Tuesday, February 22, 2022

ARMAS A BOLIVIA: LOS GENDARMES DECLARARON QUE NO HUBO NINGUNA ACTIVIDAD QUE JUSTIFICARA EL ENVÍO DE 70 MIL BALAS

Los agentes de la fuerza de seguridad explicaron que en Bolivia no se realizaron prácticas de tiro ni otras actividades que implicaran el uso del material bélico enviado por Argentina. La declaración desmiente el argumento con el que Mauricio Macri y sus exfuncionarios intentaron ocultar el faltante del armamento que terminó en manos de las fuerzas que dieron el golpe contra Evo Morales.

En Bolivia, no hubo prácticas de tiro ni nada que justificara que 70 mil balas de goma salieran de la Argentina y no volvieran. La información --que desmiente el argumento con el que se intentó ocultar el faltante de materiales represivos que terminaron en poder de las fuerzas que dieron el golpe contra Evo Morales-- surge de la declaración que brindaron este lunes tres gendarmes que estuvieron en La Paz entre febrero y junio de 2020. Los tres efectivos de la fuerza de seguridad fueron los primeros en testimoniar ante el juez en lo penal económico Alejandro Catania, que investiga el contrabando agravado de armas durante el gobierno de Mauricio Macri.

Este lunes, Catania comenzó con la ronda de testimoniales de gendarmes que estuvieron en el Estado Plurinacional. Si bien entre noviembre de 2019 y junio de 2020 hubo tres contingentes de esa fuerza de seguridad, el juez optó por arrancar por los dos últimos para entender cómo era la mecánica en Bolivia. Después deberá avanzar con las citaciones de los miembros del Grupo Alacrán –un cuerpo de élite de la Gendarmería– que llegaron el 13 de noviembre de 2019 al Alto y se trasladaron hacia La Paz.

Ante Catania, estuvieron el alférez Alejandro González y los sargentos Jaime Olivera y Leonardo Benítez. Los tres fueron parte del último contingente, el que llegó a Bolivia el 28 de febrero de 2020 y debió permanecer hasta el 27 de junio de ese año porque los sorprendió la pandemia, lo que dificultó su retorno.

Los integrantes de la Gendarmería, en líneas generales, relataron ante el juez que:

Llegaron en avión de línea, a diferencia del primer contingente que viajó en un Hércules que proveyó la Fuerza Aérea Argentina;

Todos pasaron por Migraciones;

Viajaron con sus armas reglamentarias y vestidos de civil;

Debieron hacer tareas de seguridad en la embajada argentina en Bolivia y en la residencia del embajador argentino –las dos propiedades están ubicadas a unas cuadras de distancia, no más de diez minutos si se hace el trayecto a pie, dijeron–;

Cada gendarme tenía un arma primaria –escopeta– y una secundaria –una pistola–;

Las armas se entregaron en la residencia del embajador. Allí se guardaban cajas con armamento en una piecita de 2x2 desde donde se monitoreaban las cámaras de seguridad;

Cada integrante del contingente tenía su armamento con él;

No hubo entrenamientos ni prácticas de tiro –como ya había surgido en el sumario interno que hizo la Gendarmería–. Este punto es especialmente importante porque desmiente la versión que intentaron instalar jefes de la fuerza para justificar el faltante de las 70 mil balas;

Con la policía y con las fuerzas armadas bolivianas, no tuvieron trato. Únicamente se saludaban con los efectivos policiales que estaban apostados en una garita fuera de la embajada o de la residencia;

Volvieron con todo el material que tenían;

El retorno fue por tierra, vía La Quiaca.

Catania continuará con los testimonios el miércoles. Tiene citaciones cursadas hasta el 16 de marzo, confiaron fuentes judiciales a Página/12.

En las declaraciones de este lunes estuvieron presentes los abogados de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, del excomandante de la Gendarmería Gerardo Otero, del exjefe del Grupo Alacrán Fabián Salas y del exagregado en La Paz Adolfo Caliba, entre otros. Macri, a través de su abogado Pablo Lanusse, había intentado inicialmente impedir que los gendarmes declararan en el sumario interno. El argumento de la defensa del expresidente era que, al ser un procedimiento propio de la fuerza, no había forma de controlarlo. Ahora que declaran ante el juez, parece que a Macri ya no le interesa que sus abogados estén presentes.

El escándalo por el envío de armas a Bolivia para apoyar el golpe contra Morales se desató en julio pasado, cuando se halló una carta del 13 de noviembre de 2019 en la que el entonces jefe de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Jorge Gonzalo Terceros Lara, le agradecía al embajador argentino Normando Álvarez García por la entrega de 40 mil balas antitumulto 12/70. En ese momento, el gobierno de Alberto Fernández --a través de Martín Soria (Justicia), Sabina Frederic (Seguridad) y Mercedes Marcó del Pont (AFIP)-- denunció a Macri por el contrabando. A los pocos días, la Policía boliviana anunció que había encontrado en un depósito 29.600 balas del mismo tipo con el logo de Fabricaciones Militares. Los cartuchos también habían entrado al almacén el 13 de noviembre de 2019, o sea, el mismo día en que los gendarmes argentinos llegaron a La Paz.

Las balas entregadas a las fuerzas golpistas en Bolivia habían sido compradas por Bullrich para la cumbre del G-20, que se celebró en la Argentina a finales de 2018. Inicialmente, los alacranes no iban a llevar esos cartuchos, pero se pidió autorización a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) para trasladarlos hacia La Paz tras una reunión que se hizo el 12 de noviembre de 2019 en la Casa Rosada. Ese fue el material represivo que no volvió al país; el resto regresó.

En el expediente por el contrabando a Bolivia, no solo están imputados Macri y Bullrich, sino que los acompaña la plana mayor de Cambiemos: el exjefe de gabinete Marcos Peña, el excanciller Jorge Faurie, el exministro de Defensa Oscar Aguad, el exsecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo y el exembajador Álvarez García, entre otros. Página 12 de Argentina (https://bit.ly/3v8JqnR)

 

 

 

 

 

TRES GENDARMES ARGENTINOS NEGARON HABER UTILIZADO BALAS EN BOLIVIA

 

Los agentes que estuvieron en La Paz después del golpe de Estado contra Evo Morales en 2019 comenzaron a declarar como testigos en la causa por supuesto contrabando agravado de municiones a ese país. La declaración desmiente el argumento con el que Macri intentó ocultar el faltante del armamento que terminó en manos de las fuerzas que participaron de la represión.

 

Negocios y Política de Argentina (https://bit.ly/3s6OuHu)

 

Durante la primera jornada de testimoniales realizada este lunes, los agentes declararon ante el juez Alejandro Catania y todos negaron haber participado de prácticas de tiro ante consultas específicas del juzgado. La consulta sobre esas prácticas tiene que ver con una nota interna emitida por la Gendarmería Nacional en lo que se presume fue un intento de ocultar el verdadero destino de las más de 70 mil municiones antitumulto que el Gobierno de Mauricio Macri mandó a Bolivia en noviembre de 2019.

Ante Catania, se presentaron: los sargentos Leonardo Benítez y Jaime Olivera y el oficial Alejandro González, quienes fueron parte del último contingente, el que llegó a Bolivia el 28 de febrero de 2020 y debió permanecer hasta el 27 de junio del mismo año.

En este expediente se investiga el supuesto desvío en el destino del material represivo que salió de la Argentina con el presunto objetivo de ser utilizado para la defensa de la embajada nacional en Bolivia y la residencia del embajador.

El gobierno de Alberto Fernández denunció que aquellas municiones que envió la administración de Juntos por el Cambio fueron en realidad a parar a manos de la policía boliviana y la Fuerza Aérea de ese país y por ende pudieron haberse utilizado para reprimir las manifestaciones populares de apoyo al gobierno de Morales.

Los gendarmes que comenzaron a testimoniar integraron el primero de dos grupos que fueron destacados en el Estado Plurinacional de Bolivia después del comando Alacrán que viajó el 13 de noviembre de 2019 con en el mismo avión Hércules C-130 en el que se trasladaron las municiones.

Detalles de la declaración

Arribaron en avión de línea, a diferencia del primer contingente que viajó en un Hércules de la Fuerza Aérea Argentina

Todos cruzaron por Migraciones

Viajaron de civil y con armas reglamentarias

Realizaron tareas de seguridad en la embajada argentina en Bolivia y en la residencia del embajador argentino

Cada gendarme tenía una escopeta y una pistola entregadas en la residencia del embajador

No hubo entrenamientos ni prácticas de tiro, lo que desmiente la versión que intentaron instalar jefes de la fuerza para justificar el faltante de las 70 mil balas

Con la policía y con las fuerzas armadas bolivianas, no tuvieron trato

El retorno fue por tierra, vía La Quiaca

Volvieron con todo el material que tenían

De ahora en más, serán dos rondas de testimoniales: la primera se extenderá hasta el 2 de marzo y abarcará a los integrantes de Gendarmería destacados en Bolivia entre el 10 de enero y el 1 de marzo del 2020, mientras que la segunda será del 7 al 16 de marzo e incluirá a los efectivos que estuvieron en La Paz entre el 28 de febrero y el 27 de junio.

La justicia busca determinar:

Qué fue descargado de aquel vuelo de noviembre de 2019

Quién lo descargó

A dónde fue llevado

Qué documentación existe al respecto, por lo que aún espera recibir desde Bolivia toda la documentación respaldatoria de aquella información que ya se encuentra en el expediente porque fue aportada por los denunciantes.

Los hechos que dieron origen a esta investigación fueron denunciados el 12 de julio pasado a través de una presentación que llevaba la firma del ministro de Justicia, Martín Soria; la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.

Imputados

En el expediente se encuentran: el expresidente Mauricio Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; el exdirector general de la Gendarmería Nacional, Gerardo José Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.

El fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó también a los exfuncionarios del gobierno de JxC Marcos Peña (jefe de Gabinete), Jorge Faurie (canciller) y Fulvio Pompeo (secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación) y al comandante de Gendarmería Adolfo Héctor Caliba, señalado como quien coordinó con la policía boliviana el envío de elementos represivos.

 

 

 

 

 

CHINA Y SU OBSESIÓN CON EL LITIO: LA LUCHA DEL GIGANTE ASIÁTICO POR ASEGURARSE EL SUMINISTRO DEL “ORO BLANCO”

 

Beijing tiene sus ojos puestos en países como Argentina, Bolivia y Chile, que es donde están las mayores reservas del mineral llamado “el nuevo petróleo” o el “oro blanco”

 

Infobae de Argentina (https://bit.ly/3H4hjs9)

 

China quiere controlar la producción mundial de litio. Esto para el gigante asiático va mucho más allá de lo económico (aunque sus funcionario digan lo contrario), ya que controlando las reservas del mineral su poder político y hegemonía sería mucho mayor. Y es que el valor del metal se ha disparado en el último año, el precio en el mercado chino alcanzó los 315 000 dólares por tonelada por primera vez.

Recientemente, el presidente argentino, Alberto Fernández, inscribió a su país en la Iniciativa de la Franja y la Ruta durante su viaje a Beijing. El anuncio del mandatario argentino generó malestar en Washington y en otros países occidentales, que prometieron cortar toda dependencia del litio que produce el gigante asiático.

El país sudamericano está ubicado en el Triángulo de Litio de América del Sur (junto con Chila y Bolivia), el cual contiene más de la mitad de las reservas mundiales. China, que es el mayor comprador e inversionista de minas del metal, necesita controlar o tener influencia en las partes del mundo donde se extrae.

Con el cambio climático y la necesidad de hacer la transición de combustible fósiles a energías renovables, el metal alcalino de color blanco plateado se lo denomina como “el nuevo petróleo” o el “oro blanco”, un material esencial utilizado en las baterías de los vehículos eléctricos, informó The South China Morning Post

Beijing asegura que la búsqueda de litio por fuera de su país no se basa en interés geopolíticos sino en demandas del mercado, informó el diario chino.

Estimaciones de la la Agencia Internacional de Energía proyectan que la demanda mundial de litio aumentaría en más de un 4000 % para 2040.

“Estas tendencias indican que el control de la industria del litio podría generar grandes beneficios en el futuro, lo que probablemente aumentará la disputa geopolítica entre las grandes potencias”, dijo a The South China Morning Post Ryan Berg, miembro del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales con sede en Washington.

“La capacidad gira en torno a fuentes clave como Chile y China, lo que significa que están entrando en juego tensiones comerciales latentes entre China y EE.UU.”, se lee en una nota de Panjiva Research del 9 de febrero.

Tanto Washington como Beijing tiene al litio en el centro de sus intereses, saben de lo esencial que es el control del mineral para sus economías. Por esta razón, Joe Biden ordenó una revisión de la cadena de suministro argumentando que el dominio de China “presenta una vulnerabilidad crítica para el futuro de la industria automotriz nacional de EEUU”.

“El mercado de baterías de alta capacidad es posiblemente uno de los más críticos para los intereses de nuestra nación”, dice un informe de la Casa Blanca..

“China, en particular, ha creado un panorama distorsionado de la cadena de suministro a través de la intervención gubernamental o ajena al mercado de empresas controladas por el estado, tanto a nivel nacional como en las economías en desarrollo”, agrega el informe.

Un investigador y asesor del gobierno chino, que habló bajo condición de anonimato para The South China Morning Post , dijo que la competencia por recursos como el litio debería tener lugar entre empresas multinacionales en lugar de gobiernos.

“No me gusta exagerarlo al nivel de la competencia estratégica nacional”, dijo. “Aunque es inevitable que la competencia en el mercado pueda encontrar algunos obstáculos políticos, a la larga, el suministro de recursos energéticos es más un negocio y [se basa en] el comportamiento del mercado”, agregó.

Dada la demanda de baterías en China, empujada por la industria automotriz, las compañías del gigante asiático necesitan tener un suministro permanente y confiable de litio. Y para Beijing América Latina es el lugar de interés, ya que allí están las mayores reservas del mineral.

“El litio es un recurso estratégico; ciertamente tiene algo que ver con la relación entre dos países”, dijo al diario chino Xu Shicheng, investigador de estudios latinoamericanos en la Academia China de Ciencias Sociales.

 

 

 

 

 

BOLIVIA BUSCA RELOCALIZAR ZONA FRANCA EN ARGENTINA, PARA REACTIVAR EL COMERCIO EXTERIOR HACIA EL OCÉANO ATLÁNTICO

 

Estrategia Aduanera de México (https://bit.ly/3JLhU3P)

 

El gerente ejecutivo de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia, Dante Justiciano, se reunió con el embajador de Argentina en Bolivia para tratar el tema de relocalizar la zona franca en Argentina para reactivar el comercio exterior hacia el Océano Atlántico.

Esta reunión tuvo lugar en Bolivia, en ella participó el embajador de Argentina, Ariel Basterio, para tratar y buscar la relocalización de la zona franca boliviana en el puerto La Plata, este puerto fue el primer puerto argentino del río de la plata, se encuentra ubicado a 15 km del centro de la ciudad de La Plata y tiene un calado de 28 pies, este puerto también cuenta con astillero.

La nueva ubicación se realizará, como primera opción en el río Paraná, cerca de Zárate o como segunda opción en la isla de Ibicuy en Entre Ríos, donde se buscará reactivar el comercio exterior boliviano.

El país busca alternativas factibles para lograr mejorar la logística en el comercio exterior. Para ello se organizó esta reunión con el único objetivo de reactivar la economía del país. Se busca con esta relocalización generar mayores flujos de comercio y cientos de puestos de trabajo tanto directos como indirectos mediante las exportaciones e importaciones de productos argentinos y bolivianos hacia el Océano Atlántico.

Es importante mencionar que el puerto “La Plata”, se considera que es el tercer puerto más importante de Argentina y sus operaciones están basadas en el manejo de contenedores, carga general, carga a granel, combustibles y manejo de cruceros turísticos.

El puerto tiene dos muelles de operaciones, uno llamado “el muelle viejo” fue construido en el año 1918 y se usaba para exportar e importar la carga de todo el Cibao. Mientras que el “muelle nuevo” fue inaugurado en el año de 1974 y es usado actualmente como puerto comercial, donde pueden atracar simultáneamente buques de contenedores, carga general y buques cisterna. Sin embargo el actual puerto no cumple con los requerimientos y necesidades que se exigen para comercializar más productos por medio de este puerto. Ya que el tamaño y el enfoque del puerto está más inclinado hacia los centros turísticos, dando a conocer que la ciudad de Puerto Plata es famosa principalmente por su playa y costa dorada.

Para ello, el mayo de 2019, en el marco de la Reunión de la Comisión Mixta del Convenio de la Zona Franca de Bolivia (antiguo puerto de Rosario), ambos países, tanto Bolivia como Argentina, acordaron la relocalización de la zona franco boliviana en un nuevo espacio que cumpla con las modernas necesidades del transporte fluvial y que de esta manera permita el aprovechamiento de las facilidades brindadas por Bolivia para la operación portuaria y a su vez de la relocalización este pueda concretar su completa integración a la Hidrovía Paraguay-Paraná.

 

 

 

 

 

PANORAMA DEL LITIO EN AMÉRICA LATINA

 

Celag Org. https://bit.ly/34ZiFr9)

 

El presente trabajo tiene como objeto proporcionar información sistematizada sobre la situación legal, económica y geopolítica del litio en la región. Para ello se han considerado los países que poseen yacimientos de litio: Bolivia, Argentina, Chile, Perú, México y Brasil.

Bolivia, Argentina, Chile, México y Perú controlan más del 67 % de los recursos mundiales de litio. Los mismos están concentrados principalmente en Bolivia (21 millones de toneladas-MdT), Argentina (18,3 MdT) y Chile (9,6 MdT).

De los países de la región, Chile es el que más ha avanzado en su extracción y exportación. Se posiciona como segundo productor global (22 %), por detrás de Australia (48,8 %) y seguido por China (17,1 %).

En Bolivia, Brasil, Chile y Perú el litio está definido como recurso estratégico, y México se encuentra en trámite de aprobar esta calificación estratégica a través de una reforma constitucional. El Gobierno argentino se ha manifestado a favor de regular específicamente este mineral. Sólo Bolivia y Chile cuentan con algunas normas específicas sobre dicho mineral, en el resto de los países abordados la normativa relacionada con el litio es de carácter general.

El régimen de dominio es estatal y en su mayoría sujeta a concesión su explotación, con salvedades como Bolivia, que cuenta con una empresa pública que interviene en toda la cadena

Las empresas que lideran la producción mundial del Litio son las chinas Jiangxi Gangfeng Lithium y Tianqi Lithium (tiene acciones en SQM que opera en Chile y en México), las norteamericanas Albemarle (opera en Chile) y FMC Corporation, la chilena Sociedad Química y Minera de Chile (SQM o Soquimich). Recientemente, Tianqi ha ganado espacio y opera la mina más grande del mundo, Greenbushes (Australia), junto a Albemarle.

A SQM, Gangfeng y Albermale se suman Jemse, Orocobre, Toyota Tsuyo y Livent en Argentina. En Brasil Sigma, AMG, CBL y en Bolivia TBA-Boacheng y ASI Systema (Ver Tabla 2).

Un informe reciente de la Agencia Internacional de Energía indicó que la demanda del litio aumentará 42 veces para 2040, particularmente para la fabricación de baterías para autos eléctricos.

Las empresas que operan en todos los eslabones de la cadena de la batería de Ion-Litio y lideran este desarrollo son LG Chem (Corea del Sur), Tesla (EE. UU.), BYD (China) y Panasonic (Japón). LG Chem y Panasonic cuentan con una planta en México y Tesla tiene oficinas en la Ciudad de México para América Latina y está la posibilidad de instalar una fábrica en Brasil en dónde se encuentra una planta de BYD.

Las empresas mineras que representan más de la mitad de la producción global de litio en septiembre de 2021 conformaron la Asociación Internacional del Litio. Sus cinco miembros fundadores son SQM, Ganfeng Lithium, AMG Brasil, Orocobre y Pilbara Minerals.

En cuanto a su precio, la tendencia que se identifica a mediano plazo es una presión alcista del litio por una creciente demanda en el marco de la transición energética.

Distintas proyecciones muestran que el litio disputará la relevancia de otras exportaciones típicas de la región, como el cobre y el petróleo. Sin embargo, no será una substitución absoluta dado que sus usos son complementarios con el cobre y el reemplazo del petróleo sería sólo parcial.

 

 

 

 

 

DECLIVE. ALERTAN QUE BOLIVIA ESTÁ EN RIESGO DE DEJAR DE SER EXPORTADOR DE GAS

 

Prensa Mercosur Net (https://bit.ly/3LTgJRG)

 

Mientras Bolivia enfrenta problemas por la caída de la producción de gas y la falta de reposición de reservas, Brasil y Argentina tienen cada vez mayor producción. Según expertos, Brasil ya es capaz de garantizar la seguridad del suministro de gas sin depender de Bolivia, mientras que Argentina afianza su condición de país exportador.

En este contexto, los analistas en hidrocarburos Hugo del Granado y José Padilla afirmaron por separado que Bolivia está en riesgo dejar de ser país exportador de gas, pues su baja producción le permitirá únicamente garantizar el mercado interno.

En días pasados, en una entrevista con el portal Radar Energético, Edmar de Almeida, especialista en el mercado de gas natural y economía energética de Brasil, afirmó que la producción de gas en ese país tiene un incremento significativo, situación por la que disminuyó la participación de Bolivia en el suministro.

Por ello, el especialista dijo que la declinación de los campos bolivianos “no genera preocupación en Brasil porque la seguridad del suministro está garantizada por la producción doméstica y por el Gas Natural Licuado (GNL)”.

Pese a mencionados problemas, de Almeida aseguró que Bolivia tiene la ventaja de contar con un gasoducto con capacidad de transportar hasta 30 millones de metros cúbicos día (MMm3d) de gas. No obstante, señaló que el precio debe ser competitivo para mantener los acuerdos de comercialización.

Al respecto, Del Granado indicó que Bolivia está en riesgo de no solamente bajar aún más sus volúmenes de gas exportados a Brasil y Argentina, sino también de perder esos mercados. Explicó que mencionados países tienen la necesidad de asegurar su abastecimiento de gas, pero ahora cuentan con la producción del Presal y Vaca Muerta, respectivamente.

“Con la caída de la producción y la caída de las reservas (en Bolivia), sólo va a abastecer para el mercado interno”, dijo el especialista.

Por su parte, Padilla aseguró que, ante la imposibilidad de incrementar reservas de gas, la pérdida de mercados de exportación es inminente. Por ello, ratificó que la condición de Bolivia como país exportador de gas está en riesgo.

“Tenemos que centrarnos en garantizar la provisión de gas al mercado interno, de lo contrario es negro el panorama que se viene. Estamos pensando en traer petróleo, después vamos a tener que traer gas”, agregó.

Por otro lado, Padilla considera que el país requiere de una nueva ley de hidrocarburos, que permita atraer capitales privados interesados en invertir en actividades de exploración, pues el actual marco normativo es “demasiado estatista” y poco equitativo, situación que aleja a los posibles inversionistas.

Según el experto, el sector hidrocarburífero de Bolivia necesita al menos 8.500 millones de dólares de inversión en exploración para incrementar las reservas de gas y petróleo. Explicó que esos recursos se conseguirán únicamente con la modificación del marco normativo.

Al respecto, Del Granado afirmó que es insuficiente la modificación de la ley de hidrocarburos, puesto que el sector requiere de un cambio en la estructura jurídica de la política de hidrocarburos, incluso afectando a la Constitución Política del Estado (CPE).

Según el especialista, la CPE debe modificarse para la llegada de la inversión privada y la apertura de mercados de exportación.

“Es un cambio de fondo, estructural; no es un retoque a la ley de hidrocarburos. Eso se ha dicho hace bastantes años, no hay nada para inventar, ya está muy claro lo que tienen que hacer y si no estamos condenados al fracaso”, advirtió Del Granado.

45,65 MMm3d, es el promedio de la producción de gas natural en la gestión 2021, según datos del Ministerio de Hidrocarburos y Energías.

EL POZO MARGARITA 10 NO RESUELVE EL PROBLEMA DE LA BAJA PRODUCCIÓN DE GAS

Aunque el Gobierno nacional destacó el incremento de la producción de gas a partir de junio de este año con la incorporación del pozo Margarita 10, especialistas en hidrocarburos afirman que el nuevo no resuelve el problema de baja producción de gas.

Según declaraciones del ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina, el pozo Margarita 10, ubicado en el campo Margarita-Huacaya, producirá 3 millones de metros cúbicos día (MMm3d) de gas y 2.300 barriles por día (bpd) de crudo.

En base a esos datos, el presidente Luis Arce Catacora destacó en días pasados que el pozo Margarita 10 se convertirá en el de mayor producción del país, pues generará una renta petrolera superior a los 260 millones de dólares por año.

Sin embargo, el analista en hidrocarburos, Hugo del Granado, aseguró que la incorporación de mencionado pozo “es un parque” que permite mantener los mercados de exportación, puesto que incrementarán los envíos de gas a Argentina en la época de invierno. Sin embargo, dijo que “no hay ninguna solución” al problema del declive de la producción.

“La solución es estructural y depende de cambios estructurales que hay que hacer en la política petrolera”, aseguró Del Granado.

Actualmente, YPFB y las empresas subsidiarias y operadoras ejecutan la perforación de 12 pozos exploratorios.

 

 

 

 

 

BOLIVIA CONFIRMA NEGOCIACIÓN DE ACUERDO ENERGÉTICO CON RUSIA

 

Sputnik News de Rusia (https://bit.ly/3sQLj5S)

 

Bolivia confirmó que negocia con Rusia un acuerdo para ejecutar proyectos sobre petróleo y gas natural en este país sudamericano, que pretenden perfeccionar en una próxima reunión de la Comisión Intergubernamental Ruso-Boliviana de cooperación económica y comercial.

La cooperación "permitirá desarrollar proyectos conjuntos de exploración geológica, producción, transporte, procesamiento, purificación, almacenamiento y venta de petróleo y gas en Bolivia", dijo el Ministerio de Hidrocarburos en un comunicado.

El anuncio oficial surgió horas después de que el ministro de Energía de Rusia, Nikolái Shulguínov, revelara el resultado de un encuentro con el titular boliviano de Hidrocarburos, Franklin Molina, en la antesala a la Sexta Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Foro de Países Exportadores de Gas, en Doha, Qatar.

Rusia ha expresado en el pasado reciente su interés en cooperar en el desarrollo energético de Bolivia, llegando incluso a comprometer millonarias inversiones de su empresa Gazprom durante un encuentro de 2018 en Moscú entre el entonces presidente boliviano Evo Morales (2006-2019) y el líder ruso Vladímir Putin.

Además, la firma rusa Rosatom construye actualmente un centro de investigación en tecnología nuclear en la ciudad de El Alto, que será de más altura sobre el nivel del mar en el mundo.

"El ministro boliviano recibió la invitación de la autoridad rusa para que Bolivia participe en el Congreso Mundial de Energía, que se celebrará en San Petersburgo, oeste de Rusia, del 24 al 27 de octubre del presente año", señaló el informe.

Añadió que Molina sostuvo también reuniones bilaterales con sus homólogos de Energía Rusia y de Energía y Minas de Argelia, Mohamed Arkab.

El foro de países gasíferos (GECF, por sus siglas en inglés) es una organización internacional que promueve el intercambio de experiencias e información entre los países exportadores de ese recurso de creciente importancia en el mundo.

Está integrado por 11 países miembros y siete observadores, que en conjunto poseen el 70% de las reservas probadas de gas, el 44% de la producción comercializada, el 52% de los ductos construidos, y el 51% de las exportaciones de Gas Natural Licuado (GNL) del mundo, según un informe oficial del GECF.

 

 

 

 

 

GOBIERNO INTERVIENE ZANJA EN FRONTERA CON BOLIVIA PARA IMPEDIR PASO DE MIGRANTES

 

Radio Bio Bio de Chile (https://bit.ly/36lw5hw)

 

Tras la crisis migratoria que se vive en el norte del país, el gobierno de Sebastián Piñera decidió intervenir la zanja limítrofe con Bolivia para evitar el paso de migrantes irregulares y contrabandistas.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, negó que los trabajos con maquinarias fueran para extender la zanja actual y estableció que se trata de una “mantención”.

De este tema conversó el sub alcalde de Pisiga, Jacob Colque, en Podría Ser Peor.

“Las leyes de migración dictan que los venezolanos pueden estar en Bolivia (..) los de migración lo saben, pero el documento para Bolivia lo tienen”.

“Lo que a nosotros nos preocupa es la delincuencia, a veces hay gente que no viene con buenas intenciones, ha habido casos donde han querido asaltar a los que llevan carga”.

“Otro problema que estamos teniendo es la zanja (..) los militares chilenos piensan que esa es la línea, pero no es así. Ellos lo han hecho antes para no tener problemas con el vecino país”.

“Hoy en la mañana vecinos mandaron videos, nosotros citamos a una reunión del POA. No hemos podido ir, pero a medida que termine esa reunión vamos a ir a ver cómo está la situación”.

Revisa la entrevista a Jacob Colque, sub alcalde de Pisiga.

 

 

 

 

 

EXPORTACIONES DE CHILE, MÁS BARRERAS EN BOLIVIA, MÉXICO E INDONESIA

 

La Voz de Chile (https://bit.ly/3h837ns)

 

Subrei Catastro identificó 35 medidas que obstaculizaron “más de lo necesario” la comercialización de productos de exportaciones de Chile por parte de 17 países durante 2021, entre ellos Bolivia.

En Chile, tanto las exportaciones como las importaciones se encuentran en máximos históricos en el agregado del año, mostrando la fortaleza de la reapertura del país. El Fondo Monetario Internacional informa que Chile es una de las economías de más rápido crecimiento en la región post pandemia.

El 21 de abril de 2021, la agencia tributaria chilena emitió la norma 26/2021 sobre la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA) a los servicios digitalizados prestados desde el extranjero, como servicios de software, infraestructura o plataforma.

La nueva regulación sigue varios fallos de la agencia tributaria que agregan una bienvenida claridad a las reglas de retención de impuestos e IVA aplicables a los servicios digitales.

Reglamento

El propósito principal de la regulación es reconocer (e instruir sobre) diferentes resultados fiscales que surgen de la interacción de la ley de impuesto a la renta de Chile, el IVA y los tratados fiscales. Comprender esta interacción es un elemento clave para determinar la tributación de los servicios digitalizados prestados desde el extranjero.

Los montos pagados a residentes en el extranjero por servicios y regalías (digitalizados o no) que están sujetos a retención de impuestos están exentos de IVA en Chile. Sin embargo, si se libera a un contribuyente de la retención de impuestos, se activa el IVA. El objetivo de estas normas es evitar la aplicación de ambos impuestos.

El reglamento forma parte de las instrucciones que ha emitido la agencia tributaria chilena sobre las modificaciones introducidas por la reforma tributaria de 2020. Entre otras medidas de actualización del sistema tributario chileno, la reforma incluyó disposiciones para el impuesto al valor agregado de los servicios digitalizados prestados por residentes en el extranjero, siguiendo los lineamientos de la OCDE, en particular la implementación de un mecanismo simplificado de registro y pago.

 

 

 

 

 

EL GOBIERNO COMUNISTA DE PEDRO CASTILLO PACTA CON EL GREMIO PRODUCTOR DE HOJA DE COCA EN PERÚ

 

La Gaceta de España (https://bit.ly/36yryZp)

 

Ricardo Soberón, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), ha sellado un pacto polémico con los productos de hoja de coca -principal insumo para la fabricación de cocaína- del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), zona controlada por el narcotráfico y los remanentes terroristas de Sendero Luminoso, reagrupados en el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP).

De acuerdo con una investigación del diario El Comercio, Soberón, exasesor de organizaciones cocaleras designado en Devida por la ex premier Mirtha Vásquez -activista antiminera y militante del Frente Amplio-, anunció el pasado jueves 17 la ejecución del “pacto social ciudadano”. Mediante este “pacto”, el Gobierno del comunista Pedro Castillo permitirá, presuntamente, que los agricultores reduzcan de forma voluntaria los espacios destinados al cultivo de hoja de coca.

Este compromiso fue expuesto por el titular de Devida ante los dirigentes de la Federación de Productores Agrarios del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (Fepavrae), organización que demanda al Estado peruano la cancelación total de la erradicación de cultivos de hoja de coca en el país y la expulsión de la agencia Usaid (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo), la cual financia programas de desarrollo alternativo.

Cabe recordar que, en noviembre de 2021, la dirigencia de Fepavrae, que representa a más de 20 mil agricultores de 14 distritos de las regiones Cusco y Ayacucho, celebró la designación de Soberón en Devida. En un comunicado, el gremio señaló que él era “un permanente aliado de las organizaciones cocaleras por la justa defensa de la hoja de coca”.

En ese pronunciamiento, los productos de hoja de coca recordaron al Gobierno la promesa del cese inmediato de la erradicación en el ámbito nacional y la legalización de la coca: “Planteamos al presidente Castillo y al Dr. Soberón seguir la agenda de la coca”.

El modelo boliviano

Un punto clave del denominado “pacto social ciudadano” con los cocaleros propuesto por el Gobierno de Castillo es la desactivación de la Empresa Nacional de la Coca (Enaco), compañía estatal creada en 1949 que tiene el monopolio legítimo en la comercialización y derivados de la hoja de coca.

“Hay un sistema contra la coca, el Estado que ha recibido el presidente [Castillo] es anticoca, pero él ha venido y ha señalado el compromiso que tiene”, manifestó Soberón en el evento referido

En una radio local en el Vraem, el jefe de Devida también precisó: “Si queremos liquidar Enaco, se nos abre dos posibilidades: pedimos facultades legislativas para reformar este paquete y mejorar la lucha contra el narcotráfico o presentamos un proyecto de ley y que el Congreso se encargue de producirlo”.

Soberón también mencionó el apoyo del congresista izquierdista Guillermo Bermejo -imputado por presunta afiliación terrorista-, quien ya presentó un proyecto de ley que apunta a la industrialización de la coca, en sintonía con la Ley General de la Coca, creada por el expresidente boliviano Evo Morales, quien mantiene estrechos lazos con Pedro Castillo y visita el Perú periódicamente.

Según información de El Comercio, Fepavrae ha señalado que trabajará con el legislador “Bermejo y el expresidente Evo Morales en defensa de la coca y de la soberanía nacional”.

Industrializar la hoja de coca

En octubre de 2021, funcionarios de alto nivel involucrados en el Plan Anual de Reducción del Espacio Cocalero Ilegal, alertaron que el entonces ministro del Interior, Luis Barranzuela, informó a la Administración de Control de Drogas (DEA) que los operativos de erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca en el Vraem quedaban suspendidos hasta nuevo aviso.

Esta decisión coincidió con el anuncio de Castillo de industrializar la hoja de coca durante la inauguración del Cite Industrial (Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica) en la localidad de Pichari, provincia del Cuzco, ubicada en el Vraem.

Castillo planteó en esa oportunidad la industrialización de los productores de hoja de coca, así como cambios en Enaco y Devida, cambios que estarían definiéndose meses después con este “pacto social ciudadano”.

“El proyecto también tendrá luz verde, no solo ante el Congreso, sino desde el despacho, para que la hoja de coca no solo se industrialice, sino que se impulse el verdadero desarrollo con los compañeros cocaleros. Las cosas que hay que corregirlas, con Enaco y con Devida, tenemos que corregirlas”, anotó en esa oportunidad.

Complicidad con el narcotráfico

Para el coronel (r) Juan Carlos Liendo, exjefe del Servicio de Inteligencia del Ejército del Perú (SIE), la promesa de Castillo de industrializar la hoja de coca es un mensaje para los productores de clorhidrato de cocaína, traficantes y el crimen organizado internacional, de que en el Perú se liberaliza y promueve esta materia prima.

“No tenemos ningún ejemplo de industrialización en las zonas donde se cultiva hoja de coca que no sea aquella que se convierte en pasta básica de cocaína o clorhidrato de cocaína. La única deducción lógica que puede darse de una posible industrialización de la hoja de coca es que sirva para el negocio de la droga. El anuncio de Castillo de industrialización de la hoja de coca es un mensaje para los productores de clorhidrato de cocaína, para los traficantes y para el crimen internacional organizado. Les están diciendo que aquí se detiene la erradicación de hoja de coca, se abre el mercado y se promueve la industrialización, que no es otra cosa que la transformación de esta materia prima a clorhidrato de cocaína. Ese es el único mensaje que se puede entender, lo demás es una narrativa emocional, sin sentido”, advierte.

Aliado de los cocaleros

Ricardo Soberón, excandidato del Frente Amplio al Congreso, abogado y opositor a la política de erradicación de cultivos de hoja de coca, ya ocupó la presidencia de Devida en 2011, permaneciendo en el cargo durante cinco meses.

Cercano a los productores de hoja de coca -denominados coloquialmente en el Perú como cocaleros-, fue cuestionado por sus declaraciones durante el VIII Congreso Cocalero, celebrado entre el 22 y 24 de enero de 2010, donde aseguró que la erradicación de estos cultivos era “inconstitucional, injusta y arbitraria”.

Soberón también trabajó como asesor de la excongresista Nancy Obregón, que pasó 37 meses en prisión acusada de tener nexos con el terrorismo y el narcotráfico.

 

 

 

 

 

LA DELGADA FRONTERA ENTRE JUSTICIA Y PODER EN BOLIVIA

 

La presencia del relator especial de la ONU en Bolivia pone bajo la lupa la independencia de poderes. La oposición denuncia que los tribunales del país responden a los intereses de la política.

 

DW de Alemania (https://bit.ly/3h3gOUT)

 

En reiteradas ocasiones, Evo Morales, siendo presidente de Bolivia, cuestionó la independencia de poderes. Una vez dijo que esta era "una doctrina norteamericana". En varias oportunidades, fue autorizado por la Asamblea Legislativa para nombrar a dedo a magistrados. Y, de acuerdo con reportes de Human Rights Watch, entre 2017 y 2019 destituyó de forma injustificada a cerca de cien jueces.

Tras su renuncia, decenas de exiliados, opositores de Morales y antes acusados de mil crímenes, regresaron a Bolivia reivindicados y absueltos. Entonces comenzó el gobierno interino de Jeanine Áñez, que en sus primeros días perdió una de sus chances históricas: en lugar de romper con el pasado masista que controlaba la Justicia, la presionó públicamente para emprender más de 150 investigaciones penales por sedición y terrorismo contra miembros de la fracasada administración de Morales. Se habló incluso de "cazar" y "perseguir" a exfuncionarios.

Inversión de roles

Un año después, el masismo retomó el gobierno. Entonces los roles se invirtieron de nuevo: los acusados, entre ellos el propio Evo, dejaron de serlo y regresaron al país convertidos en héroes. Y los implacables acusadores, entre ellos la mismísima Jeanine Áñez, hoy se encuentran en la cárcel.

En ocasión de la visita a Bolivia iniciada el 15 de febrero de 2022 por Diego García-Sayán, relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, se multiplican las voces que denuncian que la manipulación de la Justicia con fines políticos es un cáncer enquistado en el seno de Bolivia. "Yo mismo estuve bajo unos enjuiciamientos políticos en 2007, y ya entonces me preocupaba el deterioro de la independencia del sistema judicial", recuerda en conversación con DW Eduardo Rodríguez Veltzé, expresidente de Bolivia. "Fui sometido a un proceso abusivo y pedí la visita del relator especial, pero el gobierno no la autorizó. Hoy celebro que venga, aunque sea 15 años después", agrega. Rodríguez Veltzé espera que el informe del relator de la ONU sea objetivo, aunque duda de la capacidad de los organismos internacionales para generar la presión necesaria que impulse cambios en las dinámicas judiciales del país.

"Pruebas contundentes"

Un pesimismo que comparte Centa Rek, jefa de la opositora bancada Creemos en el Senado. Rek cuestiona la imparcialidad de la ONU, y denuncia que, si bien al Parlamento se le concedió una audiencia con García-Sayán, a esta solo asistieron las comisiones conformadas por el oficialismo. "Las víctimas identificadas con el gobierno tienen reuniones presenciales con el relator especial —le dice Rek a DW—, mientras que las víctimas opositoras han recibido escasamente una sesión virtual. A mí misma, como senadora, se me asignó una videoconferencia con García-Sayán, mientras que mis colegas masistas han sostenido encuentros personales. Es una muestra de cómo se puede direccionar una agenda", apunta.

No obstante, está segura de que el relator se marchará con pruebas contundentes: "Los juicios políticos son sumarios rapidísimos donde, sin causa judicial, los únicos sentenciados son opositores. Los perseguidos políticos son enviados a prisión preventiva, cuando ese debe ser el último recurso, pues, ante todo, hay que presumir su inocencia. Hay discrecionalidad en la balanza, y todo depende de si uno es opositor u oficialista”, apunta la parlamentaria.

"Sí hay corrupción, pero no politización"

Son declaraciones que desestima Reymi Ferreira, abogado, exrector universitario y ministro de Defensa durante la administración de Evo Morales. En entrevista con DW, reconoce que hay falencias en el sistema judicial boliviano, pero es categórico al rechazar que estas tengan motivaciones políticas. "Si el poder judicial dependiera del gobierno, todos los ministros de Jeanine Áñez estarían tras las rejas. Hay muchas denuncias contra ellos que están paralizadas, y los pocos procesos que han prosperado lo han hecho porque las evidencias eran imposibles de ocultar. Y, aun así, la oposición quiere tacharlos de persecución política", dice.

Para Ferreira, el problema de fondo de la justicia es la corrupción, y no la politización. "El órgano judicial se ha convertido en una enorme y podrida bola de corrupción. Tan grande, que ni el gobierno puede controlarla. El sistema tiene una estructura interna propia y los jueces no obedecen a nadie: las sentencias se hacen a favor de quien más pague".

Necesidad de un reforma de la Justicia

Más allá de sus diferencias ideológicas, los tres entrevistados que consultó DW coinciden en que urge una reforma judicial en Bolivia. "Hace falta un gran pacto nacional, entre oposición y oficialismo, sin politizar el tema, sino tratándolo desde lo técnico, porque aquí hay un problema estructural", afirma Ferreira.

"Aquí hace falta voluntad política para impulsar una reforma —dice el expresidente Rodríguez Veltzé—. Y el informe del relator, que anticipo tendrá reparos sobre la independencia de la justicia, pondrá a prueba el carácter democrático del presidente Arce, pues dejará en evidencia si su gobierno abraza las observaciones o si las repudia".

Para la senadora Rek, la mentada reforma solo puede nacer como un acto revolucionario, que transforme los cimientos del sistema y traiga de vuelta la meritocracia. Ella desconfía de las iniciativas del Ejecutivo, que califica como cortinas de humo, y mira con recelo la presencia de la ONU. Cuidando cada palabra, concluye con contundencia: "Me temo que el relator se está prestando para lavarle la cara al gobierno de Arce. Ojalá me equivoque, porque son muchas vidas y muchas libertades las que están en juego en este momento".

 

 

 

 

LAS FUERTES PRECIPITACIONES DEJAN 20 PERSONAS DESAPARECIDAS EN BOLIVIA

 

El Periódico de España (https://bit.ly/353jork

 

Las persistentes lluvias en Bolivia causaron el desborde de una laguna en la región de Tarija en el sur del país que afectaron al menos a tres comunidades con el deslizamiento de viviendas y 20 personas están desaparecidas.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, lamentó este lunes en su cuenta de Twitter "la pérdida de vidas humanas por el desborde de la quebrada Itayuru" en Tarija. "Enviamos helicóptero Súper Puma con alimentos y equipos de búsqueda de las FFAA (Fuerzas Armadas). Estamos evacuando heridos y familias afectadas", escribió Arce.

El viceministerio de Defensa Civil informó de que en las últimas horas se registró una intensa lluvia en la provincia O' Connor, en el municipio de Entre Ríos, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Tarija, que ocasionó un desborde de una laguna que ha afectado al menos a tres comunidades guaraníes, según un boletín de esa cartera. Esta situación provocó que unas 20 personas estén desaparecidas y se conoce que de "manera oficial" se encontró el cuerpo de un fallecido y de forma "extraoficial" encontraron un segundo, según el boletín del Viceministerio de Defensa Civil.

Es por ello que el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, tenía previsto realizar un sobrevuelo por el lugar para llevar alimentos y equipos de rescate para las familias afectadas, al igual que movilizar equipos para buscar a las personas desaparecidas. Sin embargo, no se logró realizar todo el recorrido del sobrevuelo por las malas condiciones climáticas y también porque se rescató a una persona de 69 años que estaba "herido y policontuso por la caída de lodo", informó Cavimontes. Se tiene previsto que el sobrevuelo se realice el martes para continuar la búsqueda de las 20 personas desaparecidas, al igual que para entregar la ayuda humanitaria, esta jornada se logró entregar 1,5 toneladas de ayuda humanitaria a la comunidad de Ñaurenda.

Las lluvias causaron desbordamientos de ríos, la caída de muros, cultivos dañados y deslizamientos de terrenos con construcciones. En el último reporte de este mes se contabilizaron unos 190 municipios y más de 52.000 familias afectadas por las persistentes lluvias.

 

 

 

 

 

LA HISTORIA DE UN INGREDIENTE INDÍGENA DE BOLIVIA

 

Slow Food (https://bit.ly/3LOnPaf)

 

En el Arca del Gusto existe un producto llamado Ajara, que tiene potentes beneficios y es muy nutritivo. Es un cultivo subutilizado que crece silvestre en Bolivia, que también representa la identidad y herencia de los pueblos indígenas de la región. Un ingrediente que vale la pena proteger y que ahora tiene su propio defensor para asegurarse de que la comunidad no lo olvide.

Lizet Bautista Patzi se define como una mujer indígena, cocinera y miembro de la etnia aymara, población que vive principalmente en las inmediaciones del lago Titicaca, ubicado entre Perú, Bolivia, el norte de Chile y el noreste de Argentina.

Luego de participar en ITM Pueblos de América 2020 en México, Lizet aumentó su activismo en la red Slow Food al participar en diferentes programas de capacitación y actividades para promover y defender su herencia alimentaria. En 2021 fue seleccionada para participar en la Escuela Global de Liderazgo de Mujeres Indígenas organizada por el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI).

A través de este camino, Lizet mejoró sus conocimientos relacionados con los derechos de los pueblos indígenas y las mujeres, adquirió herramientas de incidencia a nivel internacional y desarrolló su propio proyecto comunitario llamado “Semillas de Vida” que fue seleccionado y financiado por FIMI.

Su proyecto se centra en la protección y valorización de la Ajara, un producto de la comunidad en peligro de extinción. Lizet trabaja para sensibilizar a los agricultores y mujeres productoras sobre la introducción de semillas modificadas, productos sintéticos, seguridad alimentaria y soberanía.

Ajara es una planta herbácea anual de 30 -100 centímetros, rica en fibra y con un índice glucémico bajo pero que al mismo tiempo ayuda a dar un subidón de energía. Es un pseudocereal que se puede almacenar para su conservación, por lo que se puede consumir durante todo el año, asegurando así la sustentabilidad alimentaria en las regiones donde se cultiva.

Se consume tradicionalmente en pito (Ajara pulverizada mezclada con agua), y sus hojas tiernas también se utilizan en ensaladas y sopas. Los granos lavados y molidos se pueden utilizar en recetas como la kispiña negra (galleta andina en aymara). Uno de los platos tradicionales de la gente del Altiplano, en época de lluvias e invierno, es la Lawa de Ajara, que además de nutrir, también ayuda a calentarse de los días fríos.

La comunidad ha compartido esta información con el movimiento Slow Food en un esfuerzo por proteger esta planta y el conocimiento que la rodea. Sin embargo, este patrimonio debe ser salvaguardado y protegido de los grandes intereses comerciales que podrían replicar sistemas poco virtuosos para las comunidades, como sucedió con la quinua y otros superalimentos descubiertos por Occidente. De hecho, la comunidad se está preparando, y el primer paso de Lizet fue crear conciencia sobre la importancia de esta planta y su protección por parte de la comunidad.

Gracias a Lizet, una joven aymara y cocinera, hoy el Ajara forma parte del Arca del Gusto de Slow Food, un proyecto que apuesta por identificar productos en peligro de extinción y crear las condiciones adecuadas para protegerlos y salvaguardarlos. Y ha provocado un efecto dominó: se ha fundado una Comunidad Slow Food para defender este producto y difundir los principios y la filosofía del movimiento Slow Food y la Red de Pueblos Indígenas a otras comunidades cercanas.

No comments: