Este lunes,
Catania comenzó con la ronda de testimoniales de gendarmes que estuvieron en el
Estado Plurinacional. Si bien entre noviembre de 2019 y junio de 2020 hubo tres
contingentes de esa fuerza de seguridad, el juez optó por arrancar por los dos
últimos para entender cómo era la mecánica en Bolivia. Después deberá avanzar
con las citaciones de los miembros del Grupo Alacrán –un cuerpo de élite de la
Gendarmería– que llegaron el 13 de noviembre de 2019 al Alto y se trasladaron
hacia La Paz.
Ante Catania,
estuvieron el alférez Alejandro González y los sargentos Jaime Olivera y
Leonardo Benítez. Los tres fueron parte del último contingente, el que llegó a
Bolivia el 28 de febrero de 2020 y debió permanecer hasta el 27 de junio de ese
año porque los sorprendió la pandemia, lo que dificultó su retorno.
Los integrantes de
la Gendarmería, en líneas generales, relataron ante el juez que:
Llegaron en avión
de línea, a diferencia del primer contingente que viajó en un Hércules que
proveyó la Fuerza Aérea Argentina;
Todos pasaron por
Migraciones;
Viajaron con sus
armas reglamentarias y vestidos de civil;
Debieron hacer
tareas de seguridad en la embajada argentina en Bolivia y en la residencia del
embajador argentino –las dos propiedades están ubicadas a unas cuadras de
distancia, no más de diez minutos si se hace el trayecto a pie, dijeron–;
Cada gendarme
tenía un arma primaria –escopeta– y una secundaria –una pistola–;
Las armas se
entregaron en la residencia del embajador. Allí se guardaban cajas con
armamento en una piecita de 2x2 desde donde se monitoreaban las cámaras de
seguridad;
Cada integrante
del contingente tenía su armamento con él;
No hubo
entrenamientos ni prácticas de tiro –como ya había surgido en el sumario
interno que hizo la Gendarmería–. Este punto es especialmente importante porque
desmiente la versión que intentaron instalar jefes de la fuerza para justificar
el faltante de las 70 mil balas;
Con la policía y
con las fuerzas armadas bolivianas, no tuvieron trato. Únicamente se saludaban
con los efectivos policiales que estaban apostados en una garita fuera de la
embajada o de la residencia;
Volvieron con todo
el material que tenían;
El retorno fue por
tierra, vía La Quiaca.
Catania continuará
con los testimonios el miércoles. Tiene citaciones cursadas hasta el 16 de
marzo, confiaron fuentes judiciales a Página/12.
En las
declaraciones de este lunes estuvieron presentes los abogados de la exministra
de Seguridad Patricia Bullrich, del excomandante de la Gendarmería Gerardo
Otero, del exjefe del Grupo Alacrán Fabián Salas y del exagregado en La Paz
Adolfo Caliba, entre otros. Macri, a través de su abogado Pablo Lanusse, había
intentado inicialmente impedir que los gendarmes declararan en el sumario
interno. El argumento de la defensa del expresidente era que, al ser un
procedimiento propio de la fuerza, no había forma de controlarlo. Ahora que
declaran ante el juez, parece que a Macri ya no le interesa que sus abogados
estén presentes.
El escándalo por
el envío de armas a Bolivia para apoyar el golpe contra Morales se desató en
julio pasado, cuando se halló una carta del 13 de noviembre de 2019 en la que
el entonces jefe de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Jorge Gonzalo Terceros
Lara, le agradecía al embajador argentino Normando Álvarez García por la entrega
de 40 mil balas antitumulto 12/70. En ese momento, el gobierno de Alberto
Fernández --a través de Martín Soria (Justicia), Sabina Frederic (Seguridad) y
Mercedes Marcó del Pont (AFIP)-- denunció a Macri por el contrabando. A los
pocos días, la Policía boliviana anunció que había encontrado en un depósito
29.600 balas del mismo tipo con el logo de Fabricaciones Militares. Los
cartuchos también habían entrado al almacén el 13 de noviembre de 2019, o sea,
el mismo día en que los gendarmes argentinos llegaron a La Paz.
Las balas
entregadas a las fuerzas golpistas en Bolivia habían sido compradas por
Bullrich para la cumbre del G-20, que se celebró en la Argentina a finales de
2018. Inicialmente, los alacranes no iban a llevar esos cartuchos, pero se
pidió autorización a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) para
trasladarlos hacia La Paz tras una reunión que se hizo el 12 de noviembre de
2019 en la Casa Rosada. Ese fue el material represivo que no volvió al país; el
resto regresó.
En el expediente
por el contrabando a Bolivia, no solo están imputados Macri y Bullrich, sino
que los acompaña la plana mayor de Cambiemos: el exjefe de gabinete Marcos
Peña, el excanciller Jorge Faurie, el exministro de Defensa Oscar Aguad, el
exsecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo y el exembajador Álvarez
García, entre otros. Página 12 de Argentina (https://bit.ly/3v8JqnR)
Los agentes que estuvieron en La Paz
después del golpe de Estado contra Evo Morales en 2019 comenzaron a declarar
como testigos en la causa por supuesto contrabando agravado de municiones a ese
país. La declaración desmiente el argumento con el que Macri intentó ocultar el
faltante del armamento que terminó en manos de las fuerzas que participaron de
la represión.
Negocios y Política de Argentina
(https://bit.ly/3s6OuHu)
Durante la primera
jornada de testimoniales realizada este lunes, los agentes declararon ante el
juez Alejandro Catania y todos negaron haber participado de prácticas de tiro
ante consultas específicas del juzgado. La consulta sobre esas prácticas tiene
que ver con una nota interna emitida por la Gendarmería Nacional en lo que se
presume fue un intento de ocultar el verdadero destino de las más de 70 mil
municiones antitumulto que el Gobierno de Mauricio Macri mandó a Bolivia en
noviembre de 2019.
Ante Catania, se
presentaron: los sargentos Leonardo Benítez y Jaime Olivera y el oficial
Alejandro González, quienes fueron parte del último contingente, el que llegó a
Bolivia el 28 de febrero de 2020 y debió permanecer hasta el 27 de junio del
mismo año.
En este expediente
se investiga el supuesto desvío en el destino del material represivo que salió
de la Argentina con el presunto objetivo de ser utilizado para la defensa de la
embajada nacional en Bolivia y la residencia del embajador.
El gobierno de Alberto
Fernández denunció que aquellas municiones que envió la administración de
Juntos por el Cambio fueron en realidad a parar a manos de la policía boliviana
y la Fuerza Aérea de ese país y por ende pudieron haberse utilizado para
reprimir las manifestaciones populares de apoyo al gobierno de Morales.
Los gendarmes que
comenzaron a testimoniar integraron el primero de dos grupos que fueron
destacados en el Estado Plurinacional de Bolivia después del comando Alacrán
que viajó el 13 de noviembre de 2019 con en el mismo avión Hércules C-130 en el
que se trasladaron las municiones.
Detalles de la
declaración
Arribaron en avión
de línea, a diferencia del primer contingente que viajó en un Hércules de la
Fuerza Aérea Argentina
Todos cruzaron por
Migraciones
Viajaron de civil
y con armas reglamentarias
Realizaron tareas
de seguridad en la embajada argentina en Bolivia y en la residencia del
embajador argentino
Cada gendarme
tenía una escopeta y una pistola entregadas en la residencia del embajador
No hubo entrenamientos
ni prácticas de tiro, lo que desmiente la versión que intentaron instalar jefes
de la fuerza para justificar el faltante de las 70 mil balas
Con la policía y
con las fuerzas armadas bolivianas, no tuvieron trato
El retorno fue por
tierra, vía La Quiaca
Volvieron con todo
el material que tenían
De ahora en más,
serán dos rondas de testimoniales: la primera se extenderá hasta el 2 de marzo
y abarcará a los integrantes de Gendarmería destacados en Bolivia entre el 10
de enero y el 1 de marzo del 2020, mientras que la segunda será del 7 al 16 de
marzo e incluirá a los efectivos que estuvieron en La Paz entre el 28 de
febrero y el 27 de junio.
La justicia busca
determinar:
Qué fue descargado
de aquel vuelo de noviembre de 2019
Quién lo descargó
A dónde fue
llevado
Qué documentación
existe al respecto, por lo que aún espera recibir desde Bolivia toda la
documentación respaldatoria de aquella información que ya se encuentra en el
expediente porque fue aportada por los denunciantes.
Los hechos que
dieron origen a esta investigación fueron denunciados el 12 de julio pasado a
través de una presentación que llevaba la firma del ministro de Justicia,
Martín Soria; la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y la titular
de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del
Pont.
Imputados
En el expediente
se encuentran: el expresidente Mauricio Macri; sus ministros de Seguridad y
Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia,
Normando Álvarez García; el exdirector general de la Gendarmería Nacional,
Gerardo José Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa
fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.
El fiscal del
fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó también a los exfuncionarios
del gobierno de JxC Marcos Peña (jefe de Gabinete), Jorge Faurie (canciller) y
Fulvio Pompeo (secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación) y al comandante
de Gendarmería Adolfo Héctor Caliba, señalado como quien coordinó con la
policía boliviana el envío de elementos represivos.
CHINA Y SU
OBSESIÓN CON EL LITIO: LA LUCHA DEL GIGANTE ASIÁTICO POR ASEGURARSE EL
SUMINISTRO DEL “ORO BLANCO”
Beijing tiene sus ojos puestos en
países como Argentina, Bolivia y Chile, que es donde están las mayores reservas
del mineral llamado “el nuevo petróleo” o el “oro blanco”
Infobae de Argentina
(https://bit.ly/3H4hjs9)
China quiere
controlar la producción mundial de litio. Esto para el gigante asiático va
mucho más allá de lo económico (aunque sus funcionario digan lo contrario), ya
que controlando las reservas del mineral su poder político y hegemonía sería
mucho mayor. Y es que el valor del metal se ha disparado en el último año, el
precio en el mercado chino alcanzó los 315 000 dólares por tonelada por primera
vez.
Recientemente, el
presidente argentino, Alberto Fernández, inscribió a su país en la Iniciativa
de la Franja y la Ruta durante su viaje a Beijing. El anuncio del mandatario
argentino generó malestar en Washington y en otros países occidentales, que
prometieron cortar toda dependencia del litio que produce el gigante asiático.
El país
sudamericano está ubicado en el Triángulo de Litio de América del Sur (junto
con Chila y Bolivia), el cual contiene más de la mitad de las reservas
mundiales. China, que es el mayor comprador e inversionista de minas del metal,
necesita controlar o tener influencia en las partes del mundo donde se extrae.
Con el cambio
climático y la necesidad de hacer la transición de combustible fósiles a
energías renovables, el metal alcalino de color blanco plateado se lo denomina
como “el nuevo petróleo” o el “oro blanco”, un material esencial utilizado en
las baterías de los vehículos eléctricos, informó The South China Morning Post
Beijing asegura
que la búsqueda de litio por fuera de su país no se basa en interés
geopolíticos sino en demandas del mercado, informó el diario chino.
Estimaciones de la
la Agencia Internacional de Energía proyectan que la demanda mundial de litio
aumentaría en más de un 4000 % para 2040.
“Estas tendencias
indican que el control de la industria del litio podría generar grandes
beneficios en el futuro, lo que probablemente aumentará la disputa geopolítica
entre las grandes potencias”, dijo a The South China Morning Post Ryan Berg,
miembro del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales con sede en
Washington.
“La capacidad gira
en torno a fuentes clave como Chile y China, lo que significa que están
entrando en juego tensiones comerciales latentes entre China y EE.UU.”, se lee
en una nota de Panjiva Research del 9 de febrero.
Tanto Washington
como Beijing tiene al litio en el centro de sus intereses, saben de lo esencial
que es el control del mineral para sus economías. Por esta razón, Joe Biden
ordenó una revisión de la cadena de suministro argumentando que el dominio de
China “presenta una vulnerabilidad crítica para el futuro de la industria
automotriz nacional de EEUU”.
“El mercado de
baterías de alta capacidad es posiblemente uno de los más críticos para los
intereses de nuestra nación”, dice un informe de la Casa Blanca..
“China, en
particular, ha creado un panorama distorsionado de la cadena de suministro a
través de la intervención gubernamental o ajena al mercado de empresas
controladas por el estado, tanto a nivel nacional como en las economías en
desarrollo”, agrega el informe.
Un investigador y
asesor del gobierno chino, que habló bajo condición de anonimato para The South
China Morning Post , dijo que la competencia por recursos como el litio debería
tener lugar entre empresas multinacionales en lugar de gobiernos.
“No me gusta
exagerarlo al nivel de la competencia estratégica nacional”, dijo. “Aunque es
inevitable que la competencia en el mercado pueda encontrar algunos obstáculos
políticos, a la larga, el suministro de recursos energéticos es más un negocio
y [se basa en] el comportamiento del mercado”, agregó.
Dada la demanda de
baterías en China, empujada por la industria automotriz, las compañías del
gigante asiático necesitan tener un suministro permanente y confiable de litio.
Y para Beijing América Latina es el lugar de interés, ya que allí están las
mayores reservas del mineral.
“El litio es un
recurso estratégico; ciertamente tiene algo que ver con la relación entre dos
países”, dijo al diario chino Xu Shicheng, investigador de estudios
latinoamericanos en la Academia China de Ciencias Sociales.
BOLIVIA BUSCA
RELOCALIZAR ZONA FRANCA EN ARGENTINA, PARA REACTIVAR EL COMERCIO EXTERIOR HACIA
EL OCÉANO ATLÁNTICO
Estrategia Aduanera de México
(https://bit.ly/3JLhU3P)
El gerente
ejecutivo de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia, Dante
Justiciano, se reunió con el embajador de Argentina en Bolivia para tratar el
tema de relocalizar la zona franca en Argentina para reactivar el comercio
exterior hacia el Océano Atlántico.
Esta reunión tuvo
lugar en Bolivia, en ella participó el embajador de Argentina, Ariel Basterio,
para tratar y buscar la relocalización de la zona franca boliviana en el puerto
La Plata, este puerto fue el primer puerto argentino del río de la plata, se
encuentra ubicado a 15 km del centro de la ciudad de La Plata y tiene un calado
de 28 pies, este puerto también cuenta con astillero.
La nueva ubicación
se realizará, como primera opción en el río Paraná, cerca de Zárate o como
segunda opción en la isla de Ibicuy en Entre Ríos, donde se buscará reactivar
el comercio exterior boliviano.
El país busca
alternativas factibles para lograr mejorar la logística en el comercio
exterior. Para ello se organizó esta reunión con el único objetivo de reactivar
la economía del país. Se busca con esta relocalización generar mayores flujos
de comercio y cientos de puestos de trabajo tanto directos como indirectos
mediante las exportaciones e importaciones de productos argentinos y bolivianos
hacia el Océano Atlántico.
Es importante
mencionar que el puerto “La Plata”, se considera que es el tercer puerto más
importante de Argentina y sus operaciones están basadas en el manejo de
contenedores, carga general, carga a granel, combustibles y manejo de cruceros
turísticos.
El puerto tiene
dos muelles de operaciones, uno llamado “el muelle viejo” fue construido en el
año 1918 y se usaba para exportar e importar la carga de todo el Cibao.
Mientras que el “muelle nuevo” fue inaugurado en el año de 1974 y es usado
actualmente como puerto comercial, donde pueden atracar simultáneamente buques
de contenedores, carga general y buques cisterna. Sin embargo el actual puerto
no cumple con los requerimientos y necesidades que se exigen para comercializar
más productos por medio de este puerto. Ya que el tamaño y el enfoque del
puerto está más inclinado hacia los centros turísticos, dando a conocer que la
ciudad de Puerto Plata es famosa principalmente por su playa y costa dorada.
Para ello, el mayo
de 2019, en el marco de la Reunión de la Comisión Mixta del Convenio de la Zona
Franca de Bolivia (antiguo puerto de Rosario), ambos países, tanto Bolivia como
Argentina, acordaron la relocalización de la zona franco boliviana en un nuevo
espacio que cumpla con las modernas necesidades del transporte fluvial y que de
esta manera permita el aprovechamiento de las facilidades brindadas por Bolivia
para la operación portuaria y a su vez de la relocalización este pueda
concretar su completa integración a la Hidrovía Paraguay-Paraná.
PANORAMA DEL LITIO
EN AMÉRICA LATINA
Celag Org. https://bit.ly/34ZiFr9)
El presente
trabajo tiene como objeto proporcionar información sistematizada sobre la
situación legal, económica y geopolítica del litio en la región. Para ello se
han considerado los países que poseen yacimientos de litio: Bolivia, Argentina,
Chile, Perú, México y Brasil.
Bolivia,
Argentina, Chile, México y Perú controlan más del 67 % de los recursos
mundiales de litio. Los mismos están concentrados principalmente en Bolivia (21
millones de toneladas-MdT), Argentina (18,3 MdT) y Chile (9,6 MdT).
De los países de
la región, Chile es el que más ha avanzado en su extracción y exportación. Se
posiciona como segundo productor global (22 %), por detrás de Australia (48,8
%) y seguido por China (17,1 %).
En Bolivia,
Brasil, Chile y Perú el litio está definido como recurso estratégico, y México
se encuentra en trámite de aprobar esta calificación estratégica a través de
una reforma constitucional. El Gobierno argentino se ha manifestado a favor de
regular específicamente este mineral. Sólo Bolivia y Chile cuentan con algunas
normas específicas sobre dicho mineral, en el resto de los países abordados la
normativa relacionada con el litio es de carácter general.
El régimen de
dominio es estatal y en su mayoría sujeta a concesión su explotación, con
salvedades como Bolivia, que cuenta con una empresa pública que interviene en
toda la cadena
Las empresas que
lideran la producción mundial del Litio son las chinas Jiangxi Gangfeng Lithium
y Tianqi Lithium (tiene acciones en SQM que opera en Chile y en México), las
norteamericanas Albemarle (opera en Chile) y FMC Corporation, la chilena
Sociedad Química y Minera de Chile (SQM o Soquimich). Recientemente, Tianqi ha
ganado espacio y opera la mina más grande del mundo, Greenbushes (Australia),
junto a Albemarle.
A SQM, Gangfeng y
Albermale se suman Jemse, Orocobre, Toyota Tsuyo y Livent en Argentina. En
Brasil Sigma, AMG, CBL y en Bolivia TBA-Boacheng y ASI Systema (Ver Tabla 2).
Un informe
reciente de la Agencia Internacional de Energía indicó que la demanda del litio
aumentará 42 veces para 2040, particularmente para la fabricación de baterías
para autos eléctricos.
Las empresas que
operan en todos los eslabones de la cadena de la batería de Ion-Litio y lideran
este desarrollo son LG Chem (Corea del Sur), Tesla (EE. UU.), BYD (China) y
Panasonic (Japón). LG Chem y Panasonic cuentan con una planta en México y Tesla
tiene oficinas en la Ciudad de México para América Latina y está la posibilidad
de instalar una fábrica en Brasil en dónde se encuentra una planta de BYD.
Las empresas
mineras que representan más de la mitad de la producción global de litio en
septiembre de 2021 conformaron la Asociación Internacional del Litio. Sus cinco
miembros fundadores son SQM, Ganfeng Lithium, AMG Brasil, Orocobre y Pilbara
Minerals.
En cuanto a su
precio, la tendencia que se identifica a mediano plazo es una presión alcista
del litio por una creciente demanda en el marco de la transición energética.
Distintas
proyecciones muestran que el litio disputará la relevancia de otras
exportaciones típicas de la región, como el cobre y el petróleo. Sin embargo,
no será una substitución absoluta dado que sus usos son complementarios con el
cobre y el reemplazo del petróleo sería sólo parcial.
DECLIVE. ALERTAN
QUE BOLIVIA ESTÁ EN RIESGO DE DEJAR DE SER EXPORTADOR DE GAS
Prensa Mercosur Net
(https://bit.ly/3LTgJRG)
Mientras Bolivia
enfrenta problemas por la caída de la producción de gas y la falta de
reposición de reservas, Brasil y Argentina tienen cada vez mayor producción.
Según expertos, Brasil ya es capaz de garantizar la seguridad del suministro de
gas sin depender de Bolivia, mientras que Argentina afianza su condición de
país exportador.
En este contexto,
los analistas en hidrocarburos Hugo del Granado y José Padilla afirmaron por
separado que Bolivia está en riesgo dejar de ser país exportador de gas, pues
su baja producción le permitirá únicamente garantizar el mercado interno.
En días pasados,
en una entrevista con el portal Radar Energético, Edmar de Almeida,
especialista en el mercado de gas natural y economía energética de Brasil,
afirmó que la producción de gas en ese país tiene un incremento significativo,
situación por la que disminuyó la participación de Bolivia en el suministro.
Por ello, el
especialista dijo que la declinación de los campos bolivianos “no genera
preocupación en Brasil porque la seguridad del suministro está garantizada por
la producción doméstica y por el Gas Natural Licuado (GNL)”.
Pese a mencionados
problemas, de Almeida aseguró que Bolivia tiene la ventaja de contar con un
gasoducto con capacidad de transportar hasta 30 millones de metros cúbicos día
(MMm3d) de gas. No obstante, señaló que el precio debe ser competitivo para
mantener los acuerdos de comercialización.
Al respecto, Del
Granado indicó que Bolivia está en riesgo de no solamente bajar aún más sus
volúmenes de gas exportados a Brasil y Argentina, sino también de perder esos
mercados. Explicó que mencionados países tienen la necesidad de asegurar su
abastecimiento de gas, pero ahora cuentan con la producción del Presal y Vaca
Muerta, respectivamente.
“Con la caída de
la producción y la caída de las reservas (en Bolivia), sólo va a abastecer para
el mercado interno”, dijo el especialista.
Por su parte,
Padilla aseguró que, ante la imposibilidad de incrementar reservas de gas, la
pérdida de mercados de exportación es inminente. Por ello, ratificó que la
condición de Bolivia como país exportador de gas está en riesgo.
“Tenemos que
centrarnos en garantizar la provisión de gas al mercado interno, de lo
contrario es negro el panorama que se viene. Estamos pensando en traer petróleo,
después vamos a tener que traer gas”, agregó.
Por otro lado,
Padilla considera que el país requiere de una nueva ley de hidrocarburos, que
permita atraer capitales privados interesados en invertir en actividades de
exploración, pues el actual marco normativo es “demasiado estatista” y poco
equitativo, situación que aleja a los posibles inversionistas.
Según el experto,
el sector hidrocarburífero de Bolivia necesita al menos 8.500 millones de
dólares de inversión en exploración para incrementar las reservas de gas y
petróleo. Explicó que esos recursos se conseguirán únicamente con la
modificación del marco normativo.
Al respecto, Del
Granado afirmó que es insuficiente la modificación de la ley de hidrocarburos,
puesto que el sector requiere de un cambio en la estructura jurídica de la
política de hidrocarburos, incluso afectando a la Constitución Política del
Estado (CPE).
Según el
especialista, la CPE debe modificarse para la llegada de la inversión privada y
la apertura de mercados de exportación.
“Es un cambio de
fondo, estructural; no es un retoque a la ley de hidrocarburos. Eso se ha dicho
hace bastantes años, no hay nada para inventar, ya está muy claro lo que tienen
que hacer y si no estamos condenados al fracaso”, advirtió Del Granado.
45,65 MMm3d, es el
promedio de la producción de gas natural en la gestión 2021, según datos del
Ministerio de Hidrocarburos y Energías.
EL POZO MARGARITA
10 NO RESUELVE EL PROBLEMA DE LA BAJA PRODUCCIÓN DE GAS
Aunque el Gobierno
nacional destacó el incremento de la producción de gas a partir de junio de
este año con la incorporación del pozo Margarita 10, especialistas en
hidrocarburos afirman que el nuevo no resuelve el problema de baja producción
de gas.
Según
declaraciones del ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina, el pozo
Margarita 10, ubicado en el campo Margarita-Huacaya, producirá 3 millones de
metros cúbicos día (MMm3d) de gas y 2.300 barriles por día (bpd) de crudo.
En base a esos
datos, el presidente Luis Arce Catacora destacó en días pasados que el pozo
Margarita 10 se convertirá en el de mayor producción del país, pues generará
una renta petrolera superior a los 260 millones de dólares por año.
Sin embargo, el
analista en hidrocarburos, Hugo del Granado, aseguró que la incorporación de
mencionado pozo “es un parque” que permite mantener los mercados de
exportación, puesto que incrementarán los envíos de gas a Argentina en la época
de invierno. Sin embargo, dijo que “no hay ninguna solución” al problema del
declive de la producción.
“La solución es
estructural y depende de cambios estructurales que hay que hacer en la política
petrolera”, aseguró Del Granado.
Actualmente, YPFB
y las empresas subsidiarias y operadoras ejecutan la perforación de 12 pozos
exploratorios.
BOLIVIA CONFIRMA
NEGOCIACIÓN DE ACUERDO ENERGÉTICO CON RUSIA
Sputnik News de Rusia
(https://bit.ly/3sQLj5S)
Bolivia confirmó
que negocia con Rusia un acuerdo para ejecutar proyectos sobre petróleo y gas
natural en este país sudamericano, que pretenden perfeccionar en una próxima
reunión de la Comisión Intergubernamental Ruso-Boliviana de cooperación
económica y comercial.
La cooperación
"permitirá desarrollar proyectos conjuntos de exploración geológica,
producción, transporte, procesamiento, purificación, almacenamiento y venta de
petróleo y gas en Bolivia", dijo el Ministerio de Hidrocarburos en un
comunicado.
El anuncio oficial
surgió horas después de que el ministro de Energía de Rusia, Nikolái
Shulguínov, revelara el resultado de un encuentro con el titular boliviano de
Hidrocarburos, Franklin Molina, en la antesala a la Sexta Cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno del Foro de Países Exportadores de Gas, en Doha, Qatar.
Rusia ha expresado
en el pasado reciente su interés en cooperar en el desarrollo energético de
Bolivia, llegando incluso a comprometer millonarias inversiones de su empresa
Gazprom durante un encuentro de 2018 en Moscú entre el entonces presidente
boliviano Evo Morales (2006-2019) y el líder ruso Vladímir Putin.
Además, la firma
rusa Rosatom construye actualmente un centro de investigación en tecnología
nuclear en la ciudad de El Alto, que será de más altura sobre el nivel del mar
en el mundo.
"El ministro
boliviano recibió la invitación de la autoridad rusa para que Bolivia participe
en el Congreso Mundial de Energía, que se celebrará en San Petersburgo, oeste
de Rusia, del 24 al 27 de octubre del presente año", señaló el informe.
Añadió que Molina
sostuvo también reuniones bilaterales con sus homólogos de Energía Rusia y de
Energía y Minas de Argelia, Mohamed Arkab.
El foro de países
gasíferos (GECF, por sus siglas en inglés) es una organización internacional
que promueve el intercambio de experiencias e información entre los países
exportadores de ese recurso de creciente importancia en el mundo.
Está integrado por
11 países miembros y siete observadores, que en conjunto poseen el 70% de las
reservas probadas de gas, el 44% de la producción comercializada, el 52% de los
ductos construidos, y el 51% de las exportaciones de Gas Natural Licuado (GNL)
del mundo, según un informe oficial del GECF.
GOBIERNO
INTERVIENE ZANJA EN FRONTERA CON BOLIVIA PARA IMPEDIR PASO DE MIGRANTES
Radio Bio Bio de Chile
(https://bit.ly/36lw5hw)
Tras la crisis
migratoria que se vive en el norte del país, el gobierno de Sebastián Piñera
decidió intervenir la zanja limítrofe con Bolivia para evitar el paso de
migrantes irregulares y contrabandistas.
El ministro del
Interior, Rodrigo Delgado, negó que los trabajos con maquinarias fueran para
extender la zanja actual y estableció que se trata de una “mantención”.
De este tema
conversó el sub alcalde de Pisiga, Jacob Colque, en Podría Ser Peor.
“Las leyes de
migración dictan que los venezolanos pueden estar en Bolivia (..) los de
migración lo saben, pero el documento para Bolivia lo tienen”.
“Lo que a nosotros
nos preocupa es la delincuencia, a veces hay gente que no viene con buenas
intenciones, ha habido casos donde han querido asaltar a los que llevan carga”.
“Otro problema que
estamos teniendo es la zanja (..) los militares chilenos piensan que esa es la
línea, pero no es así. Ellos lo han hecho antes para no tener problemas con el
vecino país”.
“Hoy en la mañana
vecinos mandaron videos, nosotros citamos a una reunión del POA. No hemos
podido ir, pero a medida que termine esa reunión vamos a ir a ver cómo está la
situación”.
Revisa la
entrevista a Jacob Colque, sub alcalde de Pisiga.
EXPORTACIONES DE
CHILE, MÁS BARRERAS EN BOLIVIA, MÉXICO E INDONESIA
La Voz de Chile
(https://bit.ly/3h837ns)
Subrei Catastro
identificó 35 medidas que obstaculizaron “más de lo necesario” la
comercialización de productos de exportaciones de Chile por parte de 17 países
durante 2021, entre ellos Bolivia.
En Chile, tanto
las exportaciones como las importaciones se encuentran en máximos históricos en
el agregado del año, mostrando la fortaleza de la reapertura del país. El Fondo
Monetario Internacional informa que Chile es una de las economías de más rápido
crecimiento en la región post pandemia.
El 21 de abril de
2021, la agencia tributaria chilena emitió la norma 26/2021 sobre la aplicación
del impuesto al valor agregado (IVA) a los servicios digitalizados prestados
desde el extranjero, como servicios de software, infraestructura o plataforma.
La nueva
regulación sigue varios fallos de la agencia tributaria que agregan una
bienvenida claridad a las reglas de retención de impuestos e IVA aplicables a
los servicios digitales.
Reglamento
El propósito
principal de la regulación es reconocer (e instruir sobre) diferentes
resultados fiscales que surgen de la interacción de la ley de impuesto a la
renta de Chile, el IVA y los tratados fiscales. Comprender esta interacción es
un elemento clave para determinar la tributación de los servicios digitalizados
prestados desde el extranjero.
Los montos pagados
a residentes en el extranjero por servicios y regalías (digitalizados o no) que
están sujetos a retención de impuestos están exentos de IVA en Chile. Sin
embargo, si se libera a un contribuyente de la retención de impuestos, se
activa el IVA. El objetivo de estas normas es evitar la aplicación de ambos
impuestos.
El reglamento
forma parte de las instrucciones que ha emitido la agencia tributaria chilena
sobre las modificaciones introducidas por la reforma tributaria de 2020. Entre
otras medidas de actualización del sistema tributario chileno, la reforma
incluyó disposiciones para el impuesto al valor agregado de los servicios
digitalizados prestados por residentes en el extranjero, siguiendo los
lineamientos de la OCDE, en particular la implementación de un mecanismo
simplificado de registro y pago.
EL GOBIERNO
COMUNISTA DE PEDRO CASTILLO PACTA CON EL GREMIO PRODUCTOR DE HOJA DE COCA EN
PERÚ
La Gaceta de España
(https://bit.ly/36yryZp)
Ricardo Soberón,
presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin
Drogas (Devida), ha sellado un pacto polémico con los productos de hoja de coca
-principal insumo para la fabricación de cocaína- del valle de los ríos
Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), zona controlada por el narcotráfico y los
remanentes terroristas de Sendero Luminoso, reagrupados en el Militarizado
Partido Comunista del Perú (MPCP).
De acuerdo con una
investigación del diario El Comercio, Soberón, exasesor de organizaciones
cocaleras designado en Devida por la ex premier Mirtha Vásquez -activista
antiminera y militante del Frente Amplio-, anunció el pasado jueves 17 la
ejecución del “pacto social ciudadano”. Mediante este “pacto”, el Gobierno del
comunista Pedro Castillo permitirá, presuntamente, que los agricultores
reduzcan de forma voluntaria los espacios destinados al cultivo de hoja de
coca.
Este compromiso
fue expuesto por el titular de Devida ante los dirigentes de la Federación de
Productores Agrarios del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (Fepavrae),
organización que demanda al Estado peruano la cancelación total de la
erradicación de cultivos de hoja de coca en el país y la expulsión de la
agencia Usaid (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo), la cual
financia programas de desarrollo alternativo.
Cabe recordar que,
en noviembre de 2021, la dirigencia de Fepavrae, que representa a más de 20 mil
agricultores de 14 distritos de las regiones Cusco y Ayacucho, celebró la
designación de Soberón en Devida. En un comunicado, el gremio señaló que él era
“un permanente aliado de las organizaciones cocaleras por la justa defensa de
la hoja de coca”.
En ese
pronunciamiento, los productos de hoja de coca recordaron al Gobierno la
promesa del cese inmediato de la erradicación en el ámbito nacional y la
legalización de la coca: “Planteamos al presidente Castillo y al Dr. Soberón
seguir la agenda de la coca”.
El modelo
boliviano
Un punto clave del
denominado “pacto social ciudadano” con los cocaleros propuesto por el Gobierno
de Castillo es la desactivación de la Empresa Nacional de la Coca (Enaco),
compañía estatal creada en 1949 que tiene el monopolio legítimo en la
comercialización y derivados de la hoja de coca.
“Hay un sistema
contra la coca, el Estado que ha recibido el presidente [Castillo] es anticoca,
pero él ha venido y ha señalado el compromiso que tiene”, manifestó Soberón en
el evento referido
En una radio local
en el Vraem, el jefe de Devida también precisó: “Si queremos liquidar Enaco, se
nos abre dos posibilidades: pedimos facultades legislativas para reformar este
paquete y mejorar la lucha contra el narcotráfico o presentamos un proyecto de
ley y que el Congreso se encargue de producirlo”.
Soberón también mencionó
el apoyo del congresista izquierdista Guillermo Bermejo -imputado por presunta
afiliación terrorista-, quien ya presentó un proyecto de ley que apunta a la
industrialización de la coca, en sintonía con la Ley General de la Coca, creada
por el expresidente boliviano Evo Morales, quien mantiene estrechos lazos con
Pedro Castillo y visita el Perú periódicamente.
Según información
de El Comercio, Fepavrae ha señalado que trabajará con el legislador “Bermejo y
el expresidente Evo Morales en defensa de la coca y de la soberanía nacional”.
Industrializar la
hoja de coca
En octubre de
2021, funcionarios de alto nivel involucrados en el Plan Anual de Reducción del
Espacio Cocalero Ilegal, alertaron que el entonces ministro del Interior, Luis
Barranzuela, informó a la Administración de Control de Drogas (DEA) que los
operativos de erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca en el Vraem
quedaban suspendidos hasta nuevo aviso.
Esta decisión
coincidió con el anuncio de Castillo de industrializar la hoja de coca durante
la inauguración del Cite Industrial (Centro de Innovación Productiva y
Transferencia Tecnológica) en la localidad de Pichari, provincia del Cuzco,
ubicada en el Vraem.
Castillo planteó
en esa oportunidad la industrialización de los productores de hoja de coca, así
como cambios en Enaco y Devida, cambios que estarían definiéndose meses después
con este “pacto social ciudadano”.
“El proyecto
también tendrá luz verde, no solo ante el Congreso, sino desde el despacho,
para que la hoja de coca no solo se industrialice, sino que se impulse el
verdadero desarrollo con los compañeros cocaleros. Las cosas que hay que
corregirlas, con Enaco y con Devida, tenemos que corregirlas”, anotó en esa
oportunidad.
Complicidad con el
narcotráfico
Para el coronel
(r) Juan Carlos Liendo, exjefe del Servicio de Inteligencia del Ejército del
Perú (SIE), la promesa de Castillo de industrializar la hoja de coca es un
mensaje para los productores de clorhidrato de cocaína, traficantes y el crimen
organizado internacional, de que en el Perú se liberaliza y promueve esta
materia prima.
“No tenemos ningún
ejemplo de industrialización en las zonas donde se cultiva hoja de coca que no
sea aquella que se convierte en pasta básica de cocaína o clorhidrato de
cocaína. La única deducción lógica que puede darse de una posible
industrialización de la hoja de coca es que sirva para el negocio de la droga.
El anuncio de Castillo de industrialización de la hoja de coca es un mensaje
para los productores de clorhidrato de cocaína, para los traficantes y para el
crimen internacional organizado. Les están diciendo que aquí se detiene la
erradicación de hoja de coca, se abre el mercado y se promueve la
industrialización, que no es otra cosa que la transformación de esta materia
prima a clorhidrato de cocaína. Ese es el único mensaje que se puede entender,
lo demás es una narrativa emocional, sin sentido”, advierte.
Aliado de los
cocaleros
Ricardo Soberón,
excandidato del Frente Amplio al Congreso, abogado y opositor a la política de
erradicación de cultivos de hoja de coca, ya ocupó la presidencia de Devida en
2011, permaneciendo en el cargo durante cinco meses.
Cercano a los
productores de hoja de coca -denominados coloquialmente en el Perú como
cocaleros-, fue cuestionado por sus declaraciones durante el VIII Congreso
Cocalero, celebrado entre el 22 y 24 de enero de 2010, donde aseguró que la
erradicación de estos cultivos era “inconstitucional, injusta y arbitraria”.
Soberón también
trabajó como asesor de la excongresista Nancy Obregón, que pasó 37 meses en
prisión acusada de tener nexos con el terrorismo y el narcotráfico.
LA DELGADA
FRONTERA ENTRE JUSTICIA Y PODER EN BOLIVIA
La presencia del relator especial de la
ONU en Bolivia pone bajo la lupa la independencia de poderes. La oposición
denuncia que los tribunales del país responden a los intereses de la política.
DW de Alemania (https://bit.ly/3h3gOUT)
En reiteradas
ocasiones, Evo Morales, siendo presidente de Bolivia, cuestionó la
independencia de poderes. Una vez dijo que esta era "una doctrina
norteamericana". En varias oportunidades, fue autorizado por la Asamblea
Legislativa para nombrar a dedo a magistrados. Y, de acuerdo con reportes de
Human Rights Watch, entre 2017 y 2019 destituyó de forma injustificada a cerca
de cien jueces.
Tras su renuncia,
decenas de exiliados, opositores de Morales y antes acusados de mil crímenes,
regresaron a Bolivia reivindicados y absueltos. Entonces comenzó el gobierno
interino de Jeanine Áñez, que en sus primeros días perdió una de sus chances
históricas: en lugar de romper con el pasado masista que controlaba la
Justicia, la presionó públicamente para emprender más de 150 investigaciones
penales por sedición y terrorismo contra miembros de la fracasada
administración de Morales. Se habló incluso de "cazar" y
"perseguir" a exfuncionarios.
Inversión de roles
Un año después, el
masismo retomó el gobierno. Entonces los roles se invirtieron de nuevo: los
acusados, entre ellos el propio Evo, dejaron de serlo y regresaron al país
convertidos en héroes. Y los implacables acusadores, entre ellos la mismísima
Jeanine Áñez, hoy se encuentran en la cárcel.
En ocasión de la
visita a Bolivia iniciada el 15 de febrero de 2022 por Diego García-Sayán,
relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados,
se multiplican las voces que denuncian que la manipulación de la Justicia con
fines políticos es un cáncer enquistado en el seno de Bolivia. "Yo mismo
estuve bajo unos enjuiciamientos políticos en 2007, y ya entonces me preocupaba
el deterioro de la independencia del sistema judicial", recuerda en
conversación con DW Eduardo Rodríguez Veltzé, expresidente de Bolivia. "Fui
sometido a un proceso abusivo y pedí la visita del relator especial, pero el
gobierno no la autorizó. Hoy celebro que venga, aunque sea 15 años
después", agrega. Rodríguez Veltzé espera que el informe del relator de la
ONU sea objetivo, aunque duda de la capacidad de los organismos internacionales
para generar la presión necesaria que impulse cambios en las dinámicas
judiciales del país.
"Pruebas
contundentes"
Un pesimismo que
comparte Centa Rek, jefa de la opositora bancada Creemos en el Senado. Rek
cuestiona la imparcialidad de la ONU, y denuncia que, si bien al Parlamento se
le concedió una audiencia con García-Sayán, a esta solo asistieron las
comisiones conformadas por el oficialismo. "Las víctimas identificadas con
el gobierno tienen reuniones presenciales con el relator especial —le dice Rek
a DW—, mientras que las víctimas opositoras han recibido escasamente una sesión
virtual. A mí misma, como senadora, se me asignó una videoconferencia con
García-Sayán, mientras que mis colegas masistas han sostenido encuentros
personales. Es una muestra de cómo se puede direccionar una agenda",
apunta.
No obstante, está
segura de que el relator se marchará con pruebas contundentes: "Los
juicios políticos son sumarios rapidísimos donde, sin causa judicial, los
únicos sentenciados son opositores. Los perseguidos políticos son enviados a
prisión preventiva, cuando ese debe ser el último recurso, pues, ante todo, hay
que presumir su inocencia. Hay discrecionalidad en la balanza, y todo depende
de si uno es opositor u oficialista”, apunta la parlamentaria.
"Sí hay
corrupción, pero no politización"
Son declaraciones
que desestima Reymi Ferreira, abogado, exrector universitario y ministro de
Defensa durante la administración de Evo Morales. En entrevista con DW,
reconoce que hay falencias en el sistema judicial boliviano, pero es categórico
al rechazar que estas tengan motivaciones políticas. "Si el poder judicial
dependiera del gobierno, todos los ministros de Jeanine Áñez estarían tras las
rejas. Hay muchas denuncias contra ellos que están paralizadas, y los pocos
procesos que han prosperado lo han hecho porque las evidencias eran imposibles
de ocultar. Y, aun así, la oposición quiere tacharlos de persecución
política", dice.
Para Ferreira, el
problema de fondo de la justicia es la corrupción, y no la politización.
"El órgano judicial se ha convertido en una enorme y podrida bola de
corrupción. Tan grande, que ni el gobierno puede controlarla. El sistema tiene
una estructura interna propia y los jueces no obedecen a nadie: las sentencias
se hacen a favor de quien más pague".
Necesidad de un
reforma de la Justicia
Más allá de sus
diferencias ideológicas, los tres entrevistados que consultó DW coinciden en
que urge una reforma judicial en Bolivia. "Hace falta un gran pacto
nacional, entre oposición y oficialismo, sin politizar el tema, sino tratándolo
desde lo técnico, porque aquí hay un problema estructural", afirma
Ferreira.
"Aquí hace
falta voluntad política para impulsar una reforma —dice el expresidente
Rodríguez Veltzé—. Y el informe del relator, que anticipo tendrá reparos sobre
la independencia de la justicia, pondrá a prueba el carácter democrático del
presidente Arce, pues dejará en evidencia si su gobierno abraza las
observaciones o si las repudia".
Para la senadora
Rek, la mentada reforma solo puede nacer como un acto revolucionario, que
transforme los cimientos del sistema y traiga de vuelta la meritocracia. Ella
desconfía de las iniciativas del Ejecutivo, que califica como cortinas de humo,
y mira con recelo la presencia de la ONU. Cuidando cada palabra, concluye con
contundencia: "Me temo que el relator se está prestando para lavarle la
cara al gobierno de Arce. Ojalá me equivoque, porque son muchas vidas y muchas
libertades las que están en juego en este momento".
LAS FUERTES
PRECIPITACIONES DEJAN 20 PERSONAS DESAPARECIDAS EN BOLIVIA
El Periódico de España
(https://bit.ly/353jork
Las persistentes
lluvias en Bolivia causaron el desborde de una laguna en la región de Tarija en
el sur del país que afectaron al menos a tres comunidades con el deslizamiento
de viviendas y 20 personas están desaparecidas.
El presidente de
Bolivia, Luis Arce, lamentó este lunes en su cuenta de Twitter "la pérdida
de vidas humanas por el desborde de la quebrada Itayuru" en Tarija.
"Enviamos helicóptero Súper Puma con alimentos y equipos de búsqueda de
las FFAA (Fuerzas Armadas). Estamos evacuando heridos y familias
afectadas", escribió Arce.
El viceministerio
de Defensa Civil informó de que en las últimas horas se registró una intensa
lluvia en la provincia O' Connor, en el municipio de Entre Ríos, a unos 100
kilómetros de la ciudad de Tarija, que ocasionó un desborde de una laguna que
ha afectado al menos a tres comunidades guaraníes, según un boletín de esa
cartera. Esta situación provocó que unas 20 personas estén desaparecidas y se
conoce que de "manera oficial" se encontró el cuerpo de un fallecido
y de forma "extraoficial" encontraron un segundo, según el boletín
del Viceministerio de Defensa Civil.
Es por ello que el
viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, tenía previsto realizar
un sobrevuelo por el lugar para llevar alimentos y equipos de rescate para las
familias afectadas, al igual que movilizar equipos para buscar a las personas
desaparecidas. Sin embargo, no se logró realizar todo el recorrido del
sobrevuelo por las malas condiciones climáticas y también porque se rescató a
una persona de 69 años que estaba "herido y policontuso por la caída de
lodo", informó Cavimontes. Se tiene previsto que el sobrevuelo se realice
el martes para continuar la búsqueda de las 20 personas desaparecidas, al igual
que para entregar la ayuda humanitaria, esta jornada se logró entregar 1,5
toneladas de ayuda humanitaria a la comunidad de Ñaurenda.
Las lluvias
causaron desbordamientos de ríos, la caída de muros, cultivos dañados y
deslizamientos de terrenos con construcciones. En el último reporte de este mes
se contabilizaron unos 190 municipios y más de 52.000 familias afectadas por
las persistentes lluvias.
LA HISTORIA DE UN
INGREDIENTE INDÍGENA DE BOLIVIA
Slow Food (https://bit.ly/3LOnPaf)
En el Arca del
Gusto existe un producto llamado Ajara, que tiene potentes beneficios y es muy
nutritivo. Es un cultivo subutilizado que crece silvestre en Bolivia, que
también representa la identidad y herencia de los pueblos indígenas de la
región. Un ingrediente que vale la pena proteger y que ahora tiene su propio
defensor para asegurarse de que la comunidad no lo olvide.
Lizet Bautista
Patzi se define como una mujer indígena, cocinera y miembro de la etnia aymara,
población que vive principalmente en las inmediaciones del lago Titicaca,
ubicado entre Perú, Bolivia, el norte de Chile y el noreste de Argentina.
Luego de
participar en ITM Pueblos de América 2020 en México, Lizet aumentó su activismo
en la red Slow Food al participar en diferentes programas de capacitación y
actividades para promover y defender su herencia alimentaria. En 2021 fue
seleccionada para participar en la Escuela Global de Liderazgo de Mujeres
Indígenas organizada por el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI).
A través de este
camino, Lizet mejoró sus conocimientos relacionados con los derechos de los
pueblos indígenas y las mujeres, adquirió herramientas de incidencia a nivel
internacional y desarrolló su propio proyecto comunitario llamado “Semillas de
Vida” que fue seleccionado y financiado por FIMI.
Su proyecto se
centra en la protección y valorización de la Ajara, un producto de la comunidad
en peligro de extinción. Lizet trabaja para sensibilizar a los agricultores y
mujeres productoras sobre la introducción de semillas modificadas, productos
sintéticos, seguridad alimentaria y soberanía.
Ajara es una
planta herbácea anual de 30 -100 centímetros, rica en fibra y con un índice
glucémico bajo pero que al mismo tiempo ayuda a dar un subidón de energía. Es
un pseudocereal que se puede almacenar para su conservación, por lo que se
puede consumir durante todo el año, asegurando así la sustentabilidad
alimentaria en las regiones donde se cultiva.
Se consume tradicionalmente
en pito (Ajara pulverizada mezclada con agua), y sus hojas tiernas también se
utilizan en ensaladas y sopas. Los granos lavados y molidos se pueden utilizar
en recetas como la kispiña negra (galleta andina en aymara). Uno de los platos
tradicionales de la gente del Altiplano, en época de lluvias e invierno, es la
Lawa de Ajara, que además de nutrir, también ayuda a calentarse de los días
fríos.
La comunidad ha
compartido esta información con el movimiento Slow Food en un esfuerzo por
proteger esta planta y el conocimiento que la rodea. Sin embargo, este
patrimonio debe ser salvaguardado y protegido de los grandes intereses
comerciales que podrían replicar sistemas poco virtuosos para las comunidades,
como sucedió con la quinua y otros superalimentos descubiertos por Occidente.
De hecho, la comunidad se está preparando, y el primer paso de Lizet fue crear
conciencia sobre la importancia de esta planta y su protección por parte de la
comunidad.
Gracias a Lizet,
una joven aymara y cocinera, hoy el Ajara forma parte del Arca del Gusto de
Slow Food, un proyecto que apuesta por identificar productos en peligro de
extinción y crear las condiciones adecuadas para protegerlos y salvaguardarlos.
Y ha provocado un efecto dominó: se ha fundado una Comunidad Slow Food para
defender este producto y difundir los principios y la filosofía del movimiento
Slow Food y la Red de Pueblos Indígenas a otras comunidades cercanas.
No comments:
Post a Comment