ES INCONTROLABLE EL CRUCE ILEGAL DE GENTE Y MERCADERÍAS POR LA FRONTERA

Miles de personas por día, salen y entran ilegalmente con mercaderías al país a través de pasos no habilitados que se transformaron en la vía más utilizada en la frontera norte.

La prueba es contundente. El video es casi suicida. De la manera que se aprecia en la filmación casera, cientos, tal vez miles de ciudadanos extranjeros ingresan por día a la Argentina por la frontera norte, para abastecerse de toda clase de mercaderías, claramente favorecidos por el cambio.
Lo que ocurre en Aguas Blancas, donde los balseros bolivianos cruzan el río crecido, ofreciendo una suerte de turismo de aventura a sus ocasionales pasajeros, cuesta la suma de mil pesos por persona. Hacer números es sencillo: cien personas por balsa por día, son cien mil pesos argentinos. Una fortuna por hacer "deporte de riesgo". Si bien no hay cifras oficiales, se estima que el cruce de los balseros en Aguas Blancas moviliza a unas 8.000 personas por día, lo que a las claras habla del formidable negocio que se maneja con este tránsito, que comenzó como una necesidad inevitable durante la pandemia y que luego quedó establecida como una forma fácil y aceptada de evitar los controles y favorecer la ilegalidad. En la zona hay efectivos de Gendarmería que custodian el paso de chalanas y el puente internacional, pero que nada pueden hacer ante las multitudes que llegan desde el otro lado del río en las precarias embarcaciones.
En Salvador Mazza pasa algo similar. Allí no hay un río bravo como el Bermejo, pero hay decenas de pasos ilegales, por alguna de las distintas quebradas internacionales que hacen de límite entre un país y otro.
El motivo del cruce es el mismo: abastecerse en nuestro país de toda clase mercadería por la creciente depreciación del peso argentino.
32 kilómetros sin riesgos
Diferente a lo que sucede en la frontera de Aguas Blancas y Bermejo (Bolivia) es lo que ocurre diariamente entre las localidades de Salvador Mazza y Yacuiba en el departamento San Martín.
Esta segunda frontera está dividida por una quebrada internacional aunque en realidad se trata de un accidente geográfico que no lleva agua. A las dos localidades de frontera las dividen unos 32 kilómetros de extensión de este a oeste a lo largo de las cuales se ubican puestos y asentamientos además de Yacuiba y Salvador Mazza por lo que pasar de un país al otro es como ir de un barrio a otro sin prácticamente ninguna complicación o riesgo para los pasadores tanto argentinos como bolivianos.
En el caso del departamento San Martín los camiones que llegan a la frontera primero tienen que pasar por el puesto VOVE ubicado en la entrada misma de la localidad fronteriza de Salvador Mazza sobre la ruta nacional 34 y allí tributan impuestos tanto provinciales como municipales. Una vez que abonaron "cash" en el caso de rentas del municipio, siguen viaje unos tres kilómetros hasta el puente internacional o hasta estacionarse en cualquier calle cercana a la quebrada. Es allí donde operan "los bolseros" o "bagayeros" que en minutos descargan toda la mercadería y por cualquiera de la veintena de pasos ilegales, las trasladan hacia territorio boliviano. De hecho que muchas otras unidades de transporte lo hacen por el puente internacional pero podría decirse que la mitad no cruza la frontera; solo las cargas que transportan.
Comercio y formidable evasión
La devaluación de la moneda argentina hace que los productos de nuestro país se comercialicen como pan caliente del lado boliviano y que los comerciantes argentinos prefieran recibir la moneda del vecino país en vez del peso argentino. No hay producto argentino que no salga prácticamente las 24 horas del día hacia territorio boliviano -la frontera tiene tanto o más movimiento durante la noche- ya que el tipo de cambio no ha hecho más que favorecer el comercio de frontera sobre todo de nuestro país hacia Bolivia. La evasión que se genera es formidable si se tiene en cuenta que la mitad de los camiones que llegan con cargas a la frontera opta por cruzar la mercadería por          pasos ilegales.
Fuerte malestar de campesinos de Yacuiba
Dirigentes campesinos de Yacuiba denunciaron al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria de Bolivia (Senasag) con asiento en Tarija, por certificar el grano que llega de contrabando desde Argentina como si hubiera sido producido en Yacuiba. Argumentaron que la cosecha ya finalizó y no queda ningún tipo de grano en la región, acusando que altos funcionarios del organismo están involucrados.
Los hechos fueron expuestos por el dirigente campesino Lumber Gonzales, ante una serie de denuncias que acercaron productores del sur boliviano, al verse afectados por la maniobra. “No hay granos en el chaco”, dijo Gonzales, a la vez que remarcaba que el uso de datos de productores registrados para el movimiento de granos para asentar en el documento emitido por Senasag proviene del propio organismo.
Así, dijo, se involucra a los productores del sur boliviano para gestionar y certificar los permisos de transporte de granos al interior de Bolivia, de granos que llegan de contrabando de Argentina.
Agregó que además de los productores también hay víctimas entre el campesinado. “Ellos roban la identidad al campesino”, continuó el dirigente, manifestando que se pueden llegar a asentar que el titular de una carta de permisos es dueño de 20 camiones para el movimiento de granos cuando no excede las dos unidades. El Tribuno de Argentina (https://bit.ly/3B8g1Lq)
 
 
 
 
 

BOLIVIA, ANTE EL NUEVO SUPERPOZO DE GAS DE REPSOL: ¿DESCUBRIMIENTO O PINCHAZO?
 
Aunque desde la petrolera española se congratulan por este nuevo descubrimiento, los expertos afirman a este periódico que se trata de un pozo que "no añadirá nada a las bajas reservas del territorio".
 
La Información de España (https://bit.ly/3ozy3RP)
 
"Hemos encontrado reservas de gas natural en el campo Margarita-Huacaya (...) con un potencial de producción de 3 millones de metros cúbicos por día", anunció por redes sociales Luis Alberto Arce, presidente de Bolivia. Un mensaje que provocó júbilo entre sus seguidores al grito de "¡Fuerza Lucho!" o "¡Que no nos conquisten los americanos!", pero que, también, fue contrarrestado por las críticas de otros ciudadanos del país, "¿Nueva reserva? Si lleva explotado desde 1988 y es el que tiene la mayor producción actual". En medio de esa pugna está la compañía petrolífera española Repsol, que busca sacar rédito de ese hallazgo.
La empresa Repsol es, junto con la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la encargada de explotar Margarita 10, la nueva reserva que se ha descubierto al Sur del territorio latinoamericano que, según las autoridades, será el mayor productor de gas natural del país, con una profundidad de entre 300 y 350 billones de pies cúbicos y un potencial de tres millones de metros cúbicos diarios de gas natural.
La compañía lleva en el territorio desde 1994 y cuenta con "13 millones de barriles de petróleo equivalentes de producción de gas" en diferentes lugares del país, tanto al Sur (Huacaya, Sábalo o Margarita) como al Norte (Patujú, Mamoré o Paloma Surubí). Una producción de gas que, aún así, está por debajo de lo que obtiene la compañía en otros países de este continente, como Venezuela, donde extraen hasta cuatro millones de barriles más.
Fuentes de Repsol aseguran que "el descubrimiento de este pozo es bastante importante porque el país en sí crea 45 millones de metros cúbicos al día y este pozo por sí solo produce 3 millones de metros cúbicos al día". Además, se espera que por esta vía Bolivia aumente sus reservas de gas y pueda cubrir la demanda sus clientes, sobre todo de Argentina, que es el más afectado por la falta de gas boliviano y que es crítico con el Gobierno de Arce por no cumplir los contratos de suministro.
Repsol, que no es ajeno a este problema, reconoce que "los pozos se van vaciando y es normal que baje la producción". El futuro gas que la petrolera española extraiga seguirá el mismo proceso que con las otros pozos que perfora en el país o que han dejado de producir: se lo entrega a la empresa pública YPFB, que se se encargará de distribuirlo a tres mercados: el interno (por ley es el primero que se tiene que cubrir), Brasil (a través del gasoducto Gasbol) y, por último, Argentina.
Clima de celebración
Sin embargo, expertos como el exministro de Hidrocarburos de Bolivia, Mauricio Medinaceli, rechaza el clima de celebración que se ha instalado en el Gobierno boliviano y en diferentes medios locales. Así, según asegura a La Información, "lo que añade ese pozo es muy poco. El país produjo para abastecer los mercados externos e internos de gas natural 0,55 billones de pies cúbicos en el año 2021, mientras que este nuevo pozo aporta- según fuentes oficiales- 0,35 al año".
Una afirmación que la comparte el físico y experto en política energética de Bolivia, Francesco Zaratti, que afirma lo siguiente: "Se trata de un pozo de desarrollo que probablemente no añada nada a las bajas reservas de Bolivia, pero sí a la producción. Es como añadir un grifo más a un tanque de agua: no cambia el contenido, pero se vacía más rápidamente. La importancia del pozo Margarita 10 está en su gran caudal previsto en un momento en el que YPFB necesita incrementar la producción para suministrar a Argentina mayores volúmenes de los que ha estado enviando desde octubre, debido a una falla técnico-geológica de otro pozo, el Margarita X 3, que dejó de producir. Sin embargo el nuevo pozo no será operativo hasta junio-julio, de modo que queda la incógnita de cómo YPFB podrá cubrir los volúmenes mínimos comprometidos y requeridos por Argentina".
Un escenario que compromete las previsiones optimistas tanto del Gobierno boliviano como de la empresa estatal YPFB. Aunque desde Repsol afirman que "estamos contentos en Bolivia porque es un lugar estable", la realidad de los acontecimientos empuja al escepticismo. Además, y según las fuentes contrastadas, si Bolivia no consigue enviar por lo menos 14 millones de metros cúbicos de gas por día en la estación de invierno, el precio del gas se reducirá porque Argentina tendrá que compensar el menor volumen con compras de gas licuado de ultramar. Una situación que tendría un impacto en los contratos entre Repsol e YPFB. A este escenario se le une otro episodio negativo para empresa española en Latinoamérica, que parece que pone la guinda a un mal inicio de año: los daños por el derrame de petróleo en el litoral de Perú, con el que han reafirmado su "absoluto compromiso en remediar sus consecuencias".
 
 
 
 
 
EBRARD ACUSA A LA OEA DE PROMOVER EL GOLPE DE ESTADO CONTRA EVO MORALES
 
El canciller asiste a un evento donde el expresidente boliviano coloca en la misma lista a AMLO y al dictador Maduro.
 
El Economista de México (https://bit.ly/3JbzAFy)
 
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló a la Organización de Estados Americanos (OEA) como el principal promotor de lo que él considera golpe de Estado en Bolivia en contra del expresidente Evo Morales en noviembre del 2019.
Al recordar el trabajo diplomático realizado para salvaguardar al exmandatario boliviano, durante la presentación del libro Evo, operación rescate, Ebrard reiteró la defensa de la democracia y aseguró que los golpes de Estado no se permitirán en la región de América Latina y el Caribe.
“Aquí lo interesante es que el principal promovente y participante en este golpe, es la Organización de Estados Americanos, o sea, no vamos a un rescate para la defensa de alguien afín ideológicamente, si no vamos a defender a Evo y al proceso democrático en Bolivia”, declaró en el Instituto Matías Romero, escenario donde el autor Alfredo Serrano presentó su obra.
“También nos deja una gran lección, pienso yo, para toda América Latina y el Caribe: tiene que haber un límite, es decir, no se puede en nombre de cualquier argumento que pueda ser relevante, promover golpes de estado”, agregó.
El canciller reconoció que fue riesgosa y difícil la operación, pero aseguró que “valió la pena salvar la vida de Evo y que predominara el proceso democrático”.
“A diferencia de otros procesos de asilo donde quienes solicitaban asilo estaban en la embajada, aquí no, aquí fuimos a un aeropuerto por una persona bajo riesgo, es decir, en manos de una fuerza armada que no tenía indicaciones claras de qué iban a hacer”, recordó.
En noviembre del 2019 Evo Morales llegó a México como asilado político junto a sus colaboradores, tras el conflicto que surgió en Bolivia por su reelección y que lo obligó a renunciar. La aventura diplomática para que pudiera ser trasladado es relatada en el libro escrito por el consultor político y académico español, Alfredo Serrano Mancilla.
Persecusión
Por su parte, Evo Morales, quien participó vía remota en el evento, denunció que todavía hay un intento de golpismo y persecución en su contra, sin embargo, no mencionó ejemplos.
“El golpe de Estado es hacia nuestro modelo económico, hacia nuestro movimiento indígena (...) pero también hacia la industrialización del litio”, dijo.
Ante el imperialismo aseguró que la lucha por la soberanía sigue.
Morales agradeció el apoyo de varios presidentes, enlistó a Andrés Manuel López Obrador, Alberto Fernández, Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel. Sorprendió que colocara al presidente mexicano al nivel de los dictadores venezolano y cubano.
 
 
 
 
 
JEANINE AÑEZ RUMBO AL JUICIO: DE QUÉ SE ACUSA A LA EXPRESIDENTA BOLIVIANA
 
El proceso está programado para el 10 de febrero y la expresidenta interina enfrentará acusaciones de violación de la Constitución e incumplimiento de deberes. Acusa al MAS de "linchamiento judicial".
 
Perfil de Argentina (https://bit.ly/3HG3voT)
 
La expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, se encamina a ser juzgada esta semana por su proclamación irregular como titular del Senado y posteriormente como presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia en 2019.
El juicio está programado para el 10 de febrero. Según la ley boliviana, el proceso ser público, pero no estaba confirmado si se realizaría en forma virtual o con la presencia de los acusados en el juzgado.
En este primer juicio Añez -"Caso Golpe II"- enfrentará acusaciones de violación de la Constitución e incumplimiento de deberes, en tanto que quedarán para otros procesos las denuncias de violaciones de derechos humanos y de lesa humanidad, además de delitos económicos.
Excomandantes militares y policiales deberán responder por presuntos delitos exclusivos de funcionarios como autores o propiciadores de la asunción presidencial de Áñez.
La exsenadora asegura ser víctima del "linchamiento fiscal y judicial" ordenado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido liderado por el expresidente Evo Morales.
Y unos días atrás, anticipó que sería "condenada como otras mujeres del mundo que han dado su vida contra las dictaduras".
"Son tiempos muy oscuros de un retroceso abismal en las conquistas democráticas del pueblo boliviano. Como en tiempos de [Luis] García Meza, se ha impuesto la cárcel a quien levante la cabeza, proteste o exija el cumplimiento de la ley", afirmó el 6 de febrero.
La exmandataria está con prisión preventiva desde el 15 de marzo de 2021, y desde su ingreso al penal de Miraflores ella misma y su familia denunciaron maltratos y desatención a su salud.
Con 54 años, Áñez sufre depresión e hipertensión y se autolesionó el 21 de agosto de 2021 en la cárcel, aunque las autoridades negaron las denuncias y aseguraron que fue la expresidenta quien maltrató a la uniformada.
Áñez dijo que la justicia rechazó todos los recursos interpuestos por su defensa para anular el proceso, el primero de dos juicios ordinarios por el golpe e independientes de eventuales juicios de responsabilidades que debería autorizar el parlamento.
"Me han despojado de mi derecho a un proceso justo, con jueces y magistrados independientes e idóneos, cuando se han prestado a encarcelarme por delitos inexistentes", afirmó.
Exmandatarios latinoamericanos que forman parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) pidieron este 8 de febrero al relator de la ONU visitar a Áñez en el penal de Miraflores e informar sobre los "abusos de poder" en su contra.
"Pedimos al Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, quien ha anunciado su visita a Bolivia, conocer del caso de la exgobernante, conversar con ella, e informar sobre los abusos de poder cometidos en su contra", detalla el comunicado de IDEA.
Además, recordaron que en una pasada declaración de marzo de 2021, manifestaron que la detención de Añez bajo los cargos de terrorismo, sedición y conspiración "resultaba arbitraria y contraria a los principios fundamentales de un Estado de Derecho" y que posteriormente expresaron preocupación por "la judicialización de la política o guerra jurídica".
Entre algunos de los exmandatarios que firman la carta se encuentran el exgobernante boliviano Carlos Mesa (2003-2005), el exjefe de Estado colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), el exmandatario argentino Mauricio Macri (2015-2019) y el expresidente español José María Aznar (1996-2004).
De qué se acusa a Jeanine Añez
Áñez se proclamó presidenta interina el 12 de noviembre de 2019, después de que Morales renunciara tras perder el respaldo de mandos militares y policiales en medio de una fuerte convulsión social. Un informe de la OEA  acusaba a Morales de haber hecho fraude en las elecciones de octubre de ese año. 
Morales, en el cargo desde 2006, buscaba la reelección pese a haber perdido un referendo de reforma constitucional convocado por él mismo en que la mayoría de los bolivianos votó contra su postulación a un cuarto mandato hasta 2025.
Áñez dejó el poder en noviembre de 2020 tras nuevos comicios en los que resultó electo Luis Arce, elegido por Evo Morales como su "heredero", y en marzo fue detenida. Algunos de los cargos en su contra son genocidio, sedición, terrorismo y conspiración.
Quién es Jeanine Añez
Añez, ex senadora, abogada y exdirectora del medio de comunicación Totalvisión, en noviembre de 2019 fue nombrada presidenta interina y se convirtió en la 66º Presidenta en Ejercicio de Bolivia tras las renuncias de quienes seguían a Evo Morales en el orden de sucesión constitucional.
En 2010, fue elegida como senadora de Bolivia por el partido del Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB - CN), representando al departamento de Beni en la Asamblea Nacional. En el último periodo, además, ingresó a la Asamblea como representante de Beni por Unidad Demócrata.
Nacida en Trinidad, Beni, el 13 de agosto de 1967, Áñez estuvo casada con el político Héctor Hincapié, y tiene dos hijos, de 31 y 26 años. La abogada fue crítica del gobierno de Evo Morales, y criticó su intención de tener un cuarto mandato, lo que consideró como "totalmente mezquino".
 
 
 
 
 
JUGANDO CON FUEGO
 
La Tercera de Chile (https://bit.ly/3LjNuay)
 
Mientras la Convención Constitucional debate sustituir la unidad Estado-Nación por la de la plurinacionalidad, y confiere a los pueblos indígenas el ser las unidades primarias sobre las cuales descanse el Estado chileno, gozando de normas jurídicas y judiciales propias, Evo Morales empuja la refundación de los Estados latinoamericanos basada en esa misma concepción. Encaramada en un decálogo, Morales ha formado Runasur -viene de la palabra “runa”, que en quechua quiere decir “persona, ser humano”-, una organización que apunta a construir una América plurinacional, retando el modelo institucional sobre el que se asientan nuestros países, y sembrando inestabilidad a las actuales fronteras.
Alertados por esta iniciativa, un grupo de destacados cancilleres y embajadores peruanos emitieron una dura declaración en la cual denunciaron la intención de Morales de desmembrar al Perú, otorgando a Bolivia una salida soberana del Océano Pacífico y así conformar una “nación aymara” como extensión territorial boliviana. La declaración fue acompañada por los ex altos mandos de las Fuerzas Armadas de Perú, lo que finalmente desmontó la iniciativa. Los primeros acusaron a Morales de estar digitando un proyecto de naturaleza geopolítica trasnacional, que deja de lado a los Estados, su soberanía, independencia, los regímenes democráticos, y con ellos, lógicamente, las fronteras acordadas. Los segundos, en tanto, denunciaron una intromisión inaceptable del ex Presidente boliviano en cuestiones de soberanía.
Desde siempre Morales ha imaginado una proyección del modelo plurinacional indígena a la América Andina que, de pasada, reconfiguraría fronteras permitiendo el deseo de dotar de costas a Bolivia.
Este proyecto de Runasur alienta una creciente inestabilidad que Chile debe mirar con profunda preocupación. El altiplano chileno acusa debilidades que, al no haber sido gestionadas por décadas, ponen en riesgo su relación identitaria con Chile. La población nativa de Parinacota se ha desplomado en un 50% desde 1992 a la fecha, la extranjera casi la equipara; la región acusa un abandono de infraestructura, de servicios básicos, de desprotección histórica de sus recursos hídricos y de un Plan de Zonas Extremas inerme con sus necesidades, lo que ha dado pie a una de las pobrezas más agudas del país, estimulado la decepción y resentimiento de sus comunidades hacia el Estado chileno. Si a eso se suman tensiones en el sur peruano, ocasionadas por movimientos etnocéntricos que miran a Runasur con simpatía, es evidente que Morales puede proyectarlos también hacia el norte de nuestro país. La plurinacionalidad puede abrir en el norte chileno una puerta con efectos no dimensionados.
El silencio del gobierno de Luis Arce ante la iniciativa del exmandatario boliviano vuelve aún más complejo el escenario subregional, en tanto promueve una complicidad (activa) que, de persistir, despertará nuevas desconfianzas en la relación bilateral.
Bien haría la Convención Constitucional en reflexionar sobre los conceptos utilizados, pues no es lo mismo un pueblo que una nación, reconocerlos en su dimensión cultural o política, como el impacto y consecuencias que ellos generan en el ámbito nacional e internacional. Estructurar la soberanía nacional sobre la base de los pueblos indígenas, reconociéndoles derechos autonómicos, entre otros, es un paso insuficientemente evaluado por la Convención en cuanto a sus riesgos y consecuencias.
 
 
 
 
VALIÓ LA PENA RESCATE DE EVO MORALES: EBRARD
 
La Jornada de México (https://bit.ly/3gz0dId)
 
“Por supuesto que valió la pena”, dijo Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vía remota, escuchaba y miraba Evo Morales, ex presidente de Bolivia, y motivo de la convocatoria, pues se trataba de la presentación del libro Evo Operación Rescate, que en la pluma del economista Alfredo Serrano Mancilla, narra detalladamente las horas de vértigo que culminaron con la llegada del mandatario derrocado a la capital mexicana.
Valió la pena, dijo Ebrard, porque se logró salvar la vida de Morales, pero a la vez se puso a salvo “el proceso democrático en Bolivia”, dado que el golpe de Estado tuvo un “principal promovente y participante: la Organización de Estados Americanos”.
Como es sabido, un año después del golpe Bolivia fue a elecciones: Luis Arce, actual mandatario, obtuvo una votación mayor que la lograda por Morales (55/48), en un proceso que, sin pruebas, la OEA de Luis Almagro, calificó de fradudulento.
El triunfo del Movimiento al Socialismo fue la prueba, dijo Ebrard, de que “quienes estuvieron del lado del golpe no estaban no estarán a favor de la democracia”.
Antes del canciller, Morales dirigió unas palabras desde Bolivia. Dijo que existen indicios de que había planes para matarlo, y que si no lo hicieron fue por la combinación de dos factores: que diez mil simpatizantes suyos rodearon el aeropuerto de Chimoré (si no hubiesen permitido el despegue del avión de la Fuerza Aérea Mexicana, aquello hubiese derivado en una masacre) y “la gestión internacional”.
El autor de la obra presentada en el Instituto Matías Romero aseguró que se trata de un “alegato a favor de la generosidad”, pues muchas personas intervinieron para hacer posible el rescate de Evo Morales. Entre ellos, las cabezas del gobierno de México que actuaron “sin ningún tipo de cálculo político”.
 
 
 
 
 
FISCAL GENERAL ASEGURA QUE MACRI COLABORÓ CON EL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA
 
5 de Septiembre de Cuba (https://bit.ly/34JFbUq)
 
El procurador general de Bolivia, Wilfredo Chávez Serrano, afirmó en las últimas horas que el gobierno argentino encabezado por el entonces presidente Mauricio Macri colaboró con el golpe de Estado de noviembre de 2019 contra el exmandatario Evo Morales.
En una entrevista concedida al medio argentino El Destape Radio y recogida por la agencia Télam, Chávez Serrano acotó que la afirmación parte de investigaciones en marcha por parte de la justicia boliviana sobre la «participación de gobiernos extranjeros» en la asonada.
El señalamiento muy particular a la administración de Mauricio Macri, se basa en evidencias referidas al envío ilegal de material represivo durante las violentas jornadas que precedieron a la salida del exmandatario del Movimiento al Socialismo (MAS).
«Han surgido informaciones de la colaboración que ha existido hacia el gobierno de facto de parte de algunos gobiernos vecinos, y la participación del gobierno de Mauricio Macri», aseguró el funcionario.
Para el titular de la Procuraduría General del Estado boliviano, se trató de una «actuación política no leal» contra su país, que ha «causado muerte, luto y una persecución terrible a los dirigentes del gobierno» de Morales.
En julio del año pasado, el Gobierno argentino, presidido por Alberto Fernández, denunció penalmente a Macri y a varios de sus exfuncionarios por el «envío ilegal de material represivo a las fuerzas golpistas» que derrocaron a Evo Morales.
El escándalo diplomático se dio a conocer cuando, a través de su cuenta de Twitter, el canciller boliviano Rogelio Mayta hizo pública una carta en la que el comandante de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, le agradecía al embajador argentino de entonces, Normando Álvarez García, «la colaboración prestada» en el marco del respaldo internacional «debido a la situación conflictiva que vive Bolivia». Según detalló, el envío incluía «40 mil cartuchos, gases lacrimógenos y granadas».
Sobre este caso de presunto contrabando, el procurador boliviano señaló: «No es material de guerra, pero sí es material de represión, que se ha usado en los días más duros aquí en Bolivia, en la ciudad de El Alto, en Cochabamba; ese material se ha usado para disuadir y han sobrevenido masacres, como consta en el informe del grupo interdisciplinario que organizó la Organización de Estados Americanos (OEA)».
En ese sentido, añadió que la Justicia de Bolivia está investigando la participación del Gobierno argentino, y si bien sostuvo que existe «una negativa» de las autoridades de entonces, indicó que «ante la evidencia es un tema que tiene que investigarse».
Por último, al ser consultado sobre la posibilidad de que Macri sea citado a declarar, afirmó que la decisión la toma el Ministerio Público, pero en su opinión debería convocarse «a todos los actores» involucrados.
 
 
 
 
BOLIVIA: SOMETIDA POR EL CORRUPTO RÉGIMEN DEL ‘NARCOSOCIALISMO’ MASISTA QUE ENCABEZAN MORALES Y ARCE
 
La Gaceta de España (https://bit.ly/3JdB95Y)
 
Probablemente nunca antes se había hablado tanto sobre la manera en que Bolivia ha caído de rodillas ante el narcotráfico como hoy en día. Tal vez se vieron cosas semejantes en los años 80, cuando había otros reyes de la droga que campeaban a sus anchas; pero nunca se había visto que además estuvieran inspirados explícitamente en la doctrina del socialismo para hacerse del Estado y consolidar su poder de manera inédita.
Eso es lo que está sucediendo hoy en Bolivia: el país ha caído en manos del narcosocialismo desde que, a finales de 2005, Evo Morales, líder cocalero del Chapare, ganó las elecciones presidenciales en primera vuelta y rediseñó el Estado para terminar con la República, la presunción de inocencia, la separación y equilibrio de poderes, y expandir el narcotráfico como nunca antes.
Hoy, 16 años más tarde, y a pesar de que no se cuenta con una prensa plenamente libre, se escucha en las noticias sobre las denuncias permanentes de los abusos que sufren los perseguidos políticos por el régimen del Movimiento al Socialismo (MAS), donde uno de los casos emblemáticos es el de la expresidenta Jeanine Áñez, que guarda prisión preventiva desde el 15 de marzo de 2021 por el supuesto “golpe de Estado” de 2019.
La última denuncia que Áñez ha realizado por medio de una carta contra el régimen del MAS, sostiene lo siguiente: “Lo que sucede en Bolivia es una época casi medieval y totalitaria que se repite en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela y otros lugares del mundo, donde hay presos políticos, entre ellos, grandes mujeres defensoras de la libertad y de la democracia, valientes jóvenes también, que están luchando desde sus terribles e injustos encierros por los derechos que pretenden estos regímenes arrebatarles a todos”.
Además, la expresidenta agregó: «Bolivia no merece que, a nombre de la élite política masista, sea sometida a todos los abusos y los atropellos que comete un gobierno que ataca con su poder político y judicial a las personas que defienden la democracia, la libertad y la igualdad ante la ley».
También se escucha de manera permanente sobre narcovideos en redes sociales, de redes de jueces escandalosamente corruptos, de narcopolicías investigados por la DEA y la extradición que Estados Unidos solicita de uno de ellos, Maximiliano Dávila.
Sobre esto último, Carlos Romero, ex ministro de Gobierno de Morales, ha planteado con inconfundible sarcasmo y cinismo a Estados Unidos, un cambalache por el ex ministro de Gobierno de Áñez, Arturo Murillo, y el ex ministro del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín.
Con semejante postura de encubrimiento de Dávila, lo que queda claro es que el régimen del MAS parece empezar a quedar acorralado en su propio relato, y seguir con su inevitable curso de implosión: o Arce colabora con el “imperio americano” dejando expuestos los vínculos directos de toda la estructura masista con el narcotráfico, o evita mientras pueda la extradición de Dávila para no ser delatados por el narcopolicía ávido de venganza por su traicionero arresto.
De la misma forma, y como si los problemas derivados de la concentración del poder que ahora los desbordan no hubiesen sido causados por el propio régimen del MAS, Iván Lima, ministro de Justicia de Luis Arce, habla por cuarta oportunidad en un poco más de un año, sobre una reforma del Poder Judicial. Pero no lo hace por caso de narcotráfico alguno, sino por la corrupción de todo el sistema judicial que el Ejecutivo carga encima. Esta vez Lima pretende realizar una evaluación de 1.134 jueces en el país, aunque ni siquiera ha hablado de métodos ni plazos para lograr su supuesto objetivo.
Peor aún, y como el súmmum de la anomia absoluta, de la degeneración que han sufrido los valores de la sociedad relativamente civilizada que Bolivia tuvo alguna vez mientras fue una República, Héctor Arce, dirigente cocalero del trópico cochabambino y diputado del MAS, planteó “aplicar la pena de muerte en el país y ejecutar a feminicidas, asesinos y violadores cada 6 de agosto, aniversario de Bolivia”, olvidando, casualmente, a los narcopolicías de los que hoy tanto se habla, y omitiendo los casos más obvios de estupro del dirigente cocalero al que responde, Evo Morales.
Para el ex ministro Sánchez Berzaín, aludido por Romero, “desde que el dirigente más importante de las federaciones de cultivadores de coca ilegal y base del narcotráfico, Evo Morales, llega a la Presidencia, de la mano de un proyecto transnacional que se conoce como ‘socialismo del siglo XXI’, y que ha expandido el modelo de la dictadura cubana, ocurren hechos que constituyen a Bolivia como un narcoestado”.
Y además explica: “Se establece un sistema de dictadura, se concentra el poder en un narcoestado, es un sistema creado para aumentar la producción de coca ilegal. Asumen que la lucha contra el narcotráfico es un mecanismo para someter al pueblo”.
Ahora, agrega Sánchez Berzaín, “desde el MAS buscan proteger al dirigente cocalero intentando desviar la atención del escándalo que surgió mediante una investigación de la DEA”, por eso “toda la estructura del Gobierno se mueve, porque saben que eso puede llegar a Evo Morales, quien se declara acosado o perseguido por la derecha; quieren protegerlo de toda forma para que eso no lo alcance”.
Como se puede observar con la consideración de apenas algunos elementos recientes sobre del deterioro crónico de la justicia y del avance del socialismo y el narcotráfico, Bolivia sufre una profunda crisis que, aunque su final empezara hoy con la implosión definitiva del MAS, será muy difícil de sobrellevar sin un liderazgo político con un objetivo claro y concreto: recuperar la libertad y la democracia por medio de la firma del acta de defunción del Estado Plurinacional y el retorno de la República y el Estado de Derecho.
 
 
 
 
 
CRISIS DE FEMINICIDIOS ENCIENDE DEBATE SOBRE REFORMA JUDICIAL EN BOLIVIA
 
Sputnik News de Rusia (https://bit.ly/3rCYgAO)
 
"No todo lo nuevo es bueno...", dice un antiguo aforismo que podría aplicarse a la elección de jueces nacionales por voto universal, uno de los cambios más resonantes contenidos en la Constitución Política promulgada en 2009 en Bolivia.
El voto popular fue definido entonces como una suerte de fórmula mágica para revolucionar el sistema de justicia, manchado por décadas y décadas de corrupción y lentitud, sometido a los poderes políticos coyunturales y considerado con frecuencia como favorable a ricos en desmedro de pobres.
Sin embargo, luego de más de una década de la introducción de esa medida destacada como única en Latinoamérica, la justicia boliviana sigue marcada por incontables males y, en los últimos días, estremecida por el descubrimiento de una red de corrupción que beneficiaba con detención domiciliaria a feminicidas condenados a 30 años de cárcel sin derecho a indulto.
Las urnas fueron llamadas por la nueva Constitución a reemplazar a los poderes dominantes que habían fracasado en sucesivos intentos de reforma de la justicia, que incluyeron formas de designación y control de los jueces, y ajustes en conceptos y procedimientos judiciales, sin lograr que el sistema resulte confiable y garantice la vigencia de las leyes.
Evo Morales, quien llegó al poder en 2006 junto con los mayoritarios pueblos indígenas, tomó la bandera de la reforma judicial y con su mayoría en la Asamblea Constitucional convocada ese mismo año la transformó en una de las normas capitales de la carta magna que él mismo promulgaría en febrero de 2009.
Experiencias
La novedad de la elección judicial popular fue estrenada en 2011 y repetida en 2017, pero en ambos casos resultó ensombrecida por las disputas políticas en la selección parlamentaria de los candidatos y por otros conflictos, que terminaron incidiendo directamente en las votaciones, aunque curiosamente no en sus resultados.
En 2011, los votos blancos y nulos en la elección judicial constituyeron casi el 60% de los sufragios emitidos y seis años más tarde aumentaron al 66%, como expresión del rechazo mayoritario a ambos procesos.
El rechazo estuvo motivado en algunos casos por la imposición de candidatos en el parlamento controlado ampliamente por el oficialista Movimiento Al Socialismo y en otros por protestas y escándalos derivados de una fuerte represión oficial a una marcha indígena y una trama de corrupción, tráfico de influencias y denuncias de una supuesta paternidad no reconocida de Morales.
Pero como el sistema electoral boliviano solo toma en cuenta los votos válidos, los comicios de 2011 y 2016 terminaron conformando los nuevos órganos judiciales.
Según la Constitución, que fija elecciones judiciales cada seis años, la próxima votación debería realizarse en 2023, pero nadie puede asegurar ahora que ese año vaya a repetirse el polémico procedimiento de conformación de los tribunales Supremo, Constitucional y Agroambiental, además del Consejo de la Magistratura.
El Gobierno de Luis Arce, que prometió una vasta reforma judicial al instalarse en noviembre de 2020, intentó primero que la reforma sea delineada por un grupo de expertos y, tras varios tropiezos, puso en marcha un proceso de consultas que culminaría en una "cumbre nacional de la justicia" en marzo próximo.
Sin embargo, el escándalo de la liberación de condenados por feminicidio ha hecho cundir una sensación de urgencia.
Con la cumbre en el horizonte, el Gobierno ha respondido al caso del feminicida liberado con la creación de una comisión de alto nivel que en apenas tres días de investigación ha descubierto al menos otros ocho casos.
Este descubrimiento hizo saltar las alarmas en grupos feministas y de derechos humanos que suelen criticar la ineficacia del sistema judicial denunciando que menos de un tercio de los feminicidios denunciados en Bolivia, a razón de unos 110 por año en la última década, termina en condenas de los culpables.
Propuestas
Destacados expertos como el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) han cuestionado tanto la cumbre de marzo como la comisión especial sobre feminicidios, por no garantizar soluciones de fondo.
"Presidente Arce, convoque a los órganos de poder y a la oposición para trabajar en consenso una reforma estructural de la justicia. La población espera soluciones, no comisiones", planteó Rodríguez Veltzé la semana pasada vía Twitter, sugiriendo que se considere la posibilidad de una reforma de la Constitución, en un proceso que debería incluir a toda la sociedad.
La alianza Comunidad Ciudadana del expresidente Carlos Mesa (2003-2005) ha planteado un referendo urgente, en vez de un proceso prolongado de reforma, para modificar al menos nueve artículos de la Constitución referidos a la elección popular de los magistrados nacionales.
"No podemos mantener este desastre del sistema judicial hasta que se realice un largo proceso de reforma vía Asamblea Constituyente", dijo el líder parlamentario de CC, Carlos Cordero, proponiendo que el cambio alcance también a la designación de fiscales.
La propuesta fue apoyada por el exalcalde de La Paz Juan del Granado, quien sostuvo que la reunión nacional de marzo organizada por el Gobierno "está condenada al fracaso como pasó con cumbres similares de reforma judicial de 2012 y 2016 que no dejaron resultados concretos".
El ministro de Justicia, Iván Lima, principal operador del nuevo intento oficial de reforma judicial, dijo que el Gobierno comparte la opinión generalizada de que deben ser cambiados tanto los magistrados nacionales electos por voto popular como los jueces regionales y locales que son designados por el Consejo de la Magistratura.
Lima, quien fue candidato perdedor en las pasadas elecciones judiciales, evitó respaldar las propuestas de reforma constitucional y propuso en cambio que el voto popular se mantenga, aunque solo para un referendo que confirmaría o ratificaría a jueces designados por el parlamento.
Esto devolvería al legislativo la potestad de designar a los operadores de la justicia, con cargo a la ratificación popular.
Lima no aclaró qué pasaría si en el referendo gana el rechazo as los jueces surgidos del parlamento.
 
 
 
 
 
LA CAN ABRE CONVOCATORIAS PARA PASANTÍAS EN COLOMBIA, ECUADOR, PERÚ Y BOLIVIA: ASÍ SE PUEDE APLICAR
 
Revista Semana de Colombia (https://bit.ly/3Bb97oB)
 
Como parte de la política de puertas abiertas a las nuevas generaciones andinas, el secretario general de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Jorge Hernando Pedraza, anunció la convocatoria al XI programa de pasantías profesionales en el organismo andino “practiCAN”. Según se informó, podrán aplicar estudiantes universitarios que estén cursando el último semestre académico, egresados, técnicos y profesionales recién titulados en un tiempo no mayor a un año de diferentes escuelas y facultades universitarias de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
“Esta iniciativa busca fortalecer una mayor vinculación de los jóvenes de los países miembros con el proceso andino de integración e impulsar que las nuevas generaciones asuman un rol más activo en la región desarrollando sus capacidades profesionales en las diversas áreas de la Secretaría General”, señaló el jefe del organismo.
Podrán ser parte de “practiCAN 2022″, los jóvenes de las carreras Comercio Exterior, Relaciones Internacionales, Negocios Internacionales, Economía, Ingeniería Económica, Comercial, Industrial, de Telecomunicaciones, Eléctrica, Química, de la Energía, Ambiental, Civil, Transportes, Logística, Ingeniería de Sistemas, Técnicos y/o Tecnólogos Informáticos.
Asimismo, profesionales de Química Farmacéutica, Medicina Veterinaria, Agronomía, Sociología, Geografía, Historia, Antropología, Ciencias Sociales, Derecho, Derecho Internacional Público, Ciencias Políticas, Administración, Contabilidad, Recursos Humanos, Psicología, Archivística y Gestión Documental, Periodismo, Diseño Gráfico, Community Manager, Audiovisuales, Infografista o carreras afines a las descritas.
Las postulaciones se recibirán hasta el 20 de febrero próximo y los resultados se publicarán el 3 de marzo. Según informó la Comunidad Andina de Naciones, el inicio de las pasantías se podrán llevar a cabo en tres modalidades: presenciales, semipresenciales y virtuales dependiendo de cada postulación. Las pasantías, según se informó, no contarán con remuneración económica.
¿Qué es la CAN?
La Comunidad Andina, integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú es un organismo internacional líder en integración en el continente, que trabaja por el mejoramiento de la calidad de vida de 111 millones de ciudadanos andinos. La CAN cuenta con diversos órganos e instituciones que integran el Sistema Andino de Integración (SAI), cuyo objetivo es alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, con proyección hacia una integración sudamericana y latinoamericana.
Desde el 26 de mayo de 1969, cuando se suscribió en Colombia, el Acuerdo de Cartagena, Tratado Constitutivo que fija los objetivos de la integración andina, define su sistema institucional y establece sus mecanismos y políticas, se puso en marcha el proceso andino de integración, conocido en ese entonces como Pacto Andino, hoy Comunidad Andina.
Beneficios de la CAN a los ciudadanos
Desde el sábado primero de enero de 2022, los bolivianos, colombianos, ecuatorianos y peruanos no tendrán que abonar ningún recargo adicional por el servicio de roaming internacional pospago en los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). “Gracias a la Decisión 854, norma supranacional y de obligatorio cumplimiento, se aplicarán las mismas condiciones o planes tarifarios que el país de origen por los servicios de voz, SMS y datos”, explicó el organismo regional.
Este beneficio para el bolsillo de los más de 111 millones de habitantes de la región se enmarca, según se explicó, en una norma que fue aprobada por los países miembros el 19 de febrero de 2020. “Esta histórica decisión contribuye a los esfuerzos de los países de la CAN para cerrar de manera eficaz y efectiva la brecha digital y dar cumplimiento al principio fundacional de nuestro organismo, que es el de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos andinos”, afirmó el secretario general de la CAN, Jorge Hernando Pedraza.
El jefe del organismo destacó que la eliminación de los cargos de roaming internacional se suma a los hitos recientemente alcanzados por la CAN, como el Estatuto Migratorio Andino, la Carta Ambiental Andina, la norma que facilita la circulación de los vehículos de uso privado de turistas, la próxima implementación del proyecto que facilita y digitaliza el comercio Intercom, entre otras.
 
 
 
 
 
INFOGRÁFICA: IMPACTOS DE LA GANADERÍA EN BOLIVIA
 
Impactos de la ganadería en Bolivia: es momento de exigir Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental
 
Fundación Solón Org (https://bit.ly/3B8zlYV)
 
China ha consumido el 80 % de toda la producción de carne boliviana entre 2019 a 2021. El récord fue en 2021 con el 86.6 %. ¿Quiénes están produciendo esta cantidad de carne? Santa Cruz concentra el 44 % del hato nacional y junto a Beni (30 %) abarcan el 74 %. El 68 % del hato cruceño está en manos del 10 % de los grandes y medianos ganaderos. Con una tasa de crecimiento de 5.8%, el hato cruceño debe realizar estudios de impacto ambiental de la actividad ganadera y de la cadena de exportación.
Bajo el incentivo de la exportación, los últimos años la frontera agropecuaria se ha ampliado llegando a 30.597.578 hectáreas, que destinan los Planes de Uso del Suelo (PLUS) de Santa Cruz y Beni a la actividad agropecuaria en sus variantes: intensiva, agrosilvopastoril, agroganadero con riego, ganadero-forestal y agropecuario.
La ampliación de la frontera agrícola – pecuaria está provocando la profundización de los desmontes y los megaincendios forestales: 1.9 millones de hectáreas fueron desmontadas legalmente desde 2001. El 88.5 % fue en Santa Cruz y la propiedad privada desmontó el 75 % de sus predios. En 2020 el 92 % de la zona quemada a nivel nacional fue en Santa Cruz con 51 % (1.9 millones ha) y Beni 41% (1.5 millones ha). Hasta la primera mitad de 2021, el 48.22 % de la superficie quemada correspondía a la propiedad empresarial en Santa Cruz.
Otros datos de impacto ambiental son: el consumo de agua en la producción: 15.400 litros de agua se usan para producir 1 Kg de carne. En Bolivia el 80 % del consumo de agua va al sector agrícola. Por otra parte, de los más de 400 MtCO2eq que emitió Bolivia en 2019, el 80 % de estos Gases de Efecto Invernadero (GEI) corresponden a deforestación ilegal y legal, vinculada a cambio de uso de suelo. En 2020, 70 % de los GEI fueron por deforestación ilegal y legal, vinculada a cambio de uso de suelo y ganadería. Desde 2010 el sector agropecuario apenas ha realizado 25 Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA), cuando esta década ha repuntado la exportación de soya y de carne, así como la ampliación de la frontera agrícola-pecuaria. Los EEIA deben contemplar: huella de carbono, huella hídrica, historial de deforestación y quemas por predios. El Estado debe aplicar la Categorización Ambiental 1 y 2 para los grandes sectores agroextractivos, que en el caso de la carne involucran predios y frigoríficos habilitados para exportar carne.
 
 
 
 
 
LEVANTÁNDONOS SIN LOS POLÍTICOS
 
Bajo el cielo cetrino de la política boliviana, también están brotando ciertas flores. El periodismo, la cultura y la educación están desarrollándose sin los políticos.
 
Mundiario de España (https://bit.ly/3JiPo9F)
 
Últimamente advierto una saludable ola de periodismo, cultura y educación en Bolivia. Ninguna de las iniciativas proviene del Poder Público, sino de decisiones e ímpetus privados y autónomos. En algún texto anterior dije que, a carencia de iniciativas provenientes de la esfera política (hay un Ministerio de Culturas que no hace nada por los artistas o los cultures del arte y una Academia Diplomática que desde hace varios años no abre su maestría de Diplomacia y Relaciones Internacionales para la formación nuevos servidores públicos), el progreso de la sociedad tendría que apoyarse en las iniciativas privadas. Ahora hablaré de los avances que estoy viendo en los campos del periodismo, la cultura y la educación en Bolivia. Pues no todo es tan lúgubre como a veces nos parece.
El periodismo (sobre todo el impreso), luego de la pandemia, lucha denodadamente por salir a flote. ¡Qué difícil debe ser sostener un medio impreso en un mundo que cada vez lee más en tabletas o celulares…! Pero sigo pensando que quienes quieren leer una extensa crónica, una reseña literaria, una entrevista amplia o un largo reportaje y, sobre todo, quienes aman la lectura en general, prefieren pagar por un periódico impreso que leerlo gratuitamente desde una pantalla. (Normalmente, los que abren periódicos desde sus dispositivos móviles lo hacen para leer noticias cortas o incluso titulares solamente). Y siempre habrá minorías selectas que prefieran un periódico impreso antes que una pantalla, o un disco de Mozart antes que un playlist en Spotify.
Ahora deseo referirme a los medios impresos que conservan sus espacios y  suplementos literarios y culturales. (Muchos de estos, tristemente, han muerto con la crisis económica que resultó de la pandemia). Yo creo que uno de los grandes baluartes culturales que tiene hoy Bolivia es, por ejemplo, el suplemento LetraSiete de Página Siete, comparable al memorable Presencia Literaria, del también memorable periódico Presencia, o a la revista Kollasuyo. El decano de la prensa nacional, El Diario, también ha impulsado últimamente sus páginas dedicadas a la cultura, con entrevistas a artistas y cultores del arte y alguno que otro cuento o narración breve publicada. Los periodistas que apadrinan y sostienen estos suplementos y espacios deben persistir contra viento y marea, pues deben saber que sus páginas constituirán mañana la memoria física del pensamiento y la cultura que hoy Bolivia está produciendo, y serán seguramente mucho más apreciables que las que contienen politiquería o trivialidades de la farándula cotidiana.
Por otra parte, noto también una relativa mejoría en el columnismo de los periódicos, que es —o debería ser— desde hace mucho tiempo uno de los principales —si no el principal— fortines del debate intelectual. Hasta antes de las últimas elecciones presidenciales, advertía en él monotonía, trivialidad y hasta vulgaridad. Por fortuna, luego de los eventos de 2019 muchos de quienes escribían textos sin mucho valor crítico y propositivo han dejado de escribir, y en su lugar han ingresado notables personas de pensamiento crítico e intelecto, como, por ejemplo, la señora Sayuri Loza, en quien se advierte tanto erudición en asuntos interesantes como ingenio para elaborar ideas. El columnismo, pues, debe ser siempre un espacio para académicos o pensadores, ya que para la diatriba, el chisme y la prosa vulgar se tienen ya los libelos de redes sociales y los reflectores y micrófonos de la televisión. Dicho sea de paso que en lo que se necesita trabajar aún mucho es en espacios culturales y de reflexión radiofónicos y televisivos.
El otro de los campos que están saliendo adelante esforzadamente y de manera independiente es el de la cultura. Y lo está haciendo sin la ayuda de las autoridades públicas. Claro: un Ministerio de Culturas que hace a toda hora politiquería populista y una Secretaría Municipal de Cultura inactiva y negligente no son los que están sacando adelante el movimiento editorial de las principales casas editoriales de Bolivia ni los que están llevando adelante emprendimientos culturales tan ambiciosos como los de Norma Campos Vera (en la investigación y difusión del arte colonial) o Ana María Vera (en la creación de espacios de enseñanza musical y artística en general). Por fortuna, lejos de matarlo, la pandemia ha reavivado el espíritu de la cultura, y no solo en Bolivia sino en todo el mundo. La lectura se ha intensificado, así como el consumo de libros en papel. Los escritores y artistas en general, resilientes por naturaleza, han buscado maneras de seguir creando y dando a conocer su arte, mediante, por ejemplo, conciertos, conferencias o coloquios virtuales. Hace unos meses asistí a una exposición de Guiomar de Mesa, y la gestión en la promoción de las pinturas, además de la calidad de las obras, era notable. Pienso, pues, que ahora es un buen momento para ser escritor, pintor o músico. Además, creo que en un mundo tan agitado y problemático hay mucho material para escribir, pintar y componer.
El último de los campos que están progresando y del cual quiero hablar es el de la educación. La educación boliviana actual, frente a lo que comúnmente se cree, no es tan deplorable. Los progresos los advierto, sobre todo, en la educación universitaria. Las universidades paceñas han despegado en ciertos aspectos como la actualización de las mallas curriculares de sus carreras o la firma de convenios para intercambios y becas. Tal vez se necesita aún trabajar en desbaratar el modelo escolástico-memorístico que todavía impera en las aulas, pero tengo fe en que se llegará a ello. Por otro lado, la pandemia ha obligado a simplificar y digitalizar ciertos trámites y gestiones que antes eran enmarañados y odiosos, pues estaban signados por las filas, el papel, el sello seco y las grapas.
La Universidad Mayor de San Andrés ha lanzado una cátedra importante para el pensamiento político crítico, la Nelson Mandela, que tiene un enfoque liberal y abierto. La Universidad Católica Boliviana, por su parte, ha estrenado la carrera de Filosofía y Letras a nivel nacional, que tiene la misión de formar profesionales con un alto sentido humano y ético (con enfoque cristiano, obviamente), lo cual hace mucha falta en el mundo de hoy. Son dos propuestas importantes, sobre todo si se tiene en cuenta que la mentalidad boliviana es reacia a la introducción de proyectos que tienen que ver con la lectura, la ciencia, el libro y la academia y, en general, que es reacia a los cambios. A esos dos notables ejemplos, hay que añadir los programas de posgrado que se siguen diseñando e introduciendo gracias a los académicos bolivianos que trabajan esforzadamente. Espero que cosas similares estén ocurriendo en las principales universidades del interior del país.
La virtualidad tiene muchas desventajas en cuanto a la transmisión de conocimientos se refiere, pero también posee muchas ventajas para quien la sabe utilizar. Al menos yo he podido darme cuenta de que la educación a distancia puede potenciar ciertas aptitudes investigativas del estudiante, sobre todo en niveles de posgrado. En el mundo de mañana, cuando se haya superado la emergencia sanitaria, habrá que combinar las modalidades a distancia y presencial para optimizar más el aprendizaje.
He querido hacer notar al lector que, bajo el cielo cetrino de la política boliviana, también están brotando ciertas flores. El periodismo, la cultura y la educación están desarrollándose sin los políticos, y ello debe alentarnos a los artistas, escritores y académicos a seguir trabajando no solamente para elevar la calidad moral e intelectual de nuestra sociedad, sino para crear fuentes de empleo para nuestros propios colegas.