Monday, February 21, 2022

ÁLVARO GARCÍA LINERA, EXVICEPRESIDENTE DE BOLIVIA: “SI EL PROGRESISMO DETIENE SUS BRÍOS IGUALITARIOS SE CONVERTIRÁ EN UN JUGADOR DE SEGUNDA”

El dirigente político estuvo en el Gobierno entre 2006 y 2019 y es uno de los intelectuales de izquierda más reconocidos de América Latina

Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia entre 2006 y 2019, intelectual de izquierda y autor de libros como La potencia plebeya o Qué es una revolución cree que América Latina está ante una "segunda oleada progresista" que busca estabilidad en lugar de cambio.
"El progresismo no está ante la disposición social de crear una nueva sociedad más allá de lo que se diseñó en la primera oleada sino que busca restablecer y estabilizar lo que se logró en ese primer momento", dice el exvicepresidente.
Para García Linera, los nuevos gobiernos progresistas se diferencian del ciclo anterior en que no cuentan con los liderazgos carismáticos de principios de este siglo, están preocupados por no perder derechos en lugar de ampliar y, excepto por casos como el de Chile, sus victorias electorales no nacen de grandes movilizaciones sociales.
¿En qué momento se encuentra la izquierda y el progresismo en América Latina?
La región está ante una segunda oleada progresista que presenta dos corrientes internas paralelas pero diferenciadas. De un lado, en países como Argentina, Bolivia, Honduras y probablemente Brasil, vemos un regreso al gobierno con victorias que no han llegado acompañadas de grandes movilizaciones sociales. Del otro lado, en países donde la izquierda triunfa por primera vez, como es el caso de Perú, Chile y probablemente Colombia, el ascenso electoral cabalga sobre grandes movilizaciones sociales contra el viejo régimen de alianzas conservadoras gobernantes. México es una excepción en este arco del Pacífico de victorias progresistas. Si bien pertenece a este último grupo, su contraparte social la coloca en el primero.
¿Pueden gobernar sin la movilización de su electorado en las calles?
La presencia y densidad de grandes movilizaciones sociales, que preceden o acompañan a las victorias electorales progresistas, es determinante para comprender la radicalidad y margen de acción de los gobiernos. Las movilizaciones colectivas son también aperturas cognitivas y siempre empujan a los gobiernos a decisiones más audaces. No hay mejor pedagogía popular que la amenaza de la calle sublevada para obligar a los presidentes a ser más radicales.
Usted ha dicho que la izquierda está en su "fase pasiva" o "descendente". ¿Cómo analiza que la agenda de estos gobiernos esté enfocada en no perder derechos en lugar de ampliar?
En el caso del progresismo que no viene de la mano de la acción colectiva de la sociedad, el espacio de reformas que la sociedad demanda y está dispuesta a aceptar es mucho más reducido y moderado. Por lo general, las expectativas populares se inclinan a restablecer los derechos y reconocimientos alcanzados en la primera ola progresista, aquellos que fueron mutilados por el breve período restaurador neoliberal. En el caso de México, el progresismo busca frenar la cadena de agravios y depredación de bienes públicos de las décadas de gobiernos conservadores. El progresismo no está ante la disposición social de crear una nueva sociedad más allá de lo que se diseñó en la primera oleada sino que busca restablecer y estabilizar lo que se logró en ese primer momento.
¿El carácter pasivo puede debilitar la relación con los sectores populares?
Hay el riesgo de apostar por una ingenua tranquilidad de todas las clases sociales mediante una gestión meramente administrativa del poder estatal no solo aleja a mediano plazo a las clases subalternas del gobierno sino que además pierde la condescendencia y apoyo de las clases adineradas que prefieren a los suyos en la gestión gubernamental. Si esto sucede, con el tiempo, abandonados por los de abajo que se sienten frustrados y rechazado por los de arriba por representar siempre un riesgo a sus privilegios, caerá en una orfandad histórica que desorganiza a las clases populares por un largo tiempo.  
¿Es tiempo de gobiernos progresistas sin líderes carismáticos?
No es casual que el regreso del progresismo al gobierno en países como en Bolivia o Argentina haya tenido a la cabeza a candidatos moderados y que haya sido eso lo que le permitió la victoria electoral. El signo de la época no es el de las grandes reformas sino la administración y reencauzamiento de las que se iniciaron en la primera ola. Por ello es que, por ahora, esta nueva etapa el progresismo no abandera la conquista de un futuro esperanzador sino tan solo la defensa de un presente menos agobiante.
¿Hay lugar en América Latina para una izquierda moderada?
El progresismo solo puede serlo si avanza en nuevas iniciativas redistributivas y de igualdad social, incluso aunque por un tiempo solo sean iniciativas enteramente estatales. Si detiene sus bríos igualitarios, en aras de un ilusorio equilibrio social, se convertirá en un jugador de segunda de un sistema político y un sentido común cada vez más escorado a la derecha fruto de su propia defección.   
En tiempos excepcionales como el que marcó la pandemia, ¿conviene suavizar el discurso?
Un progresismo moderado en tiempos de pandemia, crisis económica y derecha neoliberal enfurecida es un acontecimiento político transitorio que podrá dar lugar a una renovación del progresismo siempre y cuando haya un renacimiento de la movilización y protagonismo social de las clases subalternas. Esta es la experiencia patética de un tiempo suspendido en el que ni la izquierda tiene un proyecto disruptivo de transformaciones igualitarias expansivas capaces de alumbrar nuevos universales esperanzadores, ni las derechas autoritarias y desembozadamente antidemocráticas tienen una oferta de reformas capaces de capturar el optimismo histórico de la sociedad.
¿Este nuevo rasgo puede descuidar el impulso transformador?
De mantenerse en una estrategia meramente "administrativista" puede conducir a que el progresismo vaya perdiendo su veta transformadora para ir convirtiéndose en un partido de un orden crecientemente insatisfactorio. Ese escenario puede dar paso a que las fuerzas retrógradas recubren sus banderas melancólicas del viejo programa neoliberal con brillos "rupturistas" y de "cambio".  La posibilidad de que haya un rebase por la izquierda del "progresismo administrativo" es más difícil porque la experiencia política popular al interior del progresismo carismático ha sido la más duradera y profunda de los últimos 50 años. Desprenderse de ella requiere una movilización social y cognitiva tan intensa y expansiva como la que se dio a inicios del siglo XXI. En tanto no acontezca este nuevo momento de ruptura histórica, es factible que la fractura del bloque nacional-popular en varios liderazgos medios o en una gradual frustración y desafección política que alimente el bloque neoconservador.
¿Identifica alguna otra diferencia de este nuevo momento de la izquierda con el anterior?
En la primera oleada progresista no tuvimos la recomposición del bloque neoliberal. A principios de 2000, las fuerzas neoliberales quedaron pasmadas, desorganizadas y carentes de iniciativa histórica ante un pueblo en movimiento que abrazaba banderas de cambio. Por el contrario ahora, después de 15 años, las expresiones neoliberales han remontado su parálisis, han ampliado sus plataformas de lucha a las calles y las redes sociales, han acumulado errores del progresismo para enrostrarle sus debilidades y han endurecido el discurso ya no en torno a esperanzas universales sino alrededor del castigo y venganza contra los que ponen en riesgo sus privilegios.
¿Piensa que a la izquierda le falta conectar con el inconformismo del presente?
Pienso que hay tres tipos de inconformismos con el que las izquierdas están teniendo problemas para conectar. El primero es el de la rebeldía reaccionaria que se da en aquellos países donde el progresismo y la izquierda han llegado a ser gobierno, pudieron encarnar el espíritu rebelde de grandes segmentos de las clases subalternas y modificaron la estructura social. Aquello provocó que las clases medias tradicionales vieran emerger una nueva clase media de origen popular, indígena y asalariada, que subvertía el orden lógico del mundo que les había asignado durante décadas el acceso a beneficios, contratos, cargos públicos y reconocimientos sociales, y que, ahora, eran ocupados por unos "arribistas" que los desplazan. Esta decadencia de la antigua clase media ha sido respondida con un cruel encostramiento moral, crecientemente racializado y autoritario. Ello ha dado paso a una rebeldía reaccionaria del linaje que es la forma que adopta un modo de politización conservador.
¿Cuál debería ser la respuesta ante esta reacción?
Este inconformismo no es negociable para el progresismo pues requeriría retroceder en su programa de reformas en favor de la igualdad. Lo que se puede hacer es aislarlo, que no irradie hacia los emergentes sectores sociales medios, alentar políticas de integración cultural y educativa con las nuevas clases sociales ascendentes e impulsar políticas de reconocimiento en torno a ejes identitarios desracializados e igualitarios. 
Mencionó la rebeldía en las clases medias tradicionales, ¿qué pasa en los sectores populares que muchas veces terminan eligiendo a candidatos conservadores o incluso de extrema derecha?
Esa es la segunda rebeldía, la que resulta del ascenso de expectativas de las clases populares ascendentes. Esta inconformidad social emerge de las propias virtudes de las transformaciones realizadas por el progresismo. El conjunto de sus expectativas sociales y marcos discursivos se han vistos modificados por la distancia a sus antiguos intereses inmediatos y las formas de organización empleadas cuando eran clases populares pobres. Si el progresismo no comprende la magnitud material de su obra, la transformación de los intereses de una parte importante de los sectores populares, puede llevarlo a posiciones anacrónicas y desfasadas de la nueva condición objetiva y subjetiva de segmentos importantes de las clases populares.
¿En ese caso cuál sería la respuesta para evitar esa desconexión?
Lo que el progresismo está compelido a hacer para no perder la dirección de lo popular es ampliar su proyecto, sus propuestas de transformación social, a fin de incorporar las expectativas colectivas igualitarias y de justicia social de esta nueva composición de las clases populares. Sin abandonar el programa referido a los sectores más empobrecidos de la sociedad que aún se mantienen en condiciones similares a las de hace décadas.
¿Cuál es el tercer tipo de inconformismo al que debe atender la izquierda?
Un tercer tipo de inconformismo es el que podríamos llamar la rebeldía de época, es la que emerge en los países que no han atravesado experiencias progresistas en los últimos años. Hablamos tanto del que surge entre las clases menesterosas por décadas de abuso y empobrecimiento neoliberal, o en las clases medias por la frustración ante el fallido ascenso social meritocrático de mercado. Esta rebeldía es claramente anti-neoliberal y es el escenario propicio para el fortalecimiento de propuestas de izquierda, progresistas y transformadoras. Y el que no surjan o fracasen no es un problema de la sociedad, de la falta de condiciones o de conformismo colectivo. La insatisfacción social está ahí, brota de mil maneras y el que no sea canalizado por proyectos progresistas es fruto de la ineptitud y torpeza de quienes se reclaman de izquierda o progresistas.
La llamó "rebeldía de época", ¿cómo definiría a esta época?
Vivimos tiempos excepcionales de incertidumbre y desquiciamiento cognitivo. Es un tiempo liminal que ha suspendido el horizonte de previsibilidad de las personas. La dominación atraviesa un callejón de estupores aleatorios que le han hecho perder su optimismo en el porvenir. Es por tanto un tiempo para que las izquierdas puedan ayudar a producir una esperanza renovada en un futuro cargado de igualdad, justicia y comunidad.
Usted dice que el nuevo progresismo se enfrenta el agotamiento de las "reformas progresistas de primera generación", ¿cuál es el paso siguiente?
La pandemia y la crisis económica intensificada por ella han hecho retroceder al mundo y en particular a América Latina décadas en materia de igualdad social. El progresismo no provocó esta tragedia, pero tiene que asumir la responsabilidad de superarla. Y ello solo lo puede hacer tomando un conjunto de acciones gubernamentales y sociales audaces de democratización de la riqueza y la gran propiedad; acciones excepcionales para tiempos excepcionales. El Diario De España (https://bit.ly/3I8XEZE)
 
 
 
 
 
ÁLVARO GARCÍA LINERA: "LUIS ARCE TIENE EL LIDERAZGO POLÍTICO, EL SOCIAL SIGUE SIENDO DE EVO MORALES"
 
Am 750 de Argentina (https://bit.ly/36tcI6q)
 
El exvicepresidente de Bolivia hasta 2019, año en que renunció junto a Evo Morales tras el golpe de Estado, Álvaro García Linera, analizó este domingo la actual organización del gobierno de Luis Arce. Explicó cómo se dan, a su entender, los liderazgos. Planteó, además, los desafíos que tiene por delante la gestión para lograr la "estabilidad y reconducción democrática".
"Arce es una segunda generación de luchadores sociales. Viene más de la academia. Pero también de la militancia socialista. Corresponde a este momento, donde no existen las grandes insurrecciones del 2000, 2003 y 2005, sino resistencias y voluntades para recuperar la estabilidad y la reconducción democrática", comenzó exponiendo por AM750.
En Una vuelta al mundo, señaló: "Es un líder político. Es el Presidente. El que toma las decisiones del país. En coordinación con sectores sociales". Sin embargo, aclaró: "Aunque, evidentemente, el liderazgo carismático de Evo es algo que va a durar los siguientes años".
"Esté o no esté en gestión de gobierno. La adhesión emotiva, carnal, que ha logrado con la gente humilde Evo es algo que no se puede borrar. Independientemente de si se dedica a dar cursos a los jóvenes, estar en su parcela cultivando, es algo que va a jalar a las personas", enfatizó.
Luego, en vinculación con Arce, García Linera comentó: "Los nuevos líderes que están surgiendo tienen que entender eso. Puede haber nuevos líderes políticos gubernamentales con toda la legitimidad del mundo, pero hay un liderazgo social histórico que va a acompañar". Rápidamente, aclaró: "No va a ser un estorbo ni una disputa. Va a acompañar esos liderazgos políticos".
El rol de las organizaciones sociales
En este punto, García Linera enfatizó en una particularidad del sistema de poder en Bolivia: "Nuestro proceso político tiene una característica que es el poder de las organizaciones sociales indígenas, campesinas y barriales".
"Es un poder que la gente conquistó en base a insurrecciones. Este discurso del individualismo competitivo es quebrado con la emergencia de lo colectivo, de lo plebeyo. Y la virtud que tiene este empoderamiento social de organizaciones sociales es de que convierten su fuerza de masa en fuerza electoral. Eso le va a dar a Evo las victorias con más del 50 por ciento de la votación", agregó.
"Luis Arce es Presidente por voluntad política, por el protagonismo de estas organizaciones sociales. El MAS no es un partido político de cuadros, formados en estructuras pequeñas. El MAS es una confederación flexible de organizaciones y movimientos sociales", sostuvo.
De este modo, el exvicepresidente consideró que "cualquier cosa que vaya a pasar en el MAS, quién será el futuro candidato, cómo estará el presidente actual, siempre es en vinculación con estas organizaciones".
"La candidatura de Luis ha surgido en diálogo con sectores y movimientos sociales. Este proceso de cambio tiene esa cualidad. Ha de existir en tanto haya fuerza política de los movimientos sociales. Va a ser débil cuando esos movimientos se fragmenten o implosionen".
Los dos liderazgos
En este punto, García Linera dividió el liderazgo en Bolivia en dos puntos claros y separados: el político, en las manos de Luis Arce; y el social, en las de Evo Morales.
"Sobre esta base hay un líder social y político, Evo Morales; hay un líder político y gubernamental, Luis Arce; y, en este triángulo, junto a las organizaciones sociales, tiene que haber un conjunto de articulaciones, no siempre fáciles", apuntó.
Esto implica un cambio: "Antes liderazgo social iba junto a liderazgo político, eso era Evo. Ahora el liderazgo político es Luis Arce y el liderazgo social sigue siendo Evo. Y la base de ambos son los movimientos sociales".
"Entonces entre los tres habrá algunos momentos de aspereza o de virtuosa articulación, pero es un triángulo social político muy novedoso que hay que saberlo regular a lo largo del tiempo", comentó. "Los primeros meses hubo ciertas aspereases, pero ahora se fueron creando mecanismos, y ojalá que queden institucionalizados, de articulación", concluyó.
 
 
 
 
 
ÁLVARO GARCÍA LINERA: “EN AMÉRICA LATINA HAY UN PROGRESISMO A DOS VELOCIDADES”
 
OI Canadian (https://bit.ly/3I99HpA)
 
Álvaro García Linera, exvicepresidente de Bolivia e intelectual ineludible, dijo que se le encogió un poco el corazón al recordar las horas oscuras del golpe de Estado de 2019. Pero, al mismo tiempo, resaltó el “momento heroico” de un pueblo que resistió, lo superó y apostó por la recuperación democrática con una nueva victoria del Movimiento al Socialismo (MAS), en 2020. “Luis Arce tiene la liderazgo, el liderazgo social sigue siendo de Evo”, dijo García Linera sobre la convivencia de fuerzas al interior del MAS, en diálogo con el programa Un viaje por el mundode la AM 750. Y abordó diferentes temas, como los juicios contra los golpistas, el envío de armas del entonces gobierno de Mauricio Macri, la segunda ola progresista y la perspectiva de Estados Unidos sobre América Latina en este momento.
–Evo Morales es el líder del Movimiento al Socialismo (MAS), expresidente, y en Bolivia gobierna Luis “Lucho” Arce. ¿Cómo es el proceso de cambio y cómo es la relación entre ambos y con los movimientos sociales?
–Hay dos momentos diferentes que dan a luz a dos liderazgos diferentes. Evo viene de abajo, del mundo indígena, campesino, en momentos de grandes insurrecciones, casi de una dualidad de poderes en el sentido clásico de la teoría política en mi país, en el año 2000, 2003, 2005 y, por tanto, es un líder carismático con una impronta social inigualable y seguramente sin igual en las próximas dos décadas. Y Luis es de una segunda generación de luchadores sociales, de militancia socialista, que corresponde a este nuevo momento donde no hay grandes insurrecciones, sino resistencia y voluntad de recuperar la estabilidad y la reconstrucción democrática.
Nuestro proceso político tiene una característica muy particular, que es este poder de las organizaciones sociales, indígenas, campesinas y barriales. Es un poder que el pueblo conquistó a base de insurrecciones. Luis ha llegado a la presidencia por voluntad política y por el papel político de las organizaciones sociales. Entonces, este proceso de cambio debe existir mientras haya fuerza política de los movimientos sociales. Va a ser débil cuando esos movimientos sociales se fragmenten o implosionen. Ahora mismo, sobre esta base de movimientos sociales con poder político de decisión, tienes un líder social y político carismático, Evo Morales, y tienes un líder político y gubernamental, Arce, y en ese triángulo tiene que haber un conjunto de articulaciones. no siempre fácil, porque antes el liderazgo social iba de la mano del liderazgo político. Así era Evo cuando era presidente. Ahora la dirección política es Luis Arce presidente y la dirección social sigue siendo Evo. Y la base de ambos está representada por los movimientos sociales. Es un triángulo sociopolítico muy novedoso, que hay que saber regularlo en el tiempo. Creo que en los primeros meses hubo ciertas asperezas y falta de coordinación, pero a finales de 2021 se crearon mecanismos de coordinación que son claves para lo que venimos haciendo estos últimos 15 años en mi país.
— La expresidenta de facto, Jeanine Áñez, está presa y enfrenta dos procesos judiciales. Acaba de reunirse con el relator de la ONU. ¿Cuál es el estado de los juicios?
–Uno de los casos contra la golpista Áñez se basa en los actos que realizó para usurpar el poder y el otro se debe fundamentalmente a las masacres de Sacaba y Senkata. En mi país hubo 37 muertos por arma de fuego, jóvenes, la mayoría humildes, 500 heridos. Por lo que el primer juicio tiene como objetivo investigar y sancionar a los responsables de estas dos masacres calificadas como tales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero éste tiene un problema: para que se lleve a cabo el juicio se requiere la aprobación de las dos terceras partes del Congreso. Un poco más de la tercera parte pertenecen a los golpistas y pueden perder la vida antes que aceptar el juicio de responsabilidad, porque eso incluiría a todos los responsables, no sólo a los que dispararon las armas y a los que dieron las órdenes, sino también a los políticos responsables.
Paralelamente, está el juicio “Golpe de Estado 2” en el que se juzga a Áñez como militante de un partido minoritario que se proclamó junto a cuatro amigos presidenta del Senado y luego presidenta del país, rodeada de dos anillos. de policías armados y militares. arrodillados alrededor de la plaza sin que ningún diputado de la mayoría, que somos nosotros, pueda entrar. Es este hecho el que se está juzgando, y para eso simplemente se requiere un tribunal ordinario de justicia, que es el que está funcionando. Suponemos que en marzo o abril habrá sentencia por este caso.
Lo principal, sin embargo, las masacres, que es lo más fuerte, lo más doloroso para un país, requerirán dos tercios de los votos, que seguramente no prosperarán. Entonces, una vez agotada esa instancia, supongo que legalmente corresponde ir a una instancia internacional ante la negativa de las fuerzas golpistas.
–Se reveló que el gobierno del expresidente Mauricio Macri envió armas a Bolivia para apoyar a los golpistas, ¿qué opina sobre ese hecho?
— Me entristece mucho este nefasto y vergonzoso episodio en el que lamentablemente se vio envuelto el gobierno de Argentina. El expresidente de nuestra hermana República, de mis hermanos en Argentina, primero tomó la decisión de impedir el paso por territorio argentino del avión que necesitaba Evo para ir a México. Tenía que ser autorizado por el gobierno del señor Abdo en Paraguay, otro conservador, pero que tenía una actitud prolija en cuanto a decisión política y democrática
El señor Macri no solo nos impidió el paso por territorio argentino, sino que ya nos estaba instruyendo que enviáramos policías y militares argentinos sin autorización del Congreso. Eso es un delito, en Bolivia no pueden entrar tropas armadas a Bolivia sin autorización del Congreso. Y el señor Macri procesó sin autorización del Congreso boliviano y con el apoyo de militares y policías golpistas, la entrada de tropas supuestamente para proteger su embajada cuando no había riesgo con la embajada porque había que proteger los tribunales electorales que estaban siendo quemado por la gente de Carlos Mesa. El Congreso no autorizó la entrada de personal armado a Bolivia y encima mandaban cargamentos, cargamentos de municiones letales, no enviaban medicinas ni alimentos, que es lo que pasa en estos casos.
Uno pensaba que estas cosas no se iban a repetir en el continente y se repitieron, ojalá haya sanciones aquí en Bolivia y Argentina. Yo lo contraste con la actitud es un presidente demócrata que en el mismo avión Hércules que llegó con los gases lacrimógenos y los perdigones y la carga de muerte que llegó a Bolivia en el 2019, mandó una carga de vida con vacunas, mandó vacunas, que es decir salvar la vida. Esa es la actitud de un gobierno demócrata, de un gobierno comprometido hasta la médula con los derechos civiles del pueblo.
— Ha señalado que América Latina atraviesa una “segunda ola progresista”. Y que Chile está pasando por la primera ola….
P: Estamos viviendo una segunda ola de gobiernos progresistas en el continente: México y Perú por primera vez, Argentina, Bolivia y Honduras por segunda vez. Y ojalá Colombia por primera vez y Brasil por segunda. En el caso de Chile, la victoria de Gabriel Boric viene a hombros de la rebeldía, y eso marca una distancia, una diferencia, porque una rebelión social abre los marcos de entendimiento a las personas, las posibilidades, la capacidad de asumir riesgos. Entonces las posibilidades de acción, de horizonte, de decisiones gubernamentales son más amplias, más potentes que en aquellos lugares donde se recupera la democracia y el progresismo, pero sólo de manera electoral y no en las calles.
Aquí va a haber una velocidad, va a haber un progresismo a dos velocidades, los que llegan al gobierno solo por la victoria electoral, más moderados, porque el tiempo también es moderado, y los que vienen cabalgando la rebelión social, cuya la posibilidad de decisiones puede ser más radical o más transformadora. Me atrevo a decir que en Colombia podría pasar lo mismo si hay una victoria del Petro en mayo. Lleva montando una gran rebelión a lo largo del año 2021 que abre horizontes para mucha más decisión, más potente, más radical que los que están en la segunda ola progresiva continental. Es muy poco probable que esta segunda ola dure tanto como la primera, que duró casi 14 años. Es más probable que estemos entre liberalismo, conservadurismo, liberalismo, conservadurismo por un tiempo.
– -¿Cuál es la importancia que Estados Unidos le asigna a América Latina en este momento histórico?
–No somos la prioridad de Estados Unidos, nunca lo fuimos, pero estamos en su foco de atención. Un imperio mira al mundo, no es ciego, reparte jerarquías. Evidentemente, el principal problema de Estados Unidos es China. En Ucrania está la idea de ampliar la OTAN y sus misiles atómicos a las puertas de Moscú, pero su problema es China, y así lo ha dicho Biden, y la Unión Europea. China es el contendiente estratégico de ambos, eso es un desafío ante la decadencia del viejo imperialismo europeo que no tiene dientes y la decadencia del imperialismo norteamericano que todavía tiene fuerza militar y que tiene una potencia más poderosa en el mundo, pero económicamente está en declive. Desde la señora Clinton en 2014 se habla del pivote asiático, sobre la importancia de tener en cuenta a Asia para evitar este inevitable expansionismo de otra potencia como China. Así que ahí están tus principales fortalezas, tus principales preocupaciones y decisiones.
Sin embargo, el continente es parte de esta batalla, porque lo que está haciendo China es extender su presencia económica donde puede, la Ruta de la Seda de China a Italia y su presencia en África y América Latina, porque China se ha convertido en un prestamista de emergencia sin condiciones. y todos los países necesitan dinero. Y China, que presta dinero para sus obras públicas, no te pone condiciones para cambiar de ministro, votar en la OEA o la ONU o a favor, simplemente te presta dinero porque necesita ampliar su infraestructura productiva y política. Y eso alarma a los estadounidenses. Por eso sus antenas, aunque se concentran principalmente en China y el pivote asiático, también están expandiendo su preocupación por el continente. El golpe de estado en Bolivia ha tenido un impacto en el Departamento de Estado de EE.UU. y el Sr. Claver-Carone, quien ahora dirige el BID, y es el hombre que ha monitoreado personalmente la aventura golpista en Bolivia. Eran los tiempos de Trump, pero todavía había interés en buscar recuperar influencia, y como él no puede tener una influencia económica muy fuerte más que indirectamente a través del FMI, y no puede competir con los créditos de China, va a intentar presionar política y militarmente al continente.
 
 
 
 
 
ÁLVARO GARCÍA LINERA: "EL ENVÍO DE ARMAS A BOLIVIA FUE UN EPISODIO NEFASTO DEL GOBIERNO DE MAURICIO MACRI"
 
En el mismo sentido, el exvicepresidente de Bolivia hasta 2019 comparó la gestión del exmandatario con la dictadura cívico militar argentina.
 
Am 750 de Argentina (https://bit.ly/34YVtt7)
 
El exvicepresidente de Bolivia hasta 2019, año en que renunció junto a Evo Morales tras el golpe de Estado, Álvaro García Linera,
Linera sostuvo en diálogo con Una Vuelta al Mundo que el envío de armas a Bolivia para propiciar el golpe de Estado a Evo Morales es un "episodio nefasto y vergonzoso del gobierno de Mauricio Macri".
El exfuncionario comparó el accionar del gobierno de Cambiemos con un hecho sucedido en el 1980, durante la dictadura cívico-militar presidida por Jorge Rafael Videla: "Me hizo recordar lo que había leído de joven sobre los Novios de la Muerte. Eran un grupo de paramilitares que viajaron a Bolivia para apoyar el golpe de Estado del general Luis García Meza", dijo.
"Cuando uno lee los periódicos de ese entonces y revisa los libros, cree que eso era algo que no se podía repetir en el continente, luego de tanto avance democrático", lamentó.
"Cuando hay crisis políticas, lo primero por lo que uno se tiene que preocupar -si se es demócrata- es por la alimentación y la atención de la salud de la población de un país. No me dedico a mandarles insumos bélicos. Y eso es lo que llevó a Bolivia, un cargamento de insumos bélicos", señaló.
Además agregó que, "dos días después que llegaron las municiones que entregó el señor Macri, sucedió la masacre de Sacaba donde mujeres campesinas que estaban entrando a la ciudad, son expulsadas de la ciudad por tropas policiales, tropas militares, helicópteros, todos armados con las municiones que fueron enviadas desde Argentina", sostuvo.
"Y contrapongo esta posición con la de un presidente que envió un avión Hércules a Bolivia para mandar vacunas, no municiones", dijo recordando la acción humanitaria que tuvo Alberto Fernández para con el país vecino en medio de la pandemia de coronavirus.
"Mandó vacunas para salvar vidas. Esa es la actitud de un gobierno demócrata. De un gobierno comprometido hasta el tuétano con los derechos civiles de las personas", remarcó.
 
 
 
 
 
El gobierno de Pedro Castillo mira el modelo boliviano
 
PERÚ CAMBIA LA ESTRATEGIA ANTIDROGAS Y PROPONE UN PACTO SOCIAL CON LOS COCALEROS
 
"El pacto social es para acordar una erradicación voluntaria, pacífica y progresiva de los cultivos de coca y el compromiso de no resembrar", señala Ricardo Soberón. El 80 por ciento de la cocaína peruana tiene como destino Europa y el 20 por ciento Estados Unidos.
 
Página 12 de Argentina (https://bit.ly/3I5SJIM)
 
Un poco más de 61 mil hectáreas sembradas con hojas de coca -cifra oficial que difiere de la que maneja el gobierno de Estados Unidos que es de 88 mil hectáreas-, un estimado de unas 150 mil familias campesinas que viven de este producto en precarias condiciones y criminalizadas por sus sembríos, entre 500 y 600 toneladas de cocaína producidas cada año - las cifras de la Casa Blanca dan unas 800 toneladas-, la violencia y la penetración del narcotráfico en la política, el empresariado y el sistema de justicia, configuran un complejo y conflictivo escenario. Cada año las autoridades peruanas han venido anunciando metas cumplidas en la erradicación de cultivos de hoja de coca, pero ese aparente éxito es la celebración de un fracaso, porque las siembras no han disminuido, incluso han aumentado en los últimos años con la resiembra y nuevas áreas de cocales. Y el narcotráfico ha avanzado.
El nuevo jefe de la política antidrogas del Perú, Ricardo Soberón, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Vida sin Drogas (Devida), anuncia un cambio de estrategia en la política antidrogas. En diálogo con PáginaI12, Soberón, que ha sido asesor de las organizaciones de cocaleros, da detalles de esta nueva estrategia, que tiene como eje central un pacto social con los campesinos cocaleros para ir a una erradicación concertada de sus siembras.
“Este pacto social -explica Soberón- tiene tres niveles: un acuerdo con los cocaleros y sus organizaciones, un segundo nivel con las municipalidades locales y gobiernos regionales, y un tercero con la población de esos lugares. El pacto social es para acordar una erradicación voluntaria, pacífica y progresiva de los cultivos de coca y el compromiso de no resembrar. A cambio de eso les ofrecemos a los agricultores un programa de desarrollo alternativo que llegará oportunamente, asistencia directa a través de la entrega de bienes, insumos, equipos, asistencia técnica, asociatividad, gestión comunal, y también daremos transferencias financieras a los municipios locales. Las comunidades se comprometerán a que los agricultores cumplan con el pacto social. Si a pesar de eso alguien no cumple, entonces entra la policía. Lo más importante es que los agricultores van a tener protagonismo, queremos que participen. La idea con el pacto social es reforzar las estructuras sociales de la sociedad rural en las zonas cocaleras para que ellas puedan manifestarse y tomar decisiones legítimas en sus ámbitos territoriales. Es el modelo boliviano del control social”.
La estrategia de este pacto social comenzará este año en la convulsionada zona del Vraem, una agreste región montañosa entre los Andes y la Amazonia donde predominan el narcotráfico y la violencia. Una zona a la cual el Estado hasta ahora no ha entrado para erradicar los sembríos de coca, los que, según datos oficiales, llegan a 27 mil hectáreas. El objetivo es erradicar este año con el pacto social mil hectáreas en esta zona e ir subiendo esa cifra en los años siguientes, y extender este pacto a las otras regiones cocaleras del país. En estos días, Soberón ha estado en El Vraem, donde se ha reunido con las organizaciones de los cocaleros, alcaldes y pobladores para presentarles la propuesta del pacto social.
El presidente de Devida precisa que en paralelo a este pacto social también habrá una erradicación compulsiva de cocales en áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento, lugares de frontera y territorios indígenas tomados por cocaleros. “No permitiremos sembríos de coca en esas zonas”, asegura. El alto funcionario antidrogas responde a las críticas que ha recibido por la propuesta del pacto social con los cocaleros y la reducción de la meta para este año de erradicación de cocales de 25 mil a 18 mil hectáreas: “La política de criminalización de los cocaleros ha fracasado, eso tiene que cambiar. Continuar una erradicación como hasta ahora sin verificar su sostenibilidad es una pérdida de plata y una generación de conflictos y de nuevos focos cocaleros. Hasta ahora no ha habido una sincronización entre la erradicación y un desarrollo alternativo para los agricultores, queremos tener esa sincronización. La reducción en las hectáreas a ser erradicadas es porque necesitamos espacio para trabajar el pacto social y porque con esta reducción la erradicación que se haga será más sostenible”.
Según los datos oficiales, las 61 mil hectáreas de cocales en el país producen unas 120 mil toneladas de hoja de coca al año, de las cuales 15 mil se destinan al consumo legal. Hay 5,9 millones de peruanos que consumen coca legalmente, entre el tradicional mascado y productos industrializados de hoja de coca, como harina, infusiones y otros. Con las otras 105 mil toneladas de esta hoja se producen entre 500 y 600 toneladas de cocaína cada año, de las cuales se decomisan solamente unas 60 toneladas. En Colombia, de acuerdo a datos de Devida, la producción de cocaína es de unas 800 toneladas anuales, en Bolivia de unas 60 toneladas.
Efecto de la pandemia
“Con la pandemia del coronavirus el narcotráfico ha penetrado de una manera antes no vista, ni en los años 80 con Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela”, advierte Soberón. Precisa que el 80 por ciento de la cocaína peruana tiene como destino Europa y el 20 por ciento Estados Unidos, país que se abastece fundamentalmente de cocaína colombiana. De la cocaína peruana que va para Europa, el 70 por ciento sale por puertos brasileños y el otro 30 por ciento, entre 100 y 130 toneladas anuales, por Buenos Aires y Montevideo. “Argentina es ahora parte del proceso de exportación extensiva de cocaína. La cocaína peruana llega a Buenos Aires a través de un corredor que va por Bolivia y el norte argentino”, dice el nuevo jefe de la política antidrogas del Perú.
Soberón denuncia un importante incremento de los vuelos clandestinos para sacar la cocaína del país. Propone retomar la interdicción aérea con el derribo de avionetas cargadas con droga. Esta práctica se detuvo en 2001 cuando en la Amazonia se derribó una avioneta de misioneros norteamericanos confundidos con narcos y todos sus ocupantes murieron. “Es urgente detener la expansión indiscriminada del narcotráfico, para lo que necesitamos una mejor y mayor interdicción. Estados Unidos no quiere la interdicción aérea letal por lo sucedido en 2001, pero nosotros opinamos que debemos retomar esas acciones. El Perú debe tomar sus propias decisiones”.
Un importante componente de la nueva estrategia antidrogas, indica Soberón, es plantear un frente regional para convocar una mesa de cooperantes que incremente significativamente la ayuda económica internacional. Dice que este frente regional no debe limitarse a los países productores de cocaína -Perú, Colombia y Bolivia- sino incluir también a los países convertidos en territorios de exportación de esta droga, como Argentina y Brasil.
“Los montos de la cooperación que vienen del norte hacia el sur en el tema del narcotráfico son diminutos, son cifras de no más de dos ceros, cuando el narcotráfico moviliza cifras de seis ceros. Perú recibe 120 millones de dólares anuales, tenemos que pasar por lo menos a 1 200 millones. De lo que recibimos, el 70 por ciento viene de Estados Unidos y el 30 por ciento de Europa. En marzo iniciaremos un proceso fuerte para lograr un aumento de la cooperación internacional. Con un frente regional tendremos una voz mucho más potente”.
Soberón señala que un resultado exitoso de la nueva estrategia que plantea sería “quitarle al narcotráfico” en los próximos tres años 25 mil toneladas anuales de hoja de coca de las 105 mil que ahora abastecen la producción de cocaína. “Si logramos eso me daré por satisfecho”, finaliza.
 
 
 
 
 
AMÉRICA LATINA PRODUJO ALREDEDOR DE UN TERCIO DEL LITIO MUNDIAL
 
Milenio de México (https://bit.ly/3I97RoK)
 
El litio es el nuevo “oro blanco” debido a su papel clave en las baterías de los vehículos eléctricos.  Su precio se multiplicó por cinco. América Latina produjo alrededor de un tercio del litio mundial en 2021. ¿Una nueva bonanza para la región?
No necesariamente. El “triángulo del litio”, donde se encuentran la mayoría de los recursos de América Latina, ofrece lecciones reveladoras. De las tres naciones que lo comprenden, Chile y Argentina están muy avanzados, mientras Bolivia tiene dificultades para arrancar.
“Argentina definitivamente se destaca por encima de sus pares para atraer grandes inversiones en la extracción de litio”, dice Emily Hersh, directora ejecutiva de Luna Lithium en Nevada. “Argentina ha tenido varias inversiones por un monto cercano a los 1,000 millones de dólares (mdd)... en los últimos ocho a doce meses”.
Los mineros de litio fueron atraídos por las políticas favorables a los inversores del gobierno del expresidente Mauricio Macri y los gobiernos de provincia a favor de la minería también fueron de ayuda, dicen los ejecutivos de Luna Lithium.
En Bolivia, la historia es diferente. El país sudamericano tiene potencial: el salar de litio más grande del mundo y las reservas probadas más grandes. Pero los sucesivos gobiernos le otorgaron al Estado un papel central en la explotación del litio.
El discurso entusiasta de algunos gobiernos de izquierda de América Latina sobre un cártel de productores estatales, como si fuera la “OPEP de litio”, para controlar los precios ignora la realidad de que el “oro blanco” es una propuesta muy diferente a la del petróleo o los metales preciosos.
El litio es difícil de explotar. Altamente reactivo, no se extrae en estado puro. Es complejo y costoso extraerlo. “Una nueva mina suele tardar entre seis y ocho años para ponerse en marcha”, dice PJ Juvekar, jefe de investigación de materiales de Citi.
Chile disfrutó de un régimen estable y es, por mucho, el mayor productor de litio de América Latina. Las dos empresas de ese país, la estadounidense Albemarle y la chilena SQM, están aumentando sus inversiones.
“Nuestro acuerdo de arrendamiento se acerca a un reparto del margen bruto al 50% con el Estado y las comunidades locales”, dice Stefan Debruyne, director de asuntos externos de SQM.
La experiencia pasada en América Latina sugiere que una política de litio exitosa implica un régimen estable con un reparto justo de los ingresos que proporcione un incentivo a las compañías privadas.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene otras ideas. “Vamos a crear una compañía (estatal) mexicana para el litio... se trata de nuestra soberanía”, dijo. El riesgo a largo plazo puede ser que el litio de México nunca llegue a explotarse.
El gobierno de Joe Biden ofrece incentivos para producir litio en EU y si los precios globales se mantienen altos, habrá un impulso para diversificar la producción. “Con los actuales precios spot, la producción de litio a partir de agua de mar puede incluso llegar a ser viable”, afirma Debruyne, de SQM.
Esto será de poca ayuda para Bolivia, un país sin salida al mar. “Parece que está condenada a ser prisionera de su identidad nacionalista y esto impedirá que se produzca litio”, dice el economista Roberto Laserna.
 
 
 
 
 
HAY QUE TOMAR ACCIONES INTERNACIONALES CONTRA EL TERRORISMO DE ESTADO DE CUBA, VENEZUELA, BOLIVIA Y NICARAGUA
 
Infobae de Argentina (https://bit.ly/3GZkNwc)
 
Los gobiernos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua utilizan los mismos “métodos ilegítimos y criminales orientados a producir miedo y terror en la población civil para mantenerse en el poder y lograr comportamientos que no se producirían de otra manera”.  Esto es “terrorismo de estado” integrado por “crímenes de lesa humanidad”, probados con detenciones, torturas, acusaciones falsas, sentencias, asesinatos y violaciones de derechos humanos. Organismos internacionales y gobiernos democráticos tienen la obligación legal de tomar acciones efectivas contra el terrorismo de Estado.
El avance del Derecho Internacional ofrece en el siglo XXI normas obligatorias y con efectos punitivos para proteger los derechos humanos, la libertad, la democracia, la propiedad, el debido proceso, perseguir la delincuencia organizada y sancionar las crímenes de lesa humanidad y más.
En las Américas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene su expresión en la Convención  Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica vigente desde el 18 de julio de 1978.  Ambas normas consagran el “derecho a la vida, derecho a la integridad personal, prohibición de esclavitud o servidumbre, debido proceso legal, presunción de inocencia, principio de legalidad e irretroactividad, libertad de pensamiento y expresión, la libertad de asociación, el derecho a la propiedad privada, los derechos políticos…”.
La Carta Democrática Interamericana es un tratado constitutivo firmado y vigente desde el 11 de septiembre de 2001, es obligatoria. Art. 1: “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.” Art. 3: “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.
El Estatuto de Roma es el tratado que constituye la Corte Penal Internacional, adoptado en Roma el 17 de julio de 1998. Art. 7.1: A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil..: a) Asesinato; b)Exterminio; c)Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual…; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género..; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.
La Convención de Palermo o Convención contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, tratado constitutivo de las Naciones Unidas, año 2000 con 3 protocolos adicionales. Art. 2.a) Por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo estructurado de 3 o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos…con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Art. 3.2.-…el delito será de carácter transnacional si: a)  Se comete en más de un Estado; b)  Se comete dentro de un solo Estado, pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado; c) Se comete dentro de un solo Estado, pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado; o d) Se comete en un solo Estado, pero tiene efectos sustanciales en otro Estado.
Estas y muchas otras normas de cumplimiento obligatorio son las que los jefes de gobierno y sus entornos en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua violan con impunidad y reincidencia. Estas leyes demuestran que los grupos que detentan el poder agrupados como socialismo del siglo XXI o Castrochavismo, operando por medio del Foro de Sao Paolo son “grupo estructurado de delincuencia organizada transnacional”, no son política, son crimen que usan como coartada la ideología para encubrir sus narcoestados y terrorismo de Estado.
Estas mismas leyes son obligatorias para los gobiernos democráticos y los organismos internacionales, que al no cumplirlas y hacerlas respetar, las violan por omisión, por incumplimiento de deberes inherentes a su función de gobernantes y funcionarios internacionales. El crimen puede seguir impune sólo si los obligados a sancionarlo parecen coexistir con él aceptando a los criminales como políticos y jefes de Estado y de gobierno.
 
 
 
 
 
BOLIVIA ENVÍA 70 BRIGADISTAS PARA COMBATIR LOS INCENDIOS FORESTALES EN CORRIENTES
 
Lo informó el embajador argentino en ese país, Ariel Basteiro. El diplomático sostuvo que la asistencia fue aprobada por el presidente Arce y tendrá el visto bueno del parlamento.
 
Ámbito de Argentina (https://bit.ly/3I91JNg)
 
El embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, informó que "70 brigadistas bolivianos parten mañana a Corrientes y Misiones para ayudar a apagar los incendios en Argentina".
"Su traslado fue aprobado por el presidente (de Bolivia, Luis) Lucho Arce y será también aprobado por el Parlamento" de ese país, dijo Basteiro en su cuenta de Twitter.
Añadió que "esta gestión fue posible por el trabajo que realicé como embajador argentino en Bolivia en coordinación con el viceministro de Defensa Civil Juan Carlos Calvimontes, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina y la Cancillería Argentina".
"Es importante recordar que parte de este equipo de brigadistas fue capacitado por instructores argentinos que trajimos a Bolivia el año pasado", amplió el embajador.
Este domingo, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, reiteró sus pedidos de ayuda para combatir a los incendios que ya consumieron un 10% de las hectáreas en la provincia mesopotámica.
El mandatario extendió sus pedidos a Brasil, que envió un primer cargamento con recursos, y a los EEUU. Desde su cuenta de Twitter, pidió: "Puesto que #Corrientes necesita de más recursos para superar la Emergencia Ígnea que atraviesa, solicité la colaboración de #EstadosUnidos a través de su embajador en #Argentina, Marc Stanley".
En paralelo, el presidente Alberto Fernández dijo que habla todos los días con Valdés, que Nación "está enviando todos los recursos posibles" y que viajará a Corrientes de ser necesario.
"Es una tragedia ecológica sin precedentes y no es momento de disputas sino de cooperación, esfuerzo y generosidad", remarcó Fernández según la agencia Télam.
 
 
 
 
 
SE AGRAVA LA MIGRACIÓN EN LA FRONTERA BOLIVIA-CHILE
 
La Voz de América de EEUU (https://bit.ly/3JGNuj5)
 
La migración en la frontera entre Bolivia y Chile se ha agravado en los últimos meses. Cientos de migrantes de todas las edades, incluyendo niños y ancianos, ingresan de manera masiva e irregular por la frontera en el Paso Colchane-Pisiga.
El gobierno del presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha desplegado un contingente de más de 600 militares y más de 100 policías para tratar de controlar la migración en la frontera noreste del país. A pesar de estos esfuerzos el alcalde de Colchane, Javier García, asegura que los controles son deficientes.
El alcalde afirmó las medidas aplicadas por el gobierno no son suficientes y que afectan la seguridad de los chilenos así como también la integridad de los migrantes.
Una ley establecida por el gobierno chileno permite que los militares y policías realicen labores de recolección, es decir, devolverlos inmediatamente al país donde estuvieron antes. La mayoría de los migrantes llegan por con Bolivia desde diferentes países, entre los que se encuentran:
Venezuela
Colombia
Perú y
Haití.
Los migrantes que llegan a Chile se enfrentan a circunstancias difíciles como la precariedad y el rechazo social de muchos chilenos. El rechazo se debe a la molestia provocada por algunos hechos delictivos realizados por ciertos mirantes.
Estos hechos han afectado a la comunidad migrante, pues están pagando las consecuencias de otras personas y no apoyan sus actos.
Varios analistas consideran que el mecanismo de reconducción implementado por el gobierno chileno debe tener coordinación con las autoridades de Bolivia para que puedan recibir a los migrantes cuando son expulsados de Chile. Sin embargo, las autoridades bolivianas todavía no se han pronunciado sobre esta situación en la frontera.
 
 
 
 
 
DEVUELVEN A BOLIVIA A 5 MIGRANTES ILEGALES SORPRENDIDOS EN LA COMUNA DE OLLAGÜE
 
Radio Cooperativa de Chile (https://bit.ly/3BzsnMY)
 
Dos hombres y dos mujeres adultos, además de un menor de edad, todos de nacionalidad extranjera, fueron reconducidos por la PDI hasta Bolivia, luego de que atravesaran ilegalmente la frontera hasta la comuna de Ollagüe.
Cerca del mediodía de este domingo, personal de la Tenencia de Carabineros de Ollagüe junto a efectivos del Ejército, detuvieron a un grupo de personas de nacionalidad extranjera que intentaban ingresar ilegalmente al país por un paso no autorizado.
Según informaron, se trata de 2 hombres adultos, 2 mujeres adultas y un menor de edad, los cuales habían llegado a este pequeño poblado fronterizo de la región de Antofagasta, el cual tiene poco más de 320 habitantes.
Debido al estado de excepción constitucional que rige sobre la zona, los migrantes fueron llevados hasta un cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes a su vez los recondujeron hasta el sector de Estación Avaroa, que es el asentamiento boliviano más cercano a la comuna de Ollagüe.
 
 
 
 
 
GOBERNADOR REGIONAL JORGE DÍAZ RECORRIÓ PUESTOS DE VIGILANCIA DE LA FRONTERA CHILE-BOLIVIA
 
Radio Agricultura de Chile (https://bit.ly/3sRte7P)
 
En la última semana Chile incrementó en un 612,5% su dotación de militares para vigilar la frontera común con Bolivia y Perú en el altiplano de la provincia de Parinacota, reveló un recorrido realizado este fin de semana a esa zona por el gobernador regional de Arica y Parinacota, Jorge Díaz Ibarra.
La primera autoridad regional se reunió con el jefe de la Defensa Nacional en la Provincia de Parinacota, coronel Gianfranco Cassinelli, para conocer en detalle el trabajo que realiza el Ejército en el marco del estado de excepción constitucional de emergencia de 15 días, decretado para poner un freno a la migración ilegal de extranjeros por pasos no habilitados.
El gobernador se apersonó en las localidades de Caquena y Nasahuento, a 4 mil 500 metros sobre el nivel medio del mar, a solo minutos de la frontera con Bolivia, donde visitó el puesto de mando de los militares chilenos, recorrió el sector y recibió una completa explicación en terreno sobre el funcionamiento de las patrullas que mantienen una vigilancia 24/7 en esa zona limítrofe del país.
Junto con lo anterior se informó que el Ejército, institución que desde el año 2017 mantiene un resguardo constante de la zona debido a la operación “Jarkaña” (detener en lengua aymara), aumentó de 24 a 147 la cantidad de hombres para vigilar 340 kilómetros de frontera (240 con Bolivia y 100 con Perú), en una zona marcada por copiosas lluvias en esta época del año como consecuencia del invierno altiplánico.
Jorge Díaz explicó que luego de conocer el trabajo de resguardo fronterizo que se realiza en la provincia de Arica, era necesario saber cómo se lleva a cabo este proceso también en Parinacota. “Han habido personas que han sido reconducidas en estos días y vemos cómo todo el material tecnológico, logístico y desde luego el personal, se ha incrementado, mejorado, para que el resguardo fronterizo sea real  y efectivo”, manifestó.
Indicó que pese a las difíciles condiciones geográficas y climáticas, pudo apreciar que “las Fuerzas Armadas están cumpliendo su rol, la tarea encomendada, con una estrategia muy importante, de mucho despliegue, lo que hace pensar que va a haber buen resultado”.
Sostuvo que se debe resguardar la frontera internacional porque ésta corresponde a Chile y no exclusivamente a Arica y Parinacota, y sostuvo que “indudablemente la presencia de las Fuerzas Armadas ha implicado que exista mayor resistencia para ingresar, a lo menos por estos cruces irregulares”.
Asimismo, señaló que si bien es necesario seguir fortaleciendo los conceptos de estado regional, descentralización y autonomía de las regiones, como se ha hecho en la Convención Constitucional, esto “no debe significar que el Estado (nacional) se desentienda del rol irrevocable de generar equidad territorial y resguardar las fronteras del país”.
El gobernador regional Jorge Díaz aprovechó de agradecer personalmente el trabajo de los militares “que están contribuyendo de manera muy eficiente a que se resguarde más la frontera de nuestro país”, porque “la situación migratoria estaba desbordada, la crisis migratoria es muy profunda en Chile”.
INCREMENTO DE PERSONAL
El jefe de la Defensa, coronel Gianfranco Cassinelli dijo que se expuso de manera muy completa al gobernador regional el trabajo de vigilancia del Ejército en la frontera que realiza la operación Jarkaña y que se ha intensificado en los últimos días producto del estado de excepción constitucional de emergencia.
“Nuestra unidad tenía dos patrullas de 24 hombres operando en esta zona, cantidad y fuerza que se aumentó a 147 hombres del Ejército más personal de las policías”, reveló.
Señaló que se ha puesto énfasis en aquellas rutas por donde históricamente transitan personas que ingresan a Chile de forma irregular, en calidad de migrantes o traficantes.
Explicó que hasta este sábado 19 de febrero, en los primeros cuatro días de vigencia del estado de excepción constitucional, se detuvo a seis hombres de nacionalidad boliviana que ingresaron por pasos no habilitados, los que fueron entregados a la PDI para la reconducción a su país.
El coronel llamó a los habitantes de la región a sentirse “tranquilos, estamos cumpliendo con lo que se nos dispuso y nuestra tarea no es solamente en estos momentos, ha sido permanente en el tiempo y la vamos a seguir realizando”.
 
 
 
 
 
AUTORIZAN MAQUINARIA QUE AMPLIARÁ ZANJAS EN FRONTERA EN COLCHANE
 
Tele trece de Chile (https://bit.ly/3Ic97Yj)
 
En plena crisis migratoria en el norte del país, el Gobierno autorizó el uso de maquinaria pesada para ampliar las zanjas fronterizas entre Chile y Bolivia.
El jefe de Defensa de Tamarugal, Marcos Jaque, aseguró que "lo que vamos a hacer mañana no es nada más que hacerle un mantenimiento a una zanja que lleva más de 15 años. Una zanja que limita Bolivia y Chile".
Además, agregó que se buscará "destruir aquellos puentes que ocupan los inmigrantes, mejor dicho los contrabandistas".
La maquinaria necesaria ya se autorizó de parte del Ministerio del Interior y se encuentra en la zona de Colchane.
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Además, T13 pasó una noche en la zona de la frontera para revisar los procedimientos que se aplican en la detección de inmigrantes.

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