debido a la pandemia”. Al respecto, Gassó ha indicado que alrededor de 200.000 ciudadanos bolivianos radican en el país europeo.
Mayta ha aprovechado la ocasión para recalcar la importancia de la vacunación en su país, donde, hasta el momento, se han aplicado 5,4 millones dosis de la vacuna contra la COVID-19, con más de tres millones de primeras dosis y 2,4 millones de segundas.
Bolivia acumula hasta el momento más de 487.700 casos confirmados desde que estalló la pandemia, con casi 600 positivos en la última jornada, mientras los fallecidos superan los 18.000, 17 registrados en el último día, según el Ministerio de Salud.