LA FIEBRE DEL LITIO DESPIERTA LOS NACIONALISMOS EN AMÉRICA LATINA

Las perspectivas económicas para América Latina no son estelares. Antes de que la covid-19 azotara, la región ya perdía inercia y organismos multilaterales y analistas advertían que los países tendrían que cambiar sus políticas para impulsar el desarrollo. El litio representa esta oportunidad. Mineral con alta conductividad eléctrica, el litio es elemental para producir las baterías que permitirán al mundo cortar la dependencia a los combustibles fósiles y migrar a energías renovables más limpias. Bolivia tiene las reservas más grandes del mundo. Junto con Argentina y Chile, el “triángulo” conforma el 63% de las reservas en el planeta. Perú y México agregan casi tres millones de toneladas más. El litio es, para los grandes capitales, la estrella más brillante en el mapa latinoamericano.
La transición energética pescó a estos países en un momento de expansión del nacionalismo. En los últimos meses, han brotado esfuerzos porque la producción esté bajo el control del Estado, una dirección que muchos ciudadanos apoyan. Muchos más se oponen en protección del medio ambiente. Al litio lo llaman “oro blanco” por su valor en el mercado y su color plateado claro. En inglés, lo llaman “white oil”, el petróleo blanco, una diferencia sutil pero muy reveladora. Para los latinoamericanos, el litio es un mineral precioso, como lo son el oro y la plata que han sido explotados en su territorio desde la época de la Colonia. Para los extranjeros, en la cultura anglosajona, el mineral es un potenciador, un recurso natural que se transformará en otra cosa, un paso en la cadena de valor.
El precio del mineral en el mercado internacional subió aproximadamente 80% en 2021, según un índice de Bloomberg. Hace solo cuatro años, un análisis, también de Bloomberg, aseguró que más de la mitad de todas las ventas de automóviles en países desarrollados en 2040 serían eléctricos. Pero un estudio más reciente de la consultora KPMG, publicado en noviembre del año pasado, recorta el pronóstico por diez años. Es decir, ahora se espera que el 52% de las ventas de autos serán eléctricos para 2030. Más de 1.100 ejecutivos de la industria automotriz en 31 países estiman que una “transformación radical” del sector se llevará a cabo en los próximos cinco a 10 años.
El mundo se está moviendo rápidamente en esta dirección y la necesidad de producción de litio se siente muy urgente, como si la ventana de oportunidad tuviera una fecha de expiración. En Chile, han sido las inversiones privadas las que por años han extraído y producido el mineral para su exportación. El Gobierno de Sebastián Piñera, quien sale del poder el 11 de marzo, anunció el mes pasado la adjudicación de dos cuotas de producción de 80.000 toneladas de litio a dos empresas, una de capital chino y otra de capital chileno. El anuncio fue controvertido, ya que el presidente electo, Gabriel Boric, ganó la elección con un plan para crear una empresa nacional del litio e implementar una “nueva gobernanza” de los salares que contienen las reservas del mineral. Boric también prometió que todas las comunidades en Chile, sin importar su ubicación, tendrían acceso a agua, un recurso necesario para la minería. Las adjudicaciones se encuentran ahora en un limbo legal, después de que una corte de apelaciones suspendió los contratos.
Además, el modelo actual pudiera ver un revés. El 1 de febrero, Chile tomó un paso inicial hacia la nacionalización de algunas de las minas de cobre y litio más grandes del mundo, cuando el Congreso aprobó en primera instancia una propuesta para darle el control al Estado. El voto formó parte del proceso de redacción de una nueva Constitución. Actualmente, la Constitución prohíbe la nacionalización de estos recursos.
En México, en donde las reservas tienen el potencial de ser mayores a los 1,7 millones de toneladas que el Servicio Geológico de Estados Unidos contabiliza, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto algo similar. Como parte de una iniciativa de ley para reformar el sector energético, López Obrador planea nacionalizar el litio y crear una institución del Estado a cargo de su procesamiento. A diferencia de Chile, en México la producción de litio se ha limitado a un solo contrato con una empresa china, la cual, hasta la fecha, no ha extraído ni un gramo de carbonato de litio. Expertos apuntan a que el Gobierno no tiene los recursos para abrir semejante empresa del Estado. México se encuentra, por lo tanto, en otro tipo de limbo.
El Gobierno de Pedro Castillo, en Perú, busca modifican un contrato con la canadiense American Lithium Corp de manera que el mineral se exporte con un valor agregado, según informó un congresista aliado del presidente a medios de ese país. Es decir, El Estado quiere que las empresas en Perú no solo extraigan y refinen el litio para ser materia prima de exportación, sino que inviertan en fábricas para transformarlo en un producto con mayor valor de mercado, generando más empleos, mejor pagados.
Argentina es, hasta cierto punto, la excepción. Ahí, los derechos de exploración los tienen las provincias y la Administración del presidente Alberto Fernández ha buscado promover las reservas del país a nivel mundial. Fernández se propuso en 2020 aumentar la producción anual de carbonato de litio en 700% hasta alcanzar 230.000 toneladas para finales de este año. Esto requerirá una inversión de más de 1.000 millones de dólares por parte de empresas privadas. Durante una visita de Fernández a China la semana pasada, funcionarios de su Gobierno dijeron a medios en el país que Argentina negocia con el país asiático una nueva inversión, incluyendo planes para montar una fábrica de baterías.
La joya de la corona
Mientras Argentina se apresura, Bolivia se toma su tiempo. Por el tamaño incomparable de sus reservas, este es el país que más entusiasma a inversores, pero, en su historia reciente, el mineral ha generado ya conflictos. En 2019, el presidente Evo Morales anunció que la empresa alemana ACI Systems invertiría cerca de 1.300 millones de dólares para explotar gran parte de las reservas de litio en el país. Semanas después, una fuerte crisis política en el país paralizó las negociaciones, y Morales se vio forzado a huir del país.
En julio de 2020, un usuario en Twitter reprochó a Elon Musk, director de Tesla Motors, cuya empresa lidera la fabricación de vehículos eléctricos a nivel mundial, que los “EE UU organizaron un golpe de Estado en Bolivia” para que Musk tuviera acceso al litio del país. Musk respondió: “¡Nosotros haremos golpe de Estado a quien queramos! ¡Acéptenlo!”. Ya no existe registro del tuit de Musk, más que las capturas de pantallas en notas periodísticas. El empresario le dio a Morales el gancho perfecto para relacionar el control del litio con su derrocamiento. El año pasado, durante una visita a México, el expresidente defendió que el mineral “debe estar en manos los Estados, no del sector privado”. “Decidimos, como Estado industrializar el litio. Contratamos expertos... y empezamos la gran industria y ahí viene el golpe del Estado. Congresistas americanos reconocen que el golpe de Estado fue por el litio”, dijo en unas declaraciones en las que también acusó a Tesla, el principal fabricante de autos eléctricos en el mundo.
En noviembre de 2020, Luis Arce, aliado de Morales, tomó la Presidencia de Bolivia, y arrancó un proceso diferente al de su predecesor. Primero, organizó un evento público, una especie de feria, para atraer empresas nacionales y extranjeras interesadas en invertir. Después, se eligieron ocho empresas originarias de EE UU, China, Rusia y Argentina a las que se les permitió realizar pruebas piloto de la tecnología de extracción. En abril, se espera que un grupo técnico de la empresa del estado Yacimientos de Litio Bolivianos emita una opinión sobre qué compañías deben recibir contratos. Entre los factores a considerar están su porcentaje de recuperación del mineral, su impacto ambiental y el plan de protección de las comunidades, explica Diego Van Vacano, profesor de la universidad Texas A&M en Estados Unidos y asesor informal del Gobierno de Luis Arce.
El grupo técnico es independiente, dice Von Vacano, y se conforma de profesionales en la materia, dos mujeres de origen indígena y dos hombres. El litio que se obtiene en salmuera, como el de Bolivia, tiene un impacto menor en el medio ambiente, que aquel que se debe minar de sedimentos sólidos, como el de México. Sin embargo, sigue siendo minería, lo cual afecta al ecosistema. “Los errores que se han cometido, por ejemplo, los daños al medio ambiente que se han visto en Chile, esos Bolivia no los quiere repetir”, asegura Von Vacano.
Vida en el desierto
“A lo largo de la historia del colonialismo y, específicamente cuando se habla de minería, la literatura suele describir a las minas como paisajes muertos o deshabitados, como que no hay vida allí, este concepto que en latin se llama terra nullius, es decir, tierra de nadie”, dice Thea Riofrancos, profesora asociada de Ciencias Políticas en Providence College, Rhode Island, en EE UU. “Pero no es así”, apunta. Riosfranco recuerda la primera vez que visitó las reservas de Chile, en 2019. “Me asombró el desierto, en muchas maneras”, dice la académica, becaria de la Corporación Carnegie, “el salar es como una extensión blanca grisácea que ves hacia el horizonte y parece nunca terminar. También están los flamencos, y, si tienes suerte, puedes ver hermosas aves de rapiña”.
El desierto de Atacama en Chile es hiperárido y tiene altos niveles de radiación ultravioleta. Es, en palabras de un grupo de académicos, “uno de los entornos más duros de la Tierra” que pudiera contener la clave para que el mundo aprenda a sobrevivir con el calentamiento global. En un artículo publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America en noviembre, un grupo de 27 científicos abogan por preservar el desierto para llevar a cabo investigación científica. “Atacama como un laboratorio natural es inigualable para estudiar la adaptación de las plantas a condiciones ambientales extremas”, apuntan.
Históricamente, el sur ha proporcionado materias primas a la economía global, sin que sus poblaciones se beneficien de ello, opina Riofrancos. “El caso de Bolivia es sumamente dramático por los orígenes del imperialismo español en las minas de Potosí”, dice la investigadora. “El país ha proporcionado al mundo minerales desde plata hasta estaño, también gas natural y agroexportaciones y el potencial ahora es el litio”.
Quizás es por eso que la Administración de Arce maneja con discreción los avances del programa piloto. El Ministerio de Hidrocarburos y Energías de Bolivia no respondió a preguntas de EL PAÍS sobre el potencial estimado de esta industria en términos de producto interno bruto. Los réditos estarán sujetos a las fluctuaciones del precio en los mercados internacionales, por lo que en Argentina y en Bolivia ya se habla de crear un cártel del litio similar a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la cual impone cuotas de producción para prevenir que el precio del petróleo se desplome.
“Estamos en contra del reloj,“ dice Von Vacano. El especialista asegura que “es urgente que se impulse el litio más rápidamente” porque los inversores mirarán a otros países para invertir. Los réditos se pueden invertir como se hace en Noruega o en Qatar, sugiere Von Vacano, en los ciudadanos. “Esto puede ser muy positivo. Puede ser un modelo de regalías que beneficie a las regiones de Potosí, de Uyuni, entre otras, pero también al resto del país. Este es el dinero que se puede usar en sistemas educativos, o de salud. Pudiera transformar al país de manera completa”. El País de España (https://bit.ly/3HBbW4Z)
 
 
 
 
 
BOLIVIA HALLÓ MEGACAMPO DE GAS NATURAL Y SE TENSA MÁS LA PELEA POR LAS VENTAS A ARGENTINA
 
Para este invierno, el Gobierno prevé importar 2.142 MMm3 de Bolivia, que cubrirán el 9% de la demanda total de gas. La pregunta es a qué precio.
 
Ambito de Argentina (https://bit.ly/3uzzDqr)
 
En momentos en que la Argentina renegocia la compra de gas a Bolivia para el invierno 2022, el presidente boliviano, Luis Arce, anunció el hallazgo de nuevas reservas en un megacampo de gas natural, que según se estimó, generarán ingresos adicionales al fisco por más de u$s260 millones anuales cuando sean explotadas.
El hallazgo fue hecho en el pozo "Margarita-10", que opera la compañía española Repsol, en el campo Margarita-Huacaya, uno de los principales reservorios de gas natural del país, que abarca parte de las regiones de Chuquisaca y Tarija, en el sur del país. El gas natural es una de las principales exportaciones de Bolivia y la Argentina es un comprador histórico.
Para el invierno 2022 la Secretaría de Energía estimó que se necesitará de mayo a septiembre una producción de gas nacional, que representará 73% de la demanda con 17.995 MMm3, se deberán importar 2.142 MMm3 de Bolivia que cubrirá el 9% de la demanda, y se requerirá importar 4.406 MMm3 equivalentes de GNL para cubrir el 18% restante.
Ante el nuevo panorama del petróleo con el barril a u$s90, el combustible de la transición energética se encareció en el mundo y en el Gobierno nacional ahora revisan sus cálculos para lanzar una nueva licitación internacional por provisión de GNL, sin lamentar una mayor erogación de dólares por cuestiones energéticas.
La proyección es que en 2022 las importaciones de gas desde Bolivia -que el presidente Luis Arce tiene previsto ajustar a u$s7,5 por millón de BTU promedio-, de GNL y de combustibles líquidos para el parque de generación eléctrica treparán a u$s5.500 millones, un número que provoca escalofríos en el Banco Central. El aliciente es que mientras en el Norte hoy suben los precios por el frío y una mayor demanda de GNL, cuando aquí llegue el invierno el consumo mundial disminuye y los precios se relajan.
En 2020 Argentina importó a razón de 21 MMm3/d, pero el año pasado esa demanda cayó a 14 MMm3/d, por el declino de la producción de gas boliviano. El nuevo contrato (sexta adenda) entre Integración Energética Argentina (IEASA) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) debía estar firmado el 31 de diciembre pasado, pero por falta de acuerdo las negociaciones seguirán abiertas hasta el 30 de abril. Momentáneamente el compromiso asumidos es entregar 7,5 MMm3/d de gas, pero en invierno esa cifra trepa a por lo menos 12 MMm3/d.
Con la escalada de precios del GNL en el mundo (u$s25 por MmBTU), el Gobierno busca aprovisionarse de gas boliviano a menor costo. En la quitan adenda se acordó para el 2021 u$s5,10 en invierno y u$s4,82 el resto del año. Sin embargo, desde el país vecino ya avisaron que la oferta inicial de u$s5 por millón de BTU promedio ya no va más. Ahora, tras el nuevo descubrimiento se habla de alrededor de u$s7,5.
Cómo es el megacampo de gas natural
El campo Margarita (en Tarija) y Huacaya (Chuquisaca) forma parte de uno de los principales reservorios de gas de Bolivia, donde operan Repsol y otras empresas extranjeras bajo concesiones del Estado boliviano, a través de YPFB.
"Iniciamos el año pasado una exploración en el pozo Margarita Huacaya (...), nos está dando buenos resultados, hermanos, estamos encontrando reservas de gas en este pozo que explorábamos en nuestra gestión en el orden de 300 a 350 billones de pies cúbicos", indicó Luis Arce en la ciudad andina de Oruro.
La petrolera estatal boliviana YPFB dijo en un comunicado que "la producción de este pozo generará ingresos al Estado de más de 260 millones de dólares/año".
"YPFB y Repsol hacen sus mayores esfuerzos para poner a disposición de los mercados esta producción en el menor tiempo posible", dijo el presidente de la compañía boliviana, Armin Dorgathen.
Por años los hidrocarburos fueron el principal sector exportador de Bolivia, pero en el último tiempo fue superado por la minería (oro y zinc mayormente). En 2021, las exportaciones de Bolivia sumaron u$s10.936 millones, 59% más que el año anterior. De esta suma, u$s2.343 millones corresponden a hidrocarburos y u$s5.880 millones a minerales, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior.
 
 
 
 
 
MAR PARA BOLIVIA
 
“Bolivia consideró perdida la guerra y se retiró del conflicto, pero la acusación de que abandonó al Perú es discutible, y la de que lo traicionó, no se sostiene”.
 
El Comercio de Perú (https://bit.ly/3LgPyQC)
 
La propuesta del presidente Pedro Castillo para que el Perú facilite una salida al mar a Bolivia despertó un cúmulo de reacciones entre las que han primado la oposición y la crítica. Entre los argumentos para rechazar algún tipo de concesión del Perú en ese sentido, se esgrimieron las tesis de que nuestro país no tiene ninguna responsabilidad de que Bolivia haya perdido el litoral con el que nació a la vida independiente y que, en la Guerra del Pacífico, en la que los peruanos nos habríamos involucrado por defender al país altiplánico, fuimos abandonados y hasta traicionados por ellos.
¿Quién arrastró a quién al desdichado conflicto? ¿Bolivia al Perú o al revés? El detonante de la guerra fue el impuesto de los diez centavos por la exportación de cada quintal de salitre de su territorio que en 1878 decretó el gobierno del presidente boliviano Hilarión Daza. Este impuesto fue resistido por las empresas, principalmente chilenas, que explotaban las salitreras en Antofagasta, que argumentaron que el impuesto violaba el acuerdo de estabilidad tributaria que Bolivia y Chile habían acordado unos años atrás. El Gobierno Chileno respaldó la resistencia de las empresas al impuesto. La amenaza de su expropiación, por parte del gobierno de Daza, fue contestada por Chile con la invasión del litoral boliviano.
El Perú había firmado un tratado de alianza defensiva con Bolivia en 1873, que fue lo que probablemente envalentonó al gobierno de Daza para instaurar el tributo. Como herencia de la prosperidad del guano, el desbalance de fuerzas militares entre el Perú y Bolivia era en el momento del tratado tan grande (por ejemplo, el Perú tenía cuatro barcos blindados por ninguno de Bolivia) que, en la práctica, el acuerdo significaba que el Perú se comprometía a la defensa militar de nuestros vecinos del otro lado del Titicaca. La pregunta que cabe hacerse es: ¿a cambio de qué?
Para responder a esa pregunta habría que escarbar fino en la política salitrera del gobierno de Manuel Pardo, ya que es probable que el pago boliviano tuvo que ver con facilidades que se brindarían para que la Compañía Nacional de Salitres del Perú pasase a controlar las salitreras bolivianas, reemplazando a las empresas chilenas.
En la fase naval de la guerra nuestro aliado no pudo aportar fuerzas, pero cuando empezó la campaña terrestre las tropas bolivianas se trasladaron al suelo peruano para hacer frente al enemigo. Estuvieron presentes en las batallas de la campaña del sur, como en Pisagua, San Francisco y Alto de la Alianza, y muchos entregaron la vida peleando en una tierra extranjera. El historiador Carlos Dellepiani ofrece el dato, por ejemplo, de que en San Francisco el ejército aliado estuvo compuesto por 4.103 soldados peruanos y 3.404 bolivianos. En Alto de la Alianza, la última gran batalla del sur, el ejército aliado estuvo incluso comandado por el presidente boliviano Narciso Campero.
Desde el Gobierno Chileno hubo persistentes intentos para sacar a Bolivia de la guerra. El presidente Santa María le propuso a Daza retirarse o pasarse al lado chileno, ofreciéndole la entrega de Tacna y Arica una vez que hubiesen sido arrebatadas al Perú. Pero Daza tuvo la honestidad de entregarle personalmente esta carta al presidente peruano Mariano Ignacio Prado. Los intentos del Gobierno Chileno continuaron tras la caída de Daza del Gobierno Boliviano, siendo resistidos por este, que se mantuvo leal al Perú.
Es cierto que, del lado boliviano, ocurrió el hecho indecoroso de la retirada de Camarones, en el que un ejército de 3.000 hombres comandado por el propio presidente Daza dio media vuelta en su traslado por el desierto a Tarapacá y no se presentó en el campo de batalla. Daza lo justificó por una rebelión de los soldados, que se negaron a marchar. Lo cierto es que no tuvo el liderazgo para cumplir con su deber en medio de una campaña contra el enemigo. Después de la derrota en Alto de la Alianza, Bolivia consideró perdida la guerra y se retiró del conflicto, pero la acusación de que abandonó al Perú es discutible, y la de que lo traicionó, no se sostiene.
La historia suele ser más trágica que justa. En la guerra del salitre el país que quizás tuvo el menor protagonismo resultó siendo el más perjudicado. El Perú perdió su territorio salitrero, un pedazo de oro que era la fuente de nuestra pasada corrupción, como lo calificó el general Iglesias, pero Bolivia perdió la costa que podía vincularla al comercio mundial. Ello quedó consolidado en un tratado que Bolivia acordó con Chile, sin ninguna participación peruana, dos décadas después de la guerra. Por lo que es a ambos países a quienes corresponde dar con una solución que ponga fin a la mediterraneidad boliviana. La posición de la diplomacia peruana, que debería mantenerse, ha sido la de que, sin sacrificar los intereses nacionales, nuestro país no será un obstáculo para que Bolivia pueda recuperar una salida al mar.
 
 
 
 
 
EL PLAN DE LIMPIEZA ÉTNICA DE LA DICTADURA
 
1977. Un tren sale desde Retiro hacia Bolivia con un fin bien promocionado. No era un tren más, pero sí rigurosamente vigilado, igual que en la célebre película checa de Jiri Menzel.
 
Diario Panorama de Argentina (https://bit.ly/3Jg4nRJ)
 
La dictadura de Videla difundió su partida como si sus pasajeros salieran en viaje de egresados. Para el régimen cívico-militar eran una carga molesta, erradicable, inmigrantes bolivianos que habían sido desalojados de las villas miseria que habitaban. Se cumplen 45 años de esa operación de limpieza étnica que tuvo la complicidad de Hugo Banzer, el general que gobernaba el país vecino desde 1971 tras un golpe de Estado. El diario La Opinión señalaba que el ferrocarril Belgrano llevaba 283 viajeros y a sus respectivas familias. Hoy se entiende un poco más por qué aquel presidente de facto fue el único mandatario extranjero presente en la final del Mundial ’78 jugada al año siguiente. El 28 de octubre de 1976, los dos dictadores se habían puesto de acuerdo en La Paz para ver cómo podría funcionar ese plan que Guillermo Del Cioppo, el intendente porteño, definiría con cinismo: “Hay que hacer un trabajo efectivo para mejorar el hábitat, las condiciones de salubridad e higiene. Concretamente: vivir en Buenos Aires no es para cualquiera sino para el que la merezca”.
Eran tiempos del Plan Cóndor, en cuyo marco fluían los intercambios de detenidos-desaparecidos entre los regímenes militares del Cono Sur. El noticiero cinematográfico Sucesos Argentinos, que llevaba un equipo de trabajo en el tren, documentó el traslado hacia Bolivia.
La versión edulcorada de la voz en off sobre el viaje disfraza su verdadero motivo: “Necesidades de reordenamiento edilicio determinaron un amistoso acuerdo entre la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires y el consulado general de la República de Bolivia, que determinó el feliz retorno de varios contingentes de diferentes ciudadanos bolivianos a distintas localidades de su patria... Decir adiós a los amigos siempre es difícil, pero cuando el camino lleva como destino final el reencuentro con la tierra que los vio nacer, se hace menos doloroso”.
El dictador Banzer acompañó con palabras almibaradas la bienvenida al contingente: “Hermanos bolivianos, hoy más que nunca, la patria que los vio nacer se siente feliz y alborozada al recibir en su regazo a sus hijos que por la fuerza de la circunstancias del pasado se vieron en la necesidad de buscar horizontes de realización más allá de nuestra frontera. Esta gente retorna a su tierra para aplicar los conocimientos adquiridos en la República Argentina”. El tren se detuvo en Sucre, Oruro y Cochabamba antes de llegar a La Paz. Sus vagones de carga llevaban carteles con los nombres de las ciudades para identificar las pertenencias de los viajeros.
En un trabajo titulado “Política migratoria y erradicación de villas de la Ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura militar: la expulsión de migrantes de países limítrofes”, publicado en 2017, la doctora en Antropología María Cristina Cravino sostiene que los ciudadanos bolivianos fueron obligados a renunciar a su “residencia transitoria o permanente” y tuvieron que firmar una carta compromiso por la cual expresaban que no regresarían a la Argentina antes del 23 de septiembre de 1979. Aun cuando entre los viajeros había más de cien niños nacidos en nuestro país y con edades que iban desde los cinco meses a los 14 años.
Por este plan maestro de desplazamiento forzado, el prefecto de Cochabamba anunció que sería condecorado Del Cioppo con la Orden del Cóndor de Los Andes en el grado de comendador. Los medios públicos y privados nacionales le concedieron bastante despliegue al traslado. Sucesos Argentinos informó que “asistentes sociales velaron en todo momento por la atención del contingente, especialmente ancianos, niños, alimentos, asistencia médico social y una sonrisa permanente que hicieron del hasta luego a los destinatarios de un feliz retorno”. Citado por la prensa, el cónsul boliviano en Buenos Aires, Néstor Calderón Sagarnaga, declaró: “no hubo presiones ni de la municipalidad ni de mi gobierno. Todo se hizo con el mutuo acuerdo de las familias que quisieron retornar”.
Esa situación declamada oficialmente no se compadece con documentos de la época que hoy circulan en Bolivia. Funcionarios y técnicos argentinos que viajaron para supervisar el operativo le informaron por carta al embajador en La Paz de la dictadura, brigadier mayor retirado Aly Luis Ipres Corbat, que el convoy había sido saboteado durante el traslado. Dos militares que iban en el tren y que en la nota aparecen mencionados como coronel González y teniente coronel Braco acreditaron los hechos. Ambos pertenecían al staff uniformado de la Municipalidad porteña.
Según esas fuentes, al vagón especial que cerraba la formación y donde viajaba la comitiva argentina, se lo intentó separar del resto en dos oportunidades, se cortó el aire acondicionado y también faltó el agua en el trayecto entre Oruro y Cochabamba. Dijeron también que el tren fue apedreado a la salida de la primera ciudad “por exaltados bolivianos que injuriaron al pasaje...”
Corbat pidió su traslado a la Cancillería en enero de 1980 y el 14 de marzo de ese año renunció a su condición de embajador extraordinario y plenipotenciario. En 1976 había integrado la comitiva que recibió a Videla en La Paz para el encuentro con Banzer. Empezaba así el operativo de expulsión que la investigadora Cravino describió en su trabajo de la revista Clepsidra. Basado en fuentes como el informe de la Comisión Municipal de la Vivienda publicado en 1980 (también conocido como Libro azul o Libro azul de Cacciatore, por el color de su tapa), aporta datos minuciosos de los migrantes deportados.
En uno de sus cuadros indica un total de 1.326 familias regresadas. Unas 512 de ese total lo hicieron a Bolivia. El resto, en traslados semejantes, fueron familias paraguayas que volvieron a su país, de lo que se desprende que también hubo connivencia del régimen de Alfredo Stroessner. El dictador que gobernó entre 1954 y 1989 batiendo el récord de permanencia en el poder en Sudamérica.
Los bolivianos y paraguayos desarraigados en esos traslados masivos hacia las fronteras dejaron atrás humildes viviendas que habían empezado a pagar en cuotas. Eran vecinos de las villas 1-11-14, 3, 31, 20, 6, 19, 8, 15, 21-24, NHT Cruz, Avenida del Trabajo, Zavaleta, Crovara y San Petesburgo, las dos últimas ubicadas en el Municipio de La Matanza.
El periodista Eduardo Blaustein escribió el libro Prohibido vivir aquí donde aporta datos concluyentes de esas purgas cometidas por la dictadura genocida. Para el golpe del 24 de marzo del ’76 el país tenía 225 mil personas viviendo en villas o asentamientos. En poco más de un año esa cifra bajó a 115 mil --ya con el Mundial ’78 terminado-- y a fines de 1979 la población de esos barrios se redujo a 51.845. Al año siguiente quedaban nada más que 40.553 habitantes. Un número indeterminado de los expulsados eran familiares argentinos de aquellos bolivianos y paraguayos deportados.
 
 
 
 
 
UAZ FIRMARÁ CONVENIO CON LA EMBAJADA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
 
NTR Zacatecas de México (https://bit.ly/3B6vrzJ)
 
El rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Rubén de Jesús Ibarra Reyes, desde el inicio de su administración ha instruido a sus colaboradores para trabajar en un eje primordial que es la vinculación social, por lo que se busca la generación de estrategias que permitan el desarrollo social, económico y sustentable. En virtud de ello, el próximo 09 de febrero se llevará a cabo la firma del acuerdo de colaboración con la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo que se recibirá la visita del embajador, José Vladimir Crespo Fernández.
Se pretende la creación de acciones que permitan el desarrollo alternativo, en el cual los pueblos retomen el control de la riqueza natural que poseen, siendo generadores de desarrollo humano y sustentables en sus procesos industriales, por lo que se comenzará a trabajar con la colaboración conjunta y en la búsqueda del aprovechamiento del litio y otras sales de interés energético.
El director de la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública (UADGP), Marco Antonio Torres Inguanzo, explicó que se trabajará en un modelo sustentable de aprovechamiento en donde se tome en consideración los procesos técnicos, los cuerpos normativos de carácter jurídico, los esquemas económicos y la estructura social, siendo estos los objetivos de cooperación entre la Embajada de Bolivia y la institución.
Esta vinculación considera tres ejes o proyectos de trabajo conjunto como lo son:
● La Especialidad en aprovechamiento del litio y sales de interés energético, en la integralidad de sus determinantes: técnicos, sociales, jurídicos y económicos. Y cuya integración, implicará un programa de formación de personal y agenda de investigación sobre el tema.
● Seminario internacional sobre desarrollo alternativo y rutas a un modelo de acumulación postcapitalista para América Latina.
● Curso académico sobre gestión del cambio e innovación social, junto a un programa de puesta en marcha de experiencias concretas de innovación social que tengan el carácter demostrativo, para promover la transferencia de metodologías a gobiernos y sociedad civil en la gestión de cambios sociales.
“Nos daremos a la tarea de buscar modelos de acumulación que provoca la explotación de nuestros territorios, desigualdad y empobrecimiento social, a un modelo que armonice el progreso económico con la justicia social y la protección ambiental. Pretendemos unir esfuerzos para organizar un seminario latinoamericano sobre desarrollo alternativo que aporte caminos y rutas a los gobiernos del continente para que orienten sus políticas públicas hacia dos esferas conjuntas, la justicia y la efectividad, es decir, un gobierno sin proyecto está en manos de los poderes fácticos y un gobierno sin resultados, es estéril”, enfatizó el académico universitario.
Por último, hay una tercera búsqueda que anima la colaboración entre la Embajada de Bolivia y la UAZ, que es “la formación de personas en la gestión de la innovación y el cambio social, además de la investigación de metodologías y rutas para que la innovación social efectivamente ocurra en nuestros pueblos”, dijo.
Por su parte, el docente Efraín Arteaga Domínguez, habló de la importancia de contar con un equipo multidisciplinario que permita la innovación y la gestión social para lograr los cambios que se requieren en la población e implementación de políticas públicas que favorezcan el desarrollo de la entidad zacatecana.
Destacó que es necesario trabajar en proyectos que brinden un mejor futuro a los países, considerando el cuidado de sus recursos y la explotación adecuada de los mismos, para no dañar ecosistemas que pongan en peligro el desarrollo social.
En su oportunidad, el investigador de la Unidad Académica de Ciencias Químicas (UACQ), Manuel Macias Patiño, señaló que desde el año de 1984 ha dedicado parte de sus estudios a la investigación del litio, demostrando que Zacatecas, cuenta con una gran extensión territorial aproximada de 60 mil hectáreas que lo contienen.
La mayor parte de esta extensión forma parte de terrenos ejidales, por lo que se requiere de un equipo multidisciplinario que funjan como especialistas en el tema, así como facilitadores y gestores que propicien el trabajo en pro de la población zacatecana, mismo que sería la explotación del suelo por parte de los dueños de los terrenos y no por empresas extranjeras.
“Requerimos trabajar en conjunto, fortalecer el intercambio de conocimientos, lograr proyectos comunes y generar gestiones sociales ambientales, Zacatecas cuenta con un importante territorio en donde hemos localizado litio, ahora con la Reforma Energética se puede explotar el territorio y trabajar por parte de los mexicanos, esto favorecerá a la población, se requiere que los dueños del recurso tengan ganancias por ello”, subrayó.
Asimismo, dio a conocer que actualmente se trabaja desde los laboratorios de la UAZ con pruebas que permitan la creación de baterías de litio permanentes que no tengan una caducidad de uso, ya que la recuperación del litio una vez usado en recursos materiales se vuelve complicado y por ende su reciclaje, ha afectado esta situación en gran medida al medio ambiente, actualmente existen un número importante de baterías desechadas sin un trato adecuado y que solo dañan al medio en que vivimos.
“Al comprar un celular, por ejemplo, no pagamos por hacer uso del reciclaje de baterías y esto es sumamente caro, se requiere de una importante inversión, por lo general esto no lo conocemos al momento de adquirir equipos que contengan baterías de litio y deberíamos ser conscientes de ello”, detalló el investigador.
En ese entendido, se busca que la firma de este convenio beneficie directamente a la entidad zacatecana, pero también lograr un intercambio de conocimientos entre naciones que permitan el desarrollo social sustentable y la generación de políticas públicas en pro de los pueblos y sus habitantes.
La signatura del convenio en mención se efectuará este miércoles en punto de las 12 del mediodía en el foyer del Teatro Fernando Calderón, con presencia controlada por disposición de las autoridades de salud, por lo que la transmisión se podrá seguir a través de las diferentes redes sociales oficiales de la UAZ.
 
 
 
 
 
OSCAR LABORDE PRESENTA SU DOCUMENTAL LA VUELTA DE EVO Y CUENTA CÓMO SE REALIZÓ
 
El film busca dejar contancia de lo ocurrido a través de imágenes inéditas de la prensa local  y extranjera, sumado al relato en primera persona del ex presidente boliviano, Evo Morales.
 
Revista Gente de Argentina (https://bit.ly/3gtHVYO)
 
Este 7 de febrero se llevará adelante el estreno mundial La vuelta de Evo, un documental producido por Oscar Laborde, diputado del Parlasur y ex intendente de Avellaneda. El mismo relata el momento en el que el ex presidente Evo Morales de Bolivia, tuvo que abandonar el país tras el golpe de estado instaurado por la oposición a su partido y las fuerzas armadas.
En exclusiva con Gente, Oscar Laborde, habló sobre la experiencia de crear este documental en el que Evo Morales fue entrevistado personalmente y relata los acontecimientos que vivió, con miedo, dolor de tener que exiliarse de su país y agradecido por la ayuda que brindaron países Latinoamericanos como Argentina, México y Paraguay.
-El documental posee un registro de múltiples momentos duros para Evo Morales como fue tener que pasar las primeras horas de su exilio en la selva o viajar a México sin saber si algún día podría regresar. ¿Cuál es para usted la parte más significativa?
-Para mí el final. Cuando llega a Chimoré a mi me parece que es un poco el símbolo de toda su lucha. Un año antes, entre el 10 y 11 de noviembre, cuando se produce el golpe él decide salvar su vida para salvar un proyecto. Se vá. Y justo un año después regresa a Chimoré con un millón de personas esperándolo. Ese es el broche de oro. Pensar que después del golpe, después de la incertidumbre de irse del país sin saber si iba a volver, regresó y con un gran recibimiento.
-¿Cuánto influyeron los medios de comunicación tanto extranjeros como locales en la desestabilización?
-Me parece que hubo un disimulo de los medios de comunicación extranjeros de que eso fue un golpe de estado. Pretendieron presentarlo como que fue una asunción presidencial, cuando en realidad Janina Áñez Chávez no era la presidenta formal del Senado y no tenía la continuidad constitucional para ser presidenta. Se hizo hincapié en que él renunció, después de que lo pidieron las fuerzas armadas, después de que se amenazara de muerte a sus ministros y ahí quedó esa idea de renuncia. Creo que una parte de la prensa internacional disimuló que había sido un golpe de estado.
-En recientes declaraciones Evo Morales denominó lo que le ocurrió el ‘Plan Cóndor del SXXI’ ¿Usted también lo considera así?
-A mí me parece que el Plan Cóndor tuvo otra característica.Uno tiene siempre la  sensación de asociar o ejemplificar con cosas conocidas. Pero para mí en realidad había un plan de la derecha de poder cargarse a los gobiernos populares electos pero que tiene unas características diferentes al Plan Cóndor. Esa es mi opinión y respeto la de Evo Morales.
- ¿Qué opinión le merece a aquellos que continúan afirmando que no fue un golpe de estado?
-Eso quedó muy ridiculizado. Los necios o hipócritas que dicen que no fue un golpe de estado quedaron en el pasado. Hay varios apresados por la Justicia boliviana, como el jefe del Ejército, la presidenta de facto. Creo que el documental también ayuda a plasmar que fue un golpe de estado con todas las reglas. Desconocimiento de las elecciones, el pedido de la OEA que continúa siendo investigado, el pedido de renuncia por parte de la máxima autoridad del Ejército como así también de la policía. Todo eso refleja el documental y es difícil simular que eso no fue un golpe de estado.
Un año después además se prueba con la votación que  no solamente que no hubo fraude sino que  la candidatura de Lucho Arce saca un 20% más que su contrincante, demostrando aún más aceptación.
-¿Cuán importante cree que fue la llegada de Alberto Fernández al gobierno para que Evo Morales pudiera recibir ayuda y solucionar la situación del pueblo boliviano?
-Creo que lo que hizo en aquel momento, el presidente electo, Alberto Fernández, y el presidente de México, fue clave para salvar la vida y el proceso democratico posterior. Hay que elogiar también al presidente Abdo Benitez, que si bien es un presidente que no comulga el mismo código moral con Alberto Fernández, tuvo una predicción estadística con el partido colorado, facilitando la salida de Evo Morales. Creo que hay que remarcarlo porque sino pareciera que solo los presidentes afines lo ayudaron.
 
 
 
 
 
ARRANCA EL PROGRAMA PILOTO DE CRIBADO DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN FARMACIAS DE CUATRO MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA
 
Murcia Actualidad de España (https://bit.ly/3HBXs4O)
 
Arranca el programa piloto de cribado de la enfermedad de Chagas en farmacias de cuatro municipios de la Región de Murcia
Está dirigido a niñas y mujeres de origen boliviano en edad fértil y tiene como objetivo evitar la transmisión congénita de la enfermedad
El programa piloto de cribado de la enfermedad de Chagas que cuenta con la participación de seis farmacias de los municipios de Murcia, Lorca, Totana y Yecla ya ha comenzado.
Las farmacias disponen ya de los kits para realizar la prueba de cribado que se ofrecerá a niñas y mujeres de origen boliviano en edad fértil. Los resultados positivos se comunicarán a la Unidad de Medicina Tropical del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.
Los farmacéuticos adheridos al programa han participado en un taller de formación teórico -práctico impartido junto al equipo profesional de la Unidad de Medicina Tropical. Asimismo, las farmacias han sido seleccionadas por su ubicación en zonas con mayor presencia de población procedente de Bolivia.
Este programa de cribado de la enfermedad de Chagas es fruto de un convenio de colaboración entre el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia y la consejería de Salud.
La presidenta del COFRM, Paula Payá, destaca “la implicación del farmacéutico en el control de esta enfermedad tropical en la que Murcia es referente mundial” y añade que “la información es clave para detectarla y prevenirla”.
Asimismo, Paula Payá remarca que gracias a este programa “vamos a contribuir a que la región continúe siendo la primera en el mundo en acabar con la transmisión congénita de la enfermedad de Chagas”.
 
 
 
 
 
DE LA PROHIBICIÓN A LA PROMOCIÓN: LAS CRIPTOMONEDAS, ENTRE EL AMOR Y EL ODIO
 
Mientras El Salvador le dio curso legal a la más antigua de estas monedas digitales —el bitcoin—, Bolivia las prohibió en todas sus modalidades y otras naciones evalúan seguir sus pasos por su volatilidad y falta de transparencia. Sputnik dialogó sobre el tema con el economista boliviano Gabriel Espinoza.
 
Sputnik News de Rusia (https://bit.ly/3HAd4pf)
 
Lo más novedoso de estos activos digitales, cuya existencia se basa en una tecnología criptográfica, es que no cuentan con una institución financiera que los respalde.
En cambio, en la mayoría de los casos un protocolo sostiene las normas bajo las que se rigen las monedas. Entre ellas los límites a su emisión, lo que las hace deflacionarias y menos vulnerables que las monedas corrientes.
"Una de las principales condiciones, principalmente del bitcoin, es que la cantidad de monedas que se va a emitir es fija. Eso evita una 'súper emisión' como la que hemos visto en los Bancos Centrales cuando los gobiernos necesitan financiamiento y crean monedas sin ningún tipo de respaldo. Esto deteriora el valor del activo y lleva a la inflación y a la pérdida de poder adquisitivo", explicó a Sputnik el economista Gabriel Espinoza.
De acuerdo con el tipo de Gobierno de cada país, su historia económica, la fortaleza de su moneda nacional o la concepción del rol del Estado en la economía, esta falta de autoridad central y de imposibilidad de emisión es vista como una ventaja o un problema. Un ejemplo de ello es la diferencia con la que el bitcoin es tratado por distintas naciones.
El Salvador, carente de moneda propia y con el Gobierno de Nayib Bukele cuya idea de la economía pasa por un liberalismo de poca intervención estatal, aprovechó la facilidad con que es posible apropiarse del bitcoin y lo nombró moneda oficial del país, completando una canasta de medios de pago que comparte con el dólar.
En cambio, Bolivia, con un presidente de izquierda como Luis Arce, cuya experiencia como economista nutre una visión en la que el Estado tiene un rol central, lo ve de forma opuesta.
En su concepción, la política monetaria tiene lugar para asegurar la disminución de la desigualdad, la solidez del tipo de cambio o el cuidado del déficit fiscal. Por esto, el pasado mes de enero, su Ejecutivo prohibió su uso en el territorio.
"Vemos que China está pensando prohibirlas, Rusia también las tiene bajo estudio. No hay una autorización de hecho porque ningún Gobierno en una economía desarrollada, o en una economía pequeña, tiene la capacidad de prohibir o evitar las transacciones, sino desincentivarlas", agregó Espinoza, también exmiembro del directorio del Banco Central de Bolivia entre 2019 y 2020.
 
 
 
 
 
EL MACABRO CASO DEL FEMICIDA RICHARD CHOQUE, QUE VIOLÓ A 77 MUJERES, IMPACTA A BOLIVIA
 
Las buscaba en redes sociales, se hacía pasar por policía, y las extorsionaba a cambio de sexo o dinero. Finalmente fue detenido y en su casa de El Alto fueron hallados los cuerpos de dos niñas de 15 y 17 años. Un diputado adepto a Evo Morales reclamó la pena de muerte.
 
Diario Perfil de Argentina (https://bit.ly/3J5OTPY)
 
El macabro caso de Richard Choque, un violador serial de 32 años que atacó al menos a 77 mujeres y asesinó al menos tres mujeres y un hombre, conmociona estos días a Bolivia.
Richard Choque Flores fue detenido por primera vez en 2013, por los delitos violación, tortura y asesinato de Blanca Rubí Limachi, una joven de 20 años cuyo cuerpo enterró en una casa de San Martín, en la ciudad de El Alto, cerca de La Paz.
Por entonces, el joven ya acumulaba una sentencia y casi veinte denuncias, pero había logrado eludir la presión.
En noviembre de 2015, fue condenado a 30 años de prisión, máxima pena en su país, por secuestro y asesinato de una mujer de 20 años, pero un juez le permitió la detención domiciliaria por, supuestamente, padecer una enfermedad terminal que constaba en un certificado médico falso.
Nueve años después, fue recapturado el 24 de enero de 2022 luego de que una mujer de 43 años a la que había violado pudo denunciarlo.
Tras su detención, se comprobó que Choque buscaba a sus víctimas mediante Facebook, se hacía pasar por "policía de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen" y ofrecía empleo a las jovencitas como trabajadores sexuales.
Mediante este método, logró que aproximadamente 77 mujeres cayeran en su trampa. "Amigas que quieran ingresos diarios en sus ratos libres, 'buenos ingresos' escriban al privado ojo se paga por hora, diario o semanal. Escríbeme", proponía el hombre en las redes sociales.
A la mayoría de sus víctimas, Choque las incitaba a grabar videos "confesando" que se les encontró droga "plantada" por él mismo y las violaba o las extorsionaba con dinero.
Una joven de 19, de la ciudad de Cochabamba, reconoció a Choque como el hombre que la había violado siendo menor al verlo en televisión: "Era la misma voz; ‘es la misma voz que me decía’; la misma cara. Esta es la misma persona que a mí me ha hecho (…); es la misma persona", relató.
"Trastorno antisocial" y "psicópata sexual"
Richard Choque, calificado por los fiscales como un "psicópata sexual", fue acusado por delitos como trata de personas, proxenetismo, pornografía, extorsión y portación ilegal de arma de fuego.
Con la intención de determinar cuántos crímenes pudo haber cometido el hombre en su vida, los fiscales autorizaron la demolición de la vivienda que Choque compartía con su madre y su hermana en el barrio Ballivián de la ciudad de El Alto.
Allí, la policía encontró una fosa con los cuerpos de dos mujeres: una fue identificada bajo el nombre de Lucy, de 17 años, reportada como desaparecida el martes 18 de mayo de 2021. La familia recibió mensajes de texto en los que Choque pedía 70 mil dólares para liberarla.
"No me recuerdo, estaba borracho", dijo Choque al ser interrogado.
El segundo cuerpo fue identificado como Iris, de 15 años, desaparecida el 27 de agosto de 2021 y por la cual su asesino pidió 80 mil dólares.
"El imputado reconoció que participó en estos lamentables hechos que investiga la Fiscalía y cómo habría quitado la vida a las adolescentes, esos datos fueron procesados al cuaderno de investigaciones", dijo el fiscal Edwin Sarmiento.
Por esta razón, la policía boliviana presume que pueda haber más cuerpos ocultos en el lugar. "El tenebroso caso continúa en investigación para ver si existen más víctimas por parte de este sujeto. En algunos casos, él lograba enamorar a sus víctimas para seguir captando a más mujeres", manifestó el ministro de Gobierno.
El pasado 2 de febrero se halló el cuerpo de Fidel Lecón Choque, quien desapareció en agosto de 2011, cuando tenía 18 años, y fue asesinado por su primo Richard y enterrado en el mismo lugar donde había escondido el cadáver de Blanca Rubí Limachi.
El comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, dijo que Richard envenenó a su primo y luego incineró su cuerpo con la intención de esconder el crimen cometido presuntamente por “envidia” y para evitar que se descubra la estafa. Su muerte fue "extremadamente violenta", según .
Jhonny Aguilera, comandante general de la Policía de Bolivia, explicó que Richard "padece un trastorno antisocial de la personalidad, rasgos nucleares de conducta criminal de sicópata (pobreza afectiva, agresividad y ausencia de culpa)".
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, Rolando Rojas, señaló también que por las características de los crímenes, Richard Choque Flores debe ser identificado como "psicópata sexual" y "asesino serial".
"El asesino serial se caracteriza, de acuerdo a las catalogaciones y definiciones criminológicas, por cometer más de tres asesinatos y entre estos son la existencia de un periodo de pausa, de enfriamiento, que es cuando vemos esta caracterización de esta persona", explicó.
Pena de muerte: "Richard Choque no debería vivir más"
La clase política boliviana reaccionó con dureza para exigir un castigo ejemplar al múltiple femicida y violador.
El diputado Héctor Arce Rodríguez, del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), se manifestó a favor de considerar la pena de muerte para casos como el del asesino y violador serial.
"Esta gente que mata, que viola sin piedad no debería vivir más. Richard Choque no debería vivir más. Para este tipo de personas deberíamos tener la pena de muerte", dijo el diputado.
El legislador fue un paso más y propuso que "se debería ejecutar a este tipo de personas".
La pena capital era legal en Bolivia hasta que el 27 de enero de 1997 la ejecución de condenados fue derogada "en tiempos de paz". Recién en 2013 la abolición de la pena de muerte sería definitiva en cualquier circunstancia.
 
 
 
 
 
CANCELA DICE QUE NO SE PUEDE COMBATIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO SIN PRESUPUESTO
 
Infobae de Argentina (https://bit.ly/3guMOAP)
 
El compromiso público es vital para combatir la violencia de género y todas sus manifestaciones y debe estar acompañado por un respaldo presupuestario para ser efectivo, manifestó la secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, Pilar Cancela, en una entrevista con Efe en Bolivia.
Una lucha "denodada e incesante" contra la violencia hacia niñas y mujeres debe partir de un compromiso "desde lo público" para dejar de considerar que este problema corresponde sólo "al ámbito interno de los hogares" y se lo convierta "en una cuestión pública", consideró Cancela.
"Desde el primer momento en que se hace ese análisis, las instituciones públicas tienen la obligación de poner encima de la mesa todas las políticas con carácter transversal e integral para que eso sea efectivo. No es fácil y tampoco se consigue sin apuesta presupuestaria y respaldo presupuestario de esas políticas", sostuvo. La sensibilización y educación son importantes en esta tarea, pues son "visiones que la sociedad tiene muy arraigadas y que se conviven con normalidad, cuando debería ser algo absolutamente excepcional porque estamos hablando de una vulneración de derechos humanos", manifestó.
El siguiente paso es desarrollar políticas de prevención para evitar que estos sucesos continúen y una vez que las mujeres "se atreven a dar el paso y denunciar, hay que darles cobertura para que tengan salidas ellas y sus hijos y puedan escapar de ese círculo nefasto y tan doloroso de la violencia", indicó. "Eso no es fácil, el miedo las atenaza, hay que acompañarles desde el primer momento para que tengan la capacidad de reaccionar y seguir adelante.
Pero si no existe esa cobertura por parte del sistema y de las políticas públicas va a ser muy difícil", insistió Cancela. A su juicio, para que haya resultados óptimos, la implicación de las instituciones públicas desde el Gobierno central, regiones y municipios, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y la sociedad civil "tiene que ser una suma" con una política integral.
TRADICIÓN DE COOPERACIÓN
La igualdad de género y la lucha contra la violencia hacia las mujeres es uno de los ejes transversales de la Cooperación Española en países como Bolivia, a donde Cancela llegó dentro de una gira que le llevó primero por Colombia. La visita busca "poner en valor el trabajo ingente de la Cooperación Española que es tremendamente sólido, enriquecedor y además está muy arraigado" y va en línea con los objetivos que tiene Bolivia, explicó.
Esta cooperación de casi 40 años tiene entre sus principales fortalezas que la característica de ser "consensuada y dialogada", destacó la representante española. Las líneas de trabajo que se acuerdan con las autoridades locales se plasman en un Marco de Asociación País (MAP) que además se caracteriza por su capacidad de permeabilidad y adaptación a distintas circunstancias y necesidades sobre la marcha, como ha ocurrido con la pandemia de la covid-19.
En este caso, destacó que Bolivia ha sido "uno de los países prioritarios" para el mecanismo de canalización de donaciones de vacunas con el que trabajan España, la Unión Europea (UE) y Naciones Unidas. "Estamos hablando de 2,5 millones de vacunas que España ha donado ya a Bolivia a través de este sistema", lo que le sitúa como segundo donante de estos fármacos al país sudamericano después de EE.UU., remarcó.
Lo que refleja "las relaciones óptimas entre los dos países", pero además "unos lazos de afecto, de pasado común, de historia común" y es otra manifestación "del acompañamiento empático de la Cooperación Española con un país al que consideramos hermano", indicó.
UN NUEVO ACUERDO
El MAP para el periodo 2018-2021 incluyó líneas de actuación en programas de agua y saneamiento, salud, educación, cuestiones de género, gobernabilidad, patrimonio y cultura para el desarrollo y ayuda humanitaria. Algo que también diferencia a la Cooperación Española es la acción descentralizada que desarrollan los ayundamientos, comunidades autónomas y ONG junto a instituciones como la Oficina Técnica de Cooperación o los centros culturales y de formación, resaltó Cancela.
La representante destacó que la previsión inicial del MAP que acaba de concluir era un compromiso de 100 millones de euros, pero "al final de su ejecución se alcanzaron los 170 millones". Actualmente se iniciaron los primeros contactos para negociar un nuevo marco de asociación para el periodo 2022-2025 con una previsión inicial de 200 millones de euros, aunque "previsiblemente la cifra final también sea mayor", dijo. Según Cancela, es probable que se continúe profundizando en los ámbitos incluidos en el anterior documento teniendo en cuenta los derechos de los pueblos indígenas y el cambio climático, que son los otros dos ejes transversales en la Cooperación Española junto a la igualdad de género.
También hay un compromiso español de acompañamiento a la anhelada reforma de la Justicia boliviana, que está en la mira desde hace años. La visita de Cancela a Bolivia incluye reuniones con autoridades nacionales y subnacionales, cooperantes internacionales, ONG españolas y sus contrapartes bolivianas. También prevé visitas a algunos proyectos financiados por la Cooperación Española, como un albergue municipal para víctimas de violencia machista en La Paz o la escuela de restauración del patrimonio en las misiones jesuiíticas en la zona oriental de la Chiquitania.
 
 
 
 
 
BOLIVIA BIEN POSICIONADA PARA EL SECTOR INMOBILIARIO
 
 
 
Ariel Champanier es el CEO de RE/MAX Premium de Argentina y un reconocido speaker. Recientemente estuvo en el país para compartir sus conocimientos en el evento “Kick off” de RE/MAX Bolivia, que reunió a brokers a escala nacional y agentes Top 100 de la región. A ellos le brindó lineamientos estratégicos y su ‘know how’ para que alcancen sus objetivos este año.
– A casi tres años de pandemia en la región, ¿cómo ha cambiado la forma de hacer negocios en el sector inmobiliario?
No noto que haya cambiado tanto. Cuando arrancó la pandemia parecía que iba a ser todo virtual. De hecho, hemos vendido propiedades al 100% por medios virtuales, en los que el comprador visitó la propiedad por video. Hoy siento que volvemos al periodo prepandémico. Creo que las cosas cambiaron mucho menos de lo que pensamos que iban a cambiar. En el trabajo hemos avanzando un montón con reuniones virtuales que llegaron para quedarse.
– Y la demanda de propiedades…
Efectivamente, hay un cambio en la elección del público en cuanto a la propiedad que desea comprar. La gente busca más verde; es decir, busca más casas con patio, jardines o lugares donde puedan respirar. Mucha gente -impulsada por la pandemia- se animó a cambiar su vivienda. Se dio cuenta que postergó una idea durante muchos años. Hoy ya no esperan por algo que pueden hacer. Se aceleraron las decisiones de compra.
– ¿Existe una preferencia por inmuebles de precios asequibles?
En Argentina, todo lo que ha tenido un boom de consumo aumentó los precios, pero luego disminuyeron. Por ejemplo, en las ciudades, donde no hay tanta demanda en departamentos. Las casas fuera de la ciudad o terrenos, por lo menos en Buenos Aires, han subido de valor debido a la alta demanda, mucha gente está construyendo, está muy barato el metro cuadrado para construir. Esto debido a las devaluaciones que hemos tenido de la moneda. Creo que no todo subió y no todo bajó, depende del tipo de propiedad y cómo se ha visto afectada.
– ¿Cómo se vislumbra el sector inmobiliario este año?
El 2021 fue en general un buen año, en la mayoría de los países de la región. En Argentina no fue el caso, pero venimos golpeados desde hace tres años. Esta gestión será un poco mejor, pero no hay muchas condiciones desde lo económico, político e incentivos para que los valores vuelvan a acomodarse para tener mayor demanda.
A escala regional creo que será un buen año, hay gente que está ingresando al sector con inversiones para mejorar su calidad de vida. Además, estamos en un momento en el que el mercado bursátil se encuentra inestable, ni hablar lo que tiene relación con las criptomonedas. Esto hace que mucha gente invierta en “real state” (bienes raíces), que es un mercado mucho más estable.
 
 
 
 
EEUU Y BRASIL SIGUEN EN ALERTA POR COVID MIENTRAS BOLIVIA INICIA DESESCALADA
 
Swissinfo de Suiza (https://bit.ly/34t1o9z)
 
La mayoría de países de América sigue registrando cifras altas de contagios de covid-19 debido a la variante ómicron y, aunque el aumento de infecciones ha ido cediendo en naciones como Bolivia, la región se mantiene en alerta por el alza de casos graves y de muertes.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el continente americano, con cerca de 140 millones de contagios, ya no es la región del mundo con mayor número de infecciones, pues ha sido superada por Europa, que acumula 155,5 millones de casos confirmados.
Sin embargo, en cuanto a muertes, América mantiene los peores registros a nivel global: de los 5,7 millones de muertes por covid en el planeta, alrededor del 44 % de los decesos (2,53 millones) corresponden a este continente.
LATINOAMÉRICA: 59,2 MILLONES DE CASOS Y 1,59 MILLONES DE MUERTOS
En tanto, Latinoamérica, que llegó a ser un gran foco de la pandemia, suma ahora el 15 % de los contagios globales y un 42 % de los continentales, con 59,2 millones de casos.
Los países latinoamericanos con más contagios siguen siendo Brasil, tercero en el mundo, con unos 26,5 millones de casos; Argentina (8,5 millones); Colombia (5,9 millones) y México (5,1 millones).
Respecto a los fallecimientos, el 62 % de todo el continente (1,59 millones) se ha registrado en Latinoamérica.
Datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apuntan a una alta tasa de mortalidad en Latinoamérica por el coronavirus, con 253 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, mientras que el promedio mundial es de 76.
BRASIL, CHILE Y EE.UU., EN ALERTA POR ÓMICRON
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en la última semana, marcada nuevamente por la variante ómicron, la mayor parte de los nuevos casos "se registraron en América del Norte, pero el aumento continúa en América Central y del Sur y las muertes aumentaron casi un tercio en todas las subregiones".
Uno de los países que ha mostrado un mayor repunte en los últimos días es Brasil, donde el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, admitió este lunes que la situación generada por ómicron "es de alerta" por el aumento del número de casos y muertes y la "presión" que eso ejerce sobre el sistema sanitario.
Según los datos oficiales, en los últimos siete días el número de casos acumulados superó los 1,2 millones, para llevar el total a 26,5 millones, mientras que el de decesos asciende a 632.193.
Queiroga subrayó que el número de muertes en los últimos días "no ha sido proporcionalmente tan grande con relación a la cantidad de casos", aunque el aumento ha sido importante y el pasado sábado Brasil sumó 1.308 fallecimientos, una cifra diaria que no se observaba desde el 29 de julio del año pasado.
En tanto, Estados Unidos, el país más golpeado por la pandemia en el mundo, superó ya los 78 millones de contagios y las 926.000 muertes confirmadas por la covid-19, cifras que llegan tras el auge de contagios por la variante ómicron.
Aunque los contagios de la covid-19 en EE.UU. han bajado durante las últimas semanas, los casos siguen altos con respecto a otros momentos de la pandemia. Y la tendencia actual en las muertes es al alza: el promedio semanal es de 2.400, el doble que a mediados de diciembre.
En cuanto a Chile, este país superó hoy las 40.000 muertes por la covid-19, un umbral que alcanza en plena escalada de la variante ómicron y cuando acaba de empezar la vacunación masiva de la cuarta dosis.
El país, que acumula en la pandemia 40.060 fallecimientos y 2,4 millones de infectados, llevaba con la pandemia bajo control prácticamente desde agosto pasado, pero la contagiosa variante provocó en enero una escalada de casos hasta niveles nunca vistos.
LA DESESCALADA EN BOLIVIA
Pese a las altas cifras de casos comparadas con otros momentos de la pandemia, la OPS ha detectado que el alza de las infecciones se está desacelerando en los sitios afectados más tempranamente por la variante ómicron, que es mucho más contagiosa, aunque parece generar cuadros menos graves de la enfermedad.
De hecho, Bolivia informó este lunes de un 46 % de disminución en los contagios de covid-19 respecto a la semana epidemiológica anterior y confirmó que el país se encuentra en una "desescalada" de casos de la cuarta ola de la pandemia.
El ministro de Salud, Jeyson Auza, resaltó que esta ya es la tercera semana consecutiva que reporta una disminución de casos por lo que se ingresó a una desescalada, pero que aún se deben mantener todas las medidas de bioseguridad.
Bolivia, que acumula 872.811 casos de covid-19 y 21.150 decesos desde marzo de 2020, registra desde finales de octubre pasado su cuarta ola de la pandemia, que tuvo su pico más alto entre las últimas semanas de diciembre e inicios de enero, cuando los contagios diarios llegaron a superar los 14.000.