Thursday, February 24, 2022

RUSIA INICIA ATAQUE DE UCRANIA

 

Rusia inició su invasión de Ucrania este jueves de madrugada, con bombardeos en todo el país, incluida la capital, e incursiones terrestres en varios puntos del territorio que ya han causado las primeras bajas.
El inicio de la invasión fue condenado firmemente por gran parte de la comunidad internacional y por Kiev, que rompió sus relaciones diplomáticas con Moscú, y prometió defenderse, al tiempo solicitaba ayuda internacional para que se fuerce a Moscú a respetar la paz.
Los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas y la imposición de sanciones occidentales contra Rusia no bastaron para disuadir al presidente ruso Vladimir Putin, que había desplegado entre 150.000 y 200.000 tropas a lo largo de las fronteras de Ucrania desde hacía semanas.
"He tomado la decisión de una operación militar", declaró el mandatario en un discurso televisado de madrugada, asegurando que no buscaba la "ocupación", sino "una desmilitarización y una desnazificación" de Ucrania y la defensa de los rebeldes prorrusos del este del país.
Poco después empezaron a escucharse explosiones en varias ciudades de Ucrania, desde Kiev hasta Járkov, su segunda ciudad en la frontera con Rusia, pero también en Odesa o Mariúpol, a orillas del mar Negro y el mar de Azov.
Las sirenas de aviso de bombardeos se activaron en la capital, en Odesa y en Leópolis (Lviv), donde Estados Unidos y otros países habían desplazado sus embajadas.
El ejército ruso aseguró que estaba atacando instalaciones militares ucranianas con "armas de alta precisión", reivindicando que habían destruido los sistemas de defensa antiaérea y haber dejado "fuera de servicio" las bases aéreas de Ucrania.
El ejército ruso dijo además que los separatistas del este están avanzando y tomando el control de territorios.
Kiev anunció que más de 40 soldados y una decena de civiles ucranianos murieron. También confirmó que ya hubo incursiones terrestres de las fuerzas rusas por el norte, desde Rusia y Bielorrusia, pero también por el sur en la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014. Bielorrusia, aliada del Kremlin, aseguró no estar participando en la operación.
El presidente ucraniano Volodimir Zelenski anunció una ley marcial en todo el país, pero pidió a la población no entrar en pánico. También urgió a la comunidad internacional a crear una "coalición anti-Putin" para forzar a Moscú a respetar la paz.
Además, el mandatario decidió cortar las relaciones diplomáticas con Rusia, que se habían mantenido pese a la anexión de Crimea.
"Las fuerzas ucranianas llevan a cabo encarnizados combates. El enemigo ha sufrido pérdidas importantes que serán aún más importantes", dijo también Zelenski, que prometió "infligir el máximo de bajas" al agresor.
El ejército ucraniano aseguró haber matado a 50 ocupantes rusos y abatido cinco aviones y un helicóptero en el este del país.
Las autoridades ucranianas cerraron el espacio aéreo a la aviación civil por motivos de seguridad, mientras que Rusia cerró el transporte marítimo en el mar de Azov, que comunica ambos países.
"Preparé las bolsas y huí"
Rusia aseguró que los civiles de Ucrania "no tienen nada que temer", pero en el metro de Kiev, decenas de personas buscaban refugio o la manera de salir de la ciudad por tren o por carretera. "Me he despertado por el ruido de las bombas, preparé las bolsas y huí", indicó a AFP María Kashkoska, de 29 años, en un estado de conmoción en el metro.
En medio de la noche, el tráfico de la capital era el propio de la hora punta. Vehículos llenos de familias buscaban salir de la ciudad, hacia el oeste, lo más lejos posible de la frontera rusa, situada a 400 km.
En Chuguev, cerca de Járkov, una mujer y su hijo lloraban a un hombre, muerto en un ataque de misiles, una de las primeras víctimas del ataque.
"Le había dicho que nos fuéramos", repetía incansablemente el hijo, junto a los restos de un antiguo coche Lada y al cráter provocado por el proyectil caído entre dos inmuebles de cinco pisos.
En su mensaje televisado, Putin había instado a los soldados ucranianos a deponer las armas y justificó su ataque por el supuesto "genocidio" de la población rusoparlante en el este de Ucrania.
"El día más triste"
Las reacciones al inicio de la invasión no se hicieron esperar. Biden, que llamó a Zelenski para expresarle su "apoyo", condenó "el ataque no provocado e injustificado por parte de las fuerzas militares rusas" y aseguró que "el mundo hará responsable a Rusia".
"El presidente Putin ha elegido una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano", remarcó Biden, que se reunirá virtualmente con los líderes del G7 el jueves.
También hay previstas reuniones de emergencia de los dirigentes de la Unión Europea y de la OTAN. El jefe de la alianza militar, Jens Stoltenberg, denunció el "ataque irresponsable y no provocado (...) que pone en riesgo incontables vidas civiles".
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, advirtió que "Rusia se enfrentará a un aislamiento sin precedentes" y prometió "el más robusto y más severo paquete de sanciones que jamás hayamos adoptado".
China, cercana a Rusia, indicó que estaba "siguiendo de cerca" la situación e instó a las partes a "la moderación".
El jefe de Naciones Unidas, Antonio Guterres, aseguró que era "el día más triste" de su mandato.
Tormenta en los mercados
Tras semanas de tensión, la situación en la frontera ucraniana empeoró la semana pasada, con un aumento de la violencia en el este del país, escenario de una guerra desde 2014 entre el ejército ucraniano y los separatistas prorrusos que ha dejado más de 14.000 muertes.
El lunes, Putin reconoció la independencia de las "repúblicas" separatistas de Donetsk y Lugansk y cuestionó la propia legitimidad de la existencia de Ucrania. Un día más tarde, el Parlamento ruso dio luz verde para el despliegue de fuerzas rusas en Ucrania.
La invasión ha golpeado a los mercados internacionales. El petróleo Brent superó los 100 dólares por barril por primera vez en siete años y las bolsas de todo el mundo caían en picado el jueves.
La Bolsa de Moscú, que interrumpió los intercambios durante unas horas, encajaba unas pérdidas de más del 30% y la moneda rusa, el rublo, registraba su mínimo histórico frente al dólar antes de la intervención del banco central de Rusia.
 
 
 
 
 
ASEGURAN QUE LAS NEGOCIACIONES CON BOLIVIA ESTÁN ESTANCADAS
 
El plazo para definir una nueva adenda vence el mes que viene. Pese a los anuncios de nuevos descubrimientos en el Altiplano, las gestiones no habrían avanzado.
 
Río Negro de Argentina (https://bit.ly/3t17OoF)
 
Las gestiones para que Argentina y Bolivia lleguen a un nuevo acuerdo en torno a las entregas de gas natural no están en el mejor momento, y si bien el gobierno de Luis Arce anunció el descubrimiento de un nuevo pozos productor, desde este lado de la frontera se asegura que las negociaciones están estancadas.
El contrato de importación de gas desde Bolivia se pactó en 2006 cuando Argentina atravesaba una fuerte crisis de suministro y sin tener aún a la vista el potencial de Vaca Muerta. El plazo de ese contrato es de 20 años, es decir que rige hasta el 2026.
Desde el 2010 se pactó una serie de adendas que modificaron los volúmenes y condiciones del contrato, que en síntesis redujo la cantidad de gas que Bolivia entrega a raíz del declino productivo que vive ese país. La adenda firmada el 31 de diciembre de 2020 finalizaba junto con el 2021, pero fue extendida en dos oportunidades a la espera de llegar a un mejor acuerdo para Argentina, que en este invierno necesitará de más gas de Bolivia.
La primera extensión fue de un mes y venció el 31 de enero, antes de esa fecha y sin llegar a un acuerdo pleno, las partes pactaron una segunda extensión, hasta el 31 de marzo, y en ese plazo de negociación se acordó que desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se entregarían volúmenes menores a los que rigieron el año pasado, pero sobre la línea justa de lo que necesita Argentina.
A casi un mes de esa segunda extensión, fuentes del gobierno nacional al tanto de las negociaciones revelaron que las gestiones están estancadas y que pese al anuncio que realizó el presidente Arce del descubrimiento de un nuevo pozo productor, no se habrían dado nuevos ofrecimientos de parte de YPFB.
El punto de la discordia está precisamente en la cantidad de gas que Bolivia pueda entregar en el invierno, ya que cada molécula de menos que envíe sobre los 14 millones de metros cúbicos diarios que rigieron el año pasado hará que el gobierno de Alberto Fernández deba salir a buscar un reemplazo para ese gas que en todos los casos será más costoso.
La primera alternativa que desde Nación se ha realizado, como se vio en los días de la ola de calor, es la importación de gasoil que implica un salto de más del doble en relación con el precio que se paga a Bolivia por su gas.
La segunda opción es aún más costosa y es la importación de más gas natural licuado (GNL) que en estos días cotiza a unos 20 dólares por millón de BTU.
En enero los negociadores de YPFB llegaron a ofertar el envío de solo 9 millones de metros cúbicos por día para este invierno, un caudal que pondría a Argentina entre la espada y la pared, ya no solo por el costo de las importaciones, sino incluso porque la capacidad de los dos buques regasificadores que funcionarán en el invierno es limitada, e incluso el año pasado operaron al tope de su capacidad.
Desde Bolivia se da cuenta de que el nuevo pozo perforado con éxito en la zona de Margarita podría producir hasta 3 millones de metros cúbicos por día que se destinarían precisamente al cumplimiento del contrato con Argentina, aunque esos anuncios no fueron ratificados como hechos concretos en las negociaciones por la sexta adenda que se espera retomar en estos días.
 
 
 
 
 
Desde la creación hasta el golpe en Bolivia
 
EN EL PRINCIPIO FUE EL LITIO
 
Este mineral estuvo presente desde el inicio del Universo tras el Big Bang. Y hoy, con la siliconización del mundo y el avance de la tecnología, se volvió indispensable. El futuro llegó: el agua (que ya cotiza en Wall Street) será el otro objeto de la angurria corporativa.
 
Redacción Rosario de Argentina (https://bit.ly/3Hko7SC)
 
El litio, material energético indispensable de la actualidad, apareció apenas unos minutos después de la creación del Universo, tras el Big Bang. Así lo explica el científico John Gribbin en su libro Diccionario del cosmos (1997, Editorial CrÍtica). Gribbin describe un proceso denominado nucleosíntesis, que llevó a la aparición del litio junto al helio y al deuterio. La  nucleosíntesis es “el proceso mediante el cual los núcleos de los elementos más pesados se forman a partir de núcleos de hidrógeno, el elemento más simple. Los primeros pasos en este proceso de fisión nuclear tuvieron lugar en el Big Bang, transformando una gran cantidad de hidrógeno en helio; pero, salvo los elementos más ligeros, todos los demás se fabricaron a partir de hidrógeno y helio en el interior de las estrellas, en un proceso conocido como nucleosíntesis estelar. La nucleosíntesis del Big Bang ocurrió después de que el Universo se hubiera expandido y enfriado hasta el punto en que la temperatura era de aproximadamente 100 mil millones de Kelvin (unidad de temperatura).
Esto sucedía aproximadamente una centésima de segundo después del estallido a partir de una singularidad, mucho después de la era de la inflación. En ese instante, el Universo se estaba expandiendo y enfriando rápidamente, pero, a medida que lo hacía, los protones y neutrones primordiales se transmutaban unos en otros por desintegración beta y desintegración beta inversa. Este proceso terminó cuando el Universo tenía aproximadamente 3 minutos y 46 segundos y se había enfriado a una temperatura de 900 millones de Kelvin. Con las proporciones de protones y neutrones ahora «congeladas» mientras el universo seguía enfriándose y expandiéndose, un 25 por cien de la masa presente en forma de bariones terminó como núcleos de helio, con un casi 75 por cien de hidrógeno y minúsculas trazas de algunos otros elementos ligeros tales como deuterio y litio”. El científico también explica este proceso, de manera más detallada, en su libro Biografía del Universo.
Gribbin se doctoró en astrofísica por la Universidad de Cambridge y en la actualidad es profesor visitante en Astronomía en la Universidad de Sussex, ambas del Reino Unido. Es además asesor de la publicación New Scientist. Entre sus obras, de gran éxito, se destacan En busca del gato de Schrödinger, El punto Omega, En busca del Bing Bang, y Cegados por la luz.
Los ojos puestos sobre América Latina
En la nota de la BBC titulada “El misterio del metal que nació con el Big Bang, desapareció y ahora inunda nuestra galaxia (y abunda en el Cono Sur)”, se hace referencia a la abundancia de este material especialmente en América Latina, fundamentalmente en Argentina, Chile y Bolivia. “La mayoría de las reservas de litio se encuentran en Sudamérica, en concreto en el llamado “triángulo del litio”, localizada en el límite de dichos países. Se calcula que almacena más del 85 por ciento de las reservas conocidas. Especialmente el salar de Uyuni, en Bolivia, del que se cree que podría contener hasta la mitad de las reservas mundiales, señala la nota del diario británico.
También se especifica lo que los astrónomos descubrieron acerca de la cantidad de litio que existe en la actualidad. “Cuando los astrónomos observan el universo actual, encuentran cuatro veces más litio del que pudo haberse generado en el Big Bang”, señala la nota de la BBC. El litio es un elemento químico de símbolo Li y número atómico 3.
Los expertos consideran que, en la actualidad, en el Universo no hay un déficit de litio, sino un superávit.
Los astrónomos encontraron cantidades relativamente abundantes de litio en la superficie de las estrellas jóvenes, de reciente creación, así como en los meteoritos del Sistema Solar.
Lo que está claro es que, ya sea desde el ardiente nacimiento del cosmos o por las explosiones nucleares de una estrella moribunda al otro lado de la galaxia, los átomos de este metal, considerado hoy el “petróleo blanco”, han recorrido un largo camino hasta la batería de nuestros celulares.
El “oro blanco” y la geopolítica
El litio, considerado hoy en día como el “oro blanco”, se convirtió en un elemento que hace mover las fichas de la geopolítica actual. Es un recurso natural que se utiliza para la producción de baterías para celulares, pilas, y baterías para autos eléctricos. Este mineral es codiciado y explotado por grandes empresas que hacen acuerdos con los estados para su explotación.
El litio mueve la geopolítica latinoamericana y del mundo, y fue la principal causa del golpe de estado en Bolivia en 2019. “Decidimos, como Estado, industrializar el litio. Contratamos expertos y empezamos la gran industria y ahí viene el golpe de Estado. Congresistas americanos reconocen que el golpe de Estado fue por el litio”, aseguró el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, quien también señaló a Tesla, el principal fabricante de autos eléctricos en el mundo. Para este sector, el litio es una materia prima crucial, ya que se emplea para la fabricación de las baterías de equipos electrónicos, entre otros usos. En la nota del País de Madrid titulada “Ahí viene el golpe de Estado” el ex mandatario insiste sobre la necesidad de que los estados protejan el control del litio.
Entrevistado por El Eslabón el 28 de octubre de 2020, Evo ofreció precisiones sobre la injerencia yanqui y su relación con este mineral: “El golpe también fue al litio, no solo contra el indio y el modelo económico”. El dirigente agregó que en sus viajes internacionales como mandatario pudo comprobar la avidez del mundo por este mineral. “Litio, litio, todos pedían litio, pero en materia prima”, contó. El gobierno de Morales tuvo la osadía, profundamente revolucionaria, de correr a su país del lugar subordinado de mero productor de materia prima, e ir más allá para industrializarlo y darle valor agregado.
“El Occidente solo quiere que los latinoamericanos seamos productores de materia prima y no aceptan que le demos valor agregado a nuestros recursos naturales. Con el litio empezamos solos y teníamos un plan de instalar 41 plantas rumbo al 2030, sin EEUU, con acuerdos con China y con Europa por una cuestión de mercado. EEUU no aceptó nuestra iniciativa de industrializar. No nos perdonó”, explicó el dirigente boliviano.
“El 21 de diciembre de 2019, el senador republicano de EEUU, Richard Black, dijo «nosotros sí participamos del golpe de Estado en Bolivia, todo por el litio», el 24 de julio de este año, el dueño de la industria de autos a batería Tesla, Elon Musk, dijo «Nosotros vamos a realizar el golpe donde queramos, lidien con eso»”, dijo.
En concordancia con las políticas de Evo, el actual mandatario de Bolivia, Luis Arce, está poniendo en práctica políticas para el desarrollo y la explotación del litio a nivel estatal.
Según el portal de noticias del canal venezolano Telesur, Arce anunció la semana pasada que se empezará a construir, a finales de 2022, una Planta Industrial de Extracción Directa de Litio (EDL), en el Salar de Coipasa, departamento de Oruro.
“Con una inversión aproximada de 1.322 millones de bolivianos (191 millones de dólares), se tiene planificado que se inicie la construcción de la Planta Industrial de EDL para finales de este año; y estará orientada a procesar exclusivamente la salmuera enriquecida del Salar de Coipasa”, señaló el mandatario.
“El Instituto Nacional de Estadística (INE) indicó que, hasta 2020, existían 2.1 millones de vehículos registrados en Bolivia, donde casi todos poseen motores térmicos que deben reconvertirse en un 100 por ciento a eléctricos o híbridos, con baterías de iones de litio”, agrega la nota.
Entre los mercados que demandan carbonato de litio boliviano se encuentran China, Rusia y Estados Unidos”, asegura Telesur.
En Chile, Gabriel Boric también se enfrenta a las problemáticas que existen con respecto al litio, su explotación, y la puja entre empresas privadas y el Estado. “Una empresa china y otra local obtuvieron los contratos de extracción del mineral ligero por 61 y 60 millones de dólares, respectivamente, a solo dos meses de que termine el mandato de Sebastián Piñera., anuncia  la bajada de la nota de Pagina 12, titulada “Chile: Gabriel Boric rechaza una millonaria licitación para explotar litio”.
Boric insistió con que va a revisar la licitación en detalle con su equipo de trabajo, y lamentó que el Ejecutivo avanzara aunque su fuerza había pedido que “no innovaran en la materia y que, por lo tanto, permitieran tener un debate de largo aliento respecto a un bien tan estratégico como el litio”.
El ex líder estudiantil sostuvo que hay que dejar que las instituciones funcionen y planteó: “Vamos a evaluarlo con todas las herramientas que tengamos a disposición desde el 11 de marzo, que es que cuando vamos a empezar a ejercer nuestras facultades”.
Pero el litio, además de ser un recurso estratégico, hoy en día, venido desde los principios del Universo, también trae aparejado consigo toda una ideología, que ya forma parte de una batalla cultural y geopolítica en la que los gobiernos que pujan por su nacionalización se enfrentan con la avidez de las potencias tecnológicas y sus corporaciones.
Los recursos minerales, en especial el litio, son causa de grandes disputas entre empresas privadas y estados. Las empresas, como no podía ser de otra manera, tienen una completamente capitalista y neoliberal, convirtiéndose en saqueadores de los recursos naturales y facturando millones de dólares a costa del extractivismo.
La nota del diario digital La izquierda web “Silicon Valley y la explotación capitalista” hace referencia a esta ideología y expone cómo trabajan las empresas privadas para no solo hacerse millonarios a costa de los recursos naturales, sino también creando opiniones desacertadas sobre la forma de llevar a cabo sus acciones.
“Los apologistas de la «economía del conocimiento» creen que estamos avanzando hacia una sociedad post-industrial donde la información y el conocimiento son fuentes de enriquecimiento empresarial independientes, diferenciándose así de un sistema de producción en masa de bienes materiales”. Estos empresarios saben bien que con su retórica meritocrática enmascaran la fuente de su fortuna y de toda esta industria tecnológica. Basta con rastrear un poco la cadena de producción de las mercancías que ofrecen para derrumbar todo su relato futurista y revelar que detrás de su culto tecnocrático se esconden los métodos de explotación más arcaicos y brutales.” refiere la nota.
De esta manera, se justifica, mediante la meritocracia, el acceso a la información y a la tecnología, y por ende, la explotación de los recursos, tanto naturales como humanos, para la fabricación de aparatos tecnológicos.
La lucha por el litio no solo es decisiva en términos estratégicos de la geopolítica actual, sino que también crea posiciones encontradas a nivel ideológico, en el terreno del discurso social, siendo parte de una batalla cultural cruenta: Por un lado, están quienes apuestan por políticas de extracción estatal, dándole trabajo a su pueblo y sobre todo, más ganancias a los estados, que luego se ven reflejadas en otras acciones de políticas públicas, por otro lado, está la ideología neoliberal de las empresas privadas, que explotan el litio, recibiendo, además, subsidios y llevándose todas las ganancias millonarias para sí. Y hoy el litio, que estuvo por estos pagos desde momentos fundacionales, es uno de los motivos de una disputa que apenas comienza. El otro elemento precisado es el agua, que cotiza en Wall Street desde diciembre de 2020.
 
 
 
 
 
FEMINICIDIOS EN BOLIVIA: LA JUSTICIA AL BANQUILLO
 
La excarcelación ilegal de feminicidas con la ayuda de jueces, abogados y médicos que certificaban a los reos dolencias falsas para beneficiarlos con la detención domiciliaria ha puesto a la Justicia de Bolivia en el banquillo del acusado. La trama de corrupción descubierta alcanza dimensiones preocupantes con más de cien casos investigados, lo que ha provocado una mayor desconfianza hacia las autoridades y dolor en las familias de las víctimas.
 
France 24 (https://bit.ly/3LT17Ol)
 
Hace tres semanas Bolivia quedó inmersa en la conmoción al saber que el sentenciado a 30 años por un feminicidio Richard Choque Flores obtuvo a cambio de una coima de 3.500 dólares y un whisky, el beneficio de la detención domiciliaria con certificados médicos amañados. Además, el feminicida se aprovechó de ese beneficio para matar a otras dos jóvenes que enterró en su casa y para violar a decenas de mujeres, una cifra que podría llegar a 70, según las autoridades.
El caso quedó lejos de ser excepcional porque en las últimas horas, el ministro de Gobierno (Interior), Carlos Eduardo del Castillo, confirmó que se ha capturado a 23 personas, entre ellas a condenados por feminicidios y violaciones que estaban libres, además de jueces y abogados que formarían, según dijo, una "organización criminal" para liberar a estos delincuentes.
Según datos de la investigación, han sido detenidos tres jueces, entre ellos el del caso Choque Flores; tres abogados, tres médicos y dos empleadas de juzgados, todos implicados en los casos de corrupción.
Además, Del Castillo reveló que una comisión formada por orden del presidente Luis Arce está "investigando 135 casos de personas que tendrían sentencia ejecutoriada por los delitos de feminicidios, violación y violación agravada", incluso cometidos contra niñas, niños y adolescentes, pero que no están recluidos en las cárceles como deberían.
Bolivia es uno de los países de Suramérica con las peores tasas de violencia sexual y feminicidios y son habituales las denuncias contra la Justicia, pero se desconocía que los feminicidas sentenciados a 30 años sin derecho a indulto podían lograr la detención domiciliaria, que en la práctica es igual a tener la libertad ya que no son custodiados.
Tras las detenciones, la Asociación de Magistrados y Jueces de Bolivia pidió no hacer generalizaciones, consideró que el sector está siendo objeto de ataques y vulneraciones en su honor cuando los magistrados detenidos son presentados mediáticamente y también reclamó que la Fiscalía y la Policía también asuman su responsabilidad por no haberse pronunciado en su momento sobre los casos denunciados.
Solo un 31 % de los feminicidios tiene sentencia
Las acciones para desbaratar la "organización criminal" coincidió esta semana con la visita a Bolivia del relator especial de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados, el peruano Diego García Sayán, que evalúo con varios actores institucionales y políticos la crisis general de la Justicia boliviana, cuestionada por su falta de independencia.
El jurista, que concluyó que la Justicia "está lejos del pueblo", se reunió también con las familias de las víctimas de feminicidio y dijo haber recibido "información preocupante y varios testimonios dolorosos" que no logran acceder a la Justicia.
Según los datos de García Sayán, entre el 2013 y el 2021 se produjeron 869 feminicidios, un promedio de uno cada tres días y medio, y de los que sólo un 31% llegó a sentencia.
Y que en lo que va del 2022, ya se produjeron 15 feminicidios y resta que otros dos asesinatos de mujeres sean confirmados con esa tipificación, aplicada a los crímenes por razón de género y con violencia machista.
En Bolivia existen 27 juzgados para tratar esos casos, pero los procesos son tan lentos que las familias terminan abandonando los juicios, por lo que deberían crearse 31 juzgados más, sostuvo el funcionario de Naciones Unidas.
Sobre los excarcelados, el representante de la ONU dijo que "estas situaciones son preocupantes indicadores de lo que puede ser posible por medios ilícitos e irregulares y deben ser sancionadas con todo el peso de la ley. La corrupción puede ser también, como se ve, una herramienta de ataque a la independencia judicial".
Abogada Echeverría: tenemos jueces "machistas y misóginos"
La abogada Jessica Echeverría, conocida por defender a familias de víctimas de feminicidios y violencia sexual, dijo a France 24 que en su experiencia diaria ha constatado que los reclamos de justicia chocan con la corrupción de los jueces, pero también con las conductas machistas en los tribunales.
"En la mayoría de los casos tenemos jueces, fiscales y policías que son machistas y misóginos. En la Justicia existe el sesgo de género", sostuvo la abogada al asegurar que los jueces revictimizan a quienes sufrieron una violación con interrogatorios en lenguaje machista que pone en duda la versión de las mujeres.
La abogada pidió la formación de jueces con un enfoque de género diferente, respetuoso de la condición de las víctimas en cumplimiento de la ley; la publicación de un registro de agresores sexuales y feminicidas como hay en otros países y que el Estado apoye con reformas legales que den celeridad a los juicios por feminicidios para tener sentencias.
La activista Nidia Coca, del colectivo Mujeres de Fuego que logró reunirse con García Sayán, dijo que "cuando el Estado no hace absolutamente nada ante las denuncias de que no se respeta la ley, también es culpable de que no haya Justicia".
"Mientras no haya una limpieza en el órgano judicial, las violaciones, los feminicidios y asesinatos seguirán ocurriendo. Tienen que haber sanciones penales altas para los malos funcionarios judiciales", reclamó.
La situación de los jueces acusados de favorecer a feminicidas es sólo uno de los ángulos de la crisis de la Justicia, a la que García Sayán propone salvar con un "gran acuerdo nacional", aunque el contexto político y social sigue siendo de polarización y cualquier debate cae en ese escenario.
Al respecto, el presidente Luis Arce dijo en Twitter que se reunió con García Sayán "con el firme compromiso de impulsar la transformación del sistema judicial en beneficio del pueblo que pide justicia".
 
 
 
 
 
AMPLIAR ZANJA EN COLCHANE NO DETENDRÁ PASO DE MIGRANTES HACIA CHILE, ADVIERTEN ORGANIZACIONES
 
Efecto Cuyo de Venezuela (https://bit.ly/3sgnWDH)
 
Ni la militarización de la frontera norte ni el venidero cambio presidencial en Chile ha detenido a los miles de migrantes venezolanos que siguen intentando cruzar hasta el país sudamericano, en medio de un clima extremo. Según cifras de la policía chilena, en lo que va de año ya se han contabilizado 3.000 ingresos irregulares a través de vías clandestinas.
Entre la localidad chilena de Colchane y Bolivia, paso fronterizo de migrantes y refugiados, se extiende una zanja por 100 metros aproximados, que fue cavada en 2017. Entre este 21 y 22 de febrero, esta fosa de 1,20 metros fue profundizada por autoridades chilenas, informaron organizaciones y activistas. No obstante, el gobierno declaró que solo se estaba realizando un «despeje» del sitio.
«Lo que hay hoy día en Colchane es una maquinaria que va a lograr hacer una mantención, vale decir, el despeje de toda aquella estructura que permita el paso, sobre todo para quienes están ejerciendo el contrabando y tráfico de migrantes», notificó el ministro de Interior de Chile, Rodrigo Delgado, el lunes pasado.
«La medida no corresponde con la realidad en Chile. Ningún país puede por sí solo encargarse de la movilización forzada venezolana. El problema de la movilización no se trata de una crisis migratoria, se trata de una crisis humanitaria. No se le puede seguir dando enfoque de una crisis migratoria a una crisis de refugiados y de personas que necesitan protección internacional», dijo Patricia Rojas, presidente de la Asociación Venezolana en Chile (Asovenchile).
En los primeros siete meses de 2021, se detectaron 23.673 ingresos de venezolanos por pasos no habilitados, de acuerdo con el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).
Situación compleja en Colchane
Rojas confirmó a Efecto Cocuyo que la situación en el albergue levantado por el gobierno a poca distancia de Colchane es compleja: no resulta posible, desde el punto de vista logístico, ofrecer refugio a la cantidad de hombres, mujeres y niños que ingresan desde Bolivia.
«Efectivamente, los albergues de la zona norte están a su máxima capacidad, pero también hay personas que evitan tener contactos con ellos, esto por tener miedo a las devoluciones en caliente que estipula la nueva Ley de Migración», dijo Rojas.
Comentó que cada vez más venezolanos terminan caminando en la carretera, en el altiplano andino, lo que es preocupante, puesto que las distancias entre poblaciones son muy largas y las condiciones climáticas pueden afectar gravemente la salud. Algunos intentan llegar a Iquique, una ciudad frente al Océano Pacífico, ubicada en el Norte Grande de Chile.
Ley de Migración y Extranjería
Para febrero de 2022, Chile es el cuarto receptor de venezolanos en el mundo. De acuerdo con los datos del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), el país contabiliza 448.138 de migrantes provenientes de Venezuela. No obstante, desde Asovenchile calculan que hay al menos 800 mil y que 300 mil de ellos se encuentran indocumentados.
En abril de 2021, el gobierno chileno promulgó una nueva Ley de Migración, que entró en vigencia el pasado 12 de febrero luego de que se publicaran oficialmente su reglamento. La reciente normativa fue rechazada por organizaciones no gubernamentales, como el Servicio Jesuita Migrante (SJM) y Amnistía Internacional (AI).
Especialistas explican que el marco legal en Chile ahora facilita la expulsión inmediata de los venezolanos y les permite a las autoridades migratorias del norte regresarlos de vuelta a Bolivia, de forma arbitraria.
«Esta es una ley que se trabajó en la primera administración del presidente Piñera y creemos que ya se queda corta. Nos parece que es un desafío que perjudica a las personas que quieren llegar. Por otra parte, legaliza las devoluciones en caliente que están prohibidas en el derecho internacional. Es importante destacar que también trata asuntos de la Ley del Refugio, lo que nos parece grave porque se empieza a desvirtuar el estatus de refugiado», explicó Rojas.
El director de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, se sumó al rechazo por la devolución o reconducción de migrantes venezolanos.
“Se trata de un mecanismo que puede traer consigo exponer a personas solicitantes de refugio a ser devueltas a sus países de origen lo que contraviene por cierto el principio de no devolución. Por otra parte este proceso de reconducción inmediata puede incluso exponer a las personas migrantes a ser víctimas de redes de trata o de tráfico de personas, además de otras clases de abuso especialmente considerando los casos de mujeres, niños, niñas y adolescentes”, señaló para la Radio Uchile, el 21 de febrero.
Expectativas de la gestión de Boric
Faltan poco más de dos semanas para que Sebastián Piñera le ceda la banda al nuevo presidente electo, Gabriel Boric. El traspaso de mando de las administraciones comenzó a organizarse desde el pasado lunes 21 de febrero.
«Independientemente del cambio de gobierno, la Ley de Migración que acaba de entrar en vigencia fue aprobada por todos los sectores políticos en Chile. Sin embargo, creemos que el enfoque que va a tener la nueva administración del Estado chileno será de respetar los derechos de las personas que se encuentran en movimientos forzados y que ingresan al país por pasos no habilitados», indicó Patricia Rojas.
Afirmó que Asovenchile ha sostenido conversaciones con personas asociadas a Boric, por lo que se tienen buenas expectativas en cuanto poder trabajar el tema migratorio con la nueva administración.
Sin embargo, el 31 de enero de 2022, Rodrigo Delgado, ministro de Interior, se pronunció públicamente respecto a la situación de los migrantes venezolanos en Chile.
«Como Gobierno nos hacemos cargo de la crítica y mañana vamos a estar en la zona y vamos a estar conversando con los gremios (…) vamos a seguir con las expulsiones, vamos a seguir trabajando con las policías y vamos a seguir reforzando la frontera, pero necesitamos herramientas y esas nuevas herramientas están en la nueva Ley de Migraciones”, dijo.
El 21 de febrero, Delgado recibió en el palacio de La Moneda, la sede presidencial de Chile, a Izkia Siches, quien lo sucederá en el cargo el próximo 11 de marzo. A pesar de ello, aún no se conocen cuáles serán las líneas de acción de la gestión de Gabriel Boric referente a la ola migratoria.
Clima de tensión
Gabriel Boric asume la presidencia de Chile en un momento de tensión por la militarización de las franjas fronterizas y el decreto de un estado de excepción por parte de Sebastián Piñera.
Este 23 de febrero, el parlamento chileno extendió 15 días más la militarización de la zona del sur del país, donde se registra un conflicto entre el Estado y comunidades mapuche desde hace décadas, que se ha agravado en los últimos meses. La medida estará vigente hasta el próximo 10 de marzo, un día antes de que asuma el presidente electo, informó EFE.
A eso se le suma la situación de Colchane, donde ha aumentado la presencia de los cuerpos de seguridad, una semana después de que un grupo de camioneros protestara a finales de enero contra la migración irregular. El país se mantiene a la espera de lo que ocurrirá en las próximas semanas.
«Aquí tiene que hacerse un trabajo de mesas integrales, lo más amplio posible, que convoque no solamente al gobierno central, sino al regional, organizaciones de la sociedad civil y empresariado», puntualizó Patricia Rojas.
En la actualidad, hay 6.041.690 venezolanos migrantes en el mundo, informó la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, conocida como RV4.
 
 
 
 
 
El armamento enviado por Macri para apoyar el golpe contra Evo Morales
 
ARMAS A BOLIVIA: EL GOBIERNO BOLIVIANO SOLICITÓ LA DETENCIÓN DE DOS EXJEFES GOLPISTAS
 
Los acusados son el exjefe de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara y el exjefe de la Policía de ese país, Vladimir Yuri Calderón. Enfrentan penas de hasta 30 años.
 
Página 12 de Argentina (https://bit.ly/3LWOvWl)
 
El gobierno de Luis Arce pidió la detención de dos jefes de la Policía y de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) que gestionaron, recibieron y agradecieron las balas que envió en noviembre de 2019 el gobierno de Mauricio Macri. El apoyo de la administración Cambiemos –que también se investiga en Buenos Aires– fue descrito por el gobierno de Arce como “un alineamiento y cooperación al estilo ‘Plan Cóndor’ de las dictaduras de los años ‘70 para el envío a Bolivia de armamento y pertrechos para colaborar a consolidar un gobierno inconstitucional y para reprimir la protesta social”, en la presentación a la que accedió Página/12.
En las últimas horas, el Ministerio de Gobierno de Bolivia, que dirige Carlos Del Castillo, pidió a la fiscal Magaly Bustamente Herbas que impute formalmente por el delito de tráfico ilícito de armas y detenga al excomandante de la FAB Jorge Gonzalo Terceros Lara y al exjefe de la Policía de Bolivia Vladimir Yuri Calderón. Los dos están señalados por las gestiones que hicieron con el gobierno argentino para recibir balas y gases tras el golpe contra Morales y podrían recibir, según el ordenamiento legal boliviano, una pena de hasta 30 años de prisión.
La coordinación de Terceros Lara con el gobierno de Macri quedó expuesta en julio pasado. En ese momento, se halló una carta que él había enviado el 13 de noviembre de 2019 al entonces embajador argentino en La Paz, Normando Álvarez García, agradeciéndole por la entrega de 70.000 balas antitumulto. Inicialmente, Terceros Lara –que estaba detenido por su rol en el golpe– intentó negar la veracidad de la carta. Sin embargo, se encontraron otros registros en la embajada que mostraban que la misiva había llegado. El Ministerio de Defensa boliviano también certificó la autenticidad de la nota.
Después del hallazgo de la carta –revelada por Página/12–, el presidente Alberto Fernández pidió perdón al Estado plurinacional por el envío de las balas para ser usadas contra el pueblo boliviano. La aparición de la nota de Terceros Lara disparó una investigación interna en el país que derivó en la presentación de una denuncia contra Macri y la plana mayor de su gobierno por el contrabando agravado de armas hacia Bolivia.
Un efecto similar tuvo lugar en La Paz. A los pocos días de que se conociera la carta de Terceros Lara, se supo que la Policía Boliviana había recibido 26.900 cartuchos de perdigón por parte de la Argentina y que éstos habían sido guardados en un almacén de esa fuerza. Las balas llevaban la impresión de Fabricaciones Militares (FM), por lo que pudo rastrearse que habían sido compradas por Patricia Bullrich como parte de los preparativos para la cumbre del G20 que se celebró en 2018 –que fue un terreno fértil para la realización de negocios –como denunció días atrás la Oficina Anticorrupción (OA) o para el espionaje masivo–.
En Bolivia, después de un sumario interno de la Policía, se reconstruyó que el propio Yuri Calderón fue quien ordenó que efectivos de esa fuerza trasladaran a diplomáticos argentinos y a sus familiares desde un hotel céntrico hasta el hangar de la fuerza de tareas Diablos Negros en El Alto para abordar el Hércules que había destinado el entonces ministro de Defensa Oscar Aguad para que viajaran los gendarmes. Según testimonios de los efectivos –que ya habían sido publicados por este diario–, la Policía Boliviana trasladó a los gendarmes hasta la residencia del embajador. En ese marco se hizo la entrega del material represivo.
La maniobra cambiemita
Según la presentación del Ministerio de Gobierno de Bolivia a la que accedió Página/12, el embajador Normando Álvarez García pidió autorización el 11 de noviembre de 2019 para que ingresaran los gendarmes con sus armas. Pero la nota, según apuntan los abogados del Estado boliviano, tiene sello de recepción en la Cancillería el 15 de noviembre de ese año, cuando los gendarmes ya llevaban dos días en territorio boliviano. La diferencia en las fechas refuerza la teoría de que toda la maniobra del gobierno de Macri fue ilegal.
En Buenos Aires, la Gendarmería tramitó ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) la autorización para que los alacranes llevaran las armas que normalmente portan en una misión que tiene que ver con la custodia de una embajada en momentos de convulsión social. Sin embargo, el 12 de noviembre de 2019, la fuerza que comandaba Gerardo Otero pidió sacar un “complemento”. En ese complemento estaban las 70.000 balas 12/70 que terminaron repartidas entre la FAB y la Policía Boliviana. La solicitud de la Gendarmería se produjo después de una reunión en la Casa Rosada en la que participaron Otero, Bullrich y el entonces jefe de Gabinete Marcos Peña, entre otros. Ese mismo día, el entonces canciller Jorge Faurie envió un pedido para que la Gendarmería viajar a Bolivia, cuando ya se sabía que esa fuerza se trasladaría. Lo curioso es que Faurie omitió asentar su pedido en el sistema que usa la administración pública.
En simultáneo con la partida de los alacranes hacia Bolivia se produjo otro viaje hacia Chile, también para proteger la embajada. En el caso de los gendarmes que fueron hacia Santiago, no hubo ningún pedido de acrecenter el material represivo que llevaban y, además, viajaron con un avión comercial. El caso boliviano fue distinto y abona a la teoría de una coordinación entre las distintas agencias del gobierno de Macri para apoyar el golpe contra Morales.
En el Estado Plurinacional, hubo tres contingentes de Gendarmería entre noviembre de 2019 y junio de 2020. Al regresar, la versión oficial fue que los 70.000 cartuchos se habían usado en prácticas de tiro. Ese argumento está siendo ahora desmentido por los efectivos que estuvieron allá desplegados y que empezaron a declarar ante el juez Alejandro Catania, que investiga la denuncia que presentó el gobierno de Alberto Fernández. Según los gendarmes, no hubo entrenamiento alguno en La Paz.
Cambiar el sentido
Este miércoles llegará a Bolivia un avión de la Fuerza Aérea Argentina con ayuda para las comunidades guaraníes que perdieron todo en las inundaciones que tuvieron lugar recientemente en la zona de Tarija. Allí se reportaron más de diez personas desaparecidas, dos muertos y alrededor de 30 familias que perdieron todo con la crecida del río. De regreso, el avión llevará a los 80 brigadistas que manda el gobierno de Arce para colaborar con la extinción del fuego en la provincia de Corrientes.
“Mientras Macri mandaba aviones de la Fuerza Aérea con armamento, Alberto (Fernández) mandó primero las vacunas y ahora está mandando ayuda para los damnificados de la inundación y Bolivia nos está enviando a los brigadistas”, remarca el embajador argentino en La Paz, Ariel Basteiro, que sigue de cerca la evolución de las investigaciones sobre el contrabando de armas.
 
 
 
 
 
PREOCUPA EL TRÁNSITO ILEGAL ENTRE ARGENTINA Y BOLIVIA
 
Empresas de turismo y comerciantes sostienen que la burocracia alienta esta actitud. Aseguran que en enero circularon entre 15 y 20 mil personas.
 
Cadena 3 de Argentina (https://bit.ly/3LVHTHG)
 
La presidenta de la Cámara de Turismo del Norte de Salta, Gabriela Martinich, dijo a Cadena 3 que tanto empresarios como comerciantes alertaron a las autoridades por el aumento del tránsito ilegal entre Argentina y Bolivia.
Sostienen que es por los requisitos burocrático y el horario limitado de 8 a 16 para cruzar por la frontera, incentiva que se busquen pasos alternativos ilegales.
"Nos hemos convocado empresarios asociaciones y cámaras de turismo alarmados por la situación. Tantas burocracias para pasar de forma legal que no se hablita el tránsito fronterizo y la gente va y viene por los pasos internacionales sin saber qué llevan o traen", reclamó.
El pedido es que se apliquen otras formas de control como el test rápido o el carnet de vacunación, ya que actualmente se pide un seguro de Covid para ingresar a cualquiera de los dos países.
"Los primeros días de enero entre 15 y 20 mil personas pasaron diariamente", advirtió.
 
 
 
 
 
Espert, López Murphy, Tetaz y otros dirigentes neoliberales afirman que la expresidenta de facto sufre una "persecución"
 
JEANINE ÁÑEZ TIENE QUIENES LA DEFIENDAN EN ARGENTINA
 
El propio Espert se encargó de difundir el documento en Twitter, en el que expresan el "mayor repudio a la situación de escarmiento y detención ilegal" de Áñez, a quien definen como "ex-presidente constitucional".  También niegan que se tratara de una sedición, sino de "la protesta legítima contra una tiranía que se intentaba aferrar al poder mediante fraude".
 
Página 12 de Argentina (https://bit.ly/3p8LV5B)
 
Jeanine Áñez, la encarcelada expresidenta de facto de Bolivia, que afronta una causa por sedición, sumó apoyos desde la Argentina. Un documento con 48 firmas pide su libertad, sostiene que no gobernó al margen de la ley y que en el vecino país no se produjo un golpe de Estado en noviembre de 2019.
Las firmas son variopintas. Hay diputados nacionales como José Luis Espert, Martín Tetaz, Ricardo López Murphy, Fernando Iglesias; senadores como Luis Naidenoff y Carolina Losada; juristas como Daniel Sabsay y Félix Lonigro; legisladores porteños como Roberto García Moritán (más conocido por su relación con Pampita); negacionistas del terrorismo de Estado como Darío Lopérfido; y hasta tuiteros/influencers que adhieren a las ideas extremistas de Javier Milei, como Iñaki Gutiérrez, Emanuel Danaan y alguien que firmó con su alias tuitero, @tipitoenojado.
El propio Espert se encargó de difundir el documento en Twitter, en el que expresan el "mayor repudio a la situación de escarmiento y detención ilegal" de Áñez, a quien definen como "ex-presidente constitucional". Afirman que el 10 de noviembre de 2019, Evo Morales y su vice, Álvaro García Linera, "tomaron la decisión de renunciar" y que Áñez continuó la línea sucesoria como presidenta del Senado.
También valoran que "durante su presidencia llamó a elecciones democráticas y cuando fue elegido el nuevo presidente Luis Arce (referente del MAS) entregó el poder".
El texto habla de "persecución" para referirse a la acción judicial contra Áñez, encarcelada en marzo de 2021. Los firmantes niegan que se hubiera producido un golpe, ya que los militares no sacaron a Morales, sino "la presión popular". También niegan que se tratara de una sedición, sino de "la protesta legítima contra una tiranía que se intentaba aferrar al poder mediante fraude".
La carta niega a su vez que hubiera terrorismo, sino que "los grupos del MAS atacaban a diferentes personas que se manifestaban", y que tampoco se puede hablar de conspiración, ya que "existió solamente una protesta para liberarse de la tiranía".
Para los firmantes, Áñez sufre "una detención injusta y violatoria de derechos humanos", y consideran que enfrenta "una persecución cruel y humillante", por lo cual exigen "respeto al Debido Proceso y su pronta liberación".
Áñez se hizo del poder tras la crisis desatada el 10 de noviembre de 2019, cuando Evo Morales fue forzado a renunciar. La crisis se había desencadenado por la disputa en torno al conteo de votos en las elecciones presidenciales de octubre. Morales propuso repetir la elección cuando se produjo su caída. Pudo escapar del país (se exilió en México), mientras sus opositores protagonizaban hechos de violencia. Áñez gobernó de noviembre de 2019 a noviembre de 2021.
En los últimos meses afloraron pruebas de una participación del entonces saliente gobierno de Mauricio Macri en el apoyo a la insurrección, con el envío de armas a Bolivia. En el documento eligió hacer oídos sordos.
En tanto, las respuestas en Twitter a la publicación de Espert no se hicieron esperar.
 
 
 
 
 
CUATRO PROYECTOS DE PERÚ LIBRE BUSCAN LEGALIZAR EL CULTIVO DE LA HOJA DE COCA
 
Alternativas. Iniciativas promueven nuevo empadronamiento, erradicación concertada, sustitución de Enaco e industrialización de la planta. Expertos sostienen que las propuestas esconden otro fin y que, de aprobarse, afectarán la lucha contra el narcotráfico.
 
La República de Perú (https://bit.ly/3pbr6GO)
 
En la Comisión de Defensa del Congreso hay cuatro proyectos de ley sobre el cultivo de la hoja de coca en el país y que coinciden en puntos específicos. Las iniciativas de ley pertenecen a los congresistas de Perú Libre Wilson Quispe, Margot Palacios, Guido Bellido y Guillermo Bermejo. Este último decidió dejar la bancada gobiernista hace poco más de dos meses. Todos promueven la investigación y el desarrollo industrial de los derivados de la hoja de coca, la declaran cultivo emblemático, patrimonio cultural y también regulan esta actividad.
Precisamente, en la regulación de la actividad es que hablan de un nuevo empadronamiento, de la sustitución de Enaco por otra institución y de erradicación concertada.
El planteamiento de Quispe va por considerar lícitos los cultivos en las trece cuencas cocaleras del Perú, debidamente empadronadas. En los lugares con sustitución de cultivos y desarrollo alternativo estarán sujetos a una reducción concertada y voluntaria.
Asimismo, en la disposición complementaria de su proyecto menciona que el Ejecutivo notifique al secretario general de la ONU el retiro de la coca de la lista nº 1 de la Convención Única de Estupefacientes, de 1961.
Palacios plantea considerar lícita la hoja de coca para usos legales, desde la siembra hasta el proceso de cosecha y producción. Propugna establecer un mecanismo de producción colectiva, comunitaria y autogestionaria para su industrialización. También propone la creación del Instituto de Fiscalización e Investigación Tecnológica de la hoja de coca con el propósito de controlar y fiscalizar la producción, comercialización, industrialización e investigación del uso de la planta.
Por su parte, Bellido toca el tema de la actualización del padrón de productores. Y que el Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, se encargue de impulsar el comercio de la coca y sus derivados lícitos.
El proyecto de Bermejo también habla del empadronamiento de cocaleros y la reducción voluntaria y concertada de cultivos. Precisa que Enaco actualizará el registro de productores de coca cada cinco años. Declara de prioridad nacional la revalorización de la hoja de coca e indica que el Estado deberá implementar políticas públicas para promover sus cualidades y su consumo.
El exministro del Interior Rubén Vargas encuentra que estas propuestas legislativas alegan la lucha contra las drogas, pero en el fondo tienen por objetivo legalizar toda la hoja de coca que se cultiva en el Perú.
“Es legalizar los cultivos de hoja de coca en las quince regiones donde se siembra, tratando de desconocer el problema respecto a su utilización en el tráfico de drogas”, sostiene.
Cuestionamientos
Vargas menciona además que para el partido de gobierno, y especialmente para algunos congresistas, no existe el problema de las drogas en el Perú, sino solo la informalidad en la producción de la hoja de coca. Considera también que esta es una lectura sesgada, interesada en legalizar el cultivo de un producto que en más del 90% termina convertido en cocaína.
Recuerda también que hoy la coca es un cultivo fiscalizado y solo tienen legalidad los cultivos empadronados ante Enaco en un padrón de 1978. Y refiere que la ley vigente prohíbe nuevos empadronamientos.
“Lamentablemente, el Gobierno ha abandonado la lucha contra las drogas y ahora pretende legalizar la hoja de coca. En los hechos está boicoteando las acciones de erradicación de la hoja ilegal”, objeta.
Vargas agrega que por un lado el Gobierno pretende legalizar la hoja de coca y, por otro, desde Devida, se evita la erradicación, lo cual afecta la lucha contra las drogas.
Para Jaime Antezana, la pretensión de Guillermo Bermejo de legalizar una hectárea por familia generaría que las actuales 10.000 hectáreas para producir 12.000 toneladas métricas de hoja de coca de consumo tradicional se incrementen.
“Es una idea que han traído de Bolivia, donde por ley se legalizaron 24.000 hectáreas de hoja de coca cuando solo necesitaban de 11.000 a 12.000 hectáreas para consumo tradicional”, refiere. Y acota que la industrialización en Bolivia también ha fracasado.
“No hay modo de vender la idea de la industrialización”, dice.
Actualmente, como el precio de la coca que va al narcotráfico está bajo, ahora todos los cocaleros quieren entregar su producción a Enaco, que ya debe ingentes cantidades a Fonafe por préstamo para comprar coca. Además, sus almacenes están repletos.
Cifras
10% está dedicado a la industrialización y al consumo legal interno.
90% de la producción se va al narcotráfico.
88.000 hectáreas de cocales hay en Perú, informa la Casa Blanca. Según Devida, hay 61.777 hectáreas.
 
 
 
 
 
CATALINA RAZZINI LOGRA ESTRENAR "CUIDANDO AL SOL" EN BOLIVIA
 
Noticine de México (https://bit.ly/3hg69pX)
 
La opera prima de la directora boliviana Catalina Razzini, "Cuidando al sol" llega a los cines nacionales este jueves, después de su larga espera tras el retraso por la pandemial. La cinta, que ya se vió en España, país coproductor, narra la historia de Lucía, una niña de 10 años que espera desconsoladamente la llegada de su padre. Este drama infantil transcurre en el Lago Titicaca. "Esta historia nació con una necesidad de contar el concepto de la espera, pero no a partir de quién vive la aventura, a nivel homérico. Sino a nivel de quien lo espera. Cómo a partir de estar quieto mirando al horizonte, se puede generar movimiento emocional.De ahí surge esa idealización al padre a través de ese mundo mítico", ha dicho la cineasta novel.
Para Lucía no es fácil convivir con el dolor de no ver a su padre, su consuelo se encuentra en su hermana menor, Maribel, quien junto a un niño pequeño que trabaja de guía turístico, calman la tristeza y el sinvivir de la pequeña Lucita, como la llaman en casa. Gracias a Sebastián, el pequeño que trabaja de guía en la ciudad, Lucía consigue algo de dinero y puede ayudar a su madre y hermanas en casa.
Este sentimiento que sufre Lucía se ve apoyado por la forma en la que la película ha sido llevada a cabo, ya que se trata de un falso documental donde podemos ver cómo convive esta familia indígena diariamente, todo a través de la pequeña Lucía. Catalina Razzini tiene un gran conocimiento sobre el campo y se puede ver en los diálogos de los niños o las discusiones de las personas adultas en la lengua indígena real, lo que le da esa sensación de documental a la historia.
La directora ha comentado los mensajes de su película en SoydeCine: "La forma en la que Lucia se enfrenta a esto (la espera de su padre), mezclando la idealización con la realidad sin tener referencia de a donde fue el padre. La historia pretendía entrelazar eso con otras temáticas como el turismo, la soledad, siendo los niños pequeños adultos, cómo constituir una fuerza personal en las mujeres, que es un tema importante en el mundo. El turismo es terrible, consumista, no hay más interés que llevarse la foto. Tenemos con el móvil todo a nuestro alcance y nos desconectamos con lo que sucede en el momento".
También ha asegurado que la película "es ella misma", habla de Lucía como si de ella se tratara: "Hay experiencias muy concretas que tiene Lucia que las he vivido yo. Muchas otras son de otras niñas. Mientras yo la escribía, fui allí a vivir, a conocer, a hablar con los habitantes. Así que muchas anécdotas son de ellas. Todo se fue tejiendo para generar la propia entidad de Lucia.", ha comentado la directora.
"Cuidando al Sol" es una coproducción boliviano -española, entre Pucara films y Creta producciones, contó con el financiamiento del PIU (del Estado boliviano), Brot Für die Welt (de Alemania), Ibermedia y RTVE (de España).
 
 
 
 
RODRÍGUEZ ELIZONDO Y ESTADO PLURINACIONAL: “LA CONCLUSIÓN PUEDE SER UNA DINÁMICA DEL PODER QUE IMPULSE HACIA EL SEPARATISMO”
 
Diario Obrador de Chile (https://bit.ly/3vegdru)
 
El abogado, profesor de Relaciones Internacionales de la U. de Chile y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, José Rodríguez Elizondo, sostiene que algunas propuestas de la Convención pueden terminar debilitando al Estado. “Los historiadores dirán que hoy creamos las condiciones para que Chile deje de ser esa ‘larga y angosta faja de tierra’ de los manuales escolares, para convertirse en una faja cortita y angosta”, comenta.
-En la comisión sobre Sistema Político, 16 convencionales, entre ellos la expresidenta Elisa Loncón, presentaron una iniciativa sobre Estado Plurinacional. ¿Cuál es su postura respecto a esta definición?
-No he visto una definición razonable del tema, pero creo que en su origen no está el Estado español de las autonomías, sino el modelo teorizado por el exvicepresidente boliviano Alvaro Linera y constitucionalizado por el expresidente Evo Morales. Por cierto, el Estado plurinacional de Bolivia tiene una base real, en cuanto refleja la hegemonía demográfica de sus pueblos originarios. Otro tema es que sea funcional al poder político democrático.
-¿No sería un modelo para Chile?
-Importarlo desde un Chile con larga tradición democrática, mayoritariamente mestizo e inserto -nos guste o no- en la cultura occidental, me parece una extravagancia. Si el tema no tuviera un complejo mar de fondo, me atrevería a decir que estamos ante “un gustito” ideológico: el de reescribir nuestra historia para convertirla en una “historia más justa” respecto al pueblo mapuche… y, por extensión, respecto a otros pueblos o etnias, que incluyen hasta un sector de afrodescendientes. Para ese efecto, les estaríamos dando el estatus de naciones paralelas con la chilena y ésta se autoconstituiría en su deudora histórica. Es decir, estaríamos yendo mucho más allá del reconocimiento postergado y de la reparación de los abusos infligidos.
-La misma iniciativa también incorpora la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas. ¿Qué implicancias puede tener?
-Si unimos “el principio de la plurinacionalidad” con la autodeterminación de las naciones por nacer y con una prognosis de eventos imprevisibles, la conclusión puede ser una dinámica del poder que impulse hacia el separatismo. Entonces, los historiadores dirán que hoy creamos las condiciones para que Chile deje de ser esa “larga y angosta faja de tierra” de los manuales escolares, para convertirse en una faja cortita y angosta. Un fenómeno que, usualmente, es el efecto de las guerras internas o internacionales. Por lo señalado, creo que la única refundación necesaria en Chile es la de sus partidos políticos, para que pueda darse una democracia que privilegie el interés nacional.
-¿Cree que estas definiciones debilitan al Estado unitario?
-Basta conocer la historia propia y comparada para temerlo. En nuestro caso, la excepcionalidad chilensis consiste en que ese debilitamiento sería una decisión propia y “libre” del Chile unitario. Ello me hace recordar esa ironía brutal de Brecht respecto a ese tipo de libertad. “Soy libre, dijo el esclavo y se cortó un pie”.
-Varios convencionales aluden al caso boliviano como un ejemplo en el tema indígena. ¿Qué lecciones deja la experiencia andina?
-Cada caso es cada caso. Ya dije que la plurinacionalidad boliviana descansa sobre una base demográfica real. Pero, otro tema es que sea funcional a una democracia moderna y sirva como modelo para otros. Dudo, incluso, que fortalezca el potencial de la propia Bolivia, especialmente en lo diplomático y estratégico. En una realidad global en la cual todavía domina el Estado-nación, no es un formato aceptable. La mejor prueba se dio en diciembre pasado, cuando Morales trató de montar en el Cusco una gran convención de dirigentes originarios, para crear Runasur, en el marco de una “América Plurinacional”. Por distintas vías, históricos diplomáticos peruanos rechazaron categóricamente ese evento. Captaron, al toque, que lo que se pretendía era que el pueblo aymara ocupara litoral peruano y luego se autodeterminara incorporándolo soberanamente a Bolivia. Ello violaba el tratado de 1929, que garantiza la contigüidad geográfica entre Chile y el Perú. Asombrosamente, aquí ni cuenta nos dimos de que eso estaba sucediendo.
– Gabriel Boric ha dicho que tiene cercanía ideológica con Álvaro García Linera, teórico marxista, exguerrillero, quien fue vicepresidente y estratega de Evo Morales. ¿Qué le parece esta influencia?
-El presidente electo es libre de tener los amigos y los influencers que desee. Como presunto analista, yo sólo puedo comentar que, según la realpolitik, los países no tienen amigos sino intereses
-La futura canciller Antonia Urrejola, experta en DD.HH., ha sido crítica de los regímenes de Venezuela y Nicaragua. ¿Qué expectativas le produce su nombramiento?
-Me parece claro que el límite de los reconocimientos sigue siendo Cuba. Mejor dicho, la leyenda de su revolución. En todo caso me alegra ese avance en el realismo político internacional y le deseo mucho éxito en su gestión. Está en el interés del Chile unitario en el cual  estamos viviendo… aún.
 -¿Cuáles son los riesgos geopolíticos de Chile en el escenario que recibirá el nuevo gobierno?
-En cuanto país vencedor de una guerra internacional, Chile tiene una configuración geopolítica complicada. Por eso, la buena relación con sus tres vecinos y sus tratados de límites son de importancia estratégica. Pero, la dinámica y el momentum de esas relaciones, nos enseña que los tratados no bastan para mantener la cordialidad. En los últimos años hemos sido demandados dos veces por distintos gobiernos vecinos. Morales, siendo presidente, constitucionalizó el desconocimiento del tratado de 1904, proclamó la recuperación de Antofagasta y, desde su internacionalismo beligerante, dijo que “Chile es el Israel de América”.
Sinópticamente, hoy tenemos problemas de plataforma extendida y otros con Argentina. Bolivia no se ha resignado al fallo adverso de La Haya. El presidente peruano Pedro Castillo pide “mar para Bolivia” y apoyó la aventura de Runasur. Desde Venezuela Nicolas Maduro nos amenaza con un “huracán bolivariano” y disfruta con los graves problemas que nos produce la multitudinaria llegada de venezolanos.
Lo menos que puedo decir es que éste no es el mejor momento para debilitar las bases de nuestro Estado nacional.

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