CONGRESISTA PERUANO GUILLERMO BERMEJO PLAGIO LEY DE LA HOJA DE COCA DE BOLIVIA

La iniciativa legislativa del integrante de la bancada de Perú Democrático contiene fragmentos —sin citar y modificados— de la Ley General de la Coca en Bolivia que se oficializó en 2017.

El congresista Guillermo Bermejo (Perú Demócratico) acaba de presentar su proyecto de ley de fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico y nuevo régimen del cultivo de coca en el Perú. Sin embargo, hay varias partes de la mencionada iniciativa que no cita la fuente original que, por cierto, proviene de uno promulgado en Bolivia hace cinco años. Es decir, aquí hubo copia y pega.
Para empezar, en el artículo 1 de la ley, se indica, en el apartado «Objeto», que se busca «transportar, comercializar, consumir, investigar e industrializar la planta de la hoja de coca en su estado natural, abriendo un nuevo marco de regulación, fiscalización y control de dicha planta todo dentro del marco de las leyes vigentes y Constitución Política del Perú».
Pues bien. Una parte de este texto aparece en el artículo 1 de la Ley General de la Coca en Bolivia que se oficializó el 8 de marzo de 2017. Eso no es todo. De igual manera, en el artículo 2 de la ley, se indica que entre las finalidades se busca «proteger, revalorizar y fiscalizar la producción, transporte, comercialización, investigación e industrialización de la planta de la hoja de coca, en base a sus usos diversos usos y contenidos nutricionales con los que cuenta».
Esta parte, igualmente, tiene un parecido similar al artículo 2 de la Ley General de la Coca boliviana.
Luego, en el artículo 4 referido a «Definiciones», el congresista Bermejo vuelve a copiar lo que significa un «comerciante minorista» de un extracto de la Ley General de la Coca boliviana.
Otra parte del plagio en el proyecto de ley de Guillermo Bermejo se evidencia en el capitulo 3, que está referido a la revalorización de la hoja de coca. Allí se enumeran los conceptos referidos a lo que es patrimonio cultural, prioridad nacional y usos de la hoja de coca.
Lo mismo ocurre en el capitulo 4 referido a «comercialización, circulación y transporte», pero con una pequeña diferencia. En la Ley General de la Coca se indica que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia se encargará de este proceso de la hoja milenaria. En el proyecto de Bermejo se menciona, por su parte, al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
Como se ve, estas son las pruebas que confirman el plagio en la iniciativa del congresista Guillermo Bermejo. Según el portal del Parlamento, el aliado del presidente Pedro Castillo cuenta con dos asesores, dos técnicos, un coordinador, un asistente y un auxiliar para su despacho. Con tan abultado personal, ¿nadie se atrevió a realizar un proyecto de ley original y sin copia alguna?. Revista Caretas de Perú (https://bit.ly/3oSlEbX)
 
 
 
 
 
EL PUENTE DE LOS MENONITAS QUE ENFRENTA AL GOBIERNO BOLIVIANO CON LA DERECHA DE SANTA CRUZ
 
Sputnik News de Rusia (https://bit.ly/3uVy0Uw)
 
Familias menonitas del este de Bolivia construyeron en un área rural un puente de metal de 200 metros, sin pedir permiso a ningún nivel del Estado. El Gobierno nacional propone legalizarlo porque beneficia a comunidades del pueblo guaraní. Sin embargo, el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, quiere desmantelarlo.
El puente tiene 200 metros de largo y se encuentra en el municipio de Charagua, a 285 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz. Las autoridades locales dejaron a las familias menonitas, integrantes de una rama radical del cristianismo, construir su enorme obra, que pesa 150 toneladas, según los orgullosos constructores. Empezaron a levantarlo en 2020, durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020), y fue inaugurado en octubre de 2021.
La obra cruza el río Parapetí para ingresar a las 14.400 hectáreas que recientemente compraron 200 familias menonitas. Este territorio linda con el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (AMNI) Kaa lya del Gran Chaco, que en sus 3,4 millones de hectáreas abarca los Bañados del Isoso y el Parapetí, ambos declarados sitios Ramsar, es decir, humedales o cuerpos de agua protegidos internacionalmente —por la Convención de Ramsar de 1971— debido a su valor para el ecosistema.
Teodoro Saravia Martínez es asesor legal del municipio indígena de Charagua. En diálogo con Sputnik, comentó que las 14.400 hectáreas donde ahora viven los menonitas fueron adjudicadas de manera irregular durante el Gobierno de Áñez, porque según la Constitución de Bolivia ninguna propiedad puede tener más de 5.000 hectáreas, con la finalidad de evitar la concentración de tierras en pocas manos.
Al poco tiempo, "los menonos ingresaron al lugar a tener conversaciones con comunidades del pueblo guaraní". Todas las familias indígenas apoyaron la propuesta de construir un puente que, además, fue financiado íntegramente por los menonitas.
De las 14.400 hectáreas ya deforestaron 3.000. La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) recién comenzó a informarse acerca de esta tala, que también sería ilegal.
Para Saravia, la aceptación del puente en las comunidades del pueblo guaraní "se puede tomar como la consulta previa a cualquier proyecto de construcción", un requisito indispensable cuando se piensa realizar cualquier obra que pueda afectar a las familias indígenas, según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con rango de ley en Bolivia.
El abogado de Charagua, lo mismo que el Gobierno Nacional, echa la culpa a la Gobernación cruceña, porque sería la institución "que tiene tuición total sobre el área" y que "no ha hecho absolutamente nada; no se ha movido hasta que el puente estaba construido".
En Charagua, los guaraníes destacan la creatividad de los menonitas. Hubert Rivero, capitán grande del Bajo Isoso, comentó que cuando alguien se enfermaba tenían que hacerle cruzar el caudaloso río Parapetí en una sábana, para llegar a la posta sanitaria más cercana. Y a veces, cuando está muy crecido, es imposible cruzarlo.
Con la apertura del puente pueden enviar una ambulancia u otra movilidad a recoger a quien necesite atención médica en las comunidades de Aguarati, Coropo, Iyobi, Aguaraigua, Rancho Viejo o Cerro Colorado.
Saravia destacó que "una obra de esta magnitud costaría tres o cuatro millones de dólares, si fuera hecha con dinero público. Pero los menonos la han hecho con solamente 400.000 dólares".
Comentó que los productos se encarecen si se los compra a uno u otro lado del río. "De un lado, el quintal de harina está a 700 pesos bolivianos. Del otro cuesta 500. Por eso los hermanos guaraní defienden tanto la permanencia del puente", explicó.
A pesar de las distancias culturales, la convivencia entre indígenas y menonitas es positiva. "Con el Gobierno Autónomo Indígena Guaraní de Charagua la relación es muy fluida. Son los que mueven la economía local. En sus colonias trabajan inmensas cantidades de tierra para producir", explicó Saravia.
Para Santa Cruz es una obra "ilegal y clandestina"
Un problema con el puente de metal es que no cuenta con ficha ambiental, la cual es otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente. Según ingenieros de la Gobernación cruceña, los pilares de esta obra actuarían como diques que atajarían palos arrastrados por el poderoso Parapetí, lo que perjudicaría al tránsito regular del río.
Pero según los guaraníes y los menonitas, desde octubre del año pasado hasta ahora el agua pasó bajo el puente con normalidad.
"Hay que hacer el estudio correspondiente para determinar si el puente tiene algún potencial de contaminación", dijo el abogado de Charagua, en sintonía con el Ministerio de Obras Públicas.
Saravia reconoció una amenaza mayor: la deforestación al lado del Parque Kaa lya. Para ello es necesario que la ABT realice el debido control a esta actividad.
Mediante un comunicado, la Gobernación cruceña dio su postura sobre este conflicto: "La Gobernación de Santa Cruz no otorgará licencia ambiental a una construcción que ha sido ejecutada de forma ilegal y clandestina, y que causa un daño ambiental a un humedal imprescindible entre otras cosas para la amortiguación de las inundaciones y el sistema de abastecimiento de agua al departamento".
Saravia criticó la postura de la Gobernación cruceña, que evalúa incluso desarmar la enorme estructura de metal.
"Es fácil criticar desde afuera, desde un sillón o un cuarto con aire acondicionado. Otra cosa es vivir en el lugar y no tener los accesos necesarios para vivir dignamente, como una persona", consideró.
Con esto se refería a "tener una buena atención médica, acceso a las comunidades. Si tuviéramos caminos bien ripiados y atendidos, tendríamos mejor calidad de vida para nuestras comunidades".
¿Quiénes son los menonitas?
Los menonitas se originaron en Países Bajos, en el siglo XVI. Por su rechazo a la Iglesia como forma de Estado, fueron perseguidos y masacrados en varios países de Europa. En el siglo XVIII, la emperatriz de Rusia Catalina la Grande los invitó a vivir en su imperio. Estuvieron bien allí hasta 1870, cuando se los comenzó a reclutar en el Ejército. Entonces migraron a decenas de países de América Latina.
En Bolivia, como en Paraguay, Brasil y otras naciones de Sudamérica, los menonitas viven en comunidades rurales en las que se dedican al cultivo y producción de alimentos. Viven detenidos en el tiempo: usan carretas tiradas por caballos y rechazan las ruedas de goma y de madera, por lo cual solamente emplean las de metal. Lo mismo hacen con sus tractores.
Sus comunidades son prácticamente cerradas. En muchas no se permite ni siquiera el uso de teléfono celular.
Ocasionalmente concurren a la ciudad de Santa Cruz para adquirir insumos y comerciar sus productos. Se puede ver a sus numerosas familias, los hombres y niños siempre vestidos de overol azul y sombrero, las mujeres y niñas siempre de pollera.
Hablan un alemán antiguo y son tan blancos que nadie pensaría que habitan los tórridos montes del oriente boliviano.
Cada tanto, algunos jóvenes se rebelan y huyen de sus comunidades. Fue el caso de Anna y Peter Wieler, una pareja de veinteañeros que en 2021 apareció en las noticias porque, contra la opinión de sus familias, escaparon y se casaron en la ciudad de Santa Cruz.
Un mes después, fueron a recorrer en auto —con ruedas de goma— su antigua comunidad, Nueva Esperanza. Cuando se estaban por ir, les bloquearon el camino con carretas antiguas. Luego de reternerlos por varias horas se llevaron a Anna. Desde entonces no se supo más de ella.
 
 
 
 
 
BOLIVIA: LA COMISIÓN ANTIFEMINICIDA RUMBO AL FRACASO
 
Servicio Especial de la Mujer de México (https://bit.ly/3LAxZv1)
 
Se dice que para que un asunto no sea resuelto hay que crear una comisión, especialmente parlamentaria que quiere decir político partidista. Parecería que es lo que puede pasar con la comisión interinstitucional, y manejada por el gobierno, que debe revisar los casos que sobre feminicidios y violaciones se ventilan en la (corrupto)justicia boliviana.
De hecho, en las casi dos semanas (hasta este domingo 13) que esta comisión lleva creada no se ha sabido nada de ella, salvo los bombos y platillos con que fue anunciada a raíz de las protestas sociales y de organizaciones feministas tras el descubrimiento de un violador y asesino en serie, cuyo caso develó una vez más la podredumbre del sistema judicial.
La comisión, conformada por las cabezas de 18 ¡dieciocho! entidades de los tres poderes del Estado, hasta ahora no ha dicho esta boca es mía, no ha presentado una agenda de trabajo, no se sabe cuáles son las responsabilidades de cada institución que la conforma y ni siquiera se conoce de alguien que haga de vocero/a de ella, para pedirle información y dé la cara.
En este tiempo, en cambio, y siempre mostrándose como resultado del trabajo del Ministerio de Gobierno que ha sido afectado directamente por las críticas sobre la corrupción en los penales, se han ido viendo con constancia casi diaria las recapturas de personas que han cometido delitos, que fueron juzgadas y sentenciadas y que, sin embargo, se encontraban libres gracias a favores de jueces y otros niveles corruptos del sistema judicial nacional.
Se han vuelto a capturar a algunos feminicidas, faltan muchos, como William Kushner entre otros; pero, también a narcotraficantes y a una mujer infanticida que fueron liberados con el mismo “modus operandi” de la mafia judicial que favoreció a los feminicidas. Por ello, el ministro Eduardo del Castillo ha dicho que la revisión de casos de feminicidio y violaciones se ampliará a los de narcotráfico.
Así, la comisión que ya adolecía de tener muchas cabezas con desconocidas responsabilidades pasa de ser específica a abarcar mucho más y, como se sabe, quien mucho abarca poco aprieta. Y, de paso, esa medida poco a poco se acerca más a lo que plantearon varias voces desde la oposición, como el abogado y ex alcalde Juan del Granado, el ex presidente Eduardo Rodríguez Velzé y el empresario político Samuel Doria Medina, de que en lugar de crearse comisiones se revise, limpie y refunde toda la justicia boliviana. Una reforma judicial es urgente, pero es otro asunto y debe plantearse en otro espacio.
La idea de crear una comisión eficiente para revisar los casos de feminicidios y violaciones fue de la organización Mujeres Creando y el gobierno la cogió al vuelo y la planteó a su manera. En esta comisión no están representadas las víctimas y tampoco colectivos que trabajan en violencia machista, por lo que tienen experiencia y profesionalismo en la materia. La comisión nació política más que técnica y más institucional que tocando la realidad de las víctimas.
Se ha comprobado que el sistema beneficia al feminicida que, como se ha denunciado, tendría una organización en los penales que le permitiría favorecerse de privilegios y de libertad. Además de una sociedad patriarcal que sanciona socialmente a la víctima mujer, con argumentos machistas y moralconductuales, mientras defiende a los varones.
Por ello, era correcta la idea de una comisión excepcional e histórica (por su importancia y urgencia, ante la cifra estable de una mujer asesinada cada tres días y de miles de violaciones anuales) con características muy concretas, con atribuciones legales específicas y con personas que sepan de la materia y que no tengan compromisos políticos o con espacios de poder.
Se trata de una idea que aún se puede aplicar, si el gobierno tomara esa decisión política y de compromiso con las mujeres. Tener muchas cabezas y desconocidas responsabilidades y ampliar la materia de atención es la vía al fracaso y eso ya no es aceptable.
 
 
 
 
 
SE VIENE EL PROCESAMIENTO PARA MACRI Y BULLRICH EN BOLIVIA POR EL TRÁFICO DE ARMAS
 
Por el golpe de Estado contra Evo Morales, el fiscal general boliviano sostiene que la administración de Cambiemos tuvo una "actuación política no leal". El embajador argentino habló de la delicada situación judicial que enfrenta el expresidente.
 
Diario Registrado de Argentina (https://bit.ly/3Jwn17N)
 
Hace unos días, el procurador general de Bolivia, Wilfredo Chávez Serrano, afirmó que la justicia de ese país está investigando la "participación de gobiernos extranjeros" en el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales.
En ese marco, Chávez Serrano se refirió particularmente a la administración de Mauricio Macri, señalada por el envío ilegal de material represivo durante las violentas jornadas que precedieron a la salida del exmandatario del Movimiento al Socialismo (MAS).
"Han surgido informaciones de la colaboración que ha existido hacia el gobierno de facto de parte de algunos gobiernos vecinos, y la participación del gobierno de Mauricio Macri", aseguró el funcionario.
"Acá se tiene muy claro que cuando Macri no endeudaba a la Argentina se dedicaba a enviar municiones a gobiernos que llevaban adelante golpes militares", expresó en las últimas hora el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, en comunicación con el programa "Bonatarde 530" por Somos Radio.
"Hay una causa pensal que está abierta y hecha por el Fiscal de Estado, y ese tema en las últimas semanas empezó a tomar mayor dimensión en Bolivia porque se está abriendo un juicio a la ex Senadora - autoproclamada presidenta- por el golpe Estado, Janine Añez".
"Yo hable la semana pasada con el Procurador del Estado de Bolivia, quien dio algunas notas a medios argentinos, donde detallaba que él cree que en el trasncurso de este año van a terminar haciendo imputación y procesamiento, entre ellos, a Mauricio Macri", afirmó el representante de nuestro país en la nación andina.
 
 
 
 
 
MACRI: UN PEÓN DEL IMPERIO
 
La reciente investigación que muestra que Mauricio Macri quiso involucrar al Ejército Argentino en un intento de invasión a Venezuela, se suma a las denuncias sobre la participación que el ex mandatario tuvo en el golpe de Estado en Bolivia y a los evidente intentos de destrucción de los espacios de integración CELAC y UNASUR. Una tras otra, acciones que muestran un alineamiento sumiso a las políticas de Washington.
 
Diario Contexto de Argentina (https://bit.ly/3oUqDbT)
 
Desde antes de su llegada a la Presidencia de Argentina, Mauricio Macri se mostró totalmente alineado con los intereses de Estados Unidos en la región. Según señaló el periodista Santiago O’Donell en su libro «Argenleaks», en el año 2007, el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  mantuvo un encuentro con miembros de la Embajada de Estados Unidos en Argentina en el que, además de señalar que el PRO era «el primer partido pro mercado y pro negocios en cerca de 80 años de historia argentina» que estaba listo para asumir el poder, Macri -según se detalla en el cable enviado por el cónsul político estadounidense, Mike Matera, – aseguró que su fundación, Creer y Crecer, trabajaba codo a codo «con el Instituto Republicano de Estados Unidos (y también con la fundación Konrad Adenauer de Alemania) en la formación de nuevos liderazgos».
Es necesario aclarar que el Instituto Republicano Internacional (IRI) de Estados Unidos, es un apéndice de la Fundación Nacional para la Democracia (conocida por sus siglas en inglés como NED), un organismo con el que el gobierno norteamericano y sus servicios de inteligencia canalizan dinero para desestabilizar a los procesos populares, fomentar acciones injerencistas y golpes de Estado (Las máscaras de la CIA: https://www.diariocontexto.com.ar/2015/04/17/las-mascaras-de-la-cia/ ).
También cabe recordar que la fundación Creer y Crecer fue creada por Mauricio Macri en 2001, espacio donde se sentaron las bases para fundar el partido Compromiso para el Cambio, que en el año 2005 se fusionó con el partido Recrear Argentina, liderado por Ricardo López Murphy (estrechamente ligado a la Fundación Libertad, otra entidad ligada a la NED), fusión con la que se dio surgimiento al partido Propuesta Republicana (PRO), que hoy es la base del partido Juntos por el Cambios (JxC).
Durante la disputa electoral del 2015 (para la primera vuelta y el balotaje) los candidatos debieron participar en «Argentina debate», una serie de encuentros que fueron organizados y coordinados, entre otros, por Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), entidad que en ese entonces era dirigida por Fernando Straface. Según consta en la página oficial de la NED, ese año, el organismo norteamericano entregó a CIPPEC, al menos,  139.959 dólares.
Tras que Mauricio Macri obtuviera el triunfo electoral, Straface asumió como secretario general del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) (Un funcionario PRO financiado por la CIA: https://www.diariocontexto.com.ar/2016/06/13/un-funcionario-pro-financiado-por-la-cia/).
El nuevo virreinato
Luego de asumir la presidencia, Macri puso la política internacional argentina al servicio de los interese del Departamento de Estado norteamericano.
«La designación de Susana Malcorra como Ministra de Relaciones Exteriores y Culto. Ingeniería Eléctrica y en 1979 comenzó a trabajar en la empresa estadounidense IMB. En 1994 se fue a trabajar a Telecom, y misteriosamente en 2004 paso a ocupar un cargo de enorme relevancia en la ONU».
«En sus comienzos en la diplomacia internacional, Malcorra se desempeñó como subsecretaria general en el Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno (DAAT) para ayudar al despliegue de las misiones de paz de la ONU en todo el mundo. La DAAT tiene un presupuesto de miles de millones de dólares y maneja más de 120 mil personas, entre militares, policías y civiles».
«Cuatro años después, y a pesar de que su desempeño no parece haber sido muy destacado, se convirtió en la jefa de Gabinete del secretario general, Ban Ki-moon. En ese recorrido, a muchos analistas les resultó llamativo el vínculo que tenía con Susan Rice, actual consejera de Seguridad Nacional de Barack Obama y quien entonces se desempeñaba como embajadora de Estados Unidos en la ONU» (El extraño recorrido de la canciller Malcorra: https://www.diariocontexto.com.ar/2016/04/04/16444/).
Según denunció el periodista Santiago O’Donnell en el diario Página/12, «A pesar de los problemas logísticos y administrativos de las distintas misiones de paz pero sobre todo la de Darfur, Malcorra supo mantener durante sus años al frente de la DAAT una excelente relación con el gobierno de Estados Unidos. Tal es así que cuando funcionarios de ese país le sugirieron que nombre a ciudadanos estadounidenses en puestos clave bajo su organigrama administrativo, Malcorra se mostró más que dispuesta a complacer dichos requerimientos».
En un cable revelado por Wikileaks que da cuenta de una reunión entre Rice y Malcorra se muestra la enorme disposición que la funcionaria argentina tenía hacia los pedidos de la norteamericana. El cable señala que «Malcorra le dijo a la Embajadora Rice que el ciudadano estadounidense Tony Banbury era su candidato preferido para subsecretario General Adjunto en el Departamento de Apoyo a las Actividades en el Terreno. Malcorra dijo que tenía un alto concepto de Banbury del tiempo que pasaron juntos en el Programa Mundial Alimentario y que actualmente estaba en la «lista corta de un solo nombre» para ocupar el puesto. La Embajadora Rice dijo que la ONU tendría muchas dificultades para encontrar a un candidato mejor calificado. Rice le dijo a Malcorra que Estados Unidos también estaría interesado en ver a un fuerte estadounidense en el puesto de Representante Especial Adjunto del Secretario General de la ONU en la Misión de Asistencia en Afganistán. Malcorra respondió que el proceso de selección para ese puesto ya había empezado, con un candidato estadounidense, Richard Wilcox, en la lista corta. Ella dijo que otros nombres podrían ser considerados si el Gobierno de Estados Unidos deseaba proponerlos pero que «tenemos que movernos rápido» si ese fuera el caso. Malcorra también se mostró dispuesta a considerar candidatos estadounidenses para llenar cuatro vacantes a nivel de director en su departamento: recursos humanos, logística, tecnología y finanzas» (Malcoleaks: https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-288366-2015-12-16.html).
El triste rol de Malcorra respondiendo a las directivas de la política exterior de Estados Unidos no se limitó sólo la designación de funcionarios en puestos claves. En un artículo publicado en el periódico Miradas al Sur, el periodista Walter Goobar habla sobre «el nefasto papel jugado por la actual canciller argentina, Susana Malcorra, cuando se desempeñaba como jefa de Gabinete del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. El veredicto de un panel de tres jueces independientes nombrado por Ban Ki-moon –al que ha tenido acceso Miradas al Sur– responsabiliza a Malcorra –entre otros funcionarios de alto rango– del ocultamiento de un caso de abuso sexual a menores perpetrado por Cascos Azules de la ONU y de la persecución sufrida por el funcionario sueco Anders Kompass, quien filtró la noticia a las autoridades francesas para poner fin a los abusos».
Según el artículo, «En lugar de preocuparse por los casos de abuso infantil, la jefa de Gabinete de Ban Ki-moon quería silenciar el escándalo y para eso concertó con otros funcionarios de alto rango de la ONU una estrategia para obligar a Kompass (el funcionario que denunció los abusos a menores) a que renunciara».
Goobar asegura que cuando se lee el lapidario veredicto de los jueces «sobre el triste papel jugado por Susana Malcorra en los intentos de silenciar el escándalo de la ONU, se comprende perfectamente que el ofrecimiento de Mauricio Macri le vino como anillo al dedo. En caso contrario, es probable que a esta altura hubiese tenido que presentar su renuncia a la ONU, pero no precisamente para encabezar la diplomacia argentina» (Los secretos de la ex canciller Malcorra: https://rebelion.org/los-secretos-de-la-canciller-malcorra/ ).
Su nombramiento al frente de la Cancillería llamó la atención de muchos analistas. «Malcorra no viene del PRO y tampoco fue sugerida por el radicalismo», señaló en un artículo de Página/12 el periodista Martín Granovsky, en lo que denominó al nombramiento de Malcorra como «la designación más sorpresiva» del gabinete de Mauricio Macri (Desde IBM, Telecom y la ONU: https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-286885-2015-11-25.html)
Estados Unidos utilizó a la Cancillería argentina para tratar de instalar a Malcorra en la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En ese momento, el fiscal Patricio Evers denunció a la canciller argentina Susana Malcorra por usar fondos del Estado argentino para promover su candidatura a secretaria general de Naciones Unidas. Evers acusa a Malcorra de haber gastado 1.300.000 pesos en viajes que no tenían que ver con el interés del Estado argentino, sino con los de la canciller en su carrera por el sillón de la ONU.
«Hasta ahora tuvieron una canciller part-time, ahora van a tener una full time», dijo Malcorra en el momento que se enteró de que su candidatura había sido rechazada. El comentario de la canciller causó indignación. Malcorra habría usado el tiempo que le tenía que dedicar su cargo y el dinero de los argentinos y había negociado la soberanía nacional en pos de su candidatura personal.
Alicia Castro aseguró a Contexto que «esta es la peor gestión en Relaciones Exteriores en la historia de la democracia argentina. Malcorra no sólo invirtió demasiado dinero en esa candidatura, invirtió demasiado tiempo. Ella misma afirmó que ‘ahora’ se iba dedicar tiempo completo a la Cancillería. Eso quiere decir que hasta este momento no lo estaba haciendo».
En aquel momento, Castro remarcó: «Macri es un agente de la desintegración de América Latina. Ha pretendido expulsar a Venezuela del Mercosur, fuera de todo protocolo, fuera de toda legalidad. El sentido de la expulsión de Venezuela es liberalizar la economía y el comercio, adherirse al Acuerdo del Pacífico y firmar acuerdos de libre comercio con la Unión Europea. No tienen ALCA y Tratado Transpacífico porque Trump no los quiere, sino también estaban dispuestos a eso» (Alicia Castro: «Macri es un agente de la desintegración de América Latina»: https://www.diariocontexto.com.ar/2017/02/08/alicia-castro-macri-es-un-agente-de-la-desintegracion-de-america-latina/).
El objetivo de la desintegración
Tras ese fallido intento, Malcorra dejó el Ministerio de Relaciones Exteriores y asumió su lugar Jorge Faurie. Nada Cambió.
Durante los primeros años del gobierno macrista, Argentina se transformó en un actor clave para instalar la política norteamericana de «divide y reinaras». Macri abandonó (no formalmente pero si en los hechos) la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), impulsó la suspensión de Venezuela del Mercado Común del Sur (MERCCOSUR) colaboró en desmembrar la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), se sumó al Grupo de Lima, un espacio político que tenía como único fin agredir a Venezuela, Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR), un espacio que se creó para justificar el desmembramiento de UNASUR, intentó impedir el encuentro Social del Mercosur y apoyó todas las acciones injerencistas impulsadas por Luis Almagro del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), contra los procesos populares de la región.
Dos de los hechos más nefastos de alineamiento de Mauricio Macri con la política de Washington hacia América Latina fueron: la intención de que el Ejército argentino fuera parte de un intento de invasión a Venezuela (entre febrero y mayo de 2019) y la colaboración con los golpistas en Bolivia (2019).
Invadir Venezuela
Según reveló recientemente el periodista Horacio Verbitsky, en un artículo publicado en el portal Choete a la Luna, «Entre abril y julio de 2019, el Ejército realizó el ejercicio Puma, que contemplaba la invasión de Venezuela. El ejercicio se ejecutó en siete sesiones en la guarnición de Campo de Mayo y por videoconferencia con la brigada de paracaidistas de Córdoba, la Brigada Mecanizada X de La Pampa y los comandos de la Fuerza de Operaciones Especiales, también de Córdoba. Incluyó además coordinación con unidades de la Armada y de la Fuerza Aérea. Al mando estuvo el general Juan Martín Paleo, quien entonces era comandante de la fuerza de despliegue rápido. Desde marzo de 2020 es Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas».
«Este ejercicio coincidió con la escalada de Estados Unidos contra el gobierno del Presidente Nicolás Maduro, que incluyó el reconocimiento como «Presidente encargado» del entonces presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. La primera sesión conducida por Paleo se realizó el 15 de abril de 2019. El 30, Guaidó encabezó un alzamiento militar denominado Operación Libertad. Un grupo de militares rescató del arresto domiciliario al político opositor Leopoldo López, a quien condujo a una base militar, en la que se acuarteló en espera de pronunciamientos de otras unidades, para repetir el intento golpista de 2002».
«En Buenos Aires, el entonces Presidente Maurizio Macrì se pronunció en favor de los golpistas, desconoció al Presidente Maduro y trató como jefe de Estado a Guaidó. Pero más del 80% de las Fuerzas Armadas permanecieron leales al gobierno».
«La asistencia humanitaria y la defensa de los derechos humanos son las excusas habituales de Estados Unidos para sus intervenciones en cualquier lugar del mundo. En la planificación del Puma, la fuerza de despliegue rápido forma parte de una fuerza multinacional, creada por una  resolución figurada de las Naciones Unidas (que nunca ocurrió en la realidad). Estados Unidos recurre al multilateralismo cuando consigue las voluntades suficientes. De lo contrario, forma una coalición de naciones denominadas voluntarias que actúan en forma unilateral, como en la invasión a Irak de 2003. Además de la fuerza de despliegue rápido, con su Compañía de Comando y su Sección de Inteligencia, participaron efectivos de la Brigada Aerotransportada IV de Paracaidistas, la Brigada de Infantería Mecanizada X y los comandos de la Fuerza de Operaciones Especiales».
«En mayo de 2019, mientras Paleo comandaba la segunda y tercera sesión del ejercicio de las Fuerzas Armadas argentinas para invadir Venezuela, el almirante Craig Faller difundió el documento de estrategia del Comando Sur a su cargo, titulado Enduring Promise for the Americas».
«Con independencia de la valoración política y moral que merezca un plan de invasión de Venezuela en el que soldados argentinos harían la tarea sucia para Estados Unidos, desde el punto de vista táctico transcurridos algo más de dos años desde la finalización del Ejercicio Puma, los supuestos  en que se basaba se han demostrado erróneos. La situación en Venezuela se ha estabilizado, las Naciones Unidas no dispusieron formar ninguna fuerza multinacional de intervención y las fuerzas políticas del oficialismo y la oposición dirimen sus diferencias en las urnas. El flujo de migrantes desde Venezuela hacia la Argentina se ha reducido. Desde su consagración como Presidente electo, Alberto Fernández objetó las opciones de Estados Unidos y tuvo oportunidad de decírselo frente a frente a Elliot Abrams. La Argentina dejó el grupo de Lima y junto con varios gobiernos europeos propició la salida negociada que está dando mejores resultados que el apriete estadounidense»  (Un general paleo(lítico): https://www.elcohetealaluna.com/un-general-paleolitico-barbecho/).
Golpe en Bolivia
Además de la agresión del intento de invasión a Venezuela, Macri tuvo un rol clave en el golpe de Estado en Bolivia contra el ex presidente Evo Morales.
En una entrevista con diario Contexto, el actual embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, señaló que «cada día aparecen más pruebas sobre el contrabando de armas. Cada día aparecen más testigos, más involucrados, más documentos, más testimonios que les hace muy difícil el panorama a Patricia Bullrich, a Macri, a los ministros, al exembajador (Normando Álvarez García) y a las autoridades de la Gendarmería».
«En una causa de este tipo, nunca hubo tantas pruebas y tanta documentación contra los acusados. En el contrabando de armas está involucrado Macri y medio Gabinete. Es un escándalo enorme. El caso salió a la luz hace un mes y, en ese corto tiempo, se juntó una gran cantidad de documentación y elementos suficientes para imputarlos en la Justicia argentina y en la boliviana. Los Gobiernos de los dos países ya están cursando notas oficiales para el intercambio de información sobre este tema, y los Tribunales también».
«Es lógico que ellos nieguen su responsabilidad, porque de otra manera terminarían presos más rápido de lo que puede tardar normalmente un proceso judicial como este».
«La realidad es que cada día surgen más pruebas. Además de los elementos que aparecieron en los depósitos de la Policía y de la carta del ex general de las Fuerza Aérea, Jorge Terceros Lara, se ha encontrado un remito firmado por el suboficial que dio el ingreso a los galpones de la Fuerza Aérea boliviana a los 40.000 cartuchos que agradeció en la carta Terceros Lara».
«Hay notas de reuniones que se hicieron en Bolivia en las que la Policía boliviana les reclamaba a varios países que le envíen este tipo de material para la represión. Lo cual también demuestra que hubo una planificación de los gobiernos de derecha para colaborar con el golpe de Áñez» (Basteiro: «En el contrabando de armas está involucrado Macri y medio Gabinete» https://www.diariocontexto.com.ar/2021/08/10/basteiro-en-el-contrabando-de-armas-esta-involucrado-macri-y-medio-gabinete/).
En la misma línea, la periodista Stella Calloni, autora del libro «Golpe en Bolivia. Washington ordenó la OEA ejecutó», ha señalado que «de acuerdo a nuevas revelaciones, el gobierno de Mauricio Macri sabía sobre la decisión golpista de  Luis Fernando Camacho con seis días de anticipación. El informe se refiere a una reunión que tuvo el empresario de derecha junto con representantes diplomáticos de los consulados de otros países ubicados en Santa Cruz de la Sierra el 4 de noviembre pasado, como señala el  siempre bien informado sitio de web «El Cohete a la Luna» dirigido por el periodista Horacio Verbistky».
«En esa reunión Camacho pidió asilo al consulado argentino ante un eventual fracaso de lo que llamaba «insubordinación civil», pero esto sólo lo podía decidir la Embajada en su sede de la capital de Bolivia. Camacho les aseguró que 48 horas más tarde las Fuerzas Armadas iban a entrar en la casa de gobierno, lo que fue comunicado a la cancillería argentina en ese momento».
«Lentamente comienzan a surgir datos que complican cada vez más al gobierno de Macri, a gobernadores del noroeste, a militares argentinos y a la presencia de asesores del Comando Sur  en la frontera argentina con Bolivia, así como la posibilidad de que hayan ingresado armas, equipos y fuerzas especiales de Estados Unidos por las fronteras de Argentina, Brasil y Paraguay».
«El sorpresivo viaje de Ivanka Trump  hija del presidente de Estados Unidos, Donald Trump a la provincia de Jujuy, fronteriza  con Bolivia el pasado 4-5 de septiembre, acompañada por dos mil 500 agentes federales, el subsecretario de Estado John Sullivan y otros funcionarios, para «visitar» a una pequeña ONG (Pro Mujer) que depende de la iniciativa para el Desarrollo y la Prosperidad Global de las Mujeres que ella dirige en su país, resultó sospechoso desde el principio».
«El esquema de Seguridad armado por el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, evitando toda posibilidad de que alguien no oficial pudiera ver la enorme comitiva que acompañó a Ivanka recibida por el mandatario provincial, el canciller Jorge Faurie, y el ministro de transporte Guillermo Dietrich y en especial la serie de reuniones secretas entre funcionarios de Estados Unidos y locales, inspiraron sospechas. Y ya se habla de la presencia de los ahora golpistas bolivianos en el marco de la visita de Ivanka Trump, quien públicamente entregó una «ayuda» de 400 millones de dólares al mandatario provincial supuestamente para «obras viales». A esto se refirió la diputada nacional boliviana del Movimiento al Socialismo (MAS) Alicia Canqui Condori quien aseguró que «en Jujuy se había reunido la hija de Donald Trump con el gobernador Gerardo Morales para planificar todo este plan que han hecho en Bolivia» (Golpe en Bolivia: https://redh-cuba.org/2019/11/golpe-en-bolivia-denuncian-complicidad-de-macri-por-stella-calloni/).
El diputado del Parlasur Oscar Laborde, una anterior entrevista de Contexto, aseguró: «A esta altura, está más que probado que hubo un involucramiento del Gobierno de Mauricio Macri. El excanciller [Jorge Faurie] dijo que no sabía nada, y ahora fue imputado. Todos los ministros estaban informados y es imposible que Macri no lo supiera. Es imposible que un presidente desconozca lo que estaban haciendo de forma conjunta cuatro de sus ministros. Eso está probado».
«Aún más grave que ayudar a un Gobierno golpista es ayudar a los golpistas a llegar al Gobierno, y eso fue lo que habría hecho Macri. Todos los indicios señalan que la colaboración fue anterior. Dos años antes de que se produzca el golpe, Argentina mandó a Bolivia un segundo agente de inteligencia. Algunas embajadas argentinas tienen un agregado de inteligencia, pero ninguna tiene dos. En Bolivia estaba Luis Varela y luego llegó José Sánchez, que estuvo con sede en Santa Cruz. Sánchez es un hombre cuyos vínculos con la CIA son conocidos y no hay justificativo para que Argentina haya enviado a un segundo agregado», sostuvo el parlamentario.
Laborde afirmó que «no casualmente, quien era embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez García, ahora es ministro del Gobierno jujeño de Gerardo Morales, y cuando todo este escándalo salió a luz, Morales lo condecoró. En un mensaje terrible».
«Esos y otros elementos indican que la colaboración venía desde antes. Porque, además, no es un dato menor la rapidez con la que se concretó el envío de armas. Solo 48 horas después del golpe se habían enviado 70.000 municiones, con toda la burocracia que eso implica, ya que involucra por lo menos a tres ministerios (Seguridad, Justicia y Defensa)», detalló, y luego agregó: «Parece estar claro que hubo una preparación anterior y que hubo una colaboración para el golpe. Por eso, desde el Parlasur se está haciendo una investigación, porque, insisto, si bien es grave colaborar con un Gobierno golpista, más grave aún es colaborar con la preparación de un golpe» (Laborde: «Más grave que ayudar a un Gobierno golpista es ayudar a los golpistas a llegar al Gobierno»: https://www.diariocontexto.com.ar/2021/08/26/laborde-mas-grave-que-ayudar-a-un-gobierno-golpista-es-ayudar-a-los-golpista-a-llegar-al-gobierno/).
Macri intentó transformar a Argentina en el mascarón de proa de la política norteamericana en la región, remató la soberanía nacional y buscó ser un alfil del gobierno norteamericano pero, al igual que muchos otros (Jair Bolsonaro, Sebastián Piñera, Luis Almagro, Lenín Moreno, Luis Lacalle Pou, Iván Duque, Mario Abdo Benítez, etc., etc.), fue solo un peón que quedará en las páginas negras de la historia de América Latina.
 
 
 
 
 
ARCE INVITA A UN RELATOR DE LA ONU A BOLIVIA PARA VICTIMIZARSE Y OCULTAR LOS ABUSOS DEL SISTEMA JUDICIAL
 
La Gaceta de España (https://bit.ly/3oRZxlP)
 
El régimen del Movimiento al Socialismo (MAS) no cesa en su oficiosa labor por instalar en la opinión pública su versión de los hechos de finales de 2019 en Bolivia: un supuesto “golpe de Estado” contra Evo Morales, y no un monumental fraude o manipulación dolosa, como afirmó la Organización de Estados Americanos (OEA) en su informe al respecto, documento que fue respaldado nada menos que por la Unión Europea.
El MAS primero se concentró en tratar de demostrar que Morales no había cometido un enorme fraude electoral -como había demostrado la OEA-, contratando una serie de “expertos” y “especialistas” como Jack Williams y John Curiel del MIT Election Data and Science Lab, quienes concluyeron que no existía evidencia estadística sobre fraude alguno.
Igualmente, la Universidad de Salamanca, en España, se prestó al juego del MAS y Morales. El profesor Juan Manuel Corchado Rodríguez, junto con dos estudiantes que conforman el Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite en la misma institución, concluyeron que no hubo manipulación de datos electorales. Luego de que se tuviera acceso al documento de investigación de Corchado, este se echó para atrás diciendo que el objetivo de su trabajo no era dilucidar si realmente hubo fraude en Bolivia.
Al mismo relato se sumaron el think tank estadounidense Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés) y medios como el New York Times o el Washington Post, cuyas mentiras y manipulaciones fueron ampliamente expuestas y desechadas en distintas oportunidades por la propia OEA.
Luego, el MAS trató de demostrar que se había fraguado un golpe contra Morales iniciado una implacable persecución política contra políticos opositores y una serie de detenciones ilegales de ex autoridades de gobierno, como la expresidenta Jeanine Áñez, que fue secuestrada en el Beni y que hoy guarda prisión preventiva en La Paz desde el 13 de marzo de 2021, así como ex militares, policías y manifestantes de distintas ciudades del país.
En la misma línea de todo lo anterior, el nuevo personaje que el régimen de Arce ha invitado a “revisar a justicia”, es Diego García-Sayán, relator para la Independencia de Jueces y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para observar el funcionamiento del sistema judicial en Bolivia, que, a decir de la editorial del diario Los Tiempos, se encuentra en la peor crisis de su historia debido a la interferencias y las manipulaciones del MAS.
García-Sayán es un político peruano de izquierda. Fue congresista, ministro de Justicia y ministro de Relaciones Exteriores del Perú. De manera más reciente, ha sido juez miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 2004, y entre 2010 y 2014 fue su presidente.
García-Sayán tiene una ajustada agenda en el país hasta el día 22 de este mes. Aunque pocos guardan expectativas sobre lo que pueda lograr en función de al menos señalar las principales causas de los problemas de la justicia en Bolivia. Son al menos una treintena de organizaciones las que esperan reunirse con el representante de la ONU.
Sin embargo, tan pronto como en su primer día de trabajo, y sin aún haber brindado declaración alguna a la prensa, los dos principales partidos políticos opositores, Comunidad Ciudadana y Creemos, han denunciado que el MAS les impide reunirse con García-Sayán para manifestarle su posición y sus denuncias sobre una justicia subordinada al poder Ejecutivo.
Eso sí, el régimen de Arce se ha ocupado de invitar a la prensa a tomar registro de algunas de las reuniones sostenidas hasta el momento con el vicepresidente David Choquehuanca, el ministro de Justicia Iván Lima Magne –que ha fracasado en reformar el sistema judicial en al menos cuatro oportunidades-, y el canciller Rogelio Mayta.
Difícil labor la de García-Sayán. Pues, si acaso busca ser complaciente con el régimen de Arce y el MAS, será demasiado difícil abstraerse no solo de los hechos de detenciones ilegales, la liberación de asesinos y otros delincuentes con sentencias ejecutoriadas para que de inmediato vuelvan a cometer crímenes, o el hecho de que la expresidenta hoy se encuentre sometida a un proceso ordinario y no un juicio de responsabilidades, como establecen la Constitución y las leyes en su condición de expresidenta, sino, y sobre todo, del hecho que lleva ya una semana de huelga de hambre.
En todo caso, esperemos que con García-Sayán suceda lo mismo que con Luis Almagro, secretario general de la OEA. Almagro fue invitado por Evo Morales a visitar el Chapare en mayo de 2019 y defendió la repostulación ilegal de Morales de finales de ese mismo año. Sin embargo, luego de ello, y una vez que la investigación de las elecciones encargada a la OEA por el propio cocalero determinó que hubo manipulación dolosa en todo el proceso, fue respaldada por Almagro de manera decidida. Ojalá que el relator de la ONU se incline por lo correcto y denuncie la agonía del Estado de Derecho y la democracia en Bolivia ante la Comunidad Internacional.
 
 
 
 
 
EXTRANJERÍA NIEGA EL REAGRUPAMIENTO FAMILIAR DE UN BEBÉ DE 17 MESES POR UN DOCUMENTO QUE EL MINISTERIO NO VE NECESARIO
 
Sara Murillo no puede sacar su hijo de Bolivia a pesar de haber nacido en València. La Delegación del Gobierno asegura que "tendrá que esperar hasta abril".
 
Diario Público de España (https://bit.ly/3uUxANW)
 
"Estoy desesperada, por favor, que alguien haga algo. Hace ocho meses que no puedo ver mi bebé. La situación es insostenible", explica Sara Murillo por teléfono. Sara es hondureña y su hijo, Diego, de solo 17 meses, nacido en València, es boliviano, igual que el padre. Ahora hace un año que viajaron a Bolivia para que la abuela pudiera conocer su nieto.
"Antes de marchar fui a la comisaría de Zapadores —donde se gestionan todos los trámites de extranjería— para preguntar que necesitaba para viajar y me dijeron que no había problema, que con el certificado de nacimiento y el libro de familia era suficiente", continúa Murillo.
Pero sí que tuvo problemas. Cuando en abril quiso volver a España se encontró que las autoridades bolivianas le exigían un visado de entrada para que el pequeño Diego pudiera subir el avión. Ellos no lo sabían, pero el padre, Fran Gonzales, tenía la tarjeta de residente extinguida. La había obtenido tras casarse con una ciudadana comunitaria, pero tras el divorcio caducó sin que él lo supiera. Eso provocó que la petición de residencia de Diego fuera rechazada mientras la familia ya se encontraba en Bolivia.
"Obviamente, si lo hubiéramos sabido habríamos registrado al bebé con mi nombre, porque yo sí tengo la residencia. Y lo peor de todo es que intentamos hacerlo todo bien, incluso contratamos una abogada, pero nadie se dio cuenta. Ni tan siquiera la aduana en el Aeropuerto de Barajas, que dejó entrar a mi marido sin problemas cuando regresó de Bolivia", continua Murillo. Este percance burocrático relativamente menor fue solo el principio de su pesadilla.
La embajada española en Bolivia se negó a tramitar el visado, ya que Diego no era un turista, sino que pretendía quedarse a vivir en València. "La situación cada vez era más insostenible —continúa Murillo—, mi marido ya había vuelto porque empezaba a trabajar y a mí me había caducado el visado para quedarme en Bolivia. Al final, la única opción fue dejar mi hijo con la abuela y volver sola. Un lactante que en aquel momento solo tomaba pecho. Fue una decisión durísima".
Una vez en València, la madre pidió el reagrupamiento familiar, pero aquí vino una nueva decepción. El pasado 27 de diciembre, la Oficina de Extranjeros de la Delegación del Gobierno le denegaba la petición. ¿El motivo? La demandante "no acredita unos ingresos mensuales del 200 por ciento del IPREM", el índice que determina la renta vital mínima.
Hasta aquí se podría decir que la normativa es la que es, pero hay otro problema. La Oficina de Extranjeros de València pidió a Murillo la declaración de la Renta del 2020. Murillo, que trabaja en la restauración, sufrió, como todo el sector, los cierres forzados por la pandemia y estuvo varios meses en paro, por lo que la declaración del IRPF de aquel año es netamente inferior a sus ingresos actuales.
Desde la Delegación del Gobierno insisten que la declaración de la Renta es el documento habitual que se pide en estos procedimientos y aconsejan a Murillo a volver a presentar la solicitud a partir de abril, cuando ya haya hecho la declaración del año 2021. Un trámite que puede retrasar todavía muchos meses la vuelta a casa de Diego, que justo ahora empieza a decir las primeras palabras.
Inclusión contradice  la versión de Delegación de Gobierno
En realidad, la Ley de Extranjería exige certificar la situación económica, pero no especifica con qué documentación. Además, una orden del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones contradice la versión de la Delegación del Gobierno. Con fecha del 8 de junio del 2020 se expidieron las "instrucciones DGM 4/2020 sobre la flexibilización del requisito de medios suficientes en la tramitación de autorizaciones de residencia por reagrupamiento familiar".
Este documento establece que la petición de reagrupamiento será valorada "teniendo en cuenta la evolución de los medios del reagrupante en los seis meses previos a la fecha de presentación de la solicitud". O sea, que si a Murillo le hubieran pedido sus últimas seis nóminas, habría podido acreditar unos recursos suficientes para poder traer a su hijo de vuelta. Ahora mismo, tanto ella como su marido trabajan con contrato y, entre los dos, suman unos ingresos mensuales de 2.500 euros, más del doble de la cantidad exigida para la reagrupación.
La instrucción, además, ordena "flexibilizar la interpretación del artículo 54 del Reglamento", teniendo en cuenta "las circunstancias del caso concreto, y en particular, la relación del extranjero con el menor, la edad, el desarrollo físico y emocional", una descripción que casi parece redactada para un niño menor de dos años. También recuerda que se pueden "flexibilizar, de acuerdo con el apartado 3, para disminuir las cuantías exigidas", siempre ateniéndose a "el interés superior del menor", que según el documento oficial "implica favorecer la reagrupación de este con los padres o representantes, con independencia de los recursos económicos de estos".
"No tiene sentido el rechazo de la petición de Murillo"
Sara Murillo está asesorada por el Centre d’Atenció a Immigrants, una ONG que ofrece apoyo jurídico en casos de extranjería. Desde este centro reconocen que "no pueden explicar por qué se rechazó la petición. No tiene sentido".
Paco Solans, abogado experto con cuestiones de extranjería, reconoce que el caso "no le sorprende", puesto que conoce "experiencias muy similares". Para Solans, la Oficina de Extranjeros de València "cumple estrictamente cuando las instrucciones son restrictivas, pero las incumple cuando son más laxas", incluso inventándose la presentación de documentos como la declaración de la Renta. "Porque una cosa es ser rigurosos y la otra es exigir requisitos de más", dice.
De hecho, Solans advierte que la petición de documentos no se flexibiliza, como ordena el Ministerio, sino todo lo contrario: "En su día eran seis nóminas, luego pasaron a pedir la declaración de IRPF y a valorar un año, y después terminaron valorando todo el año de la declaración, más el tiempo anterior del año en curso". Al aumentar el período de valoración crecen las probabilidades que la media mensual de renta baje y la familia demandante no consiga llegar al mínimo. Y más aún en tiempos de covid, con numerosos cierres y ERTEs. Una situación, la de la pandemia, que la instrucción ministerial también pide tener en cuenta.
En este sentido, no sería la primera vez que hay denuncias sobre el trato a personas migrantes en las comisarías valencianas. En noviembre del 2020, dos mujeres colombianas denunciaron haber sido multadas y haber recibido un expediente de expulsión tras acudir a la comisaría de Paterna (València) para hacer el DNI a sus hijos. Poco después, en diciembre del mismo año, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denunció que la comisaría de Zapadores impedía a demandantes de asilo acceder al procedimiento y, en cambio, les habría un procedimiento de expulsión.
Mientras tanto, Sara Murillo y su marido continúan sin poder abrazar su hijo. "Mi suegra es muy mayor y está enferma, no se puede hacer cargo. Nosotros tenemos que contratar las cuidadoras por videoconferencia. Y todo esto nos genera una gran angustia e inseguridad. Diego tiene la piel atópica y el otro día la cuidadora se equivocó de jabón y se le puso toda la piel roja e hinchada, era horroroso. Solo pido que alguien que lo pueda resolver tenga un poco de corazón", lamenta.
 
 
 
 
 
TRAS CONSTITUIRSE EN PLURINACIONAL, BOLIVIA LIDERA PRESERVACIÓN DE LENGUAS INDÍGENAS
 
Sputnik News de Rusia (https://bit.ly/34LIV8j)
 
Trece años después de ser el primer país latinoamericano que se definió constitucionalmente como plurinacional, Bolivia lidera otra iniciativa no menos importante como impulsora clave de un proyecto de preservación de las lenguas indígenas.
En línea con la sentencia "del dicho al hecho hay mucho trecho", tuvieron que pasar 16 años para que el nuevo proyecto, el Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas (IIALI), completara el difícil tránsito desde la declaración de voluntad política hasta hacerse realidad.
La creación del IIALI fue acordada y declarada prioridad en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de 2006 realizada en Montevideo; el compromiso fue reafirmado en la Cumbre de 2018 en Guatemala y ratificado en la Cumbre de 2021 en Andorra, para concretarse finalmente en febrero de 2022 en La Paz.
Vanguardia
"No es casualidad que Bolivia haya sido designada sede del IIALI y que ocupe además la presidencia pro témpore de la institución por el período inicial de dos años. Es resultado de un proceso de acumulación de ideas, acciones y, principalmente, decisiones políticas y sociales", dijo a la Agencia Sputnik el analista político Vicente Guardia.
El investigador del instituto privado de investigaciones sociales Comunidad Cívica, de El Alto, sostuvo que más allá de polémicas y desaciertos en el proceso de incorporación de las mayorías indígenas a la vida política, económica y social, Bolivia es escenario de "una transformación de vanguardia, de la cual el IIALI es un hito más, de los más importantes".
"La sola entrada en funcionamiento del IIALI es una demostración de que es posible, para un país o para la comunidad internacional, pasar del discurso a la acción, en este caso de la expresión de voluntad a la construcción efectiva de un instrumento de liberación de los pueblos, asumiendo incluso las obligaciones económicas que esto conlleva", afirmó el analista.
Destacó que la experiencia boliviana puede ser ejemplo de cómo es posible formular una idea y consolidarla en un proyecto a lo largo de los años.
"En 13 años de vigencia de la nueva Constitución promulgada por Evo Morales, el concepto plurinacional que introdujo Bolivia ha dejado de ser visto como una curiosidad cuasi folclórica, como la veían algunos escépticos, para pasar a ser piedra fundamental de una nueva visión que está cada vez más aceptada en otros países", dijo Guardia.
Instituto
El IIALI fue presentado oficialmente el 10 y 11 de febrero en La Paz, en dos encuentros de alto nivel de gobiernos, organizaciones internacionales y de indígenas del continente, con el objetivo de "enfrentar las amenazas que acechan a las más de 550 lenguas indígenas que aún se hablan en América Latina y el Caribe, así como para promover su uso, conservarlas, revitalizarlas, fomentarlas y desarrollarlas", según su declaración fundacional.
En el primer encuentro, los representantes gubernamentales e indígenas cumplieron el mandato de la Cumbre Iberoamericana de 2021 constituyendo el Primer Consejo Intergubernamental del IIALI, y en el segundo inauguraron formalmente sus labores.
A estas actividades asistieron representantes de Bolivia, Colombia y México, países con derecho pleno de la iniciativa, y delegados de Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú, países invitados en proceso de pasar a ser miembros plenos.
Concurrieron también ejecutivos del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y EL Caribe (FILAC) -con funciones de unidad técnica del IIALI-, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
En los encuentros en La Paz se definió también la creación del Comité Consultivo del IIALI, conformado por el SEGIB, la OEI y organizaciones indígenas, bajo un reglamento que será aprobado hasta abril.
Bolivia ha facilitado el lanzamiento del IIALI poniendo a disposición del proyecto tanto su experiencia en promoción de saberes y de derechos indígenas como su capacidad institucional, dijo en la inauguración de labores el vicecanciller local Freddy Mamani, quien ejerce la presidencia pro témpore del FILAC.
El funcionario consideró esencial que el IIALI desarrolle capacidad para brindar asistencia técnica a los países iberoamericanos en "la formulación e implementación de políticas públicas, lingüísticas y culturales para los pueblos indígenas".
Asimismo, destacó que Bolivia puede compartir su experiencia en conservación, especialmente la aplicación de la norma constitucional que desde 2009 exige que todo funcionario debe saber castellano y uno de los 36 idiomas originarios reconocidos en el país, para lo cual se han abierto escuelas de quechua, aymara y guaraní, aparte de cursos aislados de otras lenguas.
"Hay unas 7.000 lenguas conocidas en el mundo, pero según Naciones Unidas cada dos semanas desparece al menos una lengua indígena, y con ella las culturas, los saberes y otros valores de los pueblos indígenas. Ésta es la justificación inexcusable del IIALA", afirmó Mamani, un indígena de una región altiplánica donde coexisten aymaras y quechuas.
Según el director de Asuntos internacionales del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas de México, Saúl Vicente, el IIALA es una iniciativa que pone a Iberoamérica en la vanguardia del recién iniciado Decenio de las Lenguas Indígenals declarado por Naciones Unidas.
En las lenguas indígenas "están los conocimientos ancestrales de nuestros pueblos, con ellas se mantiene la biodiversidad; donde se pierden lenguas indígenas se pierde biodiversidad. Y en las circunstancias actuales de nuestro planeta, eso no lo podemos permitir", dijo Vicente en la inauguración del IIALA.
Por su parte, el director de Poblaciones Indígenas de Colombia, Luis Sevillano, dijo a su vez que "el Instituto pone un gran reto, el de hacer efectiva la salvaguarda, la protección, para hacer que las lenguas se conviertan en un motor de desarrollo de las naciones".
El liderazgo de la protección y promoción de las lenguas indígenas, que supone una gran responsabilidad, está ahora en manos de Bolivia por su doble presidencia pro témpore, la del FILAC y la del IIALA, advirtió el investigador Guardia.
 
 
 
 
 
‘UTAMA’, LA HISTORIA DE AMOR FRENTE AL OLVIDO EN EL ALTIPLANO QUE SORPRENDIÓ EN SUNDANCE
 
La ópera prima del boliviano Alejandro Loayza, que inicia su recorrido internacional, se llevó el premio del jurado en la sección internacional del festival
 
El País de España (https://bit.ly/3uPX5A5)
 
El tiempo parece moverse lentamente en la tierra agrietada y seca del Altiplano boliviano, donde una pareja de ancianos quechuas, Virginio y Sisa, llevan una humilde rutina. Cuando aparece su nieto Clever, Virginio se da cuenta rápidamente de que está allí sólo para convencerles de que se trasladen a la ciudad. El hecho de que la sequía les haya dejado sin agua no les ayuda a quedarse. Mientras tanto, la pesada respiración de Virginio delata su capacidad para ocultar lo que le aqueja. De repente, el ritmo lento del tiempo se vuelve precioso. ¿Seguirán los pasos de otros quechuas y dejarán su hogar por la ciudad?. Bajo esta premisa se presenta la película Utama, que significa “nuestro hogar” en aymara, la ópera prima del director boliviano Alejandro Loayza, y que ha sorprendido en la reciente edición del Festival de Sundance al llevarse el premio del jurado en la sección internacional.
Esa idea se juntó con una serie de viajes para la realización del documental Planeta Bolivia, donde el director comienza a generar interés por cómo viven otros compatriotas en el país, por tratar de comprender su realidad y obtener una nueva perspectiva de Bolivia. Esos viajes junto a su hermano, Santiago Loayza –que también es productor del filme–, y su padre, Marco Loayza –reconocido director boliviano–, le permitieron encontrar las locaciones para su película. “Fue en un viaje que hice junto a Conservación Internacional que vi el municipio de Santiago de Chuvica e inmediatamente llamé a mi hermano, porque esa vez no me estaba acompañando. Le dije: ‘Santi tenemos la locación, aquí tenemos que filmar”, afirma el director de Utama.
Fue en ese proceso de selección de locaciones que conoció a la pareja de actores, José Calcina y Luisa Quispe, dos octogenarios quechuaparlantes que dieron vida a la película, junto a Sebastián Choque como Clever. Daniel Maydana y Estanislao Quispe fueron el nexo de Loayza con las personas de la comunidad para el casting. Al inicio, los dos protagonistas no se mostraron interesados en participar. Curiosamente Estanislao es sobrino de la pareja, que no tenía experiencia previa en la actuación, y quien, según cuenta Loayza, “jugó un papel muy importante” para convencerlos finalmente. “El proceso ha sido maravilloso, la verdad sobre todo es que nos hemos divertido mucho. Son personas muy generosas y muy comprometidas, así que dieron lo mejor de ellos para la película. Es algo por lo que voy a estar totalmente agradecido siempre”, agrega el director.
En medio de la historia de amor entre Virginio y Sisa, Loayza aborda otras temáticas como el cambio climático y el efecto en la búsqueda de recursos que ya son finitos como el agua; además de consecuencias que van de la mano de esta problemática, como la migración de las personas de áreas rurales a la ciudad debido a la afectación de sus actividades económicas para sobrevivir. Este tipo de realidades son “historias urgentes que hay que conocer”, afirma Loayza, porque se sigue viendo al cambio climático como un problema a futuro en el que se responsabiliza solamente a los poderosos que se encuentran fuera de las fronteras.
“Bolivia tiene también su responsabilidad de cómo definir su futuro medioambiental. Es muy importante conocer qué está pasando con la deforestación en Bolivia, que está pasando con la desertificación, qué pasa con la suministración de agua de muchos lugares. Este tipo de realidades hacen que uno esté alerta, porque si no de aquí a unos pocos años van a ver zonas en Bolivia donde no va poder vivir nada ni nadie”, dice Loayza.
Para el director, Utama es también una película sobre resistir y de no olvidarse de dónde venimos, tratar de preservarlo, luchar por ello, “para saber a dónde vamos”. En la filmación recuerda una escena en la que se graba una discusión en la comunidad sobre qué decisión tomar y una de las personas dijo “hermanos, no nos podemos ir porque si no nuestra tierra quedará silenciada”. “Me pareció una frase muy poética y obviamente está en la película. Si tu tierra queda silenciada, no hay quién cuente esa historia, entonces muere. Todos estamos de paso en este mundo, pero dejamos un legado y dejamos una huella, entonces es cuestión de decidir qué huella quieres dejar y dónde dejarla”, precisa Loayza.
Esta lucha que Virginio, el personaje de Calcina, sostiene frente a la nada y la desolación de los parajes altiplánicos, frente al olvido, es un aspecto que la directora de fotografía, la uruguaya Bárbara Álvarez, supo transmitirlo “de la mejor manera”, según Loayza. La realizadora uruguaya trabajó previamente con Lucrecia Martel (La mujer sin cabeza, 2008) y Matías Bize (La vida de los peces, 2010, ganadora del premio a mejor película extranjera en los Goya), entre otros filmes. Su trabajo fue uno de los aspectos que la crítica destaca de Utama por la estética de tipo western que le imprimió a este drama familiar.
Loayza buscó transmitir la sensación de quietud, de terrenos vastos y desolados. Fue ahí donde algunos elementos visuales del western se encontraron con el paisaje altiplánico. El director sabía que estaba jugando a acercarse al género, pero no tan directamente. “No hay una cámara en la que entre semejante desolación y amplitud en un cuadro cinematográfico. Tomamos decisiones que nos llevaron a tener el cuadro lo más amplio posible. Bárbara es una de las mejores de Latinoamérica y fue un lujo contar con ella. Entendió la película que yo quería contar, entendió el lenguaje que yo quería manejar. Teníamos la misma sensación de los personajes y su relación con el paisaje. El resultado es lo que queríamos y eso es lo importante”, finaliza el director.
 
 
 
 
 
GIOVANNA RIVERO, ESCRITORA BOLIVIANA: “NUESTRA FE EN ESO QUE LLAMAMOS ‘LO REAL’ ES DESMESURADA”
 
Ya se encuentra circulando en nuestro país Tierra fresca de su tumba, el último volumen de cuentos de la destacada autora cruceña y que ha valido reconocimiento y publicación en el exterior. En conversación con Culto desmenuza el libro, que pone pies en lo real, pero también en lo fantástico y en el terror.
 
La Tercera de Chile (https://bit.ly/3LDrUh9)
 
Es una de las autoras más destacadas que han surgido desde Bolivia en los últimos años, ha participado en el Programa de Escritura de la Universidad de Iowa y, en su trayectoria ha publicado más de una decena de libros de cuentos y novelas que han cruzado los límites de su país.
De hecho, el último, el aclamado volumen de relatos Tierra fresca de su tumba ha estado en los escaparates de Bolivia (Editorial Cuervo) España (Candaya) Argentina (Marciana) y próximamente en Estados Unidos (Charco Press).
Pero también ya se encuentra en Chile, vía Los libros de la mujer rota, y justo hace un par de semanas obtuvo el Premio BancoSol para libros editados en Bolivia. Por ello hablamos con su autora.
Tierra fresca de su tumba, contiene seis relatos largos, con aliento de novela (algo así como los del célebre John Cheever), que alternan entre lo real y lo fantástico. “Escribí estos cuentos a lo largo de cinco años –señala Rivero a Culto–. Son relatos largos que me demandaron mucha entrega, investigación y un ejercicio de inmersión profunda en mundos que no eran los míos. Necesitaba esa suerte de desterritorialización al interior de la escritura porque atravesaba una serie de pérdidas insoportables”.
El poeta chileno Enrique Lihn decía que la literatura es un ejercicio colectivo, ¿hubo gente que pudo leer y comentarte los cuentos antes de la publicación?
Mientras vivía en Ítaca (al norte del estado de Nueva York) tuve la oportunidad de dar a leer un par de los seis cuentos en un taller que compartíamos los domingos con algunos amigos –entre ellos Edmundo Paz Soldán, Sebastián Antezana, Liliana Colanzi, Francisco Díaz Klaassen, Eliana Hernández, Paulo Lorca y mi esposo, Alexander Torres–. La nieve a mí me lastimaba y era necesario recibir retroalimentación de una pequeña tribu para devolverme a un eje. En general, mi primer lector es mi marido, que suele darme un feedback minucioso. También consulté con amigos salvadoreños y mexicanos para asegurarme de que los dialectos sociales del cuento Pez, tortuga, buitre podían reflejar algunos aspectos culturales que me preocupaban.
En algunos de los relatos hay una relación de bolivianos con gente de otros países o creencias, como japoneses o menonitas. ¿Por dónde pasa tu interés por el tema?, ¿es la migración uno de los motores que te mueven a escribir?
Sin lugar a duda. Nací y crecí en un pueblo de provincia [N de la R: Montero, Santa Cruz] y sé muy bien cómo se experimenta esa sensación de inadecuación que genera el traslado a un centro hegemónico. Esta suerte de conciencia del margen es parte de mi mirada del mundo, que se ha acentuado con mi condición de extranjera en Estados Unidos. En ese sentido, me interesa que mis personajes no se instalen en la existencia como ‘peces en el agua’; al contrario, quiero que naden contracorriente, que se despellejen en esa lucha contra las circunstancias, sean estas sociales, políticas o intensamente íntimas.
Si bien en los relatos hay cosas extrañas, como la mancha en la espalda del estudiante de Hermano ciervo, o unos menonitas, o la tía de la narradora de Socorro, no son 100% fantásticas, alternas a ratos con lo real. No son cuentos de terror, pero tienen escenas de terror. ¿Cómo definirías tú los cuentos?
Me parece que nuestra fe en eso que llamamos “lo real” es desmesurada y algo fanática, a tal punto que cualquier elemento que desafía esa lógica pasa al saco de lo fantástico y/o de la psicosis. Pero ese real es también frágil y las historias que narro justamente intentan acercarse a esa membrana para rasgarla. Si un personaje consigue arañar un poquito el muro de piedra de la razón, he cumplido mi tarea. Entiendo que una parte de las lecturas que se han hecho de mi trabajo lo reconozca como parte del “nuevo gótico latinoamericano” o como “realismo gótico”, pero honestamente prefiero que mis personajes se sigan resistiendo a dormir en compartimentos estancos. La incomodidad es un lugar más saludable para ellos.
 
 
 
 
 
BID INVEST CONCEDE UN PRÉSTAMO DE 31 MILLONES AL BANCO FIE DE BOLIVIA
 
Europa Press de España (https://bit.ly/33u1UUw)
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de BID Invest, ha concedido un préstamo de 35 millones de dólares (31 millones de euros) a la entidad boliviana Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas, con el objetivo de impulsar el segmento de las micro y pequeñas empresas del país en sectores de comercio, industria y servicios.
La transacción consiste en un tramo comprometido de 20 millones de dólares (17,6 millones de euros) y otro no comprometido de 15 millones de dólares (13,2 millones de euros), cada uno con un plazo de cuatro años. La iniciativa también tiene el objeto de promover negocios emprendidos por mujeres.
BID Invest concede un préstamo de 31 millones al Banco FIE de Bolivia Según ha explicado el organismo, el segmento de micro y pequeñas empresas en Bolivia presenta brechas de financiamiento, especialmente en las zonas rurales. Al aumentar el acceso al crédito a través de Banco FIE, estas pequeñas unidades productivas "tienen el potencial de generar un impacto significativo en el desarrollo y reconstrucción económica post pandemia en sus comunidades y la economía boliviana".
BID Invest concede un préstamo de 31 millones al Banco FIE de Bolivia BID Invest acompañará y asesorará al banco en el desarrollo e implementación de un sistema de gestión ambiental y social que permita fortalecer la capacidad de identificación y gestión de riesgos medioambientales y sociales asociados a sus operaciones de crédito.
 
 
 
 
 
BOLIVIA BUSCA RELOCALIZAR ZONA FRANCA EN ARGENTINA PARA REACTIVAR EL COMERCIO EXTERIOR HACIA EL OCÉANO ATLÁNTICO
 
El gerente ejecutivo de la ASP-B, Dante Justiniano, se reunió con el embajador de Argentina en Bolivia para tratar el tema
 
Portal Portuario de Chile (https://bit.ly/3GTZ0FW)
 
El gerente ejecutivo de la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B), Dante Justiniano, se reunió con el embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, para tratar la relocalización de la zona franca boliviana en el puerto La Plata. La nueva ubicación se realizará ya sea en el río Paraná, cerca de Zárate, o en la isla de Ibicuy en Entre Ríos, por donde se reactivaría el comercio exterior boliviano.
“Conversamos con el gerente de la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia, Dante Justiniano, sobre las alternativas de relocalizar su zona franca en nuestro país, ya sea sobre el Río Paraná, cerca de Zárate, o en la Isla de Ibicuy, en Entre Ríos, por donde se generarían un flujo de comercio y cientos de puestos trabajos directos e indirectos mediante la importación y exportación de productos argentinos y bolivianos hacia el Océano Atlántico por nuestro territorio”, dijo Basteiro.
En mayo de 2019, en el marco de la Reunión de la Comisión Mixta del Convenio de la Zona Franca de Bolivia (antiguo puerto de Rosario), ambos países acordaron la relocalización de la zona franca boliviana en un nuevo espacio que cumpla con las modernas necesidades del transporte fluvial y que permita el aprovechamiento de las facilidades brindadas por Bolivia para la operatoria portuaria y concretar su plena integración a la Hidrovía Paraguay-Paraná.
 
 
 
 
 
¿QUIÉN ES JEANINE ÁÑEZ?, LA PRESIDENTA DE BOLIVIA ACUSADA POR "GOLPE DE ESTADO"
 
La ex presidenta interina de Bolivia cumplió 11 meses presa. Conoce quién es y su trayectoria en el ámbito político
 
Expansión de México (https://bit.ly/34Wc80a)
 
La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez llegó al cargo tras unas serie de sucesos políticos poco probables, en un país en el que el presidente Evo Morales fue hasta hace poco un fuerte líder político con 14 años en el poder, pero que renunció en medio de acusaciones de fraude electoral en 2019, cargos que siempre negó.
A continuación te mostramos el perfil completo de Áñez.
Ella es Jeanine Áñez Chávez: su vida personal
Jeanine Áñez nació el 13 de junio de 1967 en la población de San Joaquín en el Departamento del Beni. Sus padres fueron profesores, siendo ella la última hija de un total de siete hijos del matrimonio.
Comenzó sus estudios escolares en 1972, en una escuela rural denominada "21 de agosto" de formación solo para niñas. Su madre llegaría a ser directora de esta pequeña unidad educativa. Se graduó como bachiller en 1984 del Colegio "Capitán Horacio Vásquez Sánchez" de su localidad natal.
En 1985, Jeanine Áñez se trasladó a vivir a la ciudad de La Paz. En La Paz, Áñez ingresó inicialmente a estudiar cursos de secretariado en el Bolivian Institute y luego en el Instituto Abraham Lincoln. En 1988, se trasladó a vivir a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra donde completó su formación técnica, pasando cursos de computación y también de inglés. En aquella ciudad conocería al abogado beniano Tadeo Ribera Bruckner (1960-2020) quien sería su primer esposo y con el cual tendría a sus dos únicos hijos; Carolina Ribera Áñez (1990) y José Armando Ribera Áñez (1995).
En 1990, Jeanine Áñez junto a su esposo decidieron trasladarse a vivir a la ciudad de Trinidad, donde establecerían su familia y donde también nacerían sus dos hijos. Ya en aquella ciudad, la entonces joven pareja emprendió un negocio abriendo su propio restaurante familiar y durante la década de 1990 Jeanine Áñez ingresaría a estudiar en la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián" (UABJB), titulándose años después como abogada de profesión en Ciencias Jurídicas y Derecho en 1997.
En 1993, su esposo ingresó a la política como concejal del municipio de Trinidad en representación del partido Unidad Cívica Solidaridad (UCS), perteneciente en ese entonces al líder político Max Fernández Rojas. En las elecciones municipales de diciembre de 1995, Tadeo logró salir elegido como alcalde de la ciudad de Trinidad para el periodo 1996-2000 nuevamente representando a la UCS.
Durante su vida laboral, Áñez se ha desempeñado como directora y presentadora de televisión en Totalvisión y como miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Demócrata Social (MDS).
El salto a la política
Asambleísta Constituyente (2006-2008)
El ingreso de Jeanine Áñez a la política boliviana comenzó a partir de 2006, en el mes de julio de ese mismo año participa en las elecciones para asambleístas constituyentes que tendrían como objetivo redactar la nueva Constitución Política del Estado de Bolivia.
Con 39 de edad, Jeanine Áñez logró salir elegida como asambleísta constituyente uninominal por la Circunscripción 61 en representación del partido Poder Democrático Social (PODEMOS), el que era liderado en ese entonces a nivel nacional por el líder político y expresidente Jorge Tuto Quiroga Ramírez.
Durante el tiempo que estuvo como asambleísta constituyente (2006-2007), Jeanine Áñez se encontraba viviendo en la ciudad de Sucre, en donde formó parte de la comisión de organización y estructura del nuevo Estado, trabajando también en la parte del Poder Judicial. Tras la conclusión de la Asamblea Constituyente retornó a su programa de televisión en la ciudad de Trinidad pero la política la volvería a llamar nuevamente de regreso.
Senadora de Bolivia (2010-2015)
En diciembre de 2009, Jeanine Áñez participó en las elecciones nacionales de ese año, en donde logró salir elegida como senadora por el Departamento del Beni en representación de la alianza política Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN), la que estaba liderada en ese entonces a nivel nacional por el líder político Manfred Reyes Villa. Áñez fue senadora en la Asamblea Legislativa Plurinacional desde el año 2010 hasta 2015.
Senadora de Bolivia (2015-2019)
En octubre de 2014, Áñez participa nuevamente en las elecciones nacionales de ese mismo año, logrando también salir elegida otra vez como senadora por el Departamento del Beni en representación de la alianza política Unidad Demócrata (UD), la que estaba liderada en ese entonces a nivel nacional por el líder político Samuel Doria Medina. A pesar de que el periodo legislativo de Jeanine Añez terminaba oficialmente el año 2020, Áñez tuvo que renunciar a su cargo en noviembre de 2019 para asumir la Presidencia de Bolivia.
Su intensa y constante vida política trajo como consecuencia que Jeanine Áñez llegara a divorciarse de su primer esposo Tadeo Ribera Bruckner, exalcalde de la ciudad de Trinidad (1996-2000). Tiempo después conocería a su segunda pareja de nacionalidad colombiana, Héctor Hernando Hincapié Carvajal. El 29 de enero de 2020, falleció en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra su ex esposo Tadeo Ribera a los sesenta años de edad, víctima de cáncer.
Presidencia de Bolivia (2019-2020)
El 11 de noviembre de 2019, tras las renuncias del presidente Evo Morales, del vicepresidente Álvaro García Linera, de la presidenta del Senado Adriana Salvatierra y del presidente de la Cámara de Diputados Víctor Borda, Jeanine Áñez anunció que estaría dispuesta a asumir provisionalmente la presidencia del país, siguiendo el orden de sucesión para convocar nuevas elecciones de acuerdo con la línea de sucesión constitucional del país.
Para asumir oficialmente la presidencia del Senado requería los votos de la mayoría en manos del Movimiento al Socialismo, antes de convocar a una sesión bicameral en la que juraría a la jefatura interina y de transición del Estado.
El 12 de noviembre de 2019, en una corta sesión legislativa Áñez fue proclamada presidente del Estado, alegando sucesión constitucional, basándose así en un pronunciamiento de ese mismo día del Tribunal Constitucional a favor de la «inmediatez» de la sucesión constitucional, sin necesidad de recurrir a alguna ley ni resolución del Legislativo. Áñez obtuvo el voto favorable de los partidos opositores, una tercera parte del Parlamento, mientras que el Movimiento al Socialismo no participó en la votación, rechazando la sucesión.
¿Qué pasó con la presidenta interina de Bolivia?
Tras más de un año de gobierno de Áñez, el Movimiento al Socialismo, liderado por Luis Arce, ganó las elecciones con el 55,1% de los votos versus el 28,8% del opositor partido Comunidad Ciudadana, en octubre de 2020.
Durante la candidatura a la presidencia Áñez advirtió que podría haber "abuso" del poder en caso de que la izquierda regresara al poder.
"Demostraciones de persecuciones políticas la vimos durante 14 años", dijo Áñez a CNN en 2020. "Entonces si no tenemos un poder judicial independiente, un ministerio público que actúe conforme a la ley y sin obedecer instrucciones de los gobernantes de turno, nosotros tenemos que estar tranquilos porque tenemos todos los argumentos para poder defendernos en un proceso justo. Es por eso que estamos peleando".
La expresidenta interina de Bolivia fue detenida el 13 de marzo dentro de la causa conocida como "golpe de Estado". A comienzos de agosto, un juez dispuso extender por seis meses la prisión preventiva. Está acusada de "terrorismo, sedición y conspiración" por su supuesta participación durante 2019 en un golpe de Estado contra el entonces presidente, Evo Morales.
En reiteradas ocasiones, Áñez ha afirmado que “nunca” ocurrió un golpe de Estado y denunció una persecución política en su contra.