CHARQUINI, EL GLACIAR BOLIVIANO QUE SE DERRITE IRREMEDIABLEMENTE
La capa nívea que cubre la montaña poco a poco se transforma en una
laguna de agua cristalina que refleja el azul del cielo y reinventa los tonos
color turquesa. Esa imagen que cautiva a los visitantes de turno logra un
contraste perfecto con el café de las rocas, cada vez más visibles entre el
manto blanco.
Se trata de Charquini, el glaciar boliviana que forma parte de la
Cordillera Real de los Andes y que poco a poco se derrite a causa de la crisis
climática.
Desde inicios de 2021, la montaña y la laguna Esmeralda, a la que se
llega tras una hora de caminata de ascenso, atrajeron a muchos bolivianos.
Estos, impedidos de viajar a otros lados a causa de la pandemia de covid-19,
llegaron a los pies de este glaciar, que está a 5340 metros sobre el nivel del
mar (msnm).
Así y con el amplificado impacto de las redes sociales, Charquini, a tres
horas de la ciudad de La Paz, la capital política boliviana, se posicionó como
el punto focal del turismo.
La cita turística no solo significó la posibilidad de presenciar la
majestuosa belleza montañosa, sino que también representó un encuentro con un
cuerpo de hielo que se escurre ante los ojos de los visitantes. Además, fue
otro factor para su derretimiento.
“Fue una irresponsabilidad lo que se vio en Charquini: un turismo
completamente desordenado que sacó a relucir la indefensión de los glaciares en
el país. El impacto en la montaña no sólo fue en el área de nieve sino en todo
el conjunto periglaciar, incluyendo los bofedales que son el ecosistema de
roca”, relata Carmen Capriles, especialista en cambio climático y activista del
colectivo Reacción Climática.
Charquini llegó a recibir en los últimos meses un promedio de 1000
visitas diarias en fines de semana. Este boom turístico implicó una
significativa afectación, según Capriles, debido a la basura que dejaron las
personas y el pisoteado sin control a la zona periglaciar. Incluso ascendieron
a la montaña vehículos 4×4 para evitar que la gente camine hasta la laguna.
El mismo destino de Chacaltaya
Hasta fines de los años 90, Chacaltaya era uno de los glaciares de la
Cordillera Real más cercanos a la urbe paceña y ostentó, por varias décadas, la
estación de esquí más alta del mundo (5400 msnm).
La montaña fue concurrida por locales y foráneos desde 1943, cuando se
habilitó una pista en el corazón de los Andes. Pero, actualmente, de ello solo
quedan recuerdos. Hace más de 10 años, la nieve en Chacaltaya desapareció por
completo, lo que evidenció las afectaciones del calentamiento global a los
glaciares.
Esa situación se suma a lo que ocurre con otros gigantes blancos de la
Cordillera Real, como el Illimani o el Huayna Potosí. Según datos del Instituto
Boliviano de la Montaña (IBM), a partir de 1980, el país perdió la mitad de sus
glaciares.
El ingeniero hidráulico especializado en glaciología de la Universidad
Mayor de San Andrés (Umsa), Edson Ramírez, explica que no es posible que
Chacaltaya reviva, porque ya perdió su capacidad de transformar la nieve en
hielo. Cree que lo mismo pasará con Charquini.
“Lo que estamos viendo ahora es que, en realidad, el glaciar está
empezando a desaparecer, por eso hay que tomar medidas para no acelerar su
muerte”, advierte.
Ramírez monitorea Charquini desde 2003, cuando se detectó que este ya
había perdido la mitad de la superficie que tenía en 1940.
Desde entonces se registró, en promedio, una pérdida de espesor de un
metro cada año. Esto permite estimar que, hacia 2050 —si es que no ocurre
antes—, Charquini se convertirá en otra víctima de un planeta cada vez más
caliente.
“La última década es la más caliente de la que tenemos registro desde
1850 hasta ahora. 2020 se ubicó 1,2°C por encima del periodo de referencia”,
expone la doctora en Ciencias de la Atmósfera de la argentina Universidad de
Buenos Aires (UBA), Inés Camilloni.
La especialista señala como causas al uso intensivo de combustibles
fósiles, al cambio en el uso de suelo (por deforestación y crecimiento urbano)
y las actividades intensivas agroganaderas.
¿Qué pasa cuando se derrite un glaciar?
El derretimiento de un glaciar no es un fenómeno local, se trata
probablemente del indicador más claro de lo que sucede en el planeta. El
aumento de la temperatura provoca la retracción de glaciares, pero también olas
de calor, ascenso del nivel del mar, sequías e inundaciones. Todo eso se
convierte en un boomerang que golpea a los ecosistemas que experimentan
desórdenes tremendos.
Ramírez, quien estudia los glaciares bolivianos desde hace más de 30
años, explica el fenómeno como una sucesión de eventos interrelacionados que
empieza en el océano, recorre el Amazonas y termina en la Cordillera de los
Andes.
“Desde el océano Atlántico vienen unas masas húmedas atravesando la cada
vez más degradada cuenca amazónica”, detalla. Toda esa humedad llega y se
deposita en la Cordillera, dejando las partículas en suspensión de carbón, que
aceleran el derretimiento de la nieve.
Por ello, la quema de la Amazonia o de la Chiquitania —en donde se
arrasaron al menos 800 000 hectáreas en 2021— no solo es un infortunio local,
sino un impacto que viaja miles de kilómetros y se deposita en las cumbres
montañosas. Allí mancha la blancura de la nieve e impide a los glaciares
rebotar la luz solar con la intensidad suficiente, lo que causa el
escurrimiento.
Cuando un glaciar se derrite, deja de proporcionar el servicio
ecosistémico que cumplía: acumular nieve y transformarla en hielo para luego
devolverla en forma líquida a los ríos. Si la montaña pierde esa capacidad
significa que, ante cada evento extremo, habrá un impacto mayor.
“Al no haber el amortiguamiento, la tormenta será más intensa y a la vez
arrastrará el material erosionado de la propia roca”, advierte Ramírez.
Una de las evidencias del derretimiento es la formación de lagunas, ya
sea a sus pies o incluso al medio de la montaña, que fungen como diques de
agua. Como el escurrimiento es acelerado, puede ocurrir un colapso y provocar
un desbordamiento repentino. Por tanto, puede haber inundaciones, pero también
sequías posteriores, pues se pierde de fábricas naturales de agua.
Con el tiempo, en el caso del Charquini, los bofedales (humedales
altoandinos) que están alrededor suyo sentirán las consecuencias de la falta de
agua y, por tanto, se alterará ese ecosistema.
¿Se puede salvar a Charquini?
Johan Yugar, divulgador científico, quien sigue los reportes emitidos por
el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC),
reafirma que hay rotunda contundencia de que los humanos son los causantes de
la aceleración del calentamiento del planeta.
Explica que para que no continúe el detrimento de los glaciares tendría
que bajar la temperatura de la Tierra, aunque, aclara que, al tratarse de un
fenómeno acumulativo, “si mañana dejáramos de emitir dióxido de carbono,
todavía tendríamos al menos unos 10 años de calentamiento global”.
Por eso, hay que empezar a tomar medidas pronto, tanto locales como
globales. El primer paso local, propone Ramírez, es elaborar una ley de
glaciares en Bolivia, que contemple el monitoreo sistemático de las montañas y
los límites de las actividades permitidas.
“En el caso de Charquini, no se trata de prohibir rotundamente el
turismo, sino de evaluar cómo sería la actividad con menor impacto”, aclara
Ramírez.
En América del Sur existen avances concretos en la protección de los
glaciares. Argentina aprobó, en 2010, una ley que asigna presupuestos para
registrar los cuerpos de hielo y prohibir las actividades que le afectan.
Chile, por su parte, tiene un proyecto en la Cámara de Senadores, donde
se discute cuáles deberían ser los límites permisibles de las intervenciones en
los cerros. Mientra,s Perú creó en 2017 el Instituto Nacional de Investigación
en Glaciares y Ecosistemas de Montaña con el fin, entre otras cosas, de
proyectar una norma que proteja a la Cordillera de los Andes, la cual atraviesa
siete países.
En el caso boliviano, si bien la Constitución Política de 2009 establece
que el Estado, en todos sus niveles, debe proteger las montañas, no hay
normativa que especifique, por ejemplo, qué actividades se pueden hacer sobre
los glaciares y qué otras en las áreas circundantes de montaña.
“Hemos visto, por ejemplo, que se saca el hielo para usar en los
frigoríficos. Es realmente alarmante”, alerta Capriles.
Ahora bien, el abogado del Ministerio de Medio Ambiente, Rodrigo Herrera,
cree que la normativa no es necesaria, ya que considera que no cambiará la
situación actual.
“Pienso que deberíamos trabajar más en educación y, de hecho, así lo
estamos haciendo. La Constitución ya contempla [la protección de] los
glaciares; lo que hay que hacer es asumir la responsabilidad que en primer
nivel apunta a los municipios, luego a las gobernaciones y finalmente al
gobierno central”, afirma.
Sin embargo, actualmente son pocas las acciones de cuidado que se
realizan, en general, en los glaciares bolivianos y, en particular, en
Charquini.
Tuvo que ser escenario de la muerte de un practicante de esquí, en agosto
pasado, para que las autoridades comprendan la mala gestión del turismo en el
lugar. Por ello, la Dirección de Turismo de la Gobernación de La Paz analiza
reducir de 1.000 visitas diarias a 30, con el fin de evitar daños al glaciar.
Ramírez destaca que una normativa puntual ayudará a poner en el centro de
la discusión el estado de los glaciares y, en el caso de Charquini, hará foco
no sólo a su impresionante belleza, sino en el grito de auxilio ante el
imparable derretimiento que atraviesa. IPS Noticias de México
(https://bit.ly/34vj7Nk)
ESTOS SKATERS BOLIVIANOS USAN VESTIMENTA INDÍGENA PARA COMBATIR LA
DISCRIMINACIÓN
Estas
mujeres atletas están haciendo una declaración con su vestimenta ancestral.
Nartional
Geographic (https://on.natgeo.com/3Laa0lZ)
Las coloridas polleras son un símbolo de identidad en el campo boliviano.
Pero estas voluminosas faldas tradicionales que usan las mujeres indígenas
aymaras y quechuas también han sido objeto de discriminación, algunas
consideran que la apariencia no concuerda con la identidad moderna. Ahora, un
grupo de atletas las ha traído de regreso a la ciudad, usándolas durante las
competencias de patineta, para celebrar la herencia cultural de las cholitas .
“Las polleras son muy valiosas
para mí”, dice Deysi Tacuri López, de 27 años, miembro de ImillaSkate, fundada
en 2018 en Cochabamba, la tercera ciudad más grande de Bolivia. “Las uso con
orgullo”.
Tacuri ve en las polleras no solo una expresión cultural sino también una
forma de empoderamiento. Bolivia tiene la mayor proporción de indígenas en la
región, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Más de la
mitad de la población de Bolivia es de ascendencia indígena.
Tacuri y sus compañeros de ImillaSkate también entre aquellos con
antepasados indígenas. Algunos de sus familiares todavía usan polleras.
“Es la ropa de mi madre y de mis tías, y las veo como mujeres fuertes.
Aquí en Bolivia, muchas mujeres en polleras
son cabeza de familia”, dijo en una entrevista telefónica. “Para mí, las
mujeres de polleras pueden hacer cualquier cosa”.
Tacuri y sus compañeros pasan largas horas practicando movimientos en el
Parque Ollantay, uno de los dos lugares de la ciudad con rampas y otras
estructuras diseñadas para este deporte.
Las faldas hasta la rodilla se ondulan y giran con cada giro, salto y
caída ocasional. Montar y realizar trucos complejos en las capas pesadas,
admite Tacuri, no es fácil. Pero es único.
ImillaSkate fue fundado por Daniela Santiváñez, de 26 años, y dos amigos.
Aprendió a patinar de niña gracias a su hermano, aunque era “raro ver chicas en
patinetas”.
El skateboarding existe en Bolivia desde hace unas dos décadas. Pero sin
mujeres modelos a seguir en el deporte en Cochabamba, y cansada de escuchar las
quejas de su madre sobre los moretones de las caídas, Santiváñez dejó de
practicar cuando era una adolescente. Volvió a patinar después de la
universidad, donde obtuvo un título en diseño gráfico. Para entonces, Dani,
como la llaman sus amigos, descubrió que no era la única mujer apasionada por
este deporte.
"Un día estaba teniendo una conversación con las chicas sobre por
qué todos los chicos se juntan para patinar, ¿por qué las chicas no hacen
eso?". recuerda Santiváñez, quien ahora estudia ingeniería comercial en la
Universidad Particular Domingo Savio y al terminar esta segunda carrera espera
lanzar una productora audiovisual.
El nombre del grupo capturó sus aspiraciones: la palabra imilla significa
"niña joven" en aymara y quechua, las dos lenguas nativas más
habladas en Bolivia. Los fundadores comenzaron a practicar juntos y eso llevó a
competencias y luego a más miembros.
Atrayendo fans
En los últimos tres años, ImillaSkate ha crecido a nueve patinadores. Ser
miembro activo significa hacer tiempo para practicar cada semana para poder
participar en competencias, y también compartir los mismos principios de
aceptación de diversos grupos y tradiciones. Aunque el colectivo tiene su sede
en Cochabamba, el grupo ha generado una audiencia más amplia en las redes
sociales más allá de Bolivia, con más de 5000 seguidores en Instagram. También
mantienen una página de Facebook con más de 7,000 seguidores y un canal de
YouTube donde algunos de sus videos obtienen miles de visitas.
Santiváñez aclara que usan las faldas solo para presentaciones, no
necesariamente como su ropa de calle. “Lo hacemos como una manifestación, como
un grito de inclusión”, dice. Para estos atletas, la patineta es un vehículo
ideal para impulsar el cambio.
“El skate es inclusivo, une a todo tipo de personas”, dice Santiváñez.
“Es una comunidad, y eso lo hemos aprovechado para hacer del mundo un lugar más
amable”.
Tacari dice que primero se desafiaron a sí mismos para abrazar sus
propias raíces . “Nosotras mismas hemos decidido conocer nuestra cultura y
nuestra identidad. Hemos decidido revalorizar nuestra indumentaria y animar a
las nuevas generaciones”, dice Tacuri, que dejó su trabajo de carpintería para
dedicarse a tiempo completo a la formación de la selección nacional.
competencia de patinetas, prevista para la última semana de noviembre en
Tarija, en el sur de Bolivia.
Origen de las polleras
Los orígenes de las polleras se remontan a la conquista española en el
siglo XVI. Originalmente impuestas por los gobernantes coloniales como una
forma de identificar fácilmente a la población nativa y también hacer que el
atuendo se ajustara a lo que usaba la gente más pobre en España, las faldas
finalmente se adaptaron como parte del atuendo tradicional andino, más
comúnmente asociado con las cholas. Mujeres indígenas del altiplano. Así como
sus ancestros le dieron a las faldas su propia identidad mezclándolas con
blusas estampadas, joyas locales y sombreros, los imillas skaters están haciendo sus propias modificaciones a
la prenda y tratando de quitar un estigma.
“La pollera está asociada al campo, a la gente ignorante y sin recursos.
Queremos que la gente entienda que no tiene nada de malo llevar pollera, las
tenemos en nuestras raíces”, dice Santiváñez. “En todo caso, tenemos que
sentirnos orgullosos .”
Su plan de usar las faldas como parte de su expresión requería que las
propias patinadoras se familiarizaran con la prenda, ya que habían perdido el
contacto con la tradición. El grupo ni siquiera sabía dónde conseguir las
elaboradas faldas, así que recurrieron a sus abuelas en busca de ayuda.
No todos se sumaron de inmediato, preocupados por ser estigmatizados.
Incluso como descendiente de una mujer de pollera, Luisa Zurita luchó para que
su familia entendiera la premisa detrás del vestuario. Solo después de que la
invitaron a participar en un programa de televisión local para una presentación
de patinetas, su abuela le dio a Zurita su bendición y su pollera favorita.
“En mi casa, solo mi bisabuela era mujer de pollera, por lo que se me
hizo más difícil conseguir una”, dice. “Pero varias de las niñas obtuvieron
polleras de sus mamás, tías y abuelas, y
las tomábamos prestadas. Al principio, nos sentimos un poco tristes porque
estas faldas eran viejas y caras, tenían varias capas, tenían un valor, y nos
avergonzaba que se mancharan o se rompieran".
Luego, los patinadores fueron a buscar tiendas fuera de la ciudad que
vendieran versiones más baratas, así como los sombreros y las cintas para poner
en su cabello trenzado. Cuando se presentaron en el Mercado del Cerrito, el
mercado al aire libre de ropa usada más grande de Cochabamba, “todos se sorprendieron
de que fuéramos por este tipo de ropa. Somos jóvenes y de la ciudad. La gente
no entendía por qué queríamos vestirnos así”, dice Santiváñez.
“Pero tratamos de explicar que esto nos ayuda a entender a nuestras
madres, a nuestras tías y abuelas”, agrega Tacuri.
Para ella, el estigma asociado a las polleras cambió un poco con la elección del
expresidente Evo Morales en 2006. Bajo Morales, el primer presidente indígena
de Bolivia, los votantes aprobaron una nueva constitución que reconocía
formalmente 36 lenguas indígenas y también empoderaba a los pueblos indígenas
de la nación con más y otros derechos como la propiedad comunal de la tierra.
Morales renunció en 2019 en medio de protestas y acusaciones de intentos de
socavar la democracia para extender su gobierno de 14 años.
Incluso con ese progreso, Tacuri sintió que podían impulsar un mayor
reconocimiento cultural.
"Las polleras se usan en eventos y exposiciones culturales. Las
mujeres se están empoderando más, pero es un trabajo en progreso", dice.
Por ahora, los imillas ven un cambio en su ciudad. “Cuando era niña no se
me pasaba por la cabeza que las chicas patinaran”, dice Tacuri. “De hecho, por
eso paré unos años. Ahora con ImillaSkate hemos logrado una red. No es tan raro
nunca más ver a una chica andar en patineta".
Varios integrantes del grupo incluso se embarcaron en un viaje al
interior de Bolivia para grabar un breve documental. En la película de seis
minutos , estrenada en las redes sociales en septiembre, se les ve patinando
con sus coloridas faldas en zonas industriales, zonas rurales, parques y otros
sitios.
“Nuestro objetivo es promover e incentivar la práctica del skateboarding,
expandir el deporte y al mismo tiempo abrir nuevos espacios para practicar”,
dice Tacuri. “Pero también queremos enviar un mensaje: no olvidemos nuestras
raíces”.
CUARTO INTERMEDIO EN LA NEGOCIACIÓN CON BOLIVIA POR EL GAS: UN CONTRATO
CLAVE PARA EVITAR CORTES EN INVIERNO
Las
empresas estatales IEASA e YPFB acordaron que Bolivia enviará, como mínimo, 7,5
MMm3/día de gas hasta el 31 de marzo. Hasta esa fecha rige un cuarto intermedio
en las negociaciones. El gobierno argentino quiere que Bolivia garantice un
piso de 12 MMm3/día de gas en invierno. Pero YPFB no está seguro de poder
llegar a esa cifra.
Eco
Journal de Argentina (https://bit.ly/3L3JDhJ)
Directivos de IEASA (ex Enarsa), la empresa estatal de energía, y
funcionarios de la Secretaría de Energía acordaron con autoridades de YPFB una
especie de cuarto intermedio hasta el 31 de marzo próximo, fecha en la que
debería firmarse una nueva adenda anual al contrato original de importación de
gas desde Bolivia firmado en 2006. En los hechos, y frente a la incapacidad de
fijar nuevos parámetros comerciales que satisfagan a ambos países, las partes
acordaron que hasta fines de marzo YPFB enviará, bajo una cláusula de deliver
or pay (DOP), un piso de 7,5 millones de metros cúbicos (MMm3/día) hacia
nuestro país, según explicaron fuentes oficiales a EconoJournal. Es menos que
los 8 MMm3/día comprometidos para el período de verano en la adenda que venció
el 31 de diciembre, luego prorrogada hasta el 31 de enero de este año.
El principal contrapunto entre IEASA e YPFB se explica por la negativa de
Bolivia a garantizar el envío de al menos 12 MMM3/día de gas durante los meses
de invierno. La cifra es inferior a los 14 MMm3/día que estaban incluidos en la
adenda anterior, pero es el mínimo que se necesita, en función de las
proyecciones realizadas por Energía, para cubrir el suministro de gas natural
de las provincias del centro y norte del país entre mayo y agosto.
Según la opinión extendida de consultores y directivos de empresas
productoras, Bolivia enfrenta una declinación natural de sus principales
yacimientos gasíferos. Por eso, no está dispuesta a sumir una DOP por el
volumen que pretende la Argentina (es decir, pagar si entrega menos que esa
cantidad). Por lo que la opción de las partes fue ganar tiempo hasta el 31 de
marzo a la espera de contar, dentro de dos meses, con mayor nitidez en cuanto a
la producción que tendrá disponible YPFB.
“Se llegó a un cuarto intermedio hasta el 31 de marzo en el que YPFB
enviará 7,5 MMm3/día de gas hacia la Argentina. Con ese volumen más los 3 MMm3/día
que se producen en la cuenca del Noroeste estamos cubiertos febrero y marzo”,
admitió una fuente gubernamental.
Cortes
Del lado argentino hacen números y escenarios para proyectar cuán endeble
estará el sistema energético local por la caída del gas que llegará desde el
país del Altiplano. La menor disponibilidad de gas desde Bolivia se puede
suplir, en lo que se refiere al funcionamiento del parque de generación de
energía, mediante combustibles líquidos, siempre y cuando se robustezca la
capacidad logística de Cammesa. Pero en cuanto al abastecimiento de gas por
redes para hogares y grandes usuarios, la debilidad es manifiesta e
irreversible en el corto plazo.
En reserva, las autoridades argentinas aceptan que si Bolivia envía menos
de 10 MMm3/día de gas en invierno y se repiten bajas temperaturas la zona norte
y centro del país, habrá que aplicar restricciones en el consumo de industrias
por escasez del hidrocarburo.
“El problema es técnico. U durará hasta que no se amplíe la capacidad de
transporte troncal para utilizar el gas de Vaca Muerta y se revierta el
gasoducto norte no hay forma de cubrir la demanda de gas desde el norte de
Córdoba, Tucumán y Salta con producción de la cuenca Neuquina. La capacidad de
los gasoductos está topeada. Por eso es importante para nosotros que los envíos
de gas desde YPFB no se derrumben”, explicaron fuentes oficiales consultadas
por este medio.
Las cuentas, a esta altura, parecen estar claras: si el invierno es frío,
lo más probable es que durante algunos días haya que aplicar cortes a
industrias de esas provincias para evitar la caída del linepack del sistema.
MOBI, LA STARTUP BOLIVIANA DE MICROMOVILIDAD QUE ABARCA SEGUROS, BATERÍAS
E INCLUSO MOTOS ELÉCTRICAS PROPIAS
Fundada
en pandemia, MOBI es la startup de ese país que más dinero ha levantado en una
fase pre-semilla para fabricar 400 motos eléctricas al mes.
El
Español de España (https://bit.ly/3Gne8f2)
La pandemia ha acelerado el uso del transporte privado, algo que no es
siempre viable en grandes núcleos de Latinoamérica. El ecosistema de startups
se enfrenta al gran reto que supone la movilidad de millones de ciudadanos
todos los días.
Bolivia, por su parte, cuenta con un doble problema: su sistema de
transporte es uno de los más antiguos de la región y eso ha provocado que los
usuarios se hayan decantado por una alternativa que satura aún más el sistema,
las motocicletas.
En el año 2018, el emprendedor Ariel Revollo, quiso empezar a aportar
soluciones a los problemas de movilidad de Bolivia. El primer proyecto en el
que participó fue bautizado como Quantum, un vehículo pequeño de tres plazas,
el primero fabricado en Bolivia, que se postulaba como una posible solución a
los problemas de tráfico y de medio ambiente. "El problema que teníamos es
que la industria del automóvil es una industria millonaria, sofisticada y con
mucha tecnología. Competir con los precios y la escala de producción de los fabricantes
mundiales es muy difícil”, comenta Ariel Revollo a D+I.
Evolución hacia el microtransporte
MOBI se convirtió en la evolución natural de Quantum con tecnología
software. “La fabricación del primer auto boliviano nos ayudó a ganar
credibilidad en la industria latinoamericana”, asegura Revollo. La única pieza
pendiente en este puzle era poder integrar la tecnología adecuada en los
vehículos. En ese momento Ariel Revollo se asoció con el cofundador de MOBI,
Juan Pablo Velasco, que cuenta con gran experiencia en el ecosistema del
emprendimiento. Su startup Netcomidas.com fue adquirida por PedidosYa,
convirtiéndose en la adquisición más importante en la historia del ecommerce
del país.
Si la idea original con Quantum era que el consumidor pudiera comprar el
vehículo directamente, ahora con MOBI el usuario pagaría simplemente por usar
la flota de microtransporte de la startup. Además, para hacer MOBI más
competitivo en el mercado, sus fundadores decidieron que la carga de los
vehículos se produjera exclusivamente a través de la energía solar.
El planteamiento de MOBI es sencillo y está centrado en ofrecer mayor
accesibilidad de transporte a los usuarios. A través de una app, disponible
para iOS y Android, cualquier persona puede conseguir un scooter o una bici en
cuestión de segundos.
Para sorpresa de sus fundadores, los usuarios que más acuden a su
servicio son personas de entre 30 y 35 años que usan MOBI para ir al trabajo,
visitar a amigos o incluso para “pasear” por la ciudad. El bajo coste de MOBI,
con los precios más competitivos de toda Latinoamérica, es un anzuelo que ayuda
a fomentar esta nueva forma de movilidad.
En apenas dos años, MOBI ha ido escalando y se ha posicionado como una de
las startups más relevantes del panorama regional. Así llegó a coronarse como
la startup más valiosa de Bolivia en 2021, consiguiendo una valoración de cinco
millones de dólares.
A sus oficinas centrales en la ciudad de Santa Cruz (Bolivia) se le suman
otras dos sucursales en Tarija y en La Paz. Los planes de crecimiento de MOBI
son ambiciosos, ya que su expansión por Latinoamérica es inminente y ya están
en negociaciones para lanzarse en Chile. También han puesto el punto de mira en
Estados Unidos, más concretamente en Miami, punto clave de acceso para las
startups latinoamericanas al ambicioso ecosistema del país norteamericano.
Un hito para la historia de Bolivia
Además de haberse convertido en una de las startups más valiosas del
país, MOBI suma otros récords en su currículum. En el año 2020, obtuvo la mayor
inversión pre-semilla en la historia de Bolivia con más de un millón de dólares
de inversión privada.
Sus dos grandes inversores son Biopetrol, una empresa petrolera con
fuerte presencia en Bolivia, y Kieffer, compañía especializada en seguros.
Junto a Kieffer han lanzado el primer seguro de micromovilidad bautizado como
MobiCares. Gracias a esta alianza, todos los usuarios de MOBI pasan a tener un
seguro a todo riesgo desde el momento en el que alquilan el vehículo hasta que
lo devuelven. El precio del seguro está integrado en la tarifa de MOBI, del
cual el 10% va destinado a Kieffer.
La primera moto eléctrica boliviana
La flota de vehículos verdes de MOBI cuenta con scooters, bicis
mecánicas, eléctricas y también con la primera moto eléctrica del país: la
Ciber Bike One (CK1). Presentada en la aplazada Expo 2020 de Dubái el pasado
mes de noviembre, la CK1 será producida a gran escala empleando un 55% de
materiales nacionales.
PERÚ Y BOLIVIA BUSCARÁN CONSTRUIR ROMPEOLAS EN PUERTO DE ILO
Portal
Portuario de Chile (https://bit.ly/3IYP6oe)
Bolivia y Perú están trabajando en hacer más operativo el Puerto de Ilo.
Para cumplir ese objetivo, la construcción de un rompeolas asoma como una de
las alternativas más viables, puesto que facilitaría que barcos de gran
envergadura puedan atracar en la instalación portuaria.
El canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, explicó que “el problema en Ilo
es que tiene un oleaje fuerte, entonces, para barcos grandes es muy riesgoso
que puedan atracar ahí. El reto para poderlo hacer mucho más operativo para
barcos de mayor calado es construir un rompeolas, estamos trabajando eso con el
Perú”.
Mayta habló del tema luego que el Presidente de Perú, Pedro Castillo,
expresara que su Gobierno está dispuesto a dar condiciones “más ventajosas” y
“superiores” a Bolivia en Ilo, en la zona costera conocida como Boliviamar y
concesionada por 99 años, según La Razón.
El Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia aseguró que hay avances y
que en el corto plazo se harán públicos para hacer de Ilo un puerto más
operativo. “Estamos trabajando, en el último gabinete binacional nos hemos
fijado la meta de hacer mucho más operativo el puerto de Ilo y hemos venido
desarrollando acciones para volverlo más operativo. Nos falta infraestructura,
estamos viendo cómo vamos a resolver, eso corresponde a Perú porque es su
territorio”.
“Una vez consolidada las condiciones de atraque, será necesario trabajar
en mejorar los accesos al puerto a través de la ampliación de la carretera
internacional”, anticipó el Canciller.
Bolivia apuesta a Ilo como una alternativa a los puertos chilenos, donde
la carga de exportación e importación boliviana tendría problemas de diversa
índole, entre ellos los costos.
EL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA CONSTRUIRÁ UNA LIBRERÍA Y UN CENTRO CULTURAL
EN LA PAZ, BOLIVIA
José
Crespo Fernández, embajador de Bolivia en México, dice que el golpe de Estado
de frenó el arribo del Fondo de Cultura Económica a la Paz.
Forbes
de México (https://bit.ly/3giwV0b)
José Crespo Fernández, embajador de Bolivia en México, asegura que una
librería y un centro cultural del Fondo de Cultura Económica (FCE) comenzarán a
ser construidos en uno de los barrios populares de La Paz.
“Esperamos que este semestre ya empiezan las obras en el espacio, en el
cual el Fondo de Cultura Económica (FCE) va a tener una librería y un centro
cultural en La Paz, en Bolivia”, dice el diplomático a Forbes México.
La idea de construir una librería y un centro cultural del Fondo de
Cultura Económica viene de un acuerdo suscrito hace ya dos años y fue
“interrumpido por el golpe de Estado”, señaló el representante del presidente
de Bolivia, Luis Arce Catacora.
El embajador boliviano recuerda que nuevamente están funcionando todos
los mecanismos de relación bilateral, lo cual ha sido gracias al contacto entre
las dos naciones
“Todos los países tienen mecanismos de relación, es decir, son reuniones
en el tema consular, en complementación económica, así como tenemos una
comisión mixta de cooperación técnica-científica, otra en educación, una más en
cultura y deportes”, señala Crespo Fernández.
Según el diplomático, los acuerdos de cooperación académica entre la
academias de México y Bolivia ya rindieron sus primeros frutos, ya que hubo los
primeros cursos tomados por bolivianos a través de plataformas online.
La apertura de librerías en el extranjero data de décadas. El 2 de enero
de 1945 se inauguró en Buenos Aires, Argentina, la primera filial del FCE, bajo
la dirección de Arnaldo Orfila Reynal, quien posteriormente se convertiría en
director general de la editorial.
En 1963, la editorial inauguró su filial en Madrid, España, donde a la
fecha cuenta con la librerías Juan Rulfo, Martín Luis Guzmán y “Casa de México
en España”.
El FCE, una empresa del Estado a cargo de Francisco Ignacio Taibo Mahojo
(conocido como Paco Ignacio Taibo II), tiene también la librería Gonzalo Rojas
en Santiago de Chile, así como el Centro Cultural Gabriel García Márquez en
Bogotá y la librería Fernando del Paso en Medellín.
Mientras, en Ecuador tiene el Centro Cultural Carlos Fuentes, en Quito, y
la librería Miguel Donoso Pareja, en Guayaquil.
El Fondo de Cultura Económica USA tiene como base de operaciones San
Diego y también cuenta con presencia del en Europa, Guatemala y Perú.
La editorial mexicana registró ingresos por venta de bienes y servicios
de 163 millones 398 de pesos entre enero y diciembre de 2021, lo cual
representa un incremento de 25% respecto al año anterior.
En 2020, las ventas de libros fueron afectadas por la pandemia de
Covid-19, con ingresos por apenas 130 millones 625 mil pesos.
De enero a diciembre de 2021 hubo 417 millones 466 mil pesos en pérdidas
y gastos por servicios personales y generales, materiales y suministros, ayudas
sociales, transferencias a fideicomisos, así como estimaciones, depreciaciones,
deterioros, obsolescencias, amortizaciones, provisiones y disminución por
variación de inventarios.
NIÑOS Y NIÑAS VUELVEN A LAS AULAS EN BOLIVIA: "ESTAMOS GARANTIZANDO
EL DERECHO A LA EDUCACIÓN"
Sputnik
News de Rusia (https://bit.ly/3ulWk1m)
Luego de dos años marcados por la pandemia de COVID-19, el presidente de
Bolivia, Luis Arce, se respalda en el alto porcentaje de vacunación y en la
caída de la cuarta ola de contagios para que las clases se desarrollen
mayormente en modo presencial, lo cual considera "más provechoso"
para las y los alumnos.
El Gobierno boliviano inauguró el ciclo lectivo 2022 con la esperanza de
que 2,8 millones de niñas y niños regresen a las escuelas, mayormente
abandonadas durante los dos últimos años de pandemia. El gabinete de Luis Arce
se distribuyó por escuelas de todo el país para explicar que el regreso a las
aulas será siguiendo las normas de bioseguridad, con la casi totalidad de
docentes y alumnos vacunados contra el COVID-19.
Para finales de 2021 llegó a Bolivia la variante omicrón, que hasta días
atrás causó contagios de coronavirus a una escala nunca vista desde el inicio
de la pandemia, en marzo de 2020. Pero durante la primera ola, la letalidad del
virus era del 6,2%. Actualmente, gracias a las vacunas, la mortalidad no
sobrepasa del 0,6%, dijo a Sputnik el ministro de Salud, Jeyson Ausa.
La autoridad fue designada para participar de la apertura del año escolar
en Vinto, un municipio rural a 20 kilómetros de la ciudad de Cochabamba. Estuvo
en la Unidad Educativa María Ayma, denominada así para recordar a la madre del
expresidente Evo Morales (2006-2019).
El presidente Luis Arce tenía que venir a este establecimiento, pero a
último momento cambió su destino por la escuela Ernesto Che Guevara, recién
inaugurada en Sucre, departamento de Chuquisaca. Esta ciudad, junto a La Paz,
constituyen las dos capitales que tiene el Estado Plurinacional.
En Sucre, el presidente consideró que es "más provechoso" para
el desarrollo cognitivo que niñas y niños estén presentes en las aulas. De
todos modos, en las ciudades donde la tasa de contagios continúa elevada, las
clases serán en modalidad semi presencial y virtual, como se realizó en 2021.
Regreso a las escuelas
"El hermano presidente ha decidido que este día no podía pasar desapercibido
en cada departamento, porque es un momento importantísimo. ¡Qué triste se
debían ver los colegios totalmente vacíos!", dijo el ministro de Salud en
la inauguración.
Expresó que, luego de mucho tiempo, "esta mañana veía mandiles
blancos, uniformes, veía niños con sus mochilas, profesores… ¡Qué bueno ver
renacer a nuestras unidades educativas", dijo Ausa. Y recordó que durante
2020 el año escolar fue clausurado por el Gobierno de facto de Jeanine Áñez,
ante la llegada de la primera ola de contagios.
Consideró que en ese momento "se ha escogido el camino más fácil,
decidiendo clausurar el año escolar para quitar el derecho a la educación de
niños y jóvenes".
El ministro contó que en 1.100 escuelas del departamento comenzaron las
clases presenciales. En 400 iniciaron en modalidad semipresencial y 400 en
virtual.
En las 1.500 escuelas con asistencia de alumnos, el ministro aseguró que
contarán con elementos de bioseguridad, como barbijos, alcohol en gel y
lavandina: "No vamos a escoger el camino fácil, de simplemente suspender
las labores educativas".
Libros para 2,8 millones de alumnos
El Gobierno de Arce imprimió libros de texto de nivel inicial, primario y
secundario para 2,8 millones de alumnos en todo el país. Además, el Ministerio
de Educación puso online una plataforma educativa gratuita, a la cual podrán
ingresar las y los alumnos "a aulas virtuales, para repasar clases en todo
momento", dijo Ausa.
Y sostuvo que el 91% de profesores cuenta con al menos una dosis de
vacuna anti-COVID-19, mientras el 85% del plantel docente cuenta con el esquema
completo. Las y los alumnos de entre 5 y 17 años están vacunados en un 40%,
indicó el ministro de Salud.
"Estamos trabajando arduamente para garantizar, primero, la salud de
nuestros estudiantes y profesores. Pero, por sobre todo, estamos garantizando
el derecho a la educación", afirmó.
Finalmente, se dirigió a las y los alumnos, niños que lucían sus barbijos
y cortes de pelo relucientes, del día anterior.
"Nuestros profesores dan insumos, el Estado dispone de libros y
plataformas gratuitas, podemos recuperar el derecho a la Educación. Pero solo
de ustedes depende hacer grande el país", aseguró.
Y agregó: "En sus hombros está una gran responsabilidad. No
solamente soñemos que quisiéramos ser como tal país, construyámoslo todos. La
educación es el instrumento más poderoso para transformar el mundo".
¿Y los antivacunas?
El 1º de enero, el Gobierno puso en vigencia el carnet de vacunación,
como requisito para ingresar a toda entidad pública o privada. Quien no deseara
inocularse, podría entrar solamente con una prueba de PCR negativo reciente.
Cinco días después, movilizaciones de grupos antivacunas en todo el país
forzaron al presidente Arce a suspender los decretos 4640 y 4641.
Todos los bloqueos se levantaron, menos uno en la avenida Petrolera,
ciudad de Cochabamba. Exigían la derogación de los decretos, así como una
reunión con el presidente Arce.
Su protesta motivó otra protesta: el lunes 31 los sindicatos de
transportistas del departamento cortaron todas las avenidas en repudio al
bloqueo de los antivacunas, que ya llevaba un mes y afectaba a su sector.
A la mañana siguiente, la Policía intervino la protesta en la avenida
Petrolera y detuvo a 15 personas, que llevaban casi un mes en bloqueo.
"Los hemos invitado a escucharlos, a que nos escuchen en un diálogo
de hermanos", dijo Ausa. Pero ante la intransigencia de este grupo, fueron
detenidos sin mayor conflicto.
"Seguimos abiertos al diálogo en cualquier momento. Las puertas del
Ministerio de Salud están abiertas de par en par para escuchar a esas
organizaciones", comentó.
LAS MUCHAS VIDAS DEL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES BOLIVIANO
Los
países de América Latina han aumentado el papel del Estado en la provisión de
pensiones desde mediados de la década de 2000. Bolivia ha introducido cambios
en los que el Estado tiene un mayor protagonismo, y esto está ligado a las
reformas impulsadas por el partido socialista MAS. Aún así, el sistema privado
ha perdurado, explican Leandro N.
Carrera (Grupo de Políticas Públicas de la LSE) y Marina Angelaki (Universidad de Panteion).
LSE
AC de Londres (https://bit.ly/3ulVXUx)
Desde la década de 1980, la región ha estado a la vanguardia de la
privatización de las pensiones. Pero en los últimos años, muchos países
latinoamericanos han introducido reformas en la dirección opuesta al aumentar el papel del Estado en la provisión de pensiones. Una mirada a
las experiencias recientes de re-reformas muestra que mientras algunos países
han eliminado el pilar obligatorio de cuentas privadas, otros lo han mantenido
e introducido cambios significativos. En un
artículo publicado recientemente,
exploramos cómo los legados de políticas de reformas e instituciones
políticas anteriores han transformado el resultado en los países del Cono Sur.
El sistema de pensiones boliviano no ha escapado a este proceso de
transformación continua. Fue reformado por primera vez en 1997 con la
introducción de un pilar de cuentas privadas y continuó con una serie de
reformas desde mediados de la década de 2000 que aumentaron el papel del
Estado, aunque siempre manteniendo el sistema de cuentas privadas. El impacto
de la COVID-19 ha provocado debates sobre la posibilidad de permitir retiros
parciales de las pensiones privadas para aliviar la difícil situación de los
afiliados en toda la región, y el gobierno ha legislado recientemente para
permitir dichos retiros. Sostenemos que los legados de políticas y las
instituciones son clave para comprender los cambios recientes y que una mirada
más cercana al caso boliviano puede ayudarnos a comprender los cambios de
políticas en otros países latinoamericanos.
Una breve historia del sistema de pensiones boliviano
La privatización del sistema de pensiones boliviano en 1997 eliminó el
pilar público de reparto estatal y todos los trabajadores se vieron obligados a
incorporarse al nuevo sistema de cuentas privadas. Dos administradoras de
pensiones privadas dominaban el nuevo sistema ( Administradoras de Fondos de
Pensiones , AFP). Dada su carácter
obligatorio, logró acumular un nivel moderado de ahorro, superior al 22 por
ciento del PIB en 2010. Sin embargo, la baja cobertura y la baja densidad de
cotizaciones (lo que conduce a bajos pagos futuros) dieron como resultado un
bajo apoyo al sistema privado. . El gobierno también introdujo el Bonosol, un
pilar no contributivo para personas mayores de 65 años que cumplieron con
criterios de elegibilidad específicos.
En 2006, la administración izquierdista de Evo Morales, liderada por el
movimiento, se centró en introducir cambios significativos en las políticas
laborales y sociales. Mientras que su partido MAS (Movimiento al Socialismo)
tenía mayoría en la Cámara de Diputados, tenía minoría en el Senado. Morales
tuvo que negociar posiciones en el gabinete
con algunas organizaciones que inicialmente no lo apoyaron para
fortalecer su administración. Por lo tanto, algunos grupos no dudarían en
movilizarse al considerar que sus demandas específicas no fueron escuchadas.
Durante su primer mandato presidencial, Morales propuso una reforma del
Bonosol no contributivo. Su bajo monto (alrededor de $ 25 por mes) hizo que los
movimientos de base apoyaran el monto más alto de la Renta Dignidad no
contributiva propuesta (alrededor de $ 40 USD). Por el contrario, la Central Obrera
Boliviana (COB) se opuso a la reforma argumentando que el foco debe estar en la reforma del pilar
privado.. En el Congreso, el Senado inicialmente rechazó el proyecto de ley por
la preocupación de los partidos de centro-derecha sobre el impacto fiscal de la
reforma. Sin embargo, después de que la Cámara de Diputados insistiera en la
versión original del proyecto de ley, se produjeron manifestaciones masivas de
movimientos de base en apoyo del proyecto de ley. Cuando el Senado iba a votar
el proyecto de ley, los manifestantes impidieron el ingreso de los senadores
opositores al edificio, y los senadores del MAS terminaron aprobándolo.
Incluso después de introducir la
Renta Dignidad , la principal preocupación del gobierno siguió siendo el
sistema privado y continuó trabajando para reformarlo. La muerte de Renta Dignidad demostró que el apoyo del Congreso fue clave
donde no se concentró la autoridad presidencial. Tras la aprobación de una nueva constitución en 2009
que amplió el poder del presidente , el gobierno comenzó a trabajar en una
nueva reforma centrada en mejorar la adecuación de las prestaciones. Aumentó
la Renta Dignidad e introdujo una nueva
pensión contributiva del primer pilar (Pensión Solidaria). En particular, el
proyecto de ley incluía la eliminación de las administradoras de pensiones
privadas (AFP), reemplazándolas con una administradora de pensiones
administrada por el gobierno (Gestora Pública) aún por establecer. Esta vez, y
aunque el gobierno no luchó por obtener el apoyo del Congreso, hizo importantes
concesiones a las organizaciones de base para asegurar su vital apoyo a la
reforma, reduciendo la edad de jubilación a 58 años.
La gran mayoría de ese gobierno ayudó a aprobar el proyecto de ley
rápidamente. De manera crítica, las cuentas de pensiones privadas individuales
se mantuvieron pero fueron administradas por una administradora estatal (
Gestora Pública de la Seguridad Social ) establecida más tarde.
Aun así, las administradoras de pensiones privadas mostraron su
preocupación. Si bien el gobierno inicialmente ofreció comprar los activos de
las AFP para transferirlos a la nueva
Gestora , luego retiró la oferta por temores de que la nueva
administradora pública heredaría los reclamos judiciales por las contribuciones
impagas que debían recuperarse. Dado el peso negociador de las AFP, (con
activos en torno al 20 por ciento del PBI), acordaron con el gobierno una
“transición” para transferir la administración de las cuentas individuales a la
nueva Gestora . A cambio de recuperar los
aportes impagos y compartir los datos de los afiliados con la nueva
administradora estatal, el gobierno
acordó indemnizar a los propietarios de las dos AFP .
Cambios recientes y el futuro del sistema de pensiones boliviano
La transición a la nueva Gestora sigue en curso. El gobierno ha pospuesto
varias veces el inicio de operaciones de la Gestora Pública de la Seguridad
Social. Se retrasó diez años y comenzó en 2021, pero aún no administra las
cuentas de pensiones privadas.
Desde el año pasado, algunos legisladores y organizaciones de base han
propuesto retiros parciales de las cuentas de pensiones privadas para permitir
que las personas cuenten con algún financiamiento adicional en medio de la
crisis de la COVID-19. Las discusiones se intensificaron a principios de
2020 cuando, una vez más, los
movimientos de base se movilizaron contra el sistema privado de pensiones
presionando por una reforma para permitir los retiros completos. La nueva
administración de Luis Arce obtuvo una amplia mayoría en el Congreso y puso en
marcha un grupo de trabajo para redactar un proyecto de ley que permitiera la
parcialización de hasta el 15% de los ahorros acumulados, sujeto a algunas
condiciones.
El fuerte apoyo en el Congreso ha sido clave para garantizar que el
gobierno lidere este debate, en lugar de los partidos de base o de oposición.
Los funcionarios destacaron que el objetivo de la reforma no era socavar el
sistema privado y que las personas
deberían considerar cuidadosamente si un retiro es lo mejor para ellos . Gracias
a su sólida mayoría en ambas cámaras, el MAS aprobó el proyecto de ley en
agosto. Una vez más, el legado de reformas anteriores y un entorno
institucional robusto y un sólido apoyo del Congreso contribuyeron a este
resultado, que aún cuenta con un sistema de cuentas de pensiones privadas.
Perú y Chile también aprobaron recientemente retiros de pensiones, pero
la diferencia es que la oposición ha estado impulsando esos cambios para socavar el sistema de cuentas privadas . Los
legados particulares de cobertura débil y pensiones bajas esperadas, junto con
gobiernos débiles y una industria más fuerte ayudan a comprender por qué sus
oponentes han propuesto estos retiros que pueden socavar significativamente el
sistema.
En una región donde la adecuación de las pensiones sigue estando muy por
debajo de los estándares mínimos, la política de pensiones seguirá ocupando un
lugar destacado en la agenda. Por eso es esencial analizar los legados de las
políticas y las instituciones políticas para comprender cómo y cuándo se
producen los cambios de política.
‘‘NOS COSTÓ LÁGRIMAS’’: LA EXPERIENCIA LATINOAMERICANA SOBRE LA INCLUSIÓN
DE NORMAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN PROCESOS CONSTITUYENTES
Chile
se ha unido a la lista de países en América Latina que han modificado y creado
nuevas constituciones. Entre estos están Bolivia y Ecuador, los que incluyeron
diversos artículos que buscan prevenir, erradicar y sancionar brechas que
afectan principalmente a las mujeres, una tarea que nuestro país también
pretende incluir, sobre todo siendo pioneros en construir una Carta Magna
paritaria y con representación de distintos tipos de ciudadanos y ciudadanas.
El
Mostrador de Chile (https://bit.ly/3HpK6IR)
No hay dudas que el proceso constituyente que está viviendo el país es un
hito histórico, sobre todo por el hecho de que la nueva Constitución será la
primera en el mundo en ser redactada de manera paritaria. A esto, se suma el
avance de distintas Iniciativas Populares y constituyentes con perspectiva de
género que se han presentado en la Convención Constitucional (CC) para su
eventual discusión.
Aunque la mayoría de estas normas aún se encuentran en sus primeras
votaciones y han sido aprobadas de forma general en el pleno, es decir, no se
descarta la posibilidad de que finalmente sean parte de la Constitución que
ponga fin a la creada durante la dictadura.
Sin embargo, no está de más revisar qué nos dice la experiencia
internacional con relación a procesos constituyentes sobre la incorporación de
normas que garanticen derechos para las mujeres: ¿es posible?, ¿cómo fue su
discusión?, ¿fue suficiente incluirlas en la Constitución para resolver las
problemáticas históricas?
Por esto, El Mostrador Braga analizó los artículos en materia de género
de dos constituciones latinoamericanas que fueron producidas mediante Asambleas
Constituyentes durante la primera década del 2000, estas son la de Bolivia
(2009) y Ecuador (2008).
Una vida libre de violencia contra las mujeres
Una vida libre de violencia de género para niñas, adolescentes y mujeres
es una de las normas que se puede observar en las dos constituciones
analizadas. Así como también es una de las iniciativas que será presentada en
la CC de nuestro país.
En el caso de Bolivia, se establece que ‘‘todas las personas, en
particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o
psicológica, tanto en la familia como en la sociedad’’.
Además, este texto propone que ‘‘el Estado adoptará las medidas
necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y
generacional’’.
Respecto a la discusión de esta temática, según una de las participantes
de la Asamblea Constituyente de Bolivia, María del Rosario Ricaldi, aprobar
esta norma no fue fácil, ya que “los hombres no querían que se explicite así;
decían: ‘ya dice derecho a la vida, ¿para qué quieren que diga libre de
violencia?’", relató a la plataforma Impulsa.
En cuanto a la Carta Magna ecuatoriana, también se explicita que se debe velar
por ‘‘una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado
adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma
de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y
adolescentes’’.
Estas incorporaciones trajeron consigo la elaboración de distintas leyes
destinadas a esta temática. Por ejemplo, en el año 2013 en Bolivia se crea la
ley para garantizar a las mujeres una Vida libre de Violencia (Nº 348).
En cuanto a Ecuador, en el 2010 se reformó el Código Orgánico Integral
Penal, para integrar como delito la violencia hacia la mujer, y en el 2014 se
tipificó el femicidio como el asesinato de mujeres por odio al género.
Salud sexual y reproductiva
Otro de los grandes temas que ha llegado a los debates de la CC en
nuestro país, es el de las normas que garantizan los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres, por ejemplo, la Iniciativa Popular ‘Será Ley’’,
que busca legislar sobre aborto legal.
Esta propuesta fue discutida hace algunas semanas en la Comisión de
Derechos Fundamentales y se espera que sea votada durante los próximos días.
Sobre esta temática, en Ecuador se aseguran las ‘‘acciones y servicios de
salud sexual y de salud reproductiva’’, además se garantiza la ‘‘salud integral
y la vida de las mujeres, en especial durante el embarazo, parto y postparto’’.
Sobre esto, según la miembro de la Asamblea Constituyente de Ecuador,
Betty Tola, se trató de ‘‘un punto que fue muy crítico, nos costó lágrimas
locas y todo’’, contó a Impulsa.
Bolivia también entrega garantías sobre estos derechos en su
Constitución, sin embargo, se pudo igualmente observar que durante la discusión
en la Asamblea Constituyente existieron grupos conservadores que fueron
opositores a esta materia. “Los derechos sexuales y reproductivos también era
algo que no se quería aprobar’’, detalló Ricaldi.
Cabe destacar que ninguno de estos países cuenta actualmente con una ley
que permita la interrupción del embarazo sin causales, de hecho, Ecuador se
encuentra en medio de la creación de una ley que permita el aborto por motivo
de violación.
Reconocimiento del trabajo doméstico y paridad
Respecto al reconocimiento del trabajo doméstico, Ecuador tuvo esta
discusión en su Asamblea y fue aprobada ampliamente, lo que permitió impulsar
‘‘la corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico
y en las obligaciones familiares’’.
Sobre esto, Tola describió que ‘‘fue súper interesante de incorporar’’
esta norma y que, gracias a la presencia de grupos feministas en la Asamblea,
se pudo ‘‘generar infraestructura y servicios para estas tareas”.
En la Convención Constitucional de nuestro país aún no se ha realizado el
debate respecto a la iniciativa que reconoce las labores de cuidados, pero sí
organizaciones feministas de la sociedad civil han demostrado su respaldo a
esta propuesta, sobre todo, por el hecho de que las mujeres son las principales
encargadas de estos trabajos en Chile.
En relación con el acceso igualitario de mujeres y hombres a distintos
cargos públicos, ambas Constituciones latinoamericanas incluyen como derecho
fundamental la incorporación de la paridad en elecciones.
Para Bolivia, esta norma constitucional ha dado grandes resultados, ya
que luego de las elecciones parlamentarias del 2020, se posiciona como uno de
los países con más representación de mujeres (51%) en su órgano legislativo.
Sin embargo, en cuanto al caso de Ecuador, la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal) declaró hace algunas semanas que la paridad
aún no es una realidad, por el hecho de que existe un 30 % o menos de mujeres
en el Gobierno ecuatoriano.
EL MAS DESTRUYE EL SISTEMA DE JUSTICIA DE BOLIVIA Y MANTIENE LA
PERSECUCIÓN POLÍTICA
La
Gaceta de España (https://bit.ly/3omMkB5)
En Bolivia el régimen de Arce no sólo tiene problemas cada vez más serios
con la gestión de la crisis sanitaria y económica, como hemos apuntado en
numerosas ocasiones, sino además con la justicia que el Movimiento al
Socialismo (MAS) ha cooptado al menos desde el inicio de la Asamblea
Constituyente en 2006, y hoy aflora inocultablemente como uno de los desafíos
más difíciles de asumir.
Desde luego, uno de los casos más emblemáticos de la crisis judicial de
Bolivia es el encarcelamiento de la expresidenta Jeanine Áñez, que lleva por un
supuesto golpe de Estado contra el régimen de Evo Morales a finales de 2019;
entre otros aspectos, Áñez lleva 11 meses de detención preventiva sin pruebas
de aquello sobre la que se la acusa.
De manera más reciente, el régimen de Arce ha mantenido la persecución
política contra sus adversarios políticos hasta el día de hoy. El caso más
reciente es el de Luis Revilla, ex alcalde de la ciudad de La Paz, y cuyo
partido estableció una alianza con política que llevó Áñez a ser candidata a la
presidencia en 2020. Actualmente Revilla se encuentra en la clandestinidad por
un supuesto caso de corrupción en la adquisición de unos buses para el
transporte público en el municipio paceño.
Igualmente, otro caso importante fue el que sucedió hace tres meses en la
localidad cruceña de Las Londras, donde un grupo irregular armado afín al MAS secuestró
y torturó a un grupo de empresarios y periodistas que visitaban el lugar;
existen una serie de irregularidades que llevan a deducir que el caso está
siendo enterrado y que no habrá justicia alguna.
Tampoco se supo más sobre el llamamiento del «Ejército Guerrero Wila
Lluch’us», un grupo irregular afín al MAS, a la toma y quema de instituciones y
casas de activistas defensores de Derechos Humanos en el país en septiembre del
año pasado. No hubo investigación al respecto. El ministro de Gobierno se limitó
simplemente a decir que se trató de un video montaje.
De igual manera, ante la detención del coronel Maximiliano Dávila, un ex
jefe antidrogas de la Policía de Bolivia investigado por la Administración para
el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), y acusado por
narcotráfico, no sólo que la Fiscalía no ha citado a declarar a Morales y
varios de sus colaboradores cuando ejercía el poder, sino que el Ministerio de
Gobierno no se ha constituido en parte querellante de acuerdo a ley, y lo poco que
ha hecho en su contra hasta el momento es por legitimación de ganancias
ilícitas y no por vínculos con el narcotráfico.
Lo último ha sido la denuncia de unos videos que circulan en distintas
redes sociales como TikTok, donde se ve a jóvenes produciendo cocaína en las
selvas bolivianas y haciendo alarde de ello. La denuncia fue hecha ante la
prensa, pero todavía no se ha tenido conocimiento sobre la manera en que el
Estado procederá de manera concreta. Sin embargo, los productores de hoja del
Chapare han tenido la curiosa iniciativa de pedir que se investiguen los
hechos.
Sobre este y otros asuntos igualmente serios donde un juez ordena la
liberación injustificada de un personaje que violó a 77 mujeres, Arce apenas se
ha limitado a crear comisiones que revisen los procesos judiciales.
Todo esto parece ser una cortina de humo -cuando no una trágica comedia-
creada por el propio régimen de Arce para distraer la atención sobre el
agravamiento de la crisis que ya cuenta con varias aristas, y que, claramente,
no está sabiendo sobrellevar, pues es importante recordar que la remoción de al
menos seis ministros que el MAS le exige a Arce sigue pendiente y tiene compás
de espera hasta el 11 de febrero.
Pero lo importante a destacar aquí, es que el régimen de Arce -ha sido
así incluso desde el régimen de Morales- ha tratado de mostrarse como ajeno al
tema, que el problema de justicia en el país es serio pero que no fue creado
por el propio MAS, que es un aspecto que descuidaron debido a los supuestos
éxitos cosechados desde que se hicieron del poder. De hecho, el actual ministro
de Justicia, Iván Lima, propuso una reforma del Poder Judicial bajo su
liderazgo y en apenas tres meses, pero tal cosa no ha sucedido.
Veamos: el problema en Bolivia ni siquiera empieza con la Asamblea
Constituyente ni la Nueva Constitución plurinacional que terminó con la
República (como si se tratara del simple nombre del país, y no de su estructura
institucional). Empieza con los chantajes y extorsiones de Evo Morales cuando
era dirigente cocalero en el Chapare y diputado al mismo tiempo, y bloqueaba
las principales carreteras del país durante semanas para conseguir sus
objetivos a mediados de los 90.
Ese método de presión callejera -más fácil de reconocer en el incendio de
decenas de estaciones de metro, el robo y saqueo en Santiago de Chile desde
finales de 2019-, que solían llamar “democracia participativa”, fue el que
ocasionó primero la denominada Guerra del Agua en el año 2000 en Cochabamba, u
Octubre Negro o la Guerra del Gas en octubre de 2003, que logró el
derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada, y la sucesión de la presidencia en
manos de Carlos Mesa, aliado de Evo Morales.
En el breve período que gobernó, Mesa abrió las puertas del monstruo del
Socialismo del Siglo XXI primero otorgando amnistías a todos los actores de la
Guerra del Gas de 2003 -entre ellos Evo Morales, desde luego- por medio del
Decreto Supremo Nº 27237; luego, reformando la Constitución en 15 artículos de
manera inconstitucional, para encaminar al país hacia la Asamblea
Constituyente; y finalmente convocar un referéndum para dirimir la estatización
del gas.
Ya recién con la nueva Constitución y el nacimiento del Estado
Plurinacional se terminó de sepultar la República, y con ella la separación de
poderes, el Estado de Derecho, la presunción de inocencia que hoy el país sufre
ya de manera intensa y alarmante.
Para mayor inri, en diciembre de 2017, a iniciativa del régimen de
Morales y el MAS, el país llevó adelante sus primeras elecciones judiciales. Se
trató de unas elecciones en donde se impuso el voto nulo con un 42,20% sobre un
42,99% de votación válida.
Es decir, que no quepa duda alguna de que los responsables de las
condiciones actuales de la justicia en Bolivia no son otros más que Carlos
Mesa, Evo Morales y el conjunto del MAS, y que su rescate pasa por una profunda
reforma estructural que primero prescinda de estos actores, y que a su vez
recupere la antigua Constitución de 1994 y la República de Bolivia.
Camélidos sudamericanos: diferencias entre la llama, alpaca, vicuña y
guanaco
Pueden
parecer iguales, pero estos auquénidos de América del Sur tienen
características que los identifican entre unos y otros.
La
República de Perú (https://bit.ly/3omJw7c)
¿En qué se diferencian la llama, alpaca, vicuña y guanaco? Los cuatro
camélidos sudamericanos habitan en zonas altiplánicas o el semidesierto. Estos
auquénidos parecen ser iguales por tener un origen milenario y ser herbívoros;
sin embargo, tienes características biológicas específicas para distinguirlos
de sus parientes andinos: tamaño, color de pelaje, peso, forma física, entre
otras cualidades relacionadas a su hábitat.
En esta nota te explicamos las características de estos auquénidos de
América del Sur: llama, alpaca, vicuña y guanaco, mediante sus modos de vivir y
su relación natural con el ecosistema y las personas.
Llama (lama glama)
La llama es el más grande de los cuatro camélidos sudamericanos, como
también es el más fuerte. Puede medir aproximadamente hasta 1,8 metros de alto
y pueden llegar a pesar 170 kg de media.
Las llamas tienen la cara alargada y grandes orejas. El pelaje de las
llamas es más grueso. Tiene más lana, pero de menor calidad que la de la
alpaca.
Es domesticable y es usada como animal de transporte. Pueden cargar hasta
45 y 60 kg. Y su carne es usada en el sector comercial.
Además, tienen un temperamento reaccionario. Pueden escupirte o patearte.
Su hocico es más pequeño y menos sobresaliente que el de las alpacas.
Alpaca (vicugna pacos)
Las alpacas son más pequeñas que las llamas. Son domesticables, tienen
manto suave y largo, y pueden tener poco más de 20 tonos de colores, que van
del blanco al negro, marrón y gris.
La alpaca tiene lana muy fina y de calidad, por lo que es
mayoritariamente usada en el campo textil. Su lana es más gruesa y mucho más
resistente también. Su dieta alimenticia es más selectiva.
Miden 1,2 y 1,5 metros aproximadamente y pueden llegar a pesar de 48 a 84
kg. Su cabeza es más pequeña y menos estirada que la de la llama.
Vicuña (vicugna vicugna)
La vicuña es la más elegante y la más pequeña, pero también la más
“salvaje”. Si bien es de menor altura que sus parientes, es la más resistente
dentro de su entorno natural.
La vicuña puede vivir a gran altura, cerca de 3.000 a 5.500 m. s. n. m. o
más. El pelo de vicuña es muy fino y muy resistente. Su pelaje se torna marrón
rojizo.
Son animales no domesticables. Tienen dientes parecidos al de los
roedores y pezuñas divididas.
Debido a la cacería ilegal, la vicuña es un animal en peligro de
extinción.
Guanaco (lama guanicoe)
El guanaco es conocido como “el más viajero” de los cuatro camélidos
sudamericanos. Se encuentra en peligro de extinción.
Habita a lo largo de la Cordilerra de los Andes y Altiplano, como también
en parte de la Patagonia y Tierra del Fuego.
Suelen agruparse varias hembras con un macho dominante. El guanaco posee
pelaje marrón, vientre y muslos blancos. Su rostro es de tono gris, tiene las
orejas levantadas y sus ojos son grandes y marrones.
Es un auquénido que logra dar grandes saltos y pasar cercas que impiden
su trayecto en la naturaleza que lo rodea. Habitan en Argentina, Bolivia,
Chile, Paraguay y Perú.
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