Argentina, Brasil, Perú, Ecuador y
Bolivia son países que además de convivir en Sudamérica, cuentan con un factor
en común: cada uno tiene su propia agencia espacial. Esto, les ha permitido
cumplir con importantes objetivos: mientras el brasileño Marcos Pontes se
convirtió en el primer lusoparlante en llegar a la Estación Espacial
Internacional, la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana (EXA) pasó a ser parte en
2008 de la Federación Internacional de Astronáutica.
¿Y qué ocurre con Chile? A diferencia
de sus vecinos sudamericanos, nuestro país no cuenta con una agencia espacial,
pese a haber sido uno de los precursores en la materia en la región. Diferentes
motivos han hecho que poco a poco hayamos ido perdiendo terreno, a pesar de los
importantes beneficios que podría aportar en diferentes ámbitos, como el
monitoreo de desastres naturales, ofrecer acceso a internet de alta velocidad o
ayudar en temas de defensa, entre muchos otros.
Con la creación del Ministerio de
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y un nuevo Centro Espacial
Nacional que se construirá en Santiago, el panorama podría cambiar.
Un comienzo auspicioso…
Nuestro país tuvo una primera incursión
en materias espaciales en la década de los `50, cuando la Universidad de Chile
firmó un convenio con la NASA para la creación del Centro de Estudios
Espaciales, la cual funcionó como estación de rastreo satelital de la agencia
espacial norteamericana hasta 1989 y como Centro de la Universidad de Chile
hasta 2008, año en que fue vendida a la Corporación Espacial Sueca.
Ya en 1980 se creó el Comité de Asuntos
Espaciales, el cual trazó los primeros lineamientos para la elaboración de una
política pública en esta área. Luego de eso se crearon una serie de comisiones,
como el Comité de Asuntos Espaciales (1980), la Comisión Asesora Presidencial
denominada Agencia Chilena del Espacio (2001), el Consejo de Ministros para el
Desarrollo Digital y Espacial con una secretaría ejecutiva a cargo de la Subtel
(2013) y el Consejo de Ministros para el Desarrollo Espacial (2015).
Dentro de los principales hitos
encontramos el lanzamiento de los satélites Fasat Alfa (1995), el cual falló al
no poder desacoplarse del satélite ucraniano al que iba adosada. De esta
manera, terminó convirtiéndose en la primera basura espacial chilena. Tres años
más tarde se lanzó el Fasat Bravo desde Kazajstán, cuyo objetivo era realizar
estudios geográficos, climáticos y de recursos económicos del país, dejando de
operar en 2001.
En 2011, en tanto, se lanzó el Fasat
Charlie (2011), el cual significó una inversión de 72 millones de dólares y
cuya misión fue la observación terrestre. Sin embargo, este satélite ya cumplió
con su vida útil. En junio de 2017 se lanzó desde India el primer satélite
artificial diseñado y desarrollado localmente en Chile. Nos referimos al
SUCHAI, un nanosatélite de alrededor de 1 kg construido por el Laboratorio de
Exploración Espacial y Planetaria de la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas de la Universidad de Chile y cuya vida útil se estimó entre seis
meses y dos años.
En el caso de Perú, cuentan con el
satélite PeruSat-1, el cual es uno de los más potentes en Latinoamérica,
enviando imágenes que ayudan en el sector minero y agrícola, así como para
controlar la tala ilegal, el narcotráfico y la previsión de desastres
naturales, entre otros. A su vez, Bolivia posee el Túpac Katari, mediante el
cual el gobierno busca mejorar las telecomunicaciones, especialmente en
sectores rurales.
Seis empleados
Uno de los principales aspectos en los
que coinciden diversos expertos en la materia es el poco financiamiento que se
ha destinado para operaciones ligadas al espacio. Si bien los miembros de la
Comisión Asesora Presidencial de 2001, así como el Comité de asesores,
desempeñaron sus funciones ad honorem, en 2002 contaron con un presupuesto de
apenas 28 millones de pesos anuales, de acuerdo a la Asociación Chilena del
Espacio (ACHIDE) de 2019.
A su vez, en 2011 la Agencia Chilena
del Espacio contaba con una dotación de 6 empleados y un presupuesto aproximado
de $150 millones. Dos años más tarde dejó de operar como tal.
Si nos vamos al presupuesto anual en
gasto satelital, en 2016 Chile destinó alrededor de sólo 164 mil dólares, muy
lejos de Argentina (116 millones de dólares), Brasil (92 millones de dólares),
Perú (75 millones de dólares) y Bolivia (30 millones de dólares).
“Hay momentos en los que íbamos bien
adelante, pero de repente nos fuimos quedando un poco atrás en algunas cosas”,
señala a BioBioChile Klaus von Storch, el chileno candidato a astronauta y uno
de los principales expertos criollos en materia espacial.
“Como país fuimos unos de los primeros,
obviamente después de Brasil y Argentina, en desarrollar satélites, pero ahí
quizás nos quedamos un tanto estancados. Bolivia y Perú dieron pasos
importantes en el tema de desarrollo de satélites, e incluso hay algunos países
pequeños que tienen agencias espaciales definidas”, añade.
“Nosotros, en lo que es la formación de
una agencia, hemos sido tremendamente lentos. Yo lo atribuyo a que no existía
la masa crítica suficiente para percibir la importancia que tiene el tema
espacial. Muchas veces la gente se siente como ajena y dice ¿para qué me sirve
el tema espacial?, pero claro, a veces uno se olvida que tenemos información de
que mañana va a llover gracias a los satélites meteorológicos, o que el Uber
funciona con los satélites GPS. Hay tanta información importante que ocupamos
en el día a día, y nosotros podemos ser actores importantes”, puntualiza.
Néstor Espinoza, astrónomo chileno que
trabaja en el Space Telescope Science Institute en estrecha colaboración con la
NASA, en tanto, sostiene que una agencia espacial requiere de una inyección
directa de dinero. No obstante, además debe tener ciertos objetivos clarísimos.
“Acá la conversación ha estado lenta
porque si bien el desarrollo espacial en Chile es bueno, de hecho la
Universidad de Chile ha lanzado un par de satélites y se está trabajando en los
cubesat, que son los satélites pequeñitos que tienen un montón de usos, supongo
que aún es pequeño en función a lo que requeriría una agencia espacial. Mi
punto es que es un paso grande, es un compromiso financiero con un grupo de
personas que trabajan directamente para el Gobierno, y ese paso yo creo que es
el complicado”, dice a BBCL.
“Es un paso importante que requiere de objetivos
claros, de objetivos a corto y largo plazo, los que, supongo, aún están en
conversación en Chile. La gran pregunta es lo clásico: ¿creas una agencia para
diseñar tu propio programa y hacer esta inyección constante de manera que vas a
desarrollar tecnología propia, o vas a subcontratar grupos más pequeños, en
dónde puede que salga algo o puede que no?”, asevera.
“Al final depende de la urgencia del
problema, y esa es una respuesta que solamente te puede dar alguien del
Gobierno yo creo. ¿Cuán urgente es tener esta tecnología en Chile? ¿Cuán
urgente es desarrollar tecnología que sea particular para el uso de Chile?
¿Cuán importante es ahora, a corto y largo plazo?”, analiza.
¿Falta de voluntad política?
Loreto Moraga,, presidenta de la
Asociación Chilena del Espacio, es enfática en indicar que la radiografía “es
muy cruda, porque en Latinoamérica todos tienen agencias espaciales”.
“Prácticamente ya todos los países
cuentan con una institucionalidad que pasa por una agencia espacial, con un
organismo que cuenta con autonomía, con patrimonio propio, que tiene un
objetivo que es funcional, y eso es lo que no ha habido en Chile”.
Moraga, quien además es directora del
Instituto Chileno de Derecho Aeronáutico y Espacial, remarca que han pasado 40
años con varios intentos, pero que han derivado en un mecanismo de consejo de
ministros que tienen una función estratégica pero no funcional u operativa.
“Y ahí es donde está el gran problema”,
espeta. “Además no tienen un funcionamiento permanente, sino que se van reuniendo
en la medida que alguien los convoca”, puntualiza.
La también presidenta de la Asociación
Chilena de Helicópteros afirma que desde la ACHIDE le han dado muchas vueltas
al tema, y han llegado a la conclusión de que ha faltado voluntad política. “El
mundo político no ha estado verdaderamente convencido de la necesidad de tener
una institucionalidad de estas características”, dice.
“Nos da la sensación de que ellos no
han visualizado la importancia que tiene la actividad espacial, y eso marca una
diferencia entre lo que tenemos hoy en día como actividad espacial en
desarrollo y lo que teníamos antes”, precisa.
Un nuevo Sistema Nacional Satelital
En mayo pasado el Gobierno anunció la
implementación del Sistema Nacional Satelital, iniciativa que contempla la
construcción de 10 satélites que serán lanzados al espacio entre 2021 y 2025,
varios de los cuales serán fabricados en Chile.
El ministro de Defensa, Baldo
Prokurica, señaló que estos satélites de alta resolución serán monitoreados
desde tres nuevas estaciones ubicadas en Punta Arenas, Santiago y Antofagasta.
A su vez se anunció que en Cerrillos se
construirá un nuevo Centro Espacial Nacional, el cual estará equipado con un
laboratorio para construir satélites, un centro de mando y control, otro de
análisis y procesamiento de información y un centro de emprendimiento e
innovación espacial.
Para esto, el Ejecutivo firmó un
contrato con el consorcio israelí ImageSat, el que por 120 millones de dólares
se adjudicó el proyecto, el cual permitirá a nuestro país “disponer no solo de
un satélite como ha sido hasta la fecha, sino de una verdadera constelación
nacional de 10 nuevos satélites”.
Al respecto, el ministro de Ciencia y
Tecnología, Andrés Couve, dijo a BioBioChile que este nuevo sistema satelital
incluye tres satélites de aproximadamente 100 kg y la construcción en nuestro
país de siete nanosatélites.
“Esta inversión cumple objetivos de
seguridad y soberanía pero también objetivos estratégicos para el país, por
ejemplo el monitoreo del cambio climático y la sequía. Para administrar estos
recursos se requiere de una nueva gobernanza, la cual se beneficia de la
incorporación del Ministerio de Ciencia a este ecosistema. Además, tendremos un
centro de investigación y desarrollo que también va a cumplir funciones de
innovación y emprendimiento en donde agregaremos valor a esta inversión que
acabamos de hacer como país”, destacó.
Respecto a este nuevo Sistema Nacional
Satelital, Von Storch dice que es una noticia sumamente positiva. “Si bien no
es la estructura que a veces uno se imagina, es muy bueno para ir dando los
pasos sólidos como corresponde”, asevera.
En ese sentido, el ingeniero aeroespacial
añade que el Centro Espacial Nacional integrará de alguna manera la
participación de organizaciones tales como universidades y del sector
científico. “Y para eso también se está creando la institucionalidad de cómo se
manejará el tema del espacio. Si bien quizás no se llama agencia chilena del
espacio o algo por el estilo, es como el equivalente”, menciona.
“Fíjate que ahí decantan las cosas,
porque cuando tienes una instalación de 5 mil m2, donde tienes un proyecto con
diez satélites, tienes que darle la importancia como país e ir armando la
estructura. Hay un montón de convenios y oportunidades que van apareciendo. Yo
he estado muchas veces en la Comisión del Espacio Ultraterrestre, en la que
básicamente se juntan representantes de muchos países, como de Rusia y de la
NASA, y ahí se van generando oportunidades y firmando acuerdos”, expresa.
¿Qué podríamos obtener de una agencia
espacial?
La presidenta de ACHIDE remarca que una
agencia espacial implica mucho más que cohetes y astronautas, añadiendo que los
dineros que se invierten en actividades espaciales “generan toda una economía
de bienes y servicios que está siendo tremendamente rentables y útiles para
satisfacer necesidades públicas de bien común”. Así también, Moraga apunta a
necesidades cotidianas que generarían un mercado que demande esa información,
“como por ejemplo el Waze, y así muchísimas otras”.
El reconocido astrónomo chileno y
divulgador científico José Maza indica que en un país tan largo y disperso como
Chile, “el espacio es muy importante para poder estar mirando las corrientes
marinas, las siembras, estar monitoreando el avance del desierto, los
glaciares. Hay un montón de cosas que se pueden hacer desde el espacio,
entonces una agencia espacial chilena debería, en primer lugar, formar a los
profesionales para que puedan hacer uso de toda la información que se obtiene
del espacio”.
“Además, que pudiera (ser capaz de)
fabricar algún tipo de satélite sencillo, que pueda ponerlos en órbita y
operarlos. Y eventualmente, también, poner en órbita satélites más complejos
que no solamente miren hacia abajo sino que también miren hacia arriba. Uno
puede tener datos meteorológicos que también son muy importantes. Un compromiso
con la investigación científica en general, eso es lo que yo esperaría de una
agencia espacial chilena”, dice.
Espinoza, por su parte, plantea que el
monitoreo del clima y de desastres naturales es un detalle clave a considerar
al pensar en una agencia espacial, indicando que esto es lo que hacen países
que no son precisamente potencias. “Una vez tuve la oportunidad de conversar
con gente de la agencia espacial de Albania, en Europa, la que si bien no tiene
un gran financiamiento, han sido capaces de lanzar satélites pequeños para
hacer monitoreo de clima y de desastres en el país”, menciona.
“Creo que es particularmente importante
dada la geografía de Chile, ya que debido a esto es muy difícil tener acceso a
todos los lugares a los que quieres acceder, en términos de imagen o clima.
Entonces una agencia espacial podría jugar un rol importante en esto”,
complementa.
Un futuro promisorio
Considerando los planes anunciados por
el Gobierno para los próximos meses, Von Storch se muestra optimista.
“Justamente lo que quizás necesitaba Chile era un lugar físico en el cual se
junta el ambiente científico con el universitario y las capacidades de
desarrollo satelital de las fuerzas armadas”, señala.
“Toda esta cosa real que va a suceder
va a generar cierta necesidad que va a requerir que se firmen acuerdos, que se
relaciones Chile con otros países. Si se hace a nivel gobierno le da un
paraguas mucho más amplio en dónde puedan interactuar de forma más fácil
distintos actores”, plantea.
Y aunque admite que esta partida
funcionará con un presupuesto más bien limitado, cree que en la medida que se
demuestren sus beneficios para el país, “debieran generarse los recursos como
para poder desarrollar capacidad de lanzamiento o de desarrollo de satélites
acá en Chile”.
Por su parte, Moraga sostiene que en la
actualidad es posible generar la voluntad política, considerando el impacto que
ha tenido la actividad privada, lo que refleja que “la economía espacial de
bienes y servicios va mucho más allá de los cohetes, por decirlo así”.
“Muchos del mundo político piensan en
la actividad espacial relacionada con cohetes, astronautas y satélites, nada
más, pero la verdad es que es muchísimo más amplio que eso, hay todo una
economía de bienes y servicios vinculada con el uso de los servicios
satelitales que pasan por la observación y las telecomunicaciones pero también
está la observación, exploración y la explotación espacial que está en boga.
Son áreas en dónde tendríamos mucho por hacer y aportar”, afirma.
Por lo mismo, asevera que dada su
condición geográfica, Chile resulta atractivo para la actividad espacial.
“Desde la observación de los cielos por el norte, también en el sur, en la
Patagonia extrema, tenemos una posición geográfica súper privilegiada, es una
mina de oro en términos de ubicación para hacer bajada de información
satelital”, asegura, apuntando a su vez a otro beneficio con el que cuenta
nuestro país: la infraestructura en fibra óptica.
“Y eso, hoy en día, ha hecho que
tengamos a varios instalados en la Patagonia: tenemos a los chinos, a los
japoneses, a los indios, a los suecos y a SpaceX, pero no tenemos agencia
espacial. No tenemos un interlocutor civil que coordine gestiones y el uso de
información que nuestra propia infraestructura en los satélites nos puede dar;
el Fasat Charlie antes y ahora el nuevo Sistema Satelital Nacional”, detalla.
“Vamos un poquito atrás. Tenemos
actividad espacial e infraestructura espacial, pero lo que no tenemos es la
institucionalidad adecuada. ¿Hay alguna? Sí, pero no es la adecuada”, concluye.
El profesor Maza, en tanto, señala que
como astrónomo, espera que Chile pueda tener la capacidad de poner en órbita
satélites que puedan mirar al cielo y que puedan complementar aquellos estudios
que podemos hacer desde Tierra. “Chile tiene los cielos más privilegiados del
mundo, y ya hay en Chile más de dos docenas de enormes telescopios de última
generación, con los cuales se puede explorar el espacio, en óptico y en ondas
de radio”, menciona.
“Pero hay algunos rangos, como por
ejemplo el infrarrojo o el ultravioleta, que sólo se pueden hacer desde el
espacio. Entonces obviamente que tener la capacidad de tomar datos en esas
bandas sería estupendo, y además los astrónomos deben tener una gran capacidad
de análisis de datos e imágenes, las que pueden ser tomadas con un telescopio
terrestre o con un satélite”, espeta. Radio Bio Bio de Chile
(https://bit.ly/2WfpZua)
LOS IMPACTANTES PAISAJES QUE LAS
BATERÍAS DE TUS TELÉFONOS ESTÁN CREANDO EN SUDAMÉRICA
En Bolivia y Chile, el alto tonelaje de
litio incrustado en las llanuras salinas ha dado lugar a campos masivos.
BBC Mundo de Londres (https://bbc.in/386tOoj)
Debajo de la pantalla en la que estás
leyendo esto, hay probablemente parte del destilado de una llanura de sal.
Hace millones de años, los volcanes
depositaron minerales en vastas extensiones de América del Sur y luego el agua
se filtró a través de las rocas para formar enormes lagos.
Entonces vinieron ciclos de evaporación
y deposición, los cuales generaron vastas llanuras de sal en los que se
encuentra uno de los minerales más buscados del mundo: el litio.
Con el rápido aumento en el uso de
baterías, para dispositivos electrónicos y automóviles eléctricos, la demanda
de litio y otros materiales básicos en la industria se está acelerando.
El litio está cambiando la suerte, y
más específicamente los paisajes, de aquellos países que lo tienen en
abundancia.
En Bolivia y Chile, el alto tonelaje de
litio incrustado en las llanuras salinas ha dado lugar a campos masivos.
Desde el aire, las piscinas de
evaporación para la extracción del mineral inundan el paisaje con colores
llamativos.
En esta serie de fotografía exploramos
estos lugares, cuyas características sorprendentes han inspirado a varios
artistas, escritores y arquitectos.
Nuestro recorrido visual comienza en
las salinas de América del Sur, que contienen cientos de millones de toneladas
de litio.
En las Salinas Grandes de Argentina,
los indígenas ven las piscinas naturales como "ojos" que tienen un
significado espiritual. Pero los políticos y las empresas también ven el enorme
valor económico de las salinas, incluso si aún no se han explotado por completo.
El Salar de Uyuni, en Bolivia, alberga
lo que quizás sea el depósito individual más grande del mundo.
La salmuera se bombea a la superficie y
se evapora para concentrar los minerales.
Luego se filtra y se trata químicamente
para extraer el litio.
Mientras tanto, lugares como el
desierto de Atacama han ayudado a Chile a convertirse en uno de los principales
productores del mundo.
Puede llevar más de un año maximizar la
concentración de litio mediante este método de evaporación. La industria ha
crecido considerablemente en el desierto de Atacama, en Chile.
BOLIVIA: CONFIRMACIÓN DE GOLPE DEJÓ
"CONSECUENCIAS MORALES" EN LA OPOSICIÓN
Sputnik News de Rusia (https://bit.ly/2XIs2aM)
El analista político boliviano, Axel
Arias Jordán, indicó a 'Telescopio' que a raíz del informe de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la crisis que vivió Bolivia en
2019, se reveló una "ruptura institucional".
El reciente informe de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la crisis que vivió el país
sudamericano en 2019 no dejó dudas sobre la violenta represión ejercida por el
Gobierno transitorio de Jeanine Áñez contra las protestas sociales.
El contenido del documento, elaborado
por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado
en medio de acusaciones cruzadas sobre golpe de Estado contra el expresidente
Evo Morales (2005-2019) y fraude electoral, dio detalles de 37 fallecidos y cientos
de personas con lesiones físicas y psicológicas.
El texto calificó de
"masacre" lo ocurrido en Sacaba (departamento de Cochabamba) y en
Senkata (ciudad de El Alto), durante las intervenciones militares ante las
movilizaciones por la asunción de Áñez a la presidencia.
Entrevistado por Sputnik, el canciller
boliviano Rogelio Mayta destacó el camino de esperanza que abre este informe
para conocer la verdad de lo sucedido.
En este marco, la Fiscalía General
presentó una acusación formal para un juicio de responsabilidades por genocidio
contra Áñez, quien el 21 de agosto intentó quitarse la vida en prisión.
El analista político boliviano Axel
Arias Jordán dijo a Telescopio que aunque el objetivo del GIEI no era
determinar la existencia o no de un fraude electoral o un golpe de Estado en
2019, "al hacer la lectura de las partes concernientes a la crisis que
vivió el país en ese entonces, se puede entrever que hubo una ruptura
institucional".
"Entre el 8 y 10 de octubre,
cuando Evo Morales renuncia a la presidencia, se puede ver las manifestaciones
y sugerencias que hicieron los jefes de Policía y de las Fuerzas Armadas al
presidente para que deje el cargo. Y acto seguido se puede evidenciar el
momento en que Áñez asume, indicando que sin el quórum previsto en el Parlamento
se proclama primero presidenta de la Cámara y luego interina del Estado
Plurinacional”, agregó.
Para el analista, estos elementos
"confirmarían la tesis de un golpe en octubre de 2019, aunque desde la
oposición se pide que no se interprete sesgadamente el informe". Pero
"apegándonos a lo que establece la Constitución y los reglamentos de la
Asamblea, se puede ver que el procedimiento de toma del poder de Áñez fue
inconstitucional", añadió.
Consultado sobre las consecuencias para
la oposición el resultado del informe, Arias Jordán sostuvo que las mismas se
pueden dividir en dos. Por un lado, "las político-electorales, el
resultado del proceso electoral de 2020 y el de las elecciones subnacionales de
este año, donde el MAS [Movimiento al Socialismo] ha ganado terreno en diversos
sectores".
Por otro lado, están "las
consecuencias más profundas que son las morales. Después de estos
acontecimientos, quedó en evidencia una oposición que cuando asumió el poder en
2019 violó los derechos humanos, incurrió en nefastos hechos de corrupción y,
al momento de llegar al Gobierno, irrespetó las leyes", afirmó.
Sobre el rol del secretario general de
la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, Arias Jordán
expresó que "muchas voces del [actual] Gobierno plantean que investigar a
Almagro es necesario y oportuno, en el sentido de que sería uno de los
principales propiciadores de los hechos".
El analista afirmó que en Bolivia fue
el organismo quien "profundizó la crisis y desencadenó hechos nefastos que
convulsionaron y generaron luto, y deben ser investigados porque es necesario
establecer justicia. Y solo a partir de ello, Bolivia se va a poder
reencausar", concluyó.
En Uruguay, Telescopio se transmite en
Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y
miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio
Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de
lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba
y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.
GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA: DOS AUTORES
Y CUATRO TEXTOS PARA ENTENDERLO
Rebelión de España (https://bit.ly/385raPA)
Bajo el sello de la recientemente
creada Editorial Inti, acaba de aparecer un interesante volumen titulado
«Reflexiones en torno al golpe de Estado en Bolivia» que contiene cuatro
artículos –o micro ensayos– que aportan una visión global, pormenorizada y
analítica de los sucesos que determinaron la caída de Gobierno popular de Evo
Morales y del MAS-IPSP en Bolivia.
Un libro acotado a medio centenar de
páginas, pero denso en información y precisos análisis, cuya primera parte,
“Retazos del golpe de Estado”, nos introduce situacionalmente para comprender
el panorama político previo al golpe, que ya venía abonándose desde 2017 a
partir del referéndum por la reelección de Evo Morales. Consulta en las urnas
que el MAS perdió bajo la operación denominada “Caso Zapata”, diseñada por la
Embajada estadounidense con la complicidad de las burguesías locales para
deconstruir los apoyos populares al Proceso de Cambio.
Con un lenguaje ágil y abundancia de
datos que dan gran solidez a este estudio, los autores Javier Larraín Parada y
Boris Ríos Brito exponen las claves sociales, políticas y coyunturales que
permiten adentrarnos no solo en la urdiembre del golpe que entronizó a la
usurpadora Jeanine Áñez a la presidencia de Bolivia, sino también comprender
las falencias internas y las debilidades recurrentes que el propio Proceso de
Cambio fue adquiriendo a lo largo de sus 14 años al frente de un ciclo
histórico fundamental en la historia latinoamericana.
El segundo de los escritos, titulado
“La derecha en el poder”, analiza las tensiones internas subyacentes en la
sociedad boliviana y como estas fueron manipuladas en favor de las burguesías
más reaccionarias, enemigas declaradas del Proceso de Cambio desde la primera
hora. La confrontación entre lo indio y lo criollo, o entre las clases medias
urbanas y el campesinado es uno de los ejes de este apartado, que se adentra en
los eventos que eclosionaron en las masacres de Sacaba y Senkata, con el apoyo
explícito de la nueva dictadura y un Ejército dócil a las directivas de
Washington. Fuerzas Armadas y policiales que el Proceso de Cambio no logró
atraer hacia nuevos paradigmas alejados de las influencias injerencistas del
Norte. La gestión gubernamental de Áñez frente a pandemia y sus actos de
corrupción igualmente fueron auscultados en este análisis que no omite ningún
aspecto para entender esa gran crisis política y sus evoluciones.
El tercer micro ensayo es quizás uno de
los más atractivos y valiosos de todo el volumen, por cuanto aborda aspectos
que trascienden el mero objeto de análisis –el golpe mismo– y se adentra en el
estudio de los actores sociales y las correlaciones de fuerza que operaron en
todo el Proceso de Cambio y cómo estas resolvieron, más tarde, la coyuntura
golpista. Bajo el título “El campo popular y el MAS antes y durante el golpe de
Estado”,este tercertramode la obraaporta datos significativos y una mirada
crítica al proceso necrótico de despolitización gradual que sufrieron las bases
populares durante la llamada Revolución Indígena. Del mismo modo los cambiantes
ejes teóricos que le dieron marco y que impactaron de forma negativa en la
sólida arquitectura militante que fue protagonista en los primeros años de
Gobierno progresista. La burocratización del MAS –encarnadura de las clases
históricamente marginadas– y la paulatina incorporación a esa burocratización
de las dirigencias sociales y sindicales, son puestas bajo la lente de Ríos
Brito y Larraín Parada con acertado equilibrio crítico y equidad analítica,
brindándole al lector la oportunidad de elaborar conclusiones propias, nunca
envasadas ni propuestas rígidamente. Los hechos históricos inapelables –la
convocatoria de Luis Almagro y la Organización de Estados Americanos (OEA) como
árbitros de un conflicto diseñado por ellos mismos, o la incoherente entrega en
enero de 2019 del militante comunista y escritor italiano Cesare Battisti,
prófugo por acusaciones de terrorismo en su país de origen– brinda a los
autores un campo de indagación que explica el deterioro progresivo del gobierno
indígena y que, a la postre, resultaron indicadores de las grietas que
permitieron el derrumbe inesperado de un proceso que parecía sólido, pero no lo
era.
La última parte de este pequeño libro
–invaluable síntesis para el estudio de la materia– despliega la mirada hacia
adelante y los desafíos que afrontaron los golpistas en su negociación con los
viejos actores (el MAS destituido pero no desarticulado) y con elementos
emergentes que significaron una resistencia orgánica e institucional al golpe y
sus protagonistas, ahora acusados de delitos de lesa humanidad.
Estas Reflexiones en torno al golpe de
Estado en Bolivia puede sin dudas contarse entre los trabajos más útiles,
necesarios y de consulta obligada para comprender un suceso que fue sorpresivo
y que nos advierte sobre los mecanismos siempre acechantes en nuestra Región,
que invariablemente remiten a la matriz intervencionista de Washington y a las
corporaciones del mundo rico, como sus mejores aliadas.
Trabajo investigativo, en síntesis, con
gran valor añadido al ser de los autores Boris Ríos Brito[1], sociólogo y
estudioso de las variables sociales de su país, y Javier Larraín Parada[2],
cubanista de prestigio, historiador y editor de diversos medios
latinoamericanos.
Una eficaz obra que puede descargarse
de forma gratuita en la página de Editorial Inti
(https://editorialinti.wixsite.com/libros) y que otorga herramientas cognitivas
indispensables para que no se repitan las maniobras “sumergentes” que los
imperialismos despliegan en América Latina, territorio siempre en disputa.
LA PEOR PESADILLA DE LA OEA
TV Santiago de Chile (https://bit.ly/3sFRklk)
La renovación de varios organismos de
integración y, en paralelo, la creciente movilización de organizaciones
sociales en América Latina y el Caribe conforman lo que puede ser hoy la peor
pesadilla de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Los expertos señalan que gobiernos
progresistas y movimientos sociales procuran -especialmente en tiempos de
crisis sanitaria y económica- recuperar y fortalecer espacios de soberanía
frente al intervencionismo de la OEA y su secretario general, Luis Almagro,
considerados ambos fieles seguidores de la política estadounidense.
La profunda crisis de la OEA y la
virtual desaparición de su Grupo de Lima, que encabezaron acciones
desestabilizadoras contra gobiernos populares, como los de Venezuela y Bolivia,
entre otros, llevó a varios mandatarios y líderes sociales a augurar su
eventual reemplazo por organismos propios, sin la injerencia de Washington.
El actual panorama regional parece
favorecer esta iniciativa, según fuentes diplomáticas que subrayaron la
conveniencia de fortalecer la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(Celac), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Alternativa
Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA), entre otros.
La Celac reúne actualmente 33 países,
12 de ellos miembros de Unasur y nueve integran ALBA.
Mandatarios como Alberto Fernández
(Argentina) y Luis Arce (Bolivia) se sumaron a la idea del presidente mexicano
Andrés Manuel López Obrador, de reemplazar a la OEA (y el Grupo de Lima) por un
organismo que defienda los intereses del área sin la presencia de Estados
Unidos ni Canadá.
En defensa de la unidad de la región
también trabajan desde hace años numerosas organizaciones sociales, indígenas y
sindicales, que podrían agruparse en la recién creada Runasur, la ‘Unasur de
los pueblos’, impulsada por el expresidente boliviano Evo Morales.
Ese organismo se constituyó para
impulsar la integración de las luchas y la unidad de América Latina y el
Caribe, según explicó Morales, quien agregó la necesidad de ‘fortalecer los
organismos de integración para consolidar nuestra unidad como movimiento que
promueve la liberación de los pueblos en América Latina y el Caribe’.
Entre sus objetivos, subrayó la
conveniencia de ‘unir a los movimientos sociales, sea indígenas, obreros, de
clase media y magisterios, con profesionales intelectuales’ y ‘luchar por una
verdadera liberación de toda América plurinacional’.
Frente a esta realidad de recientes
estallidos sociales, como el de Chile, un nuevo gobierno en Perú y próximas
elecciones en varios países, incluyendo Brasil, la actual administración
estadounidense de Joe Biden, como la de Donald Trump, intensifica una política
de desestabilización y bloqueos contra Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros.
Analistas consultados coinciden en que
no hay forma práctica de transformar, eliminar o ‘cerrar’ la OEA, como reclaman
muchos, pues fue creada en 1948, como instrumento de dominación de Estados
Unidos en el marco de la Guerra Fría.
No obstante, algunas personalidades
reclaman que Almagro -obsesionado con frenar cualquier protagonismo de sectores
populares de la región- renuncie, mientras otros proponen enjuiciarlo por
violación de los derechos de los pueblos latinoamericanos.
Esto, junto al fortalecimiento de las
organizaciones autenticas de la región, puede convertir su ‘sueño americano’ en
su pesadilla mayor.
EL ENJUICIAMIENTO POR GENOCIDIO DEL
EXPRESIDENTE PONE A PRUEBA EL SISTEMA DE JUSTICIA DE BOLIVIA
The Washington Post de EEUU (https://wapo.st/3Ba4YQW)
El día antes de que la expresidenta
interina boliviana Jeanine Áñez fuera arrestada y detenida este año, acusada de
ganar el poder al fomentar un golpe de estado en 2019, dejó a sus partidarios
con un mensaje: “ La persecución política ha comenzado ”.
Y en los cinco meses transcurridos
desde que, mientras la salud mental y física de Áñez se ha deteriorado en la
cárcel, el exlíder conservador se ha convertido en un símbolo de la
profundización de la polarización en Bolivia.
Para algunos, es víctima de un sistema
de justicia vengativo y políticamente motivado bajo su sucesor socialista, el
presidente Luis Arce. Para otros, es una usurpadora que organizó un golpe de
estado que desalojó al presidente Evo Morales , y luego presidió los abusos
sistemáticos de los derechos humanos por parte de la policía.
El sábado, un día después de que los
fiscales anunciaran nuevos cargos de "genocidio" en su contra, Áñez
se cortó la muñeca, en lo que su abogado describió como "un grito de auxilio".
La noticia llevó a sus partidarios, la Unión Europea y la Embajada de Estados
Unidos en Bolivia a pedir al gobierno de Arce que salvaguardara su bienestar.
"Ella no está pidiendo
impunidad", dijo a los periodistas su abogada, Norka Cuellar. "Ella
está pidiendo defenderse en su propia casa".
La cuestión de si y cómo procesar a los
responsables de la violencia que siguió a la renuncia de Morales y su huida de
Bolivia a fines de 2019, incluidos tiroteos policiales que dejaron al menos 20
muertos y 98 heridos, está poniendo a prueba a esta nación sudamericana
políticamente volátil.
“Dado que Bolivia carece de un sistema
judicial independiente, será muy difícil tener una investigación imparcial
sobre estas acusaciones”, dijo César Muñoz, investigador principal de Human
Rights Watch.
La semana pasada, el organismo de
control de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos informó
sobre pruebas de “masacres”, “tortura sistemática” y “ejecuciones sumarias” por
parte de las fuerzas de seguridad del gobierno interino de Áñez. Incidentes de
fuerza policial excesiva contra simpatizantes de Morales ocurrieron luego de
que Áñez firmara un decreto que garantizaba la amnistía de las fuerzas de
seguridad para restablecer el orden en el país, según el Grupo de Expertos
Independientes comisionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Para algunos de los críticos de Áñez,
el informe proporcionó pruebas claras de los cargos contra el exlíder interino.
Pero incluso cuando los grupos internacionales de derechos humanos y el
Departamento de Estado exigieron una investigación sobre las acusaciones del
organismo de control de la OEA, muchos dudaron de que el sistema de justicia
del país fuera capaz de llevar un caso imparcial contra el expresidente.
“Tememos que el gobierno de Arce escoja
cuidadosamente el informe y simplemente use las partes que consideran
fortalecedoras de sus intereses políticos”, mientras ignora los abusos de sus
propios partidarios, dijo Muñoz. Dijo que el informe esboza pruebas creíbles
del papel que desempeñaron las fuerzas de seguridad en los asesinatos de
simpatizantes de Morales en noviembre de 2019 en Senkata y Sacaba en noviembre
de 2019. Pero argumentó que los cargos que persigue el gobierno de Arce son
desproporcionados.
“Fueron masacres brutales e
indignantes”, dijo Muñoz. “Pero dos masacres no constituyen un genocidio. Estos
cargos desproporcionados no ayudan a las víctimas ”.
El Departamento de Estado está
observando de cerca.
“Las víctimas de cualquier violación de
derechos humanos cometida merecen justicia, y la justicia requiere rendición de
cuentas”, dijo un portavoz del departamento. “La justicia también requiere
tribunales independientes, respeto por el debido proceso y la adhesión al
estado de derecho en cualquier proceso judicial contra el acusado”.
Nadia Cruz, la defensora del pueblo de
Bolivia, reconoció fallas estructurales en el sistema de justicia del país.
Pero dijo que no pueden usarse como excusa u obstáculo para responsabilizar a
Áñez. “La población de Bolivia no puede quedarse sin acceso a la justicia
mientras se resuelven estos problemas estructurales”, dijo.
En Bolivia, una líder interina deja su
huella conservadora
El ministro de Gobierno de Bolivia,
Eduardo del Castillo, dijo el sábado que Áñez se encontraba en condición
estable luego de sufrir “algunos pequeños rasguños en uno de sus brazos”.
Los representantes de la ONU que la
visitaron en la cárcel el domingo dijeron que ella informó sentirse
"físicamente debilitada y profundamente afectada emocionalmente". Ha
recibido atención médica y psiquiátrica, y se le concedían visitas nocturnas de
familiares, dijeron los representantes en un comunicado.
Áñez era vicepresidente del senado
boliviano en octubre de 2019 cuando el tribunal electoral de Bolivia declaró a
Morales el ganador de una elección que, según los críticos, estuvo marcada por
el fraude. Las crecientes protestas expulsaron a Morales del país. En ausencia
de Morales y otros altos líderes de su Movimiento por el Socialismo, Áñez se
declaró presidenta interina de la nación, y pronto fue reconocida por Estados
Unidos.
En un principio, Áñez prometió ser un
líder interino con el único objetivo de organizar nuevas elecciones. Pero el
crítico conservador de Morales pronto reemplazó a los ministros del gabinete y
los principales líderes militares y amenazó con procesar a los legisladores
"sediciosos" . Los fiscales bajo su administración presentaron cargos
de terrorismo contra el exiliado Morales.
Arce, exministro de Finanzas de
Morales, obtuvo una aplastante victoria en octubre . En marzo, las autoridades
arrestaron a Áñez y a varios exfuncionarios del gobierno por cargos de
"sedición, terrorismo y conspiración".
Los bolivianos siguen divididos sobre
la cuestión de si el ascenso de Áñez a la presidencia fue, de hecho, un golpe
de Estado.
Hernán Terrazas, analista político y
periodista, dijo que el gobierno de Arce está simplemente persiguiendo una
“política de venganza” en lugar de enfocarse en los apremiantes desafíos de la
pandemia del coronavirus y la crisis económica.
Las acusaciones de uso excesivo de la
fuerza bajo su gobierno deben ser investigadas, dijo Terrazas, pero por un
sistema de justicia que sea "equilibrado, que sea independiente".
“Nos enfrentamos a un sistema de
justicia que es un instrumento de castigo y venganza”, dijo.
Kathryn Ledebur, directora de la Red
Andina de Información, argumentó que el ascenso de Áñez a la presidencia fue un
“golpe de libro de texto”. Rechazó la idea de que su prisión preventiva
equivaliera a persecución política. Señaló la tortura sistemática documentada
en el informe del organismo de control de la OEA.
El Grupo de Expertos Independientes
describió detenciones ilegales en las que los detenidos fueron sometidos a
golpes y descargas Taser, se les ordenó permanecer de rodillas durante horas
con las manos detrás del cuello y, en ocasiones, privados de agua, alimentos o
acceso a un baño. El grupo también informó de indicios de amenazas de agresión
y acoso sexual a detenidas.
“Hay un discurso contundente, que yo
diría que es muy discriminatorio, racista, discurso clasista, que la gente de
bajos recursos puede ser torturada… pero Jeanine Áñez por la propia naturaleza
de estar en prisión preventiva está siendo perseguida. No creo que esa sea una
situación precisa ”, dijo Ledebur. “Lamento que ella esté pasando por un
momento difícil emocionalmente. Eso no significa que lo que le está pasando sea
ilegal, abusivo o ilegítimo ".
BOLIVIA Y NICARAGUA NO SON DEMOCRACIAS
EN CRISIS: SON DICTADURAS
La República de Ecuador (https://bit.ly/3sINg3Q)
Gobiernos, líderes democráticos,
sistema internacional y alguna prensa, siguen tratando a Nicaragua y Bolivia
como democracias en crisis, destacando la “crisis electoral” en Nicaragua y la
“crisis de justicia” en Bolivia para disfrazar como síntomas lo que es en
verdad la vigencia del sistema de dictaduras de Cuba y Venezuela. No quedan en
Bolivia y Nicaragua ninguno de los “elementos esenciales de la democracia”, son
países con decenas de presos políticos, miles de exiliados y detentadores del
poder totalitarios. No son democracias en crisis, son dictaduras y es tiempo
que se las denomine y trate así.
El pueblo boliviano desde Enero de 2006
con el acceso de Evo Morales a la presidencia fue forzado a recorrer el camino
del establecimiento de una dictadura que con falsificaciones, masacres y
persecución política suplantó la República de Bolivia y la Constitución
Política para imponer lo que hoy se conoce como el “estado plurinacional”, que
es una copia de los estatutos dictatoriales cubano y venezolano que el
castrochavismo denomina constituciones.
El pueblo nicaragüense desde Enero de
2007 con el retorno de Daniel Ortega a la presidencia fue forzado al
restablecimiento de la dictadura sandinista en los parámetros del socialismo
del siglo XXI para convertirla –como Cuba, Venezuela y Bolivia- en “dictadura
electoralista”, en la que “el pueblo vota pero no elige”, mediante sucesivas
modificaciones constitucionales y leyes sumadas a la estructura de poder e
impunidad que el sandinismo siempre retuvo desde 1990.
En ambos casos el “Iter criminis” o
camino del delito para la imposición de las dictaduras tuvo como actores
principales a opositores que negociando sus miedos, delitos y espacios de poder
entregaron la institucionalidad de sus países a cambio de perdones, amnistías,
prebendas y participaciones. Grandes traidores a la Patria que permanecen como
“opositores funcionales”, dando apariencia de democracia a las dictaduras,
mientas los líderes democráticos eran enjuiciados, encarcelados y exiliados,
víctimas de “asesinato de reputación”.
Ni en Bolivia ni en Nicaragua existe
“respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales”. Nicaragua tiene
mas de 130 y Bolivia mas de 45 presos políticos. Los recientes presos políticos
en Nicaragua son todos los candidatos presidenciales como la Sra. Cristiana
Chamorro y otros que debería participar en las elecciones del 7 de Noviembre
próximo y en Bolivia son presos políticos la ex presidenta Jeanine Añez, ex
ministros, militares, policías, jóvenes y ciudadanos que fueron parte o
víctimas del fracaso de cesar la dictadura entre octubre de 2019 y octubre
2020.
Ni en Nicaragua ni en Bolivia está
vigente el “estado de derecho” porque por medio de textos constitucionales y
leyes infames violatorias de los derechos humanos, el derecho es la voluntad
del dictador y del régimen, como en Cuba y Venezuela, con leyes como las
“mordaza”, las “retroactivas”, las de “lucha contra la corrupción”, o de
“protección de la soberanía”, o simplemente “antiimperialistas”.
Tanto en Bolivia como en Nicaragua han
convertido el sistema de justicia en el instrumento de persecución política y
de imposición de terror a la población. Los “fiscales y jueces son verdugos y
los procesos con linchamientos”. La “judicialización de la persecución y la
represión política” se ha institucionalizado como método castrochavista y es la
prueba mas clara de la inexistencia de “separación e independencia de los
órganos del poder público”.
Sin respeto a los derechos humanos ni
libertades fundamentales, sin estado de derecho y sin separación e
independencia de los poderes públicos, sino con todo lo contrario, Bolivia y
Nicaragua no pueden tener, no tuvieron en los últimos 15 años y no tendrán “elecciones
libres y justas basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la
soberanía popular” y tampoco “libre organización política”. Lo que pasó en
Bolivia en las elecciones de Octubre de 2019 fue un criminal fraude certificado
por la OEA y la Unión Europea entre otros, fraude que se repitió con
complicidad de quienes hoy son presos del régimen en octubre de 2020. Lo que
pasó en Nicaragua es lo mismo y lo repetirán -con los candidatos opositores
presos- en próximo 7 de Noviembre.
La diferencia entre democracia y
dictadura no es semántica, se trata de abismales contraposiciones que
estructuran dos formas totalmente antagónicas de vida y de gobierno. Los
regímenes dictatoriales como violadores de derechos humanos deben estar
proscritos del sistema económico multilateral, pero para no sufrir estas y
otras consecuencias siguen simulando que Nicaragua y Bolivia son democracias
con crisis, cuando en verdad son dictaduras consolidadas, puras y duras desde
hace años.
VICEGOBERNADOR DE PUNO: HAY RESPALDO
POLÍTICO DE BOLIVIA PARA EXPORTAR GAS AL PERÚ
Radio Onda Azul de Perú (https://bit.ly/3kmO8qT)
El vicegobernador de la región Puno,
Germán Alejo, junto a otros tres consejeros por la región de Puno la semana
pasada viajaron a La Paz – Bolivia, para sostener reuniones con autoridades
bolivianas. En la visita las autoridades puneñas presentaron documentos para
motivar la comercialización de gas en el sur del Perú.
Las autoridades puneñas se reunieron
con el presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia, Andrónico Rodríguez; el
ministro de Hidrocarburos y Energías Franklin Molina; el vicepresidente de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Luciano Montellano, a quienes les
mostraron el interés de lograr la importación de gas.
Si las conversaciones continúan, podría
considerarse como tema de interés en el Gabinete Binacional y Encuentro
Presidencial entre las autoridades de Perú y Bolivia. “Políticamente hay
respaldo para firmar un convenio” dijo el vicegobernador.
Si avanzan las conversaciones, a corto
plazo se lograría el ingreso de Gas Licuado de Petróleo en cisternas a
territorio peruano, a mediano plazo sería vía ducto, y a largo plazo se
trabajaría en un proyecto integral. Por ahora solo se tienen conversaciones
políticas. “Va a depender del gobierno central, a fin de que pueda aprovechar
predisposición de Bolivia” señaló.
Recordó que anteriormente había un
convenio entre los países vecinos para la comercialización del gas, el mismo
que venció el 25 junio del 2021 “Es importante actualizar y precisar las
cláusulas del convenio” resaltó.
Lamentó que el gobernador regional, no
haya fundamentado algún petitorio, de manera documentada para importar gas de
Bolivia, por ello, en la visita que realizaron entregaron documentos para
viabilizar el pedido.
EL AGRO DE ARGENTINA, BOLIVIA Y URUGUAY
SE VERÁ EN UNA CUMBRE INTERNACIONAL VIRTUAL
Infocampo de Argentina (https://bit.ly/2UMluaa)
La Cumbre Internacional de Muestras de
Agro será un evento virtual que se llevará a cabo los días 1 y 2 de septiembre.
Por medio de AgroActiva de Argentina, Expoactiva de Uruguay, y Feria Vidas de
Bolivia, todos los actores de la cadena agroindustrial podrán vincularse e
interaccionar con el mundo de una manera novedosa.
En 2021, aprovechando las nuevas
oportunidades que trae la virtualidad, tres de las principales exposiciones
agropecuarias de América llevaron adelante un novedoso proyecto y concretaron
la idea de CIMA 2021 (Cumbre Internacional de Muestras de Agro), evento virtual
que se desarrollará los días 1 y 2 de septiembre en www.cimavirtual.com y
permanecerá online los 15 días posteriores.
La plataforma será un espacio de
encuentros donde el principal objetivo es ser un puente y un lazo virtual entre
todos los actores de la cadena agroindustrial americana.
Además de favorecer la integración y
potenciar las oportunidades comerciales, contará con espacios de capacitación y
auditorios virtuales, rondas de negocios internacionales, mesas de debate,
lanzamientos de nuevos productos, webinars sobre la actualidad del sector en
los diferentes países y marco regulatorio para la inversión extranjera.
CIMA 2021 contará con la participación
de instituciones de los países involucrados vinculadas a los negocios
internacionales de la agroindustria, quienes trabajan en diversos proyectos de
colaboración y cooperación recíproca entre empresas e instituciones del
continente para la mejora y optimización de sistemas de producción e
incorporación de tecnología en el agro.
También, participarán importadores y
distribuidores de insumos, implementos, equipos y maquinaria agrícola/ganadera,
quienes están abiertos no sólo a la compra de productos finales, sino también a
trabajar en el desarrollo de alianzas estratégicas.
Así, Uruguay, Bolivia y Argentina participarán
de este encuentro digital a través de sus exposiciones líderes: Expoactiva,
Feria Vidas y AgroActiva, quienes serán los organizadores del evento.
“Al evento lo pensamos con la idea de
potenciar las posibilidades de las empresas argentinas en la región. CIMA 21 es
una plataforma que iguala las oportunidades y les brinda la chance de
establecer contactos comerciales y vinculaciones institucionales en Brasil,
Uruguay, Paraguay, Bolivia y México a través de las Cámaras y Asociaciones
Sectoriales, empresas importadoras y distribuidoras e industrias de la región”,
aseguró la arquitecta Roxana Nardi, titular de AgroActiva.
Por su parte, el ingeniero agrónomo
Jorge Andres Rodriguez Bidegain, presidente de la Asociación Rural de Soriano,
entidad que organiza Expoactiva Nacional indicó que “esta primera Cumbre nace
de las nuevas oportunidades que nos ofrece la virtualidad en cuanto a la
problemática de tener exposiciones presenciales de la región”, y explicó que
“la idea es integrar y potenciar las actividades comerciales que podamos tener
los diferentes países”.
Además, Rodriguez Bidegain dejó en
claro que “desde nuestras muestras se busca darle un servicio a los expositores
para que puedan participar, integrarse para fortalecer la región desde el punto
de vista de negocio”.
A su turno el doctor Claudio Paim Dos
Santos, presidente de Fundacruz, institución organizadora de la feria agrícola
VIDAS manifestó que se suma a esta importante iniciativa internacional a fin de
estrechar lazos entre países y trabajar conjuntamente para consolidar un puente
digital entre productores, profesionales y empresas del sector de los
agronegocios.
“Son 17 años que Fundacruz realiza la
feria agrícola más importante de Bolivia apostando por el desarrollo del sector
productivo y estamos seguros que este evento potenciará aún más al agro”,
aseguró.
INCENDIOS PROVOCADOS DEVASTAN RESERVAS
ECOLÓGICAS EN BOLIVIA
France 24 de Francia (https://bit.ly/2WdgOeg)
Casi 600.000 hectáreas se han quemado
en el departamento boliviano de Santa Cruz (este) por causas evitables en lo
que va de 2021 y el 64% arrasó áreas protegidas, una catástrofe que revive la
imagen de los devastadores incendios de los dos últimos años.
Hasta la noche del lunes, había 20
incendios activos en 9 municipios, siete áreas protegidas afectadas y en solo
dos días se quemaron 200.000 hectáreas, informó el gobierno cruceño.
La mayoría se concentra en los bosques
de la Chiquitanía, una región de transición entre la Amazonía al norte, las
llanuras del Chaco al sur y el Pantanal -el mayor humedal del mundo- al
sureste.
Kilómetros de caminos de ceniza y
suelos agrietados bajo miles de palmeras calcinadas son, junto a animales
flacos y desorientados, el paisaje predominante al entrar a la reserva de San
Matías.
Con una superficie similar a la de
Bélgica, ese parque nacional es uno de los más dañados. Allí, el fuego ha
consumido más de 230.000 hectáreas desde el 11 de julio y las llamas se
adentraron por lo menos 65 kilómetros.
Ese incendio "está bastante
descontrolado", reconoció el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos
Calvimontes, quien supervisa el combate al fuego en la región desde principios
de agosto.
- Con la ley en contra -
Bomberos voluntarios y guardaparques
con escasos recursos y herramientas intentan, desesperados, contener el avance
de las llamas abriendo zanjas y limpiando el terreno, pero les es difícil
acercarse al fuego.
El gobierno central desplegó unos 1.800
militares y envió dos helicópteros.
El viceministro Calvimonentes aseguró
que una ley impide al Ejecutivo intervenir o pedir ayuda a países vecinos si
las autoridades locales y regionales no se declararon aún en "desastre".
Pero esa declaración solo es posible
cuando todos los niveles de gobierno agoten su presupuesto para el combate de
incendios, algo que, según autoridades de Santa Cruz, todavía no ocurrió.
Calvimontes indicó que el único modo de
intervenir es con militares, pero estos "no fueron formados
específicamente para esa tarea".
Esa ley "debería
modificarse", concluyó.
"Si actuamos todos juntos, las
cosas pueden ser distintas", pero "la gobernación no está haciendo
absolutamente nada".
En respuesta, la coordinadora del
Programa de Manejo de Fuego de Santa Cruz, Yovenka Rosado, destacó que los
efectivos apostados en el departamento fueron capacitados por la gobernación y
se les entregó equipamiento.
Fuentes cercanas al Sistema Nacional de
Áreas Protegidas (SERNAP), que prefirieron mantenerse anónimas por miedo a
represalias, indicaron durante un recorrido por áreas destruidas que se intenta
"maquillar" la situación para "dar la sensación de que ya está
todo controlado".
- Una tradición peligrosa -
Tanto el gobierno nacional del
Movimiento al Socialismo como el gobierno cruceño del derechista Luis Fernando
Camacho concuerdan en que la mayoría de los focos fueron provocados.
En Bolivia y otros países
sudamericanos, es tradicional la quema de terrenos para transformar bosques en
áreas agropecuarias o limpiar el terreno de cara a la próxima siembra.
La práctica, conocida como
"chaqueo", es legal en Bolivia mediante autorización entre mayo y
julio, una vez finalizada la estación húmeda.
La ley permite "chaquear"
hasta 20 hectáreas, pero algunos queman más o lo hacen fuera de fecha.
La multa por quemas ilegales es de un
dólar estadounidense por hectárea y se cobra por toda la extensión de la
propiedad, sin importar cuánto se haya quemado.
Si la quema deriva en un incendio de
magnitud, la pena puede alcanzar tres años de cárcel.
- "Solo son pastizales" -
"No sabemos qué va a pasar con la
fauna", lamentó la funcionaria del SERNAP Carla Ramírez.
"Es muy difícil el trabajo de
rehabilitación porque sabemos que al año esto va a volver a pasar",
agregó.
Willy Montaño, un guardaparque que
recorre miles de kilómetros a la semana por un sueldo apenas encima del mínimo
nacional, aseguró que "hay menos agua en la zona" que en años
anteriores.
"En esta época del año, deberíamos
estar peleando con el barro, no con la sequía", advirtió, preocupado por
la prolongación de la estación seca como consecuencia del calentamiento global.
El viceministro Calvimontes, que se
considera un "ecologista", afirmó que "las áreas protegidas no
son necesariamente ricas en biodiversidad" y que "la mayor parte de
lo que se está quemando son los pantanales, pastizales".
Acotó que se está trabajando "para
evitar que el fuego ingrese a los bosques", pero muchos ya se incendiaron.
"Hierbas y pastos tienen el mismo
valor en biodiversidad que los árboles", le refutó el biólogo Juan Carlos
Catari.
"Se debe asumir que perder
sabanas, pastizales o matorrales es tan nefasto como perder bosques".
MACRI DIJO QUE “EL PERONISMO HOY
REPRESENTA A LOS QUE NO TRABAJAN” Y ARGENTINA VIVE “UN MOMENTO MUY TRISTE”
Infober Digital de Argentina (https://bit.ly/3gsFx52)
El expresidente también habló del
contrabando de armas a Bolivia, el gobierno de Alberto Fernández, el rol de
Cristina Kirchner, y la interna de JxC.
Mauricio Macri ya le pone el cuerpo a
la campaña electoral de Juntos por el Cambio, luego de su “aislamiento
político” durante los días álgidos de cierre de listas en los que estuvo en
Europa, ausente en las definiciones. En una nueva entrevista, aseguró que “el
peronismo hoy representa a los que no trabajan”, sostuvo que Cristina Kirchner
“nunca dejó el poder”, algo que consideró que él subestimó, y negó el
contrabando de armas a Bolivia para apoyar al golpe que derrocó a Evo Morales
en 2019, que además dijo que “no existió”.
“Ellos van a intentar igual, inventar
denuncias de todo tipo. Porque la única forma que tienen ellos de esconder un
elefante en la calle Florida es llenarla de elefantes. Inventan siempre cosas
creativas nuevas, como lo de Bolivia. Un golpe que no existió y un contrabando
que no existió. Y ellos van con su denuncia y la repiten y la repiten”, dijo
Macri cuando se le preguntó por las diferencias entre la reunión en la quinta
de Olivos de la que participaron el presidente Alberto Fernández y su pareja
Fabiola Yañez, y el cumpleaños con 70 invitados que realizó Elisa Carrió.
Opinó que la Argentina vive “un momento
muy triste. “Hoy en la Argentina la tristeza invade no solo al 41% que quería
continuar el rumbo en el que íbamos, sino que esa tristeza va hacia la mayoría
de los argentinos”, expresó. Además calificó a Alberto Fernández de “mentiroso
serial” y dijo que “la gente perdió la confianza”.
Macri criticó al presidente Alberto
Fernández por el manejo de la pandemia y el presente económico, y dijo que
tiene “una ineptitud enorme”. “Él con su dedito diciendo que hay que quedarse
en su casa. Y encima después de ese tremendo error, que fue un atropello a las
libertades, vos ves una estafa inmoral, que él estaba de fiesta con este, con
el otro”, disparó. Sobre la posibilidad de iniciar un juicio político al
mandatario, consideró que es una tarea del Congreso.
“Hoy tenemos una Argentina sin rumbo.
Un Gobierno que no tiene plan y que se jacta de no tener plan. El gabinete se
reunió para hablar de la foto en lugar de como reactivar el empleo”, señaló.
Además, afirmó que “el populismo
trabaja para generar resignación. Para que creas que no puede haber nada
mejor”, y agregó que “el peronismo hoy representa a los que no trabajan”.
“Cambiar 70 años de historia no era tan fácil como creímos”, se resignó.
Asimismo, expresó que subestimó el
poder que mantuvo Cristina Kirchner tras dejar la presidencia al consideró que
“nunca se fue”. “Nunca se fue Cristina. Ella siempre tuvo el poder”, reiteró.
Sobre su gobierno, negó las acusaciones
de ser un “endeudador serial” y devolvió la pelota: “El kirchnerismo tiene un
récord de deuda”.
“Hicimos todo un trabajo horrible que
nos costó perder, pero entregamos las cuentas equilibradas. Explicar el cambio
y comprometer a todos con el cambio es un desafío enorme (…) Podemos generar
trabajo, a pesar de toda la crisis. Nosotros generamos 1,2 millones de trabajos
a pesar de todo. Y este Gobierno destruyó 700.000 puestos de trabajo privado”,
expresó.
En lo electoral, volvió a correrse del
lugar de definiciones en la interna de Juntos por el Cambio y dijo que está
para “colaborar” con todos los que tengan aspiraciones personales. Dejó abierta
la puerta a postularse a 2023, pero sin contundencia. “Juntos por el Cambio va
a ganar por una mayoría abrumadora”, vaticinó.
“Esta es la elección más importante
desde la vuelta a la democracia”, opinó. En la misma entrevista negó que su
gobierno haya presionado a los jueces, pese a que reconoció la existencia de la
Mesa Judicial.
Y ante un eventual nuevo gobierno de su
espacio político, anticipó que “hay que hacer rápido todos los cambios
necesarios para que la gente pueda tener trabajo”. Entre esas potenciales
medidas habló de “sacar todos los impuestos que crearon” -aseguró que el
gobierno de Alberto Fernández creó uno por mes-, y mejorar las condiciones para
que los empresarios inviertan.
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